La Inseguridad Social en Honduras

El tema de la Inseguridad social en Honduras, no es una controversia de hoy y de ayer, es una temática que ha venido preocupando a la población entera en el transcurrir de los años. Vivimos en una sociedad donde hablar sobre la muerte, la delincuencia y el narcotráfico es más que normal, puesto que es lo que hoy en día nos rodea. La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que inquieta a ricos, pobres, empresarios, políticos, religiosos y a la población en general, a toda hora siempre hay algo que comentar sobre la inseguridad en el país.

Las consecuencias de la inseguridad han ocasionado que el temor y la ansiedad se apodere de los hondureños y extranjeros, donde tenemos la casa por cárcel y prácticamente nos hemos auto decretado toque de queda por temor a ser asaltados o perder la vida a manos de un delincuente, las relaciones con nuestros vecinos han disminuido porque ya no se puede hablar en las aceras o calles, la comunicación es de ventana a ventana y entre rejas; muchos centros de enseñanza nocturna han cerrado sus puertas, después de las seis de la tarde ya ni siquiera en vehículo se puede transitar, la población permanece en permanente zozobra, han quedado pocas pulperías, ya no se puede dormir tranquilamente, en fin nuestras vidas se acortan cada día por vivir secuestrados por la ansiedad, nuestras emociones, nuestra mente y corazón ya no son los mismos de antes obviamente el desgaste es mayor, producto del permanente temor y nerviosismo.

Separadamente de las consecuencias personales la inseguridad aleja los turistas, por mucho que se diga no nos pueden engañar, miles de voluntarios ya no quieren venir a nuestro país, brigadas de jóvenes y adultos norteamericanos y europeos temen venir después de las noticias que han recorrido el mundo ubicándonos como uno de los países más violentos, somos pobres debemos reconocer que necesitamos de la ayuda externa pero para disfrutar de ella tenemos que proporcionar seguridad a quienes nos visitan y que vienen de lugares donde se puede transitar por las calles a cualquier hora, estamos viviendo las consecuencias de algo cuyas causas se debieron combatir desde hace años, la violencia institucionalizada en los países llamados tercermundistas no es más que el producto de la pobreza, miseria, desigualdad, corrupción, inseguridad jurídica, pésimos gobiernos y tantos males sociales que nos han acompañado a lo largo de las últimas décadas.

La desconfianza ha alcanzado niveles importantes en nuestro país, donde la inseguridad se traduce en “miedo al otro”. El otro no es un ciudadano con el que se comparte preocupaciones comunes, sino un extraño y un posible agresor. El nivel de confianza en las personas es menor en la medida en que el individuo ha sido víctima de la inseguridad. En la medida que la persona es sujeto de más situaciones de victimización, se recalca el sentimiento de desconfianza y la percepción que: “mejor hay que cuidarse de ellos (las otras personas)”.

Los procesos de desconfianza van de la mano con un aumento de la segregación y estigmatización territorial y social en el país. Por un lado, las ciudades hondureñas se caracterizan por altos niveles de segregación residencial y fragmentación, que conlleva una

nítida tendencia al distanciamiento físico entre barrios y colonias de nivel socioeconómico alto y bajo. La fragmentación atraviesa las ciudades, y se manifiesta en la tendencia de “amurallar” y “enrejar” las áreas residenciales e incluso los espacios públicos, situación que ya no sólo se presenta en las áreas residenciales de altos ingresos, sino que también en barrios habitados por población de bajos ingresos.

La discriminación asociada a la violencia e inseguridad, está en el hecho que la percepción ciudadana relaciona el delito con la figura propagada del marero: personaje identificado como joven de barrios populares que utiliza la violencia de forma desmedida y es causante, prácticamente, de todos los delitos que ocurren en el país. Esta idea generalizada sobre los jóvenes vinculados con pandillas conlleva un proceso de marcación hacia la población de los sectores populares. Esta situación refuerza la sensación de abandono y exclusión que sienten los jóvenes. Adicionalmente, hace invisibles algunos fenómenos delictuales que no se vinculan con las acciones de las pandillas en el país y que podrían ser responsabilidad de otros sectores.

Desde el ángulo político, la inseguridad —junto con el desempleo— son los principales problemas por resolver, pero es evidente la negligencia de las autoridades y de la “clase” política, en general, en cuanto a dedicarles la debida atención y en garantizar la eficiencia en el combate a la criminalidad.

Los costos económicos que genera la inseguridad son enormes. No sólo desde el punto de vista de las vidas que se pierden por la violencia sino también por la consolidación de un modelo de “escape” donde la emigración es vista como solución a la fragilidad que se vive en el país. De esta forma, se está perdiendo capital humano mediante la expulsión de importantes jóvenes que se sienten enfrentados a una situación sin solución caracterizada por la violencia, la inseguridad, la precariedad económica y laboral.

En conclusión, la calidad de la ciudadanía tiene un vínculo directo con la inseguridad que se vive diariamente en Honduras. Se trata de una relación compleja de retroalimentación permanente ya que el aumento de la inseguridad tiene también consecuencias en el debilitamiento de la ciudadanía. Son dos fenómenos profundamente interconectados que requieren ser enfrentados de manera conjunta.

La seguridad es tarea de todos y todas, pero también una clara responsabilidad del Estado, mediante la definición de políticas que permitan avanzar con claridad en el combate de la delincuencia y al mismo tiempo en la articulación de iniciativas que posibiliten ejercer plenamente los derechos ciudadanos. De esta forma, es necesario avanzar en agendas activas que contribuyan a disminuir los procesos de exclusión, el debilitamiento del enlace social y el aumento de la violencia en el país.