Informe Positivo P. del S. 1050Página 21
GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va Asamblea 5ta Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. del S. 1050
INFORME POSITIVO
19 de junio de 2019
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes
de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del
Senado 1050, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo
Legislativo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electrónico que acompaña este Informe Positivo.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 1050 según enmendado, tiene como
propósito establecer la “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a
los fines de crear una nueva ley que se atempere a la realidad
actual buscando un balance entre el derecho constitucional de una
persona de poseer y portar armas y la obligación del estado de
regularlo; establecer mecanismos más rigurosos para la calificación
de las personas que ejercen su derecho a poseer y portar armas;
reducir los costos asociados a poseer y portar un arma; establecer
una amnistía para el recogido de armas ilegales; añadir delitos
adicionales por el uso indebido de armas de fuego; la Ley 404-2000,
según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”;
enmendar la Ley 241-1999, según enmendada, conocida como “Nueva Ley
de Vida Silvestre”; y para otros fines relacionados.
ANÁLISIS DE LA MEDIDA
Surge de la Exposición de Motivos de la medida que, desde el
cambio de soberanía en el 1898, se introdujo a través del Código
Penal de 1902, la primera regulación sobre armas en Puerto Rico. El
Código Penal limitaba simplemente la posesión y tenencia de armas a
menos que estuviese autorizado por ley. La Ley de 9 de mayo de
1905, eliminó el sistema de licencias y permitió la posesión y
tenencia de armas a todos los ciudadanos, excepto los dueños,
arrendatarios, mayordomos o celadores de propiedades. También
podían portar armas funcionarios de gobierno como policías y
oficiales en las cárceles, por la naturaleza de su trabajo. Con la
Ley Núm. 14 de 24 de junio de 1924 se regresó al sistema de
licencias y registros. Esta Ley fue sustituida por la Ley Núm. 17
de 19 de enero de 1951, conocida como “Ley de Armas de Puerto
Rico”. La Ley Núm. 17, supra, fue aprobada como respuesta del
Gobierno de la época a la revuelta nacionalista de Jayuya. El
Gobierno de la época entendió prudente adoptar una legislación
estricta como medida de control de armas para evitar que este tipo
de acción se repitiera. Posteriormente surgió una ley
complementaria, la Ley Núm. 75 de 13 de junio de 1953, conocida
como, “Ley de Tiro al Blanco”, la cual regulaba la práctica del
tiro al blanco en la Isla. Ambas leyes regulaban la tenencia y el
uso de armas de fuego en Puerto Rico como un privilegio. Dicha
“doctrina del privilegio”, logró mayor arraigo luego del caso de
Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 684 (1982), convirtiéndose Puerto
Rico en el bastión nacional, tratándose de leyes restrictivas que
regulasen la tenencia y uso de armas de fuego. Posteriormente
dichas leyes fueron derogadas y sustituidas por la Ley 404-2000,
según enmendada, conocida como “Ley de Armas”, la cual representó
una leve mejoría, pero, aun así, una Ley fundamentada en la
“doctrina del privilegio”. Con la aprobación de la Ley 404, supra,
la motivación del legislador para mantener una ley restrictiva
cambió de, evitar revueltas nacionalistas a una de cero tolerancia
contra el crimen. Esto, basado en la hipótesis de que las armas
legales, en manos de los ciudadanos que se han sometido al proceso
de obtenerlas legalmente, proliferan la criminalidad.
La Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos
establece que: “A well regulated Militia, being necessary to the
security of a free State, the right of the people to keep and bear
Arms, shall not be infringed”. El profesor Garriga Picó establece
en su artículo de revista jurídica titulado “La Constitucionalidad
de la Ley de Armas de Derecho de Puerto Rico después de McDonald v.
City of Chicago”. 83-REV-JUR-DIG-UPR-239, que “[p]or más de 200
años se debatió el significado y contenido de esta enmienda.
Durante ese período, muchos gobierno estatales y locales que son
los principales reguladores de la posesión y portación de armas en
los Estados Unidos, interpretaron que el lenguaje de la enmienda
significaba que existía un derecho de los estados a su seguridad y
con ese propósito (y solo con ese propósito) sus gobiernos locales
podrían autorizar a un número limitado de civiles a tener y portar
armas mediante la concesión de licencias”. Dicha interpretación fue
rebatida en la decisión de McDonald.
Para el 26 de junio de 2008 la Corte Suprema de Estados Unidos
de América determinó que la Segunda Enmienda de la Constitución
federal constituía un derecho de carácter individual fundamental;
D.C. v. Heller, 128 S.Ct. 2783, 554 US 570, (2008). Posteriormente,
la Corte Suprema de Estados Unidos, tuvo la oportunidad de aclarar
y expandir su decisión en Heller, supra, confirmado en el caso de
McDonald v. City of Chicago, 130 S. Ct. 3020, 561 US 3025, 177 L.
Ed. 2d 894 (2010), al establecer en su decisión, que el derecho a
tener y portar armas es de carácter individual fundamental y
aplicable ante los estados en virtud de la Cláusula de Debido
Proceso de Ley de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de
Estados Unidos de América. Ambos casos recalcaron que se le
reconoce el derecho fundamental de la Segunda Enmienda a los
ciudadanos respetuosos de la ley de poseer y portar armas de fuego
para su defensa propia, pero que dicho derecho es limitado; que el
Estado puede regularlo, incluyendo el tipo de armas y los lugares
donde se pueden portar las armas.
Decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico que antecedieron
a las decisiones de Heller y McDonald, proclamaban que la
Constitución federal no aplicaba en toda su fuerza y vigor en
Puerto Rico y que la Segunda Enmienda no es de aplicación local.
Dichas decisiones no se sostenían antes de las decisiones de Heller
y McDonald y mucho menos luego de estas.
La Ley de Relaciones Federales, en su texto dispone que “Los
derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los
Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico hasta el mismo grado
que si Puerto Rico fuera un Estado de la Unión y sujeto a las
disposiciones del inciso 1 de la sec. 2 del Art. IV de la
Constitución de los Estados Unidos”; Ley Pública 600 de 3 de julio
de 1950.
Ante esta realidad, es necesario que pasemos revista sobre la
Ley 404, supra y determinemos si la misma es consistente con la
Segunda Enmienda y el derecho individual fundamental de los
ciudadanos a poseer y portar armas. El Tribunal Supremo de Puerto
Rico ha establecido que a las acciones gubernamentales en áreas que
pueden afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos se le
aplica el escrutinio estricto o restrictivo. Cuando se aplica este
escrutinio, el Estado debe demonstrar la necesidad de la
legislación, a través de: (1) un interés social apremiante que hace
necesaria la legislación; (2) el cual solo se puede lograr mediante
esta clase de regulación que establece la ley o que, de existir
otras posibilidades, esta es la menos restrictiva de las
alternativas; (3) que la legislación está cuidadosamente diseñada
para minimizar la intrusión en los derechos de la ciudadanía o el
peligro de la misma. Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, (2000).
