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Tomado del l ibro t i tu lado Del i to y Segur idad de los Habi tantes. México, D.F. : Edi tor ia l S ig lo XXI , Programa Sistema Penal Derechos Humanos de
ILANUD y Comis ión Europea, 1997
SANTIAGO ATITLÁN. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SEGURIDAD DE
LOS HABITANTES. UN RETO PARA LA PAZ
JORGE MURGA ARMAS*
BREVE RECORRIDO A TRAVÉS DE LA HISTORIA POLÍTICA DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO ATITLÁN
La historia del municipio de Santiago Atitlán,1 al igual que la historia de los
otros pueblos mayas de Guatemala, ha estado, desde tiempos lejanos,
fuertemente influida por diversas intervenciones militares que, con el transcurrir
del tiempo y de los acontecimientos, han marcado su evolución. Nos
dedicaremos a continuación a describir algunos de los principales
acontecimientos que han marcado la historia del municipio de Santiago Atitlán.
* Sociólogo, Guatemala. Este trabajo se hizo con la colaboración del señor
José Urbina, quien personal e institucionalmente, en su calidad de director de Procesos Educativos hacia el Desarrollo, PROCEDE, entidad no gubernamental, posibilitó el acceso a la comunidad de Santiago Atitlán y facilitó el trabajo de campo.
Igualmente, los señores Tomás Chiliv y Selvin Cabrera colaboraron acompañando y traduciendo, al español, las entrevistas realizadas en idioma tz’utuhil.
1 Jorge Luis Arriola, en el intento de dar significado al nombre de Atitlán, aporta tres versiones: a] atl = "agua- y titlán = "largas-" (lugar entre mucha agua"); b] atl = “agua", ti = “ligadura”, y tlán = “terminación de la pluralidad”, lo que daría entonces: “entre las aguas"; c] podría derivar de la voz en la lengua pipil: atl = “agua" y tlán = “cerro” o sea: “cerro rodeado de agua". (Jorge Luis
2
A la llegada de los españoles a territorio tz'utuhil, según cuentan los
narradores de la época, los tz'utuhil constituían una población dispersa
gobernada por el Halach Uinic o Ahau (hombre verdadero). Los primeros relatos
dejados por los historiadores del periodo colonial señalan que, a consecuencia
de la conquista emprendida en abril de 1524 en los pueblos de la ribera del lago
de Atitlán, los habitantes de Chuitinamit (frente al pueblo), antigua capital del
reino tz'utuhil, habían sido drásticamente reducidos2 y sometidos a un proceso
de dominación y explotación que, además de incidir en la forma de organización
social de las comunidades, había eliminado el nombre con el cual se identificaba
el lugar de asentamiento de los pobladores.
Chi-yá (“junto al agua") era, en efecto, el nombre prehispánico que los
tz’utuhiles empleaban corrientemente para designar el área sobre la cual sus
antepasados habían decidido fundar la capital del reino. Después de la victoria
de los españoles, el capitán Pedro de Alvarado decidió concentrar a los
tz'utuhiles en el lugar actualmente llamado Chuitinamit, ubicado justo al pie del
volcán conocido hoy con el nombre de San Pedro.
En 1547, con el fin de convertirlos al cristianismo y también con el interés
de organizar la captación de los tributos, los franciscanos fray Francisco de la
Parra y fray Pedro de Betanzos decidieron trasladar a los pobladores de
Chuitinamit y fundar, en las faldas de los volcanes Tolimán y Atitlán (lugar donde
se encuentra actualmente ubicado el municipio), el pueblo de Santiago Atitlán.
Con la Independencia de 1821 (acto político que sólo significó el traspaso
del poder de los peninsulares a los criollos), no cambió el modelo de sociedad
caracterizado por regímenes de servidumbre. Al contrario, muchos de los
aspectos de la estructura económico-social que durante la Colonia servían para
Arriola, Pequeño diccionario etimológico de Voces guatemaltecas, Biblioteca de Cultura Popular 20 de octubre, Guatemala, 1954.)
2 Los efectos de la conquista y colonización españolas provocaron una enorme reducción de la población tz’utuhil. Según la Relación del pueblo y cabecera de Atitlán, eran aproximadamente 12 mil personas las que habitaban la región de Chi-yá en los primeros años de la colonización Los relatos posteriores informan que, para el año 1585, la población se había reducido a 5 mil habitantes, y que en 1770 únicamente quedaban 900.
3
explotar y dominar al indígena se agudizaron con nuevos mecanismos de
explotación. El crecimiento del mercado exterior, en efecto, sirvió para que el
desarrollo de los cultivos de exportación (café principalmente) acelerara un
proceso de expropiación de la tierra y de reinstauración de los métodos forzosos
de trabajo.
Con la división político-administrativa adoptada por la Asamblea
Constituyente del Estado de Guatemala en 1825, el distrito de Atitlán pasó a
formar parte del departamento de Suchitepéquez y Sololá. Con la segregación
del territorio del referido departamento, en 1849, se crearon tres nuevos
departamentos: Quiché, Suchitepéquez y Sololá. El distrito de Santiago Atitlán
permaneció dentro de la jurisdicción territorial de Sololá. El 12 de agosto de
1872, en los años de la reforma liberal, el distrito de Santiago Atitlán se elevó a
la categoría de "pueblo".
En 1873, con la llegada a la presidencia de la república del liberal Justo
Rufino Barrios (1873-1885), se inició un nuevo periodo de la historia política de
Guatemala. Los indígenas, afectados por un decreto presidencial que liberaba
la propiedad de la tierra,3 se vieron poco a poco despojados de las tierras
comunales que desde tiempos de la Colonia habían logrado mantener. Para
fomentar el desarrollo de los cultivos de exportación, sobre todo de café, los
liberales crearon una serie de mecanismos que de nuevo permitieron, a los
terratenientes emergentes utilizar la fuerza de trabajo gratuita y forzosa de los
pueblos indígenas.
Se aceleró, entonces un proceso de pauperización de los pueblos
3 El decreto 170, promulgado el 8 de enero de 1877, tenía como objetivo la
supresión de la renta eufitéutica, (sistema que regulaba la renta de las tierras comunales y que concedía los derechos a perpetuidad a los campesinos indígenas). Esta Iey, disponía que cada campesino debía inscribir su tierra en el registro y comprarla en los próximos seis meses a partir del 28 de febrero de 1877, es decir, mes y medio después de la publicación del decreto mencionado. Los derechos de las tierras afectadas por la renta enfitéutica había sido fijados de manera arbitraria y equivalían al 3% del valor de la tierra”. (Jorge Murga Armas, Problémes de la terre dans le contexte guatémaltéque, tesis doctoral Universidad de París XVIII, 1995, pp. 19-20.)
4
indígenas, que alcanzó sus niveles mas altos cuando el presidente Jorge Ubico
(1931-1944) instauró nuevos mecanismos de trabajo forzoso (ley de la
vagancia), los cuales obligaban a los campesinos indígenas a servir en las
plantaciones de los grandes terratenientes.
Un intento democrático durante los años 1944-1954 buscó trasformar la
situación de los campesinos indígenas. Se implementó una reforma agraria y se
suprimió toda forma de trabajo forzoso, pero la reacción de los sectores
poderosos puso fin, con un golpe de Estado militar, al movimiento reformista
encabezado por el presidente Jacobo Arbenz.
De 1954 a 1985 una serie de regímenes autoritarios, la mayoría de ellos
dictaduras militares, buscaron mantener el statu quo heredado de los regímenes
anteriores al periodo de la revolución guatemalteco (1944-1954). Un periodo de
lucha revolucionaria se inició a partir de 1962. Grupos guerrilleros y fuerzas del
ejército se enfrentaban por el control del poder hasta que a finales de los años
setenta la expansión del movimiento guerrillero en el país invadió el campo e
involucró directamente a la población indígena.
Santiago Atitlán es actualmente el núcleo de población maya-tz'utuhil más
importante del país. Aproximadamente 40 mil personas habitan en el municipio;
el idioma que hablan la mayoría de sus habitantes es el tz'utuhil. El municipio
está situado en las faldas de los volcanes Tolimán y Atitlán, justo a las orillas del
lago que lleva su nombre. La distancia que separa al municipio de la cabecera
departamental de Sololá es de 58 km, mientras que una distancia de 135 km
media entre ésta y la ciudad capital de Guatemala.
La organización político-administrativa. del municipio la integran una aldea,
tres caseríos, siete fincas y cinco cantones, todos los cuales ocupan una
extensión territorial de 136 km2. Colinda al norte con el lago de Atitlán, al este
con San Lucas Tolimán, al sur con Santa Bárbara, Suchitepéquez, y al oeste con
Chicacao, Suchitepéquez y San Pedro La Laguna, Sololá. El municipio de
Santiago Atitlán posee características geográficas que le permiten dedicarse a
actividades productivas agrícolas (maíz, frijol, aguacate, café, tomate, etc.) y a
actividades comerciales que se complementan con la pesca y el desarrollo de la
5
artesanía, fuertemente impulsada por el auge del turismo.
La organización política del municipio gira en torno a un gobierno local,
reconocido oficialmente por el Estado, integrado por un alcalde municipal y su
consejo. Sin embargo, existen en el pueblo otras organizaciones políticas que, a
pesar de no ser reconocidas oficialmente, mantienen mucha influencia y poder
entre la comunidad. Entre ellas destaca sobre todo el sistema tradicional de
cofradías (integrado por doce de ellas), organizadas alrededor de prácticas
creencias religiosas que, entre otras funciones, tienen la de preservar el sistema
de valores y cultura de la comunidad.4
El poder que la Iglesia católica ha tenido desde los años de la colonización
se ha visto muy menguado por el desarrollo, a partir de los años sesenta, de
iglesias protestantes de diferentes denominaciones, que influyen cada vez más
en la vida social, cultural y política de la comunidad. Estos dos poderes, la
Iglesia católica y, las iglesias evangélicas, comparten y entremezclan creencias y
prácticas religiosas con los cofrades, representantes legítimos del poder
tradicional.
