Persecución, tortura y censura en América LatinaDerechos Humanos en Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela

Una publicación del Observatorio de Derechos Humanos del instituto Casla

Por Tamara Sujú Roa, directora ejecutiva del Instituto Casla

INTRODUCCIÓNEste breve informe trata de cubrir sólo lo mas relevante de la situación que se vive en los países que, siguiendo el modelo político cubano, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, promovió con su propio – muy bien financiado – proyecto de poder denominado “Socialismo del Siglo XXI”.

Encontraremos las similitudes que los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Nicaragua tienen con los modelos cubano y venezolano, pero no para transformarse en países modelos de democracia sino para, una vez asegurada su legitimidad de origen en elecciones libres y transparentes, eternizarse en el poder, apoderándose de las instituciones democráticas, secuestrando los poderes del Estado y haciendo uso del populismo para cautivar a sus seguidores con falsas promesas, buscando imponer un sistema de poder totalitario.

Los presidentes de esos países han tratado de lograr, a través de reformas constitucionales, la reelección indefinida. El primero fue Chávez, luego Daniel Ortega, en Nicaragua. Rafael Correa, en Ecuador, y Evo Morales, en Bolivia, lo intentarán de nuevo en el curso de los próximos meses. Mientras esto sucede, sus gobiernos intentan neutralizar a gran parte de la oposición y la disidencia de sus países, bien sea mediante amenazas y su sometimiento al escarnio público, persecución penal o administrativa, siempre con acusaciones infundadas y prefabricadas, o haciendo uso del control que ejercen sobre el poder judicial, al cual en la mayoría de los casos han logrado someter.

El derecho a la vida, a la seguridad personal, a no ser sometidosa torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la libertad de expresión y de conciencia, al acceso a la

información, y a la libre asociación entre otros, son violados constantemente por estos gobiernos que, desde el poder, se autodenominan democráticos cuando no garantizan los principios fundamentales en los cuales están basados estos sistemas.

Hallamos, entre otras similitudes, la existencia de cárceles donde se practican torturas y tratos crueles, la deslegitimación de las organizaciones no gubernamentales que promueven y defienden los DDHH, la persecución feroz contra los medios de comunicación y sus trabajadores, así como el control comunicacional, la propaganda mediática, a nivel nacional e internacional, que pretende manipular realidades y que utilizan el poder económico para importar una imagen al exterior que no coincide necesariamente con lo que sucede en sus países.

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BOLIVIAEl presidente Evo Morales permanece, luego de su tercera elección en diciembre del 2014, 10 años en el poder. Durante su primer período, reformó la Constitución para poder ser reelegido y, según denuncia la oposición política de ese país, ya estaría listo el proyecto de Ley que la Coordinadora Nacional para el Cambio – asociación que agrupa a las organizaciones sociales que apoyan a Morales – presentará a la Asamblea Legislativa para reformar de nuevo la Constitución y lograr la reelección indefinida. Ella podría obtenerla con el voto de 2/3 de la Asamblea Nacional (a favor actualmente de su movimiento político, el Movimiento al Socialismo MAS) para luego ser votado en un referendo popular. Si bien, Morales ha dicho que serán los sectores sociales los que definan el asunto de la reelección indefinida, la bancada oficialista ya anticipó que utilizará los dos tercios de sus votos para dar luz verde a la reforma parcial de la Constitución y así garantizar la reelección indefinida del mandatario.

Las más recientes encuestas dicen que el 55% de los bolivianos rechaza la reelección indefinida, pero la oposición teme que el referendo, al cual debería someterse dicho proyecto de reforma una vez sea aprobado por la Asamblea Nacional, no sea limpio, porque el Tribunal Electoral está compuesto por simpatizantes del MAS. Además, ya empezó la gran campaña oficialista, cargada de propaganda política y populismo, con anuncios de inversiones millonarias en construcción de hospitales, mejoras hidroeléctricas y plantas de tratamiento.

Durante la última década se ha denunciado el control del sistema de Justicia por parte del Ejecutivo, mediante la imposición de funcionarios de confianza del oficialismo. En el año 2010 Morales designó “a dedo” a 16 miembros del Poder Judicial. 8 Magistrados del Tribunal Constitucional, 5 Ministros

de la Corte Suprema y 3 Miembros del Consejo de la Judicatura.

Foto: Cada vez menos bolivianos apoyan la reelección del presidente Evo Morales

En el marco de la discusión sobre la independencia económica y tributaria de los departamentos que conforman el territorio nacional, el cual el presidente Morales proponía centralizar durante el de sarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente en Agosto del 2006, el partido MAS aprobó la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Ello tuvo lugar en un cuartel militar, en las afueras de la ciudad de Sucre, sin la participación del grueso de la oposición, llevando a ésta última a desconocer la legitimidad de la nueva CPE. Los representantes de 4 de 9 los departamentos que conforman a Bolivia, realizaron entonces un referéndum en sus departamentos para mantener la independencia tributaria y lo ganaron masivamente. La nueva CPE fue aprobada en referéndum, pero se mantuvo el porcentaje de rechazo que consolida a la oposición en varios departamentos.

Ante esto, se aprueba la convocatoria a un referéndum revocatorio del mandato de Morales, que fue realizado en el 2008 y que Morales ganó con el 67% de los votos. Grupos políticos de estos 4 departamentos, en su lucha por la autonomía y la no confiscación de los impuestos directos a los hidrocarburos, lo cual le quitaba prácticamente el financiamiento a los departamentos que conforman la llamada “media luna” – Pando, Santa Cruz, Beni y Tarija, intentaron tomarse las instituciones de poder de dichos departamentos.

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El gobierno de Morales movilizó, no sólo al Ejército y a la policía, sino también convocó a sus seguidores a retomar las instituciones gubernamentales. Estas acciones trajeron como consecuencia muerte, persecución y exilio de cientos de disidentes y miembros de la oposición boliviana. La manipulación de la justicia ha encubierto masacres, ha generado presos y exiliados políticos; ha permitido torturas y tratos crueles, persecución contra defensores, la desaparición de ONG’S independientes y una gran autocensura en los medios de comunicación. El retardo procesal, la insuficiente cobertura de servicios judiciales en el país y la impunidad es uno de los temas más frecuentes de quienes denuncian el secuestro del Poder Judicial que lo pone al servicio del Primer Mandatario.

El tema de la droga es uno de los mas álgidos en Bolivia

Un informe del gobierno de los Estados Unidos estableció que en el año 2014 las hectáreas de cultivo de coca sumaban 35 mil. La oposición critica la relación del gobierno con grupos dedicados al tráfico de droga y la apertura y mejora de los canales por el cual circula para su exportación.

Foto: Féretro envuelto en la bandera deBolivia en homenaje a víctimas de El Porvenir

Las ONG’S y entidades civiles enfrentan hoy su caducidad y disolución. La Ley 351 y el decreto Supremo 1597 que hablan sobre la personalidad jurídica para conformar organizaciones no gubernamentales, ha sido muy cuestionada y confrontada, ya que en ambas se faculta al gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial.

También dicen que, para reconocerlas, están obligadas a adaptar sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo y que una vez anunciada la disolución de una organización, sus activos serán tomados por el Estado.

En agosto de este año el gobierno amenazó a cuatro ONG’S con ilegalizarlas si seguían involucrándose en política. Estas son el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la fundación Tierra y la Fundación Milenio.

El 9 de Septiembre del presente año, 38 organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro pasaron a ser consideradas “irregulares” por el gobierno, quedando prácticamente caducadas en sus funciones, al no poder hacer transacciones financieras en los bancos bolivianos. Entre ellas están la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Capítulo Boliviano de DDHH, Democracia y Desarrollo, la Red Nacional de Trabajadores de Información y Comunicación (Red ADA) entre otras.

Persecución Política, presos y exiliados

A raíz de las acciones tomadas por los representantes de los 4 departamentos bolivianos que no aceptaron la centralización y el control financiero de los recursos provenientes de sus regiones, se produjeron hechos gravísimos de violaciones de DDHH. Uno de ellos es la llamada masacre de El Porvenir, en el año 2008, donde hubo muertos, heridos, desaparecidos, desplazados, presos, perseguidos y exiliados. El gobierno declaró el estado de sitio. 20 campesinos fueron asesinados, al tiempo que 1 pastor y un soldado también perdieron la vida. Se contabilizaron 40 heridos y se habla de 106 desaparecidos. Las denuncias sobre como el Ejército entró a las casas, utilizando material explosivo para derribar las puertas, y disparando,

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o como fueron arrasadas las viviendas, quedando el pueblo desbastado, fueron noticia de primera plana en su momento.

El gobierno de Morales apresó a Leopoldo Fernández, prefecto de Pando, el 16 de septiembre, y 14 personas más con cargos de actos contra el estado de emergencia, acusándolo de los hechos en El Porvenir y fueron llevados a la cárcel de Chonchocoro en La Paz para esperar su juicio. Con esto se desconocería la orden de la Corte de Justicia que exigió al Ejecutivo el traslado de Fernández a Sucre para proceder con el juicio dentro de su jurisdicción. En 2014 obtuvo arresto domiciliario en La Paz, lejos de su ciudad de origen, donde permanece actualmente. Este año, sus acusadores se retractaron y desistieron de las acusaciones, asegurando que el gobierno los había manipulado. 25 personas fueron acusadas por estos hechos, además del Prefecto. Junto a él están enfrentando juicio Roberto Rea, Juan Mejido, Máximo Ayilon, Herman Justiciano, Danilo Huari y Evin Ventura. Doce de los acusados recibieron medidas sustitutas y salieron al exilio.

