Hacia la privatización de la asistencia sanitaria

U S S , 1 º M e d i c i n a , F a c u l t a d d e M e d i c i n a ( U V )

Hacia la privatización de la asistencia sanitaria

08 Fall

Alejandro Moreno García Ana Ribera Jiménez

Hacia la privatización de la asistencia sanitaria.

Universidad, Salud y Sociedad 2

ÍNDICE 1. Introducción. 2. Colectivización de la asistencia sanitaria. Aproximación a su historia. 3. Principales modelos de colectivización de la asistencia. 4. Marco político y económico en que se inscribe la privatización. 5. ¿En qué consiste el proceso de privatización? 6. Argumentos pro privatización y argumentos contra privatización. 7. Valoración de las ventajas e inconvenientes. 8. Conclusiones. 9. Valoración personal. 10. Bibliografía.



1. Introducción Por su importante peso en el terreno económico, social y político, la sanidad ha sido sometida a lo largo de la historia a cambios evolutivos influenciados por la situación histórica y política del momento. Asegurar la salud de las personas garantizaba la continuidad de las sociedades. Los primeros en destinarse al trabajo sanitario necesitaron organización y estrategia para dar una atención de calidad y llevar a cabo una adecuada interacción de los componentes. Pero, poco a poco, las diferencias ideológicas han intentado adueñarse de un mal llamado producto, que nunca debió ser utilizado de forma lucrativa sino, más bien, como un bien para la sociedad.



2. Colectivización de la asistencia sanitaria. Aproximación a su historia La primera forma de asistencia médica colectivizada fueron las llamadas "sociedades de socorros mutuos". Dichas sociedades, lo venían realizando hermandades gremiales y cofradías desde la Baja Edad Media. En las ciudades, existían organizaciones que ofrecían "médico, cirujano y botica" mediante el pago de una módica cantidad semanal o mensual. Se trata de un sistema equivalente al de las igualas" —difundido en el medio rural—, que no puede equipararse desde casi ningún punto de vista a la moderna asistencia médica colectivizada. A lo largo de medio milenio, los médicos de todos los países europeos se opusieron unánimemente a este tipo de organizaciones, llegando en numerosos casos a conseguir que desaparecieran. Escasos autores se plantearon la necesidad de una organización general más racional y más justa de la asistencia médica. Uno de los más tempranos fue el británico Daniel Defoe. Entre sus propuestas de reforma social se encuentra la creación de un organismo encargado de atender las necesidades de los pobres, no mediante el recurso a la beneficencia, sino sobre la base de la aplicación de un seguro obligatorio (1697). Defoe criticó el sistema entonces existente por ineficaz, injusto y poco rentable. La Ley de beneficencia inglesa había confiado a las parroquias la responsabilidad de organizar la asistencia médica para los indigentes. Más penetrante y fundamentado es el proyecto que pocos años más tarde, en 1714, expuso John Bellers (1654-‐1725), Su punto de partida fue un análisis de los aspectos socioeconómicos de la salud y la enfermedad de acuerdo con los supuestos mercantilistas: la enfermedad y la muerte son una pérdida de recursos humanos, de forma que la salud de la población ha de ser considerada como un factor tan importante para la colectividad que no puede abandonarse a la incertidumbre de la iniciativa particular. Es necesario, por tanto, crear hospitales y laboratorios que, junto a funciones asistenciales, desempeñen el papel de instituciones docentes y de investigación, bajo la supervisión general de un centro sanitario nacional. Este tipo de propuestas no se limitó a Inglaterra. En 1754, por ejemplo, el filántropo francés Claude Humbert Piarron de Chamousset (1717-‐1773) publicó un plan que comprendía el proyecto detallado de un seguro médico. La organización por él imaginada proporcionaría a sus miembros, a cambio de una cuota mensual, asistencia médica domiciliaria y hospitalaria, así como los medicamentos. La inscripción de los obreros y también de los criados debería ser realizada de modo obligatorio por sus patronos. Los médicos y cirujanos serían contratados por la organización y retribuídos con un sueldo fijo. Chamousset llega a detalles muy concretos: deberían ser archivadas cuidadosamente historias clínicas de todos los pacientes y las prescripciones medicamentosas o dietéticas tendrían que ir firmadas por los médicos. Naturalmente, ninguna de estas propuestas llegó a ser llevada a la práctica. La función histórica que desempeñan no carece por ello de importancia. Como un