4 Las cofradías en Santiago Atitlán están aglutinadas en un cuerpo
organizativo en el que el cabecera del pueblo es el funcionario más importante. Las cofradías integradas en este sistema son doce. Por su amplia capacidad de convocatoria existen dos cofradías importantes; éstas son la de Santa Cruz y la de Santiago Apóstol. La primera es la que da culto y mantiene la tradición relacionada con Maximón. La segunda cofradía es importante porque mantiene el culto al patrono del pueblo. Las otras cofradías, según puede observarse, no tienen entre ellas un orden jerárquico bien establecido: su diferenciación se localiza en la calidad del ritual que realizan y en su capacidad organizativa y de reproducción del sistema de cargos. Según esto último, en Santiago Atitlán los funcionarios de cofradías permanecen normalmente un año en sus cargos [...] Dado el hecho que sus espacios de expresión son únicamente las fiestas, las cofradías han sabido aprovechar ese espacio y con ello, evidentemente, tienen más voz en la comunidad y más tiempo para enseñar sus preceptos. Por otro lado, la organización de cofradías es un espacio importante que han utilizado los líderes religiosos para tratar de resolver algunos asuntos o problemas que incumben a toda la comunidad. En otro sentido, también se unen con otras organizaciones comunitarias para atender los problemas colectivos." (Edgar Esquit Choy y Carlos Ochoa García (comps.), El respeto a la palabra. El orden jurídico del pueblo maya, Centro de Estudios de Ia Cultura Maya, Guatemala, 1995, pp. 162-163.
6
A raíz de la masacre del 2 de diciembre de 1990 surgió una instancia
política comunitaria llamada Comité Pro-Seguridad y Desarrollo, cuya influencia
y credibilidad hacen que se perfile cada vez más como uno de los grupos
políticos mejor organizados y con mayor poder de convocatoria entre la
población. Alrededor de ella se organiza el sistema de rondas de seguridad de
los habitantes de Santiago Atitlán. Veamos, a continuación, cuáles fueron los
acontecimientos que antecedieron a la formación del comité y al surgimiento de
las rondas.
SANTIAGO ATITIÁN EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO
NACIONAL
Comprender las razones que llevaron en 1990 a los habitantes de Santiago
Atitlán a solicitar ante el presidente Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990) el retiro
del destacamento militar del municipio, solo es posible si se tiene un mínimo de
información sobre la lucha antinsurreccional librada por el ejército de Guatemala
en contra del movimiento guerrillero.
Según Aguilera Peralta,5 las primeras estrategias militares sistematizadas
para enfrentar la expansión que el movimiento guerrillero estaba teniendo en el
campo guatemalteco deben buscarse en las reflexiones hechas por los
estrategas del Centro de Estudios Militares (CEM) en el documento titulado
Análisis estratégico. En ese texto se sintetizan, según ese autor, las primeras
ideas relacionadas con la estrategia de seguridad nacional, que llevó al ejército a
lanzar una ofensiva general en contra de la subversión.
Otras fuentes bibliográficas,6 coinciden en señalar que bajo las órdenes del
5 Véase Gabriel Aguilera Peralta, Seguridad, función militar y Democracia, FLACSO, Guatemala, 1994, 105 pp
6 Para citar solamente algunas obras: G. Aguilera Peralta, Seguridad, función militar y democracia y La dialéctica del terror. Véase también Violencia institucional. Las Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala y Las Patrullas Civiles y su legado; Superar la militarización y polarización del campo
7
general Benedicto Lucas García (comandante general del ejército de 1978 a
1982) se iniciaron los primeros ataques militares contra las comunidades rurales
del país, en los que se utilizaban muy a menudo operativos militares tales como
el de "tierra arrasada".7 Algunos autores también consideran que ya en ese
periodo se habían iniciado los primeros operativos de control poblacional y que
el general Efraín Ríos Montt (presidente de facto de 1982 a 1983) se encargó de
sistematizarlos en toda la región.
Según Aguilera Peralta, con la creación en 1982 del Plan Nacional de
Seguridad y Desarrollo, los objetivos operacionales del ejército tendieron a
acentuar las acciones militares en contra de la guerrilla y a sistematizar muchas
de las estrategias de control poblacional.
Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y las Aldeas Modelo fueron dos
de las estrategias más eficaces utilizadas por el ejército para sujetar a la
población. Las PAC constituyeron una estructura paramilitar creada por el
ejército para controlar a la población de las comunidades. Este mecanismo de
control obligaba a todos los hombres (sin criterio de edad) a enrolarse en las
patrullas y a efectuar en forma gratuita los trabajos que imponían los oficiales
militares a cargo.
Uno de los objetivos de la creación de las PAC, según las fuentes oficiales,
fue aumentar el número de hombres movilizados del lado del ejército, pues la
"capacidad total, el armamento y el equipo del ejército guatemalteco no eran
suficientes pura cubrir los diferentes frentes de la guerrilla".8
Sin embargo, pudo constatarse posteriormente que el objetivo central de
esta estrategia militar no se sustentaba en la necesidad de reclutar combatientes
guatemalteco, publicados por el Centro para los Derechos Humanos “Robert, F. Kennedy” de Estados Unidos, en 1994 y 1996, respectivamente.
7 La estrategia militar de "tierra arrasada" se aplicaba en todas aquellas comunidades rurales que el ejército vinculaba con la guerrilla. Tropas de soldados se presentaban a las comunidades y, después de masacrar total o parcialmente a la población, procedían prenderle fuego al pueblo.
8 Cita del "Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo" hecha por Yvon Le Bot en La guerre en terre maya. Comunidad, violencia y modernidad en Guatemala, Karthala, París, 1992, p. 201
8
para fortalecer las fuerzas armadas, sino en el objetivo previamente concebido
de encuadrar a la población y de crear un cordón sanitario entre las
organizaciones de la lucha armada y sus bases sociales.9 Fue éste también el
objetivo de las aldeas modelo (o pueblos de reagrupamiento), donde las fuerzas
militares encuadraban a las víctimas sobrevivientes de la violencia.
En el caso de las PAC, nadie podía negarse a prestar el servicio pues la no
“cooperación" con el ejército se asociaba con la pertenencia a uno de los grupos
subversivos y las consecuencias, en la mayoría de los casos, eran fatales.10 Lo
mismo sucedía con los habitantes de las aldeas modelo. Según las fuentes
oficiales, para 1985 un total de 900 mil hombres (en un país de 9 millones de
habitantes) eran movilizados por las PAC en toda la región indígena, mientras
que alrededor de cincuenta aldeas modelo construidas en las zonas de mayor
conflicto eran la muestra de lo que en la visión militar constituía la nueva
concepción de los asentamientos humanos rurales adaptados a las necesidades
de la población y fundados con base en la experiencia adquirida en los centros
de control y seguridad.11
Los resultados del conflicto armado durante el periodo de 1981 a 1983 son
sorprendentes: decenas de aldeas y caseríos fueron destruidos y su población
masacrada total o parcialmente. Miles de personas murieron y varios cientos de
miles fueron desplazadas.12
En el caso particular de Santiago Atitlán el hostigamiento militar hacia la
población comenzó en 1978, pero se acentuó en 1980 con la instalación del
9 Idem. 10 Decir no a las PAC significaba un alto riesgo que la mayoría de las
personas no podía correr. Los que no aceptaban eran acusados de guerrilleros y objeto de represalias. Hubo muchas personas asesinadas por negarse a prestar el servicio. Véase a este respecto, Violencia institucional: Las Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala, del Centro para los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, 1994.
11 Ibidem, p. 208. 12 Según las cifras oficiales dadas por el ejército posteriormente, sólo en el
periodo de 1981 a 1983, durante el conflicto armado 44 aldeas y caseríos fueron destruidos. El número de muertos durante ese mismo periodo se estima en35 mil. Véase 0pinión Política, núm. 2, p. 11
9
destacamento militar en el Cantón Panabaj (a dos kilómetros del casco del
pueblo) y con la conformación, algunos años más tarde, de las Patrullas de
Autodefensa Civil. Según los relatos de los entrevistados, fueron años de
mucha violencia; en los cuales todos los habitantes sufrían por la represión
institucionalizada.
El objetivo de los militares, al igual que en otras comunidades rurales del
país, se dirigía principalmente hacia todas las personas que de una u otra forma
estaban vinculadas con grupos comunitarios, pues la ideología y la estrategia
militar consideraban que cualquiera que promoviera la organización y el
desarrollo de la comunidad era susceptible de tener relaciones con grupos
guerrilleros.
Esta situación provocó que un número importante de líderes comunitarios
fueran intimidados, perseguidos, desaparecidos y muchas veces asesinados, al
extremo de que durante los años más intensos de la represión a varios maestros
y un otro número considerable de catequistas de la Acción Católica Rural se los
persiguió hasta obligarlos a huir del municipio.
Lo mismo sucedió con varios miembros de la radioemisora local La Voz de
Atitlán, quienes por trasmitir programas educativos fueron objeto de amenazas y
de persecución. Por último, en 1980, la radioemisora fue clausurada
definitivamente, luego de varias intervenciones y cateos militares, así como de la
destrucción del equipo de transmisión que les había donado una agrupación
religiosa alemana.
Todos los relatos de los entrevistados testimonian hechos delictivos y
violencia cotidiana en la comunidad, pero sobre todo hacen hincapié en
acontecimientos tales como la primera masacre ocurrida en la aldea San Antonio
Sacayá, en la cual murieron 26 personas el día 7 de enero de 1981; el asesinato
del padre Francisco Rother en el interior de la iglesia el 27 de julio de 1980; la
desaparición del director de la radio local y líder seminarista Gaspar Culán el 24
de octubre de 1980; el asesinato del pintor Juan Sisay y el de otros miembros de
la comunidad.
Es importante señalar que ninguno de los entrevistados se refirió a
10
violación de mujeres en la comunidad. Sin embargo, una de las versiones
recogidas durante nuestras entrevistas relata que soldados vestidos de civil
ingresaron, a eso de las 5 de la tarde del sábado 1 de diciembre de 1990, a la
cantina Doña Elva, donde permanecieron bebiendo hasta las 8 de la noche,
aproximadamente. Según esta versión, al salir de la cantina los soldados se
dirigieron hacia la casa del señor Andrés Ajuchán Sapalú con la intención de
"hacerle daño” a una de sus hijas, pero por el escándalo provocado por el padre
de la señorita en el momento de la agresión desviaron sus intenciones originales
e intentaron sacar de su casa al señor Ajuchán Sapalú.
La otra versión alude solamente a que los soldados vestidos de civil
llegaron a la casa del señor Ajuchán Sapalú e intentaron secuestrarlo.
¿Qué pensar de ambas versiones? La intención inicial que movió a los
soldados ¿fue un intento de violación o un intento de secuestro? ¿Qué podemos
decir de esta discrepancia en cuanto a los hechos?
Responder a la pregunta sobre cuál fue la intención original de los
soldados al penetrar en casa del señor Ajuchán Sapalú nos resulta difícil de
comprobar por el tiempo transcurrido.
