Entre Voces 15

8/13/2019 Entre Voces 15

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Constitucin 08

S I S I

S I

S I

Constitucin 08

social

social

naturalezaequidad

S I

S I

solidaridad

justicia S I

ideal

Nuestra Constitucin: Nuestro Futuro

AGOSTO/SEPTIEMBRE 2008

Por qu debemos votar por el SIGuillermo Navarro

Democracia y diversidad econmicasMagdalena Len T.

Derechos de la naturaleza, sustentabi-lidad y desarrollo en el Ecuador.Carlos Larrea

La participacin, un desafo para lademocraciaSantiago Ortiz Crespo

Ecuador: un Estado Constitucional deDerechosTania Arias

El proyecto de Constitucin de Ecua-dor como ltimo ejemplo del nuevoconstitucionalismo latinoamericano.Rubn Martnez Dalmau

La Plurinacionalidad: iguales y diver-sos en busca del Sumak Kawsay

Ana Mara Larrea


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Editorial 3

Coyuntura

El dilema ante el referndum:Ir ms all de la mala fe y de las groseras distorsiones. Hernn Reyes 5

Constituyente y cambio social.Juan Pablo Muoz 9

Tema centralNuestra Constitucin: Nuestro Futuro

Democracia y diversidad econmicas.Magdalena Len T. 15

Ecuador: un estado constitucional de derechos.Tania Arias 19

Derechos de la naturaleza, sustentabilidad y desa-rrollo en el Ecuador.Carlos Larrea 24

La participacin, un desafo para la democraciaSantiago Ortiz Crespo. 29

La plurinacionalidad: iguales y diversos en buscadel Sumak Kawsay.Ana Mara Larrea Maldonado 35

Las propuestas de las mujeres:un balance de la incidencia en la Constitucin2008Mary Cabrera 41

Contenido Agosto-Septiembre 2008

EDITORESHernn Reyes, Vanessa Bolaos y Juan Pablo Muoz FOTOGRAFAArchivo Terranueva - CRIC, Juan Pablo Martines, Jorge ValverdeDISEO, DIAGRAMACIN E ILUSTRACIN DE PORTADADis. Jorge Valverde Kreathink(k)design+architecture (256 3778) IMPRESINObreval Impresores (252 3713)Agosto2008

Esta es un publicacin del Grupo Democracia y Desarrollo LocalEntre Voces pretende ser un espacio de debate y discusin; por ello, las opiniones vertidas por los autores de los artculos son de su responsabilidad

y no reflejan, necesariamente, la posicin del GDDL, ni de las instituciones participantes en el mismo.

60 6709 55

La soberana alimentaria: ejercicio soberano de la vida.Fabin Calispa 44

El Ecuador: pas megadiverso, si y qu?.Mara Beln Ribadeneira 47

El agua en la nueva Constitucin del Ecuador.Juan Pablo Martnes 51Servicios pblicos y agua en la nueva Constitucindel Ecuador.Csar Crdenas 54

Por qu debemos votar por el SIGuillermo Navarro Jimnez 55

Entrevista

Pedro de la CruzAsamblesta Nacional 57

Augusto BarreraCoordinador de contenidos entre el Ejecutivo y laAsamblea Constituyente 59

Betty TolaAsamblesta por Azuay 60

Pas afuera

Ecuador: Pas de avanzada en la garanta del derechoa un hbitat digno.Claudia Acosta 63

El proyecto de Constitucin de Ecuador como ltimoejemplo del nuevo constitucionalismo latinoamericano .Rubn Martnez Dalmau 67


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Editorial

EditorialEl proceso constituyente no ha concluido con la redaccin de la nueva constitu-

cin, ni siquiera concluir con el referndum aprobatorio del 28 de septiembre;tampoco terminar cuando se instalen las autoridades elegidas bajo el nuevomarco constitucional; acabar cuando en el pas se haya construido una nuevahegemona, que coloque en el centro del desenvolvimiento social la igualdad, lasolidaridad, las libertades, no aquellas del mercado, sino las de la palabra, delcuerpo, del acto, de la creacin mltiple del ser humano, incluso de sus excesos,de sus transgresiones, o sea, de su exclusivo ser potico. No terminar hastacuando el poder constituido sea suficientemente enterrado en el olvido, cuandolos apellidos clebres de los banqueros corruptos, de las lites oligrquicas noexistan ms en las memorias de las gentes sensibles y honestas, sino solo en laspesadillas de sus herederos de peluca.

Para lograr la construccin de esa nueva hegemona se necesitan todas las manoscomprometidas, se requieren las voluntades suficientes para ganar en forma con-tundente el referndum, para vencer a los medios de comunicacin masiva y a suspequeos profetas megalmanos; al clero que emerge como en tiempos de la revo-lucin alfarista, desnudo, mostrando su pertenencia mercantil, sus hipocresas deprotectores del pasado; a las decadentes lites que no tienen ms representacinpoltica que un alcalde de puerto. Vencer a los pocos dudosos de alguna izquierdaque con repentinas camisetas verdes ya anuncian promover un voto nulo supues-tamente crtico, contra el autoritario y desarrollista Correa, voto que no har msque aportar a la nulidad que promueve la derecha reaccionaria.

Nos corresponde por ello, difundir en la sociedad los contenidos de los textosconstitucionales, para que la gente consciente no solo vote por el SI sino para quepromueva los elementos del cambio, de la ruptura con el reciente pasado neolibe-ral y con el largo pasado colonial y conservador. Por eso, Entre Voces ha decididoproponer este nmero emergente, luego de seis meses de suspensin; meses enlos que todo el comit editorial estuvo de una u otra forma ligado a Montecristi,vinculado a la elaboracin de la nueva constitucin. Cierto que no somos neutra-les, ni pretendemos mostrarnos como tales, eso es trabajo de los presentadoresde noticias de televisin, nosotros estamos claramente comprometidos con estemomento histrico que vive el pas, y estamos en el lado correcto, en el que va adejar atrs el status quo.

Esta revista, hecha con prisa pero sin apuro, rene una serie de artculos queabordan el proceso constitucional desde diversas aristas; sea desde los signifi-cados generales de la dinmica de cambio que vive el pas, de la coyuntura, delas correlaciones de fuerzas; como tambin desde los ejes principales de la nuevaconstitucin. Las reformas al sistema poltico, al rgimen de desarrollo, la amplia-cin de los derechos civiles, polticos, econmicos, sociales, culturales, los van-guardistas derechos de la naturaleza y la soberana alimentaria; la incorporacinde la interculturalidad y de la plurinacionalidad, las redefiniciones del ordena-miento territorial, la descentralizacin, las autonomas.


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Editorial

Una mirada analtica que esperamos permita dar cuenta de los avances que pro-mueve la constitucin que estamos convencidos/as ser aprobada el 28 de sep-tiembre; pero tambin que coloca algunas limitaciones, algunas deudas que dejala constitucin y que debern ser saldadas con nuevos esfuerzos de la sociedadpara profundizar los cambios, sea por va de leyes secundarias o, incluso, porreformas constitucionales. No se trata de un texto inamovible y eterno, se tratade un marcado de cancha susceptible de modificaciones, conforme las fuerzassociales lo permitan.

Saludamos a los y las asamblestas que se jugaron enteros/as en la disputa porel nuevo texto constitucional, a sus equipos de asesora, quienes tensionaron lacuerda interna de Pas hasta donde pudieron; a quienes desde Pas facilitaron elcomplejo dilogo entre Carondelet y Montecristi, que incluso arriesgaron expec-tativas electorales por defender posiciones; pero, sobre todo, saludamos a las ylos compaeros de organizaciones y movimientos sociales que hicieron todos losesfuerzos para incidir en la construccin del texto; que estuvieron una y otra vezen Montecristi, que promovieron foros, talleres, conversatorios, mltiples formasde insistir para que se coloquen muchos de los temas clave. Gracias a ellos y ellastenemos ahora este enorme desafo constituyente de configurar la hegemona decambio que exige el pas ms all de cualquier gobierno.

Juan Pablo Muoz Terranueva - Grupo Democracia y Desarrollo Local

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Coyuntura Pas adentro 5

Hernn Reyes 1

En medio de un clima poltico cada vez mspolarizado y enrarecido, la aplicacin dediversas estrategias de publicidad poltica ycierta apertura al debate razonado por partede algunos medios de comunicacin, el passe halla inmerso en pleno proceso electoral decara al prximo Referndum constitucional.

Segn algunos analistas, la gran mayorasi no la totalidad de los argumentos a favordel SI o del NO que ambas partes exhiben,

ya han sido puestos sobre el tapete y ahorams bien entran en juego otros elementos,como la creatividad publicitaria, la tenaci-dad propagandstica y la oportunidad argu-mentativa, las que a la postre resultarn

decisivas para conformar la actitud y orien-tar el voto de los sufragantes.

Desde esta perspectiva, el actual escenarioelectoral est marcado fuertemente por lavisibilidad pblica del presidente Correa atravs de su presencia meditica y los reco-rridos itinerantes por el pas, apoyado enmedidas de ndole econmica y de carcterpoltico (que tuvieron la mayor resonancianacional con la incautacin de decenas debienes de los prfugos hermanos Isaas),as como sus constantes y cada vez msfrontales duelos verbales con el alcalde gua-

yaquileo Jaime Nebot.

Pero junto a Correa han tenido activa par-ticipacin a favor del SI los movimientossociales, sectores ciudadanos organizados yagrupaciones polticas coaligadas alrededorde Alianza Pas, que ya en meses anterioreshaban trabajado en Montecristi para plan-tear sus propuestas y demandas, o bien paradirectamente sustentar en el debate y para

ir ms all de la mala fe yy de las groseras distorsiones

El dilema ante el referndum:

1. Profesor de la UASB y editorialista del diario El Telgrafo.


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incorporar en los textos constitucionales,-por la accin de un conjunto de asesoresasambleares- esas demandas, bajo la formade profundas reformas, giros integrales einnovaciones fundamentales presentes enel texto final de la nueva Constitucin.

En la orilla opuesta de este escenario electo-ral arremete la debilitada oposicin poltico-partidista as como de la derecha econmica,parapetada sta ltima detrs de las vocesde su plyade de analistas, encuestadores,periodistas y acadmicos alineados con lavieja guardia; la inesperada y vigorosa entra-da en escena de la cpula de la iglesia catlicaaunada a ciertos lderes evanglicos, tratandoambos de hacer malabarismos verbales paradespertar los mayores miedos y los ms ran-cios prejuicios del conservadurismo frente atemas sensibles como el nombre de Dios , elaborto, las uniones entre personas del mismosexo y an la libertad individual para laopcin educativa particular-religiosa; adicio-nalmente y ocupando un minsculo rincnen los terrenos de la ultra-ideologizacin, unpequeo remanente de partidos de ultra-izquierda y de movimientos sociales urbanosde raigambre maximalista que, bajo la facha-da del voto nulo, le hacen el juego al no sinmedir las consecuencias de su triunfo.