capítulo más del reformismo social y médico de la Ilustración, cumplieron una necesaria fase "utópica" que ofreció una alternativa a la asistencia caritativa o benéfica. Las "sociedades de socorros mutuos" del siglo XIX, en la Europa burguesa, liberal e industrializada del siglo XIX, se dieron condiciones que transformaron radicalmente el carácter de las viejas asociaciones gremiales o de cofrades. Entre la asistencia que cubría el ejercicio libre de la profesión médica y la asistencia benéfica para los oficialmente miserables, se abrió camino una tercera fórmula, destinada en principio a los obreros industriales de las ciudades, sobre la base de seguros voluntarios. Las primeras asociaciones de este tipo aparecieron, como era de esperar, en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII, cuna de la revolución industrial. La existente en Gnossll (Staffordshire) en 1766 fue una de las más antiguas "friendly societies", término que, como vamos a ver, se tradujo en la España del siglo XIX por "sociedades de socorros mutuos" y también por "sociedades filantrópicas". Rosen calcula que en 1801 existían ya más de siete mil en Inglaterra y Gales con un total de 600.000 a 700.000 miembros, número que en 1874 había ascendido a unos cuatro millones de asociados. Parecida fue la evolución en otros países europeos industrializados. En la España del siglo XIX subsistieron, en primer término, restos de las hermandades gremiales y de las cofradías, que no hay que confundir con las nuevas asociaciones. a partir de los años centrales comenzaron a aparecer "sociedades de socorros mutuos" que proliferaron de modo especial en Cataluña, donde llegaron a funcionar varios centenares. En las áreas urbanas no industrializadas apareció casi al mismo tiempo otro tipo de asociación que reclutó sus miembros principalmente entre los empleados y comerciantes modestos y entre los artesanos. La actitud de los médicos españoles ante el desarrollo de tales asociaciones fue de cerrada oposición. Se habló ya de la dignidad y del interés de la profesión sobre la base de que los servicios del médico a la humanidad doliente no tienen precio. La legislación relativa a los dos tipos de asociaciones existentes fue extraordinariamente imprecisa e incluso contradictoria a lo largo del siglo. Las "sociedades de socorros mutuos" fueron en más de una ocasión suspendidas por su relación con el asociacionismo obrero. Por otra parte, no se exigieron garantías claras para que las de carácter comercial no se convirtieran en una auténtica estafa para médicos y enfermos. Los médicos se dirigieron continuamente a los poderes públicos, tanto para intentar reducir las primeras como para cortar los abusos de las segundas. La culminación de estas gestiones fue un par de artículos de los estatutos de los Colegios de Médicos de 1898 que proponía trabas tan exageradamente estrictas para las asociaciones que, una real orden dispuso en 1901 que careciesen de validez. En contraste con el escaso desarrollo español en este terreno, el resto de la Europa occidental había entrado ya por aquellas fechas en una nueva era, cuyo directo origen había sido el sistema alemán de las "Krankenkassen".



3. Principales modelos de colectivización de la asistencia En 1884 el canciller prusiano Bismarck creó en el Imperio Alemán el primer sistema moderno de seguridad social. algunos rasgos básicos de las circunstancias en las que se produjo tan importante acontecimiento. El primer hecho que hay que tener en cuenta es el peculiar desarrollo que en los estados que luego formaría el Imperio Alemán alcanzaron durante el siglo XIX las asociaciones obreras de socorros mutuos. Organizadas sobre una inscripción voluntaria, fueron evolucionando a otra de carácter obligatorio. Bismarck concibió el plan de un seguro unificado y centralizado como una medida más de su actividad política. Tras presentar al parlamento dos proyectos que fueron rechazados por la oposición tanto de los liberales —que representaban los intereses del capital privado— como de los socialdemócratas, volvió a presentar en 1884 una tercera propuesta con notables conce¬siones, que fue finalmente aprobada gracias al apoyo de los centristas católicos. Por las concesiones a las que se vió obligado en su forcejeo político, Bismarck tuvo que renunciar a su idea original de un seguro unificado y centralizado que incluyera tanto el proletariado agrícola como el industrial. El sistema finalmente implantado fue una solución de compromiso. Se respetaba la autonomía de las distintas cajas del seguro o "Krankenkassen" (literalmente "cajas de los enfermos", reservándose únicamente el Estado la supervisión. El logro fundamental de Bismarck, aparte de la extensión de la obligatoriedad, fue mantener un subsidio estatal equivalente al venticinco por ciento de los gastos, que se sumaba a las cuotas de los obreros y de los patronos. Aunque dentro de una fórmula de compromiso, el gasto público superaba el nivel de la mera beneficencia. El sistema de las "Krankenkassen" se ha mantenido en Alemania hasta la actualidad. Por otra parte, fue adoptado antes de la primera guerra mundial por países como Austria (1888), Hungría (1891), Luxemburgo (1901), Noruega (1909), Suiza (1911) y la misma Gran Bretaña (1911). Mientras la Europa occidental industrializada desarrollaba en sus áreas urbanas las asociaciones que conducirían al sistema de las "Krankenkassen", la Rusia agrícola que estaba saliendo de una estructura feudal creó otro de los modelos básicos de la asistencia colectivizada. En 1864, el gobierno zarista fundó una organización para asistir médicamente a los distritos rurales. Se trata del llamado sistema "zemstvo' (gobierno o consejo civil provincial) porque su administración dependía de dicha estructura gubernativa. Las autoridades correspondientes contrataban médicos, cuyos honorarios eran pagados con los fondos públicos procedentes de los impuestos. También se encargaban de la construcción y del mantenimiento de los hospitales rurales y de distrito, y al mismo tiempo de la organización de los estudios sobre salud pública y de la medicina preventiva. El sistema "zemstvo"' fue la base de la organización de la asistencia en la Unión Soviética. Los historiadores de la medicina soviéticos así lo reconocen, subrayando que el propio Lenin tuvo en gran aprecio sus contribuciones. Fue, en efecto, el