La organización Human Rights Foundation (HRF) denunció en esa oportunidad que los detenidos habían sido torturados, aislados y amenazados de muerte. Una de las detenidas, la suboficial de la policía Mirtha Sosa, fue abusada sexualmente de forma reiterada. HRF también denunció la detención de 5 jóvenes en el departamento de Santa Cruz y Tarija, cuyo móvil real fue la supuesta participación de algunos de ellos en la toma de las instituciones púbicas, en protesta por la confiscación a las regiones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. En Tarija, fue secuestrado y encarcelado Juan Carlos Ríos y en Chaco, José Vaca. Todos fueron llevados a La Paz, lejos de su jurisdicción y juez natural.

Refugiados y desplazados

Actualmente más de 500 personas se encuentran refugiadas en Brasil, perseguidas por el gobierno boliviano, entre ellos los senadores Roger Pinto y Ana Melena. El senador Roger Pinto, del partido Convergencia Nacional, estaba refugiado en la sede de la Embajada de Brasil, y había recibido asilo en mayo del 2012, pero en agosto del 2013 salió del país en vehículo diplomático, ya que el gobierno de Morales se negó a darle el salvoconducto correspondiente, violando así los acuerdos internacionales sobre el derecho de asilo. Su persecución comenzó cuando pidió una audiencia a Evo Morales para

entregarle informes sobre graves casos de corrupción y de nexos de personas del gobierno con el narcotráfico. A raíz de esto, empezaron a “llover” juicios contra el legislador, por lo que decidió recurrir al asilo.

Foto: El ex senador Roger Pinto asegura queBrasil le dio refugio porque en Bolivia haypersecución política

El analista Erick Fajardo comenta que pudiera hablarse de tres fases de persecución política en Bolivia: la primera tendría como objetivo desbaratar el movimiento autonómico (2005-2008); la segunda tendría como objetivo descabezar a la electa oposición en el Parlamento y la tercera silenciar las denuncias de narcotráfico en contra de altos personeros del gobierno. En la primera fase fueron detenidos políticos y líderes cívicos como Leopoldo Fernández y Branko Marinkovic, mientras otros tuvieron que abandonar el país. En la segunda fase la persecución se enfocó en opositores que habían sobrevivido

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a la primera ola de persecución, encontrando un paraguas de protección en las elecciones generales del 2009 para el Parlamento. Y la tercera fase incluye a los que Fajardo llama los perseguidos del narco-estado, entre los que se cuenta el senador Pinto.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hasta enero del 2013 había un total de 774 bolivianos exiliados, entre los que se encuentran personas que cuestionan las políticas del gobierno o se declaran opositores, y quienes no creen en la imparcialidad de la Justicia, pues está subordinada al poder político.

Persecución contra los pueblos indígenas

Bolivia tiene la mayor población indígena de toda América del Sur. Si bien el presidente Evo Morales proviene de estos movimientos, hoy, ellos reclaman derechos vulnerados por su gobierno, como el de la libertad de asociación. Morales ha acusado a algunas organizaciones indígenas de ser financiados por el gobierno de Estados Unidos, e incluso a ilegalizado a algunas de esas ONG’S. Han habido protestas y marchas en rechazo a la construcción, por parte del gobierno boliviano, de carreteras que pasan por reservorios indígenas. En el año 2011 se presentó un gran movimiento en rechazo a la construcción de una carretera de más de 300 km. financiada por Brasil, que partiría en dos el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Ello llevó al secuestro por parte de los indígenas del canciller David Choquenhuanca y otras dos personas. Ellos reclamaban el daño que dicha carretera causaría a la reserva natural, y algunos denunciaban que el gobierno la utilizaría para el trafico de la droga.

El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) registró entre el 2007 y el 2014, 49 consultas previas en materia

de hidrocarburos y su explotación, sin la evaluación ambiental y su impacto. Esto quiere decir que los pueblos indígenas no conocen como les afectará en su territorio. Libertad de expresión, medios de comunicación y persecución contra periodistas

El informe denominado “Rastros y Rostros de la Libertad de Expresión de América Latina y Caribe 2013”, elaborado por la IFEX-ALC (Alianza por la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe), dice que las estrategias usadas por el gobierno de Morales para tratar de acallar a los medios de comunicación y amedrentar a periodistas y trabajadores puede calificarse de la siguiente manera1:

1. “Desacreditar al periodismo, describirlo como mentiroso, corrupto o enemigo de los cambios. El discurso contra la prensa se construye con una poderosa propaganda estatal centrada en la victimización”.

El presidente y otros dignatarios de Estado acusan permanentemente a los medios independientes de opositores, instigando al odio contra ellos. Esto trae como consecuencia que los simpatizantes de Evo Morales, y turbas que su gobierno ha organizado, ataquen a periodistas, reporteros y camarógrafos. Ejemplo de esto es el atentado al periodista Fernando Vidal y la trabajadora de radio Karen Anze, en octubre de 2011, en la ciudad de Yacuiba, cuando un grupo de personas incendió el estudio de la emisora desde el que transmitían un programa de comentarios y noticias. Morales ha sugerido a los productores de la hoja de coca de Cochabamba, por ejemplo, que ejecuten acciones legales contra los medios de comunicación porque estos los califican de “narcotraficantes”.

2. “El segundo elemento es utilizar el poder judicial. Se emprenden

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acciones legales contra periodistas, los procesos no avanzan o se paran antes de dictar sentencia. Se ejerce acoso judicial o administrativo”3. “El tercero es un montaje de un círculo legal. Se crean leyes, decretos y normas para amedrentar a la prensa. Se legaliza una serie de mecanismos de control para amordazar la libre expresión. Es el caso de los artículos observados por la prensa boliviana en la “Ley contra el racismo y toda forma de discriminación” o el Proyecto del Ministerio de Transparencia que cambia el espíritu de apertura del decreto 28168, promulgado en mayo de 2005, antes del gobierno de Evo Morales, sobre el acceso a la información. Antes se restringía solamente dicho acceso a datos secretos y de carácter reservado. Por el contrario, ahora, se incluyen 11 restricciones que limitan el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se administran los recursos públicos, según denuncias de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

La impunidad en el caso del asesinato de tres periodistas en 2012, y la ausencia de resultados en las investigaciones y castigo para los responsables, también es motivo de preocupación para la ANP, que denuncia la impunidad de hechos que afectan al trabajo de medios y periodistas.

CUBA

En Cuba la represión contra los activistas de derechos humanos y las personas en general sigue empeorando. Los niveles de violencia y el número de detenciones arbitrarias aumentaron drásticamente en 2014 y las proyecciones para 2015 son de que las detenciones serán más que el promedio de los cinco años anteriores. Los activistas han sido víctimas de actos brutales y se ha extremado la violencia. Las ejecuciones extrajudiciales de refugiados cubanos continúan siendo un problema con dos casos documentados a continuación.

Foto: Sirley Ávila León hospitalizada después del ataque

Ataques con machete

Defensores de derechos humanos fueron víctimas de brutales ataques con machete en el mismo mes en que se desarrollaban las negociaciones secretas entre la administración Obama y el régimen cubano. El 8 de junio de 2013 en la ciudad de Holguín, Werlando Leiva, del Movimiento Cristiano Liberación fue atacado con un machete en la vía pública2/3. Ese mismo mes, el 21 de junio de 2013, en Camagüey, Orlando Lázaro Gómez Hernández, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba y del Frente de Resistencia Cívica Nacional, del desaparecido líder Orlando Zapata Tamayo, salió de su casa haciendo un signo en muestra de solidaridad con Luis Enrique

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Santos Caballero, actualmente en huelga de hambre. Al ver esto, el presidente del Comité para la Defensa de la Revolución (CDR), un individuo conocido como “Julio”, salió corriendo de su casa con un machete y atacó a Lázaro, cortándole parte de la mano derecha y también golpeándolo en la espalda. Otros individuos en coordinación con el presidente del CDR aparecieron cuando el activista cayó al suelo y comenzaron a propinarle patadas4. Sirley Ávila León, ex delegada del Poder Popular, quien en 2012 encabezó una batalla contra las autoridades de Las Tunas a favor de una escuela en su pueblo, lo que la llevó a unirse al movimiento de oposición UNPACU, fue gravemente herida en un ataque con machete el 24 de mayo de 20155. El ataque fue tan grave que sufrió cortes profundos a su cuello y rodillas, perdió su mano izquierda y aún podría perder su brazo derecho.

Ávila León todavía no se ha recuperado de sus heridas, sin embargo, fue enviada a casa en estado crítico. Según opina la ex delegada disidente, las autoridades intentan librarse de ella, y una prueba de ello es que en varias ocasiones han presionado a su hijo, un ex militar, a internarla en un manicomio, argumentando que disentir del oficialismo es una locura. Ávila León Ávila acusa a la seguridad del Estado de estar detrás del ataque6, y que “se trata de un plan preparado contra mí desde hace un tiempo”7.

Ejecuciones extrajudiciales

El anuncio de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, hecho público el 17 de diciembre de 2014, también estuvo rodeado de actos de represión, violencia y muerte. Un día antes un guardacostas cubano hundió un barco con 32 refugiados. Uno de ellos, Diosbel Díaz Bioto, desapareció y se presume muerto8/9/10. El resto de ellos fueron repatriados y detenidos. Menos de cuatro meses después Yuriniesky Martínez

Reina (28 años) fue asesinado de un disparo en la espalda por el jefe de la seguridad del Estado, Miguel Ángel Río Seco Rodríguez, en el municipio Martí, de Matanzas, el 9 de abril de 2015, por tratar de salir ilegalmente de Cuba11. Un grupo de hombres jóvenes estaban construyendo un barco cerca de la playa Menéndez para huir de la Isla, cuando agentes de la seguridad del Estado les vio tratando de salir ilegalmente y les dispararon12.