Durante nuestro trabajo de campo la mayor parte de las personas con
quienes tuvimos la oportunidad de conversar nos cuentan que lo que originó el
problema fue el intento de secuestro del señor Ajuchan Sapalú. No obstante,
hubo algunos, aunque pocos, que lanzaron como hipótesis el intento de violación
como trasfondo de los acontecimientos.
Ante la discrepancia en la narración de los acontecimientos fuimos
conducidos a reflexionar sobre cuál pudo haber sido la causa que ha provocado
la deformación de los hechos.
¿Es que una de las versiones trata de ocultar la agresión a la cual pudo
haber estado expuesta la hija del señor Ajuchán Sapalú? ¿Se trata una vez más
de un hecho que pretende invisibilizar los delitos que se cometen en contra de la
mujer? 0 simplemente, ¿es una forma de construir la historia? 13
13 Las ideas centrales de la discusión que se desprende de estas preguntas
11
Ana Isabel Garita Vilchez, criminóloga y funcionaria de la Misión de las
Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala -
MINUGUA-, en entrevista concedida en la etapa previa a la redacción del
informe de investigación, refiriéndose al tema de las violaciones, y
específicamente, a los casos de violación de mujeres durante el conflicto armado
interno de Guatemala, manifestó que en el caso de Santiago Atitlán, como suele
suceder en otras partes, es posible que los miembros de la comunidad hayan
decidido mantener oculto el problema con el objeto de "resolver" en sus espacios
privados el asunto.
Refiriéndose a la discrepancia en la narración de los hechos que dieron
origen a la masacre y a la circunstancia de que ninguna de las personas
entrevistadas mencionó casos de violación de mujeres en la comunidad, nuestra
entrevistada indicó que siempre existe la posibilidad de que se trate de ocultar o
ignorar este tipo de hechos delictivos, pues en los casos de -violación como en
la generalidad de los delitos que atentan contra la libertad sexual de la mujer- lo
usual es que los padres, esposos, hermanos o amigos de la víctima decidan no
hablar del asunto.
Aunque en esta investigación no es posible agotar el tema de las
violaciones de que pudieron ser objeto algunas mujeres de Santiago Atitlán, es
necesario señalar que, en todo caso, las violaciones y todo tipo de abusos en
contra de la mujer son percibidos por las comunidades como formas de
intimidación real que producen estados permanentes de terror en los grupos de
mujeres.
Es necesario agregar que en caso de guerra o de conflicto armado los
ataques a la integridad sexual de las mujeres adquieren un dramatismo
particular, pues las partes del conflicto asumen la violación como un símbolo de
poder en términos políticos, militares y, en el caso de las comunidades
se tomaron de una entrevista hechas a Ana lsabel Garita Vilchez, Proley, Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala, MINUGUA.
12
indígenas, también culturales. 14
Sería por las razones expuestas anteriormente que en una de las versiones
no se menciona el intento de violación? ¿O fue, como ya se dijo, una forma de
construcción de la historia?
LA MASACRE DE SANTIAGO ATITLÁN
Según relatan algunas de las personas entrevistadas, un número no
determinado de soldados vestidos de civil se presentó, a eso de las 8 de la
noche, en la casa del señor Ajuchán Sapalú con el propósito de secuestrarlo.
Ante los hechos, y con el afán de salvar su integridad, la víctima, aterrorizada,
alertó al vecindario pidiendo auxilio por medio de fuertes gritos.
Al escuchar los gritos del señor Ajuchán Sapalú muchos vecinos acudieron
en su auxilio. La presencia de los vecinos en el lugar provocó la huida de los
delincuentes, quienes al verse perseguidos, y para intimidar a los habitantes,
dispararon hacia el grupo, hiriendo a uno de ellos en la pierna. Los vecinos se
percataron de que se trataba de miembros del destacamento militar vestidos de
civil. La irrupción violenta en casa del señor Ajuchán Sapalú, sumada a los
disparos hechos en contra del grupo, provocaron que se desbordase la
paciencia de los atitecos ante las agresiones de que habían sido objeto por parte
14 Sobre este tema, convendría amparar la investigación, pues los intentos que se hacen actualmente en el marco del proceso de recuperación de la memoria histórica, la identificación de las víctimas del conflicto, a partir de la localización de cementerios clandestinos, las exhumaciones y el desarrollo de acciones que propician el retorno de los desplazados, han empezado a arrojar muchas historias de mujeres que fueron sometidas sistemáticamente a violentos ataques sexuales. Algunas de ellas, en sus testimonios, han empezado a hablar de sus experiencias, de sus vejaciones personales, de su convivencia dentro de la comunidad con el violador, de cómo han asumido el hijo o la hija producto de la violación. Su silencio sellado en el ámbito privado una vez más la invisibiliza social y políticamente, y refuerza la impunidad de los actos de violencia ejercidos de manera particular contra ellas.
13
de los miembros del destacamento militar.
Los agresores se refugiaron en el destacamento y los vecinos decidieron
concentrarse frente a la iglesia del pueblo con el fin de ponerse de acuerdo
sobre la actitud que asumirían ante los hechos. En presencia del alcalde
municipal y de su sucesor, que ya en esos momentos se habían sumado a la
concentración, la gente manifestó su disconformidad ante los hechos violentos y
represivos que por más de una década les había tocado vivir. La paciencia
llegada a su límite provocó una actitud de repudio que exacerbó los ánimos de
algunos de los presentes. Unos cuantos de ellos, sin embargo, lograron
controlar la situación y tomaron el liderazgo. Se discutió qué hacer y cómo
hacerlo. Algunos propusieron ir inmediatamente hacia el destacamento con el
objeto de pedir una explicación sobre los hechos. Otros, considerando lo
peligroso que podría ser en ese momento presentarse al destacamento militar,
sugirieron esperar el amanecer.
En ese momento eran como las 11 de la noche, y al grupo de 25 personas
que se reunieron inicialmente se les habían sumado quinientas más. La plaza
estaba a punto de colmarse. Más y más vecinos acudían...
Evocando una vieja tradición, algunos de los presentes decidieron hacer
sonar las campanas de la iglesia para avisar a los pobladores que algo grave
estaba sucediendo. ¡Es el llamado de la tradición! Los antepasados así lo
hacían y, quizá presentes en el espíritu de sus descendientes, compelen a la
unión de su pueblo.
Reunido ya casi todo el pueblo, en discusión abierta decidieron partir hacia
el destacamento, no sin antes improvisar banderas blancas en señal de paz y
acordar quiénes serían los portadores de la palabra.
Encabezadas por las autoridades municipales, más de 15 mil personas
iniciaron la marcha rumbo al destacamento. Un silencio enorme invadía aquella
noche sin luna. Algunos recordaban lo ocurrido hacía dos meses en casa del
14
Abuelo Maximón,15 otros pensaban en su hermano desaparecido, en amigos y
familiares muertos... ¡Reclamemos nuestros derechos!, había sido la
exclamación de muchos de ellos antes de iniciar la marcha hacia la libertad.
Ya al frente del destacamento, uno de los líderes de la comunidad pidió
hablar con el comandante. En la garita de control un soldado indicó que el
comandante no se encontraba, mientras otro se dirigió hacia el interior.
Momentos de espera e incertidumbre son violentados de pronto por
disparos al aire provenientes del interior. Temerosos, unos retroceden y otros
corren a los cafetales en busca de protección. Implacable, y como reforzando a
los otros soldados ya apostados en la garita de control, otro militar observa.
Una segunda ráfaga mortal se dirige, entonces, a las personas
indefensas...
No se escuchan gritos. Un megáfono busca persuadir a los habitantes
para que regresen a sus casas. Se escuchan otros disparos...
El amanecer alumbra a las víctimas: 12 muertos y 23 heridos. Uno de ellos
fallece en el hospital de Sololá.
De regreso al pueblo los líderes se organizaron y por vía telefónica
buscaron apoyo en la capital. No tenían idea en realidad de cuántos habían sido
los caídos. Faltaba mucha gente. Huyendo en estampida muchos habían tenido
que esconderse en las montañas.
Temprano en la mañana se trasladaba a los primeros heridos hacia el
hospital de Sololá mientras el procurador de los Derechos Humanos procedía a
verificar el número de muertos.
15 Rilaj Man (“Nuestro Abuelo") es el nombre tz’utuhil que se le da a la
imagen del santo conocido por muchas personas con el nombre castellano de Maximón. Objeto de culto y adoración, Maximón es un personaje central en la vida de la comunidad. Según cuentan algunas personas, ante la violencia y represión de que eran objeto los miembros de la comunidad por parte del e ejército, los sacerdotes (aj kun) iniciaron ruegos para que Maximón y Santiago Apóstol (patrón del pueblo) se hicieran cargo de retirar a los militares. Esto hizo que, después de la masacre, tanto los sacerdotes como los fieles a Maximón y a Santiago atribuyeran el hecho del 2 de diciembre de 1990 y el retiro posterior del ejército a las acciones y poderes de los santos.
15
“¡Qué se lleven los cadáveres!", ordenan los soldados.
Ellos no querían verlos allí. Diferentes versiones circulaban acerca de los
acontecimientos. Una de ellas, la manejada por las autoridades militares,
intentaba convencer al público de que un enfrentamiento entre miembros del
ejército y la guerrilla había provocado la masacre.
Esa misma mañana, reunidos frente a la iglesia católica, representantes del
pueblo atiteco redactaron un memorial dirigido al presidente de la república.
Quince mil personas aproximadamente, haciendo largas colas, acudieron a
firmar o a poner su huella digital perla respaldar a su líderes. Fue una
manifestación impresionante de dolor y solidaridad que conjugaba lágrimas y
deseos de justicia. ¡Era el momento de poner fin a tanta violencia!
Entre otros puntos el memorial planteaba la investigación de la masacre y
el castigo de los responsables. Y, lo más insólito, acusaba directamente a la
institución armada y exigía el retiro del destacamento militar. A cambio, el
pueblo atiteco se comprometía a velar por su propia seguridad.
LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
ATITLÁN
La fuerte presión nacional e internacional ejercida sobre el gobierno de la
república compelió a Vinicio Cerezo a acceder a las demandas presentadas por
el comité de emergencia constituido en Santiago Atitlán. El 6 de diciembre de
1990, en el despacho del presidente de la república, se entregó a los miembros
del comité una resolución presidencial en la cual se ordenaba el retiro del
destacamento militar y se aceptaba el compromiso de la población de asumir su
propia seguridad.