Por su parte, el Tribunal Supremo federal, en la decisión de
Heller, supra, rechazó la sugerencia de la opinión disidente del
juez Breyer de que se aplicara el escrutinio del nexo racional,
pero tampoco afirmó que haya necesidad de aplicar el escrutinio
estricto por lo que, la Corte aplicó un escrutinio intermedio. Este
criterio incluye características tanto del escrutinio estricto como
del nexo racional ambos, específicamente requiere (1) que exista un
interés importante del Estado (no tan fuerte como apremiante) y (2)
que no se imponga un peso indebido (undue burden) al disfrute de
los derechos fundamentales que se vean afectados por la
legislación.
Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que el
escrutinio para la protección de los derechos civiles en la
jurisdicción local debe ser aún más estricto que en la federal. En
Asociación de Dueños de Armerías, el Tribunal, citando a Pueblo v.
Yip Berríos sostuvo: “El TSPR ha resuelto que, ‘… dado que en
Puerto Rico los derechos individuales…, reciben una protección más
amplia que en la jurisdicción federal, en nuestra jurisdicción el
criterio de razonabilidad es más estricto”. Asociación de Dueños de
Armerías de Puerto Rico, Inc. v. Policía de Puerto Rico,
KLAN200900216, 2012 WL 3525661 en la pág. *15 (TA de PR 28 de junio
de 2012) (citando a Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 399
(1997)). Por lo cual, el criterio que debe utilizarse para evaluar
la constitucionalidad de cualquier ley de armas en Puerto Rico a
partir de Heller tiene que ser el del escrutinio estricto. La Ley
404, supra, por las disposiciones onerosas que impone, no supera el
escrutinio estricto. En repetidas ocasiones, tribunales inferiores
en Puerto Rico han declarado Artículos de la Ley 404, supra,
inconstitucionales.
El 20 de junio de 2017, el Tribunal de Apelaciones resolvió el
caso de Pueblo v. Roberto Rodríguez López, Luis Rivera Caraballo y
Alvin Rodríguez Rodríguez, KLCE2016-00680; KLCE2016-00875;
KLCE2016-00974, respectivamente, Región Judicial de Bayamón-
Aibonito, Panel VI, en donde mediante Sentencia, declaró
inconstitucional el Art. 5.04 de la Ley de Armas. En ese caso, el
Tribunal de Apelaciones, luego de evaluar el Art. 5.04 de la Ley de
Armas reconoció que al momento de la aprobación de la Ley de Armas
de 2000, la jurisprudencia interpretativa se mantuvo en que la
posesión, así como la portación de armas, no derivan de unos
derechos, sino que se trata de privilegios controlados otorgados
por el Estado. Cancio Ex Parte, 161 D.P.R. 479(2004); Rivera Pagán
v. Superintendente de la Policía, 135 D.P.R. 789, 794(1994). Así
también, reconoció que mediante la Decimocuarta Enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo Federal
incorpora a los Estados los derechos fundamentales de la Carta de
Derechos, por medio de la doctrina de la incorporación selectiva. A
Puerto Rico se le han reconocido los mismos derechos fundamentales
que a los Estados. Por otro lado, reconoció que la Segunda Enmienda
de la Constitución de Estados Unidos, dispone expresamente que
siendo necesario para la seguridad de un Estado libre una milicia
bien organizada, no se coartará el derecho del Pueblo a tener y
portar armas.
Ante las decisiones del Tribunal Supremo, resulta necesario el
tomar acción para salvaguardar y proteger los derechos de los
ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, mediante una nueva
Ley de Armas que sea consistente con la Segunda Enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos, con las decisiones del Tribunal
Supremo federal, y dejar claro que en Puerto Rico, el portar y
poseer armas de fuego es un derecho fundamental e individual, al
igual que en el resto de la Nación. Esta Ley se crea de conformidad
con las leyes federales aplicables a este asunto.
Para la evaluación de la esta pieza legislativa, la Comisión de
Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico
llevó a cabo seis (6) Vistas Públicas, dos (2) Inspecciones
Oculares y en adición recibió Memoriales Explicativos por parte de
varios constituyentes. Por tal razón, esta Honorable Comisión tuvo
la oportunidad de examinar y ponderar en torno a las ponencias
presentadas por los diferentes sectores en las audiencias que se
celebraron en las siguientes fechas:
Vistas Públicas
Miércoles, 16 de enero de 2019
Jueves, 17 de enero de 2019
Jueves, 24 de enero de 2019
Jueves, 7 de febrero de 2019
Jueves, 21 de febrero de 2019
Lunes, 25 de febrero de 2019
Inspecciones Oculares
Viernes, 1ro de febrero de 2019 – Celebrada en el Cuartel
General del Negociado de la Policía de Puerto Rico, específicamente
en el Negociado de Investigación de Licencias e Inspección de Armas
de Fuego y en el Depósito de Armas.
Lunes, 18 de marzo de 2019 - La Inspección Ocular se llevó a
cabo en Armería MB ubicada en la Ext. C Club GP 17 Ave. Campo Rico
Carolina, PR 00983.
A continuación un resumen de las respectivas posiciones de éstos
reflejadas en sus ponencias:
Departamento de Seguridad Pública (DSP)
El Departamento de Seguridad Pública (DSP), presenta su posición
ante una legislación que incide en uno de sus Negociado: el
Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR). El Artículo 2.01 de
la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, establece que el
mismo estará adscrito al DSP, bajo la supervisión directa e
indelegable del Secretario. El NPPR tiene el deber y obligación de
proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el
orden público, observar y procurar la más absoluta protección de
los derechos civiles del ciudadano; prevenir, investigar y
perseguir el delito, entre otros deberes y obligaciones.
El DSP puntualiza el hecho que en la Exposición de Motivos de
esta medida se hace referencia al caso de Distrito de Columbia v.
Dick Antony Heller (554 U.S. 2008), mediante el cual el Tribunal
Supremo de Estados Unidos validó el derecho de los estadounidenses
para portar armas, bajo la interpretación amplia conferida a la
Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. No
obstante, en su disertación, el propio Juez Scalia, estableció que
ello no significaba que el Estado se viera impedido de regular el
uso de éstas, máxime si era para propósitos de evitar delitos, o el
uso de las mismas en facilidades gubernamentales.
Nos dice el DSP que debemos tener presente a su vez, que la ley
que se declaró inconstitucional fue la existente en Washington
D.C., que prohibía de manera absoluta el uso de armas de “bajos
calibres”. Ello no es similar a las disposiciones de la Ley de
Armas, antes citada, prevaleciente en nuestra jurisdicción. Por
ello, el DSP entiende que debemos ser muy cautelosos al momento de
interpretar dicha Opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos,
porque no se puede contextualizar como una carta abierta para
liberalizar en todas las jurisdicciones el uso de las armas de
fuego; los Estados siguen ostentando plenos poderes para regular
las mismas, para que esto responda a un justo balance entre las
necesidades de las personas de portar éstas, pero sin menoscabar el
ámbito de la seguridad pública, ante el interés apremiante del
Estado de proteger la vida de todas las personas.
En ese aspecto, la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como
la “Ley de Armas de Puerto Rico”, fue aprobada a los fines de
adoptar una medida para el control de armas. Con el transcurrir de
los años, la misma, ha sido enmendada con la intención de atemperar
sus disposiciones a la realidad social de Puerto Rico.
