R en los - UNGS · En este contexto la constitución de dos actores sociales fueron paradigmáticos: los piqueteros que enunciaron una nueva cartografía social en el Gran Buenos

Resistiendo en los baRRios

Resistiendo en los barrios.Acción colectiva y movimientos sociales en el

Área Metropolitana de Buenos Aires

María Cristina Cravino(editora)

Universidad Nacional de GeneralSarmiento

Tomas Calello, María Cristina Cravino, Virginia Manzano, Viviana Moreno, María Rosa Neufeld, Marcelo Ribero y Marcela Woods

© Universidad Nacional de General Sarmiento, 2007J.M. Gutierrez 1150, Los Polvorines (B1613GSX)Prov. de Buenos Aires, ArgentinaTel.: (54 11) [email protected]/publicaciones

Diseño y Diagramación: Departamento de Publicaciones - UNGS

ISBN:978-987-630-009-4Hecho el depósito que marca la Ley 11.723Prohibida su reproducción total o parcialDerechos reservados

Cravino, María Cristina Resistiendo en los barrios : acción colectiva y movimientos so-ciales en el Area Metropolitana de Buenos Aires / María Cristina Cravino ; Tomás Daniel Calello ; Virginia Manzano ; edición lite-raria a cargo de: María Cristina Cravino - 1a ed. - Los Polvorines : Univ. Nacional de General Sarmiento, 2007. 188 p. ; 21x15 cm.

ISBN 978-987-630-009-4

1. Movimientos Sociales. I. Calello, Tomás Daniel II. Manza-no, Virginia III. Cravino, María Cristina, ed. lit. IV. Título CDD 303

Índice

Introducción ...........................................................................................................9

Entre la hiperinflación y la devaluación: “saqueos” y ollas populares en la memoria y trama organizativa de los sectores populares del Gran Buenos Aires (1989-2001) / María Rosa Neufeld y María Cristina Cravino ......13

Desenhebrando la construcción de una ONG social / Viviana Elizabeth Moreno ....................................................................................39

Modalidades y límites de la intervención de la Iglesia Católica en conflictos sociales territoriales. De la mediación a la confrontación en la diócesis de Quilmes / Marcela Woods ....................................................................................77

Del desocupado como actor colectivo a la trama política de la desocupación. Antropología de campos de fuerzas sociales / Virginia Manzano ...............................................................................................101

Ideología y acción colectiva del Movimiento Piquetero y su relación con las políticas sociales asistenciales. Un análisis de caso en el Noroeste del Conurbano / Marcelo Ribero ........................................................135

Despojamiento de la fuerza de trabajo: el cuerpo cartonero como manifestación política en la ciudad / Tomás Calello .........................................167

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Introducción

Es un lugar común hacer referencia acerca de la emergencia de nuevos actores sociales en la Argentina pre-crisis y estallido social que se cristalizó en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Estos actores sociales, que muestran su carácter político más claramente con el correr del tiempo, se vin-culan a las modificaciones estructurales del país, que generaron porcentajes de desocupación que superaron el 20% (situación inédita e impensable en otros momentos) y a un proceso de crisis de representación de los partidos políticos. En este contexto la constitución de dos actores sociales fueron paradigmáticos: los piqueteros que enunciaron una nueva cartografía social en el Gran Buenos Aires (aunque menos perceptible también en la Ciudad de Buenos Aires) y las asambleas barriales, particularmente visibles en la Ciudad de Buenos Aires y en menor medida en la periferia. Estas experiencias se constituyeron en marcas en la memoria colectiva y en formas de experiencia formativa.

Creemos que es bueno hacer el ejercicio de analizar algunos indicios his-tóricos que marcaron las formas de realizar acción colectiva por parte de los sujetos que sufrieron en carne propia, más que nadie, las crisis y comprender, por ejemplo, cómo el fenómeno de los saqueos derivó en otras expresiones de organizaciones sociales. Por otra parte, debemos despejar el peligro de reificar estos actores, ya que se encuentran permanentemente en mutación y en movi-miento en una dialéctica con las coyunturas (Tarrow –1994– diría en la estructura de oportunidades políticas). Por esta razón es fértil el diálogo con el análisis de otros actores colectivos también relevantes como los cartoneros, símbolo de las nuevas formas de ocupación para salir de la crisis, considerada por algunos “rebusque” y por otros “trabajos” (Perelman, 2007) y un actor que aparece más silenciosamente, pero que se encuentra involucrado (alentando o frenando) en las formas de acción colectiva del Gran Buenos Aires, pero también en la Ciudad Capital (en esta última particularmente en las demandas o reivindicaciones de los grupos villeros): la Iglesia Católica. Esta iglesia no es monolítica, sino que cobra diferentes perfiles en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En la zona norte podemos decir que adquiere un carácter más paternalista, a diferencia de la zona sur donde, desde ya hace varias décadas, expresa un compromiso con

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MaRía CRistina CRavino (editoRa)

las luchas sociales, pero éste tiene límites ideológicos, tal como lo demuestra Woods (en esta compilación). En la zona oeste, por su parte, se acerca más a un posicionamiento de la iglesia del sur, pero de forma algo más moderada. Las ONGs son los actores protagonistas durante los ‘90, pero siguen siéndolo hoy, de la gestión de numerosos programas sociales, a los que se les sumaron más recientemente las organizaciones piqueteras. Su rol no es neutro y tampoco es neutro su involucramiento en cuanto a los impactos internos que derivan de estas prácticas. Sobre estos actores, su conformación, sus metamorfosis y entramados en los que se insertan trata el presente libro. Son protagonistas de una ciudad metropolitana dinámica, rutinaria cotidiana y disruptiva a la vez y los trabajos intentan articular ambas caras de la realidad social.

Lo que tienen en común todos los trabajos de esta compilación es que par-ten de la articulación concreta en la realidad social del Área Metropolitana de Buenos Aires de las condiciones estructurales y las prácticas cotidianas, es decir, un encastre de los niveles microsociales y macrosociales de la acción colectiva. Allí, en este punto hay resistencias ruidosas o silenciosas, locales o de alcance nacional, pero que encuentran límites certeros: los controles del Estado en las políticas sociales frente a la autonomía, los controles policiales en las apropia-ciones de bienes y residuos frente a la resolución de las necesidades urgente, la resistencia ideológica. El micro análisis, a partir del trabajo empírico, permite capturar ese nivel el punto justo donde es visible tanto lo cotidiano como lo disruptivo, donde la reconstrucción de la génesis hace comprensible las prácticas de los actores del sector popular, con sus resistencias a las condiciones estruc-turales, pero a la vez con su inercia, con la consecuencia en los cuerpos, con el bagaje de una experiencia formativa, que parece desaparecer, pero que emerge en el momento indicado o menos esperado, que articula trayectorias y tradiciones diversas, que captura la síntesis relacional de prácticas y repertorios.

Todos los trabajos presentados se sustentan en trabajos empíricos de inves-tigación, pero buscan pistas para iniciar análisis que comprendan las prácticas cotidianas, entramados relacionales, en relación con las formas organizativas de estos nuevos actores sociales de la Argentina contemporánea, constituidos como campos de disputa de poder e ideológicas. Sólo en esta trama puede ser comprendidas las acciones colectivas o la constitución de movimientos sociales. De esta forma, comparten también una construcción de los sujetos colectivos que pretende captar su aspectos multiformes y dinámicos, escapando a la formas de radiografías que tipifican estos actores y a veces deshistorizan sus prácticas. Muestran como falsa la dicotomía entre la lógica de las estrategias de vida y de las acciones reivindicativas, sino que por el contrario se encuentran imbricadas, ensambladas. Por lo tanto, proponen una relectura de los enfoques clásicos de

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Resistiendo en los barrios

los movimientos sociales y la acción colectiva y de los sujetos/actores de estas prácticas, al momento de pensar experiencias locales.

El libro está organizado con la siguiente secuencia. En primer lugar, se presenta un trabajo que compartimos con María Rosa Neufeld que aborda una indagación sobre la memoria de los saqueos del 1989 en vísperas del estallido de diciembre del 2001 y los significados de metáfora y horizonte de posibilidad que tienen para sus protagonistas y como estos relatos se encuentran entrela-zados como germen de organizaciones barriales que perduraron en el tiempo, tales como comedores y guarderías. A su vez, desnuda cómo los saqueos del 1989 y 1990 se convirtieron en expresiones de experiencia formativa que es resignficada y puesta en acto en el año 2001.

Viviana Moreno expone las tensiones que se suscitan dentro de la red que conforma una ONG que nuclea a diferentes comedores/guarderías u otro tipo de centros que aportan contención material y social a grupos vulnerados. Esta organización puede ser cualquiera en el mapa del Gran Buenos Aires (el ejerci-cio de poder al interior de la organización va en detrimento de la pretensión de la misma de ser una ONG horizontal). La perspectiva del poder es negada por esta organización, ya que se plantea y se define a sí misma como horizontal y entonces la autora muestra cómo los programas sociales introducen formas de gestión que entran en colisión con las formas de poder que desean desarrollar y reproducir.

Por su parte, Marcela Woods reconstruye y analiza cómo en el Municipio de Quilmes la Iglesia Católica participa y apoya las luchas sociales que despliegan los pobladores, tanto en la disputa por el acceso al suelo urbano como por el trabajo en organizaciones de desocupados. Analiza la ideología que sustenta este compromiso y la forma en que el mismo muestra límites que plantea dile-mas morales a los miembros de la institución y en donde la jerarquía de poder estructura estos límites.

Seguidamente, Virginia Manzano propone descentrar la preocupación mayoritaria por el sujeto de protesta o el actor colectivo para indagar sobre las tramas relacionales que configuraron un espacio social de disputa en torno a la desocupación. La trama de significados de estos sujetos se construye en un espacio social donde la desocupación se fue definiendo como problema en un entramado relacional en el que se destacaron experiencias previas de ocupación de tierras, prácticas religiosas inscriptas en Comunidades Eclesiales de Base y estrategias sindicales. Abre una nueva mirada sobre un fenómeno ampliamen-te estudiado. Ésta permite captar las complejidades de la construcción de los sujetos colectivos y recusar simplificaciones apresuradas.

Por su parte, Marcelo Ribero desentraña la relación ideológica construida entre miembros de organizaciones piqueteros que se constituyen en receptores,

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MaRía CRistina CRavino (editoRa)

definidos por los programas sociales como “beneficiarios” y sus dirigentes. Propone un análisis sobre las miradas de estos sujetos sobre su situación dentro de los movimientos piqueteros y muestra las cotidianidades de las gestiones de programas asistenciales en el marco del concepto del clientelismo y la per-cepción de la situación y su posición de estar constantemente “en expectativa” para poder acceder a los recursos estatales.

Tomás Calello se plantea una aproximación conceptual e interpretativa a las respuestas organizativas y políticas que ofrecen los cartoneros/recicladores urbanos a su situación medioambiental, entendiéndolas básicamente a partir de sus condiciones de vivienda y laborales. Sin embargo, su lectura se traza interrogantes en cuanto a esta experiencia como dimensiones de su existencia social, política y cultural en la ciudad. De esta forma busca adentrarse en las causas estructurales de su expoliación y propone lecturas novedosas de esta condición de desposesión y de trabajo. Por su parte, analiza la incidencia de las políticas que tienden a la cooperativización, pero encuentran límites a partir del sujeto con los que trabajan.

Es oportuno señalar que estos textos conforman un grupo de lecturas que se proponen a los alumnos de la materia Actores y procesos de las políticas sociales de la carrera de la Licenciatura de Política Social del Instituto del Conurbano-UNGS. Estos trabajos interpelan al rol de Estado en relación con actores sociales pre-constituidos o constituidos por las acciones del mismo. Exponen casos diversos, pero que muestran las tensiones de muchas organi-zaciones en relación al Estado o sobre las que pesan las formas de demandar, que se encuentran en constante mutación, pero en una Argentina, que cambió para siempre, que no puede volver al pasado, en una región que fue una de las más castigadas por la crisis.

María Cristina CravinoLos Polvorines, Julio 2007

BibliografíaPERELMAN, Mariano (2007): “¿Rebusque o trabajo? Un análisis a partir de

las transformaciones del cirujeo en la Ciudad de Buenos Aires”.TARROW, Sydney (1994) El poder en movimiento. Los movimientos sociales,

la acción colectiva y la política. Alianza Universidad. MadridTILLY, Charles (2000) “Acción colectiva”. En: Apuntes de investigación Año

IV Nº 6 noviembre de 2000. Secyp, Buenos Aires

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Entre la hiperinflación y la devaluación: “saqueos” y ollas

populares en la memoria y trama organizativa de los sectores populares del Gran Buenos Aires (1989-2001)1

María Rosa Neufeld2 y María Cristina Cravino3

IntroducciónEn este artículo, nos interesa referirnos a una preocupación que surgió a

partir de las entrevistas que realizamos en los años 2000 y 2001, en el curso de nuestra investigación,4 con habitantes de asentamientos del Conurbano Bonae-rense. En las mismas, nuestros interlocutores hacían referencia recurrentemente a los saqueos y ollas populares ocurridos una década atrás en un contexto de hiperinflación. Esto motivó una serie de preguntas que intentamos responder: ¿Por qué se evocaban con tanta fuerza hechos que tuvieron una característica notable: convirtieron a sujetos anónimos en protagonistas de situaciones locales

1 Una primera versión de este capítulo fue presentada como ponencia en la IV Reunión de Antropólogos del MERCOSUR entre el 11 y 14 de noviembre del 2001 en Curitiba y luego publicada en la Revista de Antropología, Vol. 44 Nº 2, del Departamento de Antropología de la Faculdade de Filosofia , Letras e Ciencias Humanas de la Universidade de Sao Paulo en diciembre de 2001.2 E-mail: [email protected]. Facultad de Filosofía y Letras, UBA.3 E-mail: [email protected] o [email protected] Este artículo es producto de un trabajo de investigación que se desarrolló en el Área Condiciones de Vida y Políticas Sociales del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sar-miento.

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MaRía Rosa neufeld y MaRía CRistina CRavino

que no se han olvidado, pero que al tiempo que sucedían en barrios puntuales, se repetían simultáneamente en otros espacios, principalmente en las importan-tes conurbaciones de Buenos Aires y Rosario?5 ¿De qué manera estos hechos constituyeron una experiencia formativa? ¿Cómo vinculaban los habitantes de estos barrios su situación actual –caracterizada por porcentajes altísimos de desempleo y el retiro de los planes sociales por parte del Estado–6 con estos hechos que se construyen en los relatos como un momento fundamental en la historia de sus barrios? ¿Qué relación tienen las organizaciones sociales presentes con las formas de respuesta a la crisis de hiperinflación de finales de los ‘80? Finalizamos con algunas reflexiones con el objeto de comparar con los hechos similares ocurridos en diciembre del 2001, para lo cual realizamos algunas entrevistas adicionales y analizamos la información aportada por los medios de comunicación impresa.

En la década del 80 en el Área Metropolitana de Buenos Aires emergió un nuevo fenómeno que transformó los procesos de urbanización de la ciudad: las tomas de tierras o “asentamientos”. Éstos mostraron nuevas conflictividades en torno de la ocupación del espacio urbano, producto de las transformaciones estructurales del mercado y del Estado. A su vez, dentro de ellos se construyeron tramas organizativas con el objeto de intentar superar su condición de ilegalidad –en cuanto a la tenencia de la tierra– y sus precarias condiciones de vida.

Buscando responder a los interrogantes formulados anteriormente, ana-lizamos entrevistas realizadas a pobladores de dos asentamientos de la zona noroeste de Buenos Aires, específicamente de San Miguel y José C. Paz, y las complementamos con datos hemerográficos (diarios nacionales y locales).7 Estos dos distritos forman parte del aglomerado urbano denominado Gran Buenos Aires, conformado por la ciudad homónima y 24 municipios que la rodean. Ambos barrios se encuentran ubicados a una distancia aproximada de 35 km. del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos, junto al actual distrito de Mal-vinas Argentinas, constituían hasta 1995 el Municipio de General Sarmiento. San Miguel cuenta aproximadamente con 250.000 habitantes y José C. Paz con 215.000.8 Se trata de dos municipios con características sociodemográficas distintas: el primero alberga, particularmente en la localidad de Bella Vista, a sectores con niveles de ingreso medio-alto, su centro está habitado por sectores medios, mientras que en espacios periféricos (algunos de ellos a la vera del Río Reconquista) se asienta población de escasos o escasísimos recursos; el

5 Ver, por ejemplo, VVAA, 1999.6 Nos referimos a los últimos meses del gobierno radical del Dr. Fernando De La Rúa.7 El archivo hemerográfico de 1989-90 fue confeccionado por María Rosa Silva.8 Los datos estadísticos que aportan cifras desagregadas por municipios son los proporcionados por el Censo de Población y Vivienda realizado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) de 1991.

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Entre la hiperinflación y la devaluación

segundo presenta una composición más homogénea, contando con una porción minoritaria de sectores de condición socioeconómica media en el centro de la ciudad y amplios sectores con población de escasos recursos prácticamente en todo el resto de su territorio.

En el Gran Buenos Aires, la crisis económica actual (que tiene su origen a mediados de la década del 90) afectó de forma diferencial a los distintos muni-cipios, contándose los distritos analizados entre los que presentaban los índices más acuciantes. A modo de ejemplo, podemos mencionar que en mayo de 1997 mientras que el índice de desocupación para todo el Gran Buenos Aires era de 17,1%, en José C. Paz ascendía a 24,3% y en San Miguel al 21,4% (Kohan y Fournier, 1998).

Los saqueos “históricos” ocuparon sólo un período corto de tiempo: unos días de fines de mayo/principios de junio de 1989 y otros en 1990. A simple vista pueden ser tomados como un episodio más de protesta, sólo recordado por la magnitud (tuvieron lugar en casi todos los grandes conglomerados urbanos del país, aunque se manifestaron con particular fuerza en el Gran Rosario y el Gran Buenos Aires) y por la conmoción y miedo que provocaron en el ánimo de todos.

Sin embargo, consideramos que fueron mucho más que un episodio fugaz. Constituyeron un punto de quiebre en dos sentidos: por un lado, marcaron la antesala de la Reforma del Estado, ya que ésta se legitimó con el argumento de la crisis a la que los saqueos contribuyeron como imagen fantasmagórica de la hiperinflación; por el otro, los saqueos dejaron huellas que no quedaron sólo en la memoria como hechos singulares, sino que fueron el comienzo de la construcción de toda una trama organizativa barrial tendiente a la resolución de la vida cotidiana. Cuando finalmente los ansiados víveres llegaron a los barrios –producto de los saqueos o de los apresurados aportes de particulares y el Es-tado–, se organizaron una multiplicidad de ollas populares. Éstas se recuerdan como el origen de comedores y guarderías actuales.

En el momento en que realizamos nuestro trabajo de campo (años 2000 y 2001), a doce años de los episodios, la población en general no tenía el mismo registro de esta contracara de los saqueos –las ollas– que el recuerdo que guar-dan sus partícipes. Convenimos con quienes sostienen que “cada forma social viva es historia acumulada, rearticulada. Hacer inteligible el presente requiere buscar en el pasado el sentido de esas huellas” (Ezpeleta y Rockwell, 1983). Concordantemente, Bosi (citado en el trabajo de James que reconstruye los hechos del 17 y 18 de octubre de 1945) afirma: “la memoria no es nunca, pues, una evocación pura y espontánea de los hechos o experiencias del pasado, tal como realmente sucedieron o como originalmente se los vivenció: implica un proceso permanente de elaboración y reeelaboración de acontecimientos que

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tuvieron importancia pública y política, que siempre entrañan (...) una lectura social del pasado en los ojos del presente” (James, 1995:104-5).

Aunque no fue fácil seguir en los barrios los indicios de estas historias no escritas, hay pistas que permitieron establecer algunas conexiones: en primer lugar, la experiencia organizativa de las tomas de tierras; en segundo lugar, el contenido contradictorio de los recuerdos de nuestros interlocutores, que remitieron a un momento de fuerte unidad en el barrio y una situación de gran desesperación por la falta de medios para la subsistencia; en tercer lugar, la forma en que pasado y presente se unen para describir la situación en los años 2000 y 2001 de estos barrios, concretándose en organizaciones que surgieron como respuesta a la hiperinflación y aún hoy persisten.

Los saqueos desde la reconstruccion a partir de diarios y entrevistas9

Revisando periódicos, buscando bibliografía, reconstruimos ese momento en que Rosario y el Conurbano Bonaerense (especialmente la zona en que trabajamos) compartieron las primeras páginas de los diarios. Es interesante, inclusive, la posibilidad de confrontar “los hechos” tanto como los análisis, dado que existe una publicación rosarina10 de 1999: “A diez años de los saqueos en Rosario – crisis social, medios y violencia” en la que historiadores, antropólogos sociales, investigadores en medios de comunicación y periodistas reconstruían, a partir del registro hemerográfico y entrevistas a participantes, los episodios de 1989 en esa ciudad. Al mismo tiempo, ensayaban distintas interpretaciones que se inscriben en las líneas inauguradas por Rudé, Hobsbawn y E.P. Thompson.

Entre estos artículos, “El Rosariazo del hambre” de Nora Arias y Gloria Rodríguez (en: VV.AA.,1999) se inscribe en la tradición de los estudios sobre movimientos sociales. Permite contextualizar estos eventos, no sólo en la es-calada hiperinflacionaria que acompañó a la finalización del gobierno de Raúl Alfonsín, sino en términos internacionales, dado que a partir de 1983 hubo antecedentes en Brasil, en San Pablo y Río de Janeiro, así como en Sudáfrica,

9 El corpus hemerográfico con el que trabajamos está integrado por las ediciones de los últimos días de mayo y la primera quincena de junio de 1989 de Página/12 (de circulación nacional), del Periódico Pueblo (editado por la Unidad Popular y de circulación en el entonces municipio de General Sarmiento), dos números – de junio y julio de 1989 de la revista de la Asociación Comercial y una serie de diez números del diario local La Hoja de San Miguel, editados en 1999 (a diez años de los saqueos), así como artículos de 1989 de La Prensa, Crónica y La Nación.10 Nos referimos a Crisis social, medios y violencia. A diez años de los saqueos en Rosario, VV.AA, CEHO, CECYT, CEA-CU, Universidad Nacional de Rosario, 1999.

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Guadalupe, Gran Bretaña y en el mismo año 1989 –cuatro meses atrás–, el “caracazo” se había cobrado 500 muertos en Venezuela.11

Por su parte, Edith Cámpora en otro de los artículos, “Una mirada antro-pológica hacia los saqueos (diez años después)”, los caracterizaba como “un episodio sociopolítico recortado temporo espacialmente, en el que es posible visualizar la condensación de situaciones de un contexto social, político y eco-nómico que lo trasciende. Episodio que puede ser analizado bajo la perspectiva de drama social”.

En el trabajo de campo, fuimos constatando cotidianamente que los habi-tantes de los asentamientos conocían y estaban pendientes de las movilizaciones que, por razones similares, se realizan en otros lugares del país, a pesar de que estas personas, en gran medida desocupadas, pasan la casi totalidad de sus vi-das en estos asentamientos y zonas aledañas, y poseen sólo recursos limitados de comunicación (radios y televisores de modelos obsoletos). Un entrevistado demostraba su preocupación: “Se están palpando situaciones como lo que está sucediendo en Salta y están todos a la expectativa que es lo que va a pasar en Salta, si en Salta sale bien bueno se sabe ya que Jujuy habrá agarrado la manija Jujuy, ahora está Córdoba también, está Navarro, también y están todos como quien dice, creando de a poquito, poquito levanta viento a niveles sociales y se están creando respuestas, pequeñas respuestas pero dentro de las necesidades, es mucho. Y esperemos que no llegue a estos sectores así como digo yo somos los más marginados”...

Sería ingenuo suponer que los diarios de la época nos cuentan “los hechos”. Sin embargo, es posible reconstruir –a partir de esas páginas en las que los títu-los van guiando nuestra mirada y nuestra comprensión– una serie de relaciones significativas, contrastables con los registros de campo. Sírvannos de ejemplo los significativos títulos de Página/12: “Desde el abismo”, “La miniguerra civil”, “la guerra de los machetes”, “La batalla de las góndolas” (junio de 1989).

En estos artículos es posible rastrear las categorías con las que los perio-distas reconstruyen y otorgan sentido a estos episodios. En algunos casos, hay un esfuerzo importante de conceptualización y análisis, que –al tiempo que se producen los sucesos–, se aplica a contextualizar el uso que se hace del término “saqueo”:

“En el principio fue el verbo saquear, que de este lado de la frontera está relacionado con delincuencia, con hordas y con gente de una raza diferente. Lo usan, por ejemplo, esos pequeños comerciantes que en minutos vieron arruinados años de esfuerzos.(...) En otro escalón el verbo saquear es rei-

11 En ocasión de la presentación de nuestra ponencia ante la IV Reunión de Antropología, Curitiba, Brasil, noviembre de 2001, que antecede a este capítulo, conocimos un análisis de los saqueos en la historia reciente de Fortaleza, en el estado de Ceará, realizado por Frederico de Castro Neves (2000).

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terado por los grandes comerciantes, la policía, los militares, los políticos, y hasta los izquierdistas. Algunos lo repudian, otros lo justifican”, Sergio Sciancaglini, Página/12, “Desde el abismo” (4 de junio de 1989). Según estos diarios, el 30 de mayo de 1989 se registraron hechos de tensión

en el Gran Buenos Aires, que incluyeron concentraciones de vecinos y comer-ciantes que derivaron en el Municipio de La Matanza en enfrentamientos con la policía. En San Miguel, la policía informó haber detenido 268 personas por haber robado mercaderías en dos supermercados. Entre los detenidos figuraban 120 menores, y se destacaba que se utilizaron vehículos incautados al transporte público de pasajeros para transportar las mercaderías.

El día siguiente, (31 de mayo de 1989), en otra nota del mismo diario, se considera que estos hechos pasaron “a tomar la posta desplazando a Rosario en lo que hace a la gravedad de los disturbios que se iniciaron en el fin de semana”; se estimaba (Carlos Álvarez, ministro del gobierno bonaerense) que “un 80 por ciento de las personas que saquean supermercados tienen un genuino problema social o directamente hambre, un 15 por ciento se compone de activistas de distintos partidos políticos (...) y el cinco por ciento restante pertenece a sectores que buscan la desestabilización del sistema” (militantes de izquierda y carapintadas).12

En San Miguel se registraron cinco muertos, y unas 15 personas heridas de consideración.13 Según el ministro de gobierno, habían actuado bandas armadas que “incluso portaban ametralladoras. Las responsabilizó por el asesinato a mansalva de un colectivero que se negó a colaborar en los saqueos (...) Aunque los hechos fueron aislados, tuvieron su epicentro en San Miguel, partido de General Sarmiento y Moreno... Los problemas más graves se registraron en General Sarmiento, donde murió un pequeño de nueve años por un disparo en la cabeza. ¡Hay una franja de tres kilómetros donde ya no hay nada que saquear!, reconoció el intendente del partido, Eduardo López, al tiempo que anunciaba la implementación de comedores populares ‘para que la gente no responda a los activistas, que la llevan engañada’”.

Una integrante del equipo de investigación, cuyo hogar se encontraba en esos años muy cercanos al centro de los episodios, recordaba que “ese extraño día, la geografía había cambiado, como así también las relaciones entre los vecinos de la cuadra. En la ruta, justo en la desembocadura de La Equidad, los dos mayoristas de alimentos tenían sus persianas a medio cerrar. Hombres y mujeres salían en forma desordenada con paquetes de fideos, de harina y con 12 Durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, hubo alzamientos militares cuyos prota-gonistas fueron denominados “carapintadas”, haciendo alusión a los camuflajes bélicos.13 Médicos del Hospital Larcade, de San Miguel, nos relataron aquellos momentos, afirmando que ese nosocomio se convirtió “en hospital de campaña”, atendiendo a los heridos en los enfrentamientos y saqueos.

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botellas. En el medio de la ruta, unos hombres quemaban las estanterías del local, mientras otros, con sus torsos desnudos, las acercaban y las estrellaban contra el asfalto.”

Ya el día 2 de junio, los informes periodísticos (Página/12, 2/6/89) podían apreciar que el clima de convulsión había disminuido. Ahora, el problema era el desabastecimiento, que llegó a afectar la distribución de alimentos gratuita iniciada, entre otros, por los municipios. A todo esto, comenzaban a multiplicarse los comedores y ollas populares.

El gobierno había declarado el estado de sitio; sin embargo, los habitantes de los barrios La Paz, José C. Paz y Vucetich de General Sarmiento “reclamaban aún ayer mayor protección policial en horas de la noche, ya que de madrugada no se puede salir a trabajar por los asaltos”.

El accionar de la policía, en el momento siguiente (3/6/89) se concentraba en el intento de recuperación de las mercaderías sustraídas y en la detención de los supuestos culpables así como de los “activistas”. En San Miguel (Página/12, 3/8/89) “fueron secuestradas 400 botellas de vino, 600 gaseosas, jabón en polvo, fideos, 20 kilos de quesos y comestibles. En otros lugares se secuestraban es-copetas, revólveres, bombas molotov. Y se detuvo a un grupo de once personas que los vecinos denunciaron por cobrarles protección”.

Los saqueos habían generado un clima de “miniguerra civil”, titulaba Página/12 el día 4 de junio. Ya no había saqueos, ni quedaba mercadería de la que apropiarse. Pero rumores persistentes aseveraban que unos barrios avan-zarían contra los otros. Ya el objetivo no sería incautar las mercaderías de los comercios, sino las propiedades de los vecinos.

La prensa del momento, al igual que nuestros entrevistados, no tenía dudas acerca de quiénes idearon y fogonearon el miedo: “Los distintos uniformes de los “ejércitos” fueron acordados con la policía “para no confundirlos a ustedes” le decían a cada barrio “con los que vengan a saquearlos”. La hipótesis funcio-naba por un pequeño detalle: todos sabían que ya no había supermercados ni comercios sin saquear, por lo que la amenaza se volvía contra cada casa y cada rancho. El origen del rumor es confuso. Se habla de activistas de partidos de izquierda, pero un vocero policial admitió que “nosotros no desmentimos el rumor porque nos convenía que cada uno se quedara en el barrio, cuidándolo, porque de paso reducíamos el riesgo de que salieran todos otra vez a saquear comercios”. El periódico concluía señalando que, finalmente, la miniguerra civil se había diluido, y destacaba el quiebre en lo cotidiano, las pérdidas materiales y humanas, y cómo las vivían los participantes: “El rumor de la guerra, sin embar-go, fue lo suficientemente fuerte para que todos se quedasen en las barricadas y en las esquinas para evitar sorpresas. El efecto perverso de esta guardia fue que los hombres además de no comer, no dormían (...) El otro efecto fue que nadie

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iba a trabajar, perdiendo sus jornales. Sin dinero, sin comida, sin descanso, sin paz, los hombres de las barricadas disimularon sus armas por orden policial, y se quedaron comentando el saldo de la semana: “Tuvimos cuatro muertos solamente aquí, en San Miguel”.

Recordaba nuestra colega: “Día de rumores, de caos, de histeria colectiva. Ahora se sabía que los pobres, además de existir (realmente) podían saquear y que también tenían armas de fuego, como lo había evidenciado la espontánea defensa erigida en los barrios del fondo, donde según se comentaba, un tipo salió co una ametralladora montada sobre un trípode (...) A diferencia de los saqueos recientes (año 2001) no recuerdo que hubieran sido afectados comer-cios pequeños”.

Los dos barrios a los que nos referimos habían surgido pocos años antes que los saqueos. Todos los entrevistados coincidían en evocar la historia de constitución de los asentamientos y sus primeras organizaciones, surgidas como “comisiones internas” o “vecinales”, con diferencias en cada caso. Compar-tían objetivos, como abrir las calles y ubicar a cada familia en su lote, lo cual implicaba realizar toda una secuencia de acciones colectivas. Se recordaba con detalle la intensidad de las interacciones y la división de tareas entre los vecinos con el fin de resolver su vida cotidiana en condiciones habitacionales extremadamente precarias y encarar así su transformación en “barrio” al estilo de los que rodeaban a las tierras tomadas.

Como dijimos, los relatos acerca de lo ocurrido en los años ‘89 y ‘90 surgen espontáneamente en las entrevistas para explicar, comparar o comprender el presente en los años 2000 y 2001. Sin embargo, esta reconstrucción no adquiere un carácter homogéneo o unidireccional, por el contrario, presenta una elabora-ción del pasado que muestra sentidos contradictorios, casi dicotómicos.

En primer lugar, los hechos ocurridos en esos meses de 1989 y 1990 son presentados como un momento de confusión. Esto surge a partir de la dis-persión de los rumores, que luego analizaremos, y de la sensación de no saber quién era quién y qué sucedía en el exterior del barrio (que era vivido como un espacio de peligro). Estos recuerdos emergen a la memoria como vivencias de angustia y simultáneamente, algo de “aventura”. Los interrogantes acerca de quiénes fueron los actores y por qué intervinieron en la dispersión de estos rumores permanecen.

El tipo de recuerdo diferencia a quienes participaron de los saqueos, es decir, obtuvieron literalmente bienes por la fuerza de los comercios en la zona de nuestro estudio, de los que vivían en los barrios sitiados por el miedo y quienes vieron transcurrir las escenas delante de sus ojos, pero desde el ámbito protegido a medias de los barrios cercanos. Por último, los comerciantes (de

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quienes no nos ocuparemos en este escrito), tampoco fueron homogéneamente afectados e involucrados.

Un segundo aspecto en el que coincide el conjunto de relatos es el otorga-miento de un sentido positivo a esta etapa, que se recuerdan como el momento de la construcción. Aquí encontramos, en primer lugar, la organización de las ollas, seguidas luego por los comedores, que en muchos casos le dieron un sentido de trascendencia a las vidas de los protagonistas14. A su vez, “el tiem-po de los saqueos y las ollas” es reconstruido como un momento de unidad barrial, donde se dejaban de lado las orientaciones políticas, las trayectorias laborales pasadas y las creencias religiosas, etc., situación similar a la vivida en los primeros meses de las tomas de tierras.

Esta imagen contrasta con la imagen de “fragmentación” con la que nuestros entrevistados vivenciaban los barrios en el momento de nuestra investigación (2000-2001). En su mayoría son las mismas personas que vivieron la experien-cia de unidad, pero que actualmente se encuentran “alejadas”, “peleadas” o en bandos distintos, particularmente por participar de organizaciones políticas diferentes. A esto se suma que, en muchos casos, estas organizaciones que nacieron con las ollas ya forman parte del entramado político local y giran en torno a sus clientelas.

El modo en que fueron presentados los hechos por nuestros entrevistados nos muestra cómo, a partir de los saqueos y las ollas, la vida cotidiana se vio alterada para siempre en estos espacios barriales. Al igual que en el momento inicial de la toma, debían “unirse”, pero esta vez para enfrentarse a un “enemi-go” no muy claro. Similarmente, con sus acciones se posicionaron en la zona gris que desdibuja la ilegalidad en un terreno de cierta legitimidad. Primero, violando la propiedad privada de los terrenos que ocuparon y luego apropiándose de mercaderías por la fuerza. Las entrevistas nos permiten ver cómo en estos actos cada sujeto aportó su experiencia y creatividad15 con el objeto de salir de la crisis que implicaba la falta absoluta de dinero y comida, y al mismo tiempo defenderse de la supuesta llegada de “hordas” de los barrios vecinos.

Nos propusimos respetar los tópicos que aparecen privilegiadamente en las entrevistas. Destaquemos que no hay en ellas “secuencias día a día”. Más bien, dominan tres núcleos comunes: los rumores de un ataque de barrio contra barrio, la experiencia del miedo y la formación de las ollas populares. Respe-taremos, pues, esta estructuración de sentidos. Señalemos, además, que en los recuerdos estos sucesos son presentados fuera de toda matriz política. En un

14 Encontramos algunas semejanzas con lo planteado por Auyero respecto de los protagonistas de los cortes de ruta en Cutral-co y Plaza Huincul, que Gould denomina “identidad participativa” (Auyero, 2002).15 Las entrevistas son muy elocuentes en este sentido.

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solo caso excepcional, un vecino abordó la cuestión de la supuesta presencia de agitadores, desmintiéndola. Esto nos permite contrastar los relatos de los entrevistados con el discurso de las autoridades, que por los medios de comu-nicación masivos culpabilizaron de los saqueos a “agitadores” y “delincuentes” (ver Iñigo Carrera, 1995 y VV.VA., 1999).16

Los rumores: barrio contra barrio

Como ya vimos a partir del registro hemerográfico, en esos días los rumores fueron también centro de la escena. La energía que demandó dispersarlos fue tan importante como la dedicada a la resolución de la alterada vida cotidiana,17 que justamente perdía el sentido de lo cotidiano. En el contexto de la hiperinflación en el que todo era posible crecieron los rumores, sin embargo, éstos parecen haber aparecido deliberadamente. Una sola chispa era suficiente para provocar el incendio. Un entrevistado sintetizó la situación como: “En ese momento lo único que existía era la desconfianza”.

A pesar del paso del tiempo, luego de más de diez años, nuestros entrevista-dos resaltaron claramente el origen de los mismos. En primer lugar, identificaron como policías a quienes “sembraban” los rumores: “Esto lo hizo el servicio de inteligencia que le ordenó a la policía que pasara por los barrios y que dijeran que se quedaran en sus casas porque los otros barrios venían saqueando las casas y quemando, violando y matando gente. Yo corrí como loco gritando “las mujeres y los chicos adentro y los hombres afuera que vienen los de los otros barrios, vienen a saquear, a violar a matar”. No sabés… casi me enfermo… casi me agarro un paro.” (José, San Miguel)

El recuerdo de la organización de las barricadas y piquetes surgió, aflorando nuevamente la angustia y aportando agudos detalles: “Entonces en cada cuadra había 8, 10 tipos18 armados, escopetas, pistolas, revolver, machete, cuchillo, y fogonata. Mirá lo que hice yo: me fui hasta “Mitre” (villa cercana), (...) había una cinta a lo largo que cruzaba toda la calle, y estaba todo oscuro, y me dicen “quedate quieto”, y yo les dije “está bien no tiren,” soy del Barrio Las Calas, vine a hablar”. Se me acercaron cuatro tipos y me apuntaron con un revólver

16 Nos parece interesante relacionarlo con las conclusiones arribadas por James cuando afirma: “El 17 de octubre no estaba manchado por ningún vínculo con la política tradicional y con los intereses particulares. Dentro de este contexto, admitir algunos de los hechos violentos y turbulentos acaecidos en esa jornada habría empañado la legitimidad y la autenticidad del significado simbólico que llegaron a tener” (James, 1995:106).17 Hornstein (1993:230) afirmaba: “el trabajo habitual, hasta el más calificado, parece improductivo. La especulación pasa a ser la única forma de preservarse de la inflación, nunca el trabajo. Lo cotidiano es invadido por lo económico. todo argentino se ha convertido en un broker.”18 En el lenguaje popular equivale a “hombre”.

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en la cabeza. “Está bien flaco, no pasa nada, soy de Las Calas, yo venía a ver si ustedes venían para el barrio de nosotros, yo soy del cuerpo de delegados”, “No” me dice, “ustedes son los que se vienen para acá”. “No”, le digo, “ nosotros estamos quietos ahí esperando que ustedes vengan, no nosotros estamos todos quietos acá”. Me dice el muchacho, “mirá para que no nos confundamos y no nos matemos entre nosotros, pónganse una cinta blanca en el brazo y cuando vengan para este lado digan XX blanco, y nosotros vamos a decir, blanco Mitre, entonces sabemos que somos de esta zona, lo mismo va a decir Trujuy”(otro barrio cercano). Entonces ya fui con esa tranquilidad, al resto vos lo veías a todos con el brazalete blanco, después me fui a la otra punta, venía un patru-llero con cuatro policías al costado con itacas (escopetas) en la mano, yo me iba para la otra punta, y veo que vienen los policías y retrocedo y les digo a la gente “arréglense”, y me meto entre la gente y pasaron los vigilantes, porque no sabíamos si eran vigilantes o qué, porque andaban de civil, ni a los vigilantes les teníamos confianza, y saludaban.” (José, San Miguel). Esto es coincidente con los relatos que en su momento presentaba el diario Página/12 del 4 de junio de 1989: “José María, de 22 años, fue uno de los que en la Villa Mitre se sacó la camisa, cuando ya no había saqueos pero existía el rumor de la invasión a la villa desde otras, como Primavera, Santa Brígida y Vucetich. En las otras villas existía el mismo rumor pero al revés: los de Mitre serían los invasores. Cada barrio armó barricadas para defenderse, manzana por manzana. Toda esa zona reúne unas 150.000 personas que el miércoles estaban en pie de guerra unas contra otras. En Mitre se quitaron las camisas. En Primavera usaban vinchas blancas. En Vucetich un brazalete. En todos lados tenían cuchillos, machetes de medio metro de largo y una interesante dosis de escopetas y pistolas”.

Volviendo al relato de nuestro entrevistado, éste se hizo cargo de informarles a todos que volvía la calma: “de ahí me fui por todo el fondo, fui a notificarles a todos, ya había más tranquilidad, me acuerdo que llevé un fierro grueso que yo le decía el “amansa a locos” tenía una boca que parecía una escopeta del 16 con una cadena, con eso yo hacía que era una escopeta, no tenía arma” (José, San Miguel). A partir de aquí, detallaba una serie de encuentros con vecinos de barrios cercanos, cargados de gran tensión y miedo así como momentos dramáticos, por ejemplo, la atención de un parto de una mujer que no podía llegar al hospital a tiempo.

Las categorías utilizadas por los entrevistados son precisas: una de ellas, guerra civil, coincidente con la utilizada por los medios de comunicación. Los entrevistados nos dijeron: “Te digo, que donde había un solo muerto esa noche, iba a ser una guerra civil . No sé si pensaron en eso los vigilantes (policías)” (José, San Miguel). Otra vecina, utilizó palabra muy similares: “No se armó una guerra civil esa vez porque Dios fue grande” (Mónica, José C. Paz).

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Juana, de José C. Paz sostenía: “pero ahora nos preguntamos ¿quién era los que venían, quiénes? Incluso por ejemplo unos papás que estaban en la esquina, a cinco esquinas más, estaban con una identificación en el brazo como que eran de este barrio, los mismos papás que cuidaban cada esquina, que se identifi-caban con la cinta, era nuestra identificación...¡Y ya vienen!¡Ya vienen!”. Su afirmación en tiempo presente nos muestra que las dudas sobre lo sucedido en estos días persisten, como si el relato oficial o el de los rumores no estuvieran suficientemente aclarados, faltando quien dijera la verdad.

Una entrevistada de un barrio aledaño a un asentamiento recordaba, en particular el paso de automóviles con la bandera argentina (¿qué significado tenía portar ese estandarte?) cuyos conductores decían: “dentro de una hora va a venir el barrio tal, está viniendo”. Esta mujer los asociaba a “terroristas”.19

Merece resaltarse el sentido que tenían estos rumores: fijaban a cada persona en su casa, con miedo al exterior, al vecino del barrio cercano, sólo confiando en la ayuda de quien vivía en el propio. Esto permitiría, un mejor control20 de la población por parte de las autoridades e impediría nuevos saqueos.

La experiencia del peligro

La vida diaria estaba totalmente trastocada, a tal punto que una vecina afirmó: “yo hice tantas cosas raras en ese tiempo”.21 Horstein (1993) en un artículo escrito en los momentos de la hiperinflación señala: “Nadie sabe hoy cuál es el lugar que tiene en la sociedad, pero lo que es más grave aún, nadie sabe qué lugar tendrá cuando el fenómeno cese. Cunde la desconfianza, ya que las reglas del juego, tanto económicas como sociales, cambian tan vertigino-samente que más que reglas cambiantes, son reglas ausentes. Se produce, en muchos, un retorno a una modalidad de pensamiento mágico, consecuencia del desvalimiento y el desamparo.” (1993:230).

Los saqueos, sin duda, produjeron, un sentimiento generalizado de miedo. Aquellos que habitaban los barrios del centro de la ciudad y los de clase media temían la invasión de una “masa humana hambrienta” que vendría a saquear (a esto hacen referencia los medios gráficos). Sin embargo, en las “villas miseria” y asentamientos del Conurbano Bonaerense, lo mismo en otras conurbaciones

19 Nos decía: “para poner a un pueblo a un barrio así con ese terror, serían terroristas” (Mónica, José C. Paz). Si bien llamativamente no aparecen en los relatos los “activistas” (para confirmar o refutar los que afirmaron una y otra vez las autoridades y los medios de comunicación) esta entrevistada afirmaba que estas mismas personas “(hablábamos con mi marido) eran tipos que le iban dando armas a la gente”.20 Esta práctica de intentar fijar a los sujetos en el perímetro de su barrio, nos sugiere parecidos a la imagen de Foucault (1998) sobre los “apestados” prendidos a “un reticulado táctico meticuloso”.21 Como dice Horstein (1993), la hiperinflación ataca el núcleo de permanencia de la vida.

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de las principales ciudades del país, el miedo tuvo consecuencias concretas y provocó acciones defensivas y ofensivas organizadas.

Cual si fuera un naufragio, las mujeres y los niños era los más “vulnerables” y los hombres eran los “responsables” de la protección de los distintos barrios. Los periódicos mostraron fotos refiriéndose a “ejércitos”, que podían verse portando palos y cuchillos, al mismo tiempo que policías fuertemente armados defendiendo a los supermercados.

Una entrevistada que participó directamente de los saqueos nos relató: “Y después, no sé, nos escuendíamos todos... Cada marido, ¿no? hacía la guardia en las esquinas por los hijos, porque decían que la casa no era tan segura y te-níamos que correr... Un día me refugié allá, en una casa (…), que era como una linda casita, y que era como decir, de losa, era como reforzada y entonces nos metíamos todos ahí... la señora nos permitía...¡estuvimos tres días, tres noches así! No dormíamos, los papás y las mamás” (Teresa, José C. Paz).

Los rumores apuntaban centralmente a aquellos que habían participado de los saqueos, tal como una vecina recordó. Esto llevó inclusive a situaciones tan extremas como la que nos comentó la citada entrevistada: “Yo ya estaba cavando un pozo atrás de mi casa para poner a mis hijos, del miedo que me hacían dar!”

La organización de las ollas populares

Esta segunda imagen, la de la construcción, rescata los recuerdos de 1989 como momentos en que se vivió la experiencia de la unidad, de la construcción de organizaciones que apelando a la solidaridad permitieron afrontar la crisis que provocó la hiperinflación. Así, las entrevistas destilan cierta nostalgia, respecto del presente, que se vive signado por la política. A su vez, los progra-mas sociales modificaron la territorialidad y los actores barriales, generando mediadores en la asistencia, que presenta cierta continuidad con esos patéticos momentos (Cravino et al., 2000).

La filiación entre los saqueos, las ollas y los comedores que hoy se observan en los barrios es explícita: “El comedor comunitario fue creado a partir de los saqueos, en ese entonces ya estaba creada la Capilla, y ahí en la época de los saqueos vino un bajón, los comercios no tenían mercaderías existentes y nada por el estilo y nos vimos en la necesidad de crear una fuente de alimentación, organizar algo para poder dar de comer… viene a ser a criaturas, gente, madres embarazadas, madres solteras, familias en sí pero pertenecientes a este barrio. Nos han facilitado la Capilla para hacer una olla popular” (Gonzalo y Teresa, José C. Paz).

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La presencia de las ollas populares es el aspecto menos destacado por los medios de comunicación, sin embargo fue el de mayor impacto en la vida coti-diana. Se obtenían los alimentos de diferentes formas:22 estaban los aportes de los que tenían algún ingreso, de los que habían acopiado en los saqueos, pero mayoritariamente los municipios y comerciantes de la zona eran los que “cola-boraban”. Gonzalo (José C. Paz) nos dijo: “los requeríamos de la Municipalidad, de donaciones que hacía la gente, la gente aquella que habían participado muy directamente con los saqueos, viene a ser, los que mayor parte se habían llevado venían y colaboraban a sabiendas de que había una necesidad unánime, viene a ser mayormente criaturas era los que se intentaba asistir. Nos facilitaban harina, fideos, polenta, todo tipo de cosas para poder armar algunas comidas. Íbamos a manguear a los comercios y nadie quería dar nada, pero había así algunos entre tantos recorridos que pegábamos, que venían y nos daban.”

Cada día había que empezar de nuevo. Como un punto de quiebre, a partir de ese momento, los municipios comenzaron a ser proveedores de alimentos –de forma continua y/o discrecional– en una situación de “emergencia” que devino en permanente.23

Las respuestas de los comerciantes24 no fueron homogéneas respecto del “perdón” a los saqueadores o del apoyo a las ollas: Gonzalo, de José C. Paz nos dijo: “había almaceneros que te miraban a la cara y ya por la cara sabían de dónde sos, de qué sector sos, de que te vean venir de que lado venís. Vas acá a dos cuadras y si te veían salir de acá no te dan absolutamente... te bajaban las persianas, la gente asustada por la circunstancia que había pasado.”

En algunos casos las ollas surgieron en lugares públicos y en otros en las mismas casas de quienes tenían la iniciativa: Un entrevistado nos dijo: “y se fue creando haciendo a los ponchazos, consiguiendo por intermedio de la nación o de la municipalidad de Gral. Sarmiento ollas, esas ollas de 100 litros, las mo-rochitas, las negritas les decíamos nosotros porque daban asco como quedaban.