Textualmente, en el numeral 3, la resolución en referencia indica:
He dado instrucciones para que se inicien todas aquellas acciones necesarias
16
para el traslado del destacamento militar fuera de la jurisdicción de Santiago
Atitlán, aceptando el compromiso de la población de hacerse cargo de la
seguridad y del establecimiento de la paz en el Municipio. Estas disposiciones
deberán ser puestas en práctica en el curso de las próximas dos semanas.16
¿Qué implicaciones tuvo la disposición presidencial? ¿Cómo asumieron los
habitantes de Santiago Atitlán la seguridad del municipio? ¿Qué resultados se
han obtenido con esta experiencia? ¿Es el modelo de seguridad de Santiago
Atitlán un modelo que se adelantó a nuestro tiempo?
El debate actual que se plantea en el nivel nacional sobre el papel que
debe desempeñar el Estado -y el ejército- en una sociedad democrática,
pluriétnica, pluricultural y multilingüe, es elocuente y sirve, mejor que nada, para
ilustrar y analizar las implicaciones que, desde el punto de vista político,
conllevaba la resolución presidencial del 6 de diciembre de 1990.
Para no alejarnos de nuestro tema central, es decir, del estudio de la
seguridad de los habitantes del municipio, no analizaremos la problemática del
reconocimiento de la autonomía de Santiago Atitlán, implícito en la resolución
presidencial. Un estudio profundo acerca de dicha problemática y del papel y
carácter del Estado en un país con fuertes diferencias étnicas y culturales
arrojará, sin duda, resultados sumamente enriquecedores para los estudios que
sobre el tema se están realizando en América Latina.
Tampoco intentaremos responder a la pregunta de si el presidente Cerezo
conocía o no el alcance de la resolución presidencial. Al analizar el contexto de
la época es evidente que la respuesta sería negativa.
Nos centraremos, primero, en el análisis del sistema de seguridad
específico de Santiago Atitlán para hacer, finalmente, una confrontación del
modelo de seguridad y desarrollo propuesto por los habitantes con los
16 Cita textual del punto 3 de la resolución presidencial núm P-66/90 de
fecha 6 de diciembre de 1990, firmada por el presidente de la República licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo.
17
planteamientos que emanan de los Acuerdos de Paz, 17particularmente del
"Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una
sociedad democrática", firmado en la ciudad de México el 19 de septiembre de
1996.
Luego describimos someramente algunos rasgos del sistema de seguridad
implementado por el ejército en el campo. De allí se colige que la idea y, más
concretamente, las estrategias y mecanismos de seguridad en ese periodo, eran
parte de una lucha contrainsurgente que incluía mecanismos de control y
sujeción del ejército hacia la población civil.
Con la salida de los militares del territorio de Santiago Atitlán emerge un
nuevo sistema de seguridad que se sustenta en relaciones de interconocimiento
y de solidaridad. Veamos cuáles son sus orígenes.
Relatan algunos de nuestros entrevistados que, hasta los años setenta
aproximadamente,18 la tradición en el pueblo hacía que todo hombre, en el
17 Luego de un largo periodo de conflicto armado entre el ejército y la
guerrilla, la Iglesia católica y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) entablaron las primeras conversaciones para iniciar un proceso de reconciliación nacional que conduciría, a partir de 1991, al inicio de las negociaciones por la paz entre el ejército y la guerrilla. El proceso de negociaciones sufrió, sin embargo, varias interrupciones. El 21 de diciembre de 1996, luego de la firma de nueve acuerdos sobre temas específicos de las negociaciones, se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera en la ciudad de Guatemala.
18 No se sabe con precisión el año en que desaparecieron los alguaciles de cofradías. Un entrevistado nos indicó que fue en 1976 y otro en 1980. Aunique no se tiene certeza sobre las causas que originaron la extinción del servicio de los alguaciles de cofradías, se cree que pudo haber influido enormemente el proceso de evangelización emprendido más o menos desde los años cuarenta por la Acción Católica Rural y a partir de los años sesenta por las iglesias evangélicas. Según J. GarcíaRuiz (1994, p. 28), Ias cofradías en el discurso religioso no estaban dentro del plan de Dios", razón por la cual era necesario desarticularlas. Este mismo autor, refiriéndose a las estrategias evangelizadoras de la Acción Católica de los años sesenta nos dice: "Portadora de una visión del mundo occidental, su acción divide profundamente a las comunidades y propone nuevas formas de socialización religiosa y de inserción social. El 'nuevo convertido' tenía que renunciar a todo tipo de "vicios y prácticas tradicionales" consideradas frecuentemente como inmorales; debía abandonar las prácticas y creencias ancestrales del grupo social al que pertenecía."
18
momento de casarse, pasara a formar parte del grupo de alguaciles del sistema
de cofradías, y una de las tareas asignadas como parte de un servicio civil
gratuito hacia la comunidad era hacer rondas nocturnas en las calles del pueblo.
Según Sol Tax,19 eran de 60 a 70 alguaciles de entre 18 y 20 años los que se
nombraban anualmente en el pueblo. Además de cuidar la iglesia y los santos,
los alguaciles servían a la comunicad organizándose en cinco grupos de veinte
personas cada uno, con turnos semanales, en los que cumplían las funciones de
policías locales y guardianes nocturnos. Los responsables de organizar a los
alguaciles eran los mayores, personas con más madurez y experiencia (de 40
años o más) que, en su momento, también habían sido alguaciles. Los mayores
eran nombrados por los ancianos del pueblo o principales. En total se
nombraban doce mayores cada año, y eran éstos los que organizaban las
rondas. Con su nombramiento dentro de la estructura del sistema de cofradías
los mayores también adquirían el compromiso de acompañar a los alguaciles
durante el servicio nocturno. La presencia de un mayor en cada grupo era
importante, pues al tener más edad que los alguaciles eran los que con su
conducta daban el ejemplo.
Las rondas se hacían en dos turnos durante la noche. El primero de ellos
empezaba a las 9 para terminar a medianoche y el segundo iba de ese momento
de cero horas hasta las 3 de la madrugada. Cada alguacil llevaba su comida
(sus tortillas) y un "gorgorito" (silbato) para hacer señales en caso de necesidad.
Eran acompañados de un mayor, en quien recaía la responsabilidad de jefe de
grupo en reconocimiento a la jerarquía de su cargo y, principalmente, a su edad.
Las rondas solían desarrollarse en un ambiente muy tranquilo pues, según
cuenta la gente, en esos años no había grandes incidentes de delincuencia ni,
mucho menos, de violencia. De presentarse algún problema eran los ancianos
del pueblo o el alcalde los llamados a resolverlo. No existían, en realidad,
grandes contradicciones ni oposiciones entre el marco normativo legal y el
sistema normativo específico de la comunidad. El alcalde del pueblo era, al
19 Sol Tax, "Los pueblos del lago de Atitlán", Seminario de Integración
Social Guatemalteca, 23, 1968, p. 260-261.
19
mismo tiempo, juez de paz. Esta dualidad de funciones permitía que en todo
caso el alcalde recurriera primero a lo que la normatividad indígena le señalaba,
y sólo en última instancia a lo preceptuado por las leyes del Estado. Si bien es
cierto que la institucionalidad estatal estaba ya presente en la comunidad,
también lo es que las autoridades locales, por ser indígenas, hacían prevalecer
su propia normatividad.
Tres factores, a nuestro juicio, fueron determinantes en el desmoronamiento que
a partir de los años setenta se dio en las prácticas tradicionales en referencia.
Primero, la penetración ideológica, cada vez más intensa, del catolicismo y del
protestantismo, que hacen renunciar a los "convertidos a las leyes de Dios” a
todo tipo de creencias y practicas tradicionales. Hemos citado anteriormente
que dentro del discurso y la ideología de la Iglesia católica la práctica de la
"costumbre"20 se presentaba como inmoral y contraria a los "planes de Dios".
Igual sucedía con las estrategias de conversión de las iglesias evangélicas.
En segundo lugar, a partir de 1987, se despojó el alcalde municipal de
ciertas facultades que le concedían el ejercicio del poder y la autoridad, lo cual a
su vez le permitía influir, a través de la toma de decisiones y de la resolución de
problemas de orden judicial, sobre los miembros de la comunidad. Razones
prácticas y de presupuesto habían permitido efectivamente que el alcalde
asumiera competencias en el ramo penal, civil, laboral y familiar. Desde 1944
estas competencias se habían asumido como competencias de grado en el
orden judicial. Con la separación de funciones y la creación de la figura del juez
de paz como funcionario independiente de la institución del alcalde, se creó un
vacío de autoridad que sin duda conllevaba divisiones y contradicciones en el
20 Con el término genérico de “costumbre” es designado el conjunto de
creencias, prácticas y procesos rituales que se articulan en torno a los elementos siguientes: el discurso-oración fijo a través del cual el aj k'ij presenta a la divinidad la finalidad del ritual y las peticiones sociales y/o individuales; las ofrendas cuya finalidad es alimentar a las divinidades: copal negro, copal blanco, candelas, libaciones de alcohol, flores, pétalos, primicias de la cosecha y, -aunque no en todos los rituales, el sacrificio de un gallo o gallina al cual se le corta el cuello y cuya sangre es vertida sobre las brazas donde se quema el copal y sobre la tierra." J. García-Ruiz, 1994, p. 22.
20
seno de la comunidad,21 tanto más que el juez de paz, nombrado por la
autoridad judicial de la capital, desconocía la comunidad y su cultura.22
Por último, el poder local (cofradías y municipalidad) se vio obligado desde
los años ochenta a coexistir con estructuras políticas de reciente gestación. Los
destacamentos, los comisionados militares y las PAC, entre otros, fueron
factores de agresión hacia las estructuras tradicionales de la comunidad, que
han menguado su funcionamiento.
En alguna medida -y en algunos casos-, la intervención de las ONG en la
toma de decisiones políticas, administrativas y financieras de la comunidad ha
influido y contribuido al debilitamiento del poder local.
¿Qué elementos de las rondas tradicionales recupera el modelo actual?
¿Cuál es la especificidad del nuevo modelo? ¿Qué obstaculiza su desarrollo?
Creímos conveniente hacer un análisis del modelo de seguridad antiguo
porque, a partir de las encuestas realizadas durante el trabajo de campo,
algunos indicios señalaban que el actual modelo de seguridad de los habitantes
de Santiago Atitlán estaba fuertemente sustentado en prácticas tradicionales de
los antiguos cofrades. El deseo de conocer más y de obtener mejores
respuestas a las preguntas que se nos planteaban nos llevó, desde nuestras
primeras investigaciones, a indagar sobre las rondas tradicionales y, en especial,
sobre la lógica interna que posibilitaban su funcionamiento en aquellos tiempos.