El DSP previo a emitir sus comentarios sobre las disposiciones
de la medida que le resultan más preocupantes, contextualizan el
debate que ha surgido en los Estados Unidos en cuanto a la
portación de armas. Un estudio realizado en el 2017, por el Centro
de Investigaciones Pew en EE.UU, reflejó datos como los siguientes:
más del 80% de los ciudadanos estadounidenses quieren aumentar los
controles de compra de armas de fuego; y más de la mitad de los
mismos califican la violencia armada como un problema muy grande en
el País. El 89% de los consultados quieren que existan medidas para
evitar que las personas con enfermedades mentales puedan comprar
armas, y el 83% apoya prohibir la venta de armas a aquellos que
integran las listas gubernamentales de vigilancia por actividades
sospechosas o de personas que tienen prohibido viajar en aerolíneas
comerciales.
Estados Unidos y el mundo, incluyendo a Puerto Rico, se ha
estremecido por masacres realizadas por personas, valiéndose
precisamente de armas de fuego, tales como: la masacre en Virginia
Tech ocurrida el 16 de abril de 2007 en Virginia, donde murieron 33
personas; la masacre en la escuela Primaria de Sandy Hook, ocurrida
el 14 de diciembre de 2012, en el cual perecieron 26 niños y 6
adultos; la masacre acaecida en la Discoteca Pulse ocurrida el 12
de junio de 2016, en la cual fallecieron 50 personas; la masacre
ocurrida el 1ro de octubre de 2017 en la ciudad de Las Vegas, con
un saldo de 59 víctimas fatales y 527 heridos. La misma ha sido
catalogada como la peor masacre acaecida en los EE.UU, desde los
atentados del 11 de septiembre de 2001. Y no podemos obviar la
masacre de la Escuela Secundaria “Marjory Stoneman Douglas”
ocurrida el 17 de febrero de 2018, en Parkland, Florida, cuando
Nikolás Cruz asesinó a 17 personas.
Con ese cuadro fáctico en consideración, el DSP procede a
sustentar las razones que les motivan a no favorecer la aprobación
del P. del S. 1050 debido a que trastoca significativamente el
Estado de Derecho vigente, mediante la implementación de nuevos
procedimientos relacionados a la expedición de licencias de armas,
que más allá de mejorar el sistema actual, podría afectar el campo
de seguridad pública. A continuación el DSP hace mención de varios
de los cambios que entienden son más relevantes que contempla la
presente medida legislativa y sus contenciones a estos:
El Artículo 1.02 (A) de esta pieza legislativa introduce la
figura de “agente gestor”, reconociendo la facultad para entrada de
datos de personas privadas o entidades jurídicas autorizadas, así
como para gestionar las licencias de armas. No favorecen que se le
elimine dicha facultad al gobierno y se les traspase a entidades
y/o personas jurídicas privadas. Uno de los asuntos más
preocupantes de dicha enmienda es que personas privadas que no
están revestidas de la facultad del Estado como funcionarios
públicos, puedan acceder a información privilegiada de terceras
personas, relevando al ente regulador gubernamental que tenemos en
la actualidad, que es el NPPR.
El artículo 1.02 (H) define al “armero” como aquella persona
natural o jurídica poseedora de un Licencia Federal de Comercio en
Armas de Fuego, conocida en inglés como “Federal Firearms License”
(FFL) que, por sí o por medio de sus agentes o empleados, compre o
introduzca para la venta, cambie, permute o exponga a la venta, o
tenga a la venta, cualquier arma de fuego o municiones para
beneficio económico comercial. Es decir, solamente le requiere
poseer la licencia federal de comercio en armas de fuego para ser
armero en Puerto Rico. No están de acuerdo con ello, por cuanto se
trata de un negocio revestido de alto interés público, por lo que
implica.
Actualmente la licencia federal de comercio en armas de fuego es
parte del requisito para solicitar la Licencia de Armero y
Comerciante en armas y municiones establecido en el Reglamento 7311
de 2007, según enmendado, conocido como el “Reglamento de la Ley
404-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Armas de Puerto
Rico”. No obstante, se le requiere solicitar al Departamento de
Hacienda el permiso para dedicarse a la venta de armas y municiones
en Puerto Rico, además de pagar un comprobante de $500.00 y la
investigación correspondiente de la Policía para continuar con el
proceso así establecido en tales providencias reglamentarias. Es
importante que el NPPR continúe regulando el negocio de las ventas
de armas para lograr un mejor control de las armas y municiones que
se venden en la Isla. Por las razones dirimidas, no apoyan tampoco
el Artículo 4.01 del P. del S. 1050, que establece los requisitos
para poder ser armero.
En cuanto a la definición de “Licencia de Armas” propuesta
(Artículo 1.02 (O), se permite la compra de pólvora sin la
necesidad de tener una Licencia de Explosivos expedida por el NPPR,
como es requerido actualmente. Otro asunto que contempla dicho
Artículo es que cualquier licencia de armas expedida en cualquiera
de los cincuenta estados de la nación norteamericana sea válida en
Puerto Rico. Actualmente, se necesita una licencia de armas
expedida por el NPPR para poseer, portar y transportar armas en
Puerto Rico.
En ese aspecto, tal y como establece su lenguaje en la
actualidad, esto podría promover un mayor tráfico de armas en
nuestra jurisdicción, sin garantía de conocer si otro Estado
expidió correctamente la licencia. Esto resulta preocupante también
en el sentido que cada Estado regula la obtención de una licencia
de armas de manera particular, no existiendo en muchas
jurisdicciones requisitos similares a los establecidos en nuestra
jurisdicción.
El Artículo 2.01 de la medida, establece una restricción al
acceso de información contenida en el Registro Electrónico. A esos
efectos, dispone que la información cobijada en el “Sistema del
Banco de Información de Licencia de Armas” podrá ser revelada
mediante orden de registro y allanamiento y que sólo los agentes
del orden público podrán solicitar de la Oficina de Licencia de
Armas la información necesaria para corroborar la validez de una
licencia de armas. Se exceptuaría la solicitud de una orden de
registro y allanamiento, si se tratara de una investigación con
interés apremiante, debido a que la seguridad de un civil o del
Estado esté en peligro.
Valga destacar que, actualmente, el NPPR administra el Registro
Electrónico de Armas y Licencia (REAL), el cual refleja toda
transacción que efectúe un tenedor de licencia. Las licencias de
armas expedidas bajo la Ley 404-2000, según enmendada se reflejan
automáticamente en dicho Registro, así como cualquier transacción
de compra de armas y/o municiones efectuada por una persona que
tenga licencia de armas. (Véase el Artículo 2.02 de la Ley de
Armas, antes citada).
Actualmente, no hay disposición que impida al NPPR utilizar la
información provista en REAL, al momento de realizar una
investigación criminal que involucre el uso de armas de fuego.
Sobre este particular, entienden, que no existe una expectativa de
privacidad sobre esta información y no favorecen el que se sujete
el acceso a la misma a la obtención de una orden de
allanamiento.
De otra parte, les preocupa también que se pretenda disponer que
la licencia de armas tenga la dirección residencial de la persona.
Esto podría acarrear una situación de peligrosidad para la misma,
pues permitiría que cualquier persona pudiera advenir en
conocimiento del domicilio de la persona, con todo lo que ello
implica.