22 Un entrevistado nos mostró un minucioso registro de lo entregado, de lo comprado, de quiénes recibían alimentados. Nadie podía prever como continuaría la historia y si alguien exigiría rendición de cuentas. 23 Prevot Schapira (1993:790) afirma: “La interrupción del Plan Alimentario Nacional (PAN) en el momento de mayor hiperinflación (mayo de 1989) obligó al gobierno provincial y las municipalidades a responsabilizarse de la asistencia alimentaria: ollas populares, comedores comunitarios, distribución de víveres”. Señala M. Chiara ( 2000) que, si bien no se produjeron modificaciones en el status de los municipios del Conurbano, a partir de la hiperinflación de 1989 se modificaron las condiciones y las funciones que ejercieron, que hasta ese momento sólo se concentraban en el primer nivel de atención de la salud y algunas actividades de cultura y deporte. Las procesos que modificaron las condiciones principalmente son tres: “la caída de los recursos, la consecuente rigidización del gasto a la baja y la ampliación de las plantas en términos agregados”. En cuanto a las nuevas tareas posteriores a la hiper-inflación menciona el Bono Solidario y el Plan País.24 En los municipios del noroeste del Conurbano, nuestra zona de estudio, los comerciantes elevaron cartas a las autoridades y demandaron indemnizaciones.

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Hacíamos el desayuno, al mediodía el almuerzo, a la tarde la merienda y a la noche la cena. No era gran cosa lo que se daba y por eso mismo hacíamos... le brindábamos a la gente la posibilidad de poder comer al mediodía y comer a la noche porque aparte que las comidas no eran de suma alimentación porque mezclábamos todo, dada la necesidad mezclábamos, hacíamos un guiso y ser-vían en ollita que esto que el otro y después mezclábamos todo, arroz, fideos para que alcancen para todos, te digo que eran 2000 personas, 2000 bocas, que se asistían” (Gpnzalo, José C. Paz).

Las cifras de los asistentes eran importantes, pero los recuerdos de ese mo-mento destacaban la organización alcanzada para paliar la escasez de recursos. Gonzalo recordó: “no teníamos cocina, no teníamos nada, era todo a leña, nos hemos cansado, de sacar ampollas en las manos de hachar árboles, no había árboles acá, no había quedado un árbol en pie, a pesar de saquear los negocios hubo saqueo absoluto de árboles. Entrábamos a las casas, (...) entrábamos me-diante el permiso viene a ser, de los propietarios, no era una situación creada por diversión o por activismo diferente, no la gente veía de que (...) se pasaba y se veía que los chicos comiendo en la vereda porque no daba abasto el espa-cio, los sentábamos a todos en la vereda, en lo que era el patiecito que tiene la construcción de la Capilla, y era todo un humerío, en medio del humo de la leña porque cocinábamos ahí adentro, hacíamos fuego ahí adentro, y también mez-clado con aquellos evacuados porque ya habíamos creado un grupo tan sólido de trabajo, que éramos 20 y éramos 20 para todo, viene a ser nos dividíamos entre nosotros, ustedes se van a encargar hoy de ir a hachar leña, de buscar leña hay que procurar para mañana a la mañana, entonces se iban a la tarde.”

La experiencia en algunos casos dejó una organización que deliberadamente no quiso ser desaprovechada, pero multiplicada en diferentes iniciativas.25

En los años 2000 y 2001 el pasado se hacía presente, no solo en la memoria

Los medios de comunicación mostraron a los saqueos de 1989-90 como un momento de protesta, con un inicio y con un fin. Sin embargo, las entre-vistas destacaron la historia de constitución y construcción de cada uno de los barrios y su continuidad organizativa en los momentos de los saqueos y las ollas populares. La estructuración de la trama de organizaciones presentes en cada uno de ellos –guarderías, comedores, centros de atención de Cáritas de la Iglesia Católica y de otras iglesias– se inscribe, entonces, tanto en los momentos 25 Podemos citar la experiencia de Juan (San Miguel): “Después me preocupé por hacer un horno de pan, que lo hice acá en mi casa, un grupo de 10 familias. Eso nos ayudaba la asociación civil X, era una institución que nos ayudaba”.

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iniciales de la toma de tierras, como en los dramáticos hechos de los saqueos y las ollas de 1989.

Como dice Tilly26 (2000:10) la definición acotada de “acción colectiva” debe ser relativizada teniendo en cuenta, entre otras cosas, que no existen fronteras precisas entre lo que es rutina y lo que extraordinario; que la acción muchas veces depende en parte de relaciones sociales pre-existentes; que los actores de acciones colectivas participan de negociaciones e improvisaciones. Es de-cir, el repertorio no está totalmente prefijado de antemano. Si bien este autor se refiere exclusivamente a la historia europea, resulta útil tomar su reflexión en relación a que sus protagonistas “consiguieron la mayoría de sus acciones colectivas mediante instituciones y prácticas que ellos mismos inventaron, to-maron prestadas, o adoptaron durante su experiencia histórica (...) algunas de estas instituciones y prácticas emergieron de intentos más o menos deliberados por coordinar acciones colectivas, los sindicatos y las asociaciones revolucio-narias surgen de “esa preocupación”. Sin embargo, muchas de ellas fueron un subproducto de la interacción social rutinaria”.

Los actores de estos asentamientos del Conurbano compartían la expe-riencia de la constitución del barrio como un hecho de construcción colectiva, donde conocieron la reciprocidad y/o la organización para la superación de las adversas condiciones habitacionales, aunque con dinámicas organizativas y vínculos con las instituciones de “fuera” del barrio diferentes entre los dos casos analizados. Los partidos políticos tenían presencia, pero parecían estar en un segundo plano, a diferencia del presente en el que éstos disputan o cruzan este entramado organizativo.

Por esta razón, no coincidimos con las teorizaciones que presentan a los saqueos y las ollas como respuestas “espontáneas” de los habitantes de los asentamientos y “villas miseria” del Conurbano. E. P. Thompson con su con-cepto de “economía moral de las masas” se opone a las visiones economicistas o mecanicistas que asocian de forma directa hambre y motín. Por el contrario, este proceso de la protesta aparece mediado por la representación de los sujetos involucrados en estos hechos. Destaca, además, la centralidad de la noción de legitimidad sobre la base de derechos cuyos límites están fijados cultural y socialmente: “Es posible detectar en casi toda acción de masas del siglo XVIII alguna noción legitimante. Con el concepto de legitimación quiero decir el que los hombres y las mujeres que constituían el tropel creían estar defendiendo

26 “Los historiadores sociales y los científicos sociales generalmente reservan el término “acción colectiva” para episodios que comprometen a participantes que no actúan juntos de modo rutinarios y/o que emplean medios de acción distintos que adoptan para la interacción cotidiana. En este sentido acotado, la acción colectiva se parece a lo que otros analistas llaman protesta, rebelión o disturbio” (Tilly, 2000:10).

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derechos o costumbres tradicionales, y, en general, que estaban apoyados por el amplio consenso popular era confirmado por una cierta tolerancia por parte de las autoridades, pero en la mayoría de los casos, el consenso es tan marca-do y enérgico que anulaba las motivaciones de temor o respeto” (Thompson, 1995).

Claramente, en los años 2000 y 2001 la imagen de los saqueos no pertenecía al pasado. Fue utilizada recurrentemente como metáfora para la descripción de la gravedad de la situación. Dos tramos de los relatos de los entrevistados fueron elocuentes: Gonzalo (José C. Paz) nos dijo: “Acá por lo menos, no sé si ustedes están recorriendo los barrios de mayor necesidad, donde más se esta creando este tipo de situaciones, que se comenta algo el tema de las posibilidades que antes de las fiestas...(se refiere a la finalización del año 2000) y ya la gente acá es un revuelo, acá ya la gente hoy por hoy viene a ser está palpando que algo se viene, algo se acarrea entre manos a niveles políticos, viene a ser porque la subsistencia no le da a nadie para llenar la panza de nadie y nada por el estilo”. Raquel (José C. Paz) afirmó: “es tal la desesperación de la gente por la falta de trabajo, por la miseria que hay que tenemos miedo de volver a los saqueos, esto va a estallar, vamos a volver a los saqueos”. Y seguidamente separa esta afirmación de toda posible connotación política: “La gente dice la política no está conmigo”. Sintetiza diciendo: “uno se siente mendigo de un derecho... le pongo una curita a este cáncer”.

A medida que avanzaba el año 2001, las semejanzas y vínculos entre 1989 y el presente permitían la aparición de nuevos rumores, dando vitalidad al fantasma de los saqueos y recreando los límites de la legitimidad social. Sin embargo, en este caso los hechos se presentaban insertos dentro de una trama política local y provincial diferente. Tal es el caso del que informaba un diario local del 27 de julio de 2001,27 en su nota denominada “Ishi insiste que hubo saqueos”.28 Aquí podemos presumir que la polisemia de la palabra “saqueos”, que en este caso provino de la jerga policial en relación a actos de robo, permitía un uso resignificado, debido a que se constituía como condición de posibilidad como “saqueos” en los términos de lo ocurrido en 1989 y 1990. El diario Clarín del 24 de junio de 2001 (pág. 8) retomaba esta polémica acerca de cómo caracterizar a los hechos y afirmaba en el artículo titulado “El saqueo que nunca se produjo”:

27 Ya en mayo del 2000 hubo una serie de incidentes a partir de las afirmaciones de un concejal del Frepaso del municipio de San Miguel. Dicho edil desmintió y afirmó que sus palabras fueron malinter-pretadas. (La Hoja, 31 de mayo 2001. Pag. 5).28 Se afirma “Mario Ishi dio una conferencia de prensa. Además de explicar la dramática situación económico social del distrito, volvió al tema de los saqueos, que él mismo había anunciado que había ocurrido en el distrito de junio. ‘Quiero aclarar a los periodistas que hablaron y decirles que si yo digo que hubo saqueos es porque los hubo y lo sostengo. Lo digo porque tengo documentación de la policía que me manda al municipio, donde dicen que a las 19 estaban saqueando en la Avenida Croacia’”.

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“Clarín no encontró prueba alguna de que efectivamente haya habido saqueos.”29 El deslizamiento de significado no fue casual. El mismo día del supuesto hecho se realizó un piquete en una avenida cercana en protesta al deterioro de dicho acceso, fundamental en la comunicación dentro del municipio, donde abundan las calles de tierra, en condiciones intransitables. Continúa la crónica, recreando el pasado en el presente: “Hay rumores de que los piqueteros vienen hacia la zona saqueando comercios. Las madres toman a sus hijos de la mano y se van de la zona. Algunos comercios bajan las persianas por precaución. Otros siguen, como si nada. Son sólo rumores. Incluso, entre quienes propalan los rumores se encuentran policías, pese a que luego la misma Policía admita que no hubo denuncia ni investigación judicial alguna de saqueos”. El jefe municipal para darle mayor credibilidad a sus afirmaciones recurrió al pasado: “acá empezaron los saqueos en el 89”.

No sólo los funcionarios podían presionar con esta posibilidad, sino también algunas organizaciones sociales del Conurbano Bonaerense. El diario Página 12 del 9 de septiembre del 2001 reprodujo la afirmación de un dirigente de la Corriente Clasista y Combativa del Municipio de La Matanza: “No queremos que ocurran los hechos violentos de 1989. El pueblo está más armado que antes y no queremos que corra sangre. De esto estamos alertando a todos los gobernantes”. Esto se apoyaba en un diagnóstico de la situación, coincidente con lo afirmado por nuestros entrevistados:30 “Hay una desesperación terrible en los barrios. Nuestros compañeros comen salteado y nos piden que salgamos a buscar comida. En la Matanza el presupuesto de los comedores se ha reducido en un 80%. El dirigente propuso una nueva modalidad de obtención de alimen-tos: “Para paliar ese hambre, Alderete reconoció que pedirán alimentos a los supermercados “por nota”. Paradójicamente la respuesta del gobierno fue hacer oídos sordos a que lo se corría de boca en boca. Una entrevistada de José C. Paz nos contaba con ironía que “asesora del gobierno provincial” les dijo que “no inventen más comedores comunitarios, que no va haber más fondos”.

Esta nueva presencia del término “saqueo”, como rumor, como posibilidad, como amenaza o como metáfora permite percibir hasta qué punto los hechos de 1989 y 1990 fueron una experiencia formativa para los sujetos involucrados. Los saqueos quedaron instalados, en la memoria de todos, como un horizonte de posibilidad, que se hizo cierta en diciembre del 2001. Y cuestiona el abor-

29 Como era de esperar ese comercio sí efectivamente fue saqueado en diciembre del 2001. En la recorrida realizada luego de los saqueos, pudimos constatar que no quedaba nada de las instalaciones, incluyendo el alambrado perimetral. Nuestros entrevistados pusieron énfasis en estos aspectos.30 A modo de ejemplo podemos citar lo dicho por Rosario (José C. Paz), trabajadora de una guardería infantil: “No todas las escuelas de la zona cuentan con comedor, y los que existen no dan abasto, son deficientes. los chicos comen apurados porque vienen los otros atrás, a veces si son tres de una familia come uno y el resto espera afuera”.

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daje, simplista a nuestro modo de ver, de aquellos que los consideraron como “protestas episódicas”.

El pasado en los hechos de diciembre del 2001. Semejanzas y diferencias entre los saqueos de los años 1989/90 y los de diciembre del 2001

Tal como anunciamos en la introducción, intentaremos realizar algunas comparaciones entre ambos episodios. En primer lugar, difiere el contexto macroeconómico: los hechos del 2001 no pueden explicarse por el fenómeno hiperinflacionario. Por el contrario, el marco era de una estabilidad de precios desconocida en la historia argentina. En cambio, debemos mencionar la desocu-pación creciente, nunca compensada por la aparición de programas de empleo temporario –con remuneraciones más que exiguas–, a la que se sumaron diversas medidas económicas (que incluyeron ajustes como el recorte salarial a los esta-tales) y financieras (en las que se destaca el famoso “corralito” a los depósitos en la banca)31 que incluían a los sectores medios entre los afectados.

Las referencias de los medios de comunicación y los rumores que circulaban en los barrios en diciembre del 2001 hacían hincapié en un “entramado político” que apuntaba directamente a algunos sectores del Partido Justicialista. Clarín, el 19 de mayo del 2002 afirmaba: “punteros políticos incitaron a la gente a pedir alimentos. Cuando llegaban a los comercios, grupos de personas que cobraron hasta $ 100.- por esa tarea rompían las persianas. Muchos objetivos se conocían desde un día antes”. Algunos asocian este entramado a una conspiración para derrocar al gobierno de Fernando de La Rúa. Sin duda, no es coincidencia que ambos fenómenos ocurrieron durante gobiernos radicales. La congruencia del rechazo masivo en las calles de la clase media porteña al estado de sitio impuesto por el presidente Fernando De La Rua le dio a los saqueos del 2001 un plus de desafío político más fuerte que en 1989 y una nueva plataforma de legitimidad cuando no podía justificarse por un brote hiperinflacionario.

En el año 2001 no fueron acusados “activistas de izquierda” como en 1989. Ese “fantasma” estaba ausente.32 Sin embargo, entre los muertos se contabili-zaron algunos jóvenes miembros de organizaciones sociales comunitarias, que

31 Las medidas financieras impactaron claramente en la clase media y esto podría explicar en parte los cacerolazos. Sin embargo, la disminución de dinero circulante también generó importantes inconvenientes en el circuito económico informal, que incluía por ejemplo el reciclado de materiales de desecho por parte los “cartoneros” o “cirujas”, de lo que subsistían un importante número de familias del conurbano.32 Por otra parte, el Modin tampoco podía ser el causante de los rumores, como fueron asignados en 1989, porque había pasado a ser un partido sin gran significación.

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ponía a la luz la presencia cotidiana en los barrios de una “militancia social” que contribuía a paliar el día a día del hambre.

Otra de las diferencias que pueden observarse es la brevedad de los hechos –que aún es difícil de conceptualizar– de diciembre 2001, que ocupó solo unos días, básicamente el 19 y el 20. Los medios de comunicación revelaron que en los saqueos más recientes fueron atacados comercios no sólo dedicados al rubro alimenticio. Por el contrario, la cantidad y tipo de comercios dependió de la iniciativa de la población local y de dónde se concentraban las fuerzas policiales que eran evitadas, y en muchos casos se afirma que se replegaban ante la sola presencia de grupos “sospechosos”. Como ejemplo, podemos mencionar que en el municipio de José C. Paz algunas fuentes mencionaban que fueron saqueados el 70% de los comercios. La explicación de tan alto porcentaje podía provenir, según algunos de nuestros informantes, de que la inmensa mayoría de los hombres de las comisarías de la zona se encontraban protegiendo un hi-permercado ubicado en el centro del municipio. Sin embargo, el Secretario de Seguridad del ex Gobernador Ruckauf (Clarín, 20/12/01) no escatimó esfuerzos en demostrar el rol activo de la policía: “Sacamos a 17.000 policías a la calle, de los poco más de 20.000 operativos, sobre un total de 45.000 que tiene la fuerza. Es decir, usamos a todos. No todos son policías anti disturbios. Yo diría que son muy pocos. Agotamos el stock que teníamos de setenta y tres mil balas de goma. Se detuvieron a casi 3.000 personas. Se dispararon 3.473 granadas de gas lacrimógeno, tuvimos a 82 policías heridos, infinidad de patrulleros rotos, nadie puede denunciar a un solo muerto en esos días a causa de las balas policiales. No me puede decir que la Policía dejo hacer. Hay más de 20.000 comercios en el Gran Buenos Aires. Debíamos proteger a casi 5.000 ¿cómo arma usted una fuerza disuasoria para proteger a 5.000 comercios?”33

La presencia cada vez más numerosa en los años noventa de hipermercados de capitales extranjeros había reconfigurado las modalidades de compras de las clases medias y también de buena parte de los sectores populares. En esta década entre los comercios pequeños también se destaca la presencia de propietarios de origen oriental,34 que acompañó a la desaparición de un buen número de los tradicionales almacenes barriales por la competencia de los hipermercados y

33 En este mismo reportaje Juan José Alvarez resaltó: “la policía está para combatir el delito. No para frenar a saqueadores. Está para que, si hay un intento de robo, emplee su arma. Ahora , a ese policía le llegan cincuenta o cien persona, mujeres con chicos en brazos, a saquear un comercio. ¿Qué hace el policía?¿tira? No. Se corre. Eso es lo que se vio por televisión”. Estas afirmaciones darían lugar a que los saqueos no fueran tipificados como delito.34 El caso paradigmático fue el de Whan Cau So, ciudadano chino, de Ciudadela, que fue elegido por los medios televisivos como una muestra de los saqueos, que se descompuso delante de las cáma-ras (Clarín, 19 de mayo de 2002) y que inclusive llegó a decirse que se suicidó (hecho que luego fue desmentido).

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por las ventas a precio de dumping que practicaban los minimercados “chinos”, como se los llama habitualmente. Estos últimos no adherían a la tradicional modalidad del “fiado” (compra con la promesa de pago a futuro, típica de los comercios minoristas barriales de la Argentina), razón por la que algunos ex-plicaron que éstos fueron objeto privilegiado de los saqueadores. Esto muestra nuevamente que no es fácilmente aplicable el calificativo de “espontáneo” a este tipo de hechos. Como contracara, algunos informantes se refirieron a que algunos comercios que sí fiaban a la población y en particular a organizaciones sociales comunitarias (como comedores o guarderías) fueron deliberadamente protegidos de los saqueos. Aquí nuevamente los trabajos de E. Thompson nos obligan a reflexionar sobre las visiones de lo “justo” e “injusto” presente en los sectores populares y los límites morales a las prácticas económicas de los comerciantes.

Las situaciones –por encima de todas estas apreciaciones generales – fueron muy heterogéneas. Algunos dirigentes de centros comunitarios, cuyo origen estaba en los saqueos de 1989, calificaban de “robadas” a las mercaderías saqueadas y en este sentido las rechazaron (cabe aclarar que en este caso eran organizaciones consolidadas, con ingresos relativamente estables de diferentes niveles de estado). Reconstruía la colega antes mencionada: “Una colaboradora de la guardería comentaba que la panadería del barrio había sido saqueada por los vecinos, lo que iba a producir un desabastecimiento de pan en el Centro comunitario, puesto que lo habían pagado por adelantado (...) dijo también haber escuchado comentarios que afirmaban que las próximas víctimas serían los centros comunitarios, “porque se sabe que ahí hay comida y ya no queda nada por saquear”.

Es importante resaltar que en el año 2001 se encontraba presente la ex-periencia, junto con el recuerdo aún vivo, como mencionamos a lo largo del trabajo, de los saqueos de 1989. Esta experiencia formativa parecía requerir sólo el contexto adecuado para que saliera a la luz. Sin embargo, en las imáge-nes de quienes saqueaban se puede observar una nueva generación de sujetos saqueadores. El diario Clarín (19 de mayo de 2001) se refirió al rol de las “bandas de la droga” o de “los hijos de los comedores populares”. Esta última denominación fue mencionada por miembros de organizaciones comunitarias en los barrios de nuestra investigación, especialmente cuando hacían referencia a los hechos delictivos cotidianos, que incluían como blanco las mismas guar-derías y comedores que los atendieron de pequeños. A su vez, los señalaban en su rol de “avanzada” en los episodios del año 2001: la colega investigadora que entrevistó a las trabajadoras de los centros recogió la descripción según la cual “en estos saqueos se engancharon todos los jóvenes, los que sabemos que andan en el afano, y los otros”.

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Podemos señalar que, además, en el 2001 muchos de los objetos saqueados fueron canalizados rápidamente a las redes de trueque35 que se habían extendido como hongos en los años previos en todo el Conurbano (e inclusive en la Capi-tal Federal). Esta nueva modalidad fue mencionada por nuestros entrevistados como una práctica muy extendida y evitó que muchas familias vivieran varias semanas con el mismo tipo de alimento (situación que nos fuera relatada por algunos médicos de la zona noroeste del Conurbano y que provocó problemas de salud en los niños en la experiencia de 1989). A su vez, otra parte fue de-rivada a organizaciones sociales como comedores, guarderías o merenderos. Sin embargo, como mencionamos, conocimos situaciones donde estas mismas organizaciones, que surgieron al calor de las ollas populares y los saqueos en 1989, rechazaron por “principios morales” bienes (en particular electrodomés-ticos) provenientes de los saqueos del 2001.

Los cacerolazos, la modalidad de protesta protagonizada por la clase media (mayoritariamente en la Ciudad de Buenos Aires) y que contó con muertos al igual que los saqueadores,36 dio lugar, en algunos casos, a las llamadas “asam-bleas barriales”, que constituyeron un clima de protesta, que se extendía más allá de las acuciantes necesidades de algunos sectores. No se dieron inicialmente muchos contactos en estas dos modalidades,37 cacerolazos-asambleas (de la ciudad capital y de sólo algunos municipios del Conurbano) y los saqueos, localizados principalmente en el Gran Buenos Aires –además del Gran Rosa-rio y otras ciudades del interior. Sin embargo, un fenómeno totalmente nuevo fue la aparición de una serie de comedores o merenderos en la ciudad capital, que atendían tanto a sectores medios empobrecidos como los que pueden ser denominados pobres estructurales. Esta tendencia presenta ciertos paralelismos entre las secuencias saqueos-ollas populares de 1989 y asambleas barriales-comedores y merenderos del 2001. No queremos con esto plantear una relación mecanicista en la explicación del origen de tramas organizativas, a pesar de lo cual puede observarse un proceso similar donde de la protesta o estallido se derivan organizaciones autogestionadas y estables en el tiempo.

La modalidad de “pedir” mercadería a los grandes supermercados había tenido desigual suerte con anterioridad a diciembre de 2001: conflictos coti-dianos con la policía en la puerta de los comercios, encarcelación de algunos

35 Sobre el tema del trueque puede consultarse a José Luis Coraggio (1998): Economía popular urbana: una nueva perspectiva para el desarrollo local. UNGS, Los Polvorines o Inés Gonzales Bombal (2002): Sociedad y sociabilidad en la Argentina de los 90. Editorial Biblos-UNGS, Buenos Aires.36 Según Clarín del 19 de mayo del 2002 hubo 9 muertes en el Conurbano Bonaerense durante los saqueos y 29 en todo el país, ninguna en la zona en la que investigamos.37 Estas articulaciones fueron objeto de debate en cada una de las formas organizativas (asambleas y piqueteros), e inclusive algunos llevaron una posturas unificadora como lo ejemplifica la consigna “caceloras, piquetes, la lucha es una sola” (Calello, 2002).

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dirigentes y por lo general una falta de respuesta por parte de las empresas. Instaló en algunos grupos –en particular de algunas corrientes “piqueteras”– la rutina de acercamiento a los establecimientos comerciales, lo cual contribuía a revivir el fantasma de eventuales saqueos.

Una experiencia repetida en ambos casos fue la difusión de rumores de que algunos barrios irían a atacar a otros. El efecto producido fue el mismo, aunque ya la credibilidad disminuyera. Nuevamente todos indican a la policía como la difusora de los mismos.38 Cada familia se atrincheró en su casa y en algunos barrios los vecinos se organizaron para defenderse (en ocasiones armados), construyendo barricadas y prendiendo fogatas durante varios días, tal como lo relataran nuestros entrevistados.

Luego de los hechos del 2001, también en el Gran Buenos Aires emergieron nuevas organizaciones sociales tendientes a contener las acuciantes necesidades de los sectores populares y que venían en crecimiento en los últimos años. En particular, se constituyeron nuevos comedores39 que aún hoy se mantienen con aportes solidarios y casi sin el respaldo del Estado y adquirieron un nuevo rol las organizaciones de piqueteros40 (con gran heterogeneidad entre ellas) como mediadoras entre la población en emergencia y las autoridades a nivel local y nacional.

Es evidente que el episodio de 1989 no fue una “experiencia formativa” sólo para los habitantes de los barrios, sino que el accionar de la policía,41 los comerciantes42 y del entramado político, también se nutría del recuerdo de la eficacia de ciertas prácticas, así como de lo esperado mutuamente por cada uno de los actores. Sin embargo, consideramos que estos hechos, eventualmente similares en su manifestación, no tienen el mismo significado, ya que el con-texto nacional y los actores sociales habían cambiado fuertemente en algo más que una década.

38 El diario Clarín del 20-12.2001 se refiere por ejemplo a que inclusive algunos policías pasaban casa por casa avisando.39 Algunos incorporaron la atención los fines de semana, momento en que anteriormente las familias quedaban libradas a sus exiguas posibilidades de obtener alimento.40 Respecto al rol que tuvieron estas organizaciones en los saqueos, es un tema fuertemente contro-vertido. Por un lado existen denuncias de organizaciones piqueteras respecto a la trama política (léase acusaciones al Partido Justicialista) y por otra parte las autoridades y la policía las acusan de incitar y participar en los saqueos.41 Clarín el día 22-12-01 afirmaba que el Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires afirmó que la orden fue “no actuar salvo que se lleven algo que no sea comida” .42 Merece destacarse que de los 9 muertos que registra la prensa en el Conurbano Bonaerense, 7 murieron a manos de comerciantes. Un proceso que llevó a modalidades de defensa por parte de los comerciantes puede atribuirse al creciente número de robos de los que son víctimas, a los que los medios de comunicación le dedican un espacio central.

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Desenhebrando la construcción de una ONG social

Viviana Elizabeth Moreno1

IntroducciónEl presente trabajo tiene como objeto abordar el tema de las redes sociales.

Dicho interés guarda relación con la relevancia que ha adquirido el mismo en los últimos años en las ciencias sociales como nueva forma de organización social, y la importancia que fue teniendo en la gestión e implementación de las políticas sociales. Éste parte del estudio de caso de una red que nuclea a una veintena de organizaciones sociales, dedicadas a la problemática de niños y jóvenes, en el Gran Buenos Aires.

El interrogante central que surca este trabajo es indagar acerca de ¿cómo funciona una red en un contexto real y cómo influyen en su gestión las polí-ticas sociales? Por ello, es central abordar la cuestión de la horizontalidad de las relaciones en una organización red; como así también el hecho de cómo se construyen y expresan las relaciones de poder en ésta. Asimismo, se pretende problematizar la distancia entre lo que entiende la literatura académica por redes sociales y cómo funciona una red en su cotidianeidad.

Esta investigación fue realizada desde una perspectiva cualitativa a partir del uso de fuentes primarias y secundarias, obtenidas en el marco de una pasantía en la institución y trabajos posteriores para la misma (en el período 2003-2004).

1 Licenciada en Política Social. Becaria Inicial de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en el marco del proyecto de investigación “Escalas territoriales del desarrollo en la Región Metropolitana de Buenos Aires”. Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Maestranda del Programa en Ciencias Sociales de UNGS – Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). E-mail: [email protected]

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viviana elizabeth MoReno

Analizamos las relaciones sociales que componen el entramado de la red, infiriendo las prácticas de los agentes particularmente desde la observación y desde el discurso de los mismos, y por ello problematizamos estas cuestiones en torno a las siguientes dimensiones de la vida de la organización:

1 ¿cómo son los intercambios en el entramado de la red?2 ¿cuál el es grado de representatividad de los intereses de los sujetos

que componen dicha organización?3 ¿cómo circula la información?4 ¿cuál es el grado de autonomía / dependencia / constreñimiento de los

sujetos involucrados respecto de la red?5 ¿cómo influyen las políticas sociales en la organización?

Para responder a las preguntas que orientan este trabajo, se hacía necesario un abordaje que incorporara distintas herramientas (entrevistas semi-estruc-turadas, observación in situ, búsqueda de documentación de distintas fuentes internas y externas a la institución). La conjunción de las mismas posibilitaron la contrastación de las prácticas, los discursos y lo enunciado en los documentos institucionales.

Cómo comprender el contexto de las redes en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Es pertinente señalar que las relaciones Estado-Sociedad han sufrido trans-formaciones como resultado de los procesos de reforma del Estado impulsadas por el neoliberalismo (Oszlak, 1997). En particular en Argentina, podemos señalar que los cambios han mostrado una profundidad y vertiginosidad sin precedentes. Dado que “en la Argentina, los sistemas de protección social se generaron, fundaron y desarrollaron articulados al empleo formal” (Grassi, 2003: 151), los cambios en el mercado de trabajo y las condiciones de empleo afectaron directamente a los mismos.

Así, como compensación a los efectos sociales del ajuste neoliberal, se redefinió el perfil del campo de las políticas sociales. El agravamiento de las condiciones de sobrevivencia de los sectores más pobres tiene como respuesta intervenciones del Estado en forma de políticas de asistencia a la pobreza (Grassi, 2003). Al respecto Vilas agrega que “el contraste de las políticas so-ciales predominantes en la actualidad con las de la etapa anterior, no podría ser más marcado. Tenemos hoy privatización donde antes hubo intervención y regulación estatal; focalización en lugar de universalidad; compensación en vez de promoción; individualismo y particularismo clientelista como sustituto

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del ejercicio colectivo de derechos; combate a la pobreza extrema en lugar de desarrollo social” (1995: 19).

Es pertinente señalar también que las políticas asistenciales que se imple-mentaron en la década de los noventa se hicieron de dos formas: una típica transferencia de bienes y servicios (compensatoria); y otra, que trata de sustituir los ingresos del mercado de trabajo o que trata de brindar capacitación a cambio de la asignación de un ingreso. Esto último, a partir de programas de sustitución de ingresos o de recalificación que no tendieron a conducir a la reinserción de los sujetos al mercado de trabajo;2 esto es, no restauran la autonomía de los sujetos. Dado que la política asistencial se concentra en la compensación de las condiciones de vida, y no intenta la reautonomización de los sujetos, es procíclica a la fragmentación social (barrios cerrados/villas miserias) y a la segregación de la población (socioeconómica/étnica). 3

Danani y Lindenboim (2003: 262) mencionan: “la ya conocida referencia a la ‘latinoamericanización’ argentina pone nombre a un doble proceso de infrecuente crecimiento de la pobreza y de la desigualdad”. En este sentido, podemos afirmar que ambos procesos adquirieron en la década de los noventa rasgos estructurales. Esto último, sumado a un sistema productivo que expulsa fuerza de trabajo, y “arroja a los sujetos dejándoles ‘sólo formas no capitalistas de supervivencia’”.

Tal como lo expresan Cardarelli y Rosenfeld (1998), es en este escenario, en el marco de procesos de desintegración social originados por las políticas de ajuste, donde surgen nuevas formas de organización y acción comunitarias. Los ‘90 según dichas autoras, son el marco de emergencia de nuevos actores de la política social quienes se hacen cargo de su situación de desventaja frente a una oferta pública que reduce su agenda de intervención. Al respecto agregan que en este esquema “los más pobres resuelven sus necesidades básicas en forma cada vez más dependiente del Estado Asistencia. Es el Estado quien construye hegemónicamente las ofertas y demandas y los procesos y alcances participa-tivos de los programas. Es decir, el Estado sigue siendo el agente distributivo central de dos tipos de bienes más escasos para los excluidos: satisfactores tangibles y poder (al menos micro-poder)” (Cardarelli y Rosenfeld, 1998: 74). Lo expresado es central para el trabajo que desarrollaremos, debido a que es un tema crucial de debate y atraviesa la constitución de la ONG.

2 En cuanto a la relación trabajo/política social, esta última no se interroga respecto del problema de la desocupación y por ende no brinda una respuesta al mismo; más bien, lo que observamos es que se trata de políticas que dan respuesta a “una nueva manera de concebir el trabajo y el empleo: de concebirlo como asistencia” (Danani y Lindenboim, 2003: 261).3 Tomamos estas ideas de Andrenacci, Luciano, desarrolladas en el marco de la materia Políticas Sociales Comparadas, primer semestre de 2002, UNGS.

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La idea del Estado subsidiario en su mínima expresión subyace al paradigma de la ‘autogestión’, esto es, “que los grupos en desventaja, solos o con el apoyo de organizaciones privadas y/o públicas, son capaces de generar recursos físicos, económicos y organizacionales (…) ésta es la lógica de muchas agencias de financiamiento que aportan recursos a ONGs, mediadoras entre los grupos de base y los fondos donados constituyendo una ‘cadena de la ayuda’” (Cardarelli y Rosenfeld, 1998: 76).

La emergencia de estos nuevos actores puede rastrearse en el fenómeno hiperinflacionario ocurrido en 1989.4 el que puso de manifiesto reacciones de los más afectados como saqueos a supermercados y proliferación de ollas y comedores populares. Cravino y Neufeld (2001: 3-15) añaden que los saqueos “fueron el comienzo de la construcción de toda una trama organizativa barrial tendiente a la resolución de la vida cotidiana...a su vez [que] los programas modificaron la territorialidad y los actores barriales generando mediadores en la asistencia” .

Rofman (2002) agrega que los momentos de mayor intensidad de creación de organizaciones sociales tuvieron lugar, “por un lado, en los años que siguieron a crisis de hiperinflación (1989/1990), y, por el otro, el último lustro, período también caracterizado por el agravamiento sistemático de la situación social (1996/2000)”5 (2002: 58); ambos momentos tienen correspondencia con la emergencia de nuevas organizaciones que luego integrarían la ONG.

Asimismo, cabe señalar que la crisis hiperinflacionaria incidió en la consoli-dación de la ONG, en tanto se hizo necesario afrontar en conjunto la escasez de recursos imperante en esos días. A comienzos de los noventa las organizaciones sociales fundadoras comenzaron a trabajar coordinadamente con el propósito de apoyarse mutuamente para continuar desarrollando sus tareas, mejorar sus servicios y ser reconocidas por organismos, tanto estatales como privados, dando lugar a la creación de una red comunitaria de jardines maternales, apoyos escolares, comedores infantiles y grupos de jóvenes en barrios populares del Gran Buenos Aires.

Sin embargo, el origen es previo y estuvo signado por una fuerte presencia de la Iglesia Católica, quien acompañó las iniciativas de las organizaciones fun-dantes de la ONG. Posteriormente, fue perdiendo preeminencia a medida que las organizaciones fueron fortaleciéndose y definiendo sus intereses, principios, etc.

4 Cravino, et al. (2000: 3), expresan que no sólo proliferaron ollas populares en las esquinas y en las puertas de algunas casas, sino que “se fueron generando distintas estrategias con grados variables de organización: desde los reclamos y emprendimientos de obtención de recursos asistemáticos, hasta las peticiones formales a los gobiernos provinciales y municipales”.5 Estos datos se corresponden con un relevamiento realizado en la Provincia de Buenos Aires, “Encuesta a organizaciones sociales en el Gran Buenos Aires”, zona que se corresponde con el área de influencia de la red en cuestión (Rofman, 2002).

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Tal como lo sugiere Woods (2003: 4), “los límites a [las] prácticas de la Iglesia de competencia por la representación de los sectores sociales pauperizados, son marcados por la capacidad de los mismos de disputar la orientación ideológica que permea su apoyo, y de constituirse en sujetos políticos”.

Con respecto al interés por el cual se tomará como estudio la experiencia de esta ONG, el mismo guarda relación con el hecho de que la misma cons-tituye un entramado de organizaciones que posee una trayectoria importante, accede y gestiona una multiplicidad de recursos, amplió en estos últimos años su rango de actuación.

De igual modo, la importancia de este tipo de organizaciones en el nivel local de implementación de políticas hace que sea relevante realizar un trabajo de investigación que aporte nuevos conocimientos sobre el tema.

Los fenómenos descriptos al inicio de este apartado respecto de las modifi-caciones en la intervención social del Estado incidieron en que la instancia local de implementación se transforme en un espacio clave de gestión y obtención de recursos para los sectores vulnerables y de extrema pobreza.6

En este sentido, Cravino et al. (2000) expresan que las reformas de la po-lítica social no sólo contribuyen a la focalización, aumento de la intervención del estado en barrios de extrema pobreza lo que tiende a constituir barrios ‘bajo planes’;7 sino que, por otro lado, las mismas contribuyen a la insularización de los sujetos. La pobreza tiende a concentrarse geográficamente (dada la incapa-cidad de los sujetos de salir del barrio) y la intervención de la propia política asistencial los fija en esos lugares.

Estos procesos, según Cardarelli y Rosenfeld (2000: 25), también cristalizan identidades. Estas identidades ‘nuevas / no tan nuevas’ son las que las autoras van a definir como ‘agentes sociales’; “actores privilegiados para resolver, apoyar, incentivar la participación comunitaria como eje para la resolución de las necesidades sentidas”. Según lo mencionado por estas autoras, “estas media-ciones de todo tipo constituyen cajas negras en el momento de la formulación que se abren en sus propios campos de actuación y reinventan a los programas y a las personas” (Cardarelli y Rosenfeld, 2000: 48).

6 Respecto a las características sociodemográficas, éstas no serán abordadas porque han sido trabajadas por otros autores (Fournier y Kohan, 1998; Andrenacci, Neufeld y Raggio, 2000) y es ampliamente conocido que el Gran Buenos Aires es una zona que concentra los peores niveles de pobreza, desocu-pación, etc. 7 Estas autoras entienden por ‘barrios bajo planes’ a barrios donde paradójicamente no hay retirada del Estado sino aumento de la intervención del mismo; el proceso de implementación de planes asistenciales, en donde se “vinculan a los conjuntos sociales con los recursos puestos en circulación desde el Estado para asistir a la población en condiciones de máxima fragilidad”, marca el ritmo de la vida el que pasa a estar signado por los planes sociales (Cravino et al, 2000: 20).

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Lo mencionado, en el caso que nos ocupa, importa a los fines de iluminar cómo funciona la trama de relaciones en una organización red, dado que en la misma existen niveles de representación que necesariamente otorgan cierto poder discrecional a los agentes que median entre el Estado y los perceptores de programas.

Al respecto, cabe destacar que este tema ha sido problematizado pero poco estudiado desde el ámbito de la política social (y sí lo ha sido por la sociología, antropología y más luego por la psicología y ciencia política); también cabe señalar que suele encontrarse en la literatura muchos trabajos sobre las ‘bon-dades’ de las organizaciones en red, más que sobre los conflictos inherentes a la lógica de funcionamiento de las mismas.

Por ello, es que nuestro interés es indagar acerca de horizontalidad y las formas efectivas de construcción y circulación de poder de la organización en cuestión pero sin perder de vista, tal como lo argumenta Castel (1997) que para tratar de comprender el presente es necesario movilizar la memoria, de ahí nuestra preocupación por apelar a la historia. Entendemos que las experiencias están modeladas en la historia y la trama asociativa de cada ámbito territorial específico (Cravino et al., 2000), de ahí su importancia para entender los pro-cesos de construcción de los grados de horizontalidad y de las formas efectivas de construcción del poder.

Algunas características de la organizaciónLa ONG es una red comunitaria autogestiva dedicada a la implementación

de programas asistenciales. Está legalmente constituida como una “asociación civil sin fines de lucro” y por lo tanto cuenta con personería jurídica. La red está compuesta por cerca de una veintena de organizaciones y contiene alrededor de 4000 chicos y 200 adultos entre las diferentes áreas, a diciembre del 2004 y es una de tantas similares que existen en el Conurbano Bonaerense.

La Red cuenta con un nodo núcleo que asume tareas vinculadas con la co-ordinación general de la ONG. Las mismas están a cargo de un grupo reducido de integrantes quienes se encargan de tareas vinculadas con la gestión, ejecu-ción, representación, etc. de la institución. Las organizaciones que componen la red y que denominaremos nodos periféricos se relacionan entre sí a través del nodo núcleo.

Entre las actividades que asume el nodo núcleo, está el realizar capacita-ciones en las áreas pedagógica, organizativa y nutricional. Éstas están ligadas a las tareas específicas que se desarrollan en los centros (alimentación, jardín maternal y de infantes, apoyo escolar, etc.). Las mismas suelen realizarse en

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la sede de la red, aunque en 2005 se adoptó como estrategia el llevarlas a cabo en los centros comunitarios con el propósito de que éstos se conozcan más. Asimismo, se realizan visitas técnicas en las organizaciones comunitarias sobre los ejes señalados y sobre temas que pudieran surgir como inquietud de las propias instituciones (tales como gestión de recursos, implementación de proyectos nuevos, salud, etc.).

Con relación a los nodos periféricos, podemos mencionar que los mismos mantienen cierta autonomía en su accionar en lo que respecta a su organización interna, gestión de recursos propios, creación de nuevos proyectos de trabajo, etc. La dependencia con el nodo núcleo es mayor en el caso de las organizaciones que no han logrado cierto nivel de institucionalización.

Cabe agregar que las relaciones externas se establecen formalmente a través del nodo núcleo, quien se vincula principalmente con organismos gubernamen-tales, fundaciones privadas, universidades, etc.

En lo que atañe a las instancias de decisión, un primer nivel se efectiviza en el nodo núcleo, donde se dirimen cuestiones vinculadas principalmente a la gestión, administración, representación, el que está integrado por un número reducido de personas.

Existe una segunda instancia de decisión (reuniones de coordinación) que está integrada por representantes de los nodos periféricos, muchos de los cuales asumen tareas de coordinación en su propias organizaciones. Este espacio surge ante la necesidad de tener un equipo permanente al cual la coordinación de la ONG pueda interpelar más frecuentemente para tratar temas de gestión. Los encuentros se realizan periódicamente y son reuniones de alrededor de cuatro horas donde se discute una lista de temas planteados por la coordinación general de la red y otros que surgieran en ese momento. La participación se expresa en opiniones afirmativas o negativas o en silencios, los que al no plantear objeciones muchas veces se interpretan como afirmaciones.

Asimismo, hay otro espacio formado por delegados, uno por cada organi-zación que pueden rotar o no, cada uno o dos años. Los delegados participan de reuniones donde reciben información acerca de las gestiones que realiza la coordinación de la ONG. En este espacio, se suelen distribuir tareas (realizar compras, recibir y distribuir donaciones, revisar rendiciones, realizar algunos trámites, etc.) y se discute acerca de algunos temas de interés, etc. Otro espacio de representación es el de los delegados de los grupos de jóvenes; éstos últi-mos, también como sucedió en muchas organizaciones del Conurbano, fueron sumándose a las instituciones en la última década.8

8 A fines de la década de los noventa, comenzaron a ser objeto de financiamiento proyectos que atendían a un sector de la población que hasta ese entonces no era objeto prioritario de las políticas sociales, los jóvenes. Paralelamente, desde las organizaciones comunitarias se advertía la necesidad

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Con respecto a la toma de decisiones, cuando las mismas involucran el funcionamiento de las organizaciones, los delegados llevan la propuesta y la semana siguiente regresan con la postura que adoptó cada institución frente al tema en discusión y la exponen en la reunión de delegados. Lo mismo ocurre en el espacio de coordinación, salvo algunas decisiones que responden a temas más operativos que se resuelven en este ámbito, sin que se realice la consulta.

También, se convocan a plenarios, varias veces al año, los que inicialmente eran espacios de discusión, pero con el crecimiento numérico de la red dejaron de serlo y se transformaron en espacios de capacitación, de intercambio, etc.

En lo que respecta a los proyectos que gestionan, existen espacios de gestión que han emergido en los últimos años en los nodos periféricos que responden a la modalidad de trabajo introducida por proyectos. Muchos de los centros, además de las actividades que tradicionalmente han mantenido a lo largo de los años como jardín maternal, comedor comunitario, etc., desarrollan proyectos en diversas áreas como panadería, video, salud, radio, carpintería, etc., donde se destinan recursos físicos y humanos que persisten a lo largo del tiempo. Los mismos responden a distintas necesidades que han aflorado en las comunida-des complejizando mucho más el funcionamiento de las organizaciones, cuya impronta respondía a actividades más rutinarias vinculadas con la infancia.

Con relación al financiamiento al que acceden los nodos periféricos, muchas organizaciones tienen una extensa trayectoria en gestión, lo que les ha permitido acceder a un financiamiento más estable como lo son las becas destinadas a chicos de 0 a 14 años. Las mismas permiten a las organizaciones contar con recursos por cada uno de los niños que asisten a la institución, para el cuidado y la alimentación de los mismos durante ocho horas. Estos recursos fueron gestionados ante el Estado Provincial a principios de la década de los noventa y alcanza a un 30% de las organizaciones de la ONG.

Otras instituciones, alrededor del 50% de las instituciones de la red, que iniciaron sus actividades a mediados de los noventa, o que pasaron a formar parte de la ONG en dicho período, tienen otro financiamiento que es el programa Eva Perón, el mismo contempla a niños de 2 a 5 años e implica un presupuesto por niño para garantizar la atención de cuatro horas y la comida, éste es de menor envergadura que el anterior.

de ‘sostener’ a los jóvenes, brindarles un espacio, dado que se hacía cada vez más notorio que los que ‘egresaban’ de las instituciones se quedaban sin un espacio donde participar –fuera del sistema de educación formal, con reducidas posibilidades de empleo – y estaban más cerca de ‘la esquina’ y de las prácticas enmarcadas en lo que socialmente se considera el universo de la violencia y la ilegalidad (Szulik y Kuasñosky, 1993). Cabe agregar también que en este proceso los jóvenes se sumaron a las organizaciones como trabajadores, talleristas, etc. Asimismo, muchos son hijos de miembros de los nodos periféricos o de las coordinadoras que participan activamente en los mismos.

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El resto de las organizaciones que forman parte de la ONG, que iniciaron sus actividades hace unos pocos años, tienen la particularidad de acceder a un financiamiento más precario el que tiene vencimientos más acotados. En este sentido, las instituciones se ven en la necesidad de buscar distintas fuentes de recursos para sostener el funcionamiento de la organización una vez que el programa se retira. Ejemplo de ello es el programa de Fondo de Participación de Inversión Social (en adelante FOPAR), el cual se renueva anualmente.

Una particularidad que posee dicha ONG es el haber gestionado recursos a lo largo de su historia con múltiples agentes, internos y externos al país, estatales y privados. Al respecto, podemos destacar gestiones internas que han perdurado a lo largo del tiempo, realizadas con distintas fundaciones y univer-sidades, ONGs, y dependencias públicas a nivel provincial y nacional, todas acciones que le han permitido tener una presencia como red en tanto gestora de políticas sociales. Con relación a las vinculaciones externas, han emprendido acciones en países europeos lo que redunda en un posicionamiento diferencial respecto de otras ONGs.

Relación entre los nodos periféricos y el nodo núcleoExisten numerosos aspectos que median en la relación entre las instituciones

que conforman la ONG y el ámbito de coordinación de ésta. Este último, como ya se señalara, está integrado por un grupo pequeño de integrantes que asumen las tareas de gestión y representación cuyos puestos no caducan y reciben una retribución mensual por sus tareas.

Asimismo, hay todo un conjunto de capacitadores que acompañan al nodo núcleo en las diferentes áreas presentes en los centros comunitarios (nutrición, apoyo escolar, jardín maternal, jardín infantil, etc.). Lo mencionado marca diferencias con los nodos periféricos, en tanto una característica que está pre-sente en estos últimos es la rotación de personal. La escasez de recursos para garantizar ingresos en personal hace que permanentemente haya colaboradores nuevos, mientras que quienes trabajan en tareas de coordinación en el nodo núcleo tienen permanencia (y recursos para efectivizar la misma).

Por otro lado, esto mismo incide en la profesionalización de los sujetos, en tanto quienes no varían en sus puestos acceden a una multiplicidad de instancias vinculadas con la gestión (formación, jornadas, proyectos, etc.) que hacen a la jerarquización de su lugar dentro de la organización. Mientras que la incorpo-ración permanente de personal en casi la totalidad de los nodos periféricos, se evidencia como “traumática”. Ejemplo de ello fue la gestión del plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (iniciado en el año 2002), que ha incidido fuer-

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temente en las instituciones, poniendo en tensión su estructura organizativa, desbordando a muchas de las mismas que reciben gente que precisa contraprestar a cambio del plan, pero no se acerca por afinidad o deseo de formar parte de la organización, compromiso, etc.

Otro aspecto tiene que ver con la distancia en la formación de los sujetos. Bourdieu (1993: 161) sostiene que “cuanto más desposeídas son las personas, culturalmente sobre todo, más obligadas e inclinadas están a confiar en los mandatarios para tener una palabra política”. En el caso en cuestión, claramen-te hay un reducido grupo de personas que son la voz de casi una veintena de organizaciones compuestas en su mayoría por personas de barrios de escasos recursos con saberes muy diferenciados: muchos cuentan con estudios primarios o secundarios incompletos; muy pocos han emprendido estudios terciarios o universitarios, lo que redunda en una relación asimétrica, la que se analizará luego.