A partir de los resultados de esa pequeña búsqueda, y por comparaciones
recurrentes entre el antiguo y el nuevo modelo, procederemos a determinar la
especificidad del sistema de seguridad actual.
Aunque los cofrades siguen desempeñando un papel importante en la vida
político-religiosa de la comunidad,23 ya no es el sistema de cofradías el que
21 Véase al respecto Carlos Ochoa García (comp.), Los contextos actuales
del poder local. Gobernabilidad y municipalismo, IRIPAZ, 1993 22 El nombramiento del Juez de paz se hace generalmente en la capital.
Para ello no se tienen en cuenta en ningún momento ni criterios culturales (idioma, costumbres, etc.) ni de vecindad. En la mayoría de los casos el juez de paz de una comunidad indígena es un ladino (mestizo).
23 La organización de las cofradías es todavía un espacio importante que
21
permite enganchar a los jóvenes alguaciles en el servicio de seguridad. A raíz
de la masacre, la fuerza de los acontecimientos llevó a todos -o casi todos- los
habitantes varones mayores de edad a ofrecer su servicio voluntario ante el
comité de emergencia surgido después de la matanza. También las mujeres, al
presentarse a ofrecer sus servicios en los momentos más difíciles del conflicto,
fortalecieron la solidaridad comunitaria.
Conforme fueron evolucionando los acontecimientos, la gente que en forma
espontánea había decidido organizarse para hacer las rondas como se "hacían
antes" empezó a diseñar una estrategia que pudiera garantizar la seguridad en
todo el municipio. Si antiguamente los mayores formaban semanalmente cuatro
grupos de cinco personas para rondar por las calles durante la noche, en el
nuevo contexto era necesario crear un sistema de rondas que considerara el
crecimiento del pueblo y de su población, pero, sobre todo, el acoso permanente
a que estaría expuesto luego de haber desafiado al ejército.
Con la creación formal del Comité Pro-Seguridad y Desarrollo (reconocido por el
Ministerio de Gobernación), el 8 de febrero de 1991, en el comité central se
dispuso la creación de subcomités cantonales que, manteniéndose siempre
coordinados entre sí, se encargarían de organizar, cada uno en su cantón,
rondas nocturnas de 9 de la noche a 3 de la madrugada. Desde entonces, un
promedio de 18 personas en cada cantón rondan por las calles cada noche,
armados solamente de un palo y portando una bandera blanca en señal de paz y
un gorgorito para avisar de las emergencias. Los turnos se distribuyen en
función de la cantidad de personas disponibles en cada cantón, y corresponde a
utilizan los líderes religiosos para tratar de resolver algunos de los problemas que atañen a la comunidad. El cabecera del pueblo, como autoridad tradicional más importante, tiene aún hoy un papel de primer orden en la vida política de la comunidad. Es a él a quien acuden, en última instancia, los diferentes sectores de la comunidad (incluyendo el alcalde municipal y su corporación) para obtener consejo o asesoría antes de la toma de decisiones. Su autoridad moral se mantiene a tal extremo que las decisiones más importantes que incumben a toda la comunidad deben contar necesariamente con la aprobación del cabecera del pueblo.
22
la radio local anunciar cada día el nombre de los integrantes de la ronda de esa
noche. Como lo hacían antes los alguaciles, ellos también llevan su comida y su
café para alegrar el estómago y aplacar el frío cuando ya el alba comienza a
vislumbrarse. Era normal, en los primeros años, que toda la población se
mantuviera en estado de alerta: mientras unos rondaban los otros se mantenían
en vigilia en sus casas. Dormir era casi imposible.
En caso de una emergencia (especialmente cuando se trataba de un acoso
militar) los miembros del comité utilizan la capacidad de convocatoria que el
pueblo mismo les ha conferido. Todos en el pueblo conocen el llamado de la
tradición. Si se presenta un acto delictivo común y corriente durante la noche
(un robo por ejemplo), el gorgorito es el medio de comunicación por excelencia.
El refuerzo inmediato de miembros de otros grupos alimenta la capacidad de
acción de los compañeros del cantón vecino. El llamado del tambor, sólo
superado por los repiques de la campana de la iglesia, avisa que algo grave,
muy grave, está sucediendo. En ambos casos, la población entera sale a
apoyar a los miembros de las rondas.
Durante el día el Comité Pro-Seguridad y Desarrollo asume las funciones de
vigilancia que normalmente corresponderían a una institución policiaca de
carácter civil no represiva. Aquí, la divulgación de un problema que afecte la
seguridad pública se hace generalmente de un vecino a otro.
Cuando se trata de un hecho delictivo que afecta la propiedad privada o la
seguridad individual, se llama a la persona afectada para que presente la
denuncia ante los miembros del comité. Según sea el caso, la gente del comité
se reúne y acude al lugar de los acontecimientos con el objeto de cerciorarse
personalmente de lo ocurrido. Si se trata de hechos delictivos menores los
miembros del comité proceden a reunir a los involucrados en la querella y,
aplicando mecanismos conciliatorios, buscan resolver el problema de tal manera
que ambas partes pueden satisfechas.
La policía nacional en Santiago Atitián es una institución subordinada a la
población. Después de la masacre, como ya dijimos, el ejército tuvo que salir, y
la policía se vio reducida en número y en funciones. En la actualidad sólo dos o
23
tres policías permanecen en las oficinas ubicadas a un costado del mercado y
sus funciones se limitan a actividades de carácter puramente administrativo. No
se ven policías por las calles. Los de turno se quedan en las oficinas: unas
veces sentados en su escritorio, otras conversando entre ellos -o con algún
vecino- otras, jugando a las cartas... Se los ve tranquilos, adaptados a su nuevo
papel y, sobre todo, respetuosos de la comunidad.
Si se presenta un hecho penal (homicidio, por ejemplo) y éste escapa a las
posibilidades de resolución conciliatoria a que acuden normalmente el alcalde o
los miembros del comité, el caso se traslada inmediatamente a la policía
nacional para que sea ésta la que levante el acta correspondiente y proceda a
trasladar el caso al juez de paz. En este momento se establecen las fronteras
entre el sistema normativo indígena y el sistema.jurídico oficial.
Dos culturas, dos formas de pensar y ver el mundo, se encuentran y
tropiezan una con otra; muchas veces chocan en un encuentro desafortunado.
La penetración del Estado a través de sus instituciones ha sido, desde los
primeros tiempos de la colonización, uno de los factores más importantes de la
desagregación de las comunidades. Las iglesias también han hecho su parte...
Al pasar el caso al juez de paz, este procede conforme a lo preceptuado por
el sistema normativo penal. En esta parte del proceso se da lo que Nils
Christie24 llama la "expropiación del conflicto": muchos de los casos,
considerados graves, se trasladan a los tribunales de la cabecera departamental
de Sololá o a los tribunales de la capital, y con esta medida son arrebatados a
las personas directamente involucradas y abandonados a su propia suerte. Si
se traslada al imputado fuera de su comunidad, al fenómeno de expropiación del
que hablamos se agrega el problema de la transculturación. Ya en Sololá el
idioma deja de ser el tz'utuhil. Las costumbres, los vecinos, los jueces, la
cárcel... todo es desconocido, o casi todo. Ni hablar de la capital.
24 Véase Nils Cliristie, "Los conflictos como pertenencia"; conferencia
pronunciada el 31 de marzo de 1976 en el acto inaugural del Centro de Estudios Criminológicos de la Universidad de Sheffield. Este trabajo fue publicado originalmente con el título "Conflicts as property" en The British Journal of
24
Pero la expropiación aquí no se da únicamente hacia el imputado y la
víctima. La comunidad misma se ve expropiada de sus problemas e impedida de
resolverlos como ella suele hacerlo. La justicia oficial, cabe decir, no resuelve
los problemas, los redefine: encarcela, impone penas, ordena matar... pero la
víctima seguirá estando insatisfecha, a tal punto que ella ni siquiera participa en
su proceso.
La comunidad indígena, en cambio, no sólo resuelve los problemas sino que
también busca repararlos. La satisfacción plena de las personas involucradas
en el conflicto es el objetivo final de la mediación.
Al arrebatárseles el conflicto, al pasa a ser "pertenencia de otra gente", tanto
a la víctima como a la comunidad se les niega la oportunidad de participar en la
resolución de sus problemas. Se les desplaza. Se les expropia. Se les
victimiza nuevamente, alejándolos de toda posibilidad de participación. "Los
conflictos deben ser usados, no sólo abandonados a su suerte; y deben ser
usados -para ser útiles- por quienes originariamente se vieron envueltos en
ellos."25
No existe en realidad una estrategia definida de acción. La distribución de
los grupos por cantones y las funciones de dirección y coordinación que asume
el comité central desde sus oficinas en el edificio municipal es lo que a simple
vista podría asimilarse a dicha estrategia. Más podría hablarse de mecanismos
de control subyacentes, es decir, de formas de control social imperceptibles a los
ojos del sujeto "controlado" que tienen como función observar la conducta que
pueda llegara romper el equilibrio de la comunidad.26
Criminology, vol. 17, núm. 1 enero de 1977.
25 Ibidem, p. 159. 26 En las sociedades mayas, "el orden, el bienestar de la persona, de la
comunidad, de la naturaleza, se conciben amenazados por las transgresiones; o sea, por aquellos factores que atraen nuestra vida cotidiana hacia el desequilibrio (sin embargo el desequilibrio es más que una intranquilidad). En esta concepción de la vida, como sujeta a la condición de equilibrio, es en la que los principios del sistema ético dan a la cultura la categoría de pilar fundador del orden social-natural-sagrado, y a través de éste se interiorizan las actitudes que son el corazón de aquellas conductas que la comunidad espera de una
25
Aquí el rumor asume su papel como mecanismo de control y seguridad. Éste
ocupa, en efecto, un espacio importante en la vida social y política de Santiago
Atitlán. Por eso las estrategias de seguridad de los atitecos, en los momentos
en que el acoso militar se hacía más persistente, combinaban el mecanismo de
“pasar la voz" con lógicas de acción muy bien organizadas (crear cercos de
seguridad, por ejemplo), que involucraban a miles de personas.27
Las rondas de seguridad de los habitantes, al igual que las rondas de los
alguaciles, recurren igualmente a mecanismos ético-sociales (el "deber ser”
hacia la comunidad) que las instituciones comunitarias tradicionales (familia,
cofradía, alcaldía indígena, etc.) trasmiten a cada uno de sus miembros.