Por otro lado, no están de acuerdo con que se limite la facultad
de solicitar información adicional a la establecida en la pieza
legislativa, para conceder una licencia de armas. Por ejemplo, si
los policías que realizan la investigación de campo tienen sospecha
que la persona trabaja para una organización criminal, no se debe
coartar la capacidad que tenga el NPPR para auscultar toda la
información necesaria, por razones de seguridad pública. (Véase el
Artículo 2.02 (D) del Sustitutivo al P. del S. 1050).
De igual forma, el presente Proyecto de Ley en su Artículo 2.02
(A) elimina como requisitos para expedir licencia de armas los
siguientes: que el peticionario entregue un certificado de
antecedentes penales como parte de su solicitud; que demuestre no
tener deuda de pensión alimentaria (ASUME) o encontrarse en un plan
de pago. Sin embargo, se dispone como uno de los requisitos a
cumplir, el que la persona no hubiera sido declarada incapaz mental
por un Tribunal.
Por su parte, en su Artículo 2.14 la medida dispone que el NPPR
tendrá que investigar, antes de emitir una licencia de armas, si el
peticionario ha sido ingresado involuntariamente a alguna
institución, bajo la Ley 408-2000, según enmendada. A pesar de que
coinciden en que si el peticionario fue ingresado como consecuencia
de una incapacidad mental, se le deberá negar la solicitud de
Licencia de Armas y/o la autorización para portar armas, son de la
opinión de que puede haber personas que no están capacitadas
mentalmente a portar armas de fuego, sin haber tenido,
necesariamente, que haber sido ingresada a tales fines. Por tal
razón, el DSP entiende que ningún factor es totalmente
determinante.
Del mismo modo, les resulta preocupante la parte que pretende
reducir el término actual de ciento veinte (120) días a diez (10)
días naturales para expedir la licencia de armas. Al presente, la
expedición de licencias de armas en el NPPR no excede los 120 días,
al amparo de la Ley 404. Los casos en los que se podría exceder
dicho término, son aquellos que el peticionario no ha cumplido con
todos los requisitos cobijados en dicha Ley. También, elimina la
facultad de revocar inmediatamente una licencia de armas en caso
que el peticionario mienta en la solicitud, lo que están en
desacuerdo, por motivaciones de seguridad pública.
Otro asunto medular, es lo concerniente a la eliminación del
requisito de la investigación de campo que le es permitida al
Comisionado, y mediante la cual, en la Ley de Armas vigente, se le
faculta la realización de las investigaciones necesarias, en pos de
verificar si la persona tiene la probidad en conducta para tener
una licencia de armas. Mediante tales investigaciones, los agentes
del orden público pueden constatar si la misma tiene problemas de
violencia doméstica, entre otros asuntos de seguridad pública.
A su vez, referente al Artículo 2.02 de la medida, les preocupa
que excluye de inscribir en el Registro Electrónico (REAL), los
traspasos de armas de fuego y municiones. Además, limita el
concepto mismo de traspaso exclusivamente a la compra y venta de
armas de fuego, sin incluir otras transacciones, como la cesión,
donación, o cualquier otra forma de traspaso de un arma de fuego y
municiones. Ello, tal y como está redactado, actuaría en detrimento
a la seguridad pública, puesto que el NPPR perdería el tracto de la
venta de armas y municiones, con lo que ello conlleva La Ley 404,
antes citada, provee para ello, y deben permanecer tales
salvaguardas, que redundan en beneficio de la investigación.
El Artículo 2.06 de esta medida le transfiere al NPPR la
autorización para la expedición de los permisos de portación a
ciudadanos particulares a través de la Oficina de Licencias de
Armas. Actualmente, son los Tribunales los que otorgan el permiso
de portación. De igual forma, el referido artículo disminuye los
derechos para el permiso de portación, a favor del NPPR, de
doscientos cincuenta dólares ($250.00) a cincuenta dólares
($50.00). Esta reducción en los derechos a pagarse en este trámite,
al igual que la eliminación de los certificados de antecedentes
penales, son sumas que el Negociado deja de recibir como ingresos,
provocando un impacto económico negativo en las arcas del
mismo.
Ahora bien, no están de acuerdo en que se le transfiera la
facultad de expedir el permiso de portación de armas al NPPR,
mediante la inclusión de la Oficina de Asuntos Legales al proceso,
máxime cuando se pretende reducir a cincuenta dólares ($50.00) los
derechos para expedir dicho permiso. Tienen objeción a que sea la
responsabilidad del NPPR hacerse cargo del proceso de portación,
cuando ello recae en la actualidad en los tribunales.
La implementación de este cambio requeriría de mayor
contratación de recurso humano en el NPPR, para atender esa nueva
responsabilidad y cumplir con los términos propuestos. De aprobarse
la medida según redactada, indiscutiblemente tendrá un impacto
fiscal significativo, para asegurar que no se vea afectada la
operación del NPPR. (Ver Artículo 2.05).
Con relación a este asunto, señalan que en la actualidad, sus
recursos de policías y civiles están siendo utilizados para todas
las responsabilidades que tiene el NPPR; en lo relativo a la Ley de
Armas, no solamente emiten la licencia, sino también están
encargados de hacer las Vistas Administrativas cuando se revocan
las licencias de armas. En ese aspecto, consideran que el proceso
de portación debe seguir bajo la responsabilidad de los
tribunales.
El Artículo 2.08 del Proyecto objeto de análisis, establece que
la revocación la licencia de armas se hará mediante orden judicial.
Por consiguiente, se elimina la facultad del Comisionado del NPPR,
de revocar las licencias, convirtiendo todo en un proceso más
complejo para la Policía y para los ciudadanos. Actualmente, la Ley
de Armas, permite la ocupación de armas, municiones y la licencia
de armas cuando un agente del orden público tuviese motivos
fundados para entender que el tenedor de la licencia hizo o hará
uso ilegal de las armas y municiones; para causar daño a otras
personas; por haber proferido amenazas de cometer un delito; por
haber expresado su intención de suicidarse; cuando haya demostrado
reiteradamente negligencia o descuido en el manejo del arma; cuando
se estime que el tenedor padece de una condición mental, se le
considere ebrio habitual o es adicto a sustancias controladas; o en
cualquier otra situación de grave riesgo o peligro que justifique
dicha medida de emergencia. No endosan esa restricción al
Comisionado, lo que sustentarán más adelante con la inclusión de
jurisprudencia.
En lo referente al Artículo 2.10 de la medida, les preocupa que
se establezca un período de 48 horas para notificar la pérdida,
desaparición, robo o apropiación ilegal de armas y/o de municiones.
Su posición es que dicha notificación se haga de manera inmediata,
por consideraciones de seguridad pública.
En el Artículo 2.12 reiteran lo expuesto previamente: no debe
mediar una orden judicial para autorizar al NPPR a revocar armas de
fuego, por las razones de seguridad antes dirimidas. Este poder del
Estado, a través de la figura del Comisionado del NPPR ha sido
avalado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Rolón Martínez v.