En este sentido, se podría retomar el concepto de capital social tal como lo entiende Bourdieu, “agregado de recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos instituciona-lizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo” (Portes, 1998: 244), para aproximarse a lo que implica, en términos simbólicos y materiales, para los sujetos que participan de los nodos periféricos el formar parte de esta ONG.9

En cuanto a la participación comunitaria en temas que hacen al desarrollo de la red, encontramos que hay diferentes factores que inciden en la misma: antigüedad, afinidad, disponibilidad, recursos, formación etc. En este sentido, hay un grupo de coordinadores pertenecientes a nodos periféricos con mucha antigüedad que están muy inmersos en las actividades de la red; hay una con-fianza mayor con estos miembros ya que en muchos aspectos se hacen cargo de actividades de la ONG, o participan en conferencias, y congresos, viajes, etc. acompañando a miembros de la coordinación general. Constituyen el “núcleo o grupo de confianza” de los coordinadores del nodo núcleo. Pero, por otra parte, también hay miembros de instituciones más recientes, que participan activamente de distintas actividades relativas a la red con los que hay una ‘co-munidad’ ideológica y de trabajo. En este sentido, ante la aparición de recursos (cupos o viajes), quienes tienen un mayor compromiso o afinidad con sus nodos periféricos y con la red, están en mejores condiciones de poder acceder a los mismos. Por lo tanto, esta diferenciación incide en la relaciones de poder entre los sujetos, por el acceso a los recursos (materiales y simbólicos) de la ONG.

9 Por citar un ejemplo, a mediados de la década de los noventa, el aporte que realizaban los nodos periféricos para el sostenimiento de la red fue de un monto que representaba alrededor de un 12% de lo recaudaron por gestiones en conjunto.

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Documentos internos de la organización denotan la importancia de la red en el tema de la obtención/ gestión de recursos / servicios debido a que por su intermedio se facilitan, por ejemplo, donaciones, realización de trámites, de programas sociales, etc. Sin embargo, en el discurso de los miembros de nodos periféricos se pudo advertir que hablan en muchos casos de ‘la red’ como si no formaran parte de la misma (se refieren a un “nosotros” y a un “ellos”), aduciendo que ante diferentes cuestiones pueden acudir a la ONG como si fuera una institución aparte, en búsqueda de ayuda, contención, asesoramiento, recursos, etc. Consideramos que esto podría estar motivado, en parte, por el hecho de que existe una coordinación general que es quien gestiona y obtiene los recursos y los distribuye luego a las organizaciones como si se tratara de una estructura jerárquica, por lo que los recursos parecería como si ‘bajaran’ del nodo núcleo.

Existen ciertas semejanzas entre lo mencionado y cómo ‘bajan’ los recursos de los programas sociales estatales en los barrios. Para acceder a los recursos, “las organizaciones fueron obligadas a adquirir un estatuto legal que las convir-tiera en representantes formalmente válidos y jurídicamente responsables frente a la burocracia estatal (...) este reconocimiento legal de la representación de las comunidades barriales, permite al mismo tiempo al Estado reconocer a los dirigentes y a estos últimos legitimar su rol político (...) de esta manera quien decide y gestiona son las instituciones barriales constituidas en mediadoras entre el Estado y los vecinos” (Cravino et al., 2001: 112).

Asimismo, se puede inferir que las representaciones de los sujetos que componen la red respecto del nodo núcleo responden, también, al hecho de que la vinculación con este espacio está mediado por los representantes de los nodos periféricos, que son quienes concurren asiduamente a las reuniones, etc., existiendo sólo los plenarios como momentos en donde se encuentran un mayor número de sujetos lo que da lugar a que, la distribución de la información en cierta medida se parcialice.

Respecto a lo señalado anteriormente, en la literatura podemos rastrear una línea de autores que entienden que “en una formación de Red (social network) lo corriente es que no todos sus componentes, sino solamente algunos, tengan relación directa con los demás. De esta forma, muchos de los contactos en el interior de una red son de tipo indirecto” (Requena Santos, 1991: 37). Esto es lo que encontramos analizando la ONG, en su relación nodo central-nodos periféricos.

De igual modo, se puso en evidencia en el trabajo de investigación el des-conocimiento de algunos miembros de los nodos periféricos (auxiliar de cocina, personal de limpieza, etc.) y padres de niños o adolescentes que concurren a algunos de los servicios ofrecidos, en lo relativo a la gestión, interrelación, de las

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organizaciones con el nodo núcleo. Como se mencionó anteriormente, aparece en los relatos la existencia de una institución (ONG), que tiene una sede física, que les brinda servicios, donaciones, etc., donde un grupo de compañeros se reúne periódicamente, pero no tienen certeza acerca de cómo se organiza, qué cosas se gestionan allí o cómo es el vínculo entre ésta y las organizaciones, etc.

Diferenciacion entre los nodos periféricos que componen la ONG

Para intentar aproximarnos a las condiciones de vida presentes en los ba-rrios donde funcionan muchos de las organizaciones comunitarias que nuclea la red, debemos mencionar que éstas asisten a un número importante de niños; presentan, por lo general, un número reducido de miembros organizadores; se centran en la atención de problemas concretos de la comunidad; su fun-cionamiento depende, en buena medida, de recursos externos, principalmente estatales, aunque poseen relaciones con otras instituciones tales como la Iglesia Católica, ONGs, fundaciones, etc.

Asimismo, son notorias las diferencias, entre las organizaciones más an-tiguas y las de reciente conformación en términos de su capacidad instalada, recursos, contactos, etc. Con respecto a la capacidad instalada, las instituciones más antiguas han obtenido a lo largo de los años mejoras importantes en sus edificios, así como la posibilidad de ampliar sus instalaciones; mientras que las organizaciones más jóvenes, o bien no poseen un espacio propio, o éste es más precario.

En cuanto a la obtención de recursos, las diferencias se pueden observar en las retribuciones que perciben quienes colaboran en estos espacios. En este sentido, muchas de las instituciones fundadoras tienen personal con salarios formales; mientras que en las organizaciones más jóvenes, el personal en algunos casos recibe subsidios que oscilan entre $100 y $150 (muchos son perceptores del Plan Jefas y Jefes de Hogar)10 o colaboran ad honorem.

Asimismo, las diferencias pueden observarse en los vínculos externos que dichas instituciones poseen. Las organizaciones fundadoras, algunas apadri-nadas por la Iglesia,11 obtienen recursos de una multiplicidad de fuentes y de contactos establecidos hace ya muchos años. En este sentido, hay instituciones que tienen fundaciones que los patrocinan y les otorgan subsidios mensuales. También, su trayectoria les permite contar con personal especializado que

10 Estos montos se mantienen durante el año 2006.11 Es importante el porcentaje de organizaciones que tienen algún tipo de vinculación con la Iglesia. Esta relación posibilitó que muchas de éstas consiguieran espacios físicos donde realizar sus actividades, recursos monetarios, etc.

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colabora ad honorem, tales como pediatras, asistentes sociales, pasantes de universidades, etc. Las vinculaciones en muchos casos ha posibilitado a estas instituciones brindar una diversidad de servicios como por ejemplo, talleres de tejido, cerámica, murga, huerta, manualidades, percusión, ropero, etc. En el caso de las organizaciones de reciente conformación se advierte un menor grado de vinculaciones institucionales.

Con respecto al dinamismo en las organizaciones, son muchos los factores que inciden en ello: características personales de los miembros, vinculaciones, experiencia comunitaria, expectativas, motivaciones, etc. En este sentido, cabe señalar que en las instituciones hay gente con una trayectoria social y política muy importante, que implica una historia previa, participación en distintos es-pacios institucionales (planes sociales previos, como el Plan PAIS, Plan Vida, en política partidaria) y gente que a la luz de la crisis social se incorporó a estos espacios en búsqueda de contención, recursos, etc.

Las características señaladas anteriormente sólo intentan mostrar algunos rasgos de estas organizaciones por lo que no agotan la multiplicidad de servicios que las mismas ofrecen diariamente.

Formas de coordinación interna La mayoría de los nodos periféricos cuentan con un reducido personal esta-

ble. En muchos de ellos aparece la figura de un coordinador/a quien asume las tareas de gestión, de representación, etc., y luego hay personal que trabaja en el cuidado y formación de los niños, cocina, mantenimiento, etc. Sin embargo, hay algunas experiencias donde funcionan grupos de trabajo sin la figura de un coordinador, lo que induce una estructura más horizontal de gestión.

Como ya señaláramos, documentos institucionales consultados denotan que la modalidad de gestión de algunas organizaciones (por ejemplo a través de equipos de trabajo) hace más compleja la circulación de la información por lo que algunos miembros desconocen lo que ocurre en otras áreas del nodo periférico, por ejemplo en la cocina, etc.

A la luz de estos documentos internos de la ONG se advirtió, también, que en algunos nodos periféricos las decisiones aparecen fuertemente centralizadas en la figura del coordinador, mientras que en otros las decisiones / responsabi-lidades son más compartidas por todos los miembros de los mismos. Sumado a esto, existen jerarquías implícitas, por ejemplo, entre quienes tuvieron acceso a capacitaciones y quienes se incorporaron recientemente a las instituciones por lo que no han accedido a esos recursos; entre el personal permanente y ‘la

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gente del Plan’, refiriéndose a los preceptores del plan Jefas y Jefes de Hogar que colaboran en los nodos.

Cabe señalar también que a partir de dicha documentación se pudo advertir en algunas organizaciones un proceso de ‘extrañamiento’ entre los vecinos vinculados al nodo y el “agente comunitario”. La participación da lugar a una cierta distancia entre los miembros de la ONG12 y los que reciben comida y otros servicios en dichas organizaciones. En este sentido, hay una percepción de un ‘otro’ distinto de uno; en palabras de una coordinadora: “(…) nos pasa que porque estamos capacitados nos creemos superiores a los demás y somos ‘pobres capacitados’, al final, nos paramos en otro lugar y reproducimos (desigualdades que no existen) con el vecino” (Documento interno de la ONG).

Sobre el tema, Cardarelli y Rosenfeld (2000: 60-61) mencionan que muchas veces estos agentes “más allá de sus voluntades y motivaciones altruistas que los impulsan, [caen] en su carácter de representantes y de ‘expertos’ capacitados, en una suerte de burocratización, desarrollándose a la vez intereses corporativos, que [originan] brechas entre ellos y sus representados”, tal como fue observado en los nodos de la red.

Concepto RED vs. RED en acción Resulta pertinente contrastar lo que entiende la literatura por redes sociales

y cómo es la dinámica organizativa de la red en cuestión. Por ello problematiza-remos a la luz de lo que los teóricos sostienen sobre este tipo de organizaciones algunos aspectos de la historia de la ONG.

En principio, podemos mencionar que las redes surgen como un nivel de análisis posible de una realidad que sólo puede ser comprendida y abordada en su complejidad (Dabas, 1993). La ‘cultura de la complejidad’ introduce un pensamiento que toma en cuenta interacciones dinámicas y transformacio-nes. Desde esta perspectiva, “todo el universo físico es visto hoy como una inmensa ‘red de interacciones’ donde nada puede definirse de manera abso-lutamente independiente (...) hemos pasado de una concepción estática (...) a una descripción dinámica que nos habla de una red o patrón de interacciones” (Najmanovich,1995: 59). El universo desde esta perspectiva se concibe como una red o entramado de relaciones, y los individuos como nodos de esa red.

Por su parte, desde el ámbito de la sociología, de las teorías organizacionales y de la economía no ha sido menos dramática la transformación de las ideas sobre la organización social. “Desde una concepción mecánica, con interacciones rígidas propias de la metáfora ‘piramidal’ de la organización, característica del

12 Aunque gran parte de éstos habita en la zona donde opera la institución.

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taylorismo, estamos asistiendo a la legitimación de otras formas de concebir lo social: las redes y las organizaciones ‘heterárquicas’” (Najmanovich, 1995: 59); esto es, se pasa de una concepción jerárquica, donde gobierna un solo jefe, a una heterárquica, donde el poder circula.

Incorporar esta concepción, implica pensar a los sujetos como parte de las múltiples redes de relaciones en las que están inmersos (familiares, de amistad, laborales, recreativas, políticas, culturales, etc). En este sentido, no se plantea “la vuelta a las formaciones premodernas como modelos de organización social donde los conflictos y las ansiedades no existieran (…) pero sí considerar el valor de los contextos locales, de las relaciones personales, de la confianza en el otro, de la posibilidad de participación en la planificación de los programas que afectan a la vida del conjunto (…); transformación de la persona-objeto en persona-sujeto, con una clara visualización de los recursos, una valorización de sus saberes y una toma de conciencia de sus logros que se pueden obtener a través de la participación activa en la organización social” (Dabas, 1993: 19).

En la literatura sobre redes sociales, encontramos distintas acepciones del término. Elizabeth Iñiguez (1998), sostiene que el término “red” en el pasado aludía a la idea de un tejido cuya utilidad principal era la de apresar y contener. Asimismo, manifiesta que luego el concepto fue empleado para hacer mención a atributos como: contención, sostén, estructura, etc.

Bott (sin dato: 98) por su parte agrega, que la idea de red se encuentra a menudo en la bibliografía antropológica, sociológica y psicológica, aunque no siempre recibe tal nombre. Esta autora usa el término red “para describir un conjunto de relaciones sociales que no tienen un límite en común...cada persona está, por decirlo de alguna manera, en contacto con un número de personas, algunas de las cuales están directamente en contacto entre si y otras no...la imagen es la de un conjunto de puntos, algunos de los cuales se unen por líneas. Tales puntos son las personas o a veces, los grupos, y las líneas indican las interacciones entre esas personas”.

Usamos el término “red” para aludir a “un proceso de construcción per-manente tanto singular como colectivo, que acontece en múltiples espacios (…). [La red] a través de la interacción permanente, el intercambio dinámico y diverso entre los actores de un colectivo (familias, equipo de profesionales, barrio, organización, tal como el hospital, la escuela, el centro comunitario, entre otros) y con integrantes de otros colectivos, posibilita la potencialización de los recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para forta-lecer la trama de la vida. Cada miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser éstos socialmente compartidos” (Dabas, 2003: 2-3).

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Podemos resumir las visiones señaladas anteriormente denotando que existe una concepción donde se enfatiza el tema de una trama en donde hay múltiples vínculos sin un centro, y por otro lado, otra que pone el acento en esta idea de malla, de sostén, de entramado para contener.13 En este sentido, más que optar por una postura u otra, a continuación se intentará poner en tensión algunos aspectos de la ONG a la luz de de lo que los expertos argumentan sobre las redes.

¿En qué se acerca o no la trama organizativa de esta ONG a las definiciones desarrolladas?14

Uno de los puntos que podría problematizarse sería su momento funda-cional. La conformación de la red estuvo fuertemente acompañada por un actor con vínculos muy estrechos con un movimiento de la Iglesia Católica. Los relatos de quienes acompañaron el proceso gestacional dieron muestras de que las gestiones emprendidas parecían estar más bien impulsadas por dicho agente que ser la concreción del colectivo que acompañaba dicho proceso.

Al respecto, podemos apelar al concepto de red egocéntrica de Lomnitz (1975: 142), quien sostiene que el misma representa al “conjunto de individuos con quienes ego intercambia recíprocamente bienes y servicios (...) es pues un conjunto de relaciones diádicas de intercambio recíproco. La intensidad del intercambio diádico se rige por cuatro factores: la distancia social formal; la distancia física, la distancia económica y la distancia psicológica”. Si bien los factores están interrelacionados, la autora menciona, en particular, respecto de la distancia económica, que “en cada momento la situación mutua de recur-sos y de carencias determina las necesidades y por lo tanto la intensidad del intercambio. Cuando la balanza de necesidades se inclina consistentemente a favor de uno de los participantes puede afectarse la simetría del intercambio, lo cual termina por modificar su base de reciprocidad. Así se observa que cuando cambia el nivel económico relativo entre dos individuos tiende a interrumpirse su relación de reciprocidad o bien se convierte en una relación de asimétrica de patronaje” Lomnitz (1975: 142).

Siguiendo en esta línea de pensamiento lo que muestran las entrevistas, realizadas a miembros activos y ex integrantes de la ONG, es que hay un agente que posee un capital social singular, el cual provenía de sus relaciones con la Iglesia, lo que termina por condicionar los vínculos con el resto de los parti-cipantes de la red. La existencia de dichas relaciones le permitía acceder a un capital económico diferencial, con respecto al que pudiera acceder cualquiera de sus colaboradores, vehiculizado por la Iglesia, por particulares católicos, etc. 13 Esta síntesis fue expuesta por Aída Quintar (2003) en una clase sobre el tema.14 Las apreciaciones que siguen se corresponden con dos años de trabajo en la ONG.

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Esto redundó en una relación desigual, con quienes impulsaron el proyecto de la conformación de la red, y de tipo jerárquica, en tanto se hacía evidente que existía un centro personalista, que gestionaba, representaba, decidía, etc.

El alejamiento de dicho liderazgo y la emergencia de otro, a principios de los ‘90, dan lugar a la conformación de otro entramado social, también con un centro, pero mucho más cercano a los nodos periféricos, lo que redundó en la legitimidad de este entramado de relaciones. Cabe destacar que la permanencia en el nodo núcleo de uno de los coordinadores por más de una década nos per-mite inferir que ciertos puntos enunciados en la conceptualización de red que desarrolla Dabas (1993) se han cumplimentado en el entramado de relaciones que se constituye a partir de los noventa, esto es, una red posibilitadora de interacción, intercambio dinámico y diverso entre los actores de un colectivo y con integrantes de otros colectivos, de potencialización de recursos y de la creación de alternativas novedosas para fortalecer la trama de la vida, donde cada miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla, optimización de los aprendizajes al ser éstos socialmente compartidos, etc.

Asimismo, cabe precisar que informalmente en un momento de la historia de la ONG, y formalmente después, aparece en la organización un centro formado por unos pocos integrantes que se hacen cargo de los aspectos vinculados con la gestión e implementación de recursos en una forma más centralizada, lo que pondría en discusión a la literatura que entiende que en términos organizativos, la red en tanto tejido conectivo estaría aludiendo a una organización sin centro, sin direccionalidades fijas, hacia el centro o desde el centro sino que hay cruces en múltiples sentidos, relaciones no jerárquicas o relaciones horizontales.

Sin embargo, en la literatura sobre redes se menciona que existe un modelo de red, que se denomina red tipo estrella, la cual funciona como “una red hori-zontal con un centro claramente definido en torno del cual se van configurando el resto de las relaciones. Al deshacerse el nudo central se desarma toda la red. La clave del funcionamiento de este tipo de red no es la jerarquía, sino la referencia de todas las comunicaciones entre los actores al centro” (Montero y Morís, s/f: 15). En este trabajo apelamos a dicha definición para definir cómo funciona el entramado de relaciones de la red que nos ocupa. Como ya enunciáramos, la permanencia de los líderes en la red (nodo núcleo) a partir del consenso de los nodos periféricos, da cuenta de un centro ‘más cercano’ y con legitimidad. En este sentido, el alejamiento de quien estuvo a la vanguardia del proyecto ges-tacional de la ONG implicó el fin de un liderazgo más ‘externo’ y con fuertes condicionamientos. Sin embargo, la necesidad de delegación y representación influye en que el modelo adoptado a comienzos de los ‘90, centro más cercano,

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también dé cuenta de la existencia de jerarquías, lo que hace que el nodo núcleo se convierta de hecho en un centro de decisiones y por lo tanto de poder.

Al respecto cabe recordar que la necesidad de recursos externos (en particular los provenientes del estado) incide en la necesidad de tener refe-rentes jurídicamente responsables, lo que redundó en un reforzamiento del centro burocrático-técnico de la red. Volviendo a las reflexiones teóricas del apartado anterior, se puede observar que la complejidad presente en la gestión de cualquier organización hace que en la práctica concreta el requerimiento de personas jurídicamente responsables para la gestión e implementación de políticas sociales, influya necesariamente en la horizontalidad de las organiza-ciones, poniendo en discusión las distintas conceptualizaciones mencionadas anteriormente.

Lo manifestado nos remite a otro tema importante que es el de la distribu-ción del poder en las organizaciones. Al respecto, la existencia de un centro en la ONG ha generado, en algunos aspectos, acumulación de poder entre algunos miembros, lo que hace que ciertas decisiones parecieran determinarse entre unos pocos integrantes como se problematizará luego. Por ello, este caso no puede ser conceptualizado como una red sin centro, o una red de tipo exocéntrica. Lomnitz, (1975: 143) entiende que en una red de ese tipo “lo característico no es el intercambio con un individuo sino el intercambio de todos con todos”.

Otro aspecto en el que se indagó es el tema de la circulación de la infor-mación en la organización. En este sentido, es relevante señalar que dicha ONG tiene varias instancias en donde circula información, esto es, en la coordinación general de la red, en las reuniones de los coordinadores de los nodos periféricos, en las de delegados, y en los plenarios. También, hubo varias experiencias en los últimos años que redundaron en un mayor conocimiento de las organiza-ciones, y de su forma de gestión. Cabe destacar al respecto la apertura de la red a instituciones externas locales y nacionales lo que denota su importancia como actor local, su reconocimiento, transparencia, etc. (recepción de pasantes de universidades de la zona, trabajos en conjunto con otras organizaciones red (hasta 2004), etc.

Aun así, y como ampliaremos luego, los ámbitos de circulación de la información han comenzado a problematizarse a partir del crecimiento de la organización. También han surgido diferencias entre los temas de interés de los coordinadores de los nodos periféricos (quienes solicitan abordar cuestiones vinculadas con la práctica concreta en los mismos) y los planteados desde la coordinación general de la red, que tratan de incorporar temas que van más allá de la práctica cotidiana.

Algo que fue haciéndose más claro en el transcurso de la experiencia en la sede de la red fue el hecho de que existen personas muy cercanas a la co-

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ordinación general, que participan en diferentes actividades de gestión de la organización. Esto hace a una amplitud en la administración de la institución, que en un principio parecía más acotada al grupo que dirige la red. Al respecto, podría pensarse que esto abre la posibilidad de futuros liderazgos. Lo manifes-tado muestra que hay una tensión permanente entre una red centralizada ‘de hecho’, y una intención de ser una red ‘lo menos’ centralizada posible. Esta pretensión se evidencia en las continuas reflexiones para acercarse al segundo modelo mencionado.

Otro tema que se abordará más intensamente luego es que algunos nodos periféricos viven diferentes actividades de impulsadas por el nodo núcleo como una inspección. Al respecto, cabría preguntarse por qué hay miembros que perci-ben como persecutorias medidas implementadas por la red como sino no fueran parte de ella. En este sentido, pareciera que los años de gestión con un modelo organizacional centralizado ha incidido en que la brecha de profesionalización sea más amplia, y que, por lo tanto, el nodo núcleo se viera más lejano de los nodos periféricos a pesar de su intención permanente de que ello no ocurriera. Al mismo tiempo, el nodo núcleo se ve en la necesidad (por los acuerdos internos y por requerimientos exteriores) de realizar controles técnicos y ‘morales’15 en los nodos periféricos, lo que nuevamente da cuenta de la tensión inherente entre el nodo núcleo y los nodos periféricos.

Podemos concluir, respecto de la pregunta que dio origen a la reflexión de este apartado, que existen puntos de contacto con las definiciones planteadas por la literatura sobre redes (refundación de la organización; ámbitos de cir-culación de la información) y otros que debido a la complejidad inherente en la gestión de las organizaciones (necesidad de representación jurídica) hacen difícil realizar un análisis en tanto son múltiples los aspectos que inciden en el funcionamiento del modelo organizacional.

Intercambios en el entramado de la red Cabe mencionar que las organizaciones fueron priorizando diferentes cues-

tiones de acuerdo a las problemáticas que se les presentaran. Esto hizo que a lo largo del tiempo las acciones tendieran a lograr mejoras en diferentes aspectos, primeramente garantizar el funcionamiento de todas las organizaciones, luego conseguir mejoras en infraestructura, capacitación, etc.

En este sentido, encontramos financiamientos a comienzos de la década de los ‘90 cuando claramente se priorizaba la consecución de alimentos. La

15 Control sutil que está vinculado con la necesidad de compartir principios, criterios, etc., cuando esto no sucede las relaciones se deterioran, llegando incluso a la ruptura del vínculo. Una de las formas de ejercer este control sutil es a través del aval que da el nodo central a los nodos periféricos.

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distribución de los recursos obtenidos se determinó luego a partir de reuniones con los representantes de las organizaciones y con el acuerdo de los mismos. De igual modo sucedió con los proyectos que luego tendieron a la mejora de la infraestructura de las organizaciones.

Cabe aclarar que dada la especialización de los nodos periféricos (cuidado, alimentación, contención de niños, jóvenes, etc.), todo el tiempo se han reali-zado acciones para el sostenimiento de las organizaciones en distintas áreas, de ahí que permanentemente se están gestionando recursos materiales para sustentar dichos espacios. Los recursos varían desde tantos kilos de alimentos, a un portón para tal centro, material escolar para un salón, cocinas, a financia-miento tendientes a la mejora de infraestructura o la construcción de salas para tal institución, etc.

Existen múltiples recursos que circulan entre el nodo núcleo y los nodos periféricos además de los programas a los que han accedido a través de éste. La posibilidad de capacitarse en las áreas en las que se especializan las institu-ciones, las instancias de participación en eventos representando a la red (viajes al interior y al exterior del país) con todo lo que implica salir del barrio para personas que viven en situaciones tan carentes, el servicio de profesionales que atienden problemas de violencia, salud, etc., para aquellos que lo necesiten, etc., becas para que puedan desarrollar estudios, o para que puedan concluir los que están realizando, son algunos de los recursos que están a disposición de todos aquellos que tienen participación, compromiso, etc., en las organizaciones y en la red.

Con relación al tema de la circulación de la información, se han evidenciado en los últimos años deficiencias en cuanto a la difusión de información entre el nodo central y los nodos periféricos. Los espacios establecidos de transmisión de información fueron haciéndose insuficientes a la luz de las transformaciones que se sucedían en la organización.

Un primer lugar de transmisión de información que perdió su rol fue el de los plenarios. El crecimiento de la red hacía cada vez más complejo mantener este espacio como un lugar de toma de decisiones. Esto originó que el mismo pasara a ser un espacio de intercambio, recreación, etc., con la consiguiente pérdida del ámbito de discusión colectiva, lo que es objeto de preocupación por quienes lideran la red.

Otros espacios que muestran deficiencias son los de delegados y de coordi-nadores. Con respecto al espacio de delegados, la agenda de cuestiones que se trata en el mismo se ve influida por la agenda del nodo núcleo. De igual modo, sucede en el espacio de coordinadores, hay cuestiones jerarquizadas desde el nodo núcleo que terminan por definir la agenda de cuestiones socialmente relevantes de la red. Al comienzo de la reunión hay un orden del día donde

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aparecen las cuestiones a tratar y se deja siempre abierta la posibilidad a quie-nes tengan algo para agregar a la agenda. La generalidad es que se debate lo establecido únicamente en el mismo. En este sentido, hay un primer recorte de la información, en tanto la oferta de cuestiones que se dirimen en los espacios de coordinadores y delegados es propiciada por el nodo núcleo. A esto, se suma otro recorte que guarda relación con el tema de la representación, esto es, qué de esa agenda llega a los nodos periféricos a partir de los representantes que envían éstos.

Otro punto sumamente interesante de la forma organizacional de la red es el que las decisiones son consultivas. Al respecto, hay nodos periféricos que denotan un ejercicio mucho más profundo de discusión colectiva que otros.

En este sentido, encontramos que existen instancias de consulta a los nodos periféricos promovidas por el nodo núcleo. Sin embargo, en la circulación de la información existen otras variables, como por ejemplo, la elección de repre-sentantes de los nodos periféricos que escapan al nodo núcleo y que inciden en qué información llega o no a los nodos periféricos.

Un tema que ha formado parte de la agenda de la organización transversal-mente es el de la construcción simbólica, asunto que se ha complejizado con el crecimiento numérico de la organización. Cabe destacar que en la última década la gestión de políticas sociales condicionaron a las organizaciones e hicieron que muchas de ellas se aglutinen, para acceder a las actuales operatorias de financiamiento propuestas por el Estado y los organismos internacionales, en lugar de hacerlo por las verdaderas potencialidades de las redes, en tanto ins-trumentos de integración social y canales para una participación más ampliada (Cardarelli y Rosenfeld, 1998).

Esto último conlleva una tensión entre las organizaciones que se acercan para formar parte de la red con el propósito de acceder a recursos, y se encuentran con pautas de funcionamiento que hacen a los acuerdos alcanzados entre los integrantes de la red y que implican un compromiso de las organizaciones. En este sentido se contraponen los principios organizacionales de la red y el que las instituciones nuevas se posicionen sólo como receptores de políticas sociales.

La ONG ha implementado diferentes estrategias para recrear la pertenencia de los nodos periféricos, el sentido del trabajo comunitario a lo largo de los años, etc. Los plenarios, actividades entre las distintas organizaciones (visitas, recreación, etc.), el sumar gente a las actividades de coordinación, los campa-mentos, viajes para conocer otras modalidades de gestión, etc., ha colaborado en el sostenimiento del trabajo, en muchos casos voluntario. De igual modo, se diseñaron estrategias que posibiliten abrir la institución a otras organizaciones del barrio y a los padres, aunque se percibe una resistencia muy fuerte en algu-nas organizaciones. En este sentido, se puede observar nuevamente la tensión

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entre ‘lo que la ONG quiere ser’ y ‘lo que son de hecho’. De ahí la necesidad constante de reforzar los lazos horizontales.

Representatividad de los intereses de los sujetos que componen la red

“La participación es hoy ‘representación’ desperso-nalizada a través de las numerosas mediaciones entre

la gente y el Estado” Graciela Cardarelli y Mónica Rosenfeld

El poder asociado a la representatividad de los sujetos (asociado a las ins-tancias de decisión que ya enunciáramos) ha redundado en un tema apasionante, y sumamente pertinente para el caso que nos ocupa en tanto la ONG, desde sus inicios prácticamente, ha adoptado la estructura de representación conformando un nodo núcleo lo que implicó que haya jerarquía, distanciamiento, diferencia en capacidades y capacitación respecto de las instituciones que conforman la red.

En los comienzos de la ONG, existía en la organización lo que Bourdieu (1993:158) llama un ‘plenipotenciario’, “una persona que tiene mandato, una comisión o una procuración para representar (...) para hacer ver y hacer valer los intereses de una persona o grupo (...) la delegación por la cual una persona da poder, como se dice, a otra persona, la transferencia de poder por la cual un mandante autoriza a un mandatario para firmar en su lugar, le da una pro-curación, es decir la plena potentia agendi, el pleno poder de actuar por ella (...) cuando una sola persona es depositaria de los poderes de una cantidad de personas, puede ser investida de un poder que trasciende a cada uno de sus mandantes (...) en apariencia, el grupo hace al hombre que habla en su lugar, en su nombre (...) mientras que en realidad es casi tan verdadero decir que es el portavoz quien hace al grupo”.

A comienzos de la década de los ‘90 se convocó a una persona para que se hiciera cargo de las actividades de gestión que eran exclusivas de la red, formada en ese entonces por un reducido número de organizaciones. A partir de ese mo-mento y por muchos años hubo sólo una persona a cargo de todas las actividades vinculadas con el nodo núcleo acompañada de colaboradores, capacitadores, etc., pero concentrando en su persona lo vinculado con la gestión de proyectos, programas, representación ante organismos privados y públicos, etc.

Esto se acentúa aún más a mediados de la década del noventa, donde cambia el contexto, se establece como requerimiento para otorgar financiamientos el

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que las organizaciones estén dentro de una red (de Cáritas, del Municipio, de base, etc.). Además la ONG accede a un financiamiento para la compra de un edificio propio, para lo cual necesitaba tener personería jurídica. De modo tal que hacia el exterior se establece de hecho y de derecho una única interlocutora válida, la coordinadora de la red.

Asimismo, con el tiempo se fueron estableciendo otras instancias de representación debido a que, entre otras cosas, por el crecimiento de las orga-nizaciones, se hacía necesario contar con representantes de las instituciones comunitarias para definir cuestiones vinculadas con el funcionamiento de la red. Respecto al tema, un miembro de la ONG mencionó lo siguiente: “Nosotros consideramos que el que coordina tiene la tarea de ejecutar lo que se va defi-niendo colectivamente, entonces nosotros tenemos muchas tareas de ejecución y de representación muchas veces, porque estamos acá para esto, nuestro tiempo esta todo puesto en la red. Entonces muchas tareas como estas recaen sobre nosotros, muchas tareas de gestión (...). Surgió con ese proyecto grande (...) que necesitábamos un espacio más chico, que no fuera el plenario y integrado por compañeros con más experiencia y con una mirada más amplia que por ahí no era el delegado; porque a veces el delegado es alguien que hace dos años que está, (...) o que está en la cocina que no tiene por ahí una mirada más abierta de lo que es el trabajo, de lo que es la red, entonces los coordinadores se consti-tuyeron como ese espacio de consulta sobre temas que requerían definiciones o discusiones más rápidas y no tan amplias como un plenario, porque en un plenario hay muchas cosas que no podes discutir” (Entrevista a un miembro ONG, 2003). Nuevamente podemos observar la tensión entre la personalización y las decisiones colectivas.

Aquí se evidencian tres niveles de delegación, un primer nivel más pri-mario es el de delegados, quienes pueden ser personas con una trayectoria en los centros comunitarios muy reciente, por lo tanto, tienen un poder reducido de decisión respecto de sus representados; un segundo nivel está dado por los coordinadores de los nodos periféricos o los representantes enviados al espacio de coordinación de la red (dado que hay organizaciones que no tienen coordina-dores); éstos a partir de la implementación de un proyecto a fines de la década de los noventa se transformaron en interlocutores directos del nodo núcleo y por ende tienen un poder mayor sobre sus representados; finalmente, estos dichos nos hablan de la representación del nodo núcleo que específicamente se ocupan de las tareas de gestión que involucran al conjunto de la red.

Otro tema interesante que hemos abordado guarda relación con lo mencio-nado por Foucault (1992), quien sostiene que si bien el sujeto posee libertad, existen dispositivos sutiles de control social, que llegan hasta la capilaridad de la sociedad, que hacen que exista cierto control; la sociedad esta actuando

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y construyendo a un sujeto (el poder se interna en los cuerpos, los modela) y esto se puede detectar en los discursos. No hay para él simplemente represión o prohibición sino que estos mecanismos sutiles hacen que los mismos sujetos se controlen a sí mismos. Esto se relaciona con el control moral-técnico que ejerce el nodo núcleo sobre los nodos periféricos. A lo largo de este trabajo hemos brindado algunos indicios de cómo funciona el control técnico-administrativo pero existe también un ‘control moral’, que ya enunciamos, más sutil, tendiente a consensuar principios, etc.

Este sutil control puede evidenciarse en las palabras de uno de los miem-bros de la ONG, “la red somos las organizaciones, más allá del rol que tenga uno u otro, no es que es una ong intermediaria, no, somos nosotros. Entonces, cada uno esta avalando a los demás (...) entonces yo les decía por ahí a los más nuevos para que entiendan la fuerza que tiene ese aval, ‘por qué pensás que la Provincia o que una Fundación apoya a esta organización sin conocerla’, por-que esta avalada por el trabajo de años de toda esta gente que está sentada acá, porque siempre que tuvimos que rendir (...) rendimos porque nadie se afanó la guita, porque el trabajo se hace lo mejor que se puede y si no te sale bien (...) vamos y lo decimos: ‘mira, la verdad que esto no nos sale bien’, entonces todo eso construido es lo que te da aval y es lo que te hace super responsable del recurso al que estas accediendo” (Entrevista a un miembro de la ONG, 2003). El aval en este caso opera como un control sobre los nodos periféricos.

Asimismo, otra evidencia del poder sutil se puede observar en el poder de decisión de la red respecto de los centros comunitarios. La red tiene una trayectoria que la hace un interlocutor válido para la obtención de recursos y esto incide en que las organizaciones de reciente conformación se vean obliga-dos a aceptar los acuerdos establecidos para así ser parte de esta organización. Romper con las pautas organizacionales termina por erosionar la relación nodo núcleo-nodo periférico ocasionando el alejamiento de una de las partes, ejemplos de ello son las dos instituciones que en los últimos años dejaron de pertenecer a la ONG.

Cabe agregar que la representación es más compleja cuanto mayor es la diversidad de los representados. En este sentido, el crecimiento organizacional de la red, que facilitó la incorporación de organizaciones con una impronta dis-tinta a la de las organizaciones fundadoras que eran en su mayoría guarderías y comedores, la implementación de proyectos que admitían temáticas varias, cambios en los modos de funcionamiento de los nodos periféricos (emergen-cia de asociaciones civiles), terminó ocasionando deficiencias en los espacios de representación establecidos. Esto obliga a la red a tener posicionamientos ideológicos en distintos temas, niñez, juventud, alimentación, violencia familiar,

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becas, diferentes programas sociales, relaciones con los municipios, provincia, iglesia, otras organizaciones populares, varias, temáticas, etc.

Grado de autonomía / dependencia / constreñimiento de los sujetos respecto de la red

A las características anteriormente señaladas, resulta pertinente agregar la visión del nodo núcleo sobre quienes trabajan o ayudan en los nodos periféri-cos. Según lo expresado por la coordinación de la ONG, “las organizaciones han sido fundadas y son conducidas por trabajadores comunitarios que son miembros de la propia comunidad. En su amplia mayoría son mujeres, en un alto porcentaje son jefas de hogar de familias numerosas. La mayoría cuenta con un nivel primario completo o incompleto, en menor número cuentan con un nivel secundario y una mínima proporción acceden a estudios terciarios o universitarios. Son muchos los que no pueden cubrir sus necesidades básicas, ya que viven en las mismas condiciones que las familias a las que atienden” (Documentación interna de la institución).

Es interesante reflexionar sobre la conceptualización empleada por quienes coordinan la ONG refiriéndose a los vecinos del barrio en términos de comu-nidad. Dicho concepto según Cravino (2004) es empleado por funcionarios públicos, privados, miembros de organizaciones sociales, etc., con diversos usos los que presuponen determinados comportamientos de los sujetos.

La definición de comunidad acuñada a mediados del siglo XX expresaba una sociedad aislada. Según Cravino (2004: 4) una sociedad ‘folk tipo’ “está formada por personas que no tienen contacto con ningún individuo que no pertenece a su sociedad”. Asimismo, la autora agrega que este tipo de sociedad posee “‘una cultura’ propia, basada principalmente en el contacto cara a cara (...) la gente que integra una sociedad folk es muy semejante (...) lo que un hombre conoce y cree, es lo que conocen y creen todos los hombres (...) en esta clase de sociedad el cambio es muy pequeño” (Cravino, 2004: 4-5).

Al respecto, el supuesto enunciado por la red de que los miembros de la ONG son parte de la comunidad, implicaría, haciendo una traspolación, que en éstos existen intereses en común, que conociendo las características de al-gunos de ellos se puede conocer al conjunto, que hay identidad, comunidad de intereses, etc. Sin embargo, creemos que dicho concepto no permite advertir la existencia de conflictos, los que son inherentes al funcionamiento de cualquier organización, y cuyo tema es particularmente importante en este trabajo por lo que será tratado a continuación.

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Para Lomnitz (1975: 208) “las redes caracterizadas por un intercambio muy intenso tienden a organizarse en base a la lealtad común a una personalidad personalizadora” A su vez Bourdieu (1993: 161) señala: “en la medida en que, en la mayor parte de los hechos de delegación, los mandantes hacen un cheque en blanco a su mandatario, no sería sino porque ignoran a menudo las cuestiones a las cuales el mandatario deberá responder, confían en él”.

Forni (2001: 2) por su parte manifiesta: “es característico de esta forma organizacional la presencia de una orientación valorativa entre las partes (‘buena voluntad’) (...) al no existir contratos como en los mercados o una legalidad como en las burocracias, los miembros de una organización red confían en que ningún otro actuará de modo oportunista utilizando los canales de intercambio establecidos para fines propios en detrimento de los demás”. En el caso que nos ocupa, encontramos que la existencia de uno de los miembros más antiguos de la ONG ha sido muy importante en la estructura de la red en tanto representa un líder emocional que estimula, mantiene la ideología, etc. (Lomnitz, 1975).

Cabe señalar, finalmente, que se ha podido comprobar en distintas instancias que el acceso a financiamientos externos (proyectos) está mediado por quienes realizaron las gestiones para obtenerlos. En este sentido, no da lo mismo que en una reunión con el financiador ‘participe o no’ el coordinador de la ONG más antiguo al que hicimos referencia anteriormente. De igual modo sucede con los otros coordinadores. En la performance que la red ha adquirido ha sido tras-cendental los sujetos que la conducen, lo que ha redundado en reconocimiento de entidades del Estado, privadas, ONGs, etc.

Como ya se enunciara, los talleres que se dictan en la ONG son espacios de capacitación (una vez por mes) en las diferentes áreas (nutrición y cocina, apoyo escolar, etc.), los que se complementan con visitas de técnicos a las organizacio-nes (hasta dos veces por mes) que se realizan simultáneamente con el propósito de ajustar aquello que haya quedado pendiente en el taller o para atender a las dificultades que pudieran surgir en los nodos periféricos en gestión.

Las visitas técnicas, entonces, permitieron advertir si lo trabajado en los espacios de capacitación se aplica en las organizaciones comunitarias. Al ser los talleres espacios mensuales, y al estar los colaboradores permanentemente inmersos en la vorágine de la organización, parecería que se hace muy com-plejo poner en práctica lo que se trabaja en las instancias de capacitación. Las visitas de los técnicos permiten realizar una pausa en la acción cotidiana, y el seguimiento más cercano de las dificultades / fortalezas inherentes al funcio-namiento de las instituciones.

En este sentido, cabe señalar que las dificultades en las organizaciones comunitarias de llevar a la práctica lo visto en los talleres, en algunos casos, es significativa. Al respecto, en noviembre del 2004 en varias visitas realizadas

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en el área de nutrición a distintas organizaciones (cinco de la casi veintena que componen la ONG), se evidenciaron problemas asociados a implementación de cambios en las pautas de gestión de las organizaciones comunitarias. En este sentido, habría espacios que reproducen modalidades asociadas a cómo funciona un hogar más que a cómo lo hace una institución comunitaria.

Asimismo, existen otros factores que hacen a la problemática en los nodos periféricos, entre los que podemos mencionar: la rotación permanente de per-sonal lo que trae aparejado nuevos acuerdos, necesidad de capacitación a los nuevos colaboradores; retraso en los pagos de los subsidios que reciben las organizaciones, lo que redunda en la implementación de menúes de emergencia hasta que se reciben recursos para la compra de mercaderías (guisos sin carne, etc.). Lo mencionado muestra que hay estrategias para la emergencia, aunque muchas veces se vean obligados a ‘hacer lo que pueden’ lo que no implica, que dejen de reconocer la importancia de un menú equilibrado. Lo que se observa más bien es que parecería que terminan por aplicar una lógica como la que emplearían en sus hogares si no alcanzara el dinero. En este sentido, las visitas de técnicos contribuyen a que haya una autonomía restringida de los sujetos en tanto constantemente se controla que las pautas establecidas en la institución, en la red, sean cumplimentadas.

Así también encontramos cierta tensión entre los acuerdos establecidos con la red y la forma de gestión de las organizaciones. Lo mencionado por la coordinadora da cuenta de ello: “hay un dilema (...) grande de este trabajo en red, y es que tiene que haber como un delicado equilibrio entre la autonomía de cada organización y los criterios básicos que tenemos que tener en común. Acá cada nodo es autónomo, en su administración en su modo de funcionamiento, la red no podría decirle a un nodo mira, esa colaboradora echala que no nos gusta, o no me gusta la cocinera o no me gusta la coordinadora. No, eventualmente si hubiera, suponete un disparate, (...) que maltratara a los chicos, la red lo que haría es decirle a esa organización, mira, la red no puede avalar a una organización que tiene personal que maltrata a los chicos, hagan algo, no van a hacer nada bueno, no trabajamos juntos. Pero no es que la red tiene poder de decisiones sobre esas cuestiones. Ahora nosotros como red hemos decidido que vamos a tratar bien a los chicos, es un criterio en común, el que no lo va a respetar que se vaya a otro lado” (Entrevista a un miembro de la ONG, 2003). Esto muestra que existe un margen acotado de gestión de las organizaciones, por lo tanto la autonomía de las mismas respecto del nodo núcleo es limitada.

Cabe agregar que el trabajo en red ha fijado pautas que redundan en un mayor control del nodo núcleo respecto de los nodos periféricos. Los talleres de capacitación no son una opción a tomar por parte de las organizaciones, sino que forman parte de las condiciones para integrar la red: “nosotros definimos

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que queríamos nuestra propia capacitación, conseguimos un financiamiento y empezamos a convocar capacitadores. En un principio iba el que quería a los talleres, después hicimos todo otro proceso por el cual la capacitación pasó a ser una condición para estar en la red, y además una condición para estar en la organización. O sea, ya no quedaba librado a… ‘y bueno, si las chicas quieren van al taller, si no quieren no van’... Eso fue un proceso también largo” (En-trevista a un miembro de la ONG, 2003). Aquí se observa que la capacitación además de ser un recurso en sí mismo, es un recurso de control sutil, que permite introducir los valores que prioriza el nodo núcleo.

En esta línea, en los últimos años se propuso a los nodos periféricos visitar otras organizaciones con el propósito de ver distintas formas de gestión, el interrelacionarse con otras instituciones próximas a sus organizaciones, etc. Sin embargo, esta proposición fue percibida por algunas instituciones como invasiva, como un mayor control sobre el área que era visitada, etc.

Autonomía/dependencia/constreñimiento respecto de las políticas sociales

Cardarelli y Rosenfeld entienden que todo programa o proyecto constituye un conjunto de instrumentos, que operan e implementan distintos modelos ima-ginados que atienden a la ciudadanía, y legitiman vínculos entre el Estado y los usuarios cristalizando así identidades. Las autoras agregan que existen “peque-ños proyectos productivos, letrinas, centros comunitarios, centros infantiles, etc., [que] descansan para su implementación en un conjunto de ‘pobres especiales’ capacitados y apoyados por el Estado, organismos no gubernamentales u orga-nismos internacionales, para cruzar el puente de la marginalidad a la pobreza digna, siempre bajo la premisa de la solidaridad entre iguales” (2000: 25). Tal fue el caso, como ya señaláramos, de un proyecto de envergadura que implicó la creación de una nueva figura en las organizaciones, los coordinadores.

Asimismo, cabe retomar que los cambios en las políticas sociales redundaron en cambios respecto a quiénes podían ser perceptores, quiénes los interlocutores a partir de los cuales se podía obtener financiamiento, etc. Los dos párrafos que siguen ilustran al respecto: “en los noventa surgen un montón de ollas populares en los barrios por el tema de la hiper (...) algunas se convirtieron en comedores, entonces lo que aparece alrededor del ‘94 es que se van consolidando estos comedores, junto con esto aparece el desembarco de Chiche Duhalde en los Municipios, más que en los Municipios en Cáritas (...) lo que hace es sacarle la Acción Social que manejaban los Municipios y transferírsela a la Iglesia (...) porque considera que es la única entidad confiable que existe. En ese momento

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nuestro convenio pasaba a través de Cáritas (...) ahí fue donde se consolidó otro programa, que era el 2 a 5, el Eva Perón…ese programa ya no se conveniaba con cada organización sino se conveniaba a través de Cáritas, primero (...) y después de un par de años, la Provincia empezó a reconocer otras organizaciones además de la Iglesia y ahí fue donde nosotros tuvimos nuestro convenio directamente con la Provincia., ya nos separamos del convenio de Cáritas y pasamos a tener nuestro propio convenio” (Entrevista a un miembro de la ONG, 2003).

En este sentido, comienzan a diseñarse políticas que tienden en el discur-so y en lo técnico (en un sentido estrecho) al uso eficiente de los recursos, a acentuar la focalización, tal como lo describe críticamente Coraggio (2000: 173), ‘que no le llegue a gente que no lo necesita’, es decir, que sea sólo para “los extremadamente más necesitados, y en la dosis estipulada, nada más”. Entonces, se focaliza aún más la población que puede ser objeto de política, se modifica sustancialmente el diseño de la misma, ‘no más comedores solamente, que brinden algo de educación’ (como lo ilustra la cita a continuación), y se deposita el mandato de transparencia en organizaciones de la sociedad civil, en una primera instancia en las iglesias, en particular la Iglesia Católica, y luego se flexibiliza la gestión de recursos a organizaciones de base.

Lo sostenido por un miembro de la red nos permite tener mayores precisio-nes de la ingerencia de las políticas en la trama organizativa: “lo que se consolidó fue un modelo de atención, o sea, eran comedores, ahí la Provincia por decreto dice basta de comedores, no puede ser que en la Provincia de Buenos Aires haya comedores, que sean todos con una actividad además de comer, acá esto ya existía como vocación en casi todos (...) primero porque los que se acercaban acá más bien tenían la vocación de guarderías (...) entonces inmediatamente floreció la cosa, muy rápido, todo el mundo se enganchó porque además al estar acá todos juntos, todos querían tener actividad con los chicos también, entonces ahí fue donde Provincia amplió el presupuesto y pasó a la atención de cuatro horas y la comida y restringió rigurosamente la atención, focalizó en el 2 a 5, tan rigurosamente que pretendían que nosotros despacháramos a los mayores de 5, ‘nene vos no podes comer acá te tenés que ir’ (...) que venga la Chiche a decirles” (Entrevista a un miembro de la ONG, 2003). En este sentido vemos como los cambios en las organizaciones han sido un reflejo de cómo se fueron conformando las relaciones entre el Estado y la sociedad en la Argentina (Thompson, 1995).