El servicio cívico que nacía con el matrimonio y que obligaba moralmente
al recién casado a servir a su comunidad en las tareas de seguridad se ha
extinguido, pero el comportamiento ligado a los principios y valores ético-morales
del pueblo maya ha perdurado y, en consecuencia, logra que cada individuo siga
sintiéndose responsable ante su comunidad: para los habitantes de Santiago
Atitlán es un deber participar en las rondas, como también es un deber cuidar a
la familia y a la comunidad.
A partir de la expulsión del ejército y, con ella, la expulsión del sistema de
seguridad del Estado y el resurgimiento de las rondas, ¿qué cambios se
producen en la comunidad?; ¿cuáles han sido los resultados?
persona". "Para los Mayas la percepción de lo sagrado como referente del comportamiento sólo es posible con una equilibrada conducta social y personal; solo así la vida conforma un estado de bienestar total. El equilibrio es uno de los ejes en que se funda la vida social de los Mayas. No es, sin embargo, el equilibrio en un nivel particular, sino en un todo de vida global y totalizante. Se busca la equidad en la relación social, en las condiciones biológicas de la vida humana, en la relación con las divinidades, en el comportamiento cotidiano y en la relación con la naturaleza." Véase, a este respecto, el interesante trabajo del grupo de investigadores del Centro, de Estudios de la Cultura Maya, Edgar Esquit Choy y Carlos Ochoa García (comps.), El respeto a la palabra. El orden jurídico del pueblo maya, Guatemala, 1995.
27 Después de la masacre hubo varias incursiones militares en la jurisdicción del municipio. De inmediato voces de campesinos hacían llegar la noticia hasta el pueblo para advertir a todos los habitantes. Hubo varias
26
La experiencia de los habitantes de Santiago Atitlán brinda, a los
interesados en el tema de la seguridad nacional, la posibilidad de poner a prueba
la operatividad de las diferentes posiciones teórico-ideológicas que sobre tan
importante tema se han elaborado luego de finalizada la "guerra fría".28 Los
términos del debate sobre el papel de los ejércitos en el contexto de las
"relaciones conflictivas entre países" (de defensa de la soberanía nacional) o de
la penetración de "ideologías foráneas" (lucha contra el comunismo), se han
agotado, según parece, luego de la caída del muro de Berlín. Hay algunos, sin
embargo, que vinculando el problema del narcotráfico y de la destrucción
ecológica con el cuidado y vigilancia de las fronteras quieren justificar todavía la
razón de existir de las instituciones armadas. ¡Gran debate! Sobre todo si ante
los defensores de una posición ortodoxa de la ideología militar, surgen otros que
plantean la necesidad de asumir una posición moderada, es decir, una
estrategia orientada a la "reconversión" de las funciones del ejército.29
Los parámetros del problema de la presencia militar en Santiago Atitlán
no se midieron ni siquiera en términos de "reconversión". El planteamiento fue
claro desde el principio. Lo que se exigió fue la expulsión; expulsión que, en un
contexto macro, es decir, no de una pequeña comunidad sino de un país,
ocasiones en las que grupos de soldados fueron obligados a retroceder ante la presencia de miles de atitecos que, rodeándolos, les cerraban el paso.
28 "Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la extensión a toda la arena mundial de la Guerra Fría generó la consolidación de la influencia norteamericana en los ejércitos latinoamericanos. Nuestro continente pasó a ser un frente en esa lucha y los programas de asistencia militar, establecidos por Estados Unidos, comunicaron el concepto anticomunista y este-oeste a los institutos militares, los cuales lo asumieron de forma que la denominada ‘ amenaza soviética' pasó a convertirse en el principal asunto de la agenda de seguridad. "La adopción por el pensamiento militar latinoamericano de las nociones de la Guerra Fría, dan origen en su forma más extrema, a la llamada doctrina de seguridad nacional, que fue el fundamento ideológico de las dictaduras militares de los años setenta.” G. Aguilera Peralta, Seguridad, función militar y democracia, FLACSO, Guatemala, 1994, pp. 20-22.
29 Según G. Aguilera Peralta (1994, p. 51) la reconversión sugiere “la modificación en las funciones de las fuerzas armadas, en la medida que las que venía desarrollando dejan de tener sentido, o por lo menos disminuyen drásticamente debido a cambios en el entorno".
27
podría asimilarse fácilmente a un planteamiento abolicionista.30 Recordemos, al
respecto, que la comunidad en sí misma "constituye una sociedad en
reducción, con fronteras precisas" y que es "al interior de sus límites que las
transformaciones radicales se realizan”31 y se expanden.
Para la doctrina de la seguridad -y para los teóricos de la seguridad- la
importancia de la problemática surgida en Santiago Atitlán podría plantearse
así: si la expulsión del ejército significó la eliminación del principal victimario de
la comunidad, la eliminación de la seguridad nacional en el municipio también
significó el replanteamiento del concepto y la práctica de la seguridad
ciudadana. Si el concepto de seguridad nacional desaparece en el municipio de
Santiago Atitlán, aparecen un concepto y una práctica alternativas (ya no como
un ejercicio del poder central del Estado) basada en una experiencia
comunitaria. El problema para los interesados en la búsqueda de nuevos
modelos de seguridad es saber si esta experiencia comunitaria proyectada a
partir de la cosmovisión maya del mundo es generalizadas a otras sociedades.
Claro está que, en Santiago Atitlán, la expulsión del ejército también se
tradujo en una reducción significativa de la presencia del Estado en el
municipio. El Estado, incapaz de prestar los servicios esenciales en las áreas
rurales del país, se ha hecho presente sólo a través de la institución militar. En
esos términos, la salida del ejército, también significó que saliera el Estado.
¿Estaremos en presencia de un caso de autonomía? ¿De autodeterminación?
¿Qué papel cumple el Estado en Santiago Atitlán?
Con el reconocimiento oficial del Comité Pro-Seguridad y Desarrollo como
ente responsable de la seguridad del municipio, el Estado mismo reconoce -y
30 La desmilitarización total es una tesis hasta ahora sostenida solamente por civiles. El argumento central es la inutilidad del aparato arrastra." Según esta tesis, "se ve la fuerza armada como carente de utilidad y por ello consumidora de recursos financieros (los presupuestos militares) y humanos (absorción de mano de obra para tareas improductivas, aparte de su tradición de intervención en política que la hace potencialmente desestabilizadora del proceso democrático; se propone en consecuencia su abolición y el traspaso de la totalidad de la seguridad armada de la nación a cuerpos policíacos altamente profesionalizados y tecnificados.” G. Aguilera op. cit., pp. 52-53.
28
acepta- su incapacidad en el cumplimiento de sus funciones de seguridad. Su
única función, en ese contexto, la cumple cuando interfiere en los asuntos
políticos y administrativos del municipio, para lo cual se apoya en las facultades
que el conjunto de leyes y normas de carácter nacional le han otorgado. Hasta
ahora la política de inversión del Estado, si se realiza, se dirige preferiblemente
a las áreas urbanas del país. En el caso de las comunidades rurales más
alejadas, las iniciativas camino al desarrollo pasan en su mayoría por el
acompañamiento internacional y no siempre por la voluntad política de priorizar
el campo. Esperemos, en todo caso, los efectos de la cooperación.
Los resultados obtenidos con las rondas de seguridad, si se analizan desde
el punto de vista penal, reflejan ya cambios interesantes. Según las
estimaciones del juez de paz local, en los últimos años los índices de la violencia
han bajado hasta casi desaparecer; los delitos comunes (hurtos, robos, riñas
callejeras, etc.) se han reducido notablemente.
Aunque no se da una explicación precisa de parte del juez de paz sobre las
causas que pudieron haber originado tales descensos, hemos llegado a formular
una hipótesis sobre dicho fenómeno: por un lado, el sistema de seguridad de los
habitantes ha incidido favorablemente en la disminución de delitos y, por el otro,
la utilización por parte de las autoridades locales de los mecanismos
comunitarios de resolución de conflictos ha reducido de manera considerable el
número de casos que llegan al juzgado de paz.
Pero lo más importante es la desaparición total de la violencia institucional
que había sido ejercida por los aparatos estatales de seguridad durante la
década de los ochenta. Si bien existen delitos comunes -aunque no en la misma
proporción que en otras regiones del país-, el temor al delito en Santiago Atitlán
se ha reducido considerablemente.32 La respuesta a la pregunta acerca de si los
31 G. Balandier, Antropologie politique, PUF, París, 1995, p. 208. 32 "La criminología contemporánea ha establecido la distinción entre delito
(se refiere al volumen de la criminalidad real) y temor al delito (se refiere a la correcta o incorrecta percepción sobre el volumen de la criminalidad y el grado de riesgo de ser victimizado). “Ambos términos, delito y temor al delito, se alimentan con un efecto multiplicador, en razón del cual el segundo agiganta una
29
habitantes están conformes o no con los resultados obtenidos con su sistema de
seguridad cae por su propio peso.
Existe delincuencia convencional, claro está, pero tal como existe en
cualquier otra parte del mundo: ligada a niveles de pobreza y a situaciones de
exclusión. La solución a este tipo de problemas, como es evidente, debe
buscarse recurriendo más a medidas de carácter social que a medidas de tipo
penal.
Si comparáramos el ambiente de tranquilidad que reina en el municipio de
Santiago Atitlán con el que impera en cualquier otro municipio o ciudad del país,
la diferencia indudablemente sería enorme. En Santiago Atitlán la gente se ha
reapropiado de sus espacios y esto se nota fácilmente cuando se los ve caminar
muy a gusto por las calles. Es común encontrar entremezclados a niños,
jóvenes, mujeres, hombres y ancianos. En Santiago Atitlán una gran parte de la
vida social, que se extiende hasta bien entrada la noche, se vive en las calles.
El mercado del pueblo, por ejemplo, funciona todos los días de la semana en
espacios abiertos y los habitantes acuden a él hasta eso de las 9 de la noche,
hora en la que se acostumbra levantar la mayoría de los pequeños comercios.
La actividad de la población ya no se limita a los horarios que la presencia
militar había impuesto. Antes, según cuentan los entrevistados, no se podía salir
de madrugada de la casa hacia el campo por el temor a la violencia. Tampoco
se podía salir a las calles después de las 5 de la tarde. Ahora, con la confianza
que la ronda inspira en los habitantes, ya no hay hora para salir o para entrar a
casa. El ritmo de vida es el ritmo que las propias actividades sociales o de
trabajo imponen a cada persona. La paz reina tranquila.