Detenciones Arbitrarias

Durante la administración Obama se ha producido un aumento significativo en el número de detenciones arbitrarias en Cuba, registrándose la mayor parte de ellas durante los dieciocho meses en que la Casa Blanca negoció secretamente con el régimen de La Habana. En ese período el número de detenciones mensuales aumentó de 550 a 742. De acuerdo con el Centro de Información Hablemos Press (CIHPRESS) hubo 8.519 detenciones arbitrarias registradas en 2014 en comparación con 5718 en 201313. Refiriéndose a este aumento en las detenciones arbitrarias, Erika Guevara Rosas, directora para Las Américas de Amnistía Internacional, en su informe anual 2015 sobre Cuba advirtió que “hemos estado recibiendo informes muy preocupantes sobre un aumento en el acoso de disidentes y las detenciones a corto plazo durante todo el 2014, lo que ha continuado en las últimas semanas. La liberación de prisioneros no será más que una cortina de humo si no van acompañadas por un espacio amplio para la expresión libre y pacífica de todas las opiniones y otras libertades en Cuba”.14

Foto:Yuriniesky Martínez con su padre e hijo.A la derecha como fue encontrado

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En los últimos seis años han aumentado las detenciones arbitrarias

De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) las detenciones arbitrarias a corto plazo han aumentado drásticamente. En 2009 la ONG independiente, con sede en La Habana, informó de 869 detenciones durante todo el año. En 2010 ese número ya alcanzaba las 2074 detenciones y prácticamente se duplicó en 2011 llegando a 4123. Las detenciones continuaron, aunque a un ritmo menor, con 6602 en 2012 y un ligero descenso en 2013, documentándose 6424 detenciones. Las cifras se dispararon en 2014 llegando a 8899 detenciones arbitrarias durante todo el año15/16. El número promedio de detenciones desde 2009 es 5.624 por año.

La CCDHRN documentó en sus informes mensuales las siguientes detenciones arbitrarias por motivos políticos. En enero de 2015 documentó 178, en febrero 492, en marzo 610, en abril 338, en mayo 641, en junio 563, en julio 674 y en agosto 76817/18/19/20/21/22. Los informes de activistas de la oposición durante el transcurso de marzo de 2015 indicaron que cientos de detenciones arbitrarias se habían llevado a cabo.

Marzo inició con 13 representantes del movimiento de las Damas de Blanco golpeadas y detenidas arbitrariamente y ese mismo mes, el 15 de marzo, 101 activistas de la organizaci-ón Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fueron detenidos en Santiago de Cuba23.

La Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) cubana informó que la tendencia es la represión política indiscriminada y a menudo violenta contra las mujeres y los hombres que desean ejercer sus derechos civiles y políticos básicos de una forma completamente pacífica, lo cual sigue

siendo alarmante“24. La agencia EFE informó que la CCDHRN denunció que en mayo un total de 88 figuras de la oposición pacífica fueron víctimas de ataques físicos, vandalismo, acoso y “actos de repudio” atribuibles a la policía política secreta o la seguridad del Estado25.

El 05 de julio de 2015 el opositor Antonio Rodiles fue severamente golpeado en su camino a la marcha de los

domingos en La Habana, organizada por las Damas de Blanco, para exigir la liberación de los presos políticos cubanos. Rodiles sufrió una fractura en la nariz que requiere cirugía inmediata, varios golpes en la cabeza, en el oído izquierdo, mandíbula y una fractura en el dedo gordo del pie izquierdo26.

Foto: Antonio Rodiles después del ataquedel que fue víctima

En los últimos veinte consecutivos domingos decenas de activistas han sido detenidos violentamente al intentar marchar pacíficamente con las Damas de Blanco27. El proyecto conocido como “Estado de SATS”, cuyos miembros operan en La Habana, publicó un vídeo en YouTube el 17 de junio 2015 entrevistando a las Damas de Blanco Yaquelín Boni, Yamilé Garro Alfonso, Alina de la Caridad Lans García, Cecilia Guerra Alfonso, Aliuska Gómez García y otros activistas de derechos humanos, como Ángel Moya Acosta, quienes dieron testimonio de la represión que tuvo lugar el domingo 14 de junio de 2015, donde 90 activistas fueron sometidos a un acto de repudio por turbas organizadas por los agentes de la seguridad del Estado. Fueron

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detenidos arbitrariamente, recibiendo puñetazos, patadas, se les agarró por la garganta, fueron arrojados al suelo y esposados por estos mismos agentes y policías nacionales revolucionarias28.

El 25 de diciembre 2014 Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, fue detenido en la explanada de El Malecón, en La Habana, cuando se dirigía hacia el Parque Central para celebrar una representación artística con dos cerdos, cuyos cuerpos fueron pintadas con los nombres Fidel y Raúl29. Desde entonces “El Sexto” ha permanecido detenido en la prisión de Valle Grande. Ha sido acusado de faltarle el respeto a la autoridad y está en espera de juicio en condiciones deficientes30. Los funcionarios de la prisión le dijeron que iba a ser puesto en libertad el 24 de agosto de 2015, lo que no sucedió, así que el artista de 31 años comenzó una huelga de hambre el 25 de agosto de 2015.

El 24 de junio 2015 Rosa María Rodríguez Gil dirigió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y pidió la liberación de su hijo, Yosvani Melchor Rodríguez, injustamente encarcelado desde el 19 de marzo de 201031/32. En su declaración describe las circunstancias que llevaron a su detención arbitraria:

“Mi nombre es Rosa María Rodríguez Gil, soy miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y vivo en La Habana, Cuba. Debido a mi activismo y compromiso con el MCL, porque me negué a colaborar con la policía política cubana, mi hijo Yosvani Melchor Rodríguez, un joven con problemas psicológicos, fue arbitrariamente detenido, sometido a un juicio, donde la fiscalía no pudo demostrar la evidencia de un presunto delito de trata de personas que no cometió, lo sancionaron a 12 años de prisión y ha pasado 5 años en las cárceles de Cuba. Mi hijo está siendo castigado como una venganza por mi participación en la campaña cívica y

constitucional de un referéndum en el que la gente pueda decidir libremente si quieren democracia. No contento con secuestrar a mi hijo, las autoridades cubanas negaron a Yosvani incluso el derecho a la libertad condicional, que todos preso tiene en la isla una vez que han pasado el punto medio de la sanción impuesta, en este caso injustamente”33.

Yosvani Melchor Rodríguez fue finalmente puesto en libertad condicional el 30 de agosto de 2015, después de 5 años, cinco meses y 12 días de haber sido detenido injustamente y arbitrariamente.

Juicios políticos

Al menos cuatro activistas fueron enjuiciados en el período que siguió al anuncio del 17 de diciembre 2014 y otros están a la espera de juicio. El 19 de diciembre 2014 Ciro Casanova Alexis fue llevado a juicio y sentenciado a cuatro años de prisión. Daniel Moreno de la Peña fue enjuiciado el 6 de enero de 2015 y condenado a ocho meses de prisión. El 15 de enero de 2015 se llevó a cabo el juicio del activista Ibars González Mirabal, quien está bajo arresto domiciliario hasta que la sentencia sea dictada, pero enfrenta una pena de un año y seis meses de prisión y sigue siendo objeto de acoso. El 28 de enero de 2015, en La Habana, el rapero, Maikel Oksobo, también conocido como El Dkano, fue condenado a un año de prisión bajo el cargo de “peligrosidad pre-delictiva”

Régimen cubano lleva violencia a la VII Cumbre de las Américas en Panamá

El régimen de Raúl Castro asistió a la VII Cumbre de las Américas en la Ciudad de Panamá, en abril de 2015. En la víspera y durante el transcurso de la cumbre, se hizo evidente la naturaleza antidemocrática y violenta de la dictadura en

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Cuba. El gobierno panameño había extendido una invitación a todos los polos de la sociedad cubana con el objetivo de propiciar un diálogo donde todos los involucrados puedan “escuchar a la otra parte dentro de un marco de respeto” 34.

A la cumbre acudieron numerosos funcionarios cubanos y agentes de la seguridad del Estado que realizaron actos de repudio para interrumpir los eventos de la Cumbre con el fin de evitar que la sociedad civil independiente de Cuba o de Venezuela participen en las actividades de la cumbre. Las activistas Rosa María Paya, hija del fallecido líder de la oposición Oswaldo Payá, y Lillian Tintori, esposa del encarcelado líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, fueron recibidos por gritos e insultos en el Foro de la Sociedad Civil35/36.

Fuera de la Cumbre, en el parque público Porras, el 8 de abril de 2015, el régimen de Castro envió a sus agentes, incluyendo un funcionario de inteligencia de alto rango identificado como Alexis Frutos Weeden. Este asaltó físicamente a un pequeño grupo de activistas de la oposición que trataron de dejar una ofrenda floral ante el busto de José Martí37. Varios activistas tuvieron que recibir tratamiento médico debido a sus lesiones. Entre las víctimas figuran los activistas Jorge Luis García Pérez Antúnez, Yris Pérez Aguilera, y Leticia Ramos Herrería, quienes fueron atacados brutalmente. También opositores residentes en Miami recibieron duras palizas, entre ellos Orlando Gutiérrez Boronat, quien sufrió una costilla rota y roturas de ligamentos, debiendo ser sometido posteriormente a una delicada intervención quirúrgica, y Augusto Monge, quien también fue gravemente golpeado y requirió atención médica38.

ECUADOREl presidente de Ecuador, Rafael Correa, permanece ya 11 años en el poder. Fue elegido por primera vez en el año 2006. Al llegar al poder propició la reforma de la Constitución, aprobada en referendo en el 2008, lo que permitió la reelección consecutiva. Fue nuevamente reelegido en el 2009 y por tercera vez en el 2013, período que concluye en el 2017. En noviembre del año pasado, la Corte Constitucional autorizó al Congreso, de mayoría oficialista, a instaurar la figura de la reelección presidencial sin limites, así como otros cargos de votación popular, mediante una enmienda constitucional y no a través de una reforma constitucional que luego debería ser aprobada

por referendo popular. La oposición se ha opuesto al conjunto de enmiendas que quiere aprobar el oficialismo en el Congreso e introdujo la petición de anular esta resolución, siendo re-chazada por la máxima autoridad electoral.