La cita anterior nos permite analizar otro proceso inherente a la gestión de políticas sociales y que son los cambios que se suceden en el proceso de formulación-implementación de una política. En este sentido, tanto en la ela-boración como en la implementación de una política influyen “aquellos grupos que pueden resultar afectados o que quieren ‘conducirla’ en uno [u] otro sentido

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(...) manteniendo un continuum formulación - implementación -redefinición (...) el proceso de implementación como el proceso de elaboración de las políticas públicas envuelve diferentes niveles gubernamentales, órganos administrativos y otros intereses afectados constituyendo lo que se ha venido a denominar ‘policy network’ o ‘policy community’, es decir, un entramado de actores institucio-nales políticos y sociales que hacen frente a una tarea o programa de actuación específico” (Subirats, 1989: 119).

Lo enunciado anteriormente expresa cómo la ONG accede a financiamientos con determinados condicionamientos. Esto, sin embargo, no implica que no haya un cierto margen para que la ONG tenga ‘autonomía relativa’ en cuanto a la ejecución del programa. Son múltiples los instrumentos que emplea la red para cumplimentar sus objetivos, sin entrar en contradicción con los objetivos de los programas a los que accede. En este sentido, influye claramente la pro-fesionalización del nodo núcleo en cuanto a la adquisición del lenguaje que es validado por los organismos financiadores. También en esta línea de redefinir las ‘reglas de juego’, la red ha encontrado en la búsqueda permanente de recursos, el instrumento para no dejar fuera de los financiamientos a sectores que no son objeto de políticas y sí lo son de la organización.

Es precisamente el nivel de profesionalización lo que les permite resolver la tensión entre las restricciones implícitas en las políticas focalizadas que gestionan y su autonomía. El nivel institucional que han adquirido a lo largo de su historia les otorga margen para cumplimentar ‘hacia fuera’, y consensuar con los objetivos de los financiadores. Mientras que el nivel político adquirido facilita la discusión, la concreción de acuerdos internos.

Asimismo, encontramos que si bien la red explicita su disconformidad con las políticas asistenciales, sin embargo las gestiona ante la necesidad de recursos. Esto, aunque implica una tensión entre los objetivos institucionales de la red y los de los actores proveedores de recursos estatales o privados, no condiciona totalmente el funcionamiento organizacional permitiendo cierto margen en la gestión de las políticas sociales.

Algunas palabras finales Oszlak (1997) menciona que la reforma del Estado entraña una reforma de

la sociedad civil. En este sentido, habría para el autor cambios en las relaciones entre ambas esferas debido a la metamorfosis de actores, estrategias y resultados de las interacciones entre ambos espacios.

De esta redefinición entre las fronteras de lo público y lo privado, emergen actores de la sociedad civil para iniciar procesos y buscar soluciones innovado-

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ras, más allá del Estado y del mercado a los grandes problemas de la humanidad, entre ellos, la pobreza (Thompson, 1995).

Entre los actores que han surgido como los más dinámicos e innovadores están las organizaciones no gubernamentales sin fines lucrativos, las que se presentan ante las agencias financieras internacionales, dependencias del go-bierno, etc., como un actor “al que por lo menos hay que escuchar, cuando no incluir directamente en la formulación o ejecución de políticas” (Thompson, 1995:11).

Es en el marco de los procesos de desintegración social originados por las políticas de ajuste donde surgen nuevas formas de organización y acción co-munitarias, tales como la ONG que nos ocupa. Los sucesos hiperinflacionarios dieron lugar a la aglutinación de varias organizaciones que hasta ese momento venían realizando actividades diversas, pero que a la luz de dicho proceso se ven en la necesidad de hacer frente a la falta de recursos para garantizar el funcionamiento de sus instituciones.

Al respecto, cabe aclarar que no fue intención de este trabajo realizar un análisis de los sucesos acaecidos en cada una de las instituciones que formaron parte de la organización a lo largo de su historia, o que lo hacen en la actualidad (2004).

Sí, en cambio, se pretendió dar cuenta de la forma organizacional que adquirió la ONG, incorporando la mirada histórica con la intención de captar las continuidades y rupturas en la trayectoria de la organización. Asimismo, se abordó la relación en la implementación de programas sociales de corte ‘asis-tencial’, financiamientos provenientes de la línea de ONGs más vinculadas con la filantropía, y la trama organizativa de la red. Esto es, el proceso que dio lugar a la construcción del entramado de relaciones de la red y que entendemos está permeado por la trayectoria de sus integrantes, el contexto político–institucional en el que esta inserta, etc. También, problematizamos lo que entiende la literatura sobre las redes sociales a partir de la experiencia de esta institución.

Para llevar a cabo este trabajo tomamos como ejes el tema de la horizonta-lidad, el poder y la historia. Al respecto, trabajamos con preguntas orientadoras tales como: cómo se construyó el entramado de relaciones de la red, cómo es en la actualidad, cuáles son las formas efectivas de construcción y circulación del poder, cuál es la relación entre lo que entiende la bibliografía sobre redes y cómo funciona una red en su cotidianeidad, cómo inciden las políticas sociales en las organizaciones, etc.

Pusimos especial énfasis en la importancia de sumar la mirada histórica para entender el entramado de relaciones de esta organización. De esta manera, identificamos que hubo una historia previa a la acaecida a partir de 1990, y que en ese período, anterior a los sucesos hiperinflacionarios, participaron

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otros sujetos que luego se alejaron conflictivamente de la organización. Asi-mismo, encontramos que los mismos, estaban fuertemente vinculados con un movimiento de la Iglesia Católica, y que la gestión en dicho período estuvo fuertemente influida por la forma organizacional de la misma (jerárquica). Esto dio lugar a un cuestionamiento del ejercicio del poder de quienes lideraban, no sólo la red, sino la asociación que sustentaba con recursos dicho proyecto, y una de las organizaciones periféricas.

Así se produjo lo que entendemos como un segundo momento relevante en la historia de la organización, que tuvo lugar a comienzos de la década de los noventa con otros sujetos que lideran la red, otro perfil, lo que va a dar lugar a un entramado de relaciones distinto y cuya impronta perdura hasta la actualidad. Se establece un nodo núcleo escindido de los nodos periféricos integrado por un reducido plantel que se encarga de las tareas vinculadas con la gestión y representación de las organizaciones que componen la red, y se instituye un sistema consultivo, lo que va a dar lugar a una forma organizacional con legitimidad, dada la corroboración del liderazgo.

En este sentido, se pudo advertir que la jefatura de la red logró generar bienestar, confianza lo que redundó en reconocimiento, por parte de los nodos periféricos, al nodo núcleo dirigido durante casi diez años por una única per-sona (la cual sigue liderando este espacio junto a dos integrantes más). Esto, sin embargo, generó la profesionalización del nodo núcleo por sobre los nodos periféricos que integran la red. Así se abre una brecha de capacitación, que el nodo núcleo intenta ‘reducir’ capacitando, pero la cual sigue existiendo dado que el nodo núcleo también sigue adquiriendo experiencia.

Asimismo, determinamos un tercer momento significativo en la trama organizativa de la red, que se inició hace unos pocos años, en el que la orga-nización inició un proceso de reciclaje en tanto reflexionó sobre su práctica, reanudó acuerdos, recreó otros, etc. En esta línea, se sumaron nuevas personas a las actividades de coordinación lo cual generó cierta distribución de poder. Esto incidió en dinamizar la gestión, ya que como mencionamos las tareas de gestión de la organización estaban en manos de una sola persona, pese al crecimiento numérico de la red que hacía que todas las tareas se multiplicaran (gestión, de representación, etc.). Así encontramos que un punto central de la organización es la autorreflexión, que implica el monitoreo constante del modelo organiza-cional y por ende posibilita la detección de problemas de gestión. Asimismo, existe un aspecto ‘moral’ de la gestión, que hace que siempre estén modificando cosas, esto fortalece a la organización pero pone límites y condicionamientos a los centros que la componen.

Se suma, a esto último, los cambios ocurridos en la década anterior en las políticas sociales. Los programas gestionados en los noventa con estructura

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focalizada, sobre todo aquellos vinculados a los organismos multilaterales de crédito, conllevan fuertes condicionamientos en la implementación y en el manejo de recursos. Esto redundó en un mayor control de la ejecución de los proyectos, gestionados por la red (rendiciones solidarias) y del uso que hacían las organizaciones comunitarias de los recursos.

Son numerosas las modificaciones en las políticas sociales que son reme-moradas por la red como hitos en la historia de la organización: ‘desembarco de Chiche (Hilda González) Duhalde en el Conurbano Bonaerense’, traspaso de Acción Social del Municipio a Cáritas, otorgamiento de subsidios a ONGs y no ya a organizaciones individuales, financiamientos a instituciones que brinden algo más que ‘sólo comida’; emergencia de programas para población más específica, etc. Todos estos sucesos implicaron cambios en las instituciones que componen la red. Ejemplo de ello fue la creación de ‘mediaciones’ entre los perceptores y los recursos, figuras que perduraron en el tiempo como fue el caso del establecimiento de coordinadores en los nodos periféricos, para la gestión de un proyecto que posibilitó mejoras sustanciales en las organizacio-nes. Cabe señalar también, que estas mediaciones generaron acumulación de poder en estos sujetos.

Así, otro de los temas abordados en este trabajo fue el indagar acerca de las formas efectivas de circulación del poder. En este sentido, advertimos que existen espacios diferenciales en la red que posibilitan la obtención de recursos materiales, información, simbólicos a los sujetos que la componen. De igual modo, nos abocamos a analizar la relación entre el nodo núcleo y los nodos periféricos y los mecanismos de control de la red sobre estos últimos. Así detectamos que existe una ingeniería de control (talleres, visitas técnicas, instancias de decisión, etc.) que hace al funcionamiento de la red, pero a la vez, no implican una coerción directa sobre los nodos periféricos. Hay más bien un ‘control moral’; el ejercicio del poder es más sutil, se espera de los sujetos o los nodos un autocontrol.

Otro tema que hace al funcionamiento de la ONG es la viabilidad. Todas las organizaciones dependen de financiamientos externos, conseguidos por la red o por las instituciones que las apadrinan, lo que los deja siempre en un lugar de dependencia y cuando el financiamiento se demora, posterga, etc., se ven afectadas sus actividades, servicios redundando por ejemplo en una mala dieta de los chicos que asisten al comedor, etc. La respuesta ante esto, por parte de la organización es, por ejemplo, elaborar menúes de emergencia. En otras oca-siones, la red utiliza fondos ahorrados y sostiene el financiamiento hasta que se regularice la situación. Esto hace que mucha de la energía de quienes coordinan la red esté puesta, en la consecución de recursos, a partir de la presentación de proyectos de forma permanente restando espacios para ‘pensar’ y rediseñar

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estrategias que les permitan tener otras opciones ante dichos sucesos. En última instancia, lo expresado incide en que pierdan autonomía.

Resulta interesante analizar cómo esto influye en que esta organización, aunque se manifiesta en contra de las políticas asistenciales, termina gestio-nándolas ante la necesidad de recursos. La posibilidad de contar con múltiples fuentes de recursos ha permitido a la organización dar continuidad a varios emprendimientos, áreas, etc., e incide en que sus colaboradores no abandonen las instituciones por falta de remuneración. Esto da seriedad, legitimidad a la organización interna y externamente.

Un aspecto que da muestra de ello es que en la obtención de financiamien-tos existe cierta discrecionalidad por parte de los efectores a qué organización otorgan recursos y a cuál no. Esto incide también en los líderes, dado que, como hemos desarrollado en este trabajo, parecería que hay ciertos recursos que se otorgan ‘a las personas’, más que las organizaciones. Esto ocasiona que haya acumulación de poder en los sujetos, y erosiona que puedan implementarse gestiones más horizontales en las organizaciones. Asimismo, lo manifestado provoca que esta organización se distancie cada vez más de otras, dada la acu-mulación de recursos que ha adquirido a lo largo de su gestión.

Además, la aprobación de proyectos con ONGs e instituciones de gran envergadura ha posibilitado que accedan a nuevos financiamientos con otros efectores de igual importancia o incluso mayor. De ahí las menciones que se han realizado en este trabajo sobre las organizaciones con las que se vinculan y facilitan la obtención de recursos a la red, dada su trayectoria, profesionalismo (como por ejemplo la UNGS).

Otro tema a destacar es la importancia de la investigación realizada, dada la significación de esta organización como actor social16 y como gestor de políticas sociales, etc. En este sentido, la experiencia de esta organización permite obser-var cómo funcionan las organizaciones sociales en general, así como también da cuenta de cómo inciden en ellas la implementación de políticas sociales. A su vez, conocer cómo emergen y se transforman este tipo de experiencias organizativas en la sociedad, cómo funcionan internamente, es sumamente pertinente para los gestores de políticas sociales en tanto se constituyen en interlocutores privilegiados para la formulación, gestión y/o implementación de políticas sociales.

Finalmente, cabe señalar que, dado el carácter estructural de las condicio-nes socioeconómicas imperantes, sería adecuado que existieran instancias de

16 La problemática económica, social etc., el desempleo o la proximidad del mismo generan miedo, angustia y sensación de desamparo, lo que conduce al incremento de la violencia hacia el interior de los hogares como en las calles, por lo que la posibilidad de contar con estos espacios brindados por las organizaciones sociales incide en el bienestar de las comunidades (Dabas, 1993).

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intercambio, diálogo entre los organismos encargados de formular políticas (Estado, ONGs, organismos internacionales) y las organizaciones de base,17 para producir programas que tengan sustento en la realidad y así reducir el riesgo de elaborar, por ejemplo, los programas conocidos como ‘enlatados’ que luego terminan aplicándose indistintamente a diferentes problemáticas y por ende suelen fracasar o tener un impacto muy inferior al planificado.

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17 En este sentido, la red ha impulsado acciones tendientes a lograr una presencia ante Estado para, entre otros temas, manifestar su postura respecto de la actualización de los montos de las becas que reciben, extensión de las mismas, lo cual resulta sumamente pertinente en el contexto actual, dados los cambios continuos en los precios, lo que redunda en que los montos que perciben les signifiquen cada vez menos recursos a los centros. En este caso, la organización no se ha quedado callada y impulsa acciones para efectivizar una prestación de servicios adecuada al contexto en el que esta inmersa.

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Modalidades y límites de la intervención de la Iglesia Católica en conflictos sociales territoriales. De la mediación a la confrontación en la

diócesis de Quilmes

Marcela Woods1

IntroducciónDurante la década de los ‘90 se implementaron en nuestro país reformas

estructurales alineadas con el denominado “Consenso de Washington”, que produjeron niveles inéditos de desempleo, pobreza y en general empeora-miento de las condiciones de vida y trabajo de los sectores subalternos. Una de las dimensiones centrales de estas transformaciones fue la redefinición de la orientación político-ideológica de las políticas sociales hacia una concepción asistencialista y una acción focalizada del gasto social, en conjunción con la descentralización de funciones estatales hacia niveles locales de gobierno (Grassi, 2003). Este proceso marcó una tendencia a la territorialización tanto de los conflictos sociales como de las intervenciones del Estado y de agencias, como las ONGs e iglesias, que orientaron sus prácticas hacia el tratamiento de

1 Investigadora y docente del Instituto y Departamento de Cs. Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Una primera versión de este trabajo fue publicado en el nro. 11 de la revista Papeles de Trabajo, CICEA, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Rosario, diciembre de 2003.

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las demandas sociales emergentes de este modelo excluyente y concentrador (Rodríguez Karaman, Trinchero y Woods, 2001).2

Teniendo como referencia estas transformaciones, el objetivo de este tra-bajo es indagar las formas de intervención social de la Iglesia Católica, más específicamente del Obispado de Quilmes, en los conflictos surgidos en la segunda mitad de los ‘90 entre el estado local y un grupo de organizaciones sociales populares en el municipio de Quilmes, ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires. Me propongo examinar desde una aproximación etnográfica las modalidades de agentes de la Iglesia de estructurar relaciones con los referentes de estas organizaciones populares locales ligadas a las demandas por trabajo en un caso y por tierra y vivienda en el otro, recursos sociales que han sido mayoritariamente controlados de manera clientelar en esta etapa.

Para comprender la orientación que tomaron estas relaciones, que se plan-teaban en términos de la mediación y la cooptación, pero que en un caso viraron hacia al confrontación con los sujetos, consideraré brevemente las trayectorias de intervención de la Iglesia Católica en el campo social y político en la historia argentina reciente y en particular en la diócesis de Quilmes desde su creación en 1976. Partiendo de este recorrido, sostengo como hipótesis orientativas: 1) que la Iglesia evidencia un pasaje que va de la preeminencia de la cuestión moral y la penetración del Estado, tradición que hace crisis durante la última dictadura militar, hacia la preeminencia de la cuestión social y la inserción en la sociedad civil, que se inicia con la democracia abierta en 1983 y se conso-lida durante la segunda mitad de los ‘90.3 Y ligado a ello, 2) que los límites a las prácticas de la Iglesia de competencia por la representación de los sectores sociales pauperizados, haciendo pié en sus organizaciones, son marcados por la capacidad de las mismas de disputar la orientación ideológica que trasunta su apoyo, y de constituirse en sujetos políticos.

Esta trayectoria histórica de la Iglesia hace inteligibles las prácticas de apoyo y cooptación de las organizaciones de base surgidas del proceso de exclusión social, prácticas que se desarrollan en el territorio y en un marco de crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales y cambios en la inter-

2 Entiendo por territorialización el desplazamiento al espacio barrial y a la esfera del consumo y la reproducción de conflictos y nuevas formas de lucha de clases, así como el desarrollo de los mecanismos de procesamiento de estos conflictos en el terreno, tales como el clientelismo y la “nueva filantropía”. Esta transformación, que se opera desde los años ‘80 y va perdiendo nitidez en la actualidad, es deudora de la fragmentación y heterogeneidad de la fuerza de trabajo y de las organizaciones de los trabajadores, así como de la transferencia del estado hacia los sectores subalternos de las responsabilidades sobre la producción y reproducción de sus condiciones de vida. 3 Me refiero aquí a la orientación hegemónica, marcada desde el Episcopado, que toma la institución en los ‘90, ya que en otros momentos especialmente en los años ‘60 y ‘70, sectores de base de la Iglesia han tomado la cuestión social como prioridad de sus prácticas, según muestro más adelante, aunque sin alcanzar los niveles de desarrollo expresados en este último período.

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Modalidades y límites de la intervención de la Iglesia Católica en conflictos...

vención del Estado, como estrategia unificada de la institución para recuperar el arraigo social y el protagonismo político en la escena nacional.

Ello supone entonces una competencia por la definición de los límites del campo religioso y entre intereses diferentes dentro del campo, puesto que la Iglesia está atravesada por los mismos conflictos que la sociedad argentina.

Para explicitar el modo en que percibo el campo religioso, tomaré elementos de la teoría de los campos sociales de Pierre Bourdieu. Me interesa destacar de su concepción la idea de que el campo religioso es un campo de producción simbólica que se articula a los intereses de clase y tiene por lo tanto funciones político-ideológicas de legitimación de la dominación.

El campo religioso se organizaría, siempre siguiendo a Bourdieu, a partir de la distribución desigual de un capital específico: el monopolio de la admi-nistración de los bienes de salvación, entre los consumidores (laicos) y los detentadores de ese capital (los especialistas religiosos, que a la vez tienen diferentes jerarquías). Estas posiciones constituyen relaciones de poder dentro del campo, que suponen intereses diferentes de agentes e instituciones religiosos (Gutiérrez, 1995). El interés propiamente religioso aparece cuando se constituye históricamente una demanda propiamente ideológica: la de un mensaje sistemá-tico que propone una visión coherente del mundo y proporciona de esa manera justificaciones de existir en una posición social determinada. Es decir, demandas de legitimación o demandas de justificación de la posición social ocupada.

Como han señalado distintos autores (Gledhill, 2000; García Canclini, 1986), la dificultad en teorizar los procesos de resistencia y el modo en que las relaciones de poder se configuran también “desde abajo” lleva, en la obra de Bourdieu, a un énfasis en la reproducción y el consenso. No obstante, intentaré priorizar aquí la dinámica en torno a las interacciones con el campo político y a la lucha por lo que está en juego en el campo religioso, poniendo en primer plano los conflictos.

Lo que está en juego en el campo religioso interesa al poder ya que no es otra cosa que “el monopolio del ejercicio legítimo del poder de modificar en forma durable y profunda la práctica y la visión del mundo de los laicos, im-poniéndoles un hábitus religioso particular” (Bourdieu, 2000: 52). Se trata de la lucha por imponer una definición del mundo, donde el poder simbólico del campo religioso (el efecto propiamente ideológico) proviene de la capacidad de presentar y de imponer sistemas de clasificación políticos bajo las apariencias legítimas de taxonomías religiosas. Este poder simbólico no se ejerce sino bajo la condición de ser reconocido, es decir, ser desconocido como arbitrario. Para ello necesita no sólo de la complicidad de quienes lo sufren, sino también de quienes lo ejercen (Boudieu, 2000: 66 a 71).

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Sin embargo, como espero mostrar en el caso presentado, no siempre los conflictos inherentes a los diversos intereses en juego son resueltos dentro de los límites de las relaciones de poder del campo religioso.

Espero con este análisis contribuir a visibilizar aspectos críticos de la in-tervención de la Iglesia en las disputas sociales, que cobró relevancia creciente durante la década de los ‘90, que inciden en la formación de espacios organi-zativos de recomposición de los grupos subalternos.

La diócesis de Quilmes en el marco de los conflictos de la Iglesia argentina. La defensa de los derechos humanos

El Obispado de Quilmes se creó en junio de 1976 por bula del Papa Paulo VI. Comprende los partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, y an-teriormente era parte de la diócesis de Avellaneda. Se divide en cinco decanatos o jurisdicciones internas y su sede metropolitana es la arquidiócesis de La Plata. El primer obispo de la diócesis, consagrado en 1976, fue Jorge Novak, hasta su fallecimiento en julio de 2001.4 En mayo de 2002 es consagrado el actual obispo, Luis T. Stökler.

A pesar de lo relativamente reciente de su creación, que coincide con el inicio de la última dictadura militar en el país, ésta ha sido una de las diócesis de actuación más conocida públicamente en la defensa de los derechos humanos, especialmente en lo referente a la atención de las familias de los “desaparecidos”, recibiendo denuncias en la comisión diocesana de Justicia y Paz (creada por el mismo Novak con tal fin), e intercediendo por ellos ante autoridades de distin-tos ámbitos y niveles, llegando con tal fin hasta el Vaticano. De esta manera se diferencia, junto a otros pocos obispos más o menos críticos y comprometidos, de la actuación cómplice de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) hacia la dictadura, siendo ello expresión del profundo conflicto que atravesaba la Iglesia Católica Argentina, intensificado desde los años ‘60.5

En efecto, la Iglesia como institución en nuestro país se va consolidando como factor de poder desde los años ‘30, a partir de la hegemonía de un tipo de catolicismo en ella, el integral. Este catolicismo integralista se caracteriza por su cruzada antimoderna, distanciada tanto del socialismo como del liberalismo, y busca en su proyecto de “catolizar la nación” penetrar el Estado y las Fuerzas

4 Entre tanto es designado en mayo de 1997 Gerardo Farell como Obispo Co-adjutor, quien fallece en junio del 2000. 5 Uno de los catalizadores principales de este conflicto fue el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII entre los años 1962 y 1965 (cuyo objetivo central era el aggiornamiento de la Iglesia), y sus repercusiones en Latinoamérica.

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Armadas, rechazando la restricción al ámbito de lo privado propio de una mera religión (Mallimaci, 1996a).

Se inicia entonces en esta etapa un complejo proceso que posiciona a la Iglesia como institución tutelar de la identidad nacional, en virtud de ser consi-derada por las fuerzas dominantes como el más importante factor de cohesión que podía hacer frente al efecto disgregador de las corrientes inmigratorias de las primeras décadas del siglo XX, “creando” una tradición común, y combatiendo desde un discurso moral (defensa de los valores occidentales y cristianos) las ideas “foráneas” y seculares, socialistas y anarquistas, que atentaban contra el orden social. En esta empresa de “defensa de la patria” se acerca a las Fuerzas Armadas, institución que también se considera tutelar de la nación.

Hacia mediados de los años ‘60 la Iglesia había adquirido una gran in-fluencia como institución otorgadora de legitimidad o poder de veto hacia un estado nacional ocupado por gobiernos civiles débiles, y con un trasfondo de conflictividad creciente en la sociedad. Pero esta conflictividad se trasladaba cada vez con mayor fuerza hacia el interior mismo de la institución, reflejándose también en la discusión doctrinaria.

Estos compromisos orgánicos con los sectores de poder y las FFAA de la línea del catolicismo que hegemonizaba la cúpula eclesial, comienzan a ser cuestionados en los ‘60 y ‘70 desde la sociedad misma y desde los sectores de base del clero, quienes se orientan a compromisos con los movimientos populares y los sectores sociales desplazados. Se desarrollan desde esta base tendencias como la del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que se amparan en los cambios propiciados por el Concilio Vaticano II y recurren a las producciones teológicas latinoamericanas críticas surgidas de las reuniones del CELAM –Conferencia Episcopal Latinoamericana– en Medellín en 1968 y en Puebla en 1979, así como a los escritos de la Teología de la Liberación (Bresci, 1987; Mallimaci, 1996a; Lowy, 1991).

Esta crisis y fracturas internas de la institución se profundizan signifi-cativamente ante la evidencia de la complicidad entre la gran mayoría de la cúpula eclesial y las FFAA durante la dictadura militar de 1976-1983, llevando al descrédito social generalizado de la Iglesia argentina (Di Stefano y Zanata, 2000).

En este marco es posible señalar en el Obispado de Quilmes una tradición de intervención en la defensa de los Derechos Humanos que fue eje en esta etapa fundacional de la diócesis, con Novak como protagonista principal, ubi-cándose dentro de la minoría de obispos críticos, y acompañado por un grupo de curas y laicos comprometidos en esta misma línea. Debe ser tenido en cuenta al respecto, que estas posturas críticas fueron dándose progresivamente en las prácticas y discursos del entonces obispo (en su trayectoria anterior no fueron

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identificables), explicándose ello sobre todo en el contexto de su participación como co-presidente en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y por el contacto mismo con la realidad que le presentaban las fami-lias de los desaparecidos. También, que Mns. Novak se preocupó de justificar sistemáticamente (tanto en sus escritos como en entrevistas, alocuciones, etc.) esta opción crítica en el evangelio y en una diversidad de producciones teológi-cas de la Iglesia, evitando así el señalamiento de desobediencia al mandato de la Iglesia. Y finalmente, que esta orientación práctica y teológica hegemónica en la diócesis de Quilmes no impidió que se desarrollaran conflictos internos en la diócesis en torno a ella, donde participaron tanto religiosos como laicos (Carceglia, 1996; Mignone, 1986).

La creciente importancia de lo social para la Iglesia argentina

Hacia el final de la dictadura, ya en franco debilitamiento, se empieza a destacar la actuación de curas y agentes laicos de la diócesis de Quilmes en el campo social, con un fuerte protagonismo de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), que hacia 1980 llegan a ser alrededor de 60 grupos compuestos por 20 a 30 personas cada uno.

Existe acuerdo en considerar que el apoyo de las CEB constituyó un factor determinante en el sostenimiento de los procesos organizativos de tomas colec-tivas de tierras y formación de Asentamientos, cuyas primeras experiencias se dan justamente en el municipio de Quilmes, en la localidad de San Francisco Solano, durante la primavera de 1981 (Izaguirre y Aristizábal, 1988; Fara, 1985; Zibechi, 2003).

Varios trabajos señalan la relevancia para estas primeras experiencias quil-meñas del papel de las CEB, considerando el apoyo material, su actividad de capacitación popular y, especialmente, la legitimación de prácticas que otorga la Iglesia moldeando nuevas ideas sobre la política, la justicia, los derechos etc. (mediante una interpretación cristiana) ante el propio colectivo y hacia el poder político. Además las CEB facilitaron un espacio, en un contexto repre-sivo, capaz de incorporar las prácticas de los militantes de base y recuperar las tradiciones de lucha sindical anteriores. De allí también su importancia como modelo organizativo para la siguiente oleada de tomas y asentamientos que se dieron en todo el conurbano bonaerense (destacando La Matanza, donde también fue decisivo el apoyo de las CEB) (Cuenya, 1985; Merklen, 1991; Cravino, 1998; Manzano, 2003).

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Sin embargo, aunque acuerdo con estas aseveraciones, no puedo dejar de notar que a pesar de mencionarse en algunos de estos trabajos elementos que indican conflictos internos en las iglesias diocesanas acerca de la actuación y orientación ideológica de las CEB, este eje problemático no fue explorado.6 Es que en general los estudios que analizan como tema central la cuestión de la relación entre iniciativas organizativas populares y presencia de la Iglesia prefieren o tienden a destacar el apoyo positivo, de elemento aglutinador que permite pasar de la acción individual a la colectiva, de identidad, de red de asistencia y de legitimación de prácticas, que implica para estos sujetos la in-tervención de alguna agencia eclesial en relación a sus proyectos o demandas, pero no los condicionamientos que ello acarrea (Rivarola, 1986; Forni, 1989; Forni y Cárdenas, 2002, entre otros).7

Con ello, no pretendo minimizar el hecho de que la participación en ám-bitos eclesiales, y especialmente en las CEB, permitió a los sectores populares durante las dictaduras de los años ‘70 en toda Latinoamérica, canalizar acciones de resistencia, protesta y/o de expresión cultural, ante la clausura y represión operadas contra las organizaciones sociales y políticas, y al mismo tiempo como expresión de ruptura de lazos tradicionales de representación (Villareal, 1985; Levine y Mainwaring, 2001). Pero creo necesario discutir esta visión restringida del apoyo de la Iglesia a iniciativas populares en la medida en que invisibiliza un campo de lucha ideológica que se desarrolla en la frontera entre lo político y lo religioso.

En ese sentido, conviene resaltar la creación por el obispo Novak en 1983 de la Vicaría de Pastoral Social de la diócesis, con el objetivo de regular ese movimiento eclesial de base ligado a la conflictividad social territorial, que en Quilmes se inscribía mayoritariamente en la tradición del cristianismo libera-cionista (tomando la categoría propuesta por Lowy, 1999: 48). No obstante, ello no logró evitar el surgimiento de conflictos con la cúpula diocesana, pro-vocando inclusive el desplazamiento de curas comprometidos en esta línea de acción, intentando de esa manera moderar la orientación de las comunidades más dinámicas y doctrinariamente más heterodoxas.8

6 Rescato en esta línea el trabajo de Laura Santillán (2003) que analiza el papel de la Iglesia en la regulación de prácticas de educación-escolarización y en la organización de la vida doméstica de sectores excluidos, en un estudio de caso en la zona Norte del Conurbano Bonaerense.7 Pensando en términos de la teoría de los Campos Sociales, lo que se pierde de vista al suponer acciones altruistas (a veces a partir de la teoría de la Acción Racional) motivadas por agentes religiosos, es el beneficio (no económico sino simbólico) que otorga el interés por el desinterés tanto dentro del campo religioso como del político, en función de asegurar la propia posición social y reproducción dentro del campo en cuestión (sin que ello suponga estrategias concientes y racionales por parte de los agentes).8 Novak destinó como Vicario de Pastoral Social a uno de los curas hasta ese momento más com-prometidos en la atención de las familias de los desaparecidos, el P. Miguel Hrymacz. Sin embargo, al momento de renovar las designaciones en 1986, decidió no dar continuidad a esta Vicaría, tal vez porque

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Es necesario enmarcar esta ambigüedad o indeterminación que implica, por una lado, la orientación de la cúpula diocesana en Quilmes hacia la defensa de los derechos humanos y, por otro, la actividad social de las CEB ligadas a la lucha por la tierra, en el contexto nacional de crisis de la tendencia hegemónica más conservadora dentro de la Iglesia, producto de los fuertes conflictos inter-nos mencionados más arriba y de la actitud cómplice de la mayoría de obispos hacia la dictadura.

Ello es relevante porque se irá desarrollando entonces a partir de los años ‘80 un lento camino de recomposición de la unidad de la institución, que inci-dirá también en la orientación doctrinaria y práctica del Obispado de Quilmes. Según el historiador Loris Zanatta, en nuestro país esta reconstrucción se realizaría prioritariamente en el terreno doctrinario, favoreciendo el desarrollo de una corriente moderada que conduciría hacia la “reconciliación”, a la vez que contribuiría a diluir la radicalidad que le habían dado al mensaje del II Concilio amplios sectores del clero nacional. Este proceso, que llega hasta entrados los ‘80, significaría entonces la derrota de las tendencias pastorales más progresistas, pero también la contención del ala más conservadora, dando lugar a una promoción de los “moderados” dentro de las autoridades de la CEA.9 Se pretendía con este centramiento recuperar el arraigo social de la Iglesia y por ese camino reposicionarse como factor de poder en la escena nacional (Di Stéfano y Zanatta, 2000: 536-551).

Pero es recién en la década de los años ‘90, y especialmente en su segunda mitad, cuando la institución define y unifica una orientación hegemónica hacia la cuestión social, revitalizando la doctrina social de la Iglesia (una vez que la “subversión marxista” ya no es considerada un enemigo potencial) y centrán-dose en la crítica a los planes de “ajuste” implementados por el gobierno de Carlos Menem, como medio de ganar legitimidad social, a diferencia de los pronunciamientos del Episcopado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que hacían hincapié preferentemente en la “crisis moral” (Esquivel, 2004; Malli-maci, 1996b).10

con el advenimiento de la democracia los conflictos territoriales retrocedieron por pocos años frente al resurgimiento de conflictos a nivel nacional en torno al trabajo, liderados por los gremios.9 Esta primacía del sector “moderado” puede percibirse a través de los nombres que surgen en las renovaciones de autoridades de la CEA. En 1990 fue elegido como presidente del Episcopado Mns. Antonio Quarracino (de estrecha vinculación con el poder político), reelegido en 1993. En 1996, año decisivo en el giro hacia la cuestión social, es elegido Estanislao Karlic, que renueva mandato en 1999. En 2002 queda al frente del Episcopado Eduardo Mirás, manteniendo casi idéntica la Comisión Ejecutiva a excepción de Mns. Karlic.10 Con la llegada de Menem a la presidencia en 1989 la institución ganó influencia en áreas que consideraba clave (educación y salud reproductiva), así como reconocimiento a su “custodia moral” de la Nación, de manera que la conducción episcopal evitó pronunciarse durante los primeros años de su gestión en torno a las políticas económicas y sociales. Los acuerdos entre Menem y el Episcopado

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Por otra parte, esta orientación de la Iglesia hacia la cuestión social coincide y a la vez es fortalecida por la modalidad asistencialista dada a las políticas sociales y sobre todo por la tercerización de funciones hacia entidades de la sociedad civil durante la década de los ‘90, que desestatalizan las intervencio-nes sociales convirtiendo los derechos en “ayuda”.11 Este movimiento abre el campo de juego para la Iglesia que pasa a ser contraparte o gestora de múltiples programas sociales acrecentando su inserción social y relación con diversas organizaciones sociales, especialmente a través de su ONG Cáritas, pero no exclusivamente.

Estos procesos coincidentes de transformaciones en la Iglesia y en el Estado son parte constitutiva de una reorganización general del campo de la sociedad civil en nuestro país. Ello se expresa en la re-emergencia de discursos acerca de la separación de Estado y sociedad civil, resaltando las cualidades de autonomía que caracterizarían a las organizaciones sociales que integran este campo, por oposición a las prácticas corruptas, ineficientes o coercitivas propias del Estado y la política (Grasssi, 2003; Santillán y Woods, 2005).

No puedo desarrollar aquí la larga tradición de pensamiento acerca de la naturaleza de la sociedad civil, que puede retrotraerse hasta los filósofos del siglo XVIII, ni pretendo negar la existencia objetiva del espacio de la sociedad civil. A la vez, reconozco el crecimiento de organizaciones y movimiento so-ciales que al no centrar sus demandas en torno a la producción se han apropiado críticamente de noción de sociedad civil como espacio desde el cual ejercen sus reivindicaciones.

Sin embargo, la sociedad civil y sus organizaciones no son un espacio homogéneo, sino atravesado por desigualdades estructurales, y la tradición de pensamiento que enfatiza la distinción entre Estado y sociedad civil obscurece la función del estado como garantía última de reproducción de estas desigual-dades y la implicación de ambas esferas en este proceso.

Es importante detenerse entonces en el análisis del núcleo de articulación conflictiva entre intereses de la institución Iglesia e intereses colectivos de los sujetos organizados en función de sus demandas reivindicativas.

llevaron inclusive al otorgamiento de “sobresueldos” ilegales a un grupo de obispos, provenientes del Ministerio del Interior. Fue sobre todo a partir de su segundo mandato (1995-1999), que se generalizó la crítica al “ajuste” y a la pobreza creciente (Esquivel, 2004; diario Página/12, 15-05-05, pag.2). 11 Tomo de Grassi (2003) esta utilización del término “tercerización”, extrapolado del campo de la producción, para referirse a intervenciones sociales llevadas a cabo por ONGs y otras agencias, que son transitorias y no vinculantes, a diferencia de la protección de derechos sociales que debería cumplir el Estado.

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La vicaría de pastoral social y el apoyo a las organizaciones de tierra y vivienda en Quilmes

La relevancia de la intervención del Obispado de Quilmes en lo social y específicamente en conflictos entre organizaciones populares locales y el Estado (local-provincial) se fue haciendo evidente y configurándose como eje problemático de mi investigación a medida que avanzaba en el análisis de la creación y funcionamiento del Consejo Comunitario de Políticas de Tierra y Vivienda de Quilmes.12

Este Consejo es un órgano de gestión participativa y control de recursos para la planificación urbana, aprobado por ordenanza municipal en noviembre de 1998, que aunque con altibajos continúa en actividad. La Comisión Direc-tiva del mismo está compuesta por representantes provenientes del gobierno provincial, del gobierno municipal, del Honorable Consejo Deliberante de Quilmes, del Obispado de Quilmes, de la Universidad de Quilmes (UNQui, Extensión Universitaria), de dos ONGs del distrito y de cuatro organizacio-nes comunitarias de tierra y vivienda del distrito; sus objetivos generales son generar una política activa de tierra y vivienda para los sectores populares y hasta el momento ha sido prioritaria en sus actividades la problemática de la regularización dominial.13

El proceso de luchas sociales que culminó en la conformación de este Consejo Comunitario tiene un punto de inflexión en 1995 que marca también su confluencia con el interés por la cuestión social. Este interés por lo social comienza a desarrollarse ahora desde la cúpula misma de la diócesis de Quilmes, luego de su etapa centrada en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura, y en sintonía con la orientación hegemónica que prima en el Epis-copado argentino.

Señalo 1995 porque en octubre de ese año se produce la toma de tierras y Asentamiento de La Sarita, en Quilmes. Se trata de un hecho significativo pues considero que marca el inicio de un ciclo de vinculación activa y planificada del Obispado de Quilmes con organizaciones sociales del distrito. El obispado

12 Me baso en el análisis que sigue en los registros de tipo etnográfico construidos en el marco de mi investigación de campo realizada en la zona Sur del Conurbano Bonaerense, desde marzo de 1998. Se trata de una indagación que incluye observación con participación y entrevistas realizadas a referentes de organizaciones de base, agentes pastorales de distintas jerarquías y funcionarios municipales, además de la información secundaria obtenida en estos ámbitos.13 Hasta el año 2002 el Consejo Comunitario se insertó en la Dirección de Tierras municipal, y desde el 2003 ha solicitado pasar al ámbito de la Secretaría de Obras Públicas. La ordenanza 8289/98 creó al mismo tiempo un Fondo Municipal de Tierra y Vivienda, que supone un presupuesto anual propio (que debe ser aprobado por decreto cada año), que proviene principalmente del 40% de los derechos de construcción que recauda la comuna y del 40% de lo producido por la venta de terrenos e inmuebles municipales.

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interpela en esta etapa especialmente a las organizaciones ligadas a las proble-máticas de tierra y vivienda, que eran las que habían expresado un mayor nivel de conflictividad y organización en el distrito en los últimos años.

La toma de La Sarita desata un importante conflicto donde intervinieron funcionarios municipales, provinciales y nacionales. Una primera repercusión fue la re-activación en su apoyo de la red de organizaciones del Consejo de Asentamientos de Quilmes, una organización de segundo grado surgida durante la gobernación de A. Cafiero en Buenos Aires (1987-91), integrada por orga-nizaciones de asentamientos de fines de la década del ‘80, pero que no había tenido gran fuerza en su capacidad de presión y negociación con el Estado (Cravino, 1998).

Los altos niveles de represión en el conflicto tuvieron otras consecuencias significativas: 1) la necesidad de contar con el máximo posible de apoyo externo para “sostener” la toma, lo que llevó también a promover una gran difusión pública en los medios, y 2) la detención por parte de la policía provincial del abogado que defendía a los ocupantes y de tres curas que apoyaban el proceso reivindicativo de la toma. Este último punto es decisivo para involucrar al propio obispo Novak, que decide “mediar” en el conflicto negociando con el municipio y la provincia y llegando a una resolución favorable a los asentados.14

Es en este punto que el Obispado comienza a desplegar una estrategia activa hacia este conjunto de organizaciones comunitarias y sus referentes: en primer lugar, concretando rápidamente la re-apertura de la Vicaría de Pastoral Social,15 proyecto que Novak había iniciado un mes antes de la toma, en septiembre del ‘95. Y avanzando en esta línea, en el marco de una asamblea del Consejo de Asentamientos donde se evaluaba la resolución de la toma y la eficacia de la negociación del Obispado, el grupo de curas que apoyó la toma realiza una propuesta de incorporación de dos dirigentes del Consejo de Asentamientos a la Vicaría de Pastoral Social, conformando dentro de ella una Comisión de Tierra y Vivienda. La propuesta fue aceptada y dos dirigentes comenzaron a trabajar en cooperación con curas y el vicario en ese ámbito.

Más adelante uno de estos dirigentes llegó a co-gestionar (junto a otros laicos y curas) el Centro de Formación Social de la Vicaría, de vital importancia en el proceso de orientación ideológico-cultural de las prácticas y discursos de los sujetos y organizaciones a quienes están destinados. Al respecto, es destacable también en este nuevo ciclo el otorgamiento de un papel más activo y protagó-

14 La resolución del conflicto fue aceptada por la mayoría de los ocupantes y consistió en un plan de traslado a tierras fiscales en el distrito aledaño de Florencio Varela, donde además se implementó un plan de autoconstrucción de viviendas con financiamiento del Instituto de Vivienda de la Provincia, levantándose así el Barrio Agustín Ramírez. 15 Los objetivos de este ámbito son promover la capacitación de los laicos y difundir la doctrina social de la Iglesia.

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nico a los laicos dentro de la institución en los proyectos eclesiales de relación con organizaciones de la sociedad civil.

En septiembre de 1996 un nuevo conflicto contribuye a afianzar estas rela-ciones promovidas por la Iglesia: se trata de un proyecto del ejecutivo municipal de imposición de una Tasa de Fomento a las situaciones de irregularidad en la tenencia de la tierra, con el objetivo declarado de hacer obras en el futuro, a través de un Fondo de Tierras también proyectado, aunque sin garantías su-ficientes ni participación de la comunidad, de acuerdo a la evaluación de las organizaciones del Consejo de Asentamientos, que coordinó la oposición al proyecto. En esta oportunidad es el municipio el que solicita la mediación del Obispado, que delega esta tarea en la Vicaría de Pastoral Social. La mediación es nuevamente favorable a las organizaciones populares, evitándose la concre-ción del proyecto oficial.

De allí en adelante la Vicaría juega un papel convocante y articulador de un conjunto de organizaciones comunitarias de base y ONGs, que exceden al Consejo de Asentamientos, interesadas en la problemática del hábitat po-pular. Este rol de la Vicaría generó de todos modos algunos desacuerdos y resistencias, expresados siempre subterráneamente, por ejemplo en torno a la percepción de ciertos favoritismos hacia organizaciones barriales más cercanas a este núcleo religioso. Por otro lado, los referentes sociales incorporados a la Vicaría de Pastoral Social van identificándose crecientemente con la Iglesia,16 donde referencian sus acciones, y tienen reuniones semanales con el vicario, autoridad del área.

En este marco (y en reuniones en el Centro de Formación Social de la Vica-ría) se empieza a desarrollar el proyecto de ordenanza del Consejo Comunitario de Políticas de Tierra y Vivienda (como contraproyecto del Fondo de Tierra propuesto por el municipio), que se presenta a principios de 1998 al Consejo Deliberante de Quilmes. El apoyo del Obispado fue crítico para su posterior aprobación en noviembre.

El mayor interés de este proceso reside en el salto cualitativo en la capacidad de articulación de las organizaciones populares, a partir de la creciente integra-ción de demandas y de nuevas organizaciones en el Consejo Comunitario, la definición de prioridades y acciones consensuadas colectivamente y la movili-zación de los vecinos frente al estado para el logro de las demandas planteadas, disputando el control de los recursos para el sector.17 El Estado responde con

16 Un ejemplo significativo de este compromiso con la Iglesia es la participación activa en la organi-zación de la Misa de la Esperanza, un evento multitudinario celebrado por Novak todos los años al aire libre en el mes de noviembre, tradición a la que el obispo Stökler dio continuidad.17 Hacia el año 2002 la cuenta especial de este Consejo debería haber acumulado, según estimaban las organizaciones integrantes, cerca de 1.000.000 de pesos, aunque el Consejo entabló una acción legal contra el ejecutivo municipal por no poder acceder a los fondos, entre otros puntos demandados,

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medidas tanto de coerción como de búsqueda de consensos, operando su red clientelar, lo que ha llevado a generar conflictos, desacuerdos y merma en la participación por parte de algunos referentes miembros del Consejo, presionados por la maquinaria clientelar.18 Pero no ha logrado desactivar el Consejo y crece el número de organizaciones de base que lo integran.

Podemos decir entonces que la concreción y funcionamiento de este Con-sejo tuvo como condición de posibilidad el apoyo del Obispado y la tradición organizativa de las tomas y Asentamientos así como la creación del Consejo de Asentamientos de Quilmes. A la vez, constituye un punto de inflexión en la relación Iglesia-organizaciones comunitarias-estado local y provincial, al modi-ficar el campo de fuerzas local unificando en determinadas instancias actores del campo popular y permitiendo de esta manera cuestionar y resistir desde mejores posiciones la histórica y continua presión de las mediaciones clientelares en la resolución de problemáticas de tierra y vivienda en el distrito.

Por otro lado, no obstante la Iglesia, en particular el espacio de la Vicaría de Pastoral Social,19 parece haberse fortalecido durante este mismo proceso como instancia de mediación necesaria siempre presente para sostener a las or-ganizaciones. Así, en los momentos críticos de enfrentamiento con el poder, las organizaciones nucleadas en el Consejo Comunitario recurren por igual a la presión de la movilización popular y al apoyo del Obispado a través de la Vicaría.

Debemos tener en cuenta también, al respecto, que durante las últimas décadas por primera vez el catolicismo comienza a tener una competencia considerable por parte de otras denominaciones en la sociedad argentina y deja de ser monopólico en los sectores populares. Esto lleva, como señalan Forni y Gómez, “a fortificar aquellos aspectos donde la iglesia católica tiene ventajas comparativas” (2002: 84), refiriéndose, como lo hacen también otros autores, a la acción social de Cáritas.20 Pero sin duda su capacidad de mediar ante el Estado,

sospechando que se habían destinado en parte a otros usos y que ese total no estaba ya en la cuenta.18 Si bien una de las mayores dificultades del Consejo parece ser la movilización masiva de los vecinos (los propios demandantes), esto no impidió que actualmente centralice todas las demandas relativas a la tierra (y crecientemente también a la vivienda), evitando la dispersión que siempre ha sido una de las estrategias del poder. En el mes de septiembre de 2003, luego de una movilización a La Plata, se logró la creación de una Mesa de Diálogo con autoridades del estado provincial y municipal, articuladas por el Consejo, para centralizar las negociaciones con todos los barrios en conflicto en el distrito. Se nucleaban en ese año en el Consejo alrededor de 60 organizaciones de base locales. 19 El nuevo Obispo Stökler reestructuró los ámbitos diocesanos interesados en lo social, poniendo bajo la órbita de la Vicaría de Pastoral Social (que pasó a llamarse de la Solidaridad) y manteniendo al mismo Vicario, a Cáritas diocesana y a la Fundación Novak, confirmando y ampliando así la importancia de la cuestión social para el Obispado.20 Los autores se refieren también a otras formas de enfrentar la disidencia religiosa en los sectores populares por parte del catolicismo, tales como la mayor descentralización del culto, el fomento de la religiosidad popular y el surgimiento de los movimientos carismáticos.

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o solo de contar con figuras religiosas que apoyen reclamos sociales, es también una “ventaja comparativa” de gran relevancia para los sectores populares.

¿Cuáles son los límites del apoyo de la Iglesia hacia las diversas formas organizativas de los sectores subalternos opositoras al poder, y por qué sujetos como los que analizamos se refugian en una institución verticalista y de contro-vertidas definiciones políticas a lo largo de la historia? Se trata de un proceso complejo puesto que entran en relación el terrible proceso de pauperización y heterogeneización sufrido por los sectores subalternos y sus organizaciones en el país desde mediados de los años ’70, la crisis de las instituciones tradicionales de mediación/representación política, y la crisis en la Iglesia, agudizada a causa de la equívoca actuación de sus cúpulas durante la última dictadura militar.

Límites del apoyo de la Iglesia a las organizaciones populares. La disputa con el MTD Solano

Con el objetivo de explorar las posibilidades y límites de este apoyo de la Iglesia hacia formas organizativos populares, voy a recuperar aquí, a modo de ejercicio comparativo, un caso que tuvo amplia difusión en los medios de comunicación nacionales: la suspensión para las funciones divinas (a efectos prácticos una expulsión) del cura Alberto Spagnolo, a partir de su estrecha vin-culación al Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano (Quilmes).

Al ordenarse sacerdote, el cura Alberto Spagnolo fue destinado a la parroquia Nuestra Señora de las Lágrimas de la localidad de San Francisco Solano, en Quilmes, como vicario del párroco E., director del Centro de Formación Social de la Vicaría de Pastoral Social.