Bastante se ha hablado las semanas anterio-res sobre las posibilidades y probabilidadesde cada una de las dos posiciones. Otra vezhan mostrado sus caras los encuestlogosde todo tipo y posicin. Para muchos ciuda-danos o ciudadanas comunes y corrientes,la opcin a escoger tiene que ver en esenciacon la confianza o credibilidad que tengan ental o cual poltico, con Correa a la cabeza.

En buena medida, esta situacin obedece alpapel jugado por los medios de comunicacinmasiva en especial la televisin que es elespacio donde la saturacin de las imgenespublicitarias acta con todo su peso- sim-plificando como es su costumbre el delicadomomento poltico que vive el pas y haciendo

aparecer al debate por el SI o el NO como unenfrentamiento personal entre Correa y Neboto entre Correa y Monseor Arregui.

LEER CON BUENA O MALAFE LA NUEVA PROPUESTACONSTITUCIONAL?

Al igual que frente a cualquier contratosocial, existe la posibilidad de interpreta-cin del texto constitucional, de acuerdo alos intereses en juego, y ms an en pocaelectoral. Si no fuera as, no tendra senti-do la existencia de los Tribunales o Cortes

Constitucionales, por ejemplo, cuyo trabajoes precisamente hacer este ejercicio her-menetico con la Carta Magna, para dictar

jurisprudencia al respecto.

Qu actores polticos han hecho lecturasdesde la mala fe? En primer lugar, lacpula de la Iglesia que ha hecho verdade-ros malabarismos interpretativos de verbos,comas y dems signos mayores o menores,con el fin de demostrar lo indemostrable:que la propuesta de Montecristi es paga-na porque eleva a calidad de divinidada la Pachamama(!) porque la nombra enel Prembulo. Estas crticas, a mediocamino entre la ignorancia ms supina y elcinismo no son sino las arengas visceralesde un cpula eclesistica que, lejana delos sufrimientos diarios de las mayoras, sesiente agradida y perseguida por un pro-

yecto poltico democrtico y laico.

La plana mayor de la Iglesia catlica vams all y sigue desafiante hasta contrael sentido comn al leer ciertos artculosdel texto de manera tan inverosmil queterminan desvariando al decir que la nuevaConstitucin permite el matrimonio y laadopcin entre parejas homosexuales (!)

y que deja abierta la puerta al abortodebido a que las mujeres no deben decidircuntos hijos tener echando por tierra la


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ms tibia poltica de planificacin familiarpara quiz implantar la vieja imposicin detener los hijos que Dios mande, lo que aestas alturas del desarrollo de las polticasde salud sexual y de salud reproductivasuena a incivilizada aberracin, en espe-cial para las capas ms pobres y carentesde recursos para dar ofrecer posibilidadesmnimas para una vida digna a los hijos.

Los analistas que sirven a la derecha tam-bin han estado ocupados inventndosepiruetas para sostener el voto por el No (olos ms sagaces, por el nulo para ocultarms an su filiacin conservadora). Estosanalistas y expertos llenan las pginaeditoriales de peridicos como El Comercio,El Universo y Hoy.

Al repasar algunas de sus sesudas argu-mentaciones tenemos: es el texto cons-titucional ms largo del mundo despusde la Constitucin de la India. Respuestadesde el mero sentido comn: la extensinno importa si la Constitucin funciona yes respetada. Otro de los argumentos queesos voceros inteligentes de la derecha

sacan de debajo de la manga es que talcomo est redactada es una Constitucinque estar destinada a no durar en eltiempo. Respuesta desde la ms elemen-tal lgica formal: si la propuesta de nuevaConstitucin ni siquiera est an en vigen-cia de dnde sacan su bola de cristal y seconvierten en pitonisas del desastre?

Otra de las razones que esgrimen los par-tidarios del no es que la Constitucin deMontecristi es una mala copia de algunaotra Constitucin (ya no siquiera mencionanla venezolana, porque les tocara demostraren concreto que se la ha copiado y eso noes posible). Tambin se dice que el textoaprobado en Manab da demasiados pode-res al presidente de la Repblica. Pero esolo dicen los mismos quienes se quejabande que la actual constitucin no protegia anteriores Presidentes de la Repblica,

legtimamente electos en las urnas pero sinun soporte jurdico y poltico que garantiza-ra su permanencia an enfrentados a unagrave crisis interna mayoritariamente pro-ducida por su mala gestin en el Ejecutivo.

En qu quedamos? Por qu no debatirseriamente sobre cmo la nueva Constitucindemocratizara la democracia o cmo intro-ducira nuevos derechos y preceptos paraconvivir dignamente en el pas como sobe-rana alimentaria, el derecho a la resisten-cia, un modelo de desarrollo alternativo (elsumak kawsay bajo los principios de equi-dad y de inclusin social) donde prime elser humano y no la acumulacin de dineroen pocas manos; la creacin del Banco delAfiliado y seguridad social para millones deamas de casa; y, entre otras, la innovacinque significa el haber dotado a la naturalezade derechos, con principios precauciona-rios e investigacin seria sobre cuestionesambientales, de una vez por todas.

Ya se ha empezado a repartir entre la ciu-dadana el texto constitucional completo,resulta bastante difcil, por no decir imposi-

ble, que la gente lea la Constitucin y peoran haga la comparacin con la del 98. Dehecho lo que va a pasar es que buena partede eso aproximadamente 40 % de indecisosse alinearn con el SI o con la otra opcin enbase a la lucha ideolgica y casi nada argu-mental-racional- entre estas razones y estosargumentos y los esgrimidos con buena fe

y conocimiento de causa. Ojal que no seanlas efmeras imgenes subliminales de la tele-visin y los ecos de las voces que desciendende algunos plpitos los elementos que primenen la eleccin meditada del voto

EL FAMOSO CONGRESILLO YTRANSICION

La legitimidad del proceso constituyentees un aspecto clave para la prxima vota-


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cin. No es lo mismo votar Si por un textocuyo proceso de elaboracin tiene legiti-midad, que hacerlo cuando se ha perdidola credibilidad y confianza en quienes lo

hicieron y cmo lo hicieron. Sin embargo,la legitimidad es algo que se pelea tam-bin en la arena poltica y no algo que estdado de una vez y para siempre. Por ellose podra decir que la actual legitimidadde la nueva Constitucin redactada enMontecristi est asentada en pilares fuer-tes y en cimientos frgiles, a la vez.

Aunque ya felizmente superada, la cues-tin del cumplimiento de los plazos paraejercer el mandato del pueblo por parte delos asamblestas es uno de los aspectossensibles que ms pudieron haberle qui-tado aceptacin al proceso constituyente.Si por ingenuidad o por mal clculo pol-tico se hubiera extendido un solo da msel trabajo de la ANC en Montecristi pararedactar el texto final, con mucha seguri-dad los bloques de oposicin se hubieranretirado del recinto, arguyendo que se haviolado el mandato popular y que la nuevaConstitucin no tiene legitimidad alguna o

est viciada de origen.

Claro que el haber cumplido el plazo tambinabra la puerta a otra argumentacin, ariesgo de que aparezcan otros pseudo argu-mentos que afirman que la constitucin esmala porque habra sido hecha al apuro.

Junto a estas crticas, que nada tienen quever con el contenido del texto constitucional,emergen aquellas que hablan de un supues-to manoseo ltimo al texto, por parte de

emisarios del presidente Correa,-su asesor jurdico, ms precisamente-, as como hayquejas sobre el trabajo de la Comisin deredaccin final, nombrada por la Presidenciade la Asamblea.

Ante ambas posibilidades, se dice que semodific sustancialmente lo que ya habanaprobado en Plenario los asamblestas ypara ello se recogen algunos anlisis com-

parativos, que han tenido repercusin enlos interesados grandes medios de comu-nicacin. A la larga, ni se ha podidocomprobar que hubo tal manipulacin, ni

tampoco que las alteraciones textuales seansignificativas o sustanciales. Dems estdecir que frente a la descabellada admoni-cin de que habr un fraude electoral en elReferndum, esgrimida por la derecha lum-penizada de Sociedad Patritica, ni siquieracabe comentario alguno

Respecto al Rgimen de Transicin, resultadifcil saber a quin se le ocurri el nombrede Congresillo para la Comisin Legislativaencargada de tramitar leyes relacionadascon comunicacin, educacin superior, leypenal y de procedimiento penal, ley de ser-vicio militar y policial, que sern aprobadasen un `plazo mximo de cuatro meses, ascomo de conducir el proceso de transicininstitucional en caso de ganar el SI.

Sin duda, la idea de que entrar a trabajarel Congresillo es uno de los puntos quemayores crticas ha merecido por partedel opositores al SI. Hay incluso quienesdicen que el Rgimen de Transicin noforma parte de las disposiciones transito-rias y que apareci por arte de magia.Basta leer en la versin de la Constitucin2008 difundida junto a los peridicos demayor circulacin la p. 42, luego de laDisposicin Derogatoria para ver su malafe o su craso error.

En el fondo, si se respeta democrtica-mente la proporcionalidad de la Asamblea

de Montecristi no importara demasiado elnmero de miembros de esta Comisin. Loque importa es que la mayora, inconformecon lo que la economa y la poltica hanhecho estos ltimos treinta aos, defiendael derecho a un cambio profundo, a todacosta y ms all de todas las dubitaciones

y zancadillas. Eso se llamar practicar labuena fe.


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Juan Pablo Muoz 1

El mismo ao en que cay el muro deBerln, se oficializ el llamado Consensode Washington como nueva estrategia delimperio hacia su patio trasero. El fin delsocialismo real era la ocasin propiciapara profundizar los mecanismos de acu-mulacin de capital a costa de la explotacinsocial, en los territorios bajo su control.

La frmula neoliberal se resumi en

ampliar el indiscriminado aperturismocomercial, re-primarizar la produccin yreducir al Estado va privatizaciones y flexi-bilizaciones laboral y financiera. Los resul-tados de su aplicacin en el Ecuador estna la vista: la debacle financiera de 1999, la

expansin vertiginosa de la corrupcin, laprecarizacin del trabajo, el debilitamientodel aparato productivo y, como consecuen-cia, el incremento de la pobreza, de la exclu-

sin y de la emigracin forzada.

En ese contexto de ajustes, la crisis polticase volvi permanente; tres presidentes con-secutivos -Bucaram, Mahuad y Gutirrez-,no pudieron terminar sus mandatos. Lascrticas al sistema y el deseo de cambiosocial se expresaron en una redefinicinimportante de las tendencias polticas yde los resultados electorales nacionales.De ese escenario surgi un proyecto pol-tico que lleg, en su primer intento, algobierno. Este proyecto, liderado por RafaelCorrea, ha propuesto al pas superar lalarga noche neoliberal para avanzar haciael llamado socialismo del siglo XXI. Laherramienta poltico jurdica principal paraconcretar esta oferta ha sido la redaccinde una nueva Constitucin por parte de laAsamblea Constituyente.