Foto: Protestas del 30 de septiembre de 2010

Según analistas, la baja popularidad de Correa lo obliga a no medir sus políticas para lograr el control del poder en votaciones populares. Por este motivo, varios grupos políticos de la oposición recurrieron en mayo de este año a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares y así frenar el proceso de enmienda de la Constitución que permitiría, entre otras reformas, la reelección indefinida. Una encuesta del Centro de Estudios y Datos (Cedatos) dice que el 81% de la población quiere ser llamada a consulta popular para decidir sobre la reelección indefinida.

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Ecuador se ha visto afectado también por la crisis económica que viven los países productores de petróleo. El gobierno ha anunciado recortes de presupuesto y la eliminación de algunas instituciones públicas, y a los proveedores del Estado se les esta cancelando con bonos estatales en vez de dinero. Toman fuerza las palabras del presidente de que si el controla la moneda podría controlar la economía.

A la situación económica se han sumado grandes manifestaciones en las calles, exigiendo la renuncia del presidente. Las protestas comenzaron por las leyes que buscan aumentar el impuesto a la herencia y a la plusvalía, y a esto se sumó también el descontento popular por la situación socioeconómica y la situación que enfrenta la población indígena en sus tierras, que terminaron exigiendo la renuncia de

Correa. Este movimiento ha disminuido debido a la represión con la cual el gobierno respondió a estas manifestaciones. Correa propuso un diálogo que comenzó a evaluarse a partir del 15 de septiembre, pero la oposición ha manifestado que estas movilizaciones no han tenido objetivos claros y por eso se han ido desvaneciendo.

Dos partidos políticos, CREO y SUMA, son los mas significativos en la oposición. La Asamblea Nacional del Ecuador esta conformada por 100 asambleístas del partido de gobierno y simpatizantes. La oposición tiene 30 asambleístas y el movimiento indígena sólo 3. La parcialización del Consejo Nacional Electoral es evidente. Está conformada en su totalidad por ex asesores del presidente Correa, o ex altos funcionarios del Estado, y goza de la asesoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela en el tema del voto electrónico. La oposición política reclama garantías fundamentales, elecciones transparentes e independencia de las instituciones del Estado, especialmente el sistema de justicia y estas exigencias forman parte de la confrontación sociopolítica por la que atraviesa actualmente Ecuador.

Persecución política

Los hechos ocurridos el 30 de Septiembre del 2010 marcan el inicio de una férrea persecución política contra dirigentes y disidentes. Ese día se inició una protesta de la Policía Nacional en contra de la Ley de Servicios Públicos, que había sido aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de ese mismo año y que integraba a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a la Aviación Civil a dicha Ley. El presidente Correa se presentó en el regimiento de la policía y les dirigió unas palabras,

asegurando que no habría marcha atrás con dicha ley. La molestia de los huelguistas no se hizo esperar y se produjo una difícil situación donde gases lacrimógenos y empujones afectaron a Correa.

Foto: El periodista Emilio Palacios del rotativoEl Universo actualmente exiliado en los EEUU

El presidente fue trasladado al hospital de la Policía que se encontraba al lado del cuerpo policial, y el edificio fue rodeado por los huelguistas. Correa denunció que había sido víctima de un secuestro y declaró el estado de excepción, argumentando que un golpe de Estado se estaba gestando y que los responsables eran miembros de la oposición.

Las Fuerzas Armadas tomaron las calles y los simpatizantes del gobierno se agruparon alrededor del Palacio presidencial y del cuartel de la policía. En las revueltas murió un estudiante. Durante todo el día hubo disturbios y manifestaciones en todo el país, que terminó con la toma del hospital por las fuerzas especiales que sacaron a Correa del recinto. El gobierno de

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Correa anunció al día siguiente que la crisis había dejado 8 muertos y 274 lesionados.

A raíz de estos sucesos, decenas de personas se encuentran perseguidas y exiliadas. Lucio Gutiérrez, ex presidente ecuatoriano, fue acusado por Correa de estar detrás del presunto intento de golpe. Policías y militares, así como un grupo de 13 personas fueron acusados por la fiscalía, por sabotaje y terrorismo, de los cuales algunos se encuentran actualmente enjuiciados y otros se han ido al exilio.

En las manifestaciones de agosto de 2015, según la Confederación de Nacionales Indígenas (CONAJE), se produjeron 132 detenciones en varias regiones del país. Algunos fueron liberados, 104 están siendo sometidos a procesos penales y 61 tenían prisión “preventiva”. 25 de ellos fueron liberados el 2 de septiembre con medidas sustitutivas de presentación y prohibición de salida del país. La CONAJE denuncia que aún quedan 36 personas presas y que los l04 procesos penales aún se mantienen abiertos.

Libertad de Expresión

Al principio el discurso intimidatorio del presidente y sus representantes estaba dirigido a intimidar a los periodistas y medios de comunicación. Ahora, del discurso, el gobierno pasó a la acción. De 22 agresiones a periodistas registradas en el 2008 han pasado a 300 agresiones en el 2014. No sólo son agredidos representantes de medios de comunicación, sino también ciudadanos en las calles que han manifestado su descontento, personas que se expresan en las redes sociales, o incluso hay acciones del gobierno nacional enfocadas a contratar una empresa en España para actuar en las redes sociales y sitios web.

El juicio contra el diario El Universo, provocado por un editorial del columnista Emilio Palacios, donde responsabilizaba al presidente Correa por los muertos del operativo del 30 de septiembre (30-S), y solicitaba una investigación, motivó una demanda de Correa, solicitando cárcel para Palacios, y una indemnización de 80 millones de dólares que debería pagar el columnista y los hermanos Carlos, Cesar y Nicolás Pérez, accionistas principales del diario. La sentencia final fue de 3 años de cárcel y un pago de 30 millones de dólares por parte de los acusados, y 10 millones más que el diario El Universo debía pagar. Correa anunciaría luego, que perdonaba a los acusados, concediéndoles la remisión de la pena.

La persecución sistemática del gobierno ecuatoriano contra el periodista, investigador y escritor Fernando Villavicencio ha sido denunciada en la ONU. Villavicencio fue sentenciado por pedir una investigación fiscal sobre la asonada policial del 30-S. Su vivienda fue allanada y fue acusado de espionaje. También enfrenta un proceso penal que lleva a cabo Petroecuador contra el periodista, por haber escrito el libro “Ecuador made in China”, una investigación que descubre el laberinto comercial y financiero de la venta del crudo ecuatoriano39.

El caso del caricaturista Xavier Bonilla, a quien Correa tachó de cobarde y sicario de la tinta, fue obligado a rectificar su caricatura, luego de que la superintendencia de información abriera una investigación en su contra. El diario El Universo fue obligado a pagar 90 mil dólares por haber publicado la viñeta que se refería justamente al allanamiento realizado a la residencia del periodista Fernando Villavicencio. En febrero de este año, Bonilla fue obligado a presentar disculpas publicas, por supuestamente haber afectado con una caricatura a grupos afro ecuatorianos.

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Según analistas políticos de ese país, Correa no sólo persigue a los periódicos, caricaturistas y columnistas, sino que ha creado los llamados “troll centers” en las redes sociales para acallar a los críticos. Sus seguidores han logrado bloquear contenidos en Facebook y Youtube, y son conocidos por sus tácticas intimidatorias mas allá de las fronteras ecuatorianas. La Ley de Comunicación define la información como un bien público y la comunicación como un servicio público, lo que justifica la intervención por parte del gobierno. Paginas web de periódicos críticos han sido hackeadas, como por ejemplo la del diario La República, que transmitía en vivo la marcha de la oposición el día del trabajador.

Independencia de la justicia

El presidente ha dicho públicamente que va a meter las manos en la justicia y así lo ha hecho. Inició un proceso de restructuración completa de la justicia, removió todos los jueces que estaban vigentes, nombró a los jueces de la Corte Suprema, y colocó familiares de ministros y ex asesores suyos. El informe del jurista Luis Pastrana, presentado el 29 de julio del 2014 con el aval de la Fundación para el Debido Proceso describe varios casos donde el Ejecutivo ha interferido en el sistema judicial. Específicamente en la protesta social, el ejercicio periodístico y la disidencia política.

Ellos indican que las presiones son ejercidas básicamente por el presidente Rafael Correa, a través de declaraciones y llamados públicos a los jueces mientras transcurren los procesos judiciales. El informe ve al Consejo de la Judicatura como brazo ejecutor de los designios del Ejecutivo, y que terminan con destituciones de magistrados que fallan en contra del Estado. Desde el 2011, este Consejo de la Judicatura ha nombrado y ha destituido a ciento de jueces. En el año 2012 designó a los 21 miembros de la Corte Nacional de Justicia y

a sus suplentes, sin transparencia, siendo tomado por personas afectas al presidente Correa, quien según denuncias, intervino directamente en la escogencia.

El sistema judicial se ha volcado a perseguir a los disidentes del gobierno de Correa. Los evidentes casos de persecución contra el diario El Universo y contra los líderes indígenas o miembros de organizaciones sociales, advierten sobre la falta de autonomía y la utilización de la justicia como brazo ejecutor del control que el Ejecutivo quiere mantener contra sus opositores. Decenas de jueces fueron destituidos utilizando la figura del “error

inexcusable”, doctrina de mera interpretaci-ón particular, que fue usada para destituir a quienes no defen-dían las políticas del gobierno de Correa.

Foto: Directiva de la organización no gubernamentalFundamedios

Persecución contra organizaciones no gubernamentales y líderes sociales

El gobierno ecuatoriano ha acusado a algunas organizaciones no gubernamentales de “arroparse” bajo la bandera del ecologismo para hacer política contra su gobierno. El caso de Pachamama, organización con 16 años de trayectoria dedicada a la defensa de los DDHH de los pueblos indígenas amazónicos y a la protección de la naturaleza, es una de ellas. El gobierno ordenó su disolución, en diciembre de 2013, luego de que algunos miembros de esta organización participaran contra la licitación de nuevos campos petroleros en la Amazonia

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ecuatoriana. Fueron acusados de cometer acciones de injerencia política que supuestamente atentaban contra la seguridad interna del Estado y la paz pública.