Superintendente de la Policía, 2018TSPR157, mediante el cual dicho
foro resolvió que el Superintendente (actualmente denominado como
Comisionado, bajo la Ley 20, antes citada), tiene la facultad en
ley para revocar las licencias de armas por el hecho que una
persona tenga un historial de violencia, sin necesidad que la misma
sea sentenciada o resultara convicta por algún delito. El Honorable
Juez Luis F. Estrella Martínez concluyó que bajo el Artículo 2.02
de la actual Ley de Armas, resultan dos asuntos distintos y
apartes, no haber sido encontrado culpable por algún delito y el
tener un historial de violencia. Son del criterio que esa facultad
que tiene el Comisionado, debe permanecer inalterada, por motivos
de seguridad pública. Sobre el particular, el Supremo determinó
que:
“…Conforme a lo anterior, con nuestra decisión no podemos ni
debemos impedir que se puedan revocar las licencias de armas como
medida preventiva ante un posible daño a una persona o propiedad.
Ciertamente, las medidas preventivas están dirigidas a evitar
incidentes lamentables. Según el derecho expuesto, para eso la
Asamblea Legislativa facultó a la Policía como el ente
especializado para determinar, según sus experiencias y
conocimientos, cuando es necesario, de acuerdo con las
circunstancias particulares de cada caso, el revocar las licencias
de armas como medida preventiva. El resolver como solicita el
recurrido, y que el Tribunal de Apelaciones avaló, es concluir que
sólo se podrán revocar las licencias de armas después que ocurra
una desgracia. Es decir, habría que esperar por tener la evidencia
de que ocurrió un hecho lamentable para poder revocar esas
licencias. No podemos avalar ese razonamiento.” (Id).
El DSP muestra a su vez contención a aquella parte del Artículo
que dispone que, de no encontrarse causa contra una persona, el
Tribunal ordenará la devolución inmediata de las armas y municiones
ocupadas. Y, es que entienden que independientemente se determine
causa o no, el NPPR debe seguir teniendo la oportunidad de realizar
una investigación administrativa por parte de la Oficina de
Licencias de Armas, en pos de evaluar la totalidad de las
circunstancias, debido que puede haber otros factores de seguridad
pública, que deben ser analizados. Evaluar la totalidad de las
circunstancias, debido que puede haber otros factores de seguridad
pública, que deben ser analizados.
Si bien la medida, en su Artículo 6.02, tipifica como delito
grave que una persona sin licencia de armas solicite o compre a
través de Internet algún arma de fuego o municiones, no contempla
lo establecido actualmente en la Ley de Armas, específicamente en
el Artículo 5.12, mediante el cual se obliga a las líneas de
transporte aéreo o marítimo a notificar al NPPR si una persona
tiene consigo arma de fuego. Ese lenguaje debe prevalecer, además
de cumplirse con la “Fire Arms Owners Protection Act”. Les preocupa
a su vez la exclusión de dicho Artículo, por lo que ello
conllevaría en cuanto a riesgos a la seguridad pública.
Relativo al Artículo 6.04 de la medida, les preocupa que tal y
como está redactado, permitiría el uso de armas largas, si la
persona tiene licencia de armas. Actualmente, la Ley de Armas,
antes citada, prohíbe el uso de armas largas en nuestra
jurisdicción. (Véase el Artículo 5.03 de la Ley de 404, antes
citada). Dicha prohibición debe prevalecer en nuestro Estado de
Derecho.
No favorecen que lo establecido en el Artículo 8.10 de la medida
en cuanto a que el término para la disposición de armas en el NPPR
sea de seis (6) en vez de tres (3) años, como dispone la Ley en la
actualidad. Valga destacar que relacionado a este tema, apoyan la
aprobación del P. del S. 1071 que tiene como fin añadir un nuevo
párrafo al Artículo 5.16, de la Ley 404, antes citada, con el
propósito de establecer que el NPPR establecerá mediante reglamento
los costos por concepto de almacenamiento de armas y/o municiones,
y en su consecuencia, no entregará dichas armas y/o municiones
almacenadas, hasta tanto se salde el total adeudado. Y que, luego
de pasado los tres (3) años de haber recibido dichas armas y/o
municiones para su almacenamiento por el NPPR, éste podrá disponer
de las mismas, según disponga en las providencias reglamentarias
establecidas, mediante el mecanismo de trade-in, conforme a los
parámetros legales correspondientes.
A manera de recapitulación, el DSP respetuosamente concluye en
que todo lo antes reseñado, resulta en cambios a nuestro
ordenamiento jurídico vigente, que como acotaran, podrían afectar
el ámbito de seguridad pública del País, por cuanto se
flexibilizaría en demasía la obtención de una licencia de armas, su
uso, su portación; y la manera que se adquieren las mismas, con lo
que ello implica.
Conforme a las máximas legales y de seguridad pública dirimidas,
el DSP no favorece la aprobación del P. del S. 1050.
Departamento de Justica (DJ)
El Departamento de Justicia (DJ), comienza su ponencia
puntualizando que, esta medida trata asuntos que se encuentran ante
la consideración de los tribunales razón por la cual, sobre los
cuales deben abstenerse de emitir comentarios en torno a sus
méritos.
Dicho esto, sí emiten sus comentarios sobre otros aspectos del
Proyecto del Senado 1050.
Sobre los aspectos constitucionales de la medida, el DJ nos dice
que, es necesario señalar que la Ley de Armas, (Ley Núm. 404-2000,
supra) se aprobó “con el propósito principal de lograr una solución
efectiva al problema del control de armas de fuego de manera ilegal
en manos de delincuentes en Puerto Rico, el cual, según dispuso
expresamente el legislador, constituye una vertiente directa de la
actividad criminal”. (Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm.
404-2000, supra). La adopción de la misma responde también al
interés apremiante del Estado en lograr una ley cuya implantación
permita a las agencias del orden público ser más efectivas en la
lucha contra el crimen que es lo que esperan los ciudadanos. (Id.
Véase además, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 137-2004). A su
vez, apercibe y advierte al delincuente de las serias consecuencias
de incurrir en actos criminales utilizando armas de fuego. La Ley
de Armas, ha sido enmendada en múltiples ocasiones con la intención
de atemperar la misma a la realidad social de un Puerto Rico
cambiante, y para utilizarse como una herramienta para controlar el
uso ilegal de armas y municiones que tanto daño y tristeza traen a
muchas familias. La misma constituye un ejercicio legítimo del
Estado dirigido a reglamentar el uso de las armas de fuego,
penalizar al delincuente que hace uso incorrecto e ilegal de la
licencia de armas y sus permisos, así como el uso de armas y
municiones ilegales, entre otros asuntos.
Sobre todo lo anterior, lo importante es que la Ley de Armas de
Puerto Rico fue un ejercicio legítimo del Estado dirigido a
reglamentar el uso de las armas de fuego. Por tal motivo, el Estado
impuso requisitos estrictos para el licenciamiento de la posesión,
uso y portación de armas de fuego, tanto para su posesión en el
hogar como para la práctica del deporte de tiro al blanco y la
caza.
Añade el DJ que, reconocido está el derecho de las personas a
tener y poseer armas para su legítima defensa, cobijada por la
Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de
América. Ante ello, cualquier limitación a ese derecho debe cumplir
con los estándares establecidos por la jurisprudencia federal sobre
el tema. En términos más concretos, en D.C. v. Heller, (DC v
Heller, 128 S.Ct. 2783 2008), el Tribunal Supremo Federal determinó
que la Segunda Enmienda de la Constitución Federal protege el
derecho de los ciudadanos a poseer armas para propósitos no
milicianos como lo es el de legítima defensa de la persona, su
hogar y familia. En el citado caso, se declaró inconstitucional una
ley del Distrito de Columbia que prohibía tener armas cortas en el
hogar y requería que las armas en el hogar, para las que se tuviese
licencia, se mantuvieran descargadas, desarmadas o con un seguro
que, en la práctica, mantenía las armas sin funcionalidad alguna.