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y cambio socialConstituyente

1. Director de la fundacin Terranueva y asesor de laasamblesta Betty Tola.


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EL DESFOGUE DE LA CRISIS

Desde su etapa de Ministro de Economa,Rafael Correa sintoniz con las demandas

represadas en la sociedad y se abri unespacio poltico entre las ruinas de lospartidos y en medio de la dispersin de losmovimientos progresistas. El actual pre-sidente capitaliz entonces una tendenciade cambio promovida por los movimientos

y organizaciones sociales, redes de ONG,veeduras, comits de desarrollo local,foros, contratos sociales; e, incluso porel reciente forajidismo, nacido gracias alfracaso del coronel Gutirrez.

Siguiendo el ejemplo de sus similaresde Venezuela y Bolivia, Correa propusoal pas la realizacin de una AsambleaConstituyente (AC) que permitiera elabo-rar un nuevo contrato social, superandopor caminos democrticos la perversafrmula impuesta por el neoliberalismo.La convocatoria a la AC recibi un enor-me respaldo popular y los/as candidatosde la lista del presidente vencieron larga-mente a los representantes de los parti-dos tradicionales.

Detrs de la convocatoria a la AC estabaclara una estrategia que reconoca invia-ble una reforma del Estado a travs dela concertacin con las fuerzas polticasconvencionales (Congreso, partidos) yque buscaba una relacin directa entreel gobierno y la ciudadana. Era evidentela influencia de los procesos de Bolivia yVenezuela para buscar transformaciones

estructurales, profundas y sostenibles,por la va constitucional.

La historia de nuestra Amrica da cuentade cmo la elaboracin o reformas cons-titucionales han sido escenarios para laconfrontacin entre visiones e interesesantagnicos, bien ejemplificada por la

contraposicin entre la cruz conservado-ra y la espada liberal (Gargarella). En elcaso ecuatoriano, la constitucin de 1998revela un caso paradjico: es de corte neo-liberal y simultneamente, progresista. Setrata de una Constitucin producida en elmomento de la profundizacin del neoli-beralismo pero a la vez, presionada por lapresencia de fuertes movimientos socialesemergentes como el indgena y campesi-no, el de las mujeres, las redes a favorde nios/as nias y adolescentes entreotros- que lucharon exitosamente para elreconocimiento de sus derechos, pero queno lograron que aquella Constitucin defi-na mecanismos efectivos para garantizar

su ejercicio real.

Con este antecedente, la vigencia de unaconstitucin aparentemente progresistapero reaccionario en el fondo; con lainfluencia de procesos constituyentes enVenezuela y Bolivia; y con la iniciativa delas organizaciones sociales que habanplanteado hace aos esta alternativa; laconvocatoria a formular una nueva consti-tucin result el principal desfogue ante laprofunda crisis social y poltica que carac-teriz al pas en los ltimos quince aos.

CONSTITUCION PARA ELSOCIALISMO DEL SIGLO XXI?

Establecido el camino para buscar elcambio, resultaba indispensable definirqu se quera transformar y hacia dndedeba conducir ese cambio. Aunque enla retrica de Correa y de sus cercanosestaba presente el eslogan del socialismodel siglo XXI, era ms evidente el deseoconjunto de salir del neoliberalismo queel puerto al que se aspiraba llegar. Yaconcluida la fase de elaboracin del textoconstitucional definitivo, es posible unbalance de sus alcances en pos de cam-bio estructural.

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Dentro del tal examen, hay que reconocerprimeramente que la expectativa de ungiro transformador se haba acumulado

y que haba un conjunto de actores orga-nizados y con propuestas para empujarese cambio. Pero tambin es cierto queel neoliberalismo, hegemnico durantems de veinte aos, haba afirmado suscimientos y que las lites mantenansignificativos recursos de poder, aunquehaban perdido el control del gobierno.De tal modo, las correlaciones polticaseran favorables pero an inconsistentespara forjar un cambio radical inmediato.

En ese contexto, hasta dnde se espe-

raba llegar? Algunos avizoraban unaConstitucin para cien aos, la cualdeba ser ms bien declarativa, sintoni-zada con un nuevo modelo societal (elsocialismo del siglo XXI?); otros la ima-ginaban para un periodo relativamentecorto, y entonces deba ser ms bienlo suficientemente reglamentaria comopara dar soporte a una transicin en uncampo en fuerte disputa poltica.

En el primer caso, se requera de los msamplios consensos, incluso con la derecharetardataria; en el segundo caso, la cohe-sin del sector progresista era suficiente

y las nuevas correlaciones sociales debe-ran permitir a corto plazo configurar unanueva hegemona (Gramsci), para lanzar,de ser necesario, otro proceso constitucio-nal que profundice los cambios.

Considero que este debate estratgico nohizo parte explcita de las discusionesde inicio; hubo ms bien una suerte deconsenso implcito entre el gobierno, elbloque de Acuerdo Pas y los otros alia-dos (PK, MPD, RED), en el sentido de quecada uno deba empujar hasta dondefuera posible sus propias tesis, sin previa-mente lograr un acuerdo global y generalde la tendencia. As las cosas, los enfo-

ques, las propuestas y los textos fueronsurgiendo desde matrices dispersas quesobre todo tenan en comn una compar-tida voluntad de poder (Nietzsche).

Seguramente, haba la presuncin de quela amalgama final provendra de la histo-ria de lucha compartida contra el neolibe-ralismo, contra el ALCA y el TLC, contrala base de Manta, contra la corrupcin,contra la partidocracia, contra la minera

y el extractivismo. Se esperaba, tal vez,que las mltiples resistencias hubieranprovocado fisuras suficientes en el poder,

y hubieran generado discursos de ruptu-ra (Foucault). Pero quiz no se midi que

las articulaciones se daban ms por lasnegaciones y las rechazos, antes que porlos objetivos comunes. Sin duda, Pas noha sido la suma de esas partes sino unabanico ms amplio de identidades, ape-nas en proceso de aglutinacin.

Esta falta de un gran acuerdo estratgi-co, fcil de explicar cuando el sujeto esemergente y sin una estructura poltica,se expres reiteradamente en la contradic-

cin entre los discursos de los ms visibleslderes de opinin del proceso; pero tam-bin entre los equipos de asamblestas yasesores que trabajaron los textos; unospensando en la declaracin para un siglo,otros con una brjula para corto plazo, sincanales de dilogo entre esas diferentesentradas. Cuando los conflictos cotidianosen Montecristi ya son slo ancdota, sepuede reconocer que los textos resultantesse mueven con ambigedad entre lo decla-rativo y lo muy reglamentario.

Esta falta de visin general sobre la pro-fundidad de la ruptura se complementcon algunas indefiniciones programti-cas. Nuevamente la heterogeneidad deactores dentro de Pas y la juventud delmovimiento ciudadanista explican esasdificultades. Desde estas particulares

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condiciones de origen, con una induda-ble vocacin de cambio, aunque con lasinconsistencias sealadas, se produjo elarticulado de la nueva Constitucin.

LOS EJES CONSTITUYENTES DEUN PAIS EN TRANSICION

A causa de la arremetida neoliberal glo-balizadora, los Estados y las sociedadeslocales fueron debilitados desde arri-ba y desde abajo. Desde arriba por laimpuesta lgica del libre mercado y laconfiguracin de bloques comerciales.Desde abajo por la presin desburocrati-zar, privatizar, reducir el gasto pblico,por la descentralizacin y las autono-mas. Las polticas econmicas y socialesde los Estados del sur del mundo fue-ron dictadas desde el Fondo MonetarioInternacional y el Banco Mundial.

Por eso, resultaba indispensable colocaral Estado y la soberana popular comoejes para el nuevo diseo constitucional.Soberana no solo territorial, sino en la

autodeterminacin poltica y del rgimende desarrollo, de la economa; de las rela-ciones con el escenario internacional, de lasoberana alimentaria e incluso de la sobe-rana del cuerpo; es decir de la soberanacomo elemento central para la emancipa-cin individual y colectiva. Efectivamente,este enfoque -que recupera la dignidad dela sociedad, de los pueblos y de las perso-nas- ha sido ampliamente expresado en elconjunto del articulado.

Junto a la soberana, o como parte de ella,el pas exiga salir de un sistema excluyen-te, que profundiz las disparidades socia-les y que legitim el extractivismo, haciaun nuevo modelo que pusiera en el centrola igualdad, la equidad, la sustentabilidad.Con este objeto, en la AC se incorporun campo que no est presente en otrasconstituciones: el del rgimen de desarrollo

centrado en una nueva visin que ha sidocondensada como buen vivir, a fin desuperar aquella visin del desarrollo cen-trada nicamente en el crecimiento macro-econmico y en la tirana del mercado.

El nuevo sistema econmico social ysolidario abre las posibilidades a todaslas iniciativas productivas y de trabajodigno que la sociedad puede generar; elEstado est llamado a promover la redis-tribucin de la riqueza y garantizar elacceso a los medios productivos a todos;se acabaron los privilegios de las grandesbanqueros, bananeros o molineros.

No se trata de una Constitucin estatistacomo la califica la derecha en su campaapor el No. Tampoco de un texto que pro-mueve las confiscaciones de la propiedadprivada. Se trata de una propuesta en laque el Estado garantiza derechos y pro-mueve la igualdad pero sobre la base de laslibertades e iniciativas individuales y colec-tivas, privilegiando las iniciativas populares,solidarias. Es una Constitucin en la cualse considera que la sociedad, la naturaleza,

el Estado y el mercado son medios para elbuen vivir, y en el caso de los dos ltimos,sirvientes y no amos (Acosta).

Una de las innovaciones de vanguardia hasido reconocer derechos a la naturaleza.Sin duda la proteccin de la naturaleza esparte del desafo del cambio; sin embargo,procesar constitucionalmente ese prop-sito no fue fcil. Reconocer derechos a lanaturaleza busca superar el antropocen-trismo que no ha sido capaz de reconocerla existencia de la naturaleza ms all delos intereses y percepciones humanas.Pero esta perspectiva corre el riesgo deponer velo al conflicto existente entre sereshumanos desde sus intereses por el con-trol de los recursos. En todo caso, en tantola sociedad garantice mayor responsabili-dad frente a la naturaleza, la frmula quese asuma resulta secundaria.