antecedente inmediato de dos características sustanciales de la asistencia soviética: la estatalización como fórmula económica para subvenir a todos los gastos y el extraordinario relieve concedido a la medicina preventiva. En el nuevo contexto socieconómico y político posterior a la revolución, la asistencia soviética se organizó sobre la base de la división en tres servicios diferentes: uno materno infantil, otro de medicina curativa para adultos y un tercero de higiene o salud pública. Este reparto se aplicó también a la estructura de la profesión médica, que fue dividida en cuatro carreras in-‐dependientes desde el primer año de estudios: terapeuta, pediatra, higienista y odontólogo. Tanto la enseñanza como la asistencia dependen del Ministerio de Sanidad, mientras que la investigación médica funciona separadamente en los institutos controlados por la Academia de Medicina. Gran Bretaña, como cuna de la revolución industrial, tenía la más antigua tradición europea en el terreno de las sociedades de socorros mutuos. creó el primer servicio moderno de medicina preventiva, que sirvió de modelo al de los demás países. Estas dos circunstancias, unidas a otras igualmente favorables de carácter médico, socieconómico y político, hacen que no resulte extraño que el Reino Unido haya alcanzado un lugar de excepcional relieve en la historia de la medicina colectivizada. A principios del presente siglo, la presión de las organizaciones obreras y las contradicciones existentes entre los servicios de medicina preventiva y la ley de beneficencia de 1834 condujeron en 1905 al nombramiento de una comisión cuyos miembros se repartieron cuatro años más tarde entre un informe mayoritario" y otro "minoritario", que disentían en puntos de transcendencia. El informe de la minoría, debido fundamentalmente a Beatrice Webb, proponía un servicio médico unificado, dirigido por un departamento nacional sanitario como parte de un sistema de seguridad social. Era prácticamente la fórmula que se impondría cuarenta años más tarde, conduciendo a la fundación del National Health Service (Servicio Nacional de Salud). El informe de la mayoría era de carácter más ecléctico y condujo a la ley de 1911, que introdujo en Gran Bretaña un sistema similar al prusiano de las "Krankenkassen". Otra recomendación de la comisión fue la base de la creación en 1919 del Ministerio de Sanidad, el primero en su clase del mundo, que centralizó los problemas asistenciales y preventivos dependientes hasta entonces de otros departa¬mentos, así como todas las cuestiones relacionadas con la educación médica. La personalidad más destacada entre los que redactaron el informe de la mayoría era William Beveridge (1879-‐1963. Las circunstancias creadas por la Segunda Guerra Mundial en el país ofrecieron una ocasión favorable para emprender la reforma radical cuya necesidad se desprendía de todos esos estudios. En 1941 fue nombrado un comité bajo la presidencia de Beveridge, que al año siguiente presentó su célebre informe Social Insurance and Affied Services (Seguridad social y servicios afines). En él se proponía la creación de un National Health Service (Servicio Nacional de Salud), que "procurará asistencia preventiva y curativa completa a todo ciudadano sin excepción, sin límite de ingresos y sin barrera económica en cualquier aspecto que significaría entorpecerla".