Estableció el Tribunal, que el derecho a la propiedad y a la
legítima defensa, de la persona y su familia, cobra mayor
importancia en el hogar. Se destacó que el uso de armas cortas
constituye el medio más utilizado para hacer valer dicho derecho,
de modo que el Estado no puede restringirlo totalmente. No
obstante, en Heller, el Tribunal reconoció que el derecho
constitucional a poseer y mantener armas no es uno absoluto o
ilimitado. Este derecho admite limitaciones, tales como prohibir la
posesión y/o portación de armas a personas que padecen de sus
facultades mentales o han sido convictos por delitos graves y
prohibir la portación de armas en lugares sensitivos como escuelas
o edificios gubernamentales, entre otros.
Posteriormente, en McDonald v. City of Chicago, (McDonald v City
of Chicago 130 S.Ct. 3020 2010), el Tribunal Supremo Federal
declaró inconstitucional una ordenanza municipal, cuyos requisitos
hacían casi imposible poseer un arma corta en el hogar y otra
ordenanza que prohibía esta posesión. En el citado caso,
expresamente el máximo foro federal determinó que a través de la
Decimocuarta Enmienda de la Constitución Federal la determinación
emitida en Heller es aplicable a los estados, territorios y
posesiones de E.E.U.U., lo que sin duda incluye a Puerto Rico. El
efecto neto de la determinación emitida en McDonald, es reconocer
en la afirmativa que la Segunda Enmienda de la Constitución Federal
reconoce como fundamental el derecho de los ciudadanos a poseer
armas para la legítima defensa de su persona, hogar y familia. Ello
obliga a los Estados bajo la cláusula de debido proceso de ley en
la Enmienda Catorce a reconocerles a los ciudadanos el derecho a
tener armas para fines de defensa propia, conforme a lo establecido
en Heller. Aún cuando en McDonald el Tribunal reconoció que las
estadísticas sobre crímenes violentos con armas cortas en Chicago,
exceden a las de otras ciudades, determinó que tal circunstancia
debe ceder ante el derecho a la defensa propia de los ciudadanos
que se reconoce como central de la Segunda Enmienda de la
Constitución Federal.
No obstante, este derecho reconocido por la jurisprudencia
federal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; admite
limitaciones. Se trata de un derecho que, conforme a los
pronunciamientos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, está
sujeto a restricciones y limitaciones válidas para determinar quién
puede reclamar ese derecho, y la forma y lugar en que habrá de
ejercerlo. Al respecto, se dispone que: “the right to keep and bear
arms is not a right to keep and carry any weapon whatsoever in any
manner whatsoever and for whatever purpose”, (Heller, supra). A
tono con lo anterior, y como ya ha mencionado el DJ, resulta
constitucionalmente válido regular el ejercicio de este
derecho.
De la consideración de la jurisprudencia posterior a Heller y
McDonald, podemos concluir que es constitucionalmente válido el
reglamentar el ejercicio de este derecho, siempre que la
reglamentación o limitación sea razonable para adelantar un interés
legítimo del Estado. A manera de ejemplo en el caso People v.
Nivar, (915 N.Y.S.2d 801 Supp. 2011), se sostuvo la validez
constitucional de una ordenanza que establece como requisito para
la licencia de armas el ser mayor de veintiún (21) años; tener buen
carácter moral; haber completado un curso de seguridad en el manejo
de armas; no haber sido separado deshonrosamente de las Fuerzas
Armadas; y que no exista justa causa para denegar la licencia. En
la solicitud, debe constar además el nombre completo, fecha de
nacimiento, ocupación y cualquier otro factor que demuestre el buen
carácter, competencia e integridad del solicitante, entre otra
información. Además, el solicitante debe someter una foto tomada no
más de treinta (30) días antes así como sus huellas dactilares.
Por otro lado, en U.S. v. Gillman, (2011 WL2598398 D. Utah
2011), se sostuvo la prohibición de poseer armas a aquellas
personas contra quienes se ha expedido una orden de protección; y
en Ezell v City of Chicago, (651 F3d 684 2011), se sostuvo la
validez de una ordenanza municipal que requería a los peticionarios
de una licencia de portar armas tomar un curso de tiro al blanco.
En este caso, el Tribunal distingue entre las disposiciones que
regulan el ejercicio del derecho, de las que lo prohíben. Estas
últimas se sostienen sólo cuando el Estado demuestra que tiene
fuerte interés público en sostener la prohibición y que existe un
serio y genuino riesgo a la seguridad general. Cuando se trata de
regular el ejercicio del derecho, basta que la limitación estatuida
sea una razonable para adelantar un interés legítimo del Estado. En
la misma línea de razonamiento en Kachalsky v County, (701 F.3d 81
2012), el Tribunal sostuvo la legislación estatal reguladora de la
tenencia de armas en lugares públicos.
Por lo que concluye el DJ que, la jurisprudencia estatal y de
tribunales de circuitos de Heller y McDonald ha sostenido
legislación análoga a la existente en Puerto Rico.
Sobre el Artículo que establece las definiciones, el DJ nos dice
que, la medida propone añadir y eliminar algunas definiciones, así
como también modifica ciertos términos vigentes en la Ley de Armas,
supra. Para el DJ resulta importante, para efectos de su análisis,
resaltar algunas definiciones incluidas en el Artículo 1.02 del
proyecto que les ocupa. Entre las definiciones nuevas se destacan
la de “Agente gestor” (inciso A), y la de “Oficina de Licencia de
Armas” (inciso S). De acuerdo con estas dos definiciones nuevas, la
Oficina de Licencia de Armas se refiere a la “unidad del Negociado
de la Policía de Puerto Rico (NPPR), encargada de todo lo
relacionado a la expedición de Licencia de Armas y autorización
para portación”. En cuanto al “Agente gestor”, se dispone que será
un Armero autorizado por leyes federales y estatales, la persona
autorizada a entrar datos de solicitantes de licencia de armas al
Banco de información de Licencia de armas del NPPR, y a gestionar
la licencia en la Oficina de Licencia de Armas. El Banco de
información de Licencia de Armas (inciso K), a su vez será el
sistema digital para almacenar “data” relacionada con la licencia
de armas, incluyendo todas las transacciones que el tenedor de
armas de fuego y municiones realice con estas.
Ahora bien, el proyecto modifica sustancialmente la definición
del término “Licencia de Armas” (inciso O), el cual se refiere al
documento y/o “carné” otorgado por la Oficina de Licencia de Armas,
que identifica a su poseedor, como una persona con derecho a poseer
y portar armas, según surge de la Constitución de los Estados
Unidos. La licencia de armas según conceptualizada aumenta de cinco
(5) años bajo la ley actual a seis (6) años su periodo de vigencia
y una vez otorgada identifica al concesionario como una persona no
impedida a ejercer su derecho constitucional a adquirir, comprar,
vender, donar, prestar, traspasar, ceder, tener, poseer, custodiar,
transportar, portar, usar, tirar al blanco, cazar, y conducir
armas, armas de fuego, municiones, pólvora acelerante para recargar
municiones y cualquier accesorio pertinente en todo lugar sujeto a
la jurisdicción de Puerto Rico, y en cualquier jurisdicción en la
que haya o en lo prospectivo se legisle reciprocidad con Puerto
Rico.