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Otro importante tema transversal a toda laConstitucin fue el de la plurinacionalidad.Luego de una inicial y falsa polarizacinconceptual entre interculturalidad y pluri-nacionalidad, se asumieron ambos concep-tos para caracterizar y transversalizar en elEstado. La interculturalidad para garanti-zar el respeto a las diversas identidades, asuperar cualquier tipo de racismo, o de dis-crimen hacia indgenas, afro ecuatorianos/as, montubios/as, campesinos/as, pobla-dores urbanos, jvenes. La plurinacionali-dad para no solo reconocer las diferencias,sino para otorgar status de naciones a lospueblos originarios, decisin que sin dudacorresponde a la historia y a una democra-

cia plena y que tendr que irse desplegandoconforme las capacidades de los sujetos.

Quedan otros campos que han sidoconstitucionalizados. Por ejemplo, fren-te a la democracia delegativa, la nuevaConstitucin transita hacia un sistemapoltico que cualifica la representacin

y sus modalidades, pero que a la vezgarantiza la participacin directa de lasociedad civil organizada y de la ciudada-na en todo el ciclo de la gestin pblica

y en el ejercicio del poder, recogiendo lasexigencias ciudadanas por un cambioradical del sistema poltico.

La redefinicin de la institucionalidad esta-tal implica tambin el reordenamiento terri-torial, la revisin de los niveles de gobierno,la mejor definicin de roles y competencias.As, uno de los avances constitucionales eneste campo ha sido el establecer un nivelintermedio de gobierno: las regiones. Estereordenamiento est concebido no nica-mente en funcin de una gestin pblicams eficiente y descentralizada, inclusoautonmica; ms all de eso, el reordena-miento busca promover la equidad entre losterritorios viabilizando formas sosteniblesde desarrollo local, pero un desarrollo com-plementario, solidario y recproco.

Hay, adems, una serie de temas relevantescomo el de la universalizacin de la salud,de la educacin y de la seguridad social, aligual que el de la lucha contra la corrupcin:as mismo se tiene los cambios impulsadosen el campo de las democratizacin dela comunicacin, la seguridad ciudadanacomo herramienta para la paz ciudadana yel de la gestin de los riesgos por desastresnaturales; entre otras innovaciones incor-poradas en la nueva Constitucin, que sinduda la califican para ser aprobada en elprximo referndum.

UNA CONSTITUCION DE TODOS

La Asamblea de Montecristi recibi a msde mil delegaciones de grupos sociales einstitucionales que llegaron con las msdiversas propuestas y hasta articuladoscompletos; es decir el proceso expresapertura hacia la densidad del tejidosocial ecuatoriano.

Sin embargo, a diferencia del procesoconstituyente de 1998, en el que fue-ron unos pocos movimientos socialesquienes ejercieron cierta incidencia enla Asamblea Nacional que redactaba laConstitucin en un cuartel militar; den-tro de la Asamblea de Montecristi se mul-tiplicaron los actores, aunque dejando enevidencia la falta de articulacin entreellos y la ausencia de una agenda concer-tada para el cambio global del pas.

A causa de esa rica diversidad desar-ticulada -al interior de la AC, as comopresente entre asamblestas y asesores/as del bloque mayoritario (Pas, PK, MPD,RED)- fueron evidentes las dificultadesde cohesin, por las distancias entreidentidades, cercanas ideolgicamentepero alejadas por las desconfianzas inter-nas de las izquierdas. Si la AC pudo serun espacio de articulacin progresista,

Coyuntura 13


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14 Coyuntura

seguramente eso no logr concretarsems all de los acuerdos para concertarlos textos constitucionales.

De ah que emergiera el desencuentro entreposiciones de grupos cercanos en militan-cias sociales y polticas. Unos esperabancon la constitucin cambiar todo y cristali-zar las utopas perseguidas por las izquier-das durante dcadas; con el riesgo de unainsostenibilidad poltica a corto plazo. Otrosque privilegiaban una estrategia transicio-nal para provocar cambios pausados quela sociedad pudiera defender, que permi-tieran profundizar la transformacin enforma sostenible; con el riesgo de cambiarmuy poco, de cara al presente.

El resultado parece haber sido una vaintermedia, no desde un acuerdo explicitoentre las tendencias que estuvieron pre-sentes en la AC, sino desde el cruce con-creto de lo que Bourdieu podra llamar uncampo de fuerzas, de mltiples actores condiversos y entrecruzados sentidos, por den-tro y fuera de Ciudad Alfaro, y con diversascapacidades de incidencia.

Ms all de estas diferencias de enfo-ques, las organizaciones sociales afuerade la nave de Montecristi, estaban lis-tas a movilizarse para que la cuerda setensara a favor de la profundizacin delos cambios; respaldando a los/as asam-blestas ms cercanos y presionandosobre aquellos identificados en una posi-cin conservadora. Posiblemente, pese alos esfuerzos desplegados, la incidencia

desde la sociedad civil organizada fueamplia pero dbil. Reiteradas acusacio-nes de que la Asamblea era obediente aCorrea fueron el lugar comn de diversosactores que tuvieron una retrica radicalpero muy escasa capacidad de auto-criticarse. Por qu cada uno defendasus propios temas sin articularse a losotros?; por qu la queja frente al lide-

razgo de Correa sin pensar en la falta deliderazgos propios?

Es indispensable, para orientar la dis-puta poltica ms eficientemente, reco-nocer que no todo en la sociedad civil esbueno ni todo en la sociedad poltica esmalo y que para construir hegemonahay que luchar en ambos espacios y demanera sostenida y conjunta.

LO QUE VIENE

No existe solo el reto de ganar el refern-dum aprobatorio de la Constitucin, sinosobre todo hacerlo mediante mecanismosde dilogo social que permitan la apro-piacin de los contenidos del nuevo textoconstitucional por parte de la sociedad oal menos de aquella parte organizada queestuvo luchando por el cambio. No vienesolo lograr que el proceso de democratiza-cin avance y se profundice sino hacerlomediante una mayor capacidad de inciden-cia de la sociedad civil que acompae crti-camente a la renovada gestin pblica, des-

plegada por el actual gobierno y su reciente y heterogneo movimiento poltico.

No viene a lugar quejarse de lo que faltaen la nueva Constitucin sino empezara trabajar por las leyes secundarias ypor la reformas que sean necesarias. Nobasta afinar al programa sino fortalecer alsujeto. Desde adentro y desde afuera deAcuerdo Pas, estamos llamados a cons-truir una nueva hegemona que impida el

regreso de la derecha, que no es solo laagotada partidocracia, sino los medios decomunicacin y los nuevos intelectualesneo-institucionalistas, asustados ambospor el tumulto del cambio. No podemospermitir que por errores propios y renci-llas internas se pierda esta oportunidadhistrica de empujar al pas hacia unademocracia plena.


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16 Coyuntura Pas adentroTema Central - Nuestra Constitucin: Nuestro Futuro 16

del 98 enuncia y describe un importanteconjunto de derechos clasificados en dere-chos civiles, polticos, econmicos, sociales

y culturales; y colectivos, sin embargo nose establecen mecanismos para garantizarsu efectivo cumplimiento ni prescripcio-nes redistributivas, por el contrario dejaabierta la puerta a la privatizacin de laseguridad social, la salud, la educacin.En definitiva los derechos son enunciadossin garantas de mecanismos claros, expl-citos, operativos para su aplicacin.

El mandato del Estatuto de Convocatoriaa la Asamblea Constituyente aprobadoen el referndum del 15 de abril estable-

ca que en su trabajo de elaboracin dela nueva Constitucin la Asamblea debaprofundizar en su contenido social y pro-gresivo, los derechos fundamentales de losciudadanos y ciudadanas contenidos en laConstitucin vigente.

En la Constitucin de Montecristi, 73 de lo444 artculos estn dedicados a exponer loque ya ha sido calificado como el catlogoms importante de derechos del mundo 1;

y 152 artculos dirigidos a garantizarlos.

Ms de la mitad de la Constitucin ela-borada en el cerro Centinela, es un pactode la sociedad para garantizar derechos,fuente de la nueva naturaleza del Estadoconstitucional de derechos.

Las personas, comunidades, pueblos,nacionalidades, colectivos y la natura-leza son titulares y gozarn de los dere-chos garantizados y reconocidos en laConstitucin y en los instrumentos inter-nacionales 2. En la Constitucin del 98

los titulares de derechos son las personas,los pueblos y las autodenominadas nacio-nalidades indgenas. En los principios 3 deaplicacin de los derechos se consagran

el de ejercicio y exigibilidad, de igualdaden la diversidad y no discriminacin, deaplicabilidad directa, de no restriccin dederechos, pro ser humano, de integralidad,de clusula abierta, de progresividad, deresponsabilidad del Estado

Una de las innovaciones que presenta elproyecto de nueva Constitucin es la clasi-ficacin de los derechos, que se aparta dela clsica que conocemos de derechos eco-nmicos, sociales y culturales (DESC) quese reemplaza por los derechos del BuenVivir; los derechos civiles son ahora losderechos de libertad, los derechos colec-tivos por los derechos de los pueblos,

los derechos polticos por los derechosde participacin, los derechos del debidoproceso por los derechos de proteccin; ylos derechos de los grupos vulnerables porlos derechos de las personas y los gruposde atencin prioritaria. Esta nueva formade clasificacin que no solo es innovadorasino audaz, aporta a una comprensinms cotidiana y directa que permitir a laspersonas identificar claramente el sentidoesencial de cada derecho.

En los derechos del buen vivir , identifica-dos y descritos en estricto orden alfabtico,encontramos en primer lugar a los nuevosderechos al agua y a la alimentacin; y luegoel derecho al ambiente sano (que tambinlo podemos encontrar tambin entre losderechos de libertad, reforzando su dobledimensin de derecho individual y colectivo);el derecho a la comunicacin e informacin;el derecho a la cultura y la ciencia; el dere-cho a la educacin; al hbitat y vivienda; elderecho a la Salud ; y finalmente el derechoal trabajo y seguridad social.Entre los derechos de las personas ygrupos de atencin prioritaria 4 , tenemos

1. Martnez Dalmau, Rubn, Los 444 artculos deMontecristi, http://www.rebelion.org/noticia

2. Artculo 10, Constitucin 2008.

3. Artculo 11, Constitucin 2008.

4. En la nueva Constitucin veinte y un artculos a partirdel 35, reconocen nuevos derechos para las personasadultas mayores, (aquellas que han cumplido 65 aosde edad); para los jvenes, mujeres embarazadas,nias, nios y adolescentes, los migrantes, personascon discapacidad y consumidoras.


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Tema Central - Nuestra Constitucin: Nuestro Futuro 17

a los derechos de las personas adultas yadultos mayores, los jvenes, derechos demovilidad humana, mujeres embarazadas,nias, nios y adolescentes, personas con

discapacidad, personas con enfermedadescatastrficas, personas privadas de liber-tad, personas usuarias y consumidoras.