El hecho es de interés para el problema que planteo aquí puesto que en la base del surgimiento del MTD Solano a mediados del año 1997 aparece, con el liderazgo de este cura, una interpretación comprometida socialmente de la práctica pastoral y del lugar de la institución eclesial en una sociedad desigual. En palabras de J., dirigente del MTD: “[el MTD] surge de la propuesta de los vecinos, de desocupados de ahí, o sea, recién empezaba el tema de los planes y miembros de la comunidad venían a comentarle a Alberto [Spagnolo] que fueron a anotarse a la casa de tal puntero y cobraban $5 para inscribirse (...) A partir de ahí con Alberto y otros compañeros dijimos ‘bueno, hay que hacer algo con esto’. Primero empezamos a denunciar... ya todo el mundo para la oreja cuando un sacerdote empieza a denunciar cosas políticas en una homilía”.

Además del cura Spagnolo varios de los miembros fundadores del MTD21 provenían de una práctica militante desde Comunidades Eclesiales de Base y

21 Mi investigación no tiene por objetivo ni puede dar cuenta del proceso organizativo desarrollado por

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otros ámbitos eclesiales de la diócesis de Quilmes, recuperando la tradición de la Teología de la Liberación, corriente a la que algunos de ellos habían tenido oportunidad de acercarse durante fines de los años ‘70 y principios de los ´80 siendo aún muy jóvenes.

Sintetizando las circunstancias que llevaron a la ruptura, según los relatan los propios actores, la relación con la Iglesia fue buena hasta el primer corte de ruta realizado por el MTD en noviembre de 1997 (coordinado con el MTD Teresa Rodríguez de Florencio Varela).22 El Obispo Novak inclusive expresó públicamente su apoyo a esta manifestación en defensa del derecho al trabajo. Pero ya en la reunión posterior entre el MTD y el municipio, los representantes del MTD abandonan la mesa de negociación, en desacuerdo con la mediación realizada por la Vicaría de Pastoral Social en esa oportunidad.

De acuerdo a la interpretación de dirigentes del MTD Solano, el distancia-miento progresivo, no obstante, fue operado desde la Iglesia hacia los movi-mientos de desocupados tanto de Quilmes como de Florencio Varela, y marcan las siguientes secuencias en esta política institucional que finalizó en ruptura: 1) hacia fines de diciembre de 1997 el Obispado decide no ceder más el salón de reuniones de la Parroquia Medalla Milagrosa, en Florencio Varela, al MTD Teresa Rodríguez, que lo utilizaba regularmente desde su conformación pocos meses atrás. 2) A principios de 1998, comienza el conflicto con la Parroquia Nuestra Señora de las Lágrimas, de San Francisco Solano (Quilmes), cuando llega desde el Obispado la primera orden de traslado para el cura Spagnolo y la misma negación de utilizar la parroquia como sede de reuniones del MTD Solano. Estas medidas ocasionaron que durante una asamblea (realizada luego de la misa de domingo), el Movimiento decidiera tomar la parroquia y exigir que continúe el cura Spagnolo como párroco y que los desocupados puedan seguir organizándose en la parroquia, presentando al Obispo un petitorio avalado con 700 firmas. 3) Finalmente, en junio del 2000 llega el desalojo de la parroquia (en la que vivían 6 familias de desocupados) por medio de la fuerza policial convocada por el Obispado y la suspensión a divinis del cura Spagnolo.

Si bien para el MTD Solano un factor explicativo clave es puesto en la pre-sión del gobierno de Eduardo Duhalde (1991-95 y 1995-99) hacia el Obispado de Quilmes, que recibía fondos de ayuda social para ser administrados por Cáritas

el MTD Solano, solo intento recortar aquí aspectos referentes a su relación con la Iglesia, para iluminar sus prácticas de intervención en lo social. Puede consultarse al respecto en los distintos trabajos del Colectivo Situaciones (2001 y 2002) y en Svampa y Pereyra (2003), entre otros. El trabajo de Man-zano sobre la FTV de La Matanza (2003) es de especial interés al reflexionar sobre las articulaciones contradictorias entre tradiciones asociativas de estos grupos y políticas estatales que intervienen sobre sus demandas, reconstruyendo así sujetos de poder. 22 Florencio Varela es un municipio que limita con Quilmes y es parte de la misma diócesis. El sur-gimiento del MTD Teresa Rodríguez ha sido tratado en Woods (1998/1999).

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(así lo declaran también en una entrevista a Página/12 el 26-08-02), entiendo que ello no debe verse como un hecho aislado o anecdótico, sino justamente en función de los límites estructurales dentro de los que se mueve políticamente y establece alianzas la Iglesia argentina, aunque desde un discurso no político.

Para comprender cuáles son las condiciones que llevan al conflicto y la ruptura del Obispado de Quilmes con el cura Spagnolo y el MTD Solano, comenzaré por revisar las explicaciones que dan sobre la suspensión del cura algunos miembros destacados (sacerdotes) de la Vicaría de Pastoral Social en distintas entrevistas realizadas.

En términos más generales acerca de por qué los agentes religiosos no pueden tomar un lugar de liderazgo político, señalan en estas entrevistas:

E.: “nosotros somos... mediadores (...) mi función hace que yo no me par-cialice sino que quede siempre al lado, por encima, o como iluminando la cosa. Porque en el momento que entro en la situación me subjetivizo y yo tengo que ser objetivo.” M.: “El Papa en varios documentos ha llamado la atención en lugares donde se han transformado en una comunidad política directamente [refiriéndose a las CEB]. Porque uno no va a organizar la toma, pero una vez que tomó la gente el terreno y uno sabe que es gente necesitada, va a acompañarlos...yo como cura no puedo desligarme.”En respuesta sobre las razones que llevaron a la suspensión del cura Spag-nolo, estos mismos actores responden:E.: “El problema está en que en la parroquia él lo que hace es meter al MTD en el Consejo Pastoral de la parroquia y eso no puede estar así... llegó un momento en que la gente del MTD le imponía al resto, y el resto se sentía desplazado (...) De hecho la parroquia quedó convertida en un comité y eso es lo que motiva la queja del Obispo.”M.: “El cura S. se puso en oposición al Obispo cuando él le dijo que no transforme a la Iglesia en un movimiento, que era el MTD (...). Ya no era que la parroquia apoyaba a la gente que se movilizaba para la toma de tierra y para lo que fuere sino que el movimiento copó el lugar, y un poco el cura se dejó manejar, a él le gustaba también ser un poco el líder... te digo porque yo a Alberto lo conozco hace muchos años, un tipo que hacía lo que el pueblo decía.”

Una primera cuestión a esclarecer es que existiendo en la misma diócesis otros casos de curas con liderazgo político (el más conocido de ellos es el P. Luís Farinello, que llegó a ser candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires) y diáconos que ocuparon cargos políticos en municipalidades,

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se trata de un decisión política del Obispado y no de una cuestión meramente doctrinaria.

Tomando ahora las breves citas extraídas de las entrevistas realizadas, deseo resaltar algunos puntos sugerentes: a) la diferenciación establecida entre los apoyos a las tomas de tierras y el involucramiento en un movimiento político; b) en relación a lo anterior, el pasaje de la mediación o el “acompañamiento pastoral” a la identificación política con una organización popular (la subjeti-vización), que es sancionada como parcialización y c) el principio no respetado de jerarquía y obediencia dentro de la Iglesia.

Éstos son los puntos orientaron mi comprensión de los hechos, en el sentido de identificar una lógica que atravesara tanto el apoyo a las organizaciones que demandan por tierra y vivienda, como la confrontación o el distanciamiento con organizaciones de desocupados en la diócesis.

Es ahora el momento de retomar la trayectoria de las organizaciones articula-das en el Consejo Comunitario de Políticas de Tierra y Vivienda bajo el auspicio del Obispado, comentada en el apartado anterior, para sopesar las diferencias y establecer una comparación que ilumine las razones de la actuación diferente de la Iglesia en cada caso.

Las organizaciones integrantes del Consejo Comunitario de Políticas de Tierra y Vivienda, como ya anticipé, son organizaciones populares de base que plantean al Estado demandas sectoriales (tierra y vivienda), sin contar con un basamento político definido. Se reconocen y denominan a sí mismas como “organizaciones sociales”, es decir, de la sociedad civil, no como organizacio-nes políticas.

Es en este campo definido como “sociedad civil” donde distintas agencias como las ONGs y la Iglesia se insertan para construir desde allí su protagonismo, legitimándose a través de discursos tecnicistas o morales que las diferencian del estado. Esto es más notorio justamente en el espacio de las organizaciones reivindicativas de base que rechazan la institucionalidad política como medio para la expresión de sus demandas y prefieren acudir a instituciones ajenas a la propia naturaleza de los conflictos que protagonizan, como la Iglesia. Se abre de esta manera, como sostiene Doimo “un terreno fértil para el florecimiento de valores morales en substitución de los conceptos políticos, así como para la entrada de grupos e instituciones que, aunque no tengan a la política como su fundamento institucional, están visiblemente interesadas en las ‘cosas’ de la política” (1995: 67, mi traducción).

Efectivamente, en el caso de las organizaciones de tierra y vivienda, los valores promovidos por la Iglesia desde el “acompañamiento” de sus reivindi-caciones han sido progresivamente incorporados por los dirigentes y difundi-dos a sus bases, por ejemplo desde los cursos de capacitación. Estos cursos y

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charlas integraron contenidos de la Doctrina Social de la Iglesia que llevaron a reemplazar categorías políticas que leían la realidad de manera conflictiva, usadas previamente por estos dirigentes, por conceptos como “opción por los pobres” y “paz social”.

La misma lógica de cooptación, operada con las organizaciones de tierra y vivienda a partir del apoyo y la mediación en el conflicto con el Estado, comenzó a desplegarse desde el Obispado hacia el MTD Solano, como parte de la estrategia de la institución de inserción en la sociedad civil. Pero en esta caso se estableció una disputa simbólica en torno a la imposición de la “visión del mundo” que subyace a este apoyo de la Iglesia a las organizaciones de los sectores populares.

En efecto, el progresivo distanciamiento del Obispado y la ruptura con el MTD se dan paralelamente a su consolidación como actores políticos, su articulación con otros movimientos a nivel regional y nacional,23 y, lo más importante, a la elaboración político-ideológica que sustenta esta práctica (que hace énfasis en la horizontalidad, la autonomía y la dinámica asamblearia, y tiene como objetivo transformar la sociedad).

Al mismo tiempo, al provenir sus principales dirigentes del seno de la Igle-sia, esta disputa se desarrolla también dentro del campo religioso, y se exacerba por la ruptura del principio de disciplina interna. Así le expresa estas diferencias el cura Spagnolo al obispo Novak, en una negociación sobre su situación: “Me parece que leímos diferentes evangelios, a mí el evangelio me enseñó otra cosa, el compromiso con el pobre, con el necesitado... yo no pienso echar a un solo pobre o desocupado de mi parroquia”.

Entonces, la deslegitimación como agente religioso del cura Spagnolo y el despojamiento de los instrumentos de producción simbólica que implicó la suspensión aplicada por la Iglesia expresan el estado de las relaciones de fuerza en el campo religioso y las distintas posiciones e intereses sostenidos por estos actores. Esto es, por un lado, la ampliación de los límites del campo en el sentido de incluir el compromiso político con organizaciones populares como forma del trabajo religioso legítimo, y por otro, la defensa de la cohesión y protagonismo en la política nacional de la Iglesia a partir de su lugar de me-diación en conflictos y representación de los intereses de los sectores sociales

23 Los MTD de Solano y Quilmes integraban en esos años junto a otras organizaciones de todo el conurbano bonaerense la Coordinadora Aníbal Verón, que logró consolidar ciertos puntos básicos de acuerdo entre el 2001 y el 2002; y articularon acciones también con el Bloque Piquetero Nacional (for-mado en diciembre de 2001, que agrupa a las organizaciones ligadas a partidos políticos de izquierda). Svampa y Peryra (2003: 94-95) señalan que durante el 2000 se concreta el ingreso definitivo a la escena nacional del movimiento piquetero, especialmente en el caso de las organizaciones mas pequeñas, como el MTD Solano, que empezaron a gestionar directamente los planes Trabajar, legalizando su condición y presentando proyectos.

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empobrecidos y sus organizaciones, que resulta la posición hegemónica en esa etapa, y en cierta mediada también en la actualidad.

Para ir cerrandoA partir de la revisión de las trayectorias de intervención en la esfera social

y política de la Iglesia Católica argentina y de los conflictos y cambios sufridos por ésta, íntimamente relacionados con los ocurridos en el país, fundamenté la orientación hegemónica que tomó la institución durante la década de los ‘90 como salida a la crisis de legitimidad provocada por su actuación en relación a la última dictadura militar.

Este recorrido histórico enseña la vinculación entre esta crisis de legitimidad y fractura de la institución al finalizar la dictadura, el proceso de reelabora-ción doctrinaria comenzado en los ‘80 con el objetivo lograr la cohesión, y la estrategia unificada a la que llegó finalmente la Iglesia durante los años ‘90, basada en la orientación de sus prácticas y discursos hacia la preocupación por la cuestión social, y la crítica a las políticas neoliberales. Se proponía de esta manera recuperar su histórico protagonismo en política argentina, pero ya no penetrando el Estado y en alianza con las FFAA, sino insertándose en las organizaciones de la sociedad civil.

El viraje práctico y doctrinario concretado en esta década hacia la iden-tificación con la cuestión social tiene relevancia fundamental porque, con el decaimiento de las tendencias pastorales más progresistas a principios de los ‘80, marca los límites dentro de los que la Iglesia desarrolla relaciones de apoyo/cooptación hacia las organizaciones del campo popular y procesos de mediación entre éstas y el Estado, y fuera de los cuales se producen procesos de confron-tación/distanciamiento. En efecto, la nueva definición de “acompañamiento” de demandas con la que la Iglesia intenta recuperar el arraigo social en los sectores populares, presenta una perspectiva espiritual y social de la práctica pastoral, y no ya temporal y política, como la defendida por los sacerdotes y laicos comprometidos con proyectos transformadores de la sociedad. Sin embargo, esta definición no deja de ser una política de la institución.

La actuación del Obispado de Quilmes, que se inició con la defensa de los derechos humanos a contrapelo de la tendencia seguida por el Episcopado argentino, fue también orientándose hacia la cuestión social, estableciendo relaciones de apoyo a organizaciones de tierra y vivienda, que constituían el sector mas movilizado en ese distrito, e integrándose de esa manera a la estra-tegia unificada de la institución.

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Estos realineamientos en el campo religioso condicionan la dirección de los procesos organizativos de los sujetos que buscan la “ventaja comparativa” del apoyo de la institución frente al estado, orientando con concepciones morales comunitarias una visión del mundo particular. La fuerte re-emergencia de dis-cursos acerca de la autonomía de la sociedad civil, funcionales al asistencialismo y la tercerización de funciones sociales del estado, contribuyeron a su inserción social en los sectores populares.

La Iglesia pretende de esta manera asumir la representación de los intereses de este espacio identificado como “sociedad civil” convirtiéndolo en su principal capital para posicionarse nuevamente como factor de poder en la escena política nacional, privatizando así recursos de poder.

Por otro lado, las rupturas con el campo religioso por parte de sujetos colec-tivos vinculados inicialmente a él que comenté aquí (el MTD Solano) indican una disputa acerca de la visión del mundo en juego, marcando los límites de esta estrategia de la Iglesia, pero no necesariamente supone una mayor autonomía en su proceso de constitución como sujetos políticos.

Es conveniente entonces poder reconocer y alertar acerca de este poder de la Iglesia de crear genealogías propias que incorporan a las organizaciones que acuden al amparo de esta institución, trabajando en su diferenciación de las organizaciones políticas. Durante la etapa aquí analizada logró disputar con el Estado y el sistema político la dirección ética (hegemónica) de los sectores subalternos desde una visión del mundo y estrategia unitaria, independiente-mente de las particularidades locales y superando rupturas internas.

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Del desocupado como actor colectivo a la trama política de la desocupación.

Antropología de campos de fuerzas sociales

Virginia Manzano1

IntroducciónLas ocupaciones de rutas, edificios públicos y plazas como así también los

bloqueos de calles y puentes se convirtieron en un dato constante en ciudades y pueblos de la Argentina desde mediados de la década del ‘90.2 Los bloqueos de ruta no constituían una novedad en la historia argentina;3 sin embargo, los piquetes en las ciudades de de Cutral-Có y Plaza Huincul (provincia de Neuquén) 1 Dra. de la Universidad de Buenos Aires (orientación antropología social). Becaria Posdoctoral del CONICET. Miembro de los proyectos FI 041 -UBACyT- y PIP 5858 –CONICET–, y del programa de estudios sobre protesta y resistencia social. Ambos, proyectos y programa, bajo la dirección de la Dra. Mabel Grimberg. Sección de Antropología Social, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Mail: [email protected] En el año 1997 se produjeron 140 cortes de rutas en todo el país, mientras que en 2002, la cifra aumentó a 2336. Asimismo, a lo largo del período 1997-2005, la mayor incidencia de esta modalidad de protesta, el 30% sobre el total del país, se concentró en la provincia de Buenos Aires (Fuente: Nueva Mayoría).3 En el año 1987, los trabajadores del Ingenio Las Palmas en la provincia del Chaco bloquearon la ruta en reclamo por el cierre de ese establecimiento. En el mes de septiembre de 1991, mineros de Sierra Grande (provincia de Río Negro) reclamaron ante la Casa Rosada por el cierre de Hipasam. Tres días después, las mujeres de los mineros bloquearon la ruta nacional 3, y lograron la reapertura de la mina y el pago de salarios atrasados. No obstante, la empresa se cerró un año después. Otro hecho con características similares fue el “Tractorazo”, en julio de 1993, impulsado por sectores del agro (Senen González y Bosoer, 1999).

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en 1996, y posteriormente los que sucedieron en las localidades de Mosconi y Tartagal (provincia de Salta), se convirtieron en modelos que fueron retomados en otras regiones del país. En otros términos, el piquete se transformó en la forma apropiada para demandar el compromiso del Estado sobre los problemas de “trabajo” o, más específicamente, sobre el problema de la “desocupación”.

La frecuencia de piquetes transformaron a sus protagonistas, los piqueteros, en objeto de estudio para las ciencias sociales, que procuraban desentrañar las causas de la emergencia de actores colectivos o sujetos colectivos.

Algunas investigaciones han buscado explicar la emergencia de los desocu-pados como actores colectivos atendiendo a ciertas características “singulares” de la estructura social argentina, en contraste con las de Europa y el resto de los países de América Latina (Svampa y Pereyra, 2003 y 2005; Svampa, 2005). Este planteo supone la conformación de una sociedad salarial durante la segun-da mitad del siglo XX que propició la integración de los trabajadores urbanos a partir de derechos, protecciones y estabilidad laboral. Esa excepcionalidad social de Argentina, como la denominan los autores, limitó tanto la extensión de redes de contención comunitaria como la expansión del trabajo informal en comparación con otros países de Latinoamérica. La hipótesis central de estos trabajos se encadena en tres premisas: las políticas neoliberales desmantelaron la estructura salarial fordista y generaron un proceso de “descolectivización” que se expresó en el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la exclusión social; frente al desmantelamiento de la estructura salarial, a diferencia de lo ocurrido en países europeos, el Estado argentino no contaba con redes de contención del desempleo, y al mismo tiempo que los sindicatos acompañaban las reformas estructurales, el tejido social se encontraba debilitado por el peso del Partido Justicialista. La emergencia de un movimiento social de desocupados (piqueteros) sería, entonces, el resultado de la singularidad de la construcción y transformación de la sociedad salarial. El argumento se completa atendiendo a la productividad de la identidad piquetera, que estaría dada por la resignificación de la experiencia individual del desempleo para transformarla en colectiva, así como también por la simbología que enfatiza la lucha, la asamblea, la reapropiación del territorio, la ruptura de la dependencia respecto de los “punteros políticos” y la percepción renovada de los beneficios sociales del Estado.

El problema de la emergencia de sujetos colectivos también ha sido un tópico de indagación en los enfoques sobre la protesta social (Naishtat et al., 2005; Schuster, 2005). Estos estudios asumen la ausencia de sujetos predefinidos por su posición estructural; por ello procuran analizar cómo se configuran sujetos e identidades colectivas en el espacio social. El uso del concepto de protesta social reemplaza al de movimiento social para poner de relieve que la acción no constituye el resultado necesario de un movimiento (sujeto) previamente

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constituido (Schuster y Pereyra, 2001; Schuster y Scribano, 2001; Schuster, 2005). En otros términos, el énfasis está puesto en señalar la contingencia a partir del cuestionamiento de la relación necesaria entre sujeto/acción.4 Así, el movimiento piquetero se tornó un caso probatorio en el cual la acción otorgaba la denominación al sujeto antes que la condición preexistente de desocupación. Se afirma, en este sentido, que “los desocupados construyeron la capacidad de acción a partir de su propia necesidad de supervivencia material y simbólica, con mínima o nula organización previa e historia colectiva” (Schuster, 2005: 52).

Ambos proyectos académicos comparten el interés por establecer las condi-ciones que posibilitan la emergencia de actores colectivos o sujetos colectivos; uno recurre a “factores” de la estructura social y el otro, a las particularidades de los espacios de protesta.

Las dinámicas sociales que registré en un trabajo etnográfico sobre proce-sos políticos y cotidianos en el distrito de La Matanza,5 me enfrentaron a una serie de dilemas e interrogantes que me condujeron a un abordaje diferente al de aquellos planteos centrados en el actor colectivo o el sujeto de protesta. En el año 2000, llegué al mencionado municipio con el objetivo de profundizar una investigación sobre modalidades laborales en el sector metalúrgico, sin embargo, en el trayecto hallé estructuras fabriles abandonadas y derruidas. Esto se relacionaba con las intensas transformaciones socio-económicas que había experimentado esa zona durante los años noventa: si en la década del ‘70 se registraron 12.000 establecimientos industriales, en el año 2002 sólo quedaban en funcionamiento 4000. Por otra parte, se estima que en 2001, sobre un total de 575.654 personas que formaban la población económicamente activa, el 17,5%

4 La noción de sujetos configurados en la acción de protesta es tributaria de planteos más globales en las ciencias sociales contemporáneas. Por un lado, retoma las propuestas que surgieron en el seno de la tradición marxista, en el contexto de debate sobre el papel de las clases sociales y la determinación. En particular, recupera las elaboraciones de pensadores como Laclau y Mouffe (2004 [1985]; 2005), quienes sostienen que los objetos se constituyen en el interior de discursos. Ambos autores entienden el discurso como producto de una multiplicidad de prácticas articulatorias que establecen relaciones entre términos y elementos discursivos. En esta visión, las identidades son configuraciones de elementos relacionales del discurso, en continuo movimiento, sin permanencia temporal, y los sujetos ocupan diferentes posi-ciones discursivas sin que exista un punto que las suture; por ello resultan polisémicos e incompletos. Por otro lado, esta noción se inscribe en formulaciones recientes de los estudios estadounidenses sobre la acción colectiva. En esta línea, desde mediados de los ‘90, diferentes investigaciones intentaron demostrar que la identidad constituía una motivación para la acción colectiva (Cerulo, 1997; Calhoun, 1999) y redefiniciones posteriores se abocaron al estudio de la identidad como resultado de la acción. Estas últimas propuestas se sintetizan en conceptos tales como “identidades insurgentes” (Gould, 1995) o “identidades narrativas” (Polleta y Jasper, 2001).5 La Matanza, con 1.249.958 habitantes, es el municipio más poblado del Gran Buenos Aires (Censo de Población y Vivienda: INDEC, 2001). Según el mismo censo en el Gran Buenos Aires habitan 11.460.575 personas.

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eran desocupados abiertos (100.739 personas) y el 15,2% eran subocupados (87.499 personas).6

Mis reiteradas visitas al edificio del gobierno local me permitieron observar un conjunto de situaciones que se configuraron en puntos de partida para reno-vados interrogantes de investigación. En una oportunidad, presencié una reunión ampliada del Concejo Deliberante en la que se discutía sobre las alternativas a seguir frente a una “deuda” de planes y mercaderías que el gobierno nacional mantenía con el municipal. Algunos miembros de una agrupación peronista, que por aquella época integraban una coalición denominada Frente Grande, me aconsejaron que estuviera alerta porque bloquearían la ruta nacional 3 en caso de que no se alcanzara un acuerdo.

Tal como me habían anticipado, durante los seis primeros días del mes de noviembre de 2000, la ruta nacional 3 se mantuvo cortada a la altura de la localidad de Isidro Casanova. Una semana después inicié el diálogo con los responsables de aquel bloqueo. Se trataba de concejales municipales que eran al mismo tiempo militantes de la agrupación Frente Grande y dirigentes de gre-mios incorporados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA, de ahora en adelante), docentes, médicos, militantes católicos vinculados a la orientación de la Teología de la Liberación y, principalmente, miembros de dos organizaciones que de ahí en adelante lograrían reconocimiento público: la “Red de Barrios”, perteneciente a la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV, de ahora en adelante), a su vez integrante de la CTA, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC, de ahora en adelante).

En los reportes de la prensa y en los trabajos de científicos sociales esos gru-pos sociales y políticos, con sus múltiples pertenencias y sus tramas relacionales, se fundieron en la imagen de un actor colectivo homogéneo: los piqueteros.

La propuesta de este trabajo, entonces, consiste en descentrar la preocupa-ción mayoritaria por el sujeto de protesta o el actor colectivo para indagar sobre las tramas relacionales que configuraron un espacio social de disputa en torno a la desocupación. Procuro mostrar cómo, desde mediados de la década del ‘90, la desocupación se fue definiendo como problema en un entramado relacional en el que se destacaron experiencias previas de ocupación de tierras, prácticas religiosas inscriptas en Comunidades Eclesiales de Base (CEBs, de ahora en adelante) y estrategias sindicales. Al mismo tiempo, analizo la manera en que las primeras movilizaciones en torno a la desocupación apelaban a normas y costumbres generadas en modalidades previas de relación entre los grupos subalternos y el Estado. En particular, remitían a las formas de implementación, crecientes desde la década del ‘80, de políticas de asistencia alimentaria desti-nadas a familias con jefes de hogar desocupados o de bajos ingresos. Para este 6 Fuente: Consultora Equis.

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análisis, recupero las elaboraciones del historiador E. P. Thompson (1995), quien en su estudio sobre los motines de subsistencia en Inglaterra en el siglo XVIII, discutió con la visión espasmódica de la historia popular. Esta visión le negaba al pueblo el carácter de agente histórico en épocas anteriores a la Revolución Francesa, y consideraba que en ellas la “chusma” se introducía de manera oca-sional en la trama histórica a partir de disturbios sociales repentinos, entendidos como respuestas a estímulos económicos tales como la subida de los precios o la escasez del grano. Thompson invirtió el enfoque para preguntarse por las nociones legitimadoras en las que enraizaban los motines de subsistencia. Así, enfatizó que esas nociones anclaban en la defensa de derechos y costumbres tradicionales, y apelaban a normas y expectativas sociales.

La reconstrucción de tramas de relaciones sociales y políticas constituye uno de los aportes centrales de la antropología al estudio de los movimientos sociales. Es decir, se inscribe en un enfoque que descentra la mirada de la or-ganización de la acción o de la descripción de los atributos del actor o sujeto colectivo para iluminar las dinámicas del campo político y social dentro del cual la movilización ocurre (Escobar, 1992; Burdick, 1998; Edelman, 2001). Se trata, entonces, de desplegar un abordaje relacional que atienda a la configuración y redefinición de escenarios de disputa política y social. En el caso de estudio, me focalizaré en la articulación entre el peso de experiencias históricas, la movilización de nociones legitimadoras, y la fuerza de políticas estatales para modelar y redefinir escenarios de disputa.

En suma, desde el enfoque adoptado, en primer lugar, reconstruyo la for-mación de un escenario de disputa social y política en torno a la desocupación, tomando para ello los resultados alcanzados en un trabajo de campo antropo-lógico en el distrito de La Matanza, que se extendió de manera sistemática desde abril de 2002 hasta marzo de 2006. En segundo lugar, sitúo el análisis empírico en discusiones teóricas más amplias sobre el rol de los movimientos sociales y la acción colectiva en el contexto latinoamericano con el propósito de fundamentar la relevancia de un abordaje que apunte a la reconstrucción de campos de fuerzas sociales.

Hacia un enfoque de campos de fuerzas sociales Los estudios sobre la acción colectiva y los movimientos sociales definieron

un campo de investigación científica que se concentró en una serie de preocupa-ciones fundamentales: las formas en que el sistema político procesaba demandas y las transformaba en reformas estructurales, los mecanismos de cooptación de los líderes de los movimientos, la institucionalización de acciones disruptivas,

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y la decadencia o desaparición de movimientos sociales. Esa agenda temática, modelada por teóricos estadounidenses y europeos, fue incorporada a las ciencias sociales de Argentina, y en general de América Latina, en la década del ‘80, en un marco de reflexión sobre la “transición democrática”.

Científicos sociales inspirados en la transición hacia la democracia en países como España, Grecia y Portugal formularon, con el apoyo del Consejo Asesor del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center For International Scholars, una línea de estudios abocada a la comprensión de la transición de-mocrática en América Latina. Se plantearon como temas de investigación la gobernabilidad, el consenso, la participación y la representación política, y los procesos de institucionalización democrática (Lechner, 1996; O’Donnel, 1997). Dentro de esos lineamientos, los movimientos sociales se incorporaron como problema de investigación a partir de la recuperación de los aportes teóricos de Touraine y Melucci (Edelman, 2001). La expresión “nuevos movimientos sociales” fue reemplazada en América Latina por la de “movimientos popu-lares” para referir a movimientos de pobladores urbanos, indígenas, mujeres, ecologistas y CEBs (Restrepo, 1992; Calderón, 1995).

En ese marco, se generalizó también el uso del concepto de cultura política para estudiar cambios en las formas de participación popular (Restrepo, 1992; Calderón, 1995; Gutiérrez y Romero, 1995). Se asumió como un punto de vista compartido que la cultura política de Occidente se orientaba por principios racionalistas, universalistas e individualistas; en contraste, la cultura política dominante en América Latina se había caracterizado por el control de esos principios con el fin de excluir políticamente a otros en sociedades jerárquicas y desiguales. Se destacaron como rasgos de la cultura política latinoamericana la indistinción entre el ámbito público y el privado, el favoritismo y el perso-nalismo, el clientelismo y el paternalismo, la asociación de la política con una actividad de las elites, y la incorporación de las masas en proyectos populistas que limitaban su participación autónoma debido a la relación subordinada con los líderes políticos (Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998).

Los supuestos relativos a la “cultura política latinoamericana” funcionaron como puntos de partida para generar interrogantes y expectativas en torno al rol que asumirían los nuevos movimientos sociales en la “transición democrática”. La mayoría de los investigadores coincidían en que el origen de estos nuevos movimientos se debía tanto a la crisis del Estado capitalista como al fracaso de sus alternativas revolucionarias. Además, se subrayó que los nuevos movimien-tos populares identificaban amplias gamas de opresión y metas de liberación, y luchaban en espacios reivindicativos y autorreferidos, ya que su objetivo no era la disputa por el poder del Estado (Jelín, 1987; Restrepo, 1992; Calderón, 1995; Gutiérrez y Romero, 1995). Los analistas celebraron la autonomía respecto de

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los partidos políticos o de “caciques políticos”, así como también la construcción de estructuras participativas que, se suponía, contribuirían a la democratización del Estado y del sistema político (Jelín, 1987; Restrepo, 1992).

De esos trabajos pioneros sobre el rol de los nuevos movimientos sociales se heredó un esquema dicotómico que aún actúa como generador de preguntas e interpretaciones sobre los procesos políticos que protagonizan los “sectores populares”. En ese esquema se revalorizó la política (luchas propositivas) por sobre lo que se definía como estrategias de supervivencia y luchas reivindi-cativas. Las disputas reivindicativas en torno a la redistribución económica –consideradas propias del movimiento urbano y obrero– fueron vistas como instrumentales y “cortoplacistas”, en contraste con las metas expresivas de los nuevos movimientos sociales que apuntaban a redefinir las relaciones de la sociedad civil y de la vida cotidiana (Jelín, 1987; Restrepo, 1992). Se conside-raron atributos de los nuevos movimientos sociales al carácter autónomo y a las formas democráticas de participación, en tanto que superación de vínculos políticos definidos como clientelares (Jelín, 1987; González Bombal y Palermo, 1987; Restrepo, 1992; Cavarozzi y Palermo, 1994). Se afirmó que los nuevos movimientos sociales, debido a su autonomía, contaban con potencialidades para democratizar el Estado a partir de la incorporación de demandas. Sin embargo, se apuntó que esa potencialidad sería debilitada si no lograban mantenerse autónomos y a salvo de las tentativas de institucionalización y cooptación por parte del Estado (Restrepo, 1992; Calderón, 1995; Munck, 1995).

En el decenio del ‘90, los trabajos académicos sobre movimientos sociales en América Latina se preguntaron si era posible construir democracias estables en medio de crisis y ajustes económicos, estados débiles, con pocas posibilidades de satisfacer demandas mínimas de la población, y mercados internacionales fuertes (Calderón, 1995). Para algunos, se vivía una situación paradójica, en la cual se podían disfrutar derechos civiles y políticos alcanzados con la institu-cionalización democrática, pero sin tener asegurada las condiciones básicas de subsistencia (Jelín, 1998). En este contexto, gran parte de los debates giraron en torno a las posibilidades que tenían los movimientos sociales de impulsar proyectos democráticos alternativos frente a los niveles de violencia, pobreza, discriminación y exclusión (Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998).

Las formulaciones y los esquemas del campo de investigación sobre los movimientos sociales se impusieron con fuerza en las visiones de un importante número de trabajos sobre el movimiento piquetero. Se configuró una imagen homogénea que acentuó la confrontación de las diversas organizaciones de desocupados con el Estado, así como también los intentos gubernamentales por “cooptarlas” o “institucionalizarlas”. Se dieron supuestos por hechos como la “autonomía” y la “horizontalidad” de los diversos agrupamientos, y se generó

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un razonamiento tautológico que enfatizaba que tanto el surgimiento como el declive de estas organizaciones estaban dados por la presencia del peronismo entre los “sectores populares”. Ese razonamiento se sostenía sobre una doble reducción: la del peronismo a un tipo de vinculo político clientelar, y la de las organizaciones piqueteras a exponentes de formas políticas autónomas y democráticas.

Los resultados alcanzados en mi investigación ponen de relieve una variedad de prácticas que tensionan las reificaciones analíticas que hacen hincapié en la distinción normativa entre los movimientos sociales, los partidos políticos y el Estado. Las acciones de los movimientos sociales y las del Estado no pueden ser interpretadas por fuera de relaciones de poder históricamente construidas. Más aún, la configuración de escenarios de disputa constituye un indicador de un proceso de producción conjunta de políticas estatales y modalidades de acción de los grupos subalternos.

El camino seguido en esta investigación procuró evadir los constreñimientos normativos impuestos por el campo académico sobre los movimientos sociales para restituir una visión de la sociedad como campo de fuerza, retomando los aportes de Thompson (1984, 1992), Roseberry (1994) y Grimberg (1997). El concepto de campo de fuerzas se formuló para describir a la sociedad inglesa del siglo XVIII y analizar la “formación de clases”, atendiendo a las particu-laridades históricas y al marco relacional, en el cual se destacaban la fortaleza militar e imperial del Estado inglés, y, al mismo tiempo, su debilidad en el manejo de asuntos internos a causa de las disputas entre la propia gentry, el control de los trabajadores sobre instrumentos y ritmos de producción en un contexto de transformación de modos de trabajo, las acciones directas de la plebe, y la expresión simbólica del conflicto y la lucha. En otros términos, el concepto se utilizó con un sentido descriptivo para comprender la configuración de relaciones sociales desde una visión de hegemonía:

“El concepto de hegemonía es inmensamente valioso, y sin él no sabríamos entender la estructuración de las relaciones del siglo XVIII. Pero mientras que esta hegemonía cultural pudo definir los límites de lo posible, e inhibir el desarrollo de horizontes y expectativas alternativos, este proceso no tiene nada de determinado y automático. Una hegemonía sólo puede ser mantenida por los gobernantes mediante un constante y diestro ejercicio de teatro y concesión. En segundo lugar, la hegemonía, cuando se impone con fortuna, no impone un visión de la vida totalizadora; más bien impone orejeras que impiden la visión en ciertas direcciones mientras que dejan libre otras” (Thompson, 1984: 60).

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El concepto de campo de fuerzas permitió captar las tensiones, las corre-laciones de fuerzas cambiantes y los condicionamientos recíprocos entre las políticas estatales y las modalidades de acción, como así también ponderar el peso de experiencias históricas en la formación de espacios de disputa social y política. Pero como bien apuntó Roseberry (1994), en el planteo de Thompson se iluminó fundamentalmente una relación bipolar –plebe y gentry–, tensa-mente equilibrada por las particularidades del siglo XVIII. En cambio, tanto Roseberry (1994) como Grimberg (1997) sugirieron el empleo de este concepto para reconstruir campos de fuerzas de múltiples disputas y múltiples formas de dominación. Estos aportes resultan fundamentales para entender las maneras de disputar, demandar, negociar y concertar con autoridades gubernamentales.

La formación de un espacio social de disputa

Censar y movilizar

Dos procesos de movilización social en torno a la desocupación tuvieron lugar en el distrito de La Matanza durante los últimos meses de 1995 y los pri-meros de 1996. Ambos se distinguieron por el uso de censos y encuestas para fundamentar demandas y por el protagonismo que alcanzaron organizaciones barriales conformadas en ocupaciones de tierras durante los años ochenta. En el barrio Santa Emilia,7 personal de la sala de salud perteneciente a una junta vecinal emprendió un censo sobre el estado nutricional de niños de la zona y estableció que el 19 % de la población infantil de entre 0 y 2 años se encontraba “desnutrida”, mientras que el porcentaje ascendía al 22% sobre el total de niños de entre 2 y 6 años.

Representantes de diferentes barrios de La Matanza se nuclearon en torno a la junta vecinal de Santa Emilia. En distintos encuentros, se analizaron los datos arrojados por el censo sanitario y se votó a favor de la instalación de una “olla popular” en la plaza San Martín de la localidad de San Justo, frente a la sede del gobierno municipal de La Matanza, bajo la consigna: “Por trabajo, contra el hambre y la desocupación”. En el marco de esa medida de fuerza directa, se presentó un petitorio ante las autoridades municipales que contenía ocho reclamos:

“1-Alimentos para todas las familias de desocupados: entrega semanal y distribución mediante asociaciones barriales y vecinales, centros de fomento o cooperadoras. 2-Cien mil puestos de trabajo en La Matanza (ocupación en

7 Las denominaciones de lugares y personas están modificado para conservar la confidencialidad de los datos obtenidos.

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obra pública –sin costo para los vecinos–; ocupación en el plan hídrico que contemple todos los arroyos; ocupación en infraestructura en los barrios). 3-Ampliación del subsidio por desocupación, que abarque a todos los casos por desocupación. 4-Boleto gratuito para los desocupados para ir a buscar trabajo. 5-Que se exceptúe al desocupado del pago de servicios e impuestos. 6-Que se implementen los cuatro turnos de seis horas en fábricas, empresas y grandes supermercados. 7-Por la derogación de la Ley Provincial 11.685 que faculta a los intendentes a despedir personal como en Morón, Ituzaingó, San Miguel y otros municipios. 8-Contra la persecución de los dirigentes populares, y la represión de la luchas y las manifestaciones” (Boletín in-formativo de los “Barrios de la Olla”, mayo de 1996).

Entre el 21 y el 25 de mayo de 1996, se montó un campamento alrededor de la “olla popular” donde permanecieron representantes de diferentes barrios siguiendo las alternativas de la negociación con autoridades municipales. El 22 de mayo se convocó a una sesión del Honorable Concejo Deliberante para tratar, entre otros temas, el problema de la “desnutrición”, según el reporte del diario local NCO: “En el Concejo Deliberante se arribó a conclusiones satisfactorias y consensuadas en cuanto a los paliativos urgentes para la cre-ciente marginalidad y desnutrición infantil que avanza en distintos puntos del distrito”.8 Como resultado de esa sesión, se pactó para el día 23 de mayo una reunión entre los representantes de los barrios y la Comisión de Acción Social del Concejo Deliberante. En definitiva, se abrió un espacio de negociación sobre el pedido de “alimentos para las familias de desocupados”, se reconoció como interlocutores a los representantes barriales y como dependencias estatales de incumbencia, a las áreas de Acción Social. Tras un día de deliberaciones, el 24 de mayo en horas de la noche se firmó un “Acta de Compromiso de Acuerdo con Trece Barrios”, en la misma las autoridades municipales comprometían la entrega de 9500 kilos de alimentos, en tanto que los representantes barriales asumieron la obligación de confeccionar un registro con el nombre de las familias destinatarias de las bolsas alimentarias y de elaborar un censo de la población indigente de sus respectivos barrios. El proceso que culminó con la firma del citado acuerdo fue valorado como “el primer eslabón en el camino a pelear por la dignidad de los trabajadores desocupados y sus familias” (Boletín informativo de los “Barrios de la Olla”, mayo de 1996).

Por esa misma época, integrantes de una cooperativa de consumo del barrio La Arbolada impulsaron la conformación de una “Red de Barrios” junto con sacerdotes, militantes de CEBs y dirigentes gremiales del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA)

8 Diario NCO, 23/5/96, p. 3.

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y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La acción inaugural de la mencionada “Red” consistió en la organización de un censo con el propósito de conocer los problemas de trabajo, alimentarios y sanitarios que aquejaban a los barrios agrupados:

“De 5000 encuestas que se habían logrado –que no era todo el barrio, era a lo que se podía llegar con el grupo al que se pertenecía; por ejemplo, yo pertenecía a una comunidad que éramos quince, veinte, y llegamos a cubrir cien familias; no cubrimos todo el barrio–, de 5000 familias de esos dieciséis barrios, 3500 no tenían trabajo, de los grupos familiares, porque por ahí viven cuatro familias y no había ninguno” (José, 46 años, ex seminarista salesiano, miembro de la FTV).

Los representantes de la “Red de Barrios” trataron en una asamblea los resultados alcanzados por la encuesta efectuada y votaron a favor de una mo-vilización a la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación con el objetivo de reclamar alimentos para las “familias desocupadas”. Esa movilización, que se llevó a cabo en septiembre de 1995, incluyó la ocupación de la planta baja del edificio de la mencionada Secretaría en espera de una entrevista con el titular de esa dependencia. Una comitiva fue atendida por el secretario de Desarrollo Social, quien se comprometió a enviar un camión con mercaderías y desplazó el ámbito de futuras negociaciones desde la órbita del gobierno nacional hacia la del provincial. En esa instancia se acordó la entrega periódica de mercaderías y se reconoció como interlocutores válidos de la “Red de Barrios” al grupo de sacerdotes que la integraban:

“Tuvimos una reunión con la Chiche Duhalde en una Fundación que tiene en Lomas de Zamora. Ahí fuimos los tres curas y le llevamos las encuestas, todo, y ella se comprometió, hasta que terminara su marido la gobernación, a mandarnos 10.000 kilos de comida todos los meses. Cumplió. Es más, le dijimos: ‘Hay que firmar’, y dijo: ‘Mi palabra basta’. Bueno, con eso que llegaba al Patronato lo que nosotros logramos fue ampliar la Red: de dieciséis barrios pasamos... hoy ya son más de setenta... pero de dieciséis ahí, en ese momento, pasamos a cerca de cuarenta. Fuimos ampliando porque la gente preguntaba, venía, y nosotros decíamos: ‘Bueno, la idea que esto sirva para organizarnos’” (José, ex sacerdote, miembro actual de la FTV).

La descripción de ambos procesos de movilización pone de relieve una serie de aspectos comunes que serán analizados en el resto de este apartado. Desde una mirada global, cabe preguntarse por qué los barrios que impulsaron ambas

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iniciativas, como Santa Emilia y La Alborada, fueron aquellos conformados en el marco de ocupaciones de tierras durante la década del 80; qué particularidades presentaban las experiencias sindicales y religiosas que confluyeron en ambos reclamos, y por qué se encuadró la disputa por la desocupación en el problema de la desnutrición infantil y el hambre.

Experiencias que confluyen

Las ocupaciones de tierra en la década del ‘80

El barrio Santa Emilia y otros cuatro que lo circundan se formaron en el marco de un proceso de ocupación de tierras que se inició en 1983 sobre una de las márgenes de la ruta nacional 3, a 27 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En esas tierras habían funcionado hornos de fabricación de ladrillos, estancias y quintas, y fueron funcionarios municipales quienes propiciaron inicialmente esas ocupaciones. Por su parte, La Alborada y otros dos asentamientos lindantes también se conformaron en un proceso de ocupación de tierras que comenzó en el año 1986 y que fue motorizado inicialmente por integrantes de las CEBs, quienes mantenían vínculos con los protagonistas de las primeras tomas de tierra en la zona sur del Gran Buenos Aires en 19819 y con militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

Más allá de las diferencias en las modalidades de acceso a la tierra como también así de las diversas formas sobre las que se sustentó la reivindicación de la titularidad de los terrenos ocupados –ya que el primer conjunto de barrios pujó por la sanción de una ley de expropiación y la compra directa de las tie-rras al Estado, mientras que el barrio La Alborada conformó una cooperativa de consumo y vivienda– me interesa puntualizar la centralidad que asumió la conexión cotidiana entre los representantes barriales y funcionarios estatales, que incluyó el recorrido, casi diario, por dependencias gubernamentales:

“Fuimos tantas veces a La Plata, nos hemos peleado con tantos, pero tam-bién hemos encontrado funcionarios que realmente nos han dado una buena mano. En la Legislatura recorríamos todos los espacios, todos los legisladores... Nos íbamos en colectivo, nos tomábamos La Costera Criolla en la rotonda de

9 Diversas investigaciones señalan que integrantes de Comunidades Eclesiales de Base impulsaron las primeras “tomas de tierra” entre los años 1981 y 1982 en la zona sur del Gran Buenos Aires, espe-cíficamente en una franja fronteriza entre los partidos de Quilmes y Almirante Brown, que comprende las localidades de San Francisco Solano y Rafael Calzada (Aristizábal e Izaguirre, 1988; Merklen, 1991; Cravino, 1998). Es interesante subrayar que el Movimiento de Trabajadores de Desocupados de Solano incluye familias de los barrios que surgieron tras esas ocupaciones. Específicamente, en agosto de 1997 se constituyó el MTD en la parroquia del barrio San Martín (MTD de Solano y Colectivo Situaciones, 2002).

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San Justo, con todas las carpetas. Salíamos a eso de las seis o las siete de la mañana y volvíamos a eso de las once de la noche. Continuamente era eso así” (Ramón, 58 años, dirigente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia, actual integrante de la CCC).

“El tema de las tierras costó sacrificio porque acá ella (se refiere a Violeta) ponía el salario del marido para el viaje a La Plata; y no es que viajábamos a La Plata una vez por semana o una vez por mes, viajábamos dos o tres veces por semana, y es un costo económico. Ir a La Plata implicaba –disculpame la palabra– cagarte de hambre, cagarte de frío, cagarte de sed en verano; ir con el boleto justo porque no se podía gastar una moneda de más, ni para el agua con esos calores... Vos debés conocer La Plata y sabés lo que es en el invierno ni siquiera tener para comprarte un pocillo de café. Y volver a la noche, a veces con frustraciones, porque ibas y no obtenías nada... Y eso, ¿viste?, te lleva a valorar el trabajo que hiciste porque fue un sacrificio enorme (…)” (Mauricio, 46 años, dirigente de la sociedad de fomento del barrio Tierra Nuestra, actual integrante de la FTV).

De acuerdo con los testimonios citados, esa tarea se definía como sacrificada y costosa. Implicaba viajar dos o tres veces por semana a la ciudad de La Plata y permanecer allí durante todo el día, comiendo y bebiendo muy poco. Como los viajes eran costosos, en el barrio Santa Emilia se formó una “Subcomisión de Damas” que se dedicaba, entre otras cosas, a recaudar fondos (rifas, bailes, bingos, etc.) para costear los gastos de la tramitación vinculada con la “tierra”, la cual estaba, sobre todo, en manos de los varones. En el transcurso de esos años se generó un vínculo cotidiano entre los representantes barriales y los agentes estatales. En otros términos, quienes viajaban a La Plata desarrollaron habilidades para manejar relaciones con el Estado, como ordenar y encarpetar la documentación, solicitar audiencias con autoridades gubernamentales y le-gisladores, participar en reuniones con personas de diferente rango y establecer lazos de proximidad con algunos funcionarios públicos.

Además de esas acciones cotidianas, se organizaron movilizaciones colec-tivas a dependencias gubernamentales para “forzar”, por medio de la acción directa, el compromiso legislativo para la sanción de la ley de expropiación:

“Tomamos el Parlamento. Fuimos todos los barrios. Salimos de madrugada y estuvimos allá a las nueve de la mañana. Y de a poquito, de a poquito, fuimos entrando donde estaban todos los senadores y diputados: ‘Acá aprueban o revientan’” (Carlos, 54 años, dirigente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y actual coordinador nacional de los desocupados de la CCC).

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Junto con la reivindicación de la titularidad de la tierra, se generaron distintas acciones para transformar las ocupaciones en barrios; las principales giraron en torno a la extensión del tendido eléctrico, la perforación del suelo para la obtención de agua, la apertura de calles, el pedido de circulación de transporte público de pasajeros, la limpieza de arroyos, la recolección de residuos, y la construcción y equipamiento de escuelas y centros sanitarios. En muchos casos se trató de acciones basadas en el trabajo comunitario y la reciprocidad vecinal, mientras que en otros se iniciaron procesos de demanda al Estado y a empresas de servicios (transporte público o suministro eléctrico), que incluyeron tramitaciones (petitorios, cartas, censos, encuestas, etc.) y medidas de fuerza directa (manifestaciones a empresas de servicios públicos y a dependencias gubernamentales, cortes de la ruta nacional 3, etc.).