en julio de 1948 comenzó a funcionar dicho servicio nacional, que se ha convertido en el modelo de los sistemas de asistencia médica colectivizada en el mundo occidental, del mismo modo que la estatalización soviética lo es para el oriental. Los Estados Unidos son el principal país que se ha quedado prácticamente al margen de esta corriente histórica, convirtiéndose en el ideal de los que se oponen a la colectivización de la asistencia médica. Los primeros intentos de introducir en los Estados Unidos seguros obligatorios de enfermedad se realizaron en la década entre 1910 y 1920, dentro de un movimiento de reformas sociales que se extendió a los aspectos sanitarios. La implantación en Gran Bretaña del sistema de las "Krankenkassen" actuó de estímulo inmediato y en 1912 el movimiento lanzó el "slogan" siguiente: "Seguro de enfermedad: próxima conquista del progreso social". Tras unos pocos años de brillante actividad, el movimiento fracasó estrepitosamente ante la oposición cerrada de los mismos poderosos grupos que han impedido hasta el momento todo progreso importante en este campo: el gran capital y las asociaciones médicas profesionales. Los capitalistas se opusieron, en primer término, como empresarios que veían que el proyecto significaba un aumento de los gastos. En segundo lugar, por el perjuicio que significaba para el gigantesco y lucrativo negocio de las compañías de seguros. Las razones de la enemiga de la profesión médica fueron, en un principio, la disminución de los ingresos profesionales, la pérdida de libertad en el ejercicio y la posibilidad de una sobrecarga de trabajo burocrático. Muy pronto, sin embargo, estas desnudas razones fueron recubiertas por argumentos más elaborados y rebuscados, que a partir de 1920 son esgrimidos por laAmerican Medical Association. En completa contradicción con la realidad de un país que posee uno de los más altos niveles medios de vida y una de las medicinas científicas más desarrolladas del mundo, desde el Informe Sanitario Nacional de 1935 36 se conocen cada vez con más precisión las exageradas proporciones que alcanza en los Estados Unidos la llamada "desigualdad humana ante la enfermedad y la muerte". El ingreso económico familiar que separa a los ricos de los pobres señala el límite entre dos mundos totalmente distintos desde el punto de vista de las estadísticas sanitarias. Las familias que no llegan a dicho ingreso padecen casi el doble de enfermedades crónicas que las que lo superan y un elevado porcentaje adicional de padecimientos que suponen in¬capacitación. En las clases y minorías sociales más bajas las tasas de mortalidad y morbilidad son las propias de los países subdesarrollados del mundo. Esa extremada desigualdad pesa en las cifras medias del país, cuyos indicadores sanitarios no están a la altura de su gran desarrollo económico, técnico y científico. El débil desarrollo que en la España del siglo XIX alcanzaron las "sociedades de socorros mutuos". Su repercusión en nuestro país quedó reducida a la fundación en 1908 del Instituto Nacional de Previsión, como mero organismo promotor de un sistema de seguros voluntarios que fuese preparando la posterior introducción de otros obligatorios. Aunque un Real decreto de 1910 preveía la fundación de seguros populares con cajas autónomas según el modelo alemán, en la práctica no se llegó a nada semejante a lo alcanzado en otros paises europeos. Durante el perído de entreguerras, se mantuvo básicamente el retraso español al que acabamos de aludir. Un factor que influyó en este sentido fue la existencia de



una buena organización de la profesión médica, que supo imponer eficazmente sus puntos de vista contrarios a la colectivización de la asistencia, que recibieron, también aquí, el apoyo de las compañías comerciales de seguros. Sus únicos contrapesos en las esferas oficiales fueron la presión de los movimientos obreros. Ambos factores motivaron que en 1919 se preparase un plan de seguros sociales que debía desarrollar el Instituto Nacional de Previsión. La fuerza de la profesión médica quedó demostrada al aceptarse la reivindicaciones de sus representantes en la organización del seguro de maternidad (1929), segundo implantado por el Instituto tras el de retiro obrero (1919). Durante el período republicano se creó el seguro de accidentes del trabajo (1932) y se proyectó una coordinación de los distintos tipos de seguro, tarea en la que trabajó el Instituto Nacional de Previsión durante 1934 y 1935. Pocos días antes de iniciarse la guerra civil, se aprobó el seguro de enfermedades profesionales, quedando en estudio un proyecto de ley para introducir el seguro obligatorio de enfermedad. Terminada la contienda, se implantó el sistema de seguros que había previsto el Fuero del Trabajo de 1938. Aparte de desarrollarse el aparato legislativo de los seguros ya establecidos, en 1942 creó el seguro obligatorio de enfermedad. Cuando comenzó a funcionar dos años más tarde, afectaba únicamente a trabajadores de los sectores industrial y de servicios con salarios muy bajos. Incluyendo a asegurados y beneficiarios, protegía unos siete millones de personas, es decir, algo más de un cuarto de la población española. Las características del sistema, inspirado en parte en el de la Italia fascista, corresponden a grandes rasgos a las del alemán de 1884. Los sesenta años transcurridos expresan de modo elocuente el desfase existente. En los años sucesivos, el seguro obligatorio de enfermedad fue ampliándose desde todos los puntos de vista. A partir de los años sesenta comenzó a tomarse como modelo el National Health Service británico y sus variantes en otros países. Tras la implantación del régimen democrático, la reorganización se ha inspirado en dicho modelo, del que se ha tomado incluso el nombre, como sucede en el Servei Valenciá de la Salut. Las gravísimas deficiencias que hoy tiene nuestra asistencia médica pública, entre otras causas, por la falta de investigaciones médicosociales en nuestro país y la escasez de auténticos especialistas en este área, son esgrimidas contra la colectivización por los que siguen oponiéndose a ella. A los argumentos tradicionales frente a la misma se han sumado los procedentes de quienes predican el final próximo de la llamada "sociedad del bienestar", basándose en las insuperables dificultades económicas que va a implicar el mantenimiento de los sistemas de seguridad social. En este contexto, se está efectuando un gran lanzamiento publicitario de los seguros privados, como si se tratara de una novedad y no de una vieja fórmula de explotación comercial de significación inequívoca. Resulta chocante el frecuente uso de una retórica de carácter ético por parte de los que se empeñan en seguir desconociendo la decisiva conquista moral que es el derecho de cualquier ciudadano a ser asistido en caso de enfermedad.