Si bien la Constitucin del 98 seala comogrupos de atencin prioritaria a los nios

y adolescentes, las mujeres embarazadas,para personas con discapacidad, las queadolecen de enfermedades catastrficas,las de tercera edad y las vctimas de vio-lencia domstica o desastres naturales; yaen los artculos encontramos desarrollados

solo los derechos de los nios y adolescen-tes 5, los de las personas con discapacidad y tercera edad en un artculo cada uno, ynada sobre mujeres embarazadas, vctimasde violencia o enfermedades catastrficas.

El captulo de los derechos de las comu-nidades, pueblos y nacionalidades , man-tiene y ampla los derechos colectivos 6 delos pueblos indgenas que ya constaban enla Constitucin del 98; desarrolla un con-cepto ms amplio de derechos colectivos

para el pueblo afro ecuatoriano e incorpo-ra como sujeto de derechos, en lo que seaaplicable, al pueblo montubio. El artculo56 incluye como titulares de los derechosde los pueblos a las comunidades, al pue-blo montubio y a las comunas.

Los derechos de participacin , que reem-plazan a los conocidos como derechos

polticos, consagran los derechos a: elegir y ser elegidos, participar en los asuntospblicos, presentar proyectos de iniciativapopular normativa, ser consultados, fisca-

lizar los actos del poder pblico, revocarel mandato de todos los cargos de elec-cin popular, desempear cargos pbli-cos, conformar partidos y movimientospolticos; las reglas para el ejercicio delderecho al voto; la representacin paritariade mujeres y hombres de forma alternada

y secuencial. Las novedades son el derechoal voto para los extranjeros, el voto faculta-tivo para las personas entre 16 y 18 aos,para las personas ecuatorianas que vivenen el exterior y para los integrantes de lasfuerzas armadas y polica nacional.Los derechos de libertad , antes conocidoscomo derechos civiles, reconocen y garan-tizan la inviolabilidad de la vida, el derechoa una vida digna, la integridad personal,la igualdad formal, igualdad material yno discriminacin, el libre desarrollo dela personalidad, la libertad de opinin yexpresin del pensamiento, el derecho a larectificacin de afirmaciones inexactas enlos medio de comunicacin, la libertad deconciencia y de religin, el derecho a tomardecisiones libres sobre su sexualidad, vida

y orientacin sexual, a tomar decisioneslibres, responsables e informadas sobresu salud y vida reproductiva, la reservasobre sus convicciones, la objecin de con-ciencia, el derecho a asociarse en formalibre y voluntaria, a transitar librementepor el territorio nacional y a escoger suresidencia, la libertad de iniciativa econ-mica, libertad de contratacin, la libertad

de trabajo, el derecho al honor y al buennombre, a la proteccin de datos de carc-ter personal, a la intimidad personal yfamiliar; a la inviolabilidad y al secreto dela correspondencia, a la inviolabilidad dedomicilio, el derecho a dirigir quejas y peti-ciones, a participar en la vida cultural dela comunidad, a disponer de bienes y ser-vicios de calidad, a la propiedad en todas

5. Cinco de los ocho artculos de la seccin de gruposvulnerables de la constitucin del 98, (a partir del art-culo 48), se dedican a nios, nias y adolescentes.

6. Artculo 57 del proyecto de Constitucin, en 21numerales contiene un amplio detalle de los dere-chos colectivos de comunas, comunidades, pueblos ynacionalidades indgenas, a diferencia del artculo 84de la Constitucin del 98 que constaba de 15 nume-rales. Ntese que en consonancia con la declaratoriade Ecuador como estado plurinacional, ya no se hablade que los pueblos indgenas se autodefinen comonacionalidades, directamente se reconocen a lasnacionalidades indgenas.


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18 Tema Central - Nuestra Constitucin: Nuestro Futuro

sus formas, con funcin y responsabilidadsocial y ambiental, a vivir en un ambientesano y el derecho a la identidad.

Entre los derechos de libertad tambinse incluyen los artculos referentes a losdistintos tipos de familias, la definicin dematrimonio, de unin de hecho y las nor-mas de proteccin de los derechos de losintegrantes de la familia.

Los derechos de la naturaleza 7 , que sontoda una novedad en el constituciona-lismo mundial, desarrollan los derechosque tendr la naturaleza en el territorioecuatoriano, a partir de la aprobacin dela Constitucin de Montecristi. Estos son:respeto integral a su existencia, al man-tenimiento y regeneracin de sus ciclosvitales, estructura y procesos evolutivos;derecho a su restauracin y a la aplicacinde medidas de precaucin y restriccinde actividades que puedan conducir a ladestruccin de ecosistemas o alterar per-manentemente sus ciclos naturales.

En los derechos de proteccin 8 se incluyen las normas del debido proceso, divi-didas en dos artculos, el 76 que contienelas normas garantas generales de todoproceso y las relativas al proceso penal enel artculo 77. El principal cambio respectodel 98 est en el artculo 76, que da ini-cio al captulo octavo de los derechos deproteccin: toda persona tiene derecho alacceso gratuito a la justicia . Otras innova-ciones que encontramos en este apartadoson, el derecho de las vctimas de delitosa contar con proteccin especial y que segarantice su no revictimizacin; y la prohi-bicin de extradicin de ecuatorianos.

Finalmente, un nuevo derecho que encon-tramos en los textos sobre participacin,

que de seguro ser objeto de anlisis,es el derecho a la resistencia 9. La nuevaConstitucin contiene un ttulo completosobre distintos tipos de garantas constitu-cionales, a diferencia de la del 98 que solodesarrollaba las garantas jurisdiccionales.De tal forma que la constitucin consagragarantas normativas, de polticas pbli-cas y jurisdiccionales 10.

Para complementar el esquema garantistaque presenta la propuesta de Constitucin,en la parte orgnica se establece un sis-tema de inclusin y equidad social, comoel mecanismo institucional para efectivi-zar los derechos; y entre las garantas delos principales derechos del buen vivir seincluyen el acceso universal y gratuito ala salud y la educacin; la universaliza-cin de la seguridad social, la garanta dela soberana alimentaria como el meca-nismo para efectivizar el derecho a la ali-mentacin, entre otras muchas garantasespecficas que obligarn constitucional-mente a la sociedad al cumplimiento delos derechos, a la vigencia de un EstadoConstitucional de derechos y justicia, que

tiene como primer deber11

la garanta delgoce efectivo de los derechos para todoslos habitantes del Ecuador.

9. Artculo 98. Los individuos y los colectivos podrnejercer el derecho a la resistencia frente a acciones uomisiones del poder pblico o de las personas natu-rales o jurdicas no estatales que vulneren o puedanvulnerar sus derechos constitucionales, y demandarel reconocimiento de nuevos derechos.

10.Las garantas jurisdiccionales propuestas son lasacciones de: proteccin, hbeas corpus, acceso a lainformacin pblica, hbeas data, por incumplimien-to y accin extraordinaria de proteccin. Artculos 86al 94.

11. Artculo 3, numeral 1 de la Constitucin 2008.

7. Constan en el proyecto de Constitucin en los artcu-los 71, 72, 73 y 74.

8. Los derechos de proteccin constan a partir del art-culo 75.


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un esbozo de las transformacionesconstitucionales

Magdalena Len T. 1

Introduccin.Bajo la nocin integradora del buen vivir,la Constitucin de Montecristi proponeredefiniciones y cambios econmicos, queresponden al imperativo de desactivar elneoliberalismo y transitar hacia un nuevomodelo, hacia un sistema econmicojusto, democrtico, productivo, solidario ysostenible basado en la distribucin iguali-taria de los beneficios del desarrollo, de losmedios de produccin y en la generacin

de trabajo digno y estable (Art. 276, 2).

Un primer paso transformador ha sidoreconocer y nombrar la realidad, lo que esen s un cambio indispensable para des-atar transformaciones de fondo. La pro-puesta visibiliza y revaloriza la economarealmente existente, en su diversidadde modalidades y protagonistas; tambinmuestra las interrelaciones de lo econ-mico con lo social, cultural y ambiental.

Este registro de la realidad lleva, nece-sariamente, a redefinir objetivos y prio-ridades de la economa, a prever cami-nos hacia su democratizacin. Suponetambin revalorizar a todas las personasdesde sus aportes, en algunos casos res-tituirles su calidad actoras/es econmi-cos, superando el estigma de ser vistas/os slo desde las carencias.

En el extenso articulado, estas redefini-ciones no se ubican en un solo ttulo,captulo o seccin, estn en distintoslugares, con variados alcances e inclu-so con alguna tensin o contradiccin.

diversidadeconmicas

Democracia y

1. Coordinadora de REMTE.


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Procuramos en estas lneas identificar,de manera esquemtica, los enunciadosrelevantes de esta visin de cambio eco-nmico, que consideramos tiene comobases la diversidad y democratizacin.

1. Definiciones y objetivos generales.Una mirada al ndice lleva ya a apreciar elcambio de perspectiva, las innovaciones,la prioridad concedida a las personas, lascolectividades, los derechos y el buen vivir;la economa se mueve en ese marco.

En el ttulo II, los derechos del buenvivir comprenden 22 artculos, empezan-

do por los nuevos sobre agua y alimenta-cin. El Rgimen de Desarrollo (ttulo VI)exhibe captulos y secciones que indicannuevos contenidos: planificacin partici-pativa, soberana alimentaria, soberanaeconmica, formas de trabajo y su retri-bucin, democratizacin de los factoresde produccin, intercambios econmicos

y comercio justo.

El Rgimen del Buen Vivir (ttulo VII),establece sistemas para garantizar dere-

chos, inclusin y equidad, considerandosalud, educacin, seguridad social, cien-cia y tecnologa, entre otros, e integralos artculos referidos a biodiversidad yrecursos naturales.

El sistema econmico se ubica comoparte de la soberana econmica, que

junto con la planificacin participativa,la soberana alimentaria, los sectoresestratgicos, el trabajo y la produccinintegran el Rgimen de Desarrollo. Este

se define como el conjunto organizado,sostenible y dinmico de los sistemaseconmicos, polticos, socio-culturales

y ambientales, que garantizan la reali-zacin del buen vivir, el sumak kawsay(Art. 275). La pluralidad y la interrelacincaracterizan este enunciado.

El sistema econmico es caracterizadocomo social y solidario; reconoce al serhumano como sujeto y fin; propende ala relacin dinmica y equilibrada entresociedad, Estado y mercado, en armonacon la naturaleza; y tiene por objetivogarantizar la produccin y reproduccin delas condiciones materiales e inmaterialesque posibiliten el buen vivir (Art. 283).