Otras ONG`S han sido acusadas de espionaje, de obedecer al gobierno de los Estados Unidos para dividir a los movimientos sociales y confrontarlos contra el gobierno. Los líderes ambientalistas Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán Paute y Efraín Arpi Soria, impulsadores de la primera consulta comunitaria sobre minería del 2 de Octubre del 2011 están siendo procesados por los delitos de “sedición, alteración del orden público, agresión a miembros policiales y destrucción de bienes públicos”.

El activista Carlos Zorrilla, de la organización Defensa y Conservación del Intag (DECOIN), ha sido amenazado directamente por Correa, quien lo ha acusado de querer desestabilizar a la población de Intag por haber hecho un manual denominado “protegiendo a su comunidad contra las empresas mineras y otras industrias extractivas”.

Por otro lado, el gobierno ecuatoriano ha creado el sistema unificado de información para regular la situación de mas de 58 mil organizaciones sociales que deberían inscribirse en un registro único para obtener personería jurídica.

El pasado 8 de septiembre la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) notificó a la organización Fundamedios sobre el inicio de su disolución por haber incumplido supuestamente con su propio estatuto que le prohíbe hacer política partidista. La organización tiene 10 días para contestar y presentar pruebas de que la SECOM no está en lo cierto. El director de Fundamedios, Cesar Ricaurte, afirma que el haber difundido los blogs de los periodistas José Hernández y Roberto Aguilar no significa que Fundamedios esté haciendo política partidista, que es lo que argumenta la SECOM.

Pueblos Indígenas

El dirigente de Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, denunció la persecución política a la que es sometido el movimiento indígena por parte del gobierno. Según Guartambel, la intención es ir contra las cabezas mas visibles del movimiento, acosados por la policía que fotografían y filman todos sus movimientos.

Los pueblos indígenas han denunciado la violación de los derechos colectivos, debido al desarrollo de la minería exhaustiva en su territorio. Una de las comunidades, el pueblo de Shuar, denunció este año en la CIDH la intención por parte del gobierno ecuatoriano de convertir la Cordillera del Cóndor en un mega distrito minero, evento que significaría el etnocidio de la comunidad shuar.

Desapariciones Forzosas

La Asociación de Familiares y amigos de personas desaparecidas en Ecuador, (ASFADEC) acudió al Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU para denunciar 8 de los 200 casos de personas que han sido reportadas como desaparecidas desde el año 2013. La activista Lina Espinosa de ASFADEC declaró que el 70% son mujeres entre los 18 y 25 años de edad, residentes de Quito, Guayaquil, Sucumbios y Esmeraldas. Los familiares no tienen acceso a la información, no conocen el estado de las investigaciones y los activistas de DDHH coinciden en señalar el desinterés y omisión del Estado por esclarecer los casos.

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NICARAGUAEl próximo año, Nicaragua se prepara para las elecciones presidenciales que desde ahora se visualizan llenas de denuncias y manifestaciones en las calles, exigiendo unos comicios limpios, transparentes y con observación internacional. La oposición democrática nicaragüense ha denunciado la inconstitucionalidad del último mandato del presidente Daniel Ortega, quien utilizando sus influencias y control sobre el Poder Legislativo y Judicial, logró ser candidato presidencial para el 2011 y ahora, con la reelección indefinida aprobada con la reforma de la Constitución en el 2014, volverá a aspirar a la silla presidencial.

En el año 2011, Ortega fue electo presidente a pesar de lo establecido en la Constitución. La Corte Suprema de Justicia en su Sala Constitucional dictó una resolución declarando inaplicable el articulo 147 de la Carta Magna que prohíbe la reelección continua del presidente y el vicepresidente, y pidió al Consejo Supremo Electoral (CSE) considerar que Ortega y 109 alcaldes sandinistas estaban aptos para participar en la contienda que se realizaría en el 2011 y 2012.

Los magistrados del CSE permitieron su inscripción

En las elecciones presidenciales celebradas el 6 de Noviembre del 2011 fueron denunciadas muchas irregularidades. El CSE se negó a acreditar al Centro Carter y otras organizaciones nacionales e internacionales tradicionales. También hubo denuncias sobre la falta de entrega del documento de identidad para votar. La Unión Europea, en su calidad de observadora de las elecciones, las calificó de opacas.

El 28 de enero del 2014, la Asamblea Nacional aprobó, con la mayoría de los diputados sandinistas, la reforma de la

Constitución que garantiza al presidente la reelección indefinida40. Cinco Ex Cancilleres afirmaron en una carta pública que la reforma viola acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua con respecto a la democracia representativa, los derechos humanos, la separación de poderes y la alternabilidad en el poder, debilitando la institucionalidad democrática de ese país.

En abril de 2014 la oposición nicaragüense denunció la reelección de magistrados al Consejo Supremo Electoral, que estaban acusados de cometer fraude electoral, en los últimos comicios municipales y nacionales del año 2011, y de permitir que Ortega fuera candidato presidencial, siendo aún presidente de la República. El Parlamento nicaragüense reeligió a los cinco

magistrados del CSE en una sesión donde la bancada de la oposición optó por retirarse. Ellos son Roberto Rivas, Emmet Lang, José Luis Villavice cio, José Maren-co y Luis Benavides.

Foto: Los magistrados del CSE le allanaron el caminoa Ortega para un tercer mandato presidencial

Seguridad jurídica

Los nicaragüenses han denunciado la aprobación de una serie de leyes que por su importancia y trascendencia económica y social debieron haber sido consultadas con la sociedad civil y, en especial, con quienes podrían resultar afectados. También han denunciado acciones arbitrarias tales como expropiaciones, a través de procedimientos arbitrarios e ilegales, bajo el amparo de las influencias que desde el poder se ejerce para estas

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acciones. Un ejemplo de esto fue la expropiación al empresario Milton Arcia de un inmueble en Moyogalpa.

El caso actual mas emblemático es la aprobación de la Ley del Gran Canal Pacifico-Atlántico, cuyas obras han comenzado en medio de un proceso de concesiones a empresas chinas considerado por los expertos como poco transparente. A estas empresas se les entregó por 50 años todo lo referente a la construcción del canal y obras aledañas, que incluyen una zona de libre comercio, un puerto turístico, fábricas de cemento, una amplia red de carreteras, una planta hidroeléctrica, entre otros beneficios.

Quienes han denunciado irregularidades en torno a esta situación han dicho que no se conoce quienes están involucrados en dichas compañías, que son DKN Group – constituida en las Islas Caimán – HKC, con sede en Hong Kong y EDGI, creada en 2012 en Nicaragua y que fuera la que concedió el proyecto.

Algunos nicaragüenses reclaman en que haya una clausula del artículo 12 de la Ley 840 que establece que el concesionario tiene la entera discreción para decidir si solicita a la Comisión la expropiación de una propiedad requerida y que incluso se hicieron expropiaciones con órdenes provenientes del concesionario. Los nicaragüenses desconocen los documentos de las negociaciones, los acuerdos, los responsables y la historia de las empresas que recibieron la concesión.

La construcción de este canal ha traído como consecuencia:

- Expropiaciones

- Daños al medio ambiente ya que no se hicieron estudios del impacto ambiental

- La zona fue militarizada y la población que reclama esta siendo perseguida por militares y paramilitares

Persecución y amenazas

Algunas poblaciones han sido amenazadas y las personas golpeadas durante los desalojos. Según testimonios de activistas locales, la policía ha visitado varias aldeas nicaragüenses exhortando a los residentes a abandonar sus casas o que de lo contrario los iban a matar. Familias completas han sido desplazadas, y muchas otras se niegan a salir porque no han sido reubicados ni compensados. Campesinos han sido detenidos y llevados a la cárcel del Chipote.

El activista Yimer Durán, junto con otros campesinos, protestaba por el cierre de una carretera en la localidad de El Tule cuando fue violentamente atacado por las fuerzas policiales con gases lacrimógenos y balas de salva. Durán narra que corrieron hacia una montaña, donde se encontraban los soldados del Ejercito, quienes los encañonaron y los entregaron a las unidades antimotines. Luego fueron llevados a la mencionada prisión del Chipote, donde fueron amenazados y golpeados en los interrogatorios.

Torturas y tratos crueles en la cárcel del Chipote

El Chipote es actualmente la sede de la Dirección de Auxilio de la Policía Nacional. Quienes han sido llevados a este lugar han denunciado torturas y malos tratos. Leonel Santana denunció en el año 2011 que había sido torturado con electricidad y golpeado durante los interrogatorios en El Chipote. El dirigente socialcristiano Erick Ramírez dijo haber sido encerrado en una celda donde ni siquiera podía verse las manos, el suelo estaba lleno de heces fecales, orines y vómitos y además había arañas y ratas que le mordieron partes del cuerpo.

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En el año 2013, 12 mineros fueron arrestados y llevados a esta cárcel, y durante las manifestaciones del 2014 en El Tule, contra la construcción del Canal, cerca de 50 personas fueron detenidas y llevadas a El Chipote. Todos han manifestado haber estado en las mismas condiciones que el dirigente socialcristiano.

A los mineros incluso se les obligó a firmar un documento en el que se comprometían a no hablar con los medios de comunicación sobre lo ocurrido en la cárcel so pena de volver a ellas.

Foto: La planeada ruta del Canal de Nicaragua(Fuente Gobierno de Nicaragua)

El gobierno de Nicaragua niega a medios de comunicación y organizaciones de DDHH el acceso a este lugar. El Centro Nicaragüense de DDHH ha denunciado el incremento de las denuncias que se reciben sobre esta cárcel. En muchas de las denuncias se habla sobre una celda denominada La Chiquita, donde sólo cabe una persona, sin luz, húmedo y es utilizado como celda de castigo.