Más allá de las diferencias en el origen de una y otra ocupación, me interesa detenerme sobre el hecho de que tanto el barrio Santa Emilia como La Alborada impulsaron, prácticamente al mismo tiempo, diversas acciones cuyo eje fue el problema de la desocupación. ¿Se trató simplemente del reemplazo de la reivindicación de la tierra por la del trabajo? Considero que el proceso es más complejo y que la reflexión se torna infructuosa si se procura establecer cómo se reemplazó una demanda por otra. Desde mi punto de vista, lo interesante aquí es cómo se utilizó una modalidad asociada a la demanda de la tierra para incorporar en ella la demanda por trabajo. Esta modalidad se distingue por:

- La capacidad de generar iniciativas en torno a la provisión de diversos bienes (tierra, luz eléctrica, agua, escuelas, centros sanitarios, etc.), que requieren la intervención del Estado.

- La ocupación de tierras o espacios públicos en general (dependencias gubernamentales, plazas, rutas, etc.) como una forma de presentar públicamente demandas y forzar el compromiso de funcionarios gu-bernamentales.

- Habilidades aprendidas respecto de los mecanismos de funcionamiento cotidiano de las dependencias estatales: tecnologías de presentación de demandas (encuestas, censos, cartas, petitorios, etc.), modos de circu-lación de expedientes, tipos de trámites, y convenciones para tratar con legisladores o autoridades gubernamentales.

- La trama organizativa basadas en juntas vecinales, cooperativas, dele-gados por manzana y cuerpos de delegados por barrio.

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- El entrenamiento para articular a diferentes sectores sociales alrededor de un eje de demanda.

En suma, se trata de una modalidad configurada en torno al Estado como interlocutor principal y en la cual se destacan procesos que incorporaron medidas de fuerza directa e instancias de negociación y concertación. Veremos entonces cómo esta modalidad se fue articulando con otras experiencias, como prácticas religiosas y estrategias sindicales.

Las iniciativas de las CEBs

En los estudios académicos sobre religión no existe un consenso generali-zado sobre las características distintivas de las CEBs. Entre los pocos acuerdos, se sostiene que se trata de grupos pequeños, de entre diez y treinta personas, cuyos miembros se reúnen periódicamente para leer y comentar la Biblia. Se definen como “base” en referencia a la estructura jerárquica de la institución eclesial, así como también a la “pirámide social”, puesto que mayoritariamente están compuestas por personas pobres de barrios, pueblos o aldeas (Levine y Mainwaring, 2001).

En el caso de La Matanza, hacia fines de la década del ‘70 se formaron doce CEBs en barrios obreros poblados desde mediados de los años ‘50 y si-tuados dentro de una franja fronteriza entre las localidades de Isidro Casanova y Gregorio de Laferrere. La organización de esas comunidades fue el resultado de iniciativas de sacerdotes y grupos juveniles salesianos.10 No obstante, la for-mación de CEBs se remonta a las orientaciones emanadas del Segundo Concilio Vaticano (1962-1965) y de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en Medellín (Colombia) en 1968. Dichas orientacio-nes pueden sintetizarse en tres puntos: incentivar la participación de los laicos, promover la justicia (y denunciar la injusticia) y lograr una evangelización más eficaz entre las clases populares (Levine y Mainwaring, 2001).11 10 La figura emblemática de los salesianos es Juan Bosco, nacido el 16 de agosto de 1815 en una familia campesina italiana y fallecido el 31 de enero de 1888. Su labor se desarrolló en la ciudad de Turín, con jóvenes huérfanos o desempleados a los que procuraba colocar como aprendices de algún maestro. Con el correr del tiempo, creó el “oratorio”, dedicado a actividades religiosas y recreativas, y organizó talleres de oficios (zapatería, sastrería, encuadernación de libros, carpintería, imprenta y cerrajería). El 26 de enero de 1854, estos jóvenes comenzaron a ser denominados salesianos por Juan Bosco, en homenaje a San Francisco de Sales. Una historia de los salesianos reconstruida por seguidores de la orden puede consultarse en Bosco (1986). 11 Las particularidades de estos lineamientos político-religiosos son sumamente complejas y exceden los propósitos de este artículo. Para profundizar este tema se puede consultar Vernazza (1989), Anderlini (2004), y Woods (2005). También es relevante la recopilación de documentos publicada con el título Los sacerdotes para el Tercer Mundo y la Actualidad Nacional (1973), editada por la Rosa Blindada.

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Misas, procesiones y cursos de catequesis se convirtieron en espacios de convocatoria para la conformación de CEBs. Fundamentalmente, se propició un proceso de descentralización de actividades desde la parroquia hacia el barrio, a partir de la organización de grupos de vecinos, sobre todo mujeres, que funcionaban en viviendas particulares con el objetivo inicial de leer y comentar la Biblia:

“Empezamos con Juan. Él dirigía el grupo de jóvenes de las comunidades. Nos daban las hojitas, era una hojita con la palabra de Dios. Todos los meses nos traían esa hojita, era la parte del Evangelio y estaba todo así explicado. Era para el pueblo. Eso me interesaba a mí, que era para el pueblo” (Nilda, 63 años, miembro de una Comunidad Eclesial de Base, integrante de la FTV, barrio San Alfonso).

Los coordinadores dirigían la lectura de la Biblia a partir de materiales de divulgación elaborados por grupos juveniles, los cuales, desde la óptica de algunos entrevistados, explicaban el “Evangelio al pueblo”. En los intercam-bios grupales también se trataban experiencias de vida más amplias: a partir del texto bíblico, se recuperaban y sometían a reflexión situaciones personales, familiares y barriales. En ese movimiento, se resignificaban tanto el mensaje del “Evangelio” como las propias experiencias de vida.

Uno de los propósitos explícitos de aquellos que promocionaban la for-mación de CEBs era la limitación de la estructura de organización jerárquica de la Iglesia:

“Los curas que estaban son una tendencia de la Teología de la Liberación. Ellos impulsaban mucho las Comunidades Eclesiales de Base. ¿Cuál era la novedad? Que en vez de centrarse en lo piramidal de la Iglesia, en los curas, qué sé yo… Era en los laicos y en la palabra de Dios. Lo central eran los laicos, el protagonismo de los laicos, y la palabra de Dios y los sacerdotes o los religiosos hacían un proceso de acompañamiento de ese caminar” (José, 46 años, ex seminarista salesiano, coordinador de la escuela de formación política de la FTV).

Se ponían en tensión las posiciones jerárquicas subrayando que la función de los sacerdotes era “testificar” el acercamiento de la palabra de Dios al pue-blo a partir del vínculo directo y próximo con los “pobres”. Se acentuaban las interacciones domésticas y cotidianas, las palabras sencillas y la visita de los sacerdotes a todas las casas del barrio.

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Las particularidades de los procesos de toma de decisión también contribuían a poner en cuestión la organización jerárquica. Se elegía un coordinador por cada comunidad, y éste se integraba en un Consejo Pastoral que reunía a los representantes de las doce CEBs de la zona y contaba también con la presencia de un sacerdote.

Un número importante de actividades diarias de las CEBs, al menos en el caso del barrio San Alfonso, estaba pautado por el dictado de catequesis y la preparación de celebraciones religiosas: la representación del pesebre en Na-vidad, los viajes al interior del país para conocer santuarios, las procesiones, y los rezos, las oraciones y los cánticos insumían gran parte de las energías de las mujeres de la comunidad. Otra actividad frecuente era la “visita”12 a las familias del barrio. Esta práctica condensaba diversos sentidos; principalmente activaba convicciones religiosas, como acercar el “alivio” de “la palabra de Dios” a enfermos, “dolidos”, “necesitados” o pobres. Representaba también un procedimiento “técnico” para producir un registro sobre las situaciones fami-liares e intervenir sobre ellas a partir de prácticas de ayuda recíproca tendientes a enfrentar la enfermedad y la muerte (colectas, donaciones) o para evaluar y precisar la entrega de bienes (ropa, alimentos, etc.).

En 1995, ocho comunidades de la zona se incorporaron a la “Red de Ba-rrios” y participaron en la movilización a la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación para solicitar alimentos. Esta confluencia se explica atendiendo a una serie de particularidades de esta práctica religiosa:

- La lectura y el comentario grupal del texto bíblico, que generan con-textos reflexivos tendientes a la resignificación del “Evangelio” y de aquellos problemas que afectan las vidas particulares y la del “pueblo”; entre otros, la falta de trabajo, la pobreza y las enfermedades.

- Las actividades emprendidas en distintos puntos del barrio, que posi-bilitan una mayor inserción en los espacios domésticos y producen, de este modo, el registro y el control sobre las situaciones de vida de las familias.

- La elaboración de respuestas colectivas frente a la muerte, la pobreza y la enfermedad, como colectas y donaciones, y la puesta en funciona-miento de comedores y “copas de leche”.

12 Para Foucault (1996), la visita constituía una práctica de indagación, más precisamente, se trataba de uno de los orígenes de las prácticas de indagación jurídica. Representaba un procedimiento utilizado por la Iglesia desde el siglo X para la gestión de sus bienes, en particular por la Iglesia Carolingia y Merovingia en la Alta Edad Media. El trabajo de Zapata (2005) analiza la incorporación de esta práctica en las sociedades benéficas de Argentina durante el siglo XIX, en el trabajo social y en las acciones actuales del voluntariado de Cáritas.

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- Una organización que limita la estructura piramidal de la Iglesia permite escapar a ciertas normativas y orientaciones institucionales, y establecer un marco de alianza variable con otras fuerzas sociales y políticas.

Proyectos y estrategias sindicales

La desocupación fue uno de los temas tratados durante un encuentro sindical celebrado el 17 de diciembre de 1991 en la localidad bonaerense de Burzaco, que contó con una presencia mayoritaria de dirigentes gremiales de SUTEBA y ATE. En esa oportunidad se definió al desempleo como una de las consecuencias de “la ofensiva neoliberal sobre el conjunto de los trabajadores y el pueblo”. Al mismo tiempo, se fijó como meta la construcción de un “nuevo modelo sindical”, inserto dentro de un movimiento político y social abierto a otras organizaciones sociales que expresaran las múltiples demandas de los “sectores populares” y que reflejaran la realidad de “cinco millones de argentinos con problemas de empleo” (Debate para la organización de los Trabajadores, 1991).

En 1992, el núcleo de gremialistas reunidos en Burzaco fundó el Congreso de los Trabajadores Argentinos, y en 1996 se organizó como CTA. Con la cons-titución de la nueva entidad sindical, la desocupación se transformó en “una prioridad para la lucha”, a partir de una lectura que caracterizaba al desempleo como la consecuencia de un proyecto de acumulación propiciado por grandes grupos económicos antes que como resultado de cambios tecnológicos en los procesos de trabajo.

Los lineamientos de esta política sindical se tradujeron en una reelaboración de la figura del trabajador orientada a incorporar a los activos, los jubilados y los desocupados, y, fundamentalmente, en la extensión de la acción gremial al espacio barrial/territorial, a fin de incluir temas no sólo relacionados con el mundo laboral sino también con otros “derechos elementales”, como la salud, la educación, la tierra y la vivienda:

Una de las once comisiones13 que sesionó en el congreso constitutivo de la CTA, aquella que se dedicó al tratamiento de temas de Tierra, Vivienda y Hábitat, contó con la presencia de miembros de la Red de Barrios de La Matanza. El vínculo originario entre los integrantes de esa Red y la CTA estuvo mediado por gremialistas de SUTEBA. En particular, tras el encuentro gremial de Burzaco en 1991, se intensificaron los contactos con los representantes de los asentamientos para lograr que se incorporaran a la propuesta de la incipiente CTA:

13 El resto de las comisiones se abocaron a los siguientes temas: comunicación y cultura, industria, educación, ciencia y técnica, energía, relaciones internacionales, jubilación y previsión social, salud y obras sociales, derechos humanos, y justicia.

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“Yo hablé mucho con el gordo para que se incorpore a la CTA, que plan-teaba no una cosa pura sindical, sino una organización sindical y social, que tenía que ver con desocupados, subocupados... Después lo invité a un congreso nacional y en todo ese proceso comenzamos a caminar: ATE por su lado, SUTEBA, y el gordo. Y una vez que estaba Amadeo de secretario de Acción Social, que ya estaba muy mal la cosa, en los barrios ya estaba muy mal la cosa, una vez charlando con Juan y con otros compañeros ahí, en el Patronato, con gente del barrio decidimos hacer la primera marcha. Una marcha para pedir morfi. Fue la primera presión de una cosa así. Éra-mos como quince micros; la mayoría, gente de los barrios de esta zona. Un kilombo terrible: nos llevamos algunos bombos” (Eduardo, 55 años, sindicalista del gremio docente, ex concejal de La Matanza por el Frente Grande).

En 1997 se realizó un encuentro en el distrito de La Matanza en el que se formó una Junta Promotora cuya misión fue articular una entidad de alcance nacional para reunir organizaciones dedicadas al tema tierra y vivienda. Par-ticiparon activamente en ella integrantes de la Red de Barrios, en especial los dirigentes de la cooperativa del barrio La Alborada. El resultado del trabajo de esa Junta fue la convocatoria del 18 de julio de 1998 al Congreso Fundacional de FTV, en el cual participaron 1650 delegados que representaban a 17 pro-vincias argentinas.

En sus inicios, este agrupamiento se dedicó exclusivamente a temas vincu-lados con la tierra y la vivienda, pero progresivamente fue impulsando acciones de alcance nacional en torno al problema del desempleo:

“Recién va a ser en el ‘99 que el desocupado va a ocupar ese sector. Diga-mos, se tenía una serie de discusiones internas en la Federación, donde uno veía que al legalizarse la cuestión de la tierra, al legalizarse los servicios públicos, en realidad, si antes eras ilegal por la ocupación, ahora ibas a ser ilegal porque eras un cliente moroso de algunas de estas empresas. Si no se tomaba el tema de la desocupación, el resto aparecía subordinado a la imposibilidad del recurso cotidiano. Y empieza a aparecer la organización de desocupados, no sólo en la Federación, por la apertura de la importación y la desarticulación de la producción interna, el tema de la desocupación se empieza a poner sobre el tapete, a ser un problema nacional como no había sido antes” (Sonia, 34 años, trabajadora social, integrante del Equipo Técnico de la FTV).

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En síntesis, en el caso de la CTA, fue esta Federación la que en términos de prácticas contribuyó a generar un proceso de movilización social y de alianzas políticas en torno al problema de la desocupación, y de ese modo se articuló con la estrategia más general de esa entidad sindical en cuanto a la construcción de un modelo sindical inserto en un movimiento social y político de alcance “territorial”.

A la par de la CTA, la CCC resultó otra experiencia que definió progresi-vamente a la desocupación como eje de organización y acción sindical. Este agrupamiento se concebía como una corriente político-gremial cuyo objetivo era el trabajo dentro de todos los sindicatos y las centrales sindicales para lograr la adhesión de delegados y “agrupaciones de base”. A nivel político, se hallaba vinculada al Partido Comunista Revolucionario, de orientación maoísta.

Si bien la autodefinición “corriente clasista” intentaba enfatizar la continui-dad con tendencias históricas de organización del movimiento obrero argentino, la CCC se constituyó en el año 1994 en un acto celebrado en el salón Verdi del barrio de La Boca. La desocupación comenzó a formar parte de las acciones de la CCC a partir de la movilización de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia:

“En el ‘96 se acuerda formar los desocupados de la Corriente, pero se da el salto cuando conseguimos acá los primeros planes, que son los primeros del país. Los desocupados de la Corriente nacen acá, en Matanza” (Carlos, 54 años, presidente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y actual coordinador nacional de los desocupados de la CCC).“La CCC empezó, digamos, gracias a la Junta Vecinal, porque los que empezamos con los primeros setenta puestos, los que empezamos a tra-bajar, empezamos a armar la CCC, somos la Junta Vecinal. Y desde ahí empezaron los barrios vecinos a pedir trabajo a la Junta y se empezó a pedir un representante de cada barrio, y ahí se fue armando la CCC. Pero el puntapié lo dio Santa Emilia” (Nora, 54 años, integrante de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y miembro de la CCC).

A través de estos relatos, se puede sugerir que la conformación de la or-ganización de los “desocupados” dentro de la CCC estuvo relacionada con un modelo de política estatal centrado en programas de ocupación transitoria. Más allá de este punto, que requiere de un análisis más detallado, me interesa señalar algunas particularidades de la Junta Vecinal para comprender su vínculo con la CCC.

En esa Junta confluyeron pobladores del barrio Santa Emilia que habían tenido experiencia política y sindical previa al proceso de ocupación de tierras durante los años ochenta. Algunos de ellos militaban dentro del Partido Co-

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munista Revolucionario, otros también tenían una trayectoria como delegados sindicales y muchos habían sido militantes en los partidos comunistas de sus países de origen: Uruguay, Chile y Paraguay. Ese barrio, entonces, se erigió como ícono del trabajo de “base” del Partido Comunista Revolucionario, y en él confluyeron diversos “profesionales” vinculados a esa fuerza partidaria (médicos, maestros, psicólogos, abogados, trabajadores sociales y estudiantes universitarios) con el propósito de impulsar diferentes acciones en torno a la salud, el cuidado y la protección de las mujeres, la alfabetización y la atención de niños y jóvenes.

En 1999 se difundió un documento en el que se definió a la desocupación como una situación “impuesta al conjunto de la clase obrera, producto de una ‘modernización’ reaccionaria basada en el atraso y la dependencia” (Alderete y Gómez, 1999: 3). Asumir el problema de la desocupación como un eje para el desarrollo de estrategias políticas implicó precisar la definición de la “clase obrera”. En este sentido, en el mencionado documento se especificaba:

“La clase obrera se desconcentró, se descalificó y perdió peso salarial pero creció numéricamente, al menos en Capital Federal y el Gran Buenos Aires (…). Si sumamos el total de asalariados y desocupados, pasaron de 2.603.000 en 1987 a 4.028.000 en 1997. En esta década se proletarizaron 1.400.000 personas en el Gran Buenos Aires. Proletarización impuesta en las condiciones del atraso, producto del fortalecimiento brutal de la pro-piedad terrateniente en el campo y de esta ‘modernización’ reaccionaria al servicio de los imperialismos y los monopolios” (Alderete y Gómez, 1999: 10-11).

En la visión de la CCC, los desocupados eran definidos como una “fracción de la clase obrera” y, en términos gremiales, como un “afluente” del movimiento obrero junto con los jubilados y los ocupados. El 11 de abril de 1998, en un acto celebrado en el distrito de La Matanza, se constituyó formalmente la vertiente de los desocupados de la CCC.

Recapitulando, a lo largo de la década del ‘90, tanto la CTA como la CCC incorporaron la desocupación dentro de sus agendas, contribuyendo a transfor-mar ese problema en un eje de organización gremial y política. En ese sentido, redefinieron la figura del trabajador, la clase obrera o el movimiento obrero para incorporar a los desocupados y subocupados en los marcos de represen-tación sindical.

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Nociones legitimadoras y políticas estatales

Las movilizaciones y las ocupaciones de plazas y ministerios entre los años 1995 y 1996 expresaron un encuadre del tema de la desocupación en otros pro-blemas, como el hambre y la desnutrición. Recuperando el aporte de Thompson (1995), es posible sostener que el hambre y la desnutrición representan nociones legitimadoras de demandas y movilizaciones que apelan a normas y costumbres configuradas a partir de la implementación, durante la década del ‘80, de políticas de asistencia alimentaria destinadas a familias con jefes de hogar desocupados o de bajos ingresos. El Plan Alimentario Nacional (PAN), lanzado en 1984 por el Ministerio de Salud y Acción Social, repartió durante el año 1987 1.370.000 cajas mensuales de alimentos que cubrían a 1.340.000 familias (Grassi, Hintze y Neufeld, 1996). Esas cajas incluían aceite o grasa, arroz, fideos, azúcar, leche en polvo, porotos, corned-beef o merluza, harina de trigo o de maíz.

Las referencias a la “Caja PAN” eran recurrentes en comentarios, anécdotas, conversaciones informales y entrevistas:

“Yo tuve la Caja PAN. Eso me parece que lo hacían las unidades básicas. Para recibir esa mercadería, la caja PAN, me anoté en una unidad básica y me salió” (Zulema, 53 años, integrante de la FTV, barrio Tierra Nuestra). “Antes nunca habíamos tenido planes; la Caja PAN sí la teníamos, pero planes recién en el ‘97” (Carlos, 54 años, presidente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y actual coordinador nacional de los desocupados de la CCC).“Con el plan me voy arreglando porque mi mamá tiene una pensión, que esa pensión la conseguí, no sé si te vas a acordar, cuando te daban la Caja PAN. Bueno, ahí la anoté también a mi mamá y le salió la pensión” (Re-gistro de Campo/agosto 2002).

Unas mujeres de la CCC conversaban antes de empezar una reunión y, muy enojadas, se quejaban de la calidad de la comida del comedor de la sala de salud del barrio Santa Emilia] “Yo veo que bajan cuatro cajones: son treinta pollos, son ciento veinte al mes, pero la comida es horrible. Yo antes iba a retirar y ahora no voy más. El primer día sí que estuvo bueno: era un pastel de papa con mucha carne, cebolla y huevo; pero ahora es horrible. Hacen un pastel de carne que vos lo ves y pensás que vas a morder carne picada. ¿Y a que no adivina qué era? Corned-beef. ¿Se acuerda que eso comíamos siempre antes, que venía en la Caja PAN?” (Registro de Campo/diciembre 2005).

La Caja PAN expresaba un vocabulario compartido, una experiencia de vida y una forma de vincularse con el Estado a partir de la asistencia alimentaria.

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Otra política alimentaria que perfiló acciones en los barrios donde realicé trabajo de campo fue el Programa Alimentario Integral y Solidario (PAIS), dependiente del Ministerio de Acción Social de la provincia de Buenos Aires. Ese programa fue lanzado en 1989, en el contexto de la crisis hiperinflacionaria, y su objetivo era atender a sectores en situación de “pobreza crítica”, según criterios de NBI (Chiara, 1991). La implementación de esa política contemplaba tres instancias: organización de los grupos PAIS, abastecimiento alimentario mediante compras o comedores comunitarios, y apoyo a proyectos de genera-ción de empleo.

Los testimonios pusieron de relieve la conformación de grupos a instancias del Programa PAIS, los cuales se reunían, organizaban compras comunitarias, recorrían negocios mayoristas buscando precios accesibles y repartían la mer-cadería adquirida por “bultos” de acuerdo con la cantidad de integrantes del grupo familiar. Con el asesoramiento de trabajadores sociales que participaban en la implementación del programa, también intentaron poner en funcionamiento emprendimientos productivos como fábricas de pastas o marroquinería.

Por esa misma época, diversas organizaciones barriales, así como también las CEBs, respondieron a la crisis hiperinflacionaria y a los saqueos con la puesta en funcionamiento de comedores comunitarios.

“La pasamos muy mal en el ‘89. Yo igual era feliz porque con los compa-ñeros de la Junta Vecinal nos juntábamos los sábados a bailar y a tocar la guitarra; pero fue muy fea la situación. Todas las mujeres empezamos a cocinar para los chiquitos. Nos llegaba la mercadería de la Municipalidad, la iban a buscar los muchachos. Todos los días igual: fideos coditos, fideos coditos, fideos coditos... con aceite, con salsa, pero fideos coditos” (Gladis, 43 años, integrante de la CCC, barrio Santa Emilia).

La reconstrucción de las relaciones entre el Estado y la población a partir de políticas de asistencia alimentaria permite sostener que las demandas que impulsaron las primeras movilizaciones en torno al problema de la desocupación apelaban a una norma estandarizada de intervención estatal basada en el reparto de alimentos. Ese modo de relación con el Estado, configurado durante la década del ‘80, permeaba experiencias de vida y de organización colectiva. A la vez, activaba expectativas sociales sobre las posibilidades de demanda y sobre las respuestas esperadas de parte de funcionarios gubernamentales.

El escenario de disputa inicial configurado alrededor del problema de la desocupación fue remodelado y redefinido por propuestas estatales expresadas en los programas de ocupación transitoria. Estos programas comenzaron a im-plementarse en 1993, pero alcanzaron una mayor extensión a partir de 1995,

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con la creación del Programa Trabajar, y se unificaron en 2002 en el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Las intervenciones, definidas en fuentes ministeriales como “políticas activas de empleo”, requerían la contraprestación de los beneficiarios, en forma de capacitación laboral o de trabajo durante cuatro horas diarias en proyectos de utilidad social o comunitaria, como condición para el acceso a un beneficio monetario. Esta modalidad de política pública cimentó un vocabulario (beneficiarios, proyectos, unidades ejecutoras y or-ganismos responsables); se distinguió por la transitoriedad de los beneficios y de los proyectos, así como también por niveles de descentralización que otor-garon un papel preponderante a organismos responsables (ONGs o gobiernos municipales) en la elaboración y ejecución de actividades y en la selección de beneficiarios, y, fundamentalmente, motorizó estrategias de “focalización” de las asignaciones presupuestarias sobre el “desocupado pobre” y sobre regiones marcadas por elevados índices de pobreza.

Integrantes de la FTV reconocían que la CCC fue una de las primeras or-ganizaciones que logró acceder a planes de empleo en La Matanza. A partir de mis registros de campo pude establecer que desde 1997 se fue configurando una relación con el Estado en torno a programas de ocupación transitoria, cuando aún no se había conformado la vertiente de desocupados dentro de la CCC.

Para comprender la manera en que fueron incorporándose los programas de ocupación transitoria como una expectativa y una demanda es preciso detenerse en las características que asumió la implementación del Plan Vida en el barrio Santa Emilia. En 1995, la provincia de Buenos Aires lanzó el mencionado Plan, se trataba de un programa materno-infantil, que a nivel barrial descansaba en el trabajo voluntario de mujeres reconocidas como “manzaneras”.14 Durante el año 1996, la “Subcomisión de Damas” de la junta vecinal había procurado extender el alcance del Plan Vida al barrio Santa Emilia:

“La comisión directiva de la Junta nos dijo: ‘Hay que pelear por el Plan Vida’. La comisión directiva baja instrucciones de que la subcomisión tiene que pelear por el Plan Vida para el barrio, entonces, nosotras, como madres y como mujeres, teníamos que encarar el tema del Plan Vida y hacer que bajen el Plan Vida, porque éramos un barrio muy marginado por la ideología que tiene Carlos. Nos tenían en segundo lugar y si presionamos únicamente conseguíamos; si no, no. Bueno, empezamos a pelear el Plan

14 Este programa fue lanzado por la esposa del gobernador, la señora Hilda Gónzalez de Duhalde, en el distrito de Florencio Varela en 1994. En sus orígenes incorporó a 30.000 beneficiarios, tuvo un crecimiento sostenido durante 1996 y alcanzó a 1.000.000 de personas en 1998 (Grassi, 2003; Mas-son, 2004). En cuanto a las manzaneras: “son mujeres que viven en barrios que los funcionarios del gobierno provincial designan como ‘pobres’ a través de mediciones técnico-estadísticas del índice de NBI” (Masson, 2004: 104).

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Vida hasta que lo conseguimos. Cuando lo conseguimos, elegida por la subcomisión, una de las manzaneras era yo para entregar las raciones que correspondían a los beneficiarios. Yo tenía cuatro manzanas a cargo para entregar alimentos” (Adelina, 45 años, integrante de la Mesa Ejecutiva de la CCC).

Las integrantes de la “Subcomisión de Damas”, debido a su condición de mujeres y madres, fueron las encargadas de lograr que el Plan Vida “bajara” al barrio. Varias de ellas se integraron a ese programa en calidad de manzaneras, cuyas tareas consistían en aguardar todas las mañanas un camión de la provincia de Buenos Aires que descargaba diariamente leche y huevos, y semanalmente polenta, harina y arroz; repartir esas raciones alimentarias entre menores de seis años y embarazadas, y mantener el registro sobre la población materno-infantil de la manzana de referencia. Sin embargo, los relatos que escuché en ese ba-rrio resaltaban muy poco las funciones diarias de las manzaneras; en cambio, enfatizaban que a través de ese programa se obtuvieron los primeros setenta cupos, setenta puestos o setenta planes de empleo:

“Y la lucha de los planes también empezó desde la Junta, empezó con eso del Plan Vida. El Plan Vida empezamos unas cuantas de la comisión como manzaneras, y al empezar como manzaneras tuvimos más acceso a la señora de Duhalde, y como ella fue la que dio el puntapié por los planes, entonces, al estar en contacto con ella, en reuniones, fuimos de la comisión, fue también Carlos, reuniones con ella... Y ahí logramos tener los setenta planes, setenta puestos primero. Éramos unas cuantas de la Junta y así logramos un montón de cosas, porque estuvo la hermana de Duhalde, Cristina Duhalde, también; y reuniones tras reuniones, se fue pidiendo, pidiendo cosas, ayuda para los vecinos... Y se logró que se diera, cosa que ahora no nos dan nada” (Nora, 54 años, integrante de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y miembro de la CCC).“Chiche Duhalde ‘bajó’ al barrio, a una reunión en el jardín de infantes. Chiche Duhalde planteó que ellos estaban elaborando un plan que se lla-maría Barrios, con un sueldo de 250 pesos (…). Aquí se inició la segunda etapa del movimiento. Pasamos a darle mucha atención al detalle de los trámites, antes no le dábamos bolilla (…). Se cuidaba mantener la llegada de la mercadería para los planes alimentarios, pero en las reuniones se fueron armando proyectos de trabajo sobre el arroyo, desagües, veredas y refugios.” (Alderete y Gómez, 1999: 15).

Para la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia, el Plan Vida representó mucho más que un programa materno-infantil centrado en el reparto de alimentos. En

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los testimonios citados se destacaba la centralidad que asumió el vínculo en-tablado, a partir de la implementación de este programa, entre las manzaneras y la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires. A través de esa relación se obtuvo el compromiso del gobierno provincial de enviar 3500 kilos de mercaderías mensuales al barrio Santa Emilia para que fueran distribuidos sobre la base de un listado de desocupados elaborado por los delegados de la Junta Vecinal. Además, y esto es fundamental, en el marco de esa relación, la es-posa del gobernador se comprometió a incorporar beneficiarios del barrio Santa Emilia en el Programa Barrios Bonaerenses, que estaba próximo a lanzarse.

El acceso de los primeros setenta beneficiarios del barrio Santa Emilia al Programa Barrios Bonaerenses no fue una tarea sencilla. Desde el compromiso inicial de la esposa del gobernador en las reuniones del Plan Vida hasta el ingreso de las primeras setenta personas, medió un proceso de movilización y negocia-ción que se prolongó durante todo el año 1997. En el marco de este proceso, los planes se constituyeron en objeto de demanda, pero en lugar de ser objetos inscriptos en la dinámica del toma y daca, se transformaron en objetos por los cuales se lucha y se pelea hasta que se arrancan y se conquistan. Al mismo tiempo que los planes se transformaban en objeto de demanda frente al Estado, los integrantes de la Junta Vecinal procuraban convertirlos en una demanda para los pobladores de Santa Emilia: recorrieron viviendas promocionando los planes e inscribiendo en un registro a quienes aspiraban a obtenerlos; organi-zaron reuniones, algunas de ellas con la presencia de funcionarios estatales, y activaron vínculos de parentesco, vecindad y amistad para cimentar expectativas sociales acerca del beneficio de esos programas.

En el caso de la FTV, de acuerdo con mis registros de campo, antes del año 2000, las organizaciones miembro de la Red de Barrios fueron obteniendo vacantes en programas de empleo a partir de relaciones personalizadas y de conocimiento mutuo con funcionarios estatales. En tanto, la FTV, en calidad de tal, logró un significativo aumento de beneficiarios en programas de empleo a partir del corte de ruta de noviembre de 2000.

Para cerrar este apartado, me interesa señalar que el proceso de redefinición de la relación con el Estado en torno a los programas de empleo limitó los espa-cios de negociación y la propia formulación de demandas. Los primeros pliegos de reivindicaciones incluían la demanda de trabajo a partir de propuestas de reducción de la jornada laboral a seis horas o el reparto del trabajo socialmente existente. Sin embargo, las primeras intervenciones del Estado limitaron los acuerdos a la entrega de mercaderías y, posteriormente, las interacciones se ordenaron en función de los programas de empleo. Las demandas, entonces, se centraron en las características de estos programas: el ingreso de beneficiarios, la fecha de las incorporaciones, la reincorporación de beneficiarios dados de

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baja, el pedido de herramientas para proyectos y otras cuestiones más globales, como el pago de aguinaldo o licencias por enfermedad.

Palabras finales A través de un rastreo histórico sobre dos procesos de movilización que

ocurrieron en el distrito de La Matanza entre los años 1995 y 1996, recons-truí la configuración de un escenario de disputa en torno al problema de la desocupación en el que convergieron experiencias de ocupaciones de tierras, iniciativas de organizaciones de base de la Iglesia Católica (CEBs) y tradicio-nes político-gremiales representadas en la CTA y la CCC, cuyas propuestas se orientaron a impulsar acciones sindicales tanto en el espacio laboral como en el barrial/territorial.

En preciso resaltar que las organizaciones conformadas en los procesos de ocupación de tierras de la década del ‘80 (juntas vecinales, cooperativas, mutuales, etc.) actualizaron una modalidad de relación con el Estado asociada a la reivindicación de la tierra para incorporar en ella la demanda por trabajo.

Desde un marco de relaciones históricas, sociales y políticas, la construc-ción de la desocupación como problema implicó tanto la ocupación de espacios públicos como mecanismos de producción de saber, tal es el caso de censos y encuestas. Al mismo tiempo, las primeras movilizaciones en torno a la des-ocupación se insertaron en un encuadre más amplio de problemas vinculados con la desnutrición, el hambre o los inconvenientes alimentarios y sanitarios en general. En otros términos, esas movilizaciones se sustentaron en nociones legitimadoras (Thompson, 1995) que apelaban a costumbres, normas y ex-pectativas sociales configuradas en una tradición de intervención estatal que durante la década del ‘80 había extendido la asistencia alimentaria a familias pobres de acuerdo con los criterios de NBI y con la situación de desocupación de los jefes de hogar.

Desde un enfoque antropológico y un abordaje relacional, centrado en la categoría de hegemonía y en el concepto operativo de campo de fuerzas, se puede sostener que a lo largo de la década del ‘90 se configuró un escenario de disputa en torno al problema de la desocupación desde y contra modalidades de política estatal. En diferentes movilizaciones se reclamó el compromiso del Estado con la situación de desocupación apelando a normas y expectativas que remitían a modos estandarizados de intervención gubernamental centrados en la entrega de alimentos a familias pobres. Las iniciativas impulsadas abrieron un espacio de negociación y concertación cuyos límites estuvieron dados por el recorte de las demandas a la cantidad de mercaderías, a la forma de distribución

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de los alimentos y a la fecha de entrega de ese recurso. El escenario de disputa inicial configurado alrededor del problema de la desocupación fue remodelado y redefinido por propuestas estatales expresadas en los programas de ocupación transitoria. A la vez que este tipo de programas se transformaron en la principal respuesta del Estado frente al desempleo, desplazando a un segundo plano otras alternativas posibles, como el Seguro por Desempleo, también se transformaron en objeto de demanda y de intercambio desde tradiciones políticas, gremiales y de organización barrial.

El tema abordado en este trabajo ha sido tradicionalmente procesado desde las interpretaciones que proporcionan las teorías sobre la acción colectiva o los movimientos sociales. Tal como se apuntó en el cuerpo de este artículo, ambas teorías, sobre todo en el caso de América Latina, presentan un fuerte contenido normativo acerca de lo que se espera de los movimientos sociales y sobre las capacidades de esa forma de movilización social para mantenerse a salvo de las iniciativas estatales y de los partidos políticos. Partiendo de un enfoque centrado en la reconstrucción de campos de fuerzas sociales, aquí se trató de analizar aquellas tramas en las que la distinción entre movimientos sociales y Estado se vuelve sumamente difusa y lábil. De esta manera, considero que la configuración y redefinición de escenarios de diputa política y social desde y contra el Estado constituyen un problema a seguir estudiando. Más allá del objeto de la disputa (tierra, trabajo, vivienda, programas de empleo, etc.), será preciso preguntarse por el peso de las experiencias históricas, por las tecnologías de formulación y presentación de demandas (censos, encuestas, petitorios, etc.), por la movilización de nociones legitimadoras, por los procesos de creación de demandas entre la población, y por la fuerza de políticas estatales para modelar y redefinir esos escenarios.

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Ideología y acción colectiva del Movimiento Piquetero y su relación

con las políticas sociales asistenciales. Un análisis de caso en el Noroeste del

Conurbano

Marcelo Ribero1

IntroducciónEn las últimas décadas el crecimiento de los niveles de pobreza y desocu-

pación han servido de contexto a movilizaciones, estallidos sociales, saqueos, en el marco de cambios socio-económicos estructurales. En términos de la composición socio-económica se podrían remarcar la existencia de “favoreci-dos” y “desfavorecidos”. En lo relativo al carácter político se pueden indicar la emergencia de nuevos actores que muestran un mapa distinto de la organización sociopolítica del país y las formas de protesta, acción colectiva o demanda social. En el ámbito de los programas sociales, los cambios en el contexto también han puesto de relieve la implementación de diferentes planes sociales asistenciales, relativos al empleo y/o a emprendimientos productivos, centrados fundamentalmente en la “participación” o, mejor dicho, en la gestión llevada a cabo por las organizaciones sociales, esencialmente barriales. Muchas de estas organizaciones están formadas por desocupados o son organizaciones que 1 Licenciado en Política Social ICO-UNGS. Maestrando del Programa en Ciencias Sociales de UNGS - Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). E-mail: [email protected]. Este capítulo refleja una parte de la Memoria de Licenciatura, dirigida por María Cristina Cravino.

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detentan la representación de grupos de trabajadores desocupados. Asimismo, la mayoría se asocia y/o apoya en una organización mayor, como por ejemplo, partidos políticos y/u organizaciones sindicales.

Es en este contexto que cobra relevancia, dentro del sector de las políticas sociales asistenciales, la aparición y desarrollo de dichas organizaciones como actores relevantes en torno al manejo de “lo social”: el llamado movimiento piquetero. Para que se constituyera en un actor social de peso se dio la conver-gencia de dos factores: por un lado, la adopción del corte de ruta como metodo-logía generalizada de lucha; y por el otro, la rápida institucionalización de una respuesta por parte del Estado, a través de los planes sociales, particularmente los vinculados al empleo (Svampa y Pereyra, 2003).

En el nivel barrial la implementación de los programas sociales asisten-ciales se inscribe en un complejo entramado de actores que define diversas y múltiples relaciones entre los involucrados en el proceso, específicamente, entre los receptores de los programas y los dirigentes del movimiento piquetero. Por ello, se quiere analizar cómo se vincula la orientación político ideológica del movimiento piquetero con la visión que los lideres y los receptores de base tienen acerca de los programas sociales asistenciales y su implementación y con las formas de uso/ apropiación de los recursos que a ellos se asocian.

El estudio se realizó sobre dos movimientos: Teresa Vive (MTV) y Barrios de Pie. Ambas son organizaciones que están asociadas a un partido político (MST y Libres del Sur2 respectivamente).3 Los interrogantes que surcan este trabajo se corresponden con cuestiones que responden a la ideología del Movi-miento Piquetero y la acción colectiva: los “repertorios” que los caracterizan, y la apropiación por parte de los diversos actores de los movimientos de lo que podríamos denominar su “mensaje ideológico”, considerándolos, a su vez, como actores de las políticas sociales. Esto guarda relación con las trayectorias (laboral, política, gremial, local, barrial, etc.) de los movimientos en sí y sobre todo de sus miembros. De esta manera, se ponen en juego las resignificaciones, percepciones de los actores y también se abre la posibilidad de interrogar sobre la relación que los vincula a las políticas sociales.

Se podría marcar que en la actualidad el movimiento piquetero4 ha dejado de ser una novedad. Lo mismo respecto a su ciclo de vida, que ya podría ser

2 Antes el partido político al que estaban vinculado se denominaba Patria Libre y recientemente cambió su denominación a Libres del Sur.3 En este punto hay que aclarar que éstas son organizaciones que pertenecen a lo que se denomina como Movimiento Piquetero en referencia al conjunto de organizaciones o movimientos piqueteros. “El término movimiento piquetero alude a diversas organizaciones que se inscriben en líneas político y sindicales divergentes, y que compiten entre sí para lograr el apoyo de una misma base social, compuesta centralmente por trabajadores desocupados” (Manzano, 2003:1).4 Mantenemos el término “Movimiento Piquetero” en singular respetando el lenguaje de nuestros

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Ideología y acción colectiva del Movimiento Piquetero y su relación...

incluido entre “lo institucionalizado” (alejándose de la definición de movimiento social, como lo no institucionalizado), dentro de lo que significa el campo de lo político y social. En su defecto, aparece con una presencia naturalizada dentro de estos ámbitos. Sin embargo, su existencia sigue siendo relevante porque las organizaciones que lo componen aún “contienen” a grandes cantidades de personas, persisten en cierto sentido como “amenazantes” y son blanco del discurso ideológicamente conservador. Los mismos son vistos por algunos sectores sociales y ciertos medios de comunicación como sinónimos de cierta criminalidad, en el mismo sentido que frecuentemente ésta es asociada o ad-judicada a la pobreza. Pero también, pueden ser percibidas como potenciales objeto de disputa o de intercambio en el mundo de la política partidaria que los necesitaría, por ejemplo, como votantes, como público, como activistas/militantes, etc.

En resumen, para destacar lo relevante de este movimiento, en lo que éste implica en alguna de sus dimensiones como producto, hecho, o fenómeno social, su simple existencia y presencia lo justifica. Sin embargo, hay que remarcar que quizás en la actualidad ya no se podría hablar de los mismos piqueteros que deslumbraron y atrajeron las miradas de los investigadores de lo social, y que en la actualidad son observados inmersos en las reglas de juego de la política, ya que también fueron acomodándose a los nuevos tiempos o contextos. To-davía persisten elevados índices de desocupación y de pobreza y, por lo tanto, subsisten miles de personas “beneficiarias” o inmersas en lo que implica ser poseedor de un plan social o estar bajo un programa social, dependiendo para su subsistencia de éstos.

Para aproximarnos a nuestro objeto de estudio, empleamos como estrategia metodológica un abordaje de tipo cualitativo, es decir, se desarrolló un trabajo de campo basado en entrevistas a dirigentes, “beneficiarios” miembros de los movimientos Barrios de Pie y Teresa Vive, y a informantes claves pertenecientes a áreas institucionales de algunos municipios. Las mismas fueron realizadas durante los años 2005 y 2006. A su vez, se recurrió a documentos relativos a las organizaciones para analizarlos. Las dos organizaciones elegidas para este trabajo están asentadas en tres municipios del noroeste del Conurbano. En este territorio despliegan o desarrollan algunas de sus actividades “políticas” y “sociales”. Cabe aclarar que en dichos distritos estas organizaciones cuentan con sedes organizativas, dirigentes y miembros de base activos.

entrevistados. Algunos se refieren a “movimientos piqueteros”, pero nosotros preferimos aludir a “orga-nizaciones piqueteras” dentro del movimiento piquetero, porque entre ellos consideran que existe algún tipo de unidad ideológica o de metodología de protesta, aun cuando contengan diferentes organizaciones e identidades propias.

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El sentido de tomar estos dos movimientos se vincula a que tienen una presencia y acción social similar, pero difieren en algunos puntos relativos al aspecto ideológico-político y de cercanía con el partido que gobierna el país (Partido Justicialista), entre otros aspectos relevantes para este estudio. Así el Movimiento Barrios de Pie tiene vinculaciones con el gobierno nacional, mien-tras que el Movimiento Teresa Vive se posiciona claramente como opositor. Sin duda, esto afecta la capacidad de acceso a planes sociales, las modalidades de implementación de los mismos y la visión de la política social sectorial y general.

Movimiento piquetero: movimiento social de desocupadosLa mayoría de los integrantes del movimiento piquetero se encuentran des-

empleados. Más allá de cualquier inscripción en líneas políticas o sindicales, las bases de estas organizaciones se conforman por desocupados (aunque no dentro de una definición estadística de la situación, y sí, en cambio, más próxima a la de personas inscriptas en los problemas de empleo, sobre todo a los informales y precarios).5 Además, muchos de los mismos carecen de experiencia laboral, y se reagrupan en estos movimientos, sobre todo, por la posibilidad de acceder a planes sociales, y porque no han encontrado un lugar en el mercado de trabajo o, en su defecto, lo han encontrado de manera precaria o inestable. Teniendo en cuenta y comparando lo que representa en términos de capacidad de valor monetario un plan social ($150) y las canastas o niveles o líneas que demar-can situaciones de pobreza, los beneficiarios se encuentran en problemas para sobrevivir si en algunos casos no poseen o no logran tener otras opciones de ingresos (como lo representaban los denominados trueques, o la venta callejera, el “cartoneo”, actividades de tipo informal etc.).

5 Sobre el tema, Beccaria indica: “el desempleo no constituye, sin embargo, la única causa de las dificultades que se enfrentan para alcanzar los recursos materiales necesarios. (...) Las bajas remuneraciones suelen ser otra fuente de tensiones en la vida familiar. Las personas pueden también trabajar en condiciones que resultan insatisfactorias para su bienestar y el de sus familias. Esto último sucede con los empleos usualmente denominados precarios –como muchas ocupaciones por cuenta propia o los trabajos asalariados que el empleador no registra en la seguridad social, a los que a veces se denomina “empleos no registrados” o “en negro”– ya que, por un lado, ellos no proveen cobertura frente a situaciones tales como enfermedades (de los trabajadores o de sus fami-liares) u otros eventos que puedan afectar la capacidad para el desarrollo de la tarea. Precisamente, en las sociedades modernas el trabajo asalariado constituye el medio de acceso por excelencia mecanismos de seguridad social que procuran aislar a sus miembros de los principales efectos de contingencias como ésas. Por otro lado, esos puestos precarios suelen ser de naturaleza temporaria, lo cual provoca una inestabilidad laboral que se traduce en una variabilidad de los ingresos de los hogares” (2003: 11-12).

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La emergencia de un nuevo actor,6 en este caso, el desocupado movilizado (piquetero) remite a lo que este actor representaba antes, es decir, aquel que estaba fuera del sistema, en cierta manera sin un lugar en la sociedad, en el que el trabajo funciona el principal soporte social (Castel 1997). También se puede destacar esta situación con la imagen de la enfermedad, de la epidemia, es decir, un mal que afecta de manera colectiva o recae sobre grupos de población, pero que se vive o sufre individualmente (Kessler 1997). Por estas y otras cuestiones, Svampa y Pereyra entienden que “la emergencia y consolidación de un movi-miento de desocupados deviene a todas luces un “milagro sociológico”, como lo llamara Pierre Bourdieu (2001), Sin embargo, en la Argentina las “fallas del sistema” eclosionaron y se tornaron visibles, […] los piqueteros y, pronto, sus organizaciones se revelaron como el hecho político y social más novedoso y más importante de los últimos tiempos” (2003:52).

En lo que atañe a los problemas que se suscitan en el movimiento piquetero, éstos tienen una relevancia relativa, de acuerdo a la capacidad de movilizados o la cantidad de miembros que los constituyen, y la ideología sobre la que sustentan sus acciones. En lo que respecta a la emergencia de los fundadores7 o del movimiento en sí, la misma tiene como base una identidad colectiva en referencia a los desocupados, es decir, el actor movilizado es esencialmente un desocupado, que demanda, en principio, trabajo por lo menos para su sub-sistencia. De acuerdo a lo que señala la experiencia, estos reclamos se dirigen hacia el Estado. En este sentido, la respuesta ha sido los denominados planes de empleo temporario o, en otros términos, los “subsidios con contraprestación”. Por su parte, Munck (1995:38) agrega que “mientras que el problema de la formación de actores atañe a la emergencia de los fundadores u organizadores de un movimiento social o, en otras palabras, el actor social que organiza y orienta al movimiento social, el problema de la coordinación social tiene que ver con la constitución de un movimiento social como movimiento, o el desafío de organizar una masa descentralizada o un grupo de personas de una manera no jerárquica”.

En lo que significaría esta cuestión dentro del movimiento piquetero, se puede afirmar que, en general, más allá de una cuestión de discurso de resignifi-caciones ideológicas, la estructura y constitución de la mayoría del Movimiento Piquetero gira en torno (o se sustenta) en lo que implican los planes de empleo. Es decir, la cuestión relativa a la constitución de estos movimientos, que ins-

6 Según Svampa y Pereyra (2003:52), “la gestación de un nuevo actor social es siempre lenta y difi-cultosa, atravesada por la necesidad y, al mismo tiempo, plagada de inéditas contingencias”.7 Munck (1995:27), tomando a Tarrow (1994), refiere que “como los fundadores de un movimiento social no tienen la capacidad de controlar a sus seguidores por medio de sanciones obligatorias, deben dar coherencia a un movimiento y coordinar las acciones por otros medios”.

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criben su origen en el contexto de los problemas relativos esencialmente a la desocupación, tiene por lo tanto una base de sustento en la satisfacción de las necesidades básicas de sus miembros, como lo es la posibilidad de sobrevivencia o de la simple alimentación de aquellos sujetos movilizados, en este caso los desocupados (piqueteros). De esto puede resultar una organización, en cierta medida, presionada por la necesidad de expandirse, más allá de la sobrevivencia, por la insuficiencia del recurso estatal. Es decir, la obliga a la lucha a posicio-narse en el espacio político, lo que implica también que si el manejo de planes es problemático, su capacidad de atracción de nuevos miembros o la retención de los que tienen puede poner en riesgo al movimiento o, por lo menos, producir tensiones. En este sentido, la promesa (o expectativa) de ser beneficiario de un plan puede aliviar esta tensión y mantener su potencial atracción.