En directo vnculo con el buen vivir cons-ta el enunciado pionero de Derechos de laNaturaleza: La naturaleza o Pachamama,donde se reproduce y realiza la vida, tienederecho a que se respete integralmentesu existencia y el mantenimiento y rege-neracin de sus ciclos vitales, estructura,funciones y procesos evolutivos (Art. 71).Esto introduce un cambio sustantivo enla nocin de recursos aplicado hastahoy, que ha propiciado su explotacin,depredacin y destruccin.

2. Reconocer para cambiar: quinesy cmo hacen economa?La ms obvia y general nocin de econo-ma, alude a las actividades y relacionesque permiten la produccin y la distribu-cin de bienes y servicios para atendernecesidades humanas, las cuales varanen el tiempo y en contextos determina-dos. La economa es as inherente a lavida y a la humanidad toda, pues sin esamaterialidad el devenir social y cultural,el flujo de la existencia personal y colec-tiva sera imposible.

En tiempos neoliberales esta nocin ha

sido suplantada, en el discurso y en laspolticas, por una que recorta o delimitala economa al mercado, el dinero, la acu-mulacin y el enriquecimiento, dejandofuera toda la variedad y complejidad derelaciones y actividades que derivan enla generacin de bienes y servicios, seanestos o no mercantilizados, y a sus pro-tagonistas; las categoras de empresas,



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empresarios y negocios se han impuestocomo las nicas vlidas, con la corres-pondiente sobrerepresentacin empresa-rial en el poder y en las decisiones.

Ahora se reconoce y nombra la economacomo es, en sus dimensiones productiva y reproductiva, en su amplitud y diversi-dad. As:

Se establece el derecho a desarro -llar actividades econmicas, en formaindividual o colectiva, conforme a losprincipios de solidaridad, responsa-bilidad social y ambiental (Art. 66,15), en lugar del enunciado del 98: lalibertad de empresa, con sujecin a la

ley (Art. 23, 16). Se utiliza, sistemticamente, la denomi -

nacin de unidades econmicas o uni-dades productivas en lugar del genricoempresas usado en el 98 -salvo dondees pertinente mantenerlo-.

Se reconocen diversas formas de orga -nizacin econmica: pblica, privada,mixta, popular y solidaria incluyendolos sectores cooperativistas, asociati-

vos y comunitarios (Art. 283). As mismo, se visualizan diversas for -

mas de organizacin de la produccin entre otras las comunitarias, coope-rativas, empresariales pblicas o pri-vadas, asociativas, familiares, domsti-cas, autnomas y mixtas (Art. 319).

Son de suma importancia los enuncia -dos sobre trabajo. Por un lado se loredefine como derecho social y dere-cho econmico y como base de la eco-noma (Art. 33), y por otro se recono-cen todas las modalidades de trabajo,en relacin de dependencia o autno-mas, con inclusin de las labores deautosustento y cuidado humano, yde todas las trabajadoras y trabajado-res como actores sociales productivos(Art. 325). Ya no hay trabajo estigma-

tizado como informal, o trabajo invisi-ble como el no remunerado, especial-mente de las mujeres, pues adems sereconoce especficamente como laborproductiva el trabajo no remuneradode autosustento y cuidado humanoque se realiza en los hogares.

De cara a la igualdad econmica degnero, son relevantes para las mujeresno slo los avances especficos sobretrabajo y acceso a recursos, sino elreconocimiento de la existencia e igualimportancia de los mbitos productivo

y reproductivo de la economa; el des-conocimiento previo ha operado comobase de la divisin sexual del trabajo yde las desigualdades derivadas.

Las formas comunitarias de economase refuerzan con lo previsto en dere-chos de las comunidades, pueblos ynacionalidades, donde se consigna elrespeto y promocin de sus prcticasde manejo de la biodiversidad y de suentorno natural (Art. 57, 8).

El sistema financiero tambin amplasu mbito, pues se compone de los

sectores pblico, privado, y del popu-lar y solidario (Art. 309), este ltimointegrado a su vez por cooperativas deahorro y crdito, entidades asociativaso solidarias, cajas y bancos comuna-les, cajas de ahorro (Art. 311).

3. Las decisiones econmicasLa democratizacin de estas decisionestiene como eje la planificacin participativa

del desarrollo. Esto supone tanto una recu-peracin del Estado, de su institucionalidad y roles, como la clara definicin de mecanis-mos de participacin de la sociedad.

Se trata de salir del autoritarismo delmercado, para ir hacia unas decisionesasumidas en funcin de objetivos estra-tgicos del pas, de prioridades consen-



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suadas, de procesos que se vinculen alas realidades y necesidades de las socie-dades, desde los niveles locales hasta elnacional.

Un pas con soberana recuperada y forta-lecida define su rumbo econmico. Deberprimordial del Estado es Planificar eldesarrollo nacional, erradicar la pobreza,promover el desarrollo sustentable y laredistribucin equitativa de los recursos

y la riqueza, para acceder al buen vivir(Art. 3, 5).

Se establece un sistema nacional des-centralizado de planificacin participati-

va (Art. 279), que incluye consejos ciuda-danos. La planificacin se convierte en eleje de la accin pblica y en el referentepara los dems sectores.

El rgimen de competencias (Arts. 260-269) contempla atribuciones de planifi-cacin para todos los niveles de gobier-no, desde las juntas parroquiales hastalos gobiernos regionales autnomos, queluego se articulan con el nivel nacional.

Se prevn mecanismos de participacinsocial para: elaborar planes nacionales,locales y sectoriales, definir agendas dedesarrollo, mejorar la calidad de la inver-sin pblica, elaborar presupuestos par-ticipativos (Art. 100).

Para otras decisiones se sealan incen-tivos o lmites, por ejemplo las decisio-nes sobre qu producir, se vinculan convarias alusiones al fomento de la produc-

cin de alto valor agregado, generadorade empleo digno, ambientalmente limpia.Por ejemplo, se determinan incentivospara la produccin de bienes y serviciossocialmente deseables y ambientalmenteaceptables (Art. 285, 3); o se comprome-te el fomento a la produccin nacionalen todos los sectores, en especial paragarantizar la soberana alimentaria y la

soberana energtica, generar empleo yvalor agregado (Art. 334, 4)

Los alimentos son claramente una prio-ridad al asumir la soberana alimentariacomo objetivo estratgico (Art. 281), conel compromiso estatal de proteger el sec-tor agroalimentario y pesquero nacional.

Tambin se consignan criterios paradecidir sobre prioridades de la inversinpblica: educacin, salud y justicia (Arts.26 y 286)

Desde otra perspectiva, se reconocen ofortalecen decisiones de actores econ-micos que han afrontado relegamientohistrico, como los pueblos indgenas

y las mujeres. Por ejemplo, para deci-dir sobre la explotacin de recursos norenovables ubicados en territorios de lasnacionalidades, pueblos y comunidadesindgenas, se establece el mecanismo deconsulta previa (Art. 57, 7).

4. El acceso a recursos y la redistri-bucinDemocratizar el acceso a recursos resul-ta inseparable del fortalecimiento de lopblico y estatal, en funcin del interscolectivo.

Por eso es fundamental la definicin desectores estratgicos sobre los que elEstado tiene control y decisin exclu-sivos. Se trata de sectores que por sutrascendencia y magnitud tienen decisivainfluencia econmica, social, poltica y

ambiental, y debern orientarse al plenodesarrollo de los derechos y al interssocial. Se cuentan entre ellos los recur-sos naturales no renovables, los hidro-carburos, la biodiversidad, el agua.

Tambin resulta clave la responsabilidadestatal de proveer servicios pblicos deagua potable y de riego, saneamiento,



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energa elctrica, telecomunicaciones,vialidad, infraestructura (Art. 314).

A travs de la poltica econmica y la pol-tica fiscal, el Estado asume los objetivosde una adecuada distribucin del ingreso

y de la riqueza nacional; la redistribucindel ingreso por medio de transferencias,tributos y subsidios.

Tambin asume un activo compromisoa travs de desarrollo de polticas paraevitar la concentracin o acaparamientode factores y recursos productivos, pro-mover su redistribucin y eliminar privi-legios o desigualdades (Art. 334, 1).

Otro medio democratizador son las com-pras pblicas, que se orientarn con prio-ridad a la produccin nacional, en espe-cial de pequeas unidades econmicas yredes asociativas. Por su parte, el sistemafinanciero pblico tiene, entre otras, lafuncin de democratizar el crdito.

Sobre los ingresos generados por el tra-bajo, se seala que la remuneracin ser

justa, con un salario digno que cubra almenos necesidades de la persona traba-

jadora, as como las de su familia (Art.328). Se establece el salario bsico deaplicacin obligatoria y revisin anual.

En cuanto a la propiedad, se reconoceEl derecho a la propiedad en todas susformas, con funcin y responsabilidadsocial y ambiental (Art. 66, 26). Estasformas son pblica, privada, comu-nitaria, estatal, asociativa, cooperativa,

mixta (Art. 321).En funcin de la soberana alimentariase promovern polticas redistributivasque permitan el acceso del campesinadoa la tierra, el agua y otros recursos pro-ductivos (Art. 281, 4), al tiempo que seprohbe el latifundio y la concentracinde la tierra, as como el acaparamiento

o privatizacin del agua y sus fuentes(Art. 282).

Las nacionalidades, pueblos y comu-nidades indgenas tienen derechos a lapropiedad imprescriptible de sus tierrascomunitarias, a la posesin de territoriosancestrales, y a participar en el uso,usufructo, administracin y conserva-cin de los recursos naturales renovablesque se hallen en sus tierras

En el caso de las mujeres, se garantizala igualdad de derechos en el acceso ala propiedad y en la toma de decisionespara la administracin de la sociedad

conyugal. Se contempla el desarrollo depolticas especficas para erradicar ladesigualdad y discriminacin hacia lasmujeres productoras en el acceso a losfactores de produccin.

Hay recursos cuya importancia relativase matiza. Por ejemplo, el endeudamientopblico tendr carcter residual y com-plementario, sujeto a la planificacin,soberana, respeto de derechos y con-troles pblicos y sociales. Igualmente, lainversin extranjera directa ser comple-mentaria a la nacional, sujeta a similarescontroles y criterios.

5. En sumaLo expuesto no cubre ni agota las amplias

y complejas redefiniciones sobre econo-ma que, en conjunto, reorientan prin-cipios, objetivos, prioridades, institucio-nes, protagonistas.

Pero no estamos ante cambios a ser ini-ciados desde cero, pues en buena medidalo que se hace es una aproximacin ala economa diversa realmente existente

y a sus potencialidades, sealando uncamino para superar desigualdades einjusticias, desde las complejidades yposibilidades que abre el buen vivir.