Familiares de Francisco Javier Ponce, un detenido de El Chipote, acusado de haber matado a un militar, denunciaron que el recluso fue torturado y luego apareció ahorcado en su celda. Le quebraron las costillas y otros huesos, le cortaron las unas a la mitad, tenía los labios reventados y un orificio en el estomago.

Violencia y Exceso Policial

El Centro Nicaragüense de DDHH ha manifestado que en el 2014 se recibieron 750 denuncias de abusos policiales, lo que

significa un incremento con respecto a otros años. Ello incluye casos de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes en El Chipote, secuestros y maltratos por parte de los organismos de seguridad. La represión policial también ha aumentado los últimos meses, con el aumento de manifestaciones previas a las próximas elecciones presidenciales a efectuarse en el 2016.

El 8 de Marzo fue reprimida una marcha por el día internacional de la mujer. El gobierno nicaragüense utilizó un contingente de antimotines, la mayoría mujeres, como fuerza de choque, según denuncias de organizaciones de DDHH que evitaron la libre circulación e impidieron el paso.

El pasado 8 de Julio del presente año, un gran contingente de policías reprimió con gases lacrimógenos y golpes una manifestación opositora, deteniendo a varios diputados frente al CSE. Varios periodistas y diputados opositores fueron agredidos. Los manifestantes reclamaban elecciones limpias y observación internacional para las elecciones presidenciales de noviembre del 2016 y han venido haciendo la misma protesta todos los miércoles durante los últimos 3 meses. 15 personas fueron detenidas, la mayoría diputados y concejales del Partido Liberal.

En Nicaragua se han elevado denuncias acerca de la actuación de grupos civiles armados, seguidores del oficialismo y apoyados por la propia Policía Nacional, amedrentando a la población civil, en especial a quienes se identifican con el partido opositor liberal en el interior de país. La llamada masacre de El Carrizo es la más emblemática. El 90% de la población de este caserío es indígena. Es muy pobre, carecen de luz eléctrica y sus casas son de barro y plástico. Para las elecciones del 2011, a quienes eran partidarios del partido sandinista, se les dio Zinc y clavos, para que cambiaran los techos41. La noche del 8 de Noviembre, dos días después de las

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elecciones, llegaron a El Carrizo dos camionetas de la Alcaldía cargadas de partidarios sandinistas, el secretario político del partido sandinista de la zona, y 4 policías. Los militantes sandinistas llegaron a darle “un escarmiento” a los liberales. Ejecutaron a 3 miembros de una misma familia, identificadas claramente con el partido opositor.

La organización CENIDH consideró la sentencia que dictó el Tribunal para las personas que participaronen estos hechos como absurda. El juez utilizó el atenuante de la “embriaguez” para dictar sentencias que fueron prome-diadas entre los 45 días y los 3 años para los asesinos.

Foto: Activistas denuncian torturas ytratos crueles en la cárcel de El Chipote

Asesinatos a menores de edad

El pasado 11 de Julio, en el lugar conocido como “Las Cuatro Esquinas” en las Jaguitas, zona rural de Managua, fueron asesinados Katherine Ramírez (22 años) y los niños Efraín Pérez Ramírez (11) y Aura María Reyes Ramírez (12) y salieron heridos Myriam Guzmán (5) y Axel Reyes (13). La familia Reyes Ramírez regresaba de un acto religioso cuando pasaron por una zona sin alumbrado público donde había unos oficiales sin identificación que les indicaron parar. El Sr Milton Reyes, que conducía la camioneta en la que viajaban, pensó que era un asalto y aceleró la marcha, recibiendo ráfagas de disparos de la policía, y a menos de 700 metros se topó con otro grupo policial que también disparó, provocando la muerte de tres miembros de su familia e hiriendo a los demás. Los vecinos de ¨Las Cuatro Esquinas¨ trataron de socorrer a los heridos, pero

los oficiales se lo impidieron, e incluso fueron golpeados cuando trataron de tomar fotografías con sus celulares.

Libertad de expresión y de prensa

El ejercicio de la profesión del periodismo en Nicaragua es cada vez mas riesgoso. La polarización política ha traído como consecuencia que algunos profesionales sean vistos como obstáculos incómodos, por lo que son víctimas de ataques físicos. Los últimos años, organizaciones no gubernamentales y dueños de medios de comunicación han denunciado el amedrentamiento, persecución e intimidación que mantiene el gobierno nacional contra periodistas, a través de sus distintos organismos de seguridad, como la Dirección de Información para la Defensa (DID), que pertenece al Ejército y la Policía Nacional.Un ejemplo es el caso de Ismael López, periodista de “Esta Semana” y “Confidencial”, que sufre de acoso y vigilancia permanente. Izaya Martínez, de la Prensa TV, fue agredida por oficiales de la policía. Elizabeth Romero y Manuel Esquivel de La Prensa, fueron perseguidos, denigrados y filmados por la Policía Nacional; Martha Vásquez y Uriel Molina, ambos de La Prensa, fueron detenidos cuando investigaban sobre las propiedades de los narcotraficantes, así como muchos otros comunicadores sociales han sido víctimas de agresiones físicas, psicológicas e incluso han sido desacreditados ante la opinión pública.

En octubre del 2012 el gobierno nicaragüense prohibió la entrada al país del periodista sueco Peter Torbiornsson, autor del documental Goodbye Nicaragua.

Los asesinatos en 2004 de los periodistas Carlos José Guadamuz, crítico del Frente Sandinista, y María José Bravo aún son recordados como ejemplo de la intolerancia política que se vive en ese país.

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En junio del 2009, “Radio La Ley”, en el departamento de Matagalpa, fue clausurada de forma arbitraria y decomisados sus equipos. Su dueño, el periodista y diputado opositor Santiago Aburto, nunca fue informado del motivo del cierre de la emisora y no ha podido recuperar los equipos. El 31 de Mayo de 2015 fue cerrada la radioemisora “Voz de Mujer”, en el departamento de Nueva Segovia, y confiscados todos sus equipos. Los programas de esta radio comunitaria estaban dedicados a denunciar la Violencia.

Persecución contra ONG`S y estrangulamiento financiero

El gobierno nicaragüense ha acusado a la gran mayoría de las ONGS en Nicaragua de ser grupos parapolíticos, al servicio de intereses foráneos para desestabilizar al país. Casos emblemáticos como el allanamiento al Centro de Investigaciones para la Comunicación (CINCO)42, al Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y otras ONG`S ha sido precisamente para amedrentarlas. El gobierno ha prohibido el financiamiento que organizaciones internacionales hacían directamente a las ONG, y ahora los organismos internacionales y países cooperantes solo pueden hacerlo a través del Gobierno. Esta ayuda no llega a las ONG’S que están marcadas como enemigas porque el gobierno las bloquea.

Luisa Molina, miembro de la directiva nacional de la Coordinadora Civil denunció la existencia de una “lista negra” que ha preparado el gobierno de Daniel Ortega para los países donantes de Europa y para las organizaciones estadouniden-ses, con nombres de organizaciones sociales, que no deben rec ibir recursos. Esta lista existe desde el año 2007. El gobierno de Ortega sugería que tuvieran cuidado con dar recursos a esas organizaciones porque se podía entender que estaban apoyando una conspiración contra el Gobierno. Ese mismo año la CINCO fue señalada, en una serie de artículos en medios oficialistas, de ser “caballo de Troya” del imperialismo, con objetivos desestabilizadores, y la policía expropió computadoras y documentos, acusándolos de triangular también con el MAM y organizaciones extranjeras de Gran Bretaña y Suecia.

VENEZUELAVenezuela se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria. Los 16 años de descontrol, corrupción, despilfarro propagandístico, falta de mantenimiento e inversión en infraestructura, así como la política de expropiación de más de 4 millones de hectáreas de tierras productivas, de empresas privadas y de fábricas, han provocado el colapso de la economía, destruyendo miles de puestos laborales y llevado al país a la bancarrota.

Dieciséis años de ejercicio arbitrario del poder, período en el cual Chávez y sus sucesores han tenido a su disposición más de un billón de dólares que han podido gastar a su leal saber y entender, sin ningún tipo de control, han hecho surgir una nueva correlación de fuerzas. Por un lado está el Estado, en su totalidad, incluido el sistema judicial, el ente electoral, la Fuerza Armada, el Banco Central y el monopolio estatal de

la producción y venta de hidrocarburos, muy fuer-temente armado y provisto de un importante aparato de represión y propaganda, continúa sólidamente en manos de los grupos que Chávez, a su muerte, dejó en posesión del poder.

Foto: Líder opositor Leopoldo López cumpleuna condena de casi 14 años por motivos políticos

Por el otro lado más de dos tercios de la población, entre 70 y 75% de los venezolanos, se oponen a esa nomenclatura y al sistema político que controla. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que congrega a la oposición políticamente organizada, enfrenta a un Estado quebrado y desacreditado,

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pero fuertemente armado y dispuesto a matar, a encarcelar y perseguir a lideres políticos, intimidar y amedrentar a manifestantes pacíficos, y a censurar a medios de comunicación y periodistas.

La correlación de fuerzas de hoy enfrenta a un Estado quebrado y desacreditado, pero fuertemente armado y dispuesto a matar, a la inmensa mayoría de la gente.

Los tres años que incluyen las elecciones presidenciales Chávez-Capriles, la muerte de Chávez y las nuevas elecciones Maduro-Capriles, dejaron a la sociedad venezolana exhausta, por todo lo que esto significó. Capriles denunció fraude electoral. Maduro ganó con una diferencia del 1%, bastante cuestionable, cuando se denunció más de un millón de votos asistidos, votos de personas fallecidas o de mas de cien años de edad, centros electorales donde Maduro ganó con el 100% de los votos, o donde sacó más votos que Chávez en las últimas elecciones. Todo ello habla de que los resultados fueron manipulados.