Sin duda alguna, el cambio más profundo y que a la larga va a traer
mayores y mejores resultados es la instauración de un modelo de democracia
directa y verdaderamente participativa en la comunidad. En efecto, el primer
domingo de cada mes, a las 3 de la tarde, gran parte de los habitantes de percepción distorsionada del primero, por lo que la población llega a 'percibir' inclusive, que 'aumentan' delitos que no aumentan." Elías Carranza,
30
Santiago Atitlán se reúnen en la plaza de la iglesia del pueblo para participar en
un cabildo abierto; allí las autoridades de la corporación municipal y del Comité
Pro-Seguridad y Desarrollo informan a los habitantes sobre los problemas
presentados en el transcurso del mes y sobre las gestiones emprendidas para
buscarles solución.
El cabildo abierto, como instancia de diálogo y comunicación entre los
habitantes y las autoridades locales, permite mantener informada a toda la
ciudadanía acerca de los asuntos de la comunidad, pero también, y esto es sin
duda lo más importante, abre espacios para la participación y viabiliza, en los
asuntos locales de importancia, la toma de decisiones de los habitantes.
El modelo de democracia directa que rige la sociedad atiteca es, sin duda,
sui generis en Guatemala. En otras comunidades, aunque existen fuerzas
políticas que reagrupan a sectores importantes de la población, no ha habido
una, creemos, que logre crear el nivel de cohesión social que existe en Santiago
Atitlán.33
Es interesante -y sorprendente- ver cómo en Santiago Atitlán, cuando se
trata de ventilar asuntos que conciernen a la comunidad, toda la población
participa sin que medien diferencias religiosas o económicas. Esto,
evidentemente, no significa que exista una especie de homogenización del
pensamiento político. Al contrario, en Santiago Atitlán existen por lo menos dos
fuerzas políticas que aglutinan a cantidades considerables de la población. Son
éstas, y la relación de fuerza que ellas generan, las que crean una dinámica de
participación ciudadana excepcional.
Nos pareció interesante hablar del sistema del cabildo abierto pues esta
instancia también nació con las rondas de seguridad, y desde entonces sigue
siendo un mecanismo al cual recurren los integrantes del comité para ventilar los
asuntos relacionados con la seguridad. En los cabildos abiertos, lo hemos dicho, Criminalidad. ¿Prevención promoción?, EUNED, San José, Costa Rica, 1994, p. 64.
33 Una interesante investigación sobre este tema fue realizada bajo la coordinación de Carlos Ochoa García: Los contextos actuales del poder local. Gobernabilidad y municipalismo, IRIPAZ, Guatemala, 1993.
31
se informa anualmente de los problemas que se presentan durante el trabajo de
las rondas, se discuten las soluciones y, además, se organiza en alguna medida
el trabajo posterior del Comité Pro-Seguridad y Desarrollo.
LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO ATITLÁN DESDE LA
PERSPECTIVA DE LOS ACUERDOS DE PAZ
¿Qué dicen los Acuerdos de Paz sobre seguridad ciudadana? ¿En qué se
oponen al modelo de Santiago Atitlán?
Nos pareció interesante, pero sobre todo necesario, concluir nuestro
trabajo con el análisis de las disposiciones contenidas en los Acuerdos de Paz
en materia de seguridad ciudadana, y el análisis de los planteamientos hechos,
sobre ese mismo tema, por los habitantes de Santiago Atitlán. Nuestro propósito
será, por último, determinar las proyecciones y las oposiciones que contiene el
modelo de seguridad de Santiago Atitlán, en relación con lo que actualmente se
plantea en el nivel nacional. Intentaremos demostrar que, por una parte, los
Acuerdos de Paz, en el contexto nacional, son un marco político de referencia
que permiten validar y legitimar la experiencia del modelo de seguridad de los
habitantes de Santiago Atitlán y, por la otra, que la experiencia de Santiago
Atitlán toma avance -o se anticipa- a los acontecimientos del proceso de
negociaciones por la paz y a la firma misma de los acuerdos.
Cuando se constituyó formalmente el Comité Pro-Seguridad y Desarrollo,
el 8 de febrero de 1991, los habitantes de Santiago Atitlán tenían muy claro que
el concepto de seguridad al cual ellos pretendían aferrarse en su comunidad no
podía reducirse al concepto de seguridad manejado por los estados nacionales,
ni mucho menos a mecanistnos violentos y a estrategias represivas que
coartaran la libertad del individuo y de la comunidad.
32
Fue sin duda la experiencia vivida durante largos años la que los llevó a
plantearse los desafíos de crear un concepto de seguridad comunitaria más
amplio, adaptado a las necesidades de la población. Seguridad para ellos, en
tiempos de conflicto, sería defenderse de las agresiones policiaco-militares o de
las que pudieran provenir de cualquier agente externo a la comunidad. Los
mecanismos de control social harían su parte en la prevención del delito
convencional.
Pero la seguridad de la comunidad no se planteó únicamente en términos
de prevenir o repeler los acosos militares o las intervenciones guerrilleras. La
situación de pobreza, la inseguridad alimentaria, el bajo rendimiento de las
parcelas, la escasez o la inexistencia de servicios públicos vitales y tantos otros
inconvenientes a los que la comunidad veíase sometida por los efectos de la
marginación cultural y social, planteaban problemas y retos a los que la
comunidad en su conjunto tendría que enfrentarse.
Surgió así un concepto -y un programa- de seguridad completamente
novedoso, que los llevó a pensar que la seguridad de los habitantes no puede
ser entendible sin un concepto implícito de desarrollo integral comunitario. El
planteamiento elevó los objetivos del comité para asentarlos sobre tres pilares
fundamentales: a] mantener la unidad y la comunicación cultural, social y
religiosa; b] velar por la seguridad y el respeto a los derechos humanos; c] lograr
el desarrollo integral de la población de Santiago Atitlán a través de las
organizaciones comunitarias existentes.
Para el logro de los objetivos el comité central organizó una junta directiva
integrada por nueve miembros; y subcomités para áreas específicas de trabajo
(seguridad, cultura, educación, salud, trabajo, etc.), que reproducen, cada uno,
el esquema de organización del comité central. El programa de seguridad
planteado por consenso comunitario abarcaría, en consecuencia, no sólo
funciones para cuidar del orden público, sino también, y sobre todo, objetivos de
desarrollo que procurasen el bienestar económico, social, cultural y político de la
comunidad. La reducción del delito convencional fue entendida como algo que
cae por su peso luego de alcanzar el bienestar integral de la comunidad.
33
Los Acuerdos de Paz y, en especial, el "Acuerdo sobre fortalecimiento del
poder civil y función del ejército en una sociedad democrática", firmado por los
representantes del gobierno y de la URNG en septiembre de 1996, en la agenda
de seguridad, dejan clara la posición de ambas partes respecto al tema que
concierne a la seguridad ciudadana. Procederemos, en los siguientes párrafos,
a analizar las correspondencias o las contradicciones entre el concepto de
seguridad planteado por la comunidad de Santiago Atitlán y el concepto de
seguridad que se plantea en el referido acuerdo.
Tanto el modelo de Santiago Atitlán como la agenda de seguridad
propuesta en el acuerdo coinciden en la idea fundamental de que Ia seguridad
es un concepto amplio que no se limita a la protección contra las amenazas
externas [... ] o a la protección contra las amenazas al orden público y la
seguridad interna".34 La seguridad, según lo plantean ambas definiciones, debe
orientarse al logro de objetivos concretos de desarrollo que beneficien a la
comunidad.
Es interesante la relación entre el concepto de seguridad ciudadana y el
tema de la pobreza dentro del acuerdo. Tradicionalmente se concebía la
seguridad sólo en su función de control y vigilancia del orden público, y su
aplicación se hacía a partir de unas estrategias relacionadas con el concepto de
seguridad nacional o de lucha contrainsurgente. Dentro de esta concepción de
“seguridad" no se buscaba una explicación ni mucho menos un enfrentamiento
de las causas que originaban el conflicto social al cual se abocaban las
instituciones estatales. Hemos dicho que el delito convencional -y podríamos
agregar que también el movimiento guerrillero- encuentran sus orígenes dentro
de las enormes desigualdades sociales existentes y en la situación de exclusión
y marginación cultural y social que caracteriza al país.
34 "Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una
sociedad democrática”, firmado por representantes del gobierno de la República y de la URNG en la ciudad de México el 19 de septiembre de 1996.
34
Buscar una solución a dichos problemas a través de la represión era -y
seguirá siendo- un método autoritario (opuesto a la idea de democracia), cuyos
efectos provocan en realidad la inseguridad individual y colectiva.
Tanto los Acuerdos de Paz como el modelo de Santiago Atitlán coinciden
en señalar la necesidad de ampliar el concepto de seguridad para crear un
modelo de seguridad más integral. Se plantea como elemento fundamental el
respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad étnica y
cultural sobre la cual se funda la nación guatemalteco. Para realizar una mejor
comparación de las correspondencias y/o contradicciones de ambos conceptos,
citamos el párrafo en el cual la agenda de seguridad sintetiza las ideas que
fundamentan el concepto de seguridad ciudadana:
la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado son inseparables de pleno
ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y deberes políticos, económicos,
sociales y culturales. Los desequilibrios sociales y económicos, la pobreza y la
pobreza extrema, la discriminación social y política, la corrupción, entre otros,
constituyen factores de riesgo y amenazas directas para la convivencia
democrática, la paz social, por ende, el orden constitucional democrático.
¿Cuál es, entonces, la diferencia entre uno y otro modelo de seguridad?
Si advertimos con claridad que existe una gran coincidencia entre los
conceptos vertidos en el acuerdo de paz y el programa de seguridad y desarrollo
planteado por el comité, también advertimos que la diferencia fundamental entre
ambos es que, en el caso del modelo de los habitantes de Santiago Atitlán, la
seguridad (en su acepción estrecha de cuidado del orden público) pasa a ser
responsabilidad directa de los habitantes, mientras que en los conceptos
planteados por el acuerdo de paz la seguridad, como siempre, se deja bajo la
responsabilidad del Estado a través de sus instituciones (el ejército como
garante de la soberanía nacional y de la seguridad externa, y la policía nacional
civil, -PNG-, como garante del orden público y de la seguridad interna).
35
La especificidad del modelo de Santiago Atitlán, insistimos, reside en su
carácter netamente civil. Los conceptos vertidos en el acuerdo sobre
fortalecimiento del poder civil, referentes a la creación de una policía nacional
civil, aunque podrían interpretarse como semejantes a un sistema de seguridad
civil, se alejan a partir del momento en que éstos se piensan desde una
perspectiva estatista. Para el modelo del Estado la seguridad es responsabilidad
de sus instituciones, mientras que para el modelo de Santiago Atitlán aquélla
forma parte de la responsabilidad ético-moral de cada uno de los miembros de la
comunidad.