4. Marco político y económico en que se inscribe la privatización

Orígenes y líneas generales del capitalismo neoliberal La forma neoliberal del capitalismo, de un capitalismo en crisis, se inaugura en 1973 con el Golpe de Pinochet en Chile para imponer a sangre y fuego las recetas de la Escuela de Chicago, entre ellas la privatización masiva de los servicios públicos. En Europa Occidental, es en Gran Bretaña en 1976 donde el primer ministro laborista J. Callahan pide un préstamo al FMI que le es concedido a cambio de recortes drásticos en el gasto público y privatizaciones. En 1979 con M. Thatcher el proceso se acelera. La derrota de la huelga minera de 1984-‐85 y la responsabilidad de las direcciones sindicales en la misma es emblemática del comienzo de un proceso de retrocesos en la lucha de clases que no ha hecho más que recrudecerse hasta nuestros días. Las líneas maestras del capitalismo neoliberal son: déficit público cero, desfiscalización de las rentas del capital, gran disminución del gasto público en servicios sociales, privatizaciones, deslocalización del capital y duras contrarreformas con recortes progresivos de derechos laborales y sociales.

La Transición en el Estado español y la estrategia del despiste. Reforma y contrarreforma La expansión de las políticas neoliberales y su correlato de ataques a conquistas sociales fundamentales coincidió con la Transición española, época en la que para el capitalismo era prioritario legitimar ante los pueblos la reforma política de la dictadura. �Se diseñó un proceso lento, pero demoledor, desde los grandes medios de comunicación de deslegitimación y crítica de lo público por ser despilfarrador, burocrático, ineficiente, sostenedor de privilegios funcionariales, etc. Una decisión premonitoria. El Conseller de Sanitat del Govern Provisional de la Generalitat de Catalunya (PSUC) ante una sanidad pública muy poco desarrollada (25%) y una sanidad privada en bancarrota, en lugar de incluir el personal y las instalaciones de esta última en el sector público, subvencionó su reflotamiento para a continuación concertar con ella la asistencia sanitaria. Tres leyes clave para la sanidad, ampliamente demandadas desde la lucha contra la Dictadura, nacieron castradas en sus planteamientos de avance en el desarrollo de recursos públicos y control social: la Ley General de Sanidad (1986), Ley del



Medicamento (1990) y Ley de Prevención de Riesgos laborales (1995), antes de Salud Laboral. �

El guión privatizador: confundirse con el paisaje En 1989 se publicó en Gran Bretaña Working for Patients, libro blanco para la privatización del servicio público de salud más importante de Europa Occidental. Este informe que parte del mantenimiento de la financiación pública y de la gratuidad del servicio, fue todo un programa para la mercantilización y la gestión empresarial de la asistencia sanitaria. Con el mismo objetivo el Congreso de los Diputados crea en 1990, con mayoría absoluta del PSOE y el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto BNG e IU, crea una Comisión para la reforma del sistema sanitario presidida por el empresario franquista Abril Martorell. Si bien la potente reacción popular impidió la introducción del co-‐pago que preconizaba, las medidas presupuestarias y organizativas preparatorias de la privatización se fueron introduciendo una tras otra, independientemente del color del partido en el gobierno del estado o en las CC.AA. La estrategia que se impuso con carácter general es desmontar el sistema poco a poco, fragmentarlo para privatizar todo lo rentable e imponer en todos los servicios sanitarios públicos la gestión empresarial, es decir objetivos de ahorro y rentabilidad económica: se privatizaron servicios de limpieza, cocinas, mantenimiento, lavandería, seguridad, archivo de historias, laboratorio, radiología, etc. Se introdujo masivamente la precariedad entre los trabajadores de la sanidad. De forma lenta, pero sistemática se fueron reduciendo plantillas y camas públicas, al tiempo que se extendía la concertación de las intervenciones quirúrgicas con la sanidad privada... La hegemonía ideológica se impuso casi sin resistencia por los profesionales que aceptaron como modernización y cambios técnicos transformaciones estructurales en la organización y administración económica de los servicios tales como: separación entre la financiación siempre pública y la gestión y provisión de servicios que podía ser pública o privada; el contrato programa, la cartera de servicios, el coste por proceso, etc, que evalúan y financian los servicios en función de objetivos de actividad y no de mejora de la salud de la población. La supuesta eficiencia empresarial por el ahorro en el coste del tratamiento (menos estancia media, menos personal, etc) va de la mano del aumento exponencial del gasto sanitario y el deterioro de la calidad: se incrementan los reingresos, se dispara el gasto farmacéutico, aumentan las demandas por errores médicos o mala práctica, se ocultan los indicadores que permitirían evaluar la calidad de la atención en función de objetivos de salud, etc.