En diciembre del 2013, la oposición denunció lo que llamó un “golpe institucional” cuando la Asamblea Nacional, abusando del poder, aprobó por mayoría simple – violando la Constitución Nacional – a las figuras de los poderes públicos que debían ser renovados, incluyendo doce Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, tres rectores del Centro Nacional Electoral, la Fiscal General de la República, el Contralor General y el Defensor del Pueblo. El año 2014 comenzó con cientos de protestas en todo el país originadas en el desabastecimiento, la falta de medicinas, la inseguridad y la inflación. Antes del 12 de Febrero, el gobierno había reprimido dichas manifestaciones, y detenido a personas que protestaban en las calles. La marcha del 12 de febrero, día de la juventud en Venezuela, se realizó en parte para pedir la libertad de jóvenes que habían sido detenidos en días

anteriores, además de incluir el tema de la inseguridad y el desabastecimiento en general. Una vez finalizada la marcha se produjeron enfrentamientos entre grupos afectos al gobierno, manifestantes rezagados y los cuerpos de seguridad del Estado,, dejando un saldo de dos personas asesinadas con tiros en la cabeza por funcionarios de la policía política, el SEBIN. Esos asesinatos provocaron luego grandes manifestaciones en todo el país hasta mediados del mes de mayo.

El gobierno nacional culpó al líder del partido político Voluntad Popular, Leopoldo López, por estos hechos. López se entregó a la justicia el 18 de febrero y fue condenado el 10 de septiembre a casi 14 años de prisión. El año 2015 ha transcurrido en el marco de una gran polarización, de más persecución y encarcelamiento, y un desabastecimiento de alimentos y medicinas que no tiene precedente en la historia de Venezuela. Centenares de personas han muerto a las puertas de los hospitales esperando ser atendidos, o por falta de medicamentos. La inseguridad mata a un venezolano cada veinte minutos, superando quizás al cierre de este año la escandalosa cifra con la cual cerró el 2014, donde 25 mil venezolanos murieron victimas de la violencia.

Las más recientes encuestas dicen que el 89% de los venezolanos desean un cambio, y piensan que la situación del país es “mala” o “muy mala”.

Es por esta razón, por el descontento social y la falta de popularidad, que el gobierno ha incrementado el control de la población a través de mecanismos de censura y amedrentamiento. Ha prohibido por ejemplo, que se saquen fotos de las colas que se hacen a las puertas de los supermercados, ha prohibido que se informe sobre disturbios o saqueos, e incluso ha detenido a personas por manifestar su descontento en dichas colas.

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Los analistas afirman que el gobierno ha tratado de distraer a la opinión pública usando el tema de la controversia limítrofe que mantiene Venezuela con la vecina Guyana, así como la crisis humanitaria desatada en la frontera con Colombia, donde, dada la gravedad de la situación, fue decretado el estado de excepción en seis municipios fronterizos. La Fuerza Armada Nacional ha desalojado de sus casas a familias colombianas completas, sin que este decreto haya sido aprobado por la Asamblea Nacional, ni por el Tribunal Supremo de Justicia. Especialmente los primeros tres días fueron de gran tensión, y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), denuncio graves violaciones de los derechos humanos. Un buen número de las modestas viviendas que fueron vaciadas por la

fuerza, fueron derrum-badas, las que no, fueron “marcadas” con una “D” para ser derribadas más tarde. A la mayoría de las familias no se les dio tiempo para retirar sus enseres personales.

Foto: Aumenta la censura y la persecución contraperiodistas y medios de comunicación en Venezuela

Desde entonces el gobierno ha extendido el estado de excepción a más municipios, sumando diez en el Estado Táchira, tres en el Estado Apure y siete en el Estado Zulia. Esto le permite suspender manifestaciones y reuniones públicas no autorizadas, inspeccionar y allanar viviendas sin autorización judicial y restringir el tránsito de bienes y personas.

La negativa del gobierno venezolano de aceptar la observación electoral creíble para los próximos comicios parlamentarios es hoy uno de los temas de confrontación política más

delicados en Venezuela. La MUD exigía una observación bajo los estándares internacionales determinados por la ONU, que ayudaría a que dichos comicios se llevaran de forma transparente y generara confianza en los resultados. El rotundo no a esta petición vino acompañado del aviso de que sólo se permitirá el “acompañamiento” de funcionarios de la UNASUR, organismo compuesto en su mayoría por gobiernos amigos del venezolano, y que no son considerados imparciales por la oposición. El Consejo Nacional Electoral (CNE) inhabilitó a candidatos escogidos por la MUD, entre ellos el ex Alcalde Daniel Ceballos, hoy preso en su casa, el ex Alcalde Enzo Scarano, quien también sufrió un injusto encarcelamiento, así como la diputada desaforada de su cargo arbitrariamente, María Corina Machado, entre otros.

En ese contexto – con desventajas para la oposición, persecución y amedrentamiento de los medios de comunicación, la continua búsqueda del enemigo externo para distraer a la gente y hacerla olvidar sus penurias apelando a su sentimiento nacionalista, pero también con encuestas de opinión que anuncian una victoria arrolladora de los candidatos de la oposición – Venezuela se prepara para unos comicios parlamentarios que pudieran ser la última oportunidad clara de generar cambios a favor de la democracia, si la oposición logra la mayoría en las urnas

Persecución política

Desde el comienzo del primer período del presidente Hugo Chávez, en 1999, han existido perseguidos y exiliados políticos en Venezuela. Periodistas y dueños de medios de comunicación, estudiantes, militares, miembros de organizaciones de la sociedad civil, han tenido que salir del país, víctimas de la intimidación y de acusaciones infundadas. También han sido encarcelados centenares de personas por manifestar su descontento, muchos acusados de supuestas conspiraciones o

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intentos de “magnicidio” que Chávez denunciaba anualmente, pero de lo que nunca se obtuvo evidencias convincentes. Aún hoy nueve presos políticos son mantenidos en la cárcel mantiene a pesar de tener el tiempo de pena cumplido para obtener beneficios o medidas cautelares43.

En los últimos dos años la justicia penal ha sido utilizada como nunca antes para perseguir a la disidencia venezolana. Tan sólo el año pasado se contabilizaron, según cifras de la Organización no Gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV), más de 3700 detenciones relacionadas con manifestaciones públicas, de los cuales 276 fueron privados de libertad por orden de un tribunal, es decir, estuvieron o están aún algunos de ellos presos por ejercer su derecho a manifestarse.

2051 personas se encuentran bajo libertad restringida o medidas cautelares, sometidas a procesos penales que se mantienen abiertos. En total, esta organización registra para el mes de septiembre de 2015 a 75 presos políticos. Entre ellos se encuentran aquellos sentenciados en años anteriores, estudiantes y jóvenes que participaron en las manifestaciones de 2014, personas que expresaron sus ideas en las redes sociales (6) y militares. También figuran miembros de la administración pública y políticos, entre ellos Antonio Ledezma, Alcalde Metropolitano de Caracas; Daniel Ceballos, Alcalde de San Cristóbal – ambos actualmente en prisión domiciliaria – y el líder fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde.

Torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes

Las organizaciones de DDHH han denunciado un incremento en el número de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes los últimos dos años. En el 2014 se registraron más de 136 denuncias de torturas documentadas y más de 300 casos de

tratos crueles e inhumanos durante las manifestaciones. Miembros de los organismos de seguridad del Estado como el CICPC, la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la policía política SEBIN, fueron los principales ejecutores de dichas violaciones de DDHH. Tanto el gobierno nacional, como la fiscalía y la Defensoría del pueblo conocieron de estas denuncias, y el gobierno de Maduro llegó incluso a condecorar a cuerpos policiales en cuyos componentes habían funcionarios que habían sido denunciados. Al día de hoy, hay casos emblemáticos que ni siquiera están siendo investigados.

Censura y persecución contra periodistas y medios de comunicación.

El gobierno venezolano mantiene acosados a los pocos medios independientes que aún subsisten en el país. No sólo son objeto de procedimientos administrativos y de vigilancia, sino también sus periodistas y trabajadores, sus columnistas y sus juntas

directivas sufren persecu-ción y amedrentamiento o enjuiciamiento penal. Muchos han tenido que cerrar sus puertas por decisión gubernamental o por que simplemente no tienen papel para imprimir sus rotativos.

Foto: Foro Penal Venezolano fue recientementenominado al Premio Nóbel de la Paz

Chávez personalmente ordenó el cierre del canal de TV mas antiguo de Venezuela, RCTV, y de 32 radioemisoras en el año 2007. El canal de noticias Globovisión fue vendido y su línea editorial, al igual que la de los otros canales privados, se han adaptado para no confrontar al gobierno venezolano. Cadena

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Capriles44, que posee uno de los diarios más antiguos del país, también fue vendida y dejó de caracterizarse por su línea editorial crítica para servir actualmente a fines propagandísticos del gobierno.

El año pasado, los dueños del diario Tal Cual fueron demandados por el presidente de la Asamblea Nacional por una columna publicada en sus páginas. El diario dejó de salir de forma impresa por falta de papel periódico, en febrero de 2015, y fue nuevamente demandado por una suma millonaria, junto con el diario El Nacional y el portal web La Patilla. La razón fue la publicación de informaciones que salieron en diarios internacionales según las cuales se involucraba a altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en una presunta red de narcotráfico. 32 directivos de estos medios de comunicación fueron demandados y se les dictó prohibición de salida del país. Al Diario El Nacional se le dictó la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Algunos representantes de esos medios permanecen en el país con presentación periódica en los tribunales mientras transcurre el juicio, y otros se encuentran fuera del país. Periodistas independientes y generadores de opinión han tenido que ser despedidos por presiones gubernamentales, so pena de que el medio de comunicación sufra multas punitivas o su cierre definitivo.

Persecución contra defensores de derechos humanos

Las organizaciones de DDHH son acosadas permanentemente por el gobierno venezolano y sus directivos y miembros son perseguidos penalmente, con apertura de investigaciones en tribunales civiles y militares. También sus rostros y nombres, incluyendo detalles sobre sus familias, son expuestos al escarnio público en programas de la TV y la radio oficial. Quienes acuden

a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de DDHH y el sistema de protección de Naciones Unidas, son acusados de mal poner al gobierno venezolano o de ser “agentes financiados por Washington”, entre otros epítetos.