El problema de la estrategia política está ligado con la orientación hacia el cambio de un movimiento social. Según Munck, “los movimientos sociales se exponen a un grave peligro si consideran la política como algo distante, corrupto, o solamente para las elites. Porque la política tiene que ver con el poder [...] por lo tanto, no solo contribuyen a la democracia por medio de sus acciones “dentro” de la sociedad civil, a través de la democratización de relaciones en la sociedad civil, sino que existe una conexión entre los movimientos sociales y la democracia como forma explícitamente política” (1995:36-7). En el caso del Movimiento Piquetero, éste se caracteriza por su heterogeneidad en su origen y por los fundamentos ideológicos de las varias organizaciones piqueteras, lo que les otorga una diferente relación con el Estado y con lo que representa el sector político partidario.

IdeologíasLa ideología se reconoce como una dimensión fundamental en lo que

respecta a la relación que se puede establecer entre los que conforman el movimiento, sobre todo porque se trata de movimientos asociados a partidos políticos, y de esta manera la relación está explícitamente condicionada por la cuestión ideológica. En ésta se interactúa, esencialmente de manera discursiva, con la intención de formar a los “beneficiarios”, en el sentido de dotarlos de una orientación política ideológica, que es sostenida por cada movimiento.

La ideología ha sido definida más estrictamente como la base “axiomá-tica” de las representaciones sociales compartidas de un grupo. Eso significa que éstas forman la base de la identidad de grupo, esto es, las proposiciones fundamentales que corresponden a evaluaciones más o menos estables sobre criterios de pertenencia, actividades, objetivos, normas y valores, recursos

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sociales, y, especialmente, la posición en la sociedad y las relaciones con otros grupos especiales (Van Dijk, 2001).

Los movimientos sociales en forma particular, y donde podemos incluir al Movimiento Piquietero, están constituidos por varias formas de discurso intragrupal, tales como encuentros, capacitaciones, llamados a la solidaridad y otros discursos que definen las actividades, la reproducción y la unidad del grupo. La identidad social de grupo está también especialmente construida por el discurso intergrupal, por razones de autorepresentación, autodefensa, legitimación, persuasión, reclutamiento, etc.

En el Movimiento Piquetero8 la ideología es una dimensión primordial sobre la que operan los dirigentes de las organizaciones que están asociadas a un partido político, y apoyados en la oportunidad de continuidad que le ofrecie-ron las circunstancias socio-históricas al gestionar planes sociales, y organizar a sus “beneficiarios”. Es decir, estas organizaciones, en vinculación con los programas sociales, despliegan esencialmente de manera discursiva un sentido de “lucha”, de manera cotidiana con sus miembros de base (“beneficiarios”). Esto tiene como fin comprometerlos, formarlos, orientarlos de manera político ideológica. En este aspecto, en el Movimiento Piquetero se puede considerar la ideología enmarcada en apropiaciones y reapropiaciones de las políticas so-ciales. Aquí pueden aparecer, en muchos casos, lo que puede entenderse como “barreras subjetivas” de los propios receptores que, por ejemplo, también poseen concepciones y visiones propias de la política, del trabajo, etc., construidas en base a sus experiencias y trayectorias de vida.

Más allá de sus “buenas intenciones”, de educar políticamente para “libe-rar” de las opresiones de un sistema, de construir “sujetos revolucionarios”, de pretender promover “el desarrollo integral” de sujetos autónomos, etc., se encuentran en muchos de los casos con esas barreras subjetivas que al mismo nivel de la ideología, de las identidades, no permiten “germinar” o desarrollar los esfuerzos de orientar o reorientar ideológicamente a muchos de sus miembros de base. De este modo, la relación, en muchos casos, entre dirigentes y bases se ve afectada por estas tensiones, y además por la amenaza y la urgencia que puede imprimir la dinámica de la política, y especialmente la realidad social,

8 A partir de la resignificación de los planes sociales vigentes, algunas de las organizaciones piqueteras intentan dar respuesta a las necesidades más inmediatas de quienes participan en la organización (ali-mentación, salud, calzado y vestimenta, entre otros). Al mismo tiempo que a través de estas prácticas de trabajo autogestivo intentan recrear el escenario laboral diluido en los últimos años, a partir de recuperar el trabajo, que funcionó durante décadas como el principal vector de integración social para la mayor parte de la sociedad en nuestro país. Sobre el tema se puede consultar el trabajo de investigación de Lorena Bottaro (Tesis de Lic. en política Social ICO-UNGS, 2003). Sobre esta cuestión, también se puede recurrir al trabajo: “Los programas de emergencia ocupacional, las organizaciones de desocupados y el Estado: Una relación conflictiva” de Mariana Barattini (2002).

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que puede llegar a cambiar o transformar esas circunstancias favorables para el desarrollo de las organizaciones sociales como actores/gestores de las políticas sociales, y de esta manera quedarse con menos miembros que son beneficiarios. Esto también puede traducirse en una tensión por las necesidades: del lado de las organizaciones políticas y en el caso de los miembros de base receptores de planes, éstos buscan adecuarse relativamente a las dinámicas a fin de no quedar al desamparo de la incertidumbre (no tener un ingreso ni expectativas).

Actores y procesos: un análisis de la gestión de las políticas sociales en el marco de movimiento piquetero

El movimiento piquetero, de acuerdo a sus orígenes y posterior desarro-llo, constituye un conjunto de organizaciones que en términos ideológicos se distinguen por una cierta heterogeneidad y, de esta manera, también se pue-den diferenciar en cuanto a sus objetivos. Para este trabajo esto constituye la orientación política-ideológica de cada organización piquetera, es decir, el conjunto de principios o ideario y los objetivos de carácter político. En este sentido, estas formas organizativas se sustentan en un sistema de ideas y prin-cipios de carácter político que, en gran medida, orientan la acción. Es decir, las determinadas formas de acción colectiva de un cierto movimiento social u orga-nización piquetera se constituyen por un conjunto de repertorios y metodologías de organización y son la expresión objetiva en la acción. A su vez, las formas de acción colectiva son parte de la expresión de la significación, resignificación o apropiación del sistema de principios e ideas que adoptan los sujetos en este sentido, orientan la acción. En síntesis, cada organización piquetera posee una determinada orientación política ideológica que se expresa en determinadas formas de acción colectiva.

En términos del manejo de “lo social”, el Movimiento Piquetero como un actor relevante “dispone” de planes sociales asistenciales relativos a formas de empleo temporario y también de programas de desarrollo productivo de tipo comunitario. A su vez, se vinculan a la gestión o auto-gestión de comedores y otras instituciones barriales de contención social.

En el marco de las formas de acción colectiva y la orientación política-ideológica propia de cada organización se puede comprender las modalidades de uso/apropiación de los programas sociales, así como también en lo que concierne a una modalidades de implementación.

En lo que refiere a las primeras, se pueden considerar dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva. Respecto a la objetiva implican dos aspectos: el cómo y el para qué. En otras palabras, las maneras y/o formas, y también los

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sentidos o finalidades del uso de “lo social” en el marco de una determinada organización piquetera. En cuanto a la segunda, es decir la subjetiva, se debe incorporar en el análisis las visiones, percepciones de la construcción discursiva de los sujetos.

Por su parte, las modalidades de implementación significan, por un lado, una determinada relación con el Estado y, por el otro, las formas de distribución interna, en el sentido de los mecanismos de decisión de redistribución de los recursos.

En el comienzo de este trabajo se señaló que en el contexto de las últi-mas décadas se dieron una serie de procesos de significativa transformación socio-económica-política. Las personas que participan de estos movimientos, por lo general, conocieron tempranamente la situación de haber “caído” y se constituyen en una doble identidad: por un lado, “beneficiarios” y, por otro, piqueteros.

En el contacto entre los miembros y sus organizaciones, éstas se constitu-yen en una suerte de medio donde se ponen en juego procesos de nivel macro (lo económico, lo social, lo político), y los de nivel micro, de las situaciones de los actores (recursos, capitales, trayectorias, necesidades). Las trayectorias personales también nos dicen algo relativo al por qué los actores llegaron a ser parte de los piquetes o marchas. Por otra parte, viendo a los movimientos como organizaciones que intervienen en la gestión/implementación de políticas sociales, se los puede indicar como actores que intervienen en un proceso que implica una cierta complejidad como organización.

Programa de Empleo Comunitario (PEC). Lo que nos dice la letra de un programa social

La “letra” de un programa nos ofrece ver los objetivos generales y espe-cíficos, su definición de actores intervinientes, los derechos y obligaciones de cada uno, pero también sus concepciones implícitas de la pobreza, de la cuestión social, etc., que constituyen la dimensión de los objetivos implícitos en lo que se mueven.

El Programa de Empleo Comunitario (en adelante PEC) se muestra como central porque es aquel en el que se enmarca, desde hace un tiempo, la relación entre dirigentes y “beneficiarios”, ya que está integrado en su mayoría por miembros del Movimiento Piquetero.

De acuerdo a lo que establece el PEC en su Manual Operativo, éste se pro-pone brindar ocupación transitoria a trabajadoras/es desocupadas/os9 con baja

9 Las condiciones de focalización son las siguientes: ser desocupadas/os, de baja calificación laboral, mayores de 16 años, que no se encuentren percibiendo prestaciones previsionales o por Seguro de Des-empleo, ni estén participando en otros programas de empleo o capacitación nacionales, provinciales o

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calificación laboral a través de la ejecución de distintos tipos de actividades que tiendan a mejorar las condiciones de empleabilidad de los/as beneficiarios/as y/o la calidad de vida de la población de la comunidad a la que pertenecen. Es así que se contempla como líneas de acción de los proyectos: prestación de servicios, actividades ligadas a la construcción, actividades productivas, actividades rurales, terminalidad educativa y capacitación laboral. Además este programa incluye un componente destinado a atender en particular a trabajadores desocupados con discapacidad y baja calificación laboral.10

La cuestión temporal de las actividades11 es algo fundamental en la relación que establecen las organizaciones con los “beneficiarios”. De las entrevistas se desprende que existe la posibilidad de que se sume alguna actividad al margen de lo que realizan dentro del movimiento. Esto puede generar tensión en la relación “beneficiarios”-dirigentes, si no se no responde a los compromisos con éstos últimos, más allá de los horarios establecidos. Sin embargo, los miembros de base tienen el “refugio legal”, si hacen valer su condición de “beneficiario”, en cuanto a disponibilidad de tiempo.

En lo que atañe específicamente al Movimiento Barrios de Pie,12 de las entrevistas se desprende que la agrupación disponía de una capacidad relativa-mente “mayor” en cuanto a su posibilidad de trabajar de una manera cercana o vinculada al Estado Nacional, en particular al Ministerio de Desarrollo Social. En este contexto recibían talleres de capacitación.

En lo que respecta al Movimiento Teresa Vive, se pudo observar que su “trabajo social” se proponía recrear un lazo laboral en el marco de las ciertas actividades tales como huertas, comedores, etc. Cabe mencionar que la dispo-nibilidad y capacidad de gestionar socialmente de tal agrupación tenía sus limi-taciones; quizás mediadas por los enfrentamientos o acercamientos al Gobierno Nacional y local. En este aspecto se puede agregar que como en muchas de las organizaciones con una orientación política ideológica “similar”,13 la cuestión en torno al trabajo dentro de las organizaciones tiende a buscar una integración

municipales, ni estén incluidos en el Programa Jefes de Hogar, excepto aquellos beneficiarios que sólo reciban el pago de alguna compensación exclusivamente en concepto de gastos de traslado y refrigerio. No podrán participar quienes aun reuniendo estos requisitos, perciban otros beneficios de la seguridad social, o pensiones no contributivas, excepto las otorgadas en razón de ser madre de 7 hijos o más, ex combatientes de Islas Malvinas o por razón de invalidez. 10 En el aspecto relativo a las prestaciones se establece que todo beneficiario titular percibirá una suma mensual no remunerativa de $ 150, en forma directa e individual.11 En todos los casos, las actividades no pueden tener una dedicación horaria inferior a cuatro horas diarias o superior a seis de acuerdo a las características de las mismas.12 Este movimiento se caracteriza por una acción de tipo territorial y comunitario, y tenía como base de sus actividades la propuesta de la educación popular. 13 Por ejemplo, Frente de Trabajadores Combativos (FTC), Unión de Trabajadores Piqueteros (UTP), etc.

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o reintegración de tipo clasista. Es decir, se busca plantear una ideología que intenta pasar de una visión de los desocupados como los sujetos a incluirlos dentro del marco de la clase trabajadora, y de esta manera todas la actividades propuestas giran en relación a hacer que estos “recuerden”, “se reconozcan” dentro de esta clase social, aunque ni siquiera cuenten con una experiencia laboral14 que los remita a aquella.

En el año 2006 se observó un proceso de traslado o “pases” a otros pro-gramas, en el marco de lo que podríamos inferir como una reestructuración de las políticas sociales. En algunos casos este traspaso fue compulsivo y en otros existió la posibilidad de optar, aunque existían criterios relativos a las califica-ciones y posibilidades de ingreso al mercado laboral de las personas. En rasgos generales, los poseedores del Programa Jefas y Jefes de Hogar podían optar por el Seguro de Capacitación y Empleo; y aquellos que no terminaron la secundaria y tuviesen dos o más hijos (aunque esta medida estaba especialmente dirigida a la mujeres) podían pasar al programa Familias por la Inclusión Social.

Por el contrario, las posibilidades de traspaso de los beneficiarios del PEC a otros programas no fueron fáciles, sino que más bien dificultosas. Sin embargo, de acuerdo a lo que se logró indagar en la oficina descentralizada del Ministerio de Trabajo, la mayoría de los “beneficiarios”, miembros de las organizaciones piqueteras, percibía el plan PEC (sin tarjeta de débito), aunque se iniciara un proceso de traspaso al Plan Jefas y Jefes de Hogar. La obtención de los ingresos bajo este último programa se efectuaba a través del uso de una tarjeta de débito, lo que conllevaría, en ciertos casos, a la “desarticulación de algunas organizaciones”; o, por lo menos, la “sensación” de “debilitamiento” del marco de apoyo del Estado a algunas organizaciones (en particular, con aquellas que no pueden considerarse como cercanas al gobierno). Así, se efectivizaría la desarticulación de la percepción del plan originario, puesto que éste dejaría de ser gestionado por la organización y en su lugar se obtendrían los ingresos por medio de un trámite individual.

Algunas cuestiones relativas a las políticas sociales del contexto cercano: situaciones posibles de un potencial beneficiario

En este apartado, se intenta brevemente “rescatar” algunas de las imágenes de la pobreza, de las situaciones asociadas a la “cuestión social” que Castel (1997) aporta desde su obra, como idea del contexto en el que se encontraban

14 Excepto el Polo Obrero, y lo que opina su dirigente máximo Jorge Altamira, donde el piquetero constituye desde esta visión una clase nueva.

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los entrevistados (“pobres”) del noroeste del Conurbano Bonaerense. Es decir, las experiencias de vida de su situación de pobreza y los posibles escenarios o caminos que debe recorrer un potencial beneficiario de un programa social. frente a la urgencia de la subsistencia.

El contexto de los últimos tiempos se puede apreciar en dos cuestiones aso-ciadas: la desocupación y la pobreza.15 Los desocupados “pobres” que ingresaron al Movimiento Piquetero tuvieron que pasar, sufrir (y en gran medida sufren aún hoy) algunas de las consecuencias asociadas a la no participación en alguna relación laboral. También, suelen padecer las consecuencias de estigmatización, persecución, discriminación, por estar dentro del movimiento, pues se los identi-fica como potenciales “amenazas” al orden social. La situación de desocupación sitúa a los sujetos en un contexto de incertidumbre por su existencia.

De lo observado en el trabajo de campo, se puede precisar que la “llegada” a un plan social requiere además de superar el “filtro” del objetivo del programa, que generalmente se dirige a focalizar a los más pobres entre los pobres, contar con el conocimiento del entorno, lo que puede significar acceder a personas cla-ves, preguntar adecuadamente, e incluso adoptar una determinada actitud.16

Los gobiernos municipales, al igual que las organizaciones sociales piquete-ras, son un espacio privilegiado para lograr los contactos necesarios para obtener un plan. En general, cuando acudían a las oficinas municipales, significaba que las personas ya habían pasado la instancia de solicitud de un plan o incluso habían sido convocados por los referentes políticos en los barrios, se habían inscripto en instituciones barriales, etc. Es decir, dentro de la órbita de las polí-ticas asistenciales contaban con sus respectivos comprobantes o certificaciones de tramitación y de “pre” aprobación, lo que implicaba una relativa seguridad o en otras palabras una mayor esperanza de tener un subsidio asistencial.

En el “momento” del reclamo, de expectativa de ser beneficiario, se podía observar en las oficinas municipales personas que manifestaban su situación como de desesperación al no tener posibilidades de ingresos. En el trabajo de campo se hizo notorio, casos que venían a reclamar (habiendo pasado la cuestión de entrega de documentación) basándose en las situaciones de otros vecinos (en similar estado que los reclamantes) que ya estaban cobrando el

15 De acuerdo a Castel (1997), en determinados momentos históricos, aquellos sujetos que caían en situación de desocupación vivían, en algunos casos, aislamiento social, una suerte de coacción que conduce a falta de pertenencia en el sistema. En la actualidad los pobres desocupados o sujetos inmersos en los problemas de empleo, ya mencionados, y en el extremo de estar “sin trabajo” y sin ingresos, son portadores de una “invalidez” para ciertas relaciones laborales o del mercado laboral en un momento determinado. Asimismo, Castel (1997) hace referencia a una indigencia valida móvil (en relación a los vagabundos) tratada como cuestión policial. En el caso que nos ocupa encontramos una cuestión de criminalización de la pobreza, ya que representan un potencial foco de desestabilización social.16 Estos temas pudieron ser advertidos en el marco del trabajo de campo que se extendió alrededor de un año, en un área en la que se gestionan varios programas sociales en el nivel local.

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subsidio. Los beneficiarios que se encontraban en los padrones en calidad de tales representaban mucho menos de la mitad de los que inicialmente se habían inscripto y que se adecuaban al perfil requerido. De esta manera, los que en su gran mayoría había quedado afuera de este beneficio, a veces no entendían y buscaban respuestas que no eran posibles responder, ya que las decisiones parecían remitir a las “alturas” de las oficinas del ministerio, que trataría las cuestiones sociales. Esto sin duda agregaba un motivo más para la incertidumbre cotidiana.

Muchas de las personas decepcionadas que quedaban fuera del plan, contaban que ellas mismas habían llevado a sus vecinos, familiares a las ins-cripciones y éstos lo estaban cobrando. Incluso, denotaban que las condiciones habitaciones y socioeconómicas de los beneficiarios eran mejores que las suyas (tenían mejor casa, menos hijos, los que los hacían pobres pero menos pobres que ellos). Esto es vivenciado como una situación de injusticia, que se suma a la incertidumbre.

Estas situaciones, como parte del marco que imprime el sistema, influyen en la solidaridad inicial de los vecinos, de personas que se encuentran en con-diciones similares (enfrentamientos, tensiones, conflictos de “pobres contra pobres”), y son producto de la focalización y de los márgenes que permiten la lectura de la letra del programa por parte de los que intervienen en este proceso. De esta manera, estos gestores, pueden definir las posibilidades de obtención de un plan social para algunos sí y para otros no, cuya visión puede estar condicionada a los intereses particulares. Esto “decisores” en el ámbito de lo local o barrial son poseedores de una posición política que los coloca en un rol de mediadores.

Partiendo de la afirmación “no había planes para todos”, los empleados municipales daban como respuesta que “ya no se estaba inscribiendo a nadie”. Sin embargo, según la “actitud de pobre”, la “imagen de pobre”, o a veces el nombrar a personas claves, la persona era derivada a algún área donde se ha-blaba de la posible existencia de algún plan o, en su defecto, de una asistente social que trataría su situación particular. Es decir, tampoco en los ámbitos municipales se sabía a ciencia cierta lo que podía suceder con los padrones de “beneficiarios”, es decir la posibilidad de que a alguien se “le dé de baja”, lo cual estaba supeditado a procesos de dimensión política.

Sobre lo referido anteriormente, se podría tomar la imagen de los burócra-tas del nivel de la calle (Lipsky 1976, citado en Chiara Di Virgilio, 2005),17 personas sobre las que recae las responsabilidades de interactuar cotidiana-

17 También citado en Berman, P, (1996: 303): “El estudio de la micro y macro implementación”. En: Aguilar Villanueva, L. F. (ed): La Implementación de las Políticas. Miguel A. Porrúa. México. Pp. 281 -320. Lipsky, Michel. (1971): “Street – Level Bureaucracy and the Analysis the Urban Reform”.

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mente con los sujetos (que se acercan a una organización pública o unidad de gobierno), que tienen que cargar con las limitaciones del caso o del sistema, pero que, sin embargo, tiene un cierto peso en la implementación de una cierta política social, lo que les va a permitir decidir sobre la necesidad del sujeto que tienen enfrente.

Resulta pertinente agregar que muchos de los que atendían a los que reclamaban por sus problemas con los planes de empleo eran ellos mismos receptores de algún programa similar. Por lo general, en estos casos las tareas comprendían ocho horas diarias, pero existía además la posibilidad de tener que realizar tareas de carácter político partidario, aunque estas últimas no eran reconocidas como de carácter obligatorio (generalmente se trataban moviliza-ciones, reunión de comando, etc.).

Repasando lo señalado en este apartado, así como “no hay trabajo para todos”, parecería que tampoco “hay planes para todos”.18 En este sentido los sujetos que entrevistamos quedan fuera del mercado laboral, pero es probable que también estén fuera del sistema de políticas sociales. Viven en una suerte de “coacción” por la necesidad y obligados por las circunstancias a moverse entre: tratar de ingresar o reingresar al mundo laboral o al de las políticas sociales. Esta situación genera un tipo particular de sujeto, el que se encuentra en “el grupo en expectativa”, es decir, a la espera o promesa de alguna ayuda o plan. Éstos últimos están sujetos a caer, regresar, rotar de posición, durante el tiempo de espera. Además deben esforzarse por ganar puntos o competir, para estar más cerca de la posibilidad de obtener el plan que le posibilita algún grado de seguridad, una seguridad muy relativa ya que siempre está la posibilidad de la pérdida o de baja.

En la mayoría de los casos entrevistados, los sujetos previamente a su ingreso al movimiento piquetero tenían una vida centrada en las diferentes ocupaciones relativas a la vida familiar y/o al trabajo. Cuando en sus vidas se quebraron los soportes que la sostenía, comenzaron un camino que los llevó a los cortes de ruta, al partido y al movimiento.

Así, para Adela del Movimiento Teresa Vive su vida se quebró cuando se separó y debió hacerse cargo de su familia. Por su parte, Albertina, una señora mayor, entrevistada del Movimiento Barrios de Pie, ante el fallecimiento de su compañero necesitó ocupar su tiempo y cubrir sus gastos, sola. En los casos de dos jóvenes de Movimiento Barrios de Pie, una quedó desocupada, y tenía que ayudar al grupo familiar, y otra no tenía ninguna experiencia laboral, con la necesidad de tener un ingreso. Por su parte, Alberto, un entrevistado del MTV, quedó desocupado, y luego (y vinculado a ello) se produjo la ruptura de su ma-

18 En lo referente al tema del manejo de lo social, para tratar de ser “beneficiario” se debe pasar por lo que constituye todo un entramado de relaciones e intereses que acompaña a toda política pública.

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trimonio. Éstas son sólo algunas de las razones por las cuales los entrevistados citados comienzan a movilizase. En gran medida, podríamos trasladar estas experiencias a las de muchos de los integrantes de los movimientos piqueteros. Estas circunstancias se daban en un contexto socioeconómico, que como ya se indicó, no ofrecía (ni ofrece) muchas opciones u oportunidades como salida a las urgencias de la desocupación a los sujetos que deben buscar salidas para garantizar su “subsistencia”. De los datos recabados pudimos determinar que muchos empezaron por buscar y/o pedir ayuda a personas cercanas, o a quie-nes estos los mandaran, por diferentes lugares o ámbitos. Todo esto hasta que desembocaron en el movimiento donde, según los entrevistados, tuvieron la posibilidad de protección, de una relativa seguridad, donde pudieron tener un desarrollo personal, interrelacionarse, establecer o crear lazos de tipo afectivo, es decir establecer una nueva sociabilidad. No obstante, en algunos casos, se pudo inferir algún rasgo de decepción en lo que respecta a su vida en el mo-vimiento.

Desde toda esta experiencia, desde el lugar al que han llegado, es desde donde se podría considerar a los entrevistados como poseedores de una particular visión sobre las políticas sociales.

¿Cómo puede conceptualizarse la relación entre receptores de programas asistenciales y movimiento piquetero?

El Plan Jefas y Jefes de Hogar tenía pretensión de universalidad (o derecho universal de inclusión social, como lo expresaba su formulación), mientras que, por lo general, en el Movimiento Piquetero gestionaban el Programa de Em-pleo Comunitario. Ambos programas intentaban no encuadrarse en un manejo discrecional o prácticas clientelares.

En lo que atañe a la conceptualización del clientelismo se utilizan varias significaciones. En este sentido se lo puede considerar como una relación utili-taria de la política, y de algún grado de identificación con los líderes (Svampa-Pereyra, 2003:49). Otra de las visiones menciona que el clientelismo es una forma de intercambio diádico de bienes y servicios no equivalentes, basada en el afecto y la confianza entre patrones y clientes. El patrón brinda en general ayuda económica y protección contra abusos de autoridad. El cliente, apoyo político y lealtad-fidelidad. También, se lo concibe como una relación de dominación establecida como una relación de intercambio, en la cual un individuo de status socioeconómico más elevado (patrón) usa su propia influencia y recursos para proveer de protección o beneficios, o ambos, a una persona de un status menor (cliente), quien, por su parte, obra recíprocamente ofreciendo apoyo general,

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asistencia, servicios personales y fidelidad a su patrón. En este sentido, los arreglos clientelares están construidos sobre transacciones asimétricas, aunque en cierto sentido, mutuamente beneficiosas y abiertas, basadas en el control diferencial que los actores tienen sobre el acceso y el flujo de recursos en una sociedad. De acuerdo a esto se pueden establecer “las características elemen-tales distintivas de una relación clientelar: 1) es desigual; 2) es personalizada; 3) implica intercambio; 4) es informal y difusa (Farinetti, 1999: 86).

Los vínculos entre muchos patronos y muchos clientes facilitan la conexión con el orden institucional y le otorgan al clientelismo la característica de una estructura de mediación, sin reducir al clientelismo a un intercambio diádico, entre los beneficiarios o potenciales beneficiarios de los programas y ayudas sociales que reclaman al gobierno en sus distintos niveles (Grassi, 1996). Esta estructura de mediación constituye para Auyero (1997) una red de resolución de problemas que produce y articula una forma de vida política particular con reglas y prácticas específicas. En este sentido, “la red de resolución de problemas consiste en una serie de círculos de forma irregular que pivotean alrededor del puntero o referente, quien se relaciona con los miembros de su círculo íntimo con lazos fuertes de amistad o parentesco y con su círculo externo por medio de lazos débiles e intermitentes” (Auyero, 1997: 58). Además, el mismo autor considera que esta es una manera de hacer política mediante la negación de la política (Auyero, 2001).

Intentando analizar el PEC, podría plantearse la idea de que dados sus obje-tivos y forma de implementación existía una mayor flexibilidad en torno al perfil del beneficiario, lo cual permite una cierta discrecionalidad en la selección de los beneficiarios, por parte de los encargados de la gestión, en este caso los líderes de estas organizaciones. También en este aspecto se podría entender que tienen la posibilidad de recibir dentro de estas organizaciones a aquellos que quedan fuera del otro programa (Jefes y Jefas de Hogar), pero en este punto se tiene que considerar que, como se refleja en lo dicho por los entrevistados, existen cupos o una capacidad limitada en cuanto al acceso a planes y de esta manera de beneficiarios que conforman sus bases. Esto significa que las organizaciones piqueteras llevaban adelante una “lucha” constante por aumentar esos cupos; y además, por parte de aquellos que quieren “poseer” esos planes también presio-nan por ser incluidos y ser miembro de una organización piquetera.

La estructura de las organizaciones piqueteras se encuentra jerarquizada: en su interior se encuentra un nivel superior, dirigencial, de coordinación. Luego estarían aquellos que ocupan el lugar de nexos (también coordinadores) entre los primeros y los “beneficiarios”, y finalmente, estarían los receptores, en un lugar de subordinación.

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En la relación que se da entre beneficiarios y dirigentes puede haber lugar a tensiones. Algunos de los entrevistados señalaron que les resultaba difícil (a pesar de las intenciones de la dirigencia de estos movimientos de despegarse de la imagen/discurso que los dirigentes no constituyen “políticos comunes” (que es generalmente negativa o por lo menos de desconfianza). Desde la dirigencia, en algunos casos, se refirieron a ciertas actitudes de los “beneficia-rios” que daban la imagen de distanciamiento o de falta de compromiso con el movimiento. Estas últimas eran comprendidas en que eran actitudes producto o influenciadas por el individualismo del paradigma neoliberal, que marcó la sociedad de los últimos años. Se puede pensar que en realidad los receptores no reconocían a los movimientos como ámbito de desarrollo personal, es decir, tenían un horizonte de expectativas puestas en otros ámbitos, lejanos a lo que tiene que ver con la política y el barrio.

En la relación particular dentro del movimiento es posible asociar la imagen del dirigente con la de un “patrón” o jefe, pero político, que se refleja en la posición de autoridad frente a sus bases se aleja de la de un compañero (más). No obstante, es relevante remarcar que dicha posición,19 en la mayoría de los casos, surgió por una cuestión de necesidad (urgencias socioeconómicas).

Si se rastrea el origen de la inserción barrial de las organizaciones piqueteras, se observa una particular forma de llegar a los barrios y hacer contacto con los vecinos (potenciales beneficiarios). Generalmente, el inicio fue establecer un comedor y proyectar actividades comunitarias que se adecuaran a los objetivos del programa (PEC). Entonces, podría entenderse como un proceso que se fue “politizando” desde el inicio el acceso a los planes. En este campo de relaciones se pueden marcar también situaciones de “ascenso” o “descenso”, en el sentido de que “simples beneficiarios” con vocación y ambiciones de participación política, en el marco de la disputa por espacios de poder quisieron tener un lugar de autoridad dentro del movimiento. Así pudieron “escalar” posiciones, pasando de simple “beneficiario” a ocupar un lugar de dirigente, en particular desde la posición de un partido político.

Las dimensiones que surgen de la visión teórica del clientelismo, nos ofrecen la posibilidad de discernir los compromisos sociales o arreglos de tipo clientelar entre sujetos que asimétricamente se interrelacionan por medio de un recurso social (plan) con expectativas y objetivos en algunos casos diferentes. En este sentido, la relación que se observó dentro de las organizaciones piqueteras entre beneficiarios / miembros de base y los dirigentes (coordinadores, en sus distintos niveles, pero especialmente con los que provienen del partido), nos pondría en

19 Según lo que se reconoce en las entrevistas y por lo que se puede inferir, por parte de lo que expresan los dirigentes y algunos documentos, sobre todo en la cuestión de establecer un proceso de formación o de orientación política ideológica.

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la posibilidad de relacionarla con la idea de clientelismo. Sin embargo, existe una particularidad: un “proceso” de formación política desplegada hacia los beneficiarios. De esta forma, ese clientelismo no se explicita desde el inicio, sino que tarde o temprano emerge la necesidad de votos cuando se expresa la cara partidaria de los movimientos. Esta práctica se hace evidente en las tareas que forman parte de lo “no obligatorio” de acuerdo a los programas.

Tiene sentido hablar de un arreglo de tipo clientelar cuando se observaron situaciones de coacción, de amenaza de dar de baja a un beneficiario, cuando no se cumple una tarea fuera del tiempo estipulado y exclusivamente partidaria o cuando los grados de compromiso con el partido son parte de la calificación y de la evaluación de la permanencia como beneficiario, y sobre todo cuando se le obliga a la afiliación al partido. En este aspecto se puede agregar que, de acuerdo a lo que surgió de las entrevistas y del análisis de los textos o docu-mentos de los partidos asociados a estos movimientos, se pretende poner en marcha un proceso de transformación de “beneficiarios” en militantes/votantes, no sin tensiones.

Esta última situación se origina o se produce, en algunos casos, cuando a la búsqueda de la formación ideológica, de la capacitación para la constitución de un militante, a este “ejercicio” de educación, se le suma la “voz” que pone de manifiesto las diferencias, las asimetrías de poder y de necesidades, cuando los que deberían asimilarlas no demuestran que alcanzan las expectativas que se requieren. Es decir, la dimensión clientelar estaría “en las maneras de hacer sentir”, marcando que no se está alcanzando el reconocimiento de la cuestión del partido o de la ideología, que se pretende desde el nivel dirigencial. Desde la parte que tiene el poder (de otorgar la baja o el alta del plan) le surgen las necesidades de asegurarse militantes/votantes, o incluso de dar ejemplos disci-plinantes. En este sentido, desde el nivel dirigencial se establece una actitud de evaluación de los “beneficiarios” de acuerdo a un “perfil” de militante. Así, si una persona en el proceso de formación no ha “germinado” satisfactoriamente, se considera que el plan puede estar “en mejores manos”, es decir, en alguien con mejor potencial de militante.

Las tensiones se observaron con mayor crudeza en algunas experiencias de nuestros entrevistados, ya que por ejemplo en la elección del año 2006 se vieron obligados algunos de los beneficiarios del plan Jefes de Hogar a integrar un grupo de “apriete”. Es decir, desplegar actividades relativas al ejercicio de vio-lencia contra cualquier activista o militante opositor que estuviera realizando las típicas actividades proselitistas en tiempo de elecciones. La amenaza de perder el plan si no se accede a realizar actividades de tipo partidaria un entrevistado la enmarcaba en “una mini guerra de pobre contra pobres”.

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En la cuestión que habitualmente se relaciona con la idea del clientelis-mo, uno de los entrevistados del Movimiento Barrios de Pie afirmaba tener conocimiento de que estar más cerca del poder local, de los punteros, de su red siempre posibilita conseguir un plan u otro beneficio: “la diferencia es que nosotros tenemos PEC (Programa de Empleo Comunitario) y tenemos que hacer una contraprestación por lo que se recibe”. Otros entrevistados del Movimiento Barrios de Pie, en lo que refiere al significado del clientelismo, lo resumían a: “si querés algún beneficio tenés que hacer lo que ellos quieran (los políticos).” En este sentido se puede inferir que estas observaciones remitían a la cuestión del poder que tienen los dirigentes políticos de disponer de recursos, y de otor-garlos a los que se adecuan a sus intenciones, o también se pueden comprender dentro de sus círculos de proximidad.

En otra de las entrevistas realizadas a miembros del Movimiento Teresa Vive se trataba de relatar alguna de las experiencias propias o cercanas y conocidas, con relación al clientelismo, lo que implicaba hablar de cómo se maneja la política y sus actores en el ámbito del barrio y de los municipios. El ejemplo se centraba en la historia de una “conocida”, que empezó lo que podríamos considerar como su carrera política trabajando a nivel del barrio, con los diferentes planes asistenciales que pueden pasar por las manos de estos trabajadores políticos, también tenía un acercamiento con el municipio. Pero en las elecciones del 2006 de manera vertiginosa “terminó” postulándose para intendente por el ARI y, según uno de los entrevistados del Movimiento Teresa Vive, “tiene séptimo grado, nada más”. Muchos de los que tienen las características de la protagonista de la historia, tienen como punto máximo en su trayectoria política la posibilidad de postularse como candidato a concejal. En este sentido, los entrevistados marcaban el hecho de que en la trayectoria política de estos sujetos hay muchos movimientos según los diferentes grupos o corrientes internas20 que aparecen, lo que en términos de uno de los entrevistados del Movimiento Teresa Vive, representaban ser “los veletas”, y que era posible también encontrar dentro de algunas de las agrupaciones piqueteras.

Un entrevistado, marcaba las diferencias de la trama clientelar en el caso de las manzaneras. Para él éstas eran “punteras” del partido gobernante, pero en calidad de “instrumentos” que no usaban la violencia, pero si una especie de control siempre presente. Entonces, “las manzaneras son el primer filtro... y utilizan los planes alimentarios para hacer carrera política”, pero actuaba o trabajaba a nivel de las familias y, en especial, con las mujeres.

20 Pertenecientes al partido justicialista.

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Políticas sociales desde la visión de los actores del movimiento piquetero

Este apartado se estructura de acuerdo al objetivo que implica dar respuesta a dos preguntas: 1) ¿Cómo utilizan y resignifican los programas sociales en el Movimiento Piquetero? ¿Cómo perciben a las políticas sociales y programas sociales?; 2) ¿Cómo las implementan? ¿Cómo definen quiénes son los benefi-ciarios? ¿Quiénes acceden a los recursos? ¿Cómo administran los recursos de los programas sociales?

Miradas sobre los programas sociales

Movimiento Teresa Vive

En lo referente a las políticas sociales, las entrevistas dejaron reflejada una visión negativa de su situación, ya que se las comprendía como un “ins-trumento” en manos del Estado para la manutención de un orden, al servicio de una “clase dominadora”. Aunque se reconoce la utilidad de los programas y planes sociales, para los que se encuentran en la desocupación y en la pobreza, no dejan de ser vistos como recursos para favorecer al sistema al que quiere cambiar (por ejemplo la cuestión del clientelismo). También, los mismos pue-den ser un recurso revolucionario de “integración clasista” de los desocupados, es decir, para la formación de “actores militantes”, si están en manos de los movimientos que tienen una similar orientación político ideológica o proyectos de sociedad. Es decir, tienen un sentido ambivalente, de acuerdo al contenido que se les otorgue.

La política gestión de la política social, según un entrevistado del MTV, “en épocas de hambre se basa en el asistencialismo... no en la ideología de la lucha... nosotros tratamos de alejarnos y de concientizar para la lucha”. En este punto otro de los miembros de dicho movimiento, agregaba que “aunque nos tilden de locos”. Así, eran sumamente críticos en sus afirmaciones: “por un lado sirve para el hambre, pero es un instrumento del sistema”, y en este sentido se explicaba que “por ejemplo son un instrumento para que los trabajadores cobren menos”. Además, consideraban que “con los planes se achancha la lucha del trabajador” o “con los planes dominan a toda la gente”.

Un miembro del MTV valorizaba la tenencia de un plan en el sentido de considerarlo un “recurso” o “bien social”. Ese recurso debía ser considerado en el marco de solidaridad con sus vecinos. Para ella debía plantearse una estrategia y por esta razón resignaba otros. En sus palabras: “antes lo recibía, ahora no (Plan Vida)... ahora como recibo el plan de los piqueteros... y a veces

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mercadería”. La entrevistada no acepta tener este plan como otros, por una cuestión ética, según la cual ella considera que tener algo más de un plan, aun-que lo necesite, “es quitarle a alguien que no tiene nada... porque hay mucha gente que no tiene nada”.

Movimiento Barrios de Pie

Existe un reconocimiento de la posibilidad que ofrecen las políticas sociales como “refugio” de aquellos que tienen que vivir los problemas de la desocu-pación o de la falta de ingresos. Es decir, dentro del movimiento y de acuerdo a las urgencias del contexto y de las situaciones particulares, los miembros de base se agruparon por la cuestión de la necesidad socioeconómica. A partir de esta idea, se puede marcar alguna diferenciación dentro de los entrevistados, de acuerdo al grado de asimilación o “simpatía” con la cuestión política ideológica que propone el movimiento.

Las visiones de las “beneficiarias” dejaron en claro que la política la perci-ben de una manera tal que sus expresiones están connotadas de una especie de decepción, sobre todo en lo que respecta al nivel dirigencial. En este sentido, sí reconocen al trabajo que ellas mismas realizan dentro del movimiento, y las posibilidades que ofrecen a los demás. En cambio, la cuestión de la política y de la interrelación con la “gente” del partido significa para éstas un descreimiento en el discurso, y el no reconocimiento de éstos como actores sociales o de trabajadores sociales, sino más bien la condición de un “político común” con sus defectos/efectos asociados. Las visiones sobre la metodología de la entrega de planes y de la baja de los mismos, así como la cuestión de la obtención de otros beneficios dentro del movimiento, basados en el grado de compromiso ( “los más comprometidos”), se acerca a la imagen tradicional del clientelismo y de sus círculos de relaciones e intercambios. En este aspecto, las visiones de las políticas sociales se remarcan como positivas para “salvar” situaciones desfavorables en cuanto a lo económico social, opciones, que sin embargo están acompañadas de los mediadores, que remiten a lo “político” y de esta manera a lo que resulta lo decepcionante para estos entrevistados.

En un caso, donde la beneficiaria se transformó en coordinadora, y se encuentra en el medio de la relación entre los beneficiarios y los dirigentes del partido (coordinadores superiores), las visiones de las políticas sociales se enmarcan en la intención de acercarse al discurso ideológico que propone el partido, y de esta manera, la función de las políticas sociales en la sociedad, el trabajo que se plantea y se desarrolla desde el movimiento y desde el partido, tienen ese carácter particular positivo.

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Los entrevistados miembros del Movimiento Barrios de Pie en relación a las políticas sociales, eran más moderados que los del MTV, así los conside-raban que eran formas de resolver problemas acuciantes, es decir “caminos o formas de poder llegar a los problemas de la gente,... primero saber cuales son los problemas de la gente, de ahí... generar líneas a seguir...” En lo que significan los planes sociales, por otro lado, desde uno de los entrevistados del movimiento afirmaban: “los planes fueron una medida de solución de urgen-cia por la exclusión... aunque digan que eran para que la gente se mantenga callada... pero era para comer... y ahora hay gente que subsiste por el plan y los comedores ... por ejemplo las mujeres que no pueden dejar los chicos para trabajar.” Sin embargo, el marco de referencia de los miembros es el mercado de trabajo de tipo tradicional, y ante la imposibilidad de acceso, los planes son simplemente un paliativo. En el marco de las visiones sobre las políticas sociales una entrevistada se refería a que “la gente que está excluida no encuentra otra opción... algo se tiene que hacer para subsistir... si no hay otra cosa van a buscar un plan... (...) lo bueno sería que todos tengan un puesto trabajo... un plan de 150 no da para ... nada”.

En las entrevistas a miembros de Movimiento Barrios de Pie se afirmaba cobrar el plan PEC, por ejemplo una de las entrevistadas indicaba: “si tengo el plan y me ayuda a pagar los servicios”. En este sentido se puede remarcar que la mayoría resaltaba (de cualquier movimiento) la cuestión de los servicios como destino de lo que le aporta el plan. En las diferentes entrevistas a miembros del Movimiento Barrios de Pie se recordaba que son $ 140 los que cobran, ya que tienen que hacer un aporte obligatorio relativo al transporte. En este aspecto sobre la utilidad que tiene el plan, en términos de los gastos que puede cubrir con el mismo, una entrevistada, aunque había considerado las situaciones extremas en términos de necesidades, establecía algunas distinciones, también en cierta medida relativas a la cuestión generacional y a las nuevas necesidades: “Como la gente .. (sus compañeros del movimiento)... la mayoría tiene sus changuitas... paga los servicios... y puede comprar la tarjeta del celular... esto pasó a ser un símbolo... aunque la gente se ría... antes yo no lo quería me negaba... pero ahora es necesario ... más para comunicarme con las promotoras... pero en el caso de la gente grande utiliza el plan para los remedios”.

Para una mujer de este movimiento la mayoría de los que integran los movimientos “están por los $ 150, en su caso por los $ 140”. Sin embargo,: “se está trabajando por el cambio de esto, que no sea sólo esta meta... una vez que entiendan ésto va a cambiar el trabajo (que realizan en el movimiento)”. Conciente de las limitaciones que motivan a la gente a acercarse, consideraba problemático cubrir diferentes roles en el movimiento. Así afirmaba: “cuesta tener promotores en cada área... sino somos punteros”, así los vecinos se inte-

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gran “por la plata y la bolsa de comida...”, sin embargo “es lo que no se quiere” que suceda.

En las entrevistas a miembros del Movimiento Barrios de Pie se marcaba como fundamental cuestiones o problemas en cuanto a lo que se podría entender como “resistencia al compromiso” con las ideas del movimiento o de no lograr solamente una relación que tenga que ver con una simple obligación, y que, en cierta medida, se enmarcaría en una cuasi relación laboral. Es decir, muchos miembros sólo intentan cumplir un horario u otras obligaciones relativas a las tareas comunitarias, y no “irse” más allá del “rol de beneficiario”, y por lo tanto, no “identificarse” con todo lo que ideológicamente implica movimiento. En este sentido, una entrevistada marcaba que esto tiene que ver con “problemas de desinterés, descreimiento de la política, de los políticos”. También en este punto de vista consideran que es “olvido, ya que estamos luchando para que no vuelvan los 30 mil desaparecidos... y cortar las rutas... si la gente se mantiene alerta esto no puede volver... sobre esto se trabaja para que no olviden... y si se van y no quieren trabajar... a quien les van a pedir ayuda.” De acuerdo a esta opinión, algunos de los miembros del Movimiento Barrios de Pie consideran su trabajo en la organización como una obligación. Tomando las afirmaciones de unos de sus miembros y desde el punto de vista del “beneficiario”, se sostiene cosas tales como: “porque la coordinadora me mandó”. En cambio, desde el punto de vista de los dirigentes, se piensa: “la mayoría no está predispuesto a aprender... no se quieren comprometer”, así “las jóvenes son más reacias... las más grandes tienen más conciencia... las jóvenes están más preocupadas por las entradas de Arjona (cantante de moda) que por un relevamiento de salud.”. En este punto, el tema de la experiencia de vida relativa a un contexto histórico le serviría a una entrevistada del Movimiento Barrios de Pie para tener una perspectiva diferente y más amplia a fin de comprender el valor de algunas cuestiones sociales que diferencia a las generaciones. En este sentido, destaca-ba que “las jóvenes creen que es hablar de prehistoria” algunas cuestiones que ella considera fruto de una lucha. Por ejemplo, los temas relativos a la cuestión de género ahora son tomados con naturalidad y antes no se trataban de esta manera: “lo sexual, lo de los controles familiares, los de nuestra edad vieron cambios... que son lentos, desde votar... hay cosas para cambiar, luchar... con la participación política de las mujeres... por ejemplo el aborto... estamos por la vida...de las mujeres pobres… las otras, las que tienen... las ricas se lo hacen porque pagan y... las pobres están obligadas”.

Por el contrario, otra entrevistada resaltaba en las más jóvenes la falta de “compromiso” o en otras palabras “resistencia” a ir más allá de lo que implica ser “beneficiario”: “todas las mujeres del movimiento tienen la posibilidad de estudiar... de hacer un curso... en la Universidad de la Madres de Plaza de Mayo...

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y las que lo están haciendo son las más grandes... y las jóvenes no quieren”. Estas miradas refuerzan conflictos generacionales y, en buena medida, un des-conocimiento de la realidad de las jóvenes, en muchos casos, madres.

La gestión de los programas sociales. Planes y Movimientos

El Movimiento Teresa Vive nos indicaba que los planes eran gestionados en La Plata, lugar en el que se realizó una negociación con “los coordinadores generales” pertenecientes al partido (MST), quienes poseen representación ju-rídica. Los entrevistados aclararon que “el movimiento maneja pocos planes”, y remarcaron, que en cambio, el movimiento que lidera Raúl Castels (MIJD) gestiona una cantidad superior. Miembros del MTV afirmaban que este líder piquetero pertenecería a lo que denominan como “el polo dominante” y de esta manera remarcaban que “el piquetero duro no existe, es una carátula de los medios, es el que más tranza”.

Movimiento Teresa Vive

Acerca de los criterios con los que distribuían los planes a su cargo, en las entrevistas se indicaba que el criterio fundamental para ser receptor del plan dentro del movimiento es estar entre “los que serían más luchadores”, aunque se remarcaba que “luchan para todos”. Esta situación en torno a quienes llegan a recibir los planes, según uno de los entrevistados del Movimiento Teresa Vive, produce problemas, “surgen tensiones... pueden llevar a pensar que el Partido y el Movimiento son más de lo mismo”. En lo referente al sujeto beneficiario del plan social dentro de la organización piquetera, según los entrevistados, se pue-den incluir como los más luchadores a aquellos que más participan, por ejemplo, “en pegar, pintar”, es decir, en actividades relativas al partido y el movimiento. Los entrevistados indicaron que venían a supervisarlos reiteradamente.

En lo que respecta a los microemprendimientos de tipo productivo, que sería el modelo de política social que se busca desarrollar e incentivar desde algunos organismos del Estado, las opiniones fueron positivas en gran medida. Para uno de los entrevistados del Movimiento Teresa Vive, “son buenos, si el movimiento los estructura, es decir… por ejemplo... hay gente que nunca tra-bajó... viene bien para desarrollar y capacitar en un futuro ingreso al mercado de trabajo”. Esta visión positiva que marcaba el entrevistado estaba sujeta a que estos proyectos sean manejados por los movimientos directamente del tipo Mo-vimiento Teresa Vive. Pero, también este entrevistado marcaba una dimensión más crítica alrededor de la idea que promovía los microemprendimientos, ya que señalaba: “lo negativo sería que estaría siendo mano de obra súper barata...

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también como en los planes de $ 150 en eternos sueldos que no desembocan en nada más que en microemprendimientos”.

Movimiento Barrios de Pie

En cuanto al “manejo” o la administración de los planes, en la visión de una de las entrevistadas del Movimiento Barrios de Pie, se estimaba que el Estado debía tener protagonismo: “tienen que venir del Estado… pero debe haber una repartición justa… hay sectores que reciben más que otros”. Esto lo relacionaba con la cercanía al poder, al gobierno. Sobre este tema, marcaba la distinción en el caso de cuando los planes están en manos de los municipios:” por ejemplo en los planes que vienen del municipio hay… planes de vivienda...hay un manejo que no llega casi siempre a los que más lo necesitan... por esto en el municipio no quieren que los controlemos... que participemos”. Estos problemas se dan, según uno de los entrevistados del Movimiento Barrios de Pie, en aquellos municipios donde no tienen por lo menos un concejal, porque en otros sí pueden trabajar.