Podría pensarse que no tiene caso hacer este tipo de comparaciones pues
existen grandes diferencias (no sólo de tamaño sino también de tipo y naturaleza
de problemas) que hacen difícil y hasta imposible la comparación de un modelo
comunitario con un modelo de sociedad global. Pero es justamente esta
confrontación teórica la que permite bosquejar un modelo alternativo de
seguridad (descentralizado) que se fundamenta en las especificidades sociales,
culturales y políticas de cada comunidad.
Recordemos que en Guatemala la organización comunitaria desempeña un
papel importante en la organización social de los pueblos, y que un municipio no
es solamente una división político-administrativa del Estado, como se nos ha
querido presentar. Silvert Kalman había señalado ya para 1954 que el municipio
es también una unidad ejecutiva, legislativa y judicial, dentro de la limitada
esfera de sus funciones.35
Por otra parte, otros estudios han señalado que también las identidades de
lo municipal están diferenciadas, lo cual significa que cada municipio se ha
afirmado en la autonomía de su propio sistema local"36 Sol Tax lo describe con
mucha propiedad cuando manifiesta que, en Guatemala,
35 Silvert Kalman, Un estudio de gobierno, SISG, 1969, p. 182, citado en El
respeto a la palabra. El orden jurídico del pueblo maya, op. cit., p. 28. 36 Véase al respecto ibidem, pp. 28-31.
36
cada municipio tiene un conjunto relativo e costumbres y de usos que se
relacionan con el nacimiento, el bautizo, la manera de dar nombres, el
matrimonio, el entierro, los parentescos y la organización de la familia y el
hogar, así como ritos de muchas clases [...] tiene también dentro de los límites
de cualquier otra, su propia organización político religiosa independiente, sus
propios santos, sus fiestas religiosas y su calendario anual religioso.37
Reconocer la autonomía de cada sistema local en un modelo alternativo de
seguridad significará entonces que cada comunidad esté en capacidad de
asumir su propia seguridad. Esto plantearía la necesidad de reflexionar sobre
seguridad a partir de lo local. Difícil de entender, ¿no es así? Sobre todo si
estamos acostumbrados a pensar el Estado a partir de un paradigma centralista
occidental que no se adapta a las especificidades de la nación guatemalteca. Y
más todavía si el capitalismo neoliberal prooccidenlal hace que nos enajenemos
cada día más cuando nos habla de globalización. Pensar el desarrrollo -o la
seguridad- a partir de una concepción alternativa diferente a la "ideología de la
globalización" nos pone frente al desafío de saber esto: ¿cómo plantear el
desarrollo local en un contexto de globalización? Es decir, ¿cuál puede ser la
estrategia de desarrollo a partir de nuestra propia cultura en el contexto de lo
local?
Pierre Philipe Rey38 nos dio la respuesta:
Lo universal es algo que se construye a partir de la diversidad. En el lugar de la
economía mundial hiperconcentrada que la subjetividad burguesa hace posible,
es necesario apuntar hacia el desarrollo de las economías locales, diversificando
la producción y utilizando todo el caudal de la herencia cultural.
37 Sol Tax, Ensayos de antropología social, SISG, p. 107, publicación núm.
1, citado en ibidem, p. 28. 38 Pierre P. Rey, es director del Departamento de Etnología y Antropología
de la Universidad de París VIII, Francia. En visita hecha a Guatemala el 30 de octubre de 1996 dictó una conterencia cuyo tema central fue "Desarrollo local en el contexto de la globalización”.
37
Son precisamente los Acuerdos de Paz, y en especial el "Acuerdo sobre
identidad y derechos de los pueblos indígenas", los que plantean la necesidad
de que el Estado reconozca la diversidad étnica y cultural de la nación
guatemalteca para, a partir de ese reconocimiento, promover y respetar las
formas de organización propias de las comunidades indígenas. Si el "Acuerdo
sobre fortalecimiento del poder civil” plantea un modelo estatista de seguridad
ciudadana, el "Acuerdo sobre identidad de los pueblos indígenas" abre los
espacios para que las comunidades ejerzan sus derechos a partir de su propia
institucionalidad.39 El gran aporte de los Acuerdos de Paz, condensado en
algunas frases, "es haber partido de un diagnóstico de la sociedad guatemalteca
y, a partir de ese diagnóstico, haber hecho propuestas para construir la
verdadera Nación guatemalteca y un Estado de unidad, respetuoso de las
diferencias".40 El análisis integral de los Acuerdos de Paz pone en evidencia la
complementaridad de los compromisos asumidos por las partes en el proceso de
paz.41
¿Es el modelo de Santiago Atitlán un modelo de seguridad alternativa?
¿Sirve de referencia a otras comunidades?
Luego de haber demostrado la validez del modelo de seguridad de los
habitantes de Santiago Atitlán con base en lo propuesto en la agenda de
seguridad ciudadana de los Acuerdos de Paz, se plantea necesariamente la
39 Un estudio interesante del orden jurídico del pueblo maya es el realizado
por los investigadores del Centro de Estudios de la Cultura Maya, CECMA, en El respeto de la palabra. El orden jurídico del pueblo maya, op. cit., 1995.
40 Entrevista con Ana Isabel Garita Vílchez, PROLEY, Misión de Iras Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala, MINUGUA.
41 Planteamientos similares relativos a los derechos de los pueblos indígenas y al respeto que los gobiernos de cada país deben tener hacia ellos, se hacen en el “Convenio internacional número 169 sobre pueblos indígenas y tribales”, 1989, ratificado recientemente por el gobierno de la República. Concretamente, en el artículo 5 del reteferido convenio se obliga al Estado a respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de los pueblos indígenas y, en el artículo 9, también se señala que el Estado deberá respetar los métodos a los que los pueblos recurren tradicionalmente para resolver sus conflictos.
38
interrogante de conocer si la experiencia de Santiago Alitlán podría ser aplicable
a otras comunidades del país. Al respecto, hemos llegado a considerar que
podría ser aventurado de nuestra parte lanzar una respuesta afirmativa sin antes
haber hecho estudios antropológicos en otras comunidades. La historia de
Santiago Atitlán, aunque similar en muchos aspectos a la historia de otras
comunidades indígenas de Guatemala, también está llena de particularismos, y
éstos han influido, sin duda, para que exista un espíritu de cohesión y solidaridad
muy particular.
Han sido seguramente factores históricos, culturales, sociales, políticos,
religiosos y hasta geográficos, los que han forjado el carácter aguerrido de los
hombres y mujeres de Santiago Atiflán, y no sólo eso, sino también el espíritu de
unidad y solidaridad característica del pueblo tz'utuhil. Estas y otras
características fueron y son determinantes para que el engranaje del sistema de
seguridad que hemos analizado funcione.
La experiencia es sin duda valiosa y sirve de laboratorio de
experimentación para que los interesados en el tema de seguridad se nutran no
sólo de teoría sino también -y sobre todo- de experiencias concretas. Los
logros, por demás evidentes, son satisfactorios desde cualquier punto de vista y
éstos, más que cualquier otro argumento, permiten pensar -y creer- que bien
valdría la pena intentar que una experiencia similar a la de Santiago Atitlán se
reprodujera en otras comunidades.
El problema, creemos, no se plantea en el nivel sociocultural. No son las
experiencias sociales o culturales de otras comunidades las que van a permitir -o
no- reproducir una experiencia similar. Por más que existan diferencias entre las
diversas comunidades, las formas históricas de organización y regulación social
de los pueblos mayas, hacen generalizables formas de organización política y de
convivencia social que bien podrían permitir la apropiación de un modelo de
seguridad surgido en una comunidad hermana.
A nuestro entender, el problema es político. Pensar en reconocer que la
seguridad de los habitantes funcione dentro del ámbito del sistema local, es
39
pedir al Estado, y particularmente a las fuerzas de seguridad, que cedan cuotas
de poder -y de autonomía- a las comunidades.
En realidad, la pregunta por plantearse no se relaciona con la necesidad de
saber si las otras comunidades estarían en posibilidad de aplicar un modelo de
seguridad que se inspire en la experiencia de Santiago Atitlán. El problema, lo
hemos dicho, es político y toca directamente el poder. Es en ese sentido que
nos preguntamos: ¿estaría el ejército dispuesto a perder los espacios de poder
que el modelo de seguridad ciudadana, del cual el Estado es garante, le
permiten?
Cualquiera que sea la respuesta, la experiencia de autogestión comunitaria
que el pueblo de Santiago Atitlán decidió emprender el 2 de diciembre de 1990
es loable y digna de ser imitada.
Las aportaciones téorico-prácticas del modelo de Santiago Atitlán a la
doctrina de la seguridad alternativa las consideramos, sin duda, significativas. A
partir del estudio e interpretación de "lo real", la ciencia ha construido en el
transcurrir de los siglos sus más importantes teorías. El terreno ha sido
preparado para que nuevos estudios enriquezcan lo que no es sino un punto de
partida para nuevas investigaciones. Conocer bajo qué condiciones el modelo
de seguridad de los habitantes de Santiago Atitlán podría ser adaptado a otras
comunidades demandaría, necesariamente, estudios comparativos que permitan
conocer la posibilidad de desarrollar, en otras comunidades, un sistema de
seguridad que funcione a partir de lo local.
El surco ha quedado abierto, y los primeros jalones han sido puestos para
marcar el terreno de donde podrían partir nuevas investigaciones.
FUENTES
Lista de Personas entrevistadas
40
Gaspar Sosof Coché; Manuel Sisay; Salvador Ramírez; Cruz Tziná; Henry
Esteban Sosof-, José Miguel Pop Tziná; Juan Ajtzip; Sandino Ávila; María
Damián de Chiquival; Rosaria Esquina; Antonio Pablo Sojuel; Diego Esquina
Mendoza; Victor Coché; Juan Abraham Sojuel; Selvin Cabrera; Ana Isabel Garita
Vilchez
Personal de apoyo de PROCEDE42
José Urbina (director de PROCEDE); Tomás Chiviliú Quievac (traductor); Selvin
Cabrera (traductor); Enmi Morán (apoyo logístico).
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1992.
42 El acceso a la comunidad de Santiago Atitlán y los contactos necesarios
para realizar el trabajo de campo fueron posibles gracias a la cooperación de la organización no gubernamental Procesos Educativos hacia el Desarrollo (PROCEDE).
41
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42