La entrada directa del capital privado en la sanidad La Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada en el parlamento estatal por PP, PSOE, PNV, CiU y CC establece que todo hospital, centro socio-‐sanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en derecho; es decir, permite la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de servicios. La Directiva Bolkestein de la UE, que va aprobándose a trozos, impone la privatización de todos los servicios sociales y la condición de que las empresas de otros países europeos no tengan que someterse a la normativa laboral y de control de calidad del país en el que actúen sino a la del país del que procedan. Las modificaciones realizadas en el Estatuto Marco han ido sistemáticamente dirigidas al recorte de derechos laborales. Algunos parlamentos autonómicos han ido desarrollando normativas que abren cada vez más el margo legal de la privatización sin freno alguno, ni por parte del Ministerio de Sanidad, de la Tesorería de la Seguridad Social o Ayuntamientos en cuyo suelo se ejecutan las iniciativas sanitarias y socio-‐sanitarias privadas. En este escenario es en el que se produce la ofensiva privatizadora actual, que tiene carácter general, aunque los ritmos de avance están modulados por la rentabilidad para el capital de cada servicio en cada lugar y sobre todo por la oposición popular.



5. ¿En qué consiste el proceso de privatización? �Desde hace algunos años estamos asistiendo, como espectadores pasivos, a una serie de hechos relacionados con la sanidad publica y que ahora están teniendo explicación en la privatización de los servicios sanitarios. La sanidad como servicio publico es deficitario económicamente, entre otros motivos por sustentarse sobre la equidad y la solidaridad, pero por otro lado como tiene por definición un carácter universal (es para todos), es objeto de deseo por parte de políticos y empresarios que ven en ella una fuente inagotable de ingresos (todo el mundo necesitará asistencia sanitaria en algún momento). Todos nosotros en algún momento hemos calificado de ineficaces los servicios sanitarios, basándonos principalmente en su lentitud y en las largas listas de espera que hay como consecuencia de esta lentitud. Como solución a este problema los profesionales han propuesto el aumento de las plantillas y de las estructuras, pero dado su alto coste económico las autoridades nos han dado como solución la cesión a sectores privados de aquellos servicios sanitarios mas rentables (radiología, cirugía de corta estancia...). Esto tiene un coste a medio y largo plazo, muy superior, como se ha comprobado en otros países. Actualmente en la Comunidad de Madrid se esta produciendo la privatización progresiva de los servicios sanitarios, que ha comenzado por los nuevos hospitales. La propiedad y gestión de éstos nuevos hospitales es privada, y todos los madrileños los alquilaremos por un periodo de 30 años, pagando un precio muy superior al que ha supuesto su construcción. Las empresas propietarias de éstos hospitales cuyo alquiler se paga con nuestros impuestos esperan obtener unos beneficios que oscilan entre el 15 y el 25 % de lo invertido. Esta privatización, ya no encubierta pero si ocultada por los medios y por la administración, ha continuado con los Centros de Especialidades de Pontones y Quintana, y a no mucho tardar se ampliara con otros Centros de Especialidades y Centros de Salud , que según la nueva zonificación sanitaria pasaran a depender de los nuevos hospitales, ya citados. Se ha abierto la veda y el gran negocio de la salud ya esta en marcha. Con nuestro dinero y sobre todo con nuestra salud, algunos intentan conseguir grandes beneficios económicos, y si no hacemos nada lo van a conseguir. La protección de la salud es un derecho, y es nuestro deber defender su universalidad, equidad, y solidaridad.



6. Argumentos pro privatización y contra privatización

PRO-‐PRIVATIZACIÓN 1. No intervencionismo del estado. La actualidad económica demuestra que el

modelo económico mas eficiente, es decir, aquel con una gestión de sus recursos más óptima, hoy en día esta respaldado por una liberalización completa de todos los mercados. Como ejemplos están los de las grandes empresas, cualquiera, es indiferente. Incluso pequeñas empresas, si están bien gestionadas perduran en el tiempo. Si extrapolamos este ejemplo a la sanidad y la entendemos como un mercado, se podría demostrar como una gestión privada ofrecería mejores resultados económicos, reduciendo costes no a partir de la calidad (porque si no los pacientes se irán al hospital de enfrente), sino manteniendo una relación calidad-‐precio adecuada. Es el principio básico de cualquier empresa que quiera funcionar: mantener contentos a sus “clientes”.

2. Libertad. Como personas libres se debería tener la capacidad de elegir qué cantidad de los recursos se quieren dedicar a la salud y a las necesidades en general, y no que estos vengan impuestos desde organismos oficiales que consideren que eso es lo óptimo o lo recomendable o lo exigible para la persona.