Además, el proyecto incluye la definición de las siglas “NCIC”
(inciso Q), que significan “National Crime Information Center”, y
se refiere al sistema de información computarizada de información
de justicia criminal establecida por el Federal Bureau
Investigation (FBI). Así también, las siglas “NICS” (inciso R),
aluden al National Instant Crime Background Check, que es el
sistema de datos, que deberá usar todo armero como herramienta para
saber si una persona puede recibir un arma sin violar la ley
federal, según las disposiciones del 18 U.S.C. §923. Esta
disposición Federal contiene los requisitos y regulaciones para el
uso, manejo y disposición de armas de fuego. Para el DJ es
importante aclarar que toda la información de casos criminales
graves activos en nuestros tribunales, así como órdenes de
protección y órdenes de arresto expedidas por determinaciones de
causa para arresto en ausencia y por la Junta de Libertad Bajo
Palabra, no se reflejan en los mencionados sistemas federales, sino
en el sistema estatal RCI, o Registro Criminal Integrado, el cual
nutre información pertinente y legalmente obtenible a través de los
llamados Certificados de Antecedentes Penales. Este sistema es
propiedad del Departamento de Justicia de Puerto Rico y está
brindando servicio a todas las agencias de ley y orden con
presencia en nuestra isla, así como a la Administración de los
Tribunales. Por tanto, favorecen que se haya añadido la definición
de las siglas RCI o Registro Criminal Integrado (inciso BB), como
parte de los sistemas electrónicos de verificación de historial
criminal, pues su inclusión resulta cónsona con los propósitos de
esta propuesta legislativa.
Por otra parte, el DJ señala, que el proyecto modifica un poco
la definición de “agente del orden público” (inciso B), de manera
que elimina del concepto a los integrantes del Cuerpo de Seguridad
Interna de la Autoridad de Puertos, al Director de la División de
Drogas y Narcóticos, a los Inspectores de Sustancias Controladas de
la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción
(ASSMCA) y a los Policías Auxiliares. Nótese, que el mencionado
inciso B dispone, que el término “agente del orden público”,
incluye pero no se limita a las clasificaciones incluidas de forma
expresa, sino que además están contenidas dentro de la definición
del concepto“… cualquier subdivisión política dentro de Puerto Rico
o de Estados Unidos, entre cuyos deberes se encuentra el proteger a
las personas y la propiedad, mantener el orden y la seguridad
pública; y efectuar arrestos”. Entienden que estas categorías deben
ser incluidas de forma expresa, no solo por la naturaleza de sus
funciones en términos de brindar seguridad y protección a ciertos
sectores de la Isla, sino que impartiría más claridad y
especificidad al concepto, evitando así la confusión en torno a
quienes se consideran agentes del orden público.
Por otra parte, y como asunto de técnica legislativa,
recomiendan se corrija un error de carácter tipográfico en la
propuesta enmienda al acápite U del Artículo 1.01, de manera que se
sustituya la referencia a “Smokeless Power” por “Smokeless Powder”
el cual es la traducción correcta del término Pólvora
Acelerante.
Sobre el procedimiento administrativo propuesto para obtener la
licencia de armas, el DJ nos dice que, de acuerdo al Artículo 2.01
según contemplado, la Oficina de Licencia será la entidad encargada
de expedir licencia de armas y armeros de conformidad con la Ley.
La Oficina de Licencia, a su vez, será la responsable de disponer
mediante reglamento el funcionamiento del Banco de Información de
la Licencia de Armas (en adelante “Banco”). Este Banco, será un
sistema que contendrá datos e información particular de cada
persona que solicite la licencia de armas. El Banco incluirá
también, para efectos estadísticos, información sobre cuantas
licencias fueron expedidas, cuantas denegadas o revocadas; y sobre
las multas expedidas y las pendientes de cobrar. Además, llevará
constancia de las armas de fuego y de su dueño. Este Banco, debe
ser diseñado de manera que transmita a la Policía toda la
información relacionada con las transacciones de armas de fuego
realizadas por su dueño. Dispone además que, toda la información
personal de los peticionarios que surja del Banco de Información
será confidencial, y solo podrá ser revelada mediante orden del
tribunal a esos efectos.
No obstante, la propuesta establece como excepción a lo
anterior, que el requerimiento de información por parte del DSP,
surja “en el curso de una investigación con interés apremiante,
debido a que la seguridad de un civil o del estado esté en
peligro”. El DJ indica que no pueden avalar esta propuesta, pues
opinan que no deberían existir escollos procesales en
investigaciones criminales legítimas, ya que la falta de acceso a
la información en etapas críticas investigativas puede representar
la diferencia entre la vida y la muerte de un ser humano. A esos
efectos, sugieren que la información contenida en el Banco sea
accesible a los agentes del orden público con el único propósito de
realizar investigaciones criminales en curso, para conocer datos
específicos de personas sospechosas de la comisión de delitos.
Recomiendan que se incluya además la figura del fiscal
directamente, o mediante la expedición de subpoenas por estos
funcionarios, de ser necesario.
Sobre el Artículo 2.02 de la Ley de Armas, nos dice el DJ que
dicho Artículo dispone los requisitos con los que ha de cumplir el
peticionario de una licencia de armas como condición para que le
sea otorgada. Estos tienen como fin fortalecer la fase del
escrutinio realizado sobre el peticionario de una licencia de armas
abaratando a su vez los costos para obtener la autorización para
portar un arma, comprar municiones y realizar transacciones
relacionadas.
El Artículo 2.02, sobre Licencia de Armas, en su inciso A,
propone la eliminación de ciertos requisitos esenciales exigidos al
presente, para la expedición de una licencia de armas de fuego.
Entre estos se encuentran: el requisito de no tener historial de
violencia, someter bajo juramento un testimonio del cumplimiento
con las leyes fiscales, el requisito de presentar 3 testigos de
reputación, y someter una certificación negativa de deuda de
Administración para el Sustento de Menores. En cuanto a la
obligación vigente de presentar una certificación negativa de
antecedentes penales, la propuesta, se limita a una indagación
electrónica de antecedentes penales, en los sistemas de NCIC, NICS
y RCI, a su vez elimina lo relativo a delitos cometidos en el
extranjero. El DJ intuye que esto último permitiría y promovería a
personas con récord criminal en otros países a adquirir licencia de
armas en Puerto Rico por lo que no están de acuerdo. Además, ahora
la carga de corroborar la existencia o ausencia de antecedentes
penales recaería en el NPPR. Sobre esto sugieren que se consulte
con el NPPR, el posible impacto fiscal que ello representaría.
Por otra parte, la medida añade en su Artículo 2.02, inciso A-9,
un nuevo requisito al solicitante en cuanto a que este no debe
estar impedido por la ley federal a recibir, transportar o enviar
armas de fuego o municiones. Como vemos, este requisito es
impreciso, al no contar con una referencia específica a la ley
federal a que se refiere. El hacer referencia exclusivamente a una
legislación federal, sin exponer la misma en el texto de la ley
estatal, generaría más confusión, sobre todo ante una ley que es
utilizada por varias entidades públicas y privadas (agencias,
armerías).