Tanto la CIDH como el relator para los Defensores de DDHH de las Naciones Unidas han emitido comunicados instando al gobierno venezolano a cesar la persecución contra los defensores y permitirles trabajar libremente. Algunos tienen medidas cautelares de protección que el gobierno no acata porque siguen recibiendo amenazas y acoso.

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AGRADECIMIENTOSCarmen Eva González, Senadora de Bolivia. Electa por el departamento de Pando por la organización política Convergencia Nacional (CN).

John Suárez, activista de derechos humanos. Secretario Internacional del Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami.

Mauricio Alarcón Salvador. Abogado. Activista y defensor de derechos humanos. Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Director de Proyectos de Fundamedios.

MSc. Irving Cordero Morales. Presidente de la fundación Institucionalidad y Mercado. (IMER) Asesor jurídico en la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. (ANPDH).

1. http://eju.tv/2014/04/informe-del-pen-bolivia-sobre-la-libertad-de-expresin/

2. Testimonio de Werlando Leyva Batista, activista del MCL agredido con machete / Radio República https://youtu.be/MMr8oIX1OYE

3. Agreden a Machetazos a Werlando Leyva Batista, Activista del MCL / Movimiento Cristiano Liberación http://www.oswaldopaya.org/es/2013/06/09/agreden-a-machetazos-a-werlando-leyva-batista-activista-del-mcl/

4. Camaguey: Activista atacado a machetazos por presidente del CDR / Ra-dio República. June 21, 2013 https://youtu.be/TAs_HfOxuo0

5. Agredida a machetazos la exdelegada Sirley Ávila / Diario de Cuba 26 demayo 2015 http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/ 1432663947_14802.html

6. Sirley Ávila acusa a la Seguridad del Estado de estar detrás del ataque a machetazos y pide ayuda jurídica internacional / Diario de Cuba 17 de junio 2015 http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1434567329_15211.html

7. Peligra la vida de Sirley Ávila León al ser mandada para su casa / Hablemos Press, 15 de junio 205 http://www.cihpress.com/2015/06/peligra-la--vida-de-sirley-avila-leon-al.html

8. Desaparecido en lancha hundida pudo morir por embestida de Griffin cubana http://www.martinoticias.com/content/cuba-emigracion-lancha-hundida--guardafronteras-desaparecido/82691.html

9. EEUU: Grupo de exilio denuncia ataque de Cuba contra balsa con inmigrantes http://diariocorreo.pe/mundo/eeuu-grupo-de-exilio-denuncia-a-taque-de-cuba-contra-balsa-con-inmigrantes-552103/

10. Grupo de exilio denuncia ataque de barco cubano contra balsa con inmigrantes Published December 19, 2014EFE http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2014/12/19/grupo-de-exilio-denuncia-ataque-de-barco-cubano--contra-balsa-con-inmigrantes/

11. Jefe De Seguridad del Estado asesina a ciudadano en Cuba. Libertad Press. April 15, 2015 http://libertadpress.com/seguridad-del-estado-mata-a-ti-ros-a-ciudadano-cubano/

12. Interview Libertad Press, April 27, 2015 https://youtu.be/HvihQueE_Lw

13. Informe Mensual de Violaciones de los Derechos Humanos - Diciembre 2014 http://www.cihpress.com/2015/01/informe-mensual-de-violaci-ones-de-los.html#.VQcPqOHM3m4

14. Cuba: Prisoner releases must lead to new environment for freedoms https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/01/cuba-prisoner-releases/

15. Se mantiene firme la política de represión / Cuaderno de Cuba http://www.cuadernodecuba.net/2010/01/se-mantiene-firme-la-politica-de.html

16. Cuba: Algunos actos de represión política en el mes de agosto de 2015 / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional17. Oposición cubana denuncia aumento de detenciones arbitrarias en febrero http://www.dw.de/oposici%C3%B3n-cubana-denuncia-aumento-de-de-tenciones-arbitrarias-en-febrero/a-18292972

18. Informe mensual sobre represión / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional http://ccdhrn.org/wp-content/upload-s/2015.04-CCDHRNpdf1.pdf

19. Dissident group: 641 political arrests during May in Cuba / EFE http://latino.foxnews.com/latino/politics/2015/06/03/dissident-group-641-politi-cal-arrests-during-may-in-cuba/

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20. US cruise company announces go-ahead to sail to Cuba / BBC http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33437671

21. Cuba: 674 detenciones arbitrarias se registraron en julio, según la CCDHRN / Noticias Montreal http://noticiasmontreal.com/152518/674-deten-ciones-arbitrarias-se-han-registrado-en-cuba-en-julio-segun-la-ccdhrn/

22. Cuban opposition group reports 768 political arrests in August, most this year / EFE http://latino.foxnews.com/latino/news/2015/09/03/cuban-opposi-tion-group-reports-at-least-768-political-arrests-in-august/

23. At least 101 anti-Castro activists arrested in Cuba in another Sunday of repression http://marcmasferrer.typepad.com/uncommon_sense/2015/03/at--least-101-anti-castro-activists-arrested-in-cuba-in-another-sunday-of-repression.html

24. Dissident group: 641 political arrests during May in Cuba / EFE http://latino.foxnews.com/latino/politics/2015/06/03/dissident-group-641-politi-cal-arrests-during-may-in-cuba/25. Dissident group: 641 political arrests during May in Cuba / EFE http://latino.foxnews.com/latino/politics/2015/06/03/dissident-group-641-politi-cal-arrests-during-may-in-cuba/

26. Radio Republica interview with Antonio Rodiles, July 6, 2016https://youtu.be/W9PXY97TF-Q

27. Represión arropa nuevamente protestas de las Damas de Blanco / Dia-rio de las Americas , 14 de junio 2015 http://www.diariolasamericas.com/4847_cuba/3165202_represion-arropa-nuevamente-protestas-de-las-damas-de-blanco.html

28. 10mo Domingo represivo contra activistas y Damas de Blanco por Esta-do de SATS, 17 de junio 2015 https://youtu.be/29F2yjp_Tbk

29. Two months in jail for a performace that never took place http://cubalog.eu/2015/02/two-months-in-jail-for-a-performace-that-never-took-place/

30. Jose Daniel Ferrer tweets about conversing with Danilo Maldonado who remains jailed presently http://tweetymail.com/users/jdanielferrer/po-sts/2015/06/09/17-07-54

31. Item:4 General Debate (Cont‘d) - 25th Meeting 29th Regular Session of Human Rights Council #68 Centrist Democrat International http://webtv.un.org/search/item4-general-debate-contd-25th-meeting-29th-regular-sessi-on-of-human-rights-council/4318506705001?term=Centrist%20Democratic%20International

32. POR LA LIBERACIÓN DE JOSVANY MELCHOR, Víctima de Secues-tro de Estado. Christian Liberation Movement http://www.oswaldopaya.org/es/2011/05/28/por-la-liberacion-del-josvany-melchor-victima-de-secuestro-de--estado/

33. Intervención de Rosa Rodríguez #MCL en Consejo de DD.HH.en Ginebra. Christian Liberation Movement http://www.oswaldopaya.org/es/2015/06/24/interevncion-de-rosa-rodriguez-mcl-en-consejo-de-dd-hh-en-gine-bra/

34. Abel Prieto: Cuba does not dialogue with puppets of the United States / The Miami Herald, April 9, 2015 http://www.miamiherald.com/news/nation--world/world/americas/cuba/article18006344.html

35. Abel Prieto: Cuba does not dialogue with puppets of the United States / The Miami Herald, April 9, 2015 http://www.miamiherald.com/news/nation--world/world/americas/cuba/article18006344.html

36. VII Cumbre de Las Américas. Foro Sociedad Civil, participación ciu-dadana. / Rosa Maria Paya Acevedo, April 10, 2015 https://youtu.be/6Ro-T6oQadW4

37. Opinion: And So It Begins, For Cuba‘s Civil Society by Carmen Pelaez, April 13, 2015 NBC News http://www.nbcnews.com/news/latino/opinion-so-it--begins-n340186

38. Golpeados brutalmente por turbas castristas miembros de la Resistencia cubana durante una demostración silente ante busto de José Martí. Han sido arrestados. Directorio Democratico Cubano / April 8, 2015 http://www.directorio.org/comunicadosdeprensa/note.php?note_id=4401

39. País petrolero made in China http://ecuadornoticias.org/index.php/naciona-les/destacados/540-ecuador-made-in-china

40. El resultado fue de 64 votos a favor y 25 en contra41. El día de las elecciones hubo empate. 190 votos fueron para los sandini-stas y 190 fueron para el partido opositor PLI.42. Reportaje sobre el allanamiento a CINCO https://www.youtube.com/wat-ch?v=SydkFcbyosA

43. Lista de presos políticos venezolanos http://www.venezuelaawareness.com/lista-de-prisioneros-politicos

44. Cadena Capriles, o Grupo Últimas Noticias, es un conglomerado vene-zolano de medios de comunicación conformado por periódicos, revistas y portales informativos, además de una fundación.

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Tamara Sujú Roa

Tamara Sujú Roa es la directora ejecutiva del Instituto Casla, con sede en la República Checa. Abogada de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, es diplomada en Política Criminal y Derechos Humanos de esa misma casa de estudios. Fundadora y directora internacional de Foro Penal Venezolano, organización nominada en 2015 al Premio Nóbel de la Paz. Por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, Sujú fue galardonada en 2014 con la Orden Bicentenaria, máxima condecoración otorgada por el Colegio de Abogados de Caracas. En 2015 recibió el premio Democracy Award en nombre de los presos políticos y defensores de DDHH de Venezuela, reconocimiento entregado por el Congreso de los Estados Unidos. Es columnista del semanario La Razón y conferencista internacional.

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