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Carlos Larrea 1

IntroduccinEcuador se encuentra no solamente entrelos pases de mayor biodiversidad delplaneta, pues cuenta con una generosadotacin de agua, suelos frtiles y climasbenignos a la vez que tambin alber-ga una significativa diversidad cultural,con 12 pueblos indgenas ricos por susdistintas lenguas y tradiciones, y unaherencia histrica que ha distinguidoa sus pueblos desde la formacin en

Valdivia de la primera cultura cermicade Amrica, sin olvidar la riqueza artsti-ca y arquitectnica del periodo colonial

Sin embargo, resulta sorprendente elcontraste entre la abundancia de recur-sos en el Ecuador, y los limitados resulta-dos obtenidos a lo largo de su proceso dedesarrollo econmico y social. Aunque lainsercin productiva del actual Ecuadoren el mercado mundial, que se originacon la venta de textiles en el espaciocolonial alto-peruano en el siglo XVII yculmina en el actual perodo petrolero,ha sido diversa y prolongada, su legadocontemporneo es dramtico.

En el pas, el ingreso por habitante nollega siquiera a la mitad del promediolatinoamericano, el 47 % de la pobla-cin, afectada por la pobreza, no lograsatisfacer sus necesidades bsicas; unacuarta parte de los nios menores de 5aos sufre de desnutricin crnica al


1. Profesor de la UASB

sustentabilidady desarrollo en el Ecuador

Derechos de la naturaleza,


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punto de reducir irreversiblemente sudesarrollo intelectual y neurolgico, yla desigualdad social, ubicada entre lasms altas de Amrica Latina, lejos dereducirse, ha crecido sostenidamentedurante las ltimas dcadas.

Este proceso de desarrollo ha significadoal mismo tiempo un enorme costo ambien-tal. Aproximadamente la mitad del territorioecuatoriano ha sido intervenido, modifican-do a destruyendo sus ricos ecosistemas ori-ginales. La deforestacin alcanza una de lastasas ms elevadas en Amrica del Sur, latala de manglares y la deforestacin de lascuencas fluviales principales han aumen-tado peligrosamente la vulnerabilidad anteinundaciones y el fenmeno de El Nio, elcalentamiento global amenaza con la seriareduccin de los glaciares, el deterioro delos pramos y de las fuentes de agua.

En contraste con la mayor parte delos pases latinoamericanos, la insercininternacional del Ecuador ha sido fuer-temente afectada por una inestabilidadsecular. Los perodos cacaotero, bananero

y petrolero se han iniciado con fases deauge, y han desembocado en crisis pro-longadas que no han sido ajenas a la vul-nerabilidad ambiental. En la actualidadla pronunciada dependencia del Ecuadorde la exportacin del petrleo crudo, quealcanza el 60 % de las exportaciones tota-les, recuerda un perodo similar a princi-pios del siglo XX, cuando el cacao alcan-zaba el 70 % de las exportaciones 2.

El perodo petrolero, insatisfactorio por sulegado econmico, social y ambiental, presen-ta un futuro limitado e incierto, a juzgar porlas limitadas reservas del pas, que con saldosexportables declinantes, permitirn a lo sumotreinta aos ms de produccin.

En sntesis, el desarrollo alcanzado por elpas ha tenido un elevado costo ambiental,

sin haber tampoco logrado la satisfaccinadecuada de las necesidades humanasde la mayora de la poblacin. Las expor-taciones del pas se encuentran entre lasmenos diversificados de Amrica Latina,lo que plantea un desafo fundamentalsobre la estructura y naturaleza del desa-rrollo alcanzado, y la necesidad de alter-nativas que conduzcan a una satisfaccinperdurable de las necesidades humanas,en armona con la naturaleza.

Petrleo y desarrolloAunque la exportacin de petrleo o de

productos mineros en general aparece aprimera vista como una fuente abundantede divisas y crecimiento, muchos estudioscomparativos internacionales encuentranque la exportacin de hidrocarburos seconvierte, en el largo plazo, ms bienen un obstculo para el crecimiento y eldesarrollo 3. Las experiencias nacionalesde muchos pases petroleros como Nigeriaparecen confirmar esta hiptesis. Los pa-ses petroleros tienden a depender abru-

madoramente de este recurso, mostrandouna dbil diversificacin y una elevadavulnerabilidad, como lo muestra la deno-minada enfermedad holandesa.

La penosa realidad de pases mineroscomo Bolivia y Per en Amrica del Surtampoco es alentadora. Bolivia, por ejem-plo, que a lo largo de su historia desdeel perodo colonial ha basado su econo-ma en la extraccin de plata, estao yactualmente gas natural, es el pas mspobre de Amrica del Sur.


2. Larrea, Carlos. Hacia una historia ecolgica delEcuador. Quito: UASB-CEN, 2006.

3. Sachs, Jeffrey and Warner, Andrew. Natural ResourceAbundance and Economic Growth. Cambridge: HarvardUniversity, 1997. www.cid.harvard.edu/ciddata/war-ner_files/natresf5.pdf


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En el caso ecuatoriano, el principal inte-rrogante proviene de la inevitable decli-nacin futura de las reservas petrole-ras, cuya magnitud (4 mil millones debarriles) es muchas veces inferior a la deVenezuela, que cuenta con no menos de76 mil millones de barriles.

Naturaleza y Desarrollo

Desde el sobrepastoreo de los pramosproducido por la introduccin masiva deovejas para la produccin textil duranteel siglo XVII hasta la masiva deforesta-cin en la Amazona que ha acompaa-

do a la explotacin petrolera, el modelode desarrollo ecuatoriano ha conllevadodiversas formas de degradacin de losrecursos naturales.

Los paradigmas convencionales de laeconoma y el desarrollo conciben a lanaturaleza simplemente como un esce-nario de condiciones dadas sobre lascuales se produce la actividad econ-mica, nica fuente generadora de valora travs del trabajo o la acumulacinde capital. Se ha concebido explcita oimplcitamente a la naturaleza comouna fuente pasiva y virtualmente inago-table de recursos.

La dependencia de la economa nacionalde recursos naturales no renovables,principalmente el petrleo, bien estra-tgico y agotable en un plazo relativa-

mente corto, plantea problemas seriosa esta visin. Tambin lo hace la pro-gresiva destruccin de bosques prima-rios y otros recursos de limitada y lentarenovabilidad, como las especies made-rables, generalmente acompaada de laextincin de especies endmicas, queafecta en forma, generalmente, irrever-sible a la naturaleza. Aun en el caso

de ciertos recursos renovables como lapesca se observa a nivel mundial unatendencia a su sobreexplotacin. Este estambin el caso de las fuentes de agua yla fertilidad de los suelos en varios casosconcretos.

Este deterioro sostenido de la base derecursos naturales sobre la que se hadesarrollado la economa industrial actualha conducido a la crisis ambiental con-tempornea, que amenaza la supervi-vencia de los ecosistemas y a la propiasociedad, debido a problemas mundialescomo el calentamiento global, la perdida

de biodiversidad, el debilitamiento de lacapa de ozono, la reduccin de acuferos,la desertificacin y erosin de suelos,entre otros.

Para la economa convencional, un eco-sistema inexplotado, o cada uno de susrecursos como un rbol en la selva, care-cen de valor econmico. Esta visin hasido ampliamente refutada y superada porla evolucin de las ciencias naturales ysociales, principalmente a partir del sigloXX. La ecologa, la fsica cuntica y otrasciencias se basan en una visin sistmica,que parte de la interaccin compleja antelos objetos inanimados (agua, suelo, aire)las especies vivientes y los propios sereshumanos, cuya existencia misma ha sidoel resultado de esta evolucin dinmica, yno puede continuar sin nutrirse de estosprocesos 4. El paradigma de la economaconvencional ha sido desafiado por visio-nes ms holsticas e integradoras, comolas de la economa ecolgica.

Si la misma existencia de la especie huma-na es el resultado de la evolucin de los


4. Capra, Fritjof. The Turning Point: Science, Society andthe Rising Culture. Toronto: Bantam Books, 1988.


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ecosistemas, y estos han demostradodurante millones de aos una capaci-dad pare mantenerse, transformarse yevolucionar, ninguna actividad humanaque altere o destruya estos procesos msall de los lmites de recuperacin deestos sistemas puede mantenerse en ellargo plazo.

De all la necesidad de inscribir los pro-cesos de extraccin de recursos natura-les, crecimiento y desarrollo dentro delos lmites sustentables de la naturale-za, y de enmarcar el crecimiento eco-nmico entendindolo como un medio,

supeditado a la finalidad de satisfacerlas necesidades humanas, incluyendolas de las generaciones futuras.

Los derechos de la naturaleza

En caso de aprobarse la nuevaConstitucin, el Ecuador se converti-r en el primer pas en el mundo enreconocer los derechos de la naturalezaen su cara magna. El reconocimientoconstitucional de los derechos de lanaturaleza, y especficamente al dere-cho de los ecosistemas a existir y man-tener sus procesos evolutivos, puedeconstituirse en un punto de partidafundamental hacia un modelo de desa-rrollo diferente, que lejos de mirar losrecursos de la naturaleza como sim-ples objetos de explotacin o destruc-cin, y fuentes inagotables de recursos,entienda a la actividad humana comoproducto de la evolucin de los ecosis-temas y a su desarrollo y prosperidadcomo realizables nicamente en unambiente de armona, en un sentidoprofundo, con todos los seres anima-dos e inanimados que conforman lasredes que han hecho posible la evolu-cin y la vida sobre el planeta.


La nueva Constitucin, en su Artculo71, dice textualmente:La naturaleza o Pachamama, donde sereproduce y realiza la vida, tiene derechoa que se respete integralmente su existen-cia y el mantenimiento y regeneracin desus ciclos vitales, estructura, funciones yprocesos evolutivos. Toda persona, comu-nidad, pueblo o nacionalidad podr exigira la autoridad pblica el cumplimientode los derechos de la naturaleza. Paraaplicar e interpretar estos derechos se

observarn los principios establecidos enla Constitucin, en lo que procedaLos artculos 72 y 397 reconocen el dere-cho a la restauracin de los ecosistemasalterados, adems de la indemnizacin alas personas afectadas por el deterioroambiental. El artculo 407 prohbe laactividad extractiva de recursos no reno-vables en las reas protegidas y en zonasdeclaradas como intangibles, incluida laexplotacin forestal. Excepcionalmentedichos recursos se podrn explotar apeticin fundamentada de la Presidenciade la Repblica y previa declaratoria deinters nacional por parte de la AsambleaNacional, que, de estimarlo conveniente,podr convocar a consulta popular.Se incluyen adems disposiciones impor-tantes sobre la sustentabilidad del desa-rrollo (Arts. 275, 276 y 395), soberanaalimentaria (Art. 281), el acceso a la tierray al agua (Art. 282), biodiversidad (Arts.400 a 402) y consulta previa ante posi-bles afectaciones ambientales (Art. 398)


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algunos factores del contexto. En el fondolo que est en juego, es la posibilidad deencontrar una salida democrtica, a lacrisis poltica que el pas ha vivido enestos ltimos doce aos.