En términos del “manejo” de los planes, una de las entrevistadas de la or-ganización piquetera que cumple el rol de coordinadora, considera que mejor es que lo administren los partidos o movimientos que tienen la orientación política-ideológica de izquierda. En cambio, entrevistados receptores de planes sin cargos dirigenciales consideraban que era mejor que no haya intermediarios, incluyendo a las organizaciones piquteras.

También otros miembros consultados del Movimiento Barrios de Pie afirmaban que la condición para mantenerse como “beneficiarios” consiste en: “trabajar en los comedores, concurrir a las marchas, participar en las áreas”. Aunque se reconoce que hay cupos, señalaban que los consiguen los dirigentes, por ejemplo, “ahora estaban cortados y se hizo un reclamo... y ahora de cada 3 bajas se dan 2 altas.” El camino que debe seguir el que quiera ser receptor del plan PEC en este movimiento es el siguiente: tiene que participar de todas las actividades que realizan los “beneficiarios”, es importante estar, es decir, “para que te vean y le den vía libre a sus documentos (se los procese)”. Para este fin se tiene a los “beneficiarios” a prueba, esto es, “se los retiene un mes por lo menos... se lo prueba... y se los manda a La Plata... debe demostrar que cumple... que trabaja”. En relación a como entregan los planes en la organización piquetera, unas entrevistadas recordaban que “esperamos dos meses… algunos tienen que esperar mucho... otros trabajan porque les gusta y todavía no cobran”. En este sentido, marcaban unas posibles diferencias intra-grupo del movimiento: “hay algunos que les gusta militar”; por esto aparecen las peleas por posicionarse “también cuando alguien quiere subir... lo bajan... lo borran... de todos lados ...”.

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En relación a esto, sobre la metodología de entrega de los planes, reconocen el poder que tienen los coordinadores superiores para entregarlos y dar las bajas cuando lo consideran pertinente.

Sobre la posibilidad que ofrece la política social de desarrollar proyectos de microemprendimientos productivos, los entrevistados de este movimiento referían que “ son una buena oportunidad... por ejemplo una panadería... de textiles... tejidos… carpintería... es generar trabajo a partir de la misma gente”. De los planes que los entrevistados tienen a “disposición” del movimiento mencionaron: “PEC, bonaerense, cooperativas”. Algunos de los entrevistados de Barrios de Pie como otros realizaron proyectos de microemprendimientos “creo que son de Manos a la Obra...21 pero hasta ahora dicen que todavía no salieron ‘están los del 2005’”. Sobre los microemprendimientos unas entrevis-tadas destacaban que “la idea esta buena...es una salida”. Es decir, se valorizan más aquellas tareas que se relacionan al mercado laboral tradicional.

En relación a otros programas (por ejemplo Más Vida, Vida) los entrevista-dos del Movimiento Barrios de Pie manifestaron en términos positivos en cuanto a los recursos que distribuyen: “es bueno, ayudan a los chicos... dan leche... mercaderías (…) y “dieron un apoyo y lo están dando... hay mucha gente que no le puede comprar (leche)... o puede comprar otra cosa (con el dinero que gastaría comprando esa leche)... hay mucha gente que no recibe plan y solo tiene eso ... y esto también en los casos de los ancianos”.

Reflexiones finalesComo se planteó inicialmente desde una perspectiva de los movimientos

sociales se pueden marcar varios aspectos fundamentales para el análisis de los movimientos piqueteros: determinadas formas de acción colectiva, una cierta orientación política ideológica. De acuerdo a esto, vistos cómo actores de las políticas sociales en torno a la gestión e implementación de programas sociales las organizaciones piqueteras podrían reflejar una distinción en lo que refiere a otros dos aspectos. Por un lado, modalidad de uso/apropiación, de los progra-mas sociales en el marco de estas organizaciones piqueteras. Por el otro lado, se puede señalar otro aspecto relativo a la modalidad de implementación, que implica una determinada relación con el Estado y distribución interna (meca-nismos de decisión en cuanto a la distribución de los recursos).

En torno a la implementación de las políticas sociales, de acuerdo a las modalidades de uso/apropiación de los programas sociales y las modalidades de implementación, los movimientos tienden a reconocer de manera explícita, y

21 Programa social.

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en algunos momentos en cierta forma implícita, que los programas constituyen un recurso y de esta manera un medio a través del cual se establece una rela-ción con determinadas expectativas respecto a los receptores, vinculadas a sus objetivos de orientaciones político ideológicas respectivas a cada organización. Por un lado, en torno a la que generalmente se considera como la obligación de los “beneficiarios”, es decir, la “contraprestación”, ésta se enmarcaba en una dimensión de recreación/sustitución del trabajo. Por otro lado se buscaba recrear el trabajo de acuerdo a concepciones tradicionales y clasistas. Esta recreación del trabajo por medio de programas sociales le imprime un sentido de un trabajo productivo comunitariamente, es decir, trabajo social barrial, que produce efectivamente un valor social o tiene efecto social a partir de lo que realizan los beneficiarios miembros de base.

Puede decirse, entonces, que sostienen un discurso que refiere al receptor como al “obrero”, pero que necesitan la formación de actores por medio de los programas, como militantes de un partido. Esto es, la construcción de actores políticos, pero en el sentido de una integración a la “clase trabajadora”.

Se podría considerar que los beneficiarios son una suerte de instrumento que daría como un efecto multiplicador de las políticas sociales, en el marco de una politización de la pobreza o de las necesidades de los pobres. Y de este modo se puede inferir que la política, en lo que significa la cuestión partidaria, imprime sus reglas de juego, y define las relaciones de acuerdo a sus tiempos, sus necesidades. Por ejemplo, en los tiempos del proselitismo, del proceso eleccionario, las prácticas que deben desarrollar los receptores de programas no revisten el carácter de espontáneas. En lo que podríamos considerar nueva política, se construyen nuevos actores con sus repertorios de acción colectiva. De esta forma se debe comprender al Movimiento Piquetero y las organiza-ciones piqueteros.

En este último marco, que da lugar la politización, se establecen relaciones de poder, y dentro de éstas se encuentra la distribución de los recursos que se reciben/apropian las organizaciones piqueteras. En este sentido, la particular relación que surge tiende a cargarse de tensiones, en algunos casos, en lo que podría entenderse como proceso de educación y formación, de transformación de un beneficiario en militante/votante. Aquí se plantean las resignificaciones, de los programas y políticas sociales. Entre la política tradicional, y la nueva política, y entre las nuevas formas de gestión de “lo social”, de las nuevas políticas sociales, se encontrarían los pobres.

La llegada a los barrios del Movimiento Piquetero se orientaba a la búsqueda de personas claves a fin de establecer espacios sociales para la organización, en particular por medio de comedores. El acceso a los planes por parte de algunos vecinos los colocaban en la condición de “beneficiario,” y cargar con

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lo que representaba la etiqueta de “piquetero”. A su vez, este acceso estableció determinados arreglos entre los nuevos miembros y los dirigentes, que debían adecuarse a los objetivos comunitarios de un programa social y a los objetivos del movimiento. Pero en este aspecto, el grado de cercanía o distancia con el Estado por parte de estos movimientos particularizó la relación entre los que conforman el movimiento, y también lo que implica ser parte del mismo, y los riesgos así como las posibilidades de permanecer en los programas.

Emergen en las interacciones las visiones de los beneficiarios en cuanto al apego o asimilación de la orientación política ideológica que sostiene y pro-pone cada movimiento. De acuerdo a esta particularidad, las visiones de las políticas sociales pueden ser vistas como productos obtenidos del Estado, y por esto cuestiones que deben ser comprendidas en lo que significa la “lucha”, y ser reorientadas en contra del propio sistema, del poder hegemónico. Por otro lado, en consonancia con el Estado (o el gobierno) y sus políticas, las políticas sociales se transformarían en recursos para la reorientación de las mismas. También para la transformación social desde la acción territorial, el trabajo y la educación popular al nivel barrial, y de la construcción de solidaridades, de colectivos, que implicarían ir reconstruyendo el tejido social. En el medio de estos discursos se encontrarían las visiones de los “beneficiarios”, que encua-dran a las acciones y miembros de los movimientos dentro de que llamarían la “política común”.

El Movimiento Piquetero, su historia y posterior desarrollo, están asociados a la cuestión social emergente, y al tipo de solución que se puso en marcha para tratarla. El corte de ruta como elemento de protesta para los desocupados, la puesta en implementación de planes sociales como repuesta a la cuestión social, permitió, que grupos inicialmente desorganizados, o que cargaban individual-mente, con su propia historia de desocupación la posibilidad de subsistencia y de actuación a nivel social.

De acuerdo a lo presentado, las dos organizaciones piqueteras tenían den-tro de su marco ideológico posiciones diferentes. Por un lado, el Movimiento Teresa Vive se enfrentaba a los partidos tradicionales mayoritarios, así como con toda la forma de organización relativa a los que ellos denominan “sistema capitalista”. Por otro lado, el Movimiento Barrios de Pie plantea una perspec-tiva de vinculación al gobierno nacional (Néstor Kirchner), políticas públicas y discursos.

En este sentido, la política social por medio de sus planes sirvió de sustento de aquellos movimientos que utilizaban al corte de ruta como una de sus he-rramientas de negociación frente al Estado. Entre la necesidad de mantenerse y expandirse, en cuanto a cantidad de miembros y de posición en el espacio

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político, ambas organizaciones piqueteras sirvieron para organizar y para ins-titucionalizar demandas al Estado.

Las visiones de las políticas sociales fueron construidas con la vida previa al ingreso al movimiento, particularmente en la situación de estar o vivir en la necesidad (por estar desocupados, separados, sin ningún ingreso, etc.) y tener que buscar o conseguir mercaderías, rondar por las delegaciones o allegados al municipio para tener la posibilidad de trabajo o alguno de los planes. Desde esta perspectiva se trató de reflejar los posibles diferentes puntos de vista de los actores de las políticas sociales, en carácter de demandantes o que tratan de acceder a algún plan o programa, y que se encuentran y deben afrontar lo que constituye todo un entramado de relaciones e intereses. Además, a partir de lo surgido en algún momento de las entrevistas en el marco de las políticas sociales, y específicamente de la cuestión denominada clientelismo, se pudo hacer referencia a lo que podría denominarse la carrera política de aquellos que desde nivel barrial se inician como mediadores en lo relativo a lo social, generalmente de tipo asistencial.

En los casos de algunas organizaciones piqueteras, se puede marcar que este tipo de relación que envuelve a la política social, y que se llega a calificar como inherente a la misma, tiene su sustento en un tipo de política social, que a pesar de los discursos, se inscribe en un sistema que participa de una red política partidaria con sus mediadores. En este sentido, por lo general, los actores de las políticas sociales que cubren el nivel barrial, vinculados a los gobiernos locales y a los partidos mayoritarios, se instalan como detentadores de soluciones, y de esta manera establecen un tipo de interacción o interrelación con los sectores menos favorecidos en lo relativo a lo económico y social (desocupados, los sin vivienda, enfermos, etc.), que los ubicaría en esta relación como portadores de problemas o necesidades. Esta relación, que más allá de ser asimétrica, no se explica solamente en términos de una transacción favores por votos (Auyero, 2000) y está generalmente sujeta a un lazo de carácter de tipo afectivo, en este aspecto, a través de los relatos se pudo observar que el acceso a algún beneficio de tipo asistencial (mercaderías, remedios, trabajo, plan alimentario, etc.) está estrechamente vinculado al nivel de acercamiento o de inclusión en alguno de los círculos de proximidad que los sujetos políticos del nivel barrial o detentadores de soluciones establecen como parte de su estructura o base de poder.

En términos de observar esta relación, en lo referente a lo que sucede en el Movimiento Piquetero, desde lo que se remarca en alguno de los relatos de los entrevistados, la misma parece también reproducirse o replicarse en varios de los movimientos que “manejan” planes. En lo especifico de los casos de estudio, a partir de lo expresado por los entrevistados, esta relación se refleja en el carácter casi coactivo en lo referente a la permanencia como beneficiario

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del plan, amparado en el movimiento, y en lo discrecional en la manera de “entregarlo”, o en otros términos de “ganarlo”, enmarcado en una adecuación referente a las directivas de un partido político.

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Despojamiento de la fuerza de trabajo: el cuerpo cartonero como manifestación política en la ciudad

Tomas Calello1

“Lo lleva el presentimiento de que, en aquel potreri-to, no existe ya el bulincito que fue su único ideal”.

Tango “El Ciruja” (1926) Francisco A. Marino y Ernesto de la Cruz

IntroducciónAcompañando el crecimiento de la desocupación y la profundización de la

pobreza durante los años ‘90 hicieron su aparición en escena y se incorporaron al debate los recolectores informales de residuos, conocidos como “cirujas”, “cartoneros” o “recuperadores de residuos”. Este crecimiento fue más visible luego de la devaluación de la moneda en Argentina que durante los primeros meses del año 2002 implicó un aumento en el precio de los materiales reciclables como papel, vidrios, plástico y cartón.

La recolección informal de residuos que realizan los cartoneros es una activi-dad que forma parte de un circuito productivo donde intervienen intermediarios acopiadores y grandes empresas en sus eslabones intermedios y finales. Los residuos que no son reciclados son enterrados en grandes vertederos ubicados en el conurbano bonaerense y coordinados por el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado).

1 Investigador docente del Instituto del Conurbano-Universidad Nacional de General Sarmiento.

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Los rellenos sanitarios reemplazaron en Argentina a fines de los años ‘70 a las usinas incineradoras y prohibieron cualquier otra forma de disposición de residuos, vedando otras alternativas posibles de recuperación y la recolección informal que efectúan los cartoneros. Si bien esta última es una actividad social por sus características –ya que en su cadena de valor convergen y se articulan distintos grupos e intereses–, la actividad de la recolección suele ser solitaria y desarrolla en los cartoneros una percepción individualista de la misma, muchas veces enfrentada a la de sus pares. Al mismo tiempo, la ausencia de jerarquías en el trabajo cotidiano permite que éste sea percibido por los recolectores con un cierto grado de libertad y autonomía que es reivindicada frente a distintas iniciativas, ya sea de formalización de su empleo por parte de empresas y el Estado e inclusive de cooperativización del mismo. Es un proceso productivo cuya división del trabajo abarca actores sociales diversos (como los recicladores informales, los intermediarios y las empresas privadas) e insertos en el mismo con distintos grados de formalidad.

Podemos entender al reciclado de residuos como: a) recuperación de mate-riales del flujo de desechos; b) su procesamiento intermedio, como puede ser la selección y compactación; c) el transporte de los materiales; y d) el procesamien-to final, para brindar materia prima a fabricantes o bien un producto final.2

En Asia, África y América Latina el reciclado de residuos sólidos urbanos depende mayormente de los recuperadores urbanos, logrando importantes niveles de recuperación que alcanzan en algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Buenos Aires y El Cairo entre el 10 y 30% de los residuos sólidos urbanos generados. Estos niveles están ligados a la demanda del mercado de insumos industriales. En el llamado Tercer Mundo, aproximadamente el 2% de la población vive de la recuperación de residuos.

En los últimos años, diversos emprendimientos organizativos de recolec-tores informales de materiales reciclables han tenido lugar en varios países de América Latina. Esos grupos tienen características distintas. En algunos casos se aglutinan en torno a modelos de agremiación sindical como la Asociación de Recolectores Independientes (ASRI) en Chile; en otros, en función de aso-ciaciones locales y nacionales que aglutinan distintos grupos de trabajo como la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia, y en casos como en Argentina y Brasil, van surgiendo emprendimientos tales como cooperativas de trabajo y de prestación de servicios.3 Éstas no son las únicas formas organi-zativas posibles que desarrollan los cartoneros.

2 Federico Sabaté (1999).3 Las cooperativas relevadas son: Recuperadores Individuales Independientes, Tren Blanco (Colegiales), El Ceibo (Palermo), Cooperativa Ecológica de Recicladores (Bajo Flores), Cooperativa Caminito (La Boca), Cooperativa RE NA CER (Devoto-Flores), Cooperativa Carpamet (Villa 31), Camión Blanco,

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Despojamiento de la fuerza de trabajo

La organización de los mismos en cooperativas logró en ciertos casos me-joras y reivindicaciones laborales y una organización colectiva que favorece sus reivindicaciones ante la sociedad. Pero al mismo tiempo es rechazada por muchos de estos trabajadores informales, reacios a establecerse en una organi-zación definida en la que verían limitada su libertad de acción. En el seno de la organización, la cooperativización significó una legalización y formalización de los cartoneros que es reivindicada generalmente por sus dirigentes frente a los trabajadores no formalizados.

En este artículo se plantea una aproximación conceptual e interpretativa a las respuestas organizativas y políticas que ofrecen estos trabajadores a su situación medioambiental, que será considerada principalmente en relación a sus condiciones de vivienda y laborales, pero que pueden ser extendidas a otras dimensiones de su existencia social, política y cultural en la ciudad. En este sentido se parte de la presunción que la desposesión (Harvey, 2004) y expoliación (Kowarick, 1980, 1996, 2002) que tiene lugar en el capitalismo periférico (Dussel, 1985) alcanza en la actualidad a la fuerza de trabajo misma, reducida en muchas categorías de trabajadores a su expresión mínima, es decir, al cuerpo físico del trabajador.

El proceso de despojamiento a que se ve sometida esta fuerza de trabajo tiene consecuencias sobre algunas dimensiones que abordará este artículo, como son: a) la territorialidad de sus prácticas, y b) las limitaciones y posibilidades de las formas organizativas que adoptan

Los despojadosLucio Kowarick (1980, 1996) se ha referido a la noción de expoliación para

explicar el desgaste y dilapidación de la fuerza de trabajo en algunas ciudades latinoamericanas. Siguiendo a este autor gran parte del aumento de la produc-tividad experimentado durante algunas etapas históricas puede ser imputado al aumento del desempleo y la subocupación.

La disponibilidad de una amplia masa laboral permite al capital su explo-tación intensiva y extensiva. Esta realidad económica y social impide alcanzar los niveles mínimos necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, determinando su desgaste prematuro y altos niveles de rotación laboral que pueden ser sostenidos debido a la existencia de una población superflua desde el punto de vista de su inserción laboral.

Podemos comprender a la expoliación teniendo en cuenta la especificidad de la fuerza de trabajo como mercancía, en su articulación demográfica y eco-Cooperativa Tehuelche, COPROSER del Oeste (Liniers-Mataderos), Asociación Civil Libertad de Trabajo de Villa 31 (Centro-Recoleta), Reciclados Sur, Cooperativa Sol Naciente (Floresta) (Gutiérrez; 2005).

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nómica. El desgaste de la misma ocurre tanto en el proceso laboral como fuera del mismo. Al aumento de las jornadas de trabajo y la búsqueda de empleos suplementarios, se agrega el deterioro de los servicios públicos o su encareci-miento relativo, en particular de los transportes, y las dificultades que encuentran las mayorías urbanas para el acceso a la vivienda, determinando la realización de un trabajo adicional no retribuido.

La expoliación era definida por Kowarick como “una suma de extorsiones urbanas que operan articulando el desgaste y la sub-utilización de la fuerza de trabajo en función de la acumulación privada de capital”. El desgaste de la fuerza de trabajo es también el resultado del empeoramiento de las condiciones del medioambiente urbano y de la existencia de regímenes institucionales precarios, arraigados en la exportación de materias primas y el expolio de la naturaleza y el medioambiente (Altvater, 1997).

Las dificultades que el proceso de acumulación presenta en la periferia del sistema global dan lugar en América Latina al desarrollo de regímenes socio-económicos de bajos salarios. En los mismos, la reproducción de la fuerza de trabajo no se realiza teniendo su precio como base, sino de una terciarización de la economía que se establece en relación a aquélla.

De esta manera aparecen una serie de relaciones complejas –que incluyen en mayor medida a productores mercantiles simples– orbitando en torno a la relación salarial (Jaramillo, 1989).

Jaramillo explica que las regiones metropolitanas atraen, dados los servicios que ofrecen, una inmigración que amplifica el impacto poblacional de la fuerza de trabajo. Asimismo, un régimen de bajos salarios implica que las distintas áreas de la ciudad deban ser gestionadas y funcionen de manera distinta, teniendo como consecuencia una agudísima segregación socio-espacial. Ello es debido a la necesidad que tiene el sector público en las metrópolis latinoamericanas, dadas sus crisis fiscales, de discriminar las inversiones.

Las formas que adquirió el proceso de urbanización en Argentina durante la vigencia del modelo sustitutivo de importaciones hasta la década de 1970 tenían como pilar fundamental el apoyo brindado por el estado al desarrollo del transporte y la vivienda.

El subsidio al precio de las tarifas de transporte facilitaba el desplazamiento masivo de los trabajadores hacia sus lugares de trabajo y vivienda en un proceso de urbanización que complementaba las facilidades para adquirir y, en mayor medida, construir las viviendas en zonas cada vez más alejadas de la ciudad capital.

El auge de los loteos populares permitía a los sectores populares obtener terrenos a bajos precios y sometidos a una fuerte especulación inmobiliaria

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que privilegiaba la discontinuidad del trazado urbano de acuerdo a requisitos previos de valorización del terreno.

Al tiempo insumido por los desplazamientos se agregaba, debido a un régimen de bajos salarios que no incorporaba a la vivienda y otros servicios urbanos de alta demanda social, la necesidad de la autoconstrucción y, en menor medida, la compra de viviendas prefabricadas. Esta expoliación del trabajo era atenuada por la intervención estatal, garantizando requisitos mínimos para su reproducción y por la existencia de una menor disponibilidad laboral en los mercados de trabajo. La crisis del modelo industrializador endógeno y de sus instituciones acentuó desde mediados de la década del setenta este proceso confinando a vastos sectores de la población fuera de los mercados laborales y de los servicios urbanos básicos. El declive de los transportes públicos de pasajeros, ya sea en cuanto a inversiones en equipamientos y accesos viales como así también las alzas de tarifas y su posterior privatización, dió lugar a la preeminencia del transporte individual y a la diferenciación del público en precios y calidad del servicio, acompañando un diseño urbano que privilegia vías de acceso rápido y directo entre los centros financieros y los lugares habitados por la población de mayores ingresos.

Ello se expresa en una cada vez mayor segregación territorial y social, dificultando la accesibilidad espacial y económica a las viviendas y determi-nando la emergencia de estrategias de sobrevivencia asociadas a otras formas de apropiación del suelo urbano.

El despliegue durante las últimas décadas de las condiciones favorables a la expoliación de la fuerza de trabajo incide fuertemente en las estrategias que adoptan las unidades domésticas en relación a la utilización de sus recursos y a la expansión de su “capital social”. Podemos entonces denominar a esta nueva condición de expoliación como despojamiento, que incluye además entre sus dimensiones a la salud, la educación y los marcos interpretativos y de sentido de la población.

Los procesos de urbanización en las ciudades latinoamericanas mantienen un vínculo estrecho con el desgaste de la fuerza de trabajo y su alta rotación laboral que se expresan en la degradación de las condiciones de vida y ambientales de la población. Los cartoneros habitan las zonas más degradadas de la región metropolitana de Buenos Aires, por lo general asentamientos precarios o “villas miseria” cercanas a zonas de disposición final de residuos o basurales y las más alejadas del centro urbano.4 También en los últimos años se ha registrado su

4 Los asentamientos de cartoneros más importantes que fueron identificados se ubican en la villa 31 bis de Retiro, La Cárcova (José L. Suárez), y Villa Fiorito (Informe OIM-Unicef-2005). En este último caso los cartoneros se trasladan a la ciudad de Buenos Aires mediante camiones al carecer de vías ferroviarias accesibles.

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emplazamiento en lugares linderos con las vías de los ferrocarriles. En este caso se trata también de analizar las determinaciones económicas, políticas y cultu-rales de estas formas de ocupación del suelo urbano que acarrean un altísimo riesgo y vulnerabilidad a sus pobladores.5 La exclusión de amplias franjas de la población del mercado laboral formal, y por ende de su condición de fuerza de trabajo, resalta la emergencia de formas de subsistencia y de condiciones de vida que promueven otras formas organizativas.

Las formas asociativas que adoptaron los cartoneros en relación a su hábi-tat, además de las cooperativas, se hallan muy relacionadas al hecho de que la unidad doméstica de estos trabajadores constituye a la vez una unidad laboral, inserta de manera precaria al mercado formal. La fuerza de trabajo en este caso, si es que puede mantenerse tal denominación, se halla constituida por un cuer-po colectivo cuyos integrantes (por lo general miembros de la misma familia) realizan distintas funciones. Mientras que el hogar (generalmente un rancho o vivienda precaria situado en las zonas más degradadas de la región) queda reservado a la clasificación y almacenamiento de los residuos recolectados; las zonas urbanas más opulentas y de mayor nivel de consumo se constituyen en el locus urbano donde los adultos de la familia recolectan los residuos generados mientras los niños prestan una colaboración ya sea física o por medio de la limosna que obtienen de vecinos y comerciantes. La centralidad que adquiere el cuerpo en estos trabajadores los expone a condiciones de vulnerabilidad ambiental y riesgo físico distintas a la que sufre la fuerza de trabajo asalariada, pero que guarda relaciones con algunas categorías de trabajadores que poseen distinto grado de inserción en el mercado formal de trabajo.6 Al mismo tiempo se impone sobre ellos una disciplina laboral ciega cuyos ritmos dependen de los condicionamientos urbanos a los que se hallan expuestos como trabajadores que recolectan residuos. La dependencia de trenes y, en menor medida, de camiones u otros transportes grandes –útiles para transportar carros– limita su movilidad y capacidad física o las distancias que deben recorrer más aún si utilizan, como en el caso de los carreros, la tracción a sangre. También la distribución de puestos de compra de residuos y galpones de los chatarreros establece restricciones para la ubicación y movilidad espacial de estos trabajadores en la ciudad.

5 El término vulnerabilidad (social) aquí empleado puede entenderse como debilidad frente a las amenazas o como incapacidad de recuperación luego de la ocurrencia de un desastre, en tanto que el riesgo como la capacidad de predecir un evento amenazante y de responder a él que tiene una población determinada (Calello, Lombardo y Suárez, 2004, p. 231 y ss.)6 Según datos obtenidos de fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajos previos que realizaba una muestra de cartoneros pertenecían mayoritariamente a la construcción, el cuidado y mantenimiento de edificios y el servicio doméstico, todas actividades que involucran centralmente al cuerpo como medio de trabajo. Debe agregarse que muchos de estos trabajadores parten de una larga experiencia de desocupación o cuyos padres, en el caso de los más jóvenes, no cuentan con tradición laboral.

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Algunos interrogantes que pueden formularse al respecto son: ¿nos encon-tramos ante nuevas formas de ocupación popular de la ciudad, distintas a las villas miseria y los asentamientos característicos de las últimas décadas y en las que se despliegan nuevas estrategias políticas y micropolíticas en el terri-torio?, y, en particular: ¿cómo han combinado las reivindicaciones laborales y políticas con las ambientales que los afectan directamente como trabajadores en contacto directo con residuos?

Las experiencias de organización de los cartoneros y el medioambiente urbano

Algunos ejemplos y experiencias asociativas y/o políticas relevantes que tuvieron como protagonistas a los cartoneros pueden ayudar a comprender su situación medioambiental y perspectivas políticas.

Uno de estos ejemplos lo constituye la cooperativa “El Ceibo”, que se origi-nó a partir de la ocupación de viviendas durante la época de la dictadura militar (1976-1983). En un principio fue una cooperativa de vivienda y sus miembros vivían en el trazado de una autopista (AU3) que nunca llegó a construirse. Surge entonces para defender el lugar de residencia de sus miembros, amenazados por la erradicación y en su mayoría desocupados que luego se dedicaron a la recolección y reciclado de la basura. Ello se debió a la constatación colectiva de que la ocupación del suelo urbano no es suficiente para mantener sus viviendas en las condiciones de desempleo en que se hallaban. En este caso –como en la mayoría de las experiencias de construcción del hábitat por parte de los carto-neros– el trabajo aparece como un factor preponderante de su localización en la ciudad. Las cadenas de valorización en que se hallan insertos estos trabajadores condicionan su ubicación espacial como ciudadanos.

La cooperativa El Ceibo tenía a mediados del año 2003 un proyecto para llevar adelante con apoyo del Gobierno de la Ciudad. La intención era desa-rrollar una campaña explicando a los vecinos la separación en origen de los residuos para facilitar su recolección. Se encontraban muy organizados para la recolección, la separación de basura y el desarrollo de encuestas a los vecinos. Hubo también profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que los asesoraron en ese emprendimiento. Durante los años subsiguientes la coopera-tiva logró obtener galpones y terrenos para acopiar los residuos y reciclarlos, mediante el apoyo interno e internacional que lograron sus iniciativas. Es decir, que una organización que se originó por un problema de vivienda se desarrolló mediante la asociación de sus miembros para la recolección y la gestión con organismos públicos y privados. Sin embargo, este caso exitoso no acompañó

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al conjunto de asociaciones formales e informales de cartoneros (Schamber: 2002, 2005).7

Un ejemplo de iniciativas desarrolladas por los cartoneros fueron las cam-pañas de vacunación conjunta que desarrollaron con las Asambleas Barriales durante el año 2002 (Callelo, 2007). En este caso, las condiciones en que los cartoneros llevan a cabo el trabajo de recolección de residuos, que ocasionan daños gravísimos en la salud de estos trabajadores, en particular a los niños y jóvenes,8 fue tematizada por los propios cartoneros, asambleas vecinales y funcionarios públicos. Los problemas de salud más habituales que padecen son el resultado de accidentes sufridos en la vía pública, alergias y problemas de las vías respiratorias, sarna (por el contacto frecuente con materiales y papeles húmedos) y artritis.9

Con la aparición de las asambleas vecinales junto a los cartoneros como actores visibles en el contexto de la Ciudad de Buenos Aires y por medio de algunos contactos previos, la Secretaria del Salud del gobierno porteño accedió a destinar las dosis de vacunación contra el tétanos para la campaña de vacu-nación. Las iniciativas de las asambleas de Colegiales y Palermo Viejo, junto a la referente de los cartoneros, habían logrado obtener los medios para realizar una campaña de vacunación masiva de cartoneros y vecinos. Como expresaba el boletín de la Asamblea de Colegiales, “las vacunas estaban, pero a nadie se le había ocurrido ponerlas a disposición del vecino, y mucho menos montar toda la estructura para realizar una vacunación masiva”.10

La Asamblea de Colegiales había desarrollado durante el año 2002 distintas iniciativas en relación a los problemas de salud presentes en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires por intermedio de su Comisión de Salud. La “Intersa-lud”, de la que participaba la comisión, era al mismo tiempo una de las formas mas importantes que adoptó la coordinación de acciones entre distintas asam-bleas barriales por ese entonces. La clausura de la estación Ministro Carranza (parada del Tren Blanco de los cartoneros), como resultado de la reacción de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y de algunos vecinos ante la presencia de estos trabajadores, fue el motivo inicial de la intervención solidaria de la Asamblea de Colegiales y de otras de la zona. La campaña de vacunación se constituyó en un medio importante para establecer lazos mutuos entre carto-neros y asambleístas, pero al mismo tiempo generó interrogantes acerca de si

7 Las distintas modalidades organizativas que adoptan para llevar a cabo la recolección y su “definición común de la situación” frente a la sociedad se orientan también a salvar, siguiendo a Goffman (1971), las distintas estigmatizaciones que son objeto.8 Informe sobre trabajo infantil en la recuperación y reciclaje de residuos. Unicef-Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Año 20059 Idem.10 La Cacerola de Zapiola,.17/10/2002.

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esta iniciativa no suponía una práctica normalizadora sobre los cuerpos de los cartoneros que venía a sumarse a otras formas de discriminación social de las que son objeto directo o indirecto. Pero la solidaridad que se generó entre asam-bleístas, cartoneros y vecinos logró superar esta limitación “instituyente”. Con el lema “Todos somos cartoneros”, se realizó también un festival de solidaridad entre asambleístas, cartoneros y vecinos.

Las gestiones conjuntas se enfrentaron a distintas dificultades, ya que los cartoneros no organizados suelen además hallarse insertos en redes clientela-res o políticas de las que dependen para realizar sus actividades productivas. Debe tenerse presente que los cartoneros dependen para su subsistencia de los “chatarreros”, quienes se constituyen en los intermediarios entre la actividad formal de los recolectores y la industria. Estas relaciones de “padrinazgo” de los chatarreros sobre los cartoneros incluyen, además del dominio económico, la generación de códigos de sumisión y lealtad política.11

Sin embargo, la solidaridad que se manifestó en las relaciones establecidas entre asambleístas y cartoneros se constituyó en un hecho político no planificado, emergente de las relaciones directas entre habitantes de la región despojados en distinto grado de capitales simbólicos e influencias sociales.

La situación de despojamiento en que se encuentran los cartoneros también se revela mediante sus formas de ocupación del suelo urbano, que configuran hábitats con un alto nivel de degradación. Es el caso de aquellos rancheríos situados en zonas de basurales o con gran riesgo físico para sus moradores como son algunos sitios linderos con vías de ferrocarriles o autopistas. Como recolectores de residuos forman parte de un universo laboral con fuertes carac-terísticas territoriales y clientelares.

En el caso de poblaciones linderas con basurales, como el Barrio La Cárcova de José L. Suárez (cercano al Centro de Disposición Final del CEAMSE), mu-chos de sus habitantes se internan frecuentemente en ese predio para recolectar residuos de valor, tales como electrodomésticos en desuso y alimentos de lotes deshechados por la industria.

Familias enteras se desplazan para internarse en esos predios tratando de burlar la vigilancia de los cuidadores, que se hallan a veces armados. Esta cir-cunstancia configura un alto riesgo para quienes incursionan en ese sitio, ya sea como resultado de la acción de los guardias como así también de los mecanismos de almacenamiento y compactación que se utilizan en el Centro de Disposición Final (CDF), que forman pilas y montañas de residuos. La población de Cárcova

11 Para mayores detalles sobre estas relaciones y con otros actores sociales consultar el artículo de Cristina Reynals, “De cartoneros a recuperadores urbanos”, CEDES, 2002. Se puede agregar que estas situaciones de “lealtad”, caracterizadas por el padrinazgo y también el compadrazgo, son comunes en países latinoamericanos donde prevalecen relaciones informales en la economía.

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–caracterizada por su alto nivel de indigencia y bajo nivel de instrucción– de-pende en gran medida de la generación de residuos, configurando en el barrio un economía paralela mediante la circulación de productos que se obtienen ya sea de la recolección en la via pública o del Centro de Disposición Final aledaño. A su vez, el “Tren Blanco”, destinado especialmente a los cartoneros por la empresa TBA (Trenes de Buenos Aires), traslada a muchos de sus moradores hacia los destinos y barrios de mayor generación de residuos de la capital.

En aquellas zonas del conurbano bonaerense donde no se dispone de trenes, los cartoneros se trasladan con sus familias en camiones, como es el caso de los que provienen de Villa Fiorito, en el Partido de Lomas de Zamora situado al sur de la ciudad. Villa Fiorito es prácticamente una ciudad cartonera, que incluye casas de material para los recolectores que obtienen mayores ingresos de la recolección, y de cartón y chapa para los más pobres. Es posible observar en esta ciudad el paso incesante de carritos de basura empujados por sus dueños o de carros arrastrados por caballos conducidos por los “carreros”.12

En todos estos casos, el fin es el mismo: conseguir residuos en cantidad y calidad con el fin de venderlos a los chatarreros que ofrecen los mejores precios.

Durante el traslado en tren de los cartoneros desde las zonas más precarias del Gran Buenos Aires a la capital con el fin de recolectar residuos se han ido conformando asentamientos que se ubican a pocos metros de las vías del tren. Los mismos se hallan ubicados sobre las vías de los Ferrocarriles San Martín y Urquiza, que traslada a cartoneros de la zona noroeste (José C. Paz y Moreno) del Conurbano Bonaerense. La presencia cercana en esos sitios de chatarreros que ofrecen mejores precios para los residuos ofrecidos por los cartoneros fue determinante para la aparición y desarrollo de estos emplazamientos, carentes de todo servicio y expuestos a un alto riesgo para sus moradores. Al mismo tiempo, esa lógica de ubicación espacial provee a los cartoneros una economía en el tiempo empleado de sus traslados desde sus lugares de origen que, junto a los mejores precios recibidos, compensa la percepción del riego que tienen ellos y sus familias de esta situación. En estos sitios la aparición de viviendas cartoneras responde a configuraciones espaciales “sui generis” que maximizan desde la percepción de estos trabajadores sus ingresos en relación a su situación. La organización de los cartoneros en estos emplazamientos se reduce al ámbito de la familia, a veces ampliada por allegados provenientes del mismo sitio.

La presencia de trenes –alrededor de cuyas estaciones se fueron desarro-llando los partidos y localidades que conforman la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) desde fines del siglo XIX– se constituye en el medio de

12 En esta circunstancia laboral, los cartoneros someten al animal de carga a la lógica de disciplina mercantil y física en la que ellos mismos se hallan insertos.

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movilidad para una fuerza de trabajo carente o con escasa instrucción educativa formal y sin residencia fija.13 Esta situación, a su vez, condiciona las posibi-lidades de organización de estos trabajadores en relación a su hábitat, ya que mantienen con él una situación de desarraigo que depende de las fluctuaciones del mercado de residuos sólidos urbanos que genera la ciudad.

En lo que sigue, y sobre la base de las investigaciones realizadas hasta el momento, se desarrollan algunas consideraciones sobre las formas organizativas que han adoptado los cartoneros en relación al medioambiente urbano.

Reflexiones finalesLas formas de acción colectiva que desarrollaron los cartoneros en relación

al hábitat han sido variadas y dependientes de las circunstancias en que las han llevado a cabo. Se pueden señalar algunas ventajas que ofrece, por ejemplo, la cooperativización:

1. Los cartoneros son grupos estigmatizados socialmente, esto quiere decir “mal vistos” por muchos sectores de la “opinión pública” y perseguidos por la policía. Hasta hace poco tiempo una ley, dictada durante la dictadura militar, prohibía la actividad de recolección (Gutiérrez, 2005).

Su cooperativización significa una forma organizada y reconocida social-mente de defender su derecho al trabajo, obteniendo por ejemplo personería jurídica, herramientas de trabajo, vestimenta, y aportes sociales. Los elementos materiales para llevarlas a cabo, comenzando por el propio cuerpo, se hallan por lo general inmediatamente disponibles; pero todas ellas tienen una fuerte estigmatización y/o victimización, circunstancia que imprime al inicio de estas prácticas y a su desarrollo características peculiares, cuya realización requiere atravesar un fuerte umbral da valores sociales, un límite en donde se ve modi-ficada la identidad de quiénes lo traspasan la coerción laboral a la que se ven expuestos mediante el despojamiento de que son objeto les requiere superar el estigma social y la vergüenza que les ocasiona muchas veces el comienzo y desarrollo de la actividad, en particular a mujeres y niñas.

2. Les permite fijar mejores precios frente a los otros actores del circuito, como es el caso de los intermediarios y empresas, e inclusive saltar la cadena de valor comprando depósitos y herramientas.14

13 A diferencia de aquellos cartoneros ocasionales, muchas veces provenientes de la clase media y que durante los momentos de crisis han logrado organizarse mediante alternativas que emplean su capital simbólico, evitando de esta manera utilizar directamente su cuerpo para la recolección directa de residuos. Es el caso de aquellos que se nuclearon en torno a la Cooperativa del Oeste, originada en la Asamblea de Liniers y de otras que no tienen como único fin la supervivencia inmediata de sus miembros. 14 Ver al respecto la incidencia que ha tenido el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) en la constitución y desarrollo de algunas cooperativas cartoneras (Paiva, 2007).

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3. Pueden defender sus derechos frente a las empresas de transporte reco-lectoras de residuos.

4. Pueden relacionarse para reclamar por sus derechos en mejores condi-ciones frente al Estado y a otros actores de la sociedad civil.

El caso de aquéllas con un mayor grado de organización, por ejemplo en cooperativas, enfrenta a los cartoneros a ciertos dilemas, en particular a dos:

5. Ellos compiten entre sí, ya que se desplazan en grupos individuales o familiares compitiendo con otros individuos, grupos o familias por los distintos lugares que la ciudad ofrece para la recolección. La asociatividad entre ellos, por lo tanto, se dificulta. Las características clientelares que los subordinan a los chatarreros en un plano de jerarquía económica vertical se despliegan también en el reparto de espacios en la ciudad entre grupos de recolectores que disponen a su vez de distintos proveedores de residuo como pueden ser los comerciantes y encargados de edificios.

6. La cooperativización, según su propia percepción, les resta autonomía ya que deben sujetarse a ciertas normas y pautas propias de la organización, además de reducir sus ingresos. La “libertad” de acciones que permite esta actividad es valorada como positiva en relación a actividades que demandan –según la perspectiva de muchos cartoneros y sus posibilidades inmediatas de conseguir empleo– más sacrificio, una disciplina establecida y menos rédito económico. Existe, por lo tanto, una racionalidad en esta elección laboral que puede comprenderse desde la perspectiva de estos actores.

Se puede agregar también otro punto, éste ya de tipo objetivo:7. La cooperativización es “suma cero” desde el punto de vista político

para el conjunto de los cartoneros, de no mediar una transformación de nivel mayor (modificación de la cadena de valor en que se hallan insertos, cambio de la macroestructura sociopolítica del país). Es decir, que lo que ganan unos en algún aspecto como cartoneros asociados, lo pierden otros cartoneros no asociados o escasamente asociados. Esto vale tanto para la generación de valor económico, como del status vinculado a esta actividad. En muchos casos, el hecho de “saltar” la cadena mediante la disposición de nuevos y mejores sitios para almacenar y clasificar los residuos –por ejemplo, mediante el empleo de tecnologías que ahorran esfuerzo físico o el empleo de transporte a motor, en reemplazo de la tracción a sangre o del carrito para trasladar los residuos– no elimina la recolección directa de residuos para los cartoneros que vienen a sumarse a la actividad como consecuencia del despojamiento –en distintos plazos– de la fuerza de trabajo. Esta condición no es tenida generalmente en cuenta por las políticas sociales de que son objeto.

La movilidad ascendente de un conjunto de cartoneros organizados no modifica la valoración social de los mismos, como colectivo que se genera y

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regenera a partir de situaciones estructurales de pobreza y de empobrecimiento de los marcos morales y valorativos de la sociedad. El esfuerzo de los carto-neros por dignificar su trabajo en estas circunstancias desfavorables se vuelve una tarea permanente

Se constatan en general las dificultades que tienen las formas asociativas conocidas de los cartoneros para sostenerse en el tiempo, debido al predominio de la lógica económica o instrumental por sobre la ambiental. Las consecuencias ambientalmente positivas de la acción de los recolectores de residuos, en tanto clasifican y forman parte de una cadena de reciclado, se ven dificultadas por su inserción en una cadena orientada principalmente a la valorización y no al cuidado y preservación del medioambiente.

El despojamiento al que se hallan sometidos estos trabajadores, incluyendo a otros marginalizados del mercado de trabajo formal, genera nuevas formas de hábitat popular y que responden a un momento particular en el desarrollo de la región caracterizado por el declive de los servicios públicos junto a la emergencia de nuevas formas de trabajo a “cielo abierto” insertas con distinto grado en la economía formal.

Si la lógica predominante de construcción popular del hábitat durante las décadas pasadas respondió a la emergencia de villas miseria, asentamientos y loteos populares –que acompañaron la industrialización y su declive–, en la actualidad emergen formas de autoconstrucción precaria de viviendas que responden a la existencia de circuitos productivos con un alto grado de informa-lidad y cuya distribución espacial abarca tanto la vivienda como la vía pública. En algunos casos, la vivienda puede ser fija y cuya población se incrementa, como aquéllas situadas en zonas de basurales (por ejemplo Cárcova), o situadas en sitios de la ciudad altamente productores de residuos y altos ingresos (por ejemplo Villa 31 bis de Retiro); en otros, la vivienda aparece en lugares que ofrecen una maximización de ingresos para los cartoneros organizados en forma individual o familiar de acuerdo a constelaciones de factores como la presencia del tren, chatarreros, y ciertos servicios. En todas estas situaciones, la raciona-lidad económica se impone condicionando y subordinando las localizaciones de familias enteras cuya vulnerabilidad ambiental se incrementa.

El desgaste en términos de salud y de condiciones ambientales es más acentuado en aquellos trabajadores que poseen un bajo nivel de instrucción y que deben apelar a la utilización directa de sus cuerpos para la recolección de residuos, hallándose despojados de habilidades ya sea para organizar su trabajo en redes o para emplazar y construir sus viviendas. La expoliación ambiental actual coloca a estos trabajadores en un virtual “estado de naturaleza” que los reduce a la disposición única de su cuerpo físico como medio de subsistencia y el cual se halla sometido a los requerimientos del mercado del reciclado

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de residuos. Al mismo tiempo, la autoconstrucción de sus viviendas sufre un proceso de degradación y deterioro en relación a otras formas previas de auto-construcción popular que acompañaron el desarrollo de los transportes y de la región metropolitana de Buenos Aires.

En estas situaciones, las formas organizativas que adoptan los cartoneros en relación al medioambiente urbano se hallan condicionadas tanto por las características organizativas de su trabajo –que se basa en formas simples de cooperación– como por su inserción en circuitos de valorización. La racionalidad ambiental que se logra mediante el reciclado es una consecuencia no deseada concientemente sino resultado de estrategias inmediatistas de sobrevivencia, para el caso de los cartoneros, y de alternativas de minimización de costos para los agentes situados en los eslabones intermedios y finales de la cadena del reciclado de residuos.

Las acciones colectivas y políticas que los cartoneros ensayaron en relación al medioambiente urbano en el que viven y trabajan se inscribe en una lógica de disciplinas sobre sus cuerpos y el de sus familias que parecen requerir nue-vos repertorios de expresión que modifiquen su situación de expoliación, en particular vinculados a las relaciones con grupos también despojados y otros poseedores de distintos capitales simbólicos, desarrollando iniciativas donde lo político se inscribe en el plano de la acción ética y estética.

La limitación de estos trabajadores a la necesidad de la sobrevivencia, y despojados de saberes y tradiciones comunes, en un marco de vulnerabilidad ambiental condiciona significativamente sus capacidades para desarrollar alternativas laborales y de vivienda de manera organizada. En este sentido, el trabajo cartonero evidencia la centralidad que adquiere el cuerpo en los circui-tos informales de valorización, como contracara complementaria del trabajo simbólico.

Esta primacía del cuerpo la hemos visto aparecer también de manera política directa, cuando la emergencia y desarrollo de movimientos de desocupados y asambleas vecinales; unos con su necesidad (no-satisfecha, in-satisfacible) de fundar directamente con él nuevas autonomías laborantes; los asambleístas con sus intentos de fijar nuevos contratos de democracia directa.

Pero los intentos de los cuerpos despojados han carecido de una tradición o historia que les pudiera ofrecer una identidad. Por el contrario, se ven expuestos a condiciones de degradación en sus sistemas de salud, ambientales, de apren-dizaje social y en el acceso a los mismos que atentan permanentemente contra la recomposición de un “nosotros”.

A diferencia de los movimientos de base indígena y campesina, característi-cos de muchos países de América Latina (de los cuales el caso más paradigmático

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sea tal vez el del zapatismo), el desarrollo urbano exige a los sujetos emergentes la conformación de identidades no inmediatamente disponibles.

¿Qué une a un desocupado con otro sino la ausencia de empleo, a un vecino con otro sino la proximidad espacial, a una persona amenazada de la clase media sino el miedo a empobrecer, y así siguiendo?

Los une la conciencia de que lo único que poseen es un cuerpo, ávido de fundirse con otros en tradiciones e historias de comunes, más allá de la multi-tud (porque la multitud no reconoce historia) sino en dimensiones espaciales y temporo-existenciales que se laboran entre el pasado (des-aparecido) y el futuro soñado de los nuevos desposeídos.

Esta res extensa, que ofrece unidad a la diversidad, no puede fundarse ya exclusivamente en preceptos de inteligencia o razón –propios del logos discur-sivo occidental– ni en la función de capas de intelectuales desligados de todo compromiso corporal.

Si lo “forcluído” en la ciudad es el cuerpo (solamente expresable a través de canales inocuos, a pesar –o por medio– de su espectacularidad y destreza) su re-emergencia como colectivo transformador supera los estigmas de clase y las definiciones contractuales de la situación que interpelan a los sujetos; en la medida que el acontecimiento disruptivo no se ofrezca como sacrificial, sino como vehículo de deseo.

El a priori corporal emerge entre la selva de los símbolos mediáticos como una fuerza social que demanda su ocurrencia por medio de la experiencia. Su desnudez, a su vez, se constituye en la denuncia muda de la situación que sobrellevan.

Problemáticas urbanas como la “seguridad”, independientemente de su “realidad” o “construcción discursiva a través de los medios”, colocan a los cuerpos en el centro de la política. La falta de seguridad –en muchos casos movilizada desde sectores encargados de la misma seguridad y los medios de comunicación– no deja de tener como creencia social difundida efectos reales sobre los cuerpos. Sin embargo, sería erróneo suponerla como una construcción voluntaria desde el poder, afín a las visiones contractuales y neo-contractuales sobre su origen.

También la expoliación urbana, con su amenaza permanente (que se mate-rializa en la degradación de las condiciones del hábitat y el desarrollo urbano, regulando las condiciones de reproducción y desgaste de la población excedente y rotativa) genera una incertidumbre que es resignificada como un “problema de seguridad”.

La elaboración política de una identidad urbana transformadora se plantea tanto en la dimensión espacial como en la temporo-existencial, en las dimensio-nes materiales y simbólicas de existencia de los trabajadores hoy despojados.

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Nuevas condiciones de amalgamiento social han generado estereotipos urbanos cuyas referencias espaciales y temporales reconocen continuidades y rupturas con los anteriores, en los que se combinan la dimensión espacial-urbana y la social-existencial en un horizonte histórico específico.

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