3. Liberalizar no es privatizar. Una sanidad totalmente intervenida por el estado en la que todos y cada uno tiene los mismos derechos y obligaciones en igualdad de condiciones y en la que la moneda de cambio no existe esta condenada al fracaso. Otros ejemplos en la historia lo demuestran. Por tanto, si el modelo sanitario se trasladase a todos los ámbitos de la sociedad, vivienda entre otros, se haría todo insostenible económicamente y se tendría que pensar en otros modelos de gestión. Esta pregunta es el ejemplo práctico: ¿nos imaginamos todos viviendo en la misma casa o en la casa que nos han asignado? Por tanto, privatizar la sanidad puede llevarse a cabo siempre y cuando se establezcan unas condiciones éticas que regulen dicha privatización (ayudas para rentas bajas, ayudas para personas más usuarias del sistema sanitario, ancianos, niños, embarazadas, enfermos crónicos...), a través de becas préstamo, bonificaciones por familia numerosa, por joven, etc.

4. Hipocresía. ¿Hasta qué punto es cierto que una persona con mayores recursos económicos no es capaz de obtener una mejor o más óptima asistencia sanitaria? Es triste, pero como bien se dice popularmente: “amb diners, carxofes”.



CONTRA-‐PRIVATIZACIÓN 1. Inmovilismo: El principal argumento en contra es que ¿por qué cambiar algo

que ya funciona y lo lleva haciendo durante tantos años? 2. Socialismo: Se podría continuar estableciendo el supuesto de que el Estado

quiere el bien común para sus ciudadanos, y que por tanto el modelo de sanidad pública sería el más equitativo. No hay cabida para las diferencias sociales en temas sanitarios.

3. Negocio lucrativo: La sanidad no debería ser un punto a partir del cual se obtengan beneficios. No puede considerarse un bien de consumo, sino que debería verse como un derecho, algo básico de lo que nadie pueda extraer ganancias a costa de reducir el presupuesto en pruebas o tratamientos que aportarían mayor calidad a la atención del paciente.

4. Diferencias sociales: Sanidad igual para todos. El hecho de ganar más dinero no puede influir en la calidad de la sanidad que voy a recibir, y mucho menos en no poder acceder a un determinado tratamiento por no poder costearlo. Por ello, un modelo privatizado no abarcaría a toda la población, ya que dejaría fuera a todos aquellos estamentos de bajo poder adquisitivo, estableciéndose así una relación directamente proporcional entre recursos económicos y sanidad.

5. Objetivos mínimos: De nuevo volvemos al punto de ver la sanidad como una empresa privada cuyo objetivo primordial es obtener unos beneficios gracias al cumplimiento de objetivos. No se puede entender la sanidad así; ¿visitar 40 pacientes al día para rentabilizar al máximo las horas de los profesionales sanitarios? ¿qué hay de la calidad?



7. Valoración de las ventajas e inconvenientes

Ventajas teóricas 1. En este momento de crisis el sector privado aporta financiación y capacidad

de gestión (pretendidamente más eficaz que la llevada a cabo en el sector público).

2. En las autonomías la inversión sanitaria ha caído hasta el 40 %. 3. Hay servicios que requieren grandes inversiones (radioterapia, diagnóstico

por imagen o laboratorios) por lo que de no recurrirse al sector privado serán difíciles de mantener.

4. Los conciertos permiten a la red pública conseguir sus objetivos de equidad, accesibilidad, reducción de listas de espera o cumplimiento de tiempos máximos de espera en determinadas patologías.

5. El sistema de mutuas permite mantener la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud con un gasto per capita menor.

6. Las concesiones permiten mayor control del gasto, realizar inversiones en infraestructuras en un entorno de dificultades financieras.

7. El gobierno que externaliza paga por servicios prestados, se reducen las inversiones y a efectos contables, el déficit (muy importante en términos electoralistas o para obtener financiación mediante emisión de deuda).

8. Se busca la mayor eficiencia del sector privado, la contención de los costes, la aceleración de los plazos de entrega así como el respeto por los compromisos económicos, todo ello mediante la transferencia de riesgo (por ejemplo, en caso de sobrecostes, sería la empresa privada y no la administración la que los afrontaría).

9. El argumento principal a favor de los PPP es que ofrecen un mejor valor al dinero invertido que su equivalente del sector público, principalmente por la asignación del riesgo y valor del dinero, siendo este último el criterio clave para decidir si transferir el riesgo o no

10. El sector privado construye el hospital y presta el servicio más rápido que el sector privado por lo que frecuentemente el plazo entre la decisión y la inauguración del hospital ocurren dentro de la misma legislatura. La administración de ese momento obtiene el rédito político y sin embargo son las administraciones venideras las que correrán con el gasto.

Desventajas 1. La competencia entre agentes privados supone en teoría ventajas en precios. 2. Sin embargo existe el riesgo que se de oligopolio: pocas empresas privadas

en el sector hacen que los precios se mantengan altos y se dificulta la entrada de nuevos competidores.