CONTENIDOS DE LA CARTACONSTITUCIONAL DEL 98En la Constitucin del 98 se dieronvarios avances en la participacin: intro-duce la participacin como carcter y findel Estado, abriendo varios mecanismosde democracia directa como la con-sulta, el referndum, la revocatoria demandato. Tambin genera varios nexosinstitucionales entre Estado y sociedadcivil mediante consejos de poltica pbli-ca en torno a niez, salud, ambiente,niez, educacin, etc. Al mismo tiempo,la Constitucin reconoce la diversidaddel pas, tanto a nivel de actores genera-cionales y tnicos como de gnero, peromantiene un reconocimiento a las formasasociativas y neocorporativas tradicio-nales. En trminos de rgimen territorialgenera un marco para la descentrali-zacin, reconoce las Circunscripciones

Territoriales Indgenas y crea las Juntasparroquiales rurales, aunque no damucha importancia a las formas parti-cipativas locales. En general, se puedeestablecer que reconoce mltiples dere-chos, y genera un marco institucionalfavorable para la participacin.

Vale sealar que estas innovaciones serealizan conservando el predominio dela democracia representativa, sin nexosclaros con lo participativo, sin armarun sistema democrtico coherente; abrecanales de participacin sectorial sinque tengan vinculacin con el conjuntodel Estado y en todos los niveles de la

administracin. Talvez el problema msgrave, es que al no modificar la estruc-tura piramidal, presidencial y centralistadel Estado no se constituye un sistemaarticulado entre sociedad civil y Estado,con mecanismos vinculantes en el cuallos funcionarios respondan a los proce-sos ciudadanos tanto en la formulacinde polticas, en la gestin, como en larendicin de cuentas.

Son avances significativos, pero parciales,sin una visin integral de la democracia; aesto se suma la falta de voluntad polticademostrada por los partidos celosos desu representacin, factor que incidir enla posterior ausencia de leyes secundarias

y mecanismos que operativicen la partici-pacin. Por cierto, el debilitamiento de larectora estatal en el perodo neoliberal,

y el agravamiento de la crisis del rgi-men poltico, llevaron a que los procesosparticipativos vivan asilados en lo local yen ciertos rincones del Estado, sin tenercapacidad de incidir de manera consis-tente en la orientacin de las polticaspblicas. Los movimientos sociales se fue-ron desgastando en el camino, y si bientuvieron capacidad de derrocar variosgobiernos, no tuvieron capacidad de defi-nir su desenlace. Los gobiernos repuestosmantuvieron en general el rumbo neolibe-ral de sus antecesores.

Sin embargo, las lites no fueron capacesde realizar una reforma estatal, por loque la poblacin busc nuevas alterna-tivas. En ese marco se conform Alianza

Pas, que emergi enfrentando el caducosistema poltico, accediendo al gobiernocon una propuesta de enterrar las polti-cas neoliberales, planteando la convoca-toria a la nueva constituyente que acabade terminar en Montecristi.



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LAS PRINCIPALES INNOVACIONESEN LA NUEVA CONSTITUCIONLa participacin atraviesa, desde elcomienzo hasta el final, a la nuevaConstitucin. En el primer artculo seubica a la participacin como expresinde la soberana popular. El conceptode soberana es subrayado en el marcode un enfoque de afirmacin nacional yestatal. En ese sentido la participacines ubicada como una manifestacin de lasoberana, al mismo nivel de la represen-tacin poltica.

Otra renovacin importante es el reco-nocimiento de la democracia partici-pativa, la democracia comunitaria y lademocracia representativa, como formasde democracia. Esta es una interesanteexpresin conceptual del momento deexperimentacin democrtica por el queatraviesa el pas, incorporando las for-mas de decisin indgena as como losnuevos procesos de participacin comoparte del concepto de democracia.

La participacin es reconocida comoderecho, tal como ya constaba en laconstitucin del 98, pero aqu con unanocin clara: el Art. 95 la define comola intervencin protagnica en la tomade decisiones en los asuntos pblicos locual implica intervencin en la planifica-cin, la gestin y el control popular. Enel Art. 61, cuando se plantean los dere-chos polticos, se equipara el sufragio, lainiciativa popular, la consulta, el control

social y la revocatoria de mandato comoderechos de participacin poltica.

La Constitucin del 2008 profundizael enfoque de derechos de la anterior,ubicando los derechos sociales, civiles,polticos y de identidad y agregando losderechos de la naturaleza. Se trata de

una nueva geometra de los derechosque se aparta de la nocin liberal cl-sica, focalizada en torno a los derechosindividuales. Aqu se ensaya una articu-

lacin diferente, en donde los derechoshumanos individuales tienen sentido enla medida en que se reconoce los sociales

y los de identidad.

Con este fundamento en los derechos, laparticipacin aparece como un elementoclave para el ejercicio de la ciudadanaindividual y colectiva. En primer lugar,porque se ampla el reconocimiento deactores ciudadanos, donde se identificaa personas, comunidades, colectivos ynacionalidades como titulares de dere-chos. En segundo lugar, porque relacio-na la participacin con la politizacinde estos actores, que tienen derecho aorganizarse con autonoma e incidir enla orientacin de las polticas y en losbeneficios del llamado buen vivir.

Al tomar en cuenta a las colectivida-des como titulares de derechos el textoreconoce las organizaciones populares

como expresin de la soberana popular y como tal con facultad de intervencinen la poltica pblica en todos los nive-les de gobierno, considerndoles comounidades bsicas de participacin. Lasorganizaciones sociales tienen derechoa reclamar, proponer obras, formularpropuestas de poltica pblica o debatirpresupuestos (ART. 97)

Al ubicar a la economa popular como

parte del sistema econmico, fundamen-ta el rol de las organizaciones econmi-cas populares en la produccin, distri-bucin, financiamiento y provisin deservicios. Por otro lado la relevancia de lasoberana alimentaria, sustenta el rol delas organizaciones de agricultores parala produccin de alimentos. Igualmente



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los derechos ambientales dan un lugarimportante a las organizaciones en elriego, el mejoramiento de los suelos, elcuidado de la biodiversidad.

Es importante el rol de las comunida-des indgenas, en donde se reconoceun abanico de formas y dispositivosdemocrticos ligados a su identidad yejercicio de los derechos colectivos. A lasorganizaciones indgenas se les reconoceformas propias de autoridad y justicia,as como atribuciones en torno a la cul-tura, el desarrollo y medio ambiente. Alinterior de la organizacin estatal se abrela puerta (que en la Constitucin del 98no exista) para que los pueblos indge-nas puedan, en parroquias, municipios

y provincias, decidir mediante consultasus formas propias de autogobierno, conterritorio y presupuesto.

Una de las secciones ms amplias encuanto al tema participativo, tiene quever con la democracia directa, es decircon la consulta, el referndum, la inicia-tiva legislativa y la revocatoria de man-

dato, en donde la Constitucin amplia yfacilita el uso de estos recursos por partede los ciudadanos para incidir directa-mente, sin mediacin de los partidos, endecisiones estratgicas del Estado.

Por otra parte, se abren una serie deinterfases a la intervencin de los actoressociales en la poltica pblica. El textocomprende la participacin en la formu-lacin, ejecucin, evaluacin y controlde las polticas pblicas. Est vinculadoadems, a la apertura institucional parala participacin en relacin con el siste-ma de planificacin, el control social y losconsejos de derechos. Los Consejos degnero, generacional, tnicos, etc.- sondefinidos como instancias orientadas aasegurar la plena vigencia y ejercicio de

los derechos, diferenciadas de las enti-dades rectoras y ejecutoras. Sus faculta-des estn orientadas a la formulacin,observancia, seguimiento y evaluacin depolticas pblicas, aunque se les restafunciones en la decisin de las polticas

y la ejecucin.

Una de las principales innovaciones tieneque ver con la definicin de la planifica-cin y su carcter participativo, dondea los actores de la sociedad les corres-ponde intervenir en todas las fases yespacios de la planificacin. Para ellose prev la instalacin de los Consejosen todos los niveles de gobierno conparticipacin ciudadana. Tambin seinstitucionaliza la participacin en elcontrol social, la fiscalizacin al Estado yla lucha contra la corrupcin, medianteun cuarto poder que tendr el encargobsico de nombrar directivos de unida-des de control (Defensora, Contralora,Fiscala, Superintendencias). Este poderest orientado, entre otras atribuciones,a incentivar la participacin, fomentarpolticas de transparencia, control y ren-dicin de cuentas. Se conforma por ciu-dadanos mediante un concurso de meri-tos y tendr comisiones ciudadanas paraapoyarse en su labor.

Se multiplican las referencias a la par-ticipacin en los temas sectoriales, jve-nes, nios, indgenas, adultos mayores,discapacitados, usuarios y consumido-res, campesinos, barrios, artistas, depor-tistas tienen posibilidades de intervenir

en los asuntos de su inters. Se agregael derecho a la gestin democrtica de laciudad y el ejercicio pleno de la ciudada-na. Es interesante que uno de los temasmas desarrollados tiene que ver con lacomunicacin, a la que se considera unespacio pblico de deliberacin, inter-cambio cultural y cohesin social.



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A nivel territorial recoje las experienciaslocales. Aqu la participacin aparececomo un factor importante para mejorarinversin pblica, formular agendas dedesarrollo, planificar y gestionar el presu-puesto participativo. Reconoce mltiplesinstancias de participacin asambleas,veeduras, observatorios, etc.- e institu-cionaliza la silla vaca para convocar alos ciudadanos en temas que interesan ala ciudadana.

PARTICIPACION, ESTADO YREGIMEN POLITICOEn resumen, la Constitucin del 2008integra y renueva los elementos de partici-pacin que estaban presentes en la cons-titucin anterior. Las principales innova-ciones tienen que ver con la fundamen-tacin conceptual, su afirmacin en unenfoque de derechos, el reconocimientode un pluralismo de los actores, el diseoinstitucional referido a las polticas pbli-cas en los diversos niveles de gobierno,las interfases entre sociedad y Estado atravs de la planificacin, la elaboracinde polticas y el control social. Igualmentese mantiene y amplia las consideracionessobre organizacin popular, mestiza eindgena, integrando diversos canales ydispositivos participativos.

Sin embargo estos avances se producen enel marco de una tendencia de afirmacindel Estado. La relacin que privilegiaba almercado ante el Estado y la sociedad, pro-pia del neoliberalismo, se est modificandoa una situacin donde el Estado recuperasus funciones de rectora. La Constitucinconsolida esta tendencia con una visinde un Estado central fuerte, soberano,que mantiene su carcter centralista, conmuchas atribuciones exclusivas. Ademsmantiene el esquema presidencialista dela constitucin actual.

La afirmacin del Estado, poniendo unfreno al deterior

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