3. Ejercerían mayor presión sobre la administración para modificar contratos o precios.

4. En España existen pocos proveedores y se están concentrando. 5. En estos momentos la Administración tiene problemas para pagar. ¿puede

darse el caso de que una empresa privada de salud niegue el servicio por no recibir el pago acordado?

6. ¿Y si quiebra una empresa? Hay que prever una situación en la que no existan medios para la atención médica que debería estar dando el sector privado.

7. No se suele hablar de lo que ocurre con el personal que trabaja en hospitales que se privatizan. ¿Nuevas condiciones?



8. Conclusiones La conclusión es que es un debate muy complejo en el que entran en juego muchos factores a tener en cuenta, no solo el económico o el ético, y en el que se debería hablar de números exactos que objetivamente demuestren qué modelo es más óptimo. Seguramente serían capaces de funcionar los dos si la ética existiese, pero esa es una situación un tanto utópica. Esa misma ética que se defiende en la sanidad para todos y que haría que nadie quisiese lucrarse de los beneficios obtenidos por un negocio como la sanidad, una sanidad que no está hecha actualmente como negocio, una sanidad en la que "nadie gana dinero", una sanidad "ética".



9. Valoración personal La sanidad, como todos los servicios públicos, es deficitaria por naturaleza. Al ser gratuita, no produce beneficios económicos; y al estar cada vez más tecnificada y desarrollada, es cada vez más cara. Los gobiernos, sin ingresos procedentes de la sanidad, tienen que hacer frente a un gasto sanitario (en métodos diagnósticos, tratamientos, sueldos de profesionales, etc.) cada vez mayor, ya que a su vez la población crece. Además, la sanidad pública es una fuente de conflictos constantes para esos gobiernos. La ciudadanía protesta por su ineficacia, por las listas de espera… y los profesionales de la sanidad protestan por la escasez de personal, la precariedad de sus condiciones laborales, la masificación de sus servicios, etc. En los últimos años, los gobiernos estatales y regionales han encontrado la manera de librarse de ambos problemas, el económico y el de la conflictividad social: ceder la gestión de la sanidad pública a empresas privadas (constructoras, bancos, multinacionales, empresas de capital riesgo, aseguradoras, etc.), pagándoles un dinero fijo que depende del tamaño de la población atendida para que se hagan cargo de la atención sanitaria de esa población. Pero las empresas, obviamente, entran en el negocio esperando obtener beneficios. El problema es que (de momento) la sanidad pública sigue siendo gratuita, no genera beneficios, por lo que las empresas sólo tienen una forma de ganar dinero: ahorrar parte del dinero que reciben de los gobiernos. Es entonces cuando las empresas comienzan a incentivar al personal sanitario para que solicite menos pruebas diagnósticas a sus pacientes, para que les prescriba tratamientos más baratos, para que reduzca la duración de sus bajas laborales, para que envíen menos pacientes al hospital, para que los pacientes permanezcan menos tiempo hospitalizados, para se hagan menos revisiones,…etc. Es entonces cuando, para que las empresas aumenten sus cuentas de beneficios, la calidad de la atención que recibimos los ciudadanos empeora. Y es por eso que las empresas contratan a menos personal de limpieza, a menos personal administrativo y de informática, prescinden de celadores y auxiliares, disminuyen la contratación de enfermeras y médicos, y precarizan al máximo las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad. Los gobiernos se quitan un problema de encima privatizando la sanidad. Empresas sumidas en la crisis global reflotan gracias a su entrada en un mercado inagotable (todo el mundo es potencialmente cliente de su negocio porque todo el mundo necesita la sanidad en algún momento). El dinero entra a espuertas en los despachos de las grandes multinacionales. Pero los usuarios de la sanidad vemos cómo cada vez hay menos personal sanitario, como la atención que se nos brinda es peor, cómo tenemos que esperar mas, cómo se nos racanean pruebas, tratamientos, días de



estancia en el hospital, cómo cada vez conocemos menos a nuestros terapeutas porque éstos cambian de puesto, desaparecen, son trasladados a otros servicios, etc. Asistimos a un momento histórico, en el que el derecho a la atención sanitaria universal, gratuita, y en igualdad de condiciones, que conquistaron nuestros antepasados, está siéndonos arrebatado para engordar las cuentas de resultados de un puñado de empresarios.



10. Bibliografía https://dempeusperlasalut.wordpress.com/2011/01/29/inglaterra-‐el-‐final-‐del-‐nhs/ http://jessferro.blogs-‐r.com/weblog/ver-‐post/la_calidad_asistencial_baja_con

http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n6/5_mercantilizacion.pdf http://www.eldiario.es/sociedad/Breve-‐historia-‐privatizacion-‐sanitaria-‐Espana_0_140686652.html

http://www.historiadelamedicina.org/Fundamentos/8_5.html http://www.lavanguardia.com/internacional/20130106/54358647235/claroscuros-‐del-‐modelo-‐de-‐privatizacion-‐britanico.html

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Hacia la privatización de la asistencia sanitaria