En cuanto al Artículo 2.02 inciso B, el mismo establece la
información necesaria que deberá contener la solicitud de la
licencia de arma de fuego. Entre estas, incluye la presentación de
un Certificado de Antecedentes Penales. Asimismo, junto con la
solicitud será necesario cancelar un sello de Rentas Internas de
sesenta dólares ($60.00), de los cuales diez dólares ($10.00) serán
transferidos a la Federación de Armas Cortas y Rifles de Puerto
Rico, la cantidad restante irá al fondo general y serán asignados
al NPPR. La solicitud deberá ser juramentada ante Notario y en el
caso de los no residentes, deberán presentar una Declaración Jurada
por una persona autorizada en su estado o territorios, indicando
que cumplen con todos los requisitos dispuestos en la Ley. Sobre
dichas asignaciones de los recaudos, al igual que sobre lo
dispuesto en el Artículo 2.04 sobre transferencia de fondos, el DJ
le da deferencia a la posición de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). Asimismo, le dan deferencia en
cuanto a lo propuesto en el Artículo 2.09 sobre a la dispensa en el
pago de derechos concedida a los atletas de tiro al blanco y sobre
el Registro digital de multas que debe ser establecido en la
Oficina de Licencia de Armas según dispuesto en el Artículo
2.01.
Por su parte, en el inciso C del Artículo 2.02, se dispone que
las solicitudes de los residentes de Puerto Rico, serán entregadas
en la Oficina de Licencia ante un Agente Autorizado o en la
Comandancia de Área del lugar donde vive el peticionario. En caso
de que la solicitud se presente en la Comandancia, estos deberán
enviar la solicitud a la Oficina de Licencia dentro de los 5 días
siguientes a la presentación. A su vez se dispone que la Oficina de
Licencia de Armas debe emitir la licencia dentro de un periodo no
mayor de 10 días (15 días si la solicitud se presentó en la
Comandancia), dentro de los cuales deberá completar la
investigación correspondiente y cotejar electrónicamente la
existencia o no de historial penal del solicitante. Por otra parte,
el peticionario deberá certificar a la Oficina que es miembro de un
club, asociación o federación de tiro, como último requisito para
la entrega de la licencia. Ciertamente, el solicitante tendrá que
incurrir en un gasto para ser miembro de un club, asociación o
federación de tiro, y a su vez se le reducen los derechos que tiene
que pagar al Estado. El DJ sugiere se evalué el impacto fiscal de
esta disposición.
Sobre el mencionado inciso C, el DJ nos comenta que en el mismo
se establece que el requisito no será necesario si el peticionario
posee una licencia de portación. Les preocupa en particular esta
premisa, pues la misma podría inducir a error y a confusión en su
implementación. Y es que, del Inciso E (1) del mismo Artículo 2.02,
surge que se requiere una licencia de armas vigente para que un
peticionario pueda entre otras cosas; comprar, transportar, poseer
y portar armas de fuego. Es decir, la propuesta, exige como
requisito previo a la concesión de una autorización de portar un
arma de fuego, que una persona tenga una licencia de armas vigente.
En ese sentido, sugieren que se suprima del Inciso C, lo relativo a
la excepción a la presentación de la certificación de un club de
tiro, pues la misma resulta inconsistente con lo predicado en el
Inciso E (1).
El inciso E-1, del referido proyecto, propone entre otras cosas,
que para poder llevar consigo un arma de fuego, la persona debe
tener una autorización de portación, además de la licencia de armas
y la misma deberá ser transportada de forma oculta y no ostensiva.
En caso de incumplimiento, la persona estará expuesta a multas que
ascienden a $100, la multa será apelable administrativamente.
En el inciso I, se dispone además que no será necesario tener un
arma de fuego, para solicitar licencia de armas o permiso de
portación. Tampoco se imponen restricciones o límites a la cantidad
de armas de fuego que una persona autorizada puede poseer.
Al DJ le preocupa que la propuesta guarde silencio en torno al
historial violento de un peticionario de licencia de armas.
Particularmente del Artículo 2.02, se desprende que entre los
requisitos que debe cumplir un peticionario de licencias, está el
no tener un historial de violencia, dicha condición se repite de
manera constante y explícita por todo el referido artículo.
Argumenta el DJ que, precisamente el actual requisito de no
tener un historial de violencia constituye una medida preventiva
para ayudar a determinar si un peticionario es susceptible de hacer
mal uso de un arma de fuego, lo cual lo incapacita para ser
acreedor de una licencia de armas. En ese sentido, sugieren que el
requerimiento de no tener un historial de violencia como condición
para autorizar la licencia de armas de fuego, no sea suprimido del
estatuto. De esta forma, se evita el concederle una autorización de
poseer o portar armas de fuego a personas no aptas. Flexibilizar
este requisito tendría como resultado que personas no aptas e
inescrupulosas no solo puedan obtener una licencia de armas, sino
que inevitablemente tendrían acceso autorizado a armas de fuego,
además las disposiciones de la propia ley sugerida, podrán
utilizarse como subterfugio para que personas prohibidas tengan
acceso a una licencia de armas y a la posterior portación de
armas.
En cuanto al Artículo 2.05, sugieren que se reformule la quinta
oración del mismo que lee de la siguiente manera: “La certificación
de uso y manejo de armas aquí requerida y será presentada por un
carné esencialmente igual a la licencia de armas”. La referida
oración contiene un error de sintaxis, en la que la conjunción “y”
debe ser eliminada, para que la oración tenga sentido.
El Artículo 2.05 de la ley de Armas vigente, dispone que para
que una persona pueda portar un arma de fuego, es necesario que el
tribunal así lo autorice. En particular, la disposición vigente
requiere que la persona que solicite la autorización para “portar
un arma de fuego” notifique dicha solicitud al Ministerio Público y
al tribunal. Le corresponde al tribunal, luego de evaluar la prueba
y con la anuencia del Ministerio Público, decidir si autorizará o
no la portación de “cualquier pistola o revólver legalmente
poseído”, (25 LPRA sec. 456d(a)). Es decir, aun cuando una persona
cuente con una licencia válida para poseer un arma, esto no implica
que la persona tiene autorización para portarla en su persona.
Actualmente, la Ley de Armas cataloga como delito grave la
portación de un arma sin contar con una licencia válidamente
expedida por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, (Art.
5.06 Ley Núm. 404-2000, supra, 25 L.P.R.A 458(e)). Contrario a
esto, el Artículo 2.06, propuesto elimina el proceso judicial del
trámite requerido para expedir licencia de portación de armas de
fuego. El DJ indica que no puede avalar las disposiciones
propuestas en el nuevo Artículo 2.06. Entienden que la presencia de
un fiscal, o de la información que este recopila, durante dicho
proceso, es vital, y cualquier cambio debe procurar mantener la
inherencia de los funcionarios del DJ como ente fiscalizador. De
este modo, se garantiza que el solicitante está realmente
cualificado para obtener dicha licencia. Permitir la obtención de
una licencia de portación de armas, mediante una petición ex parte,
sin la intervención del ministerio público podría dar paso a que
personas que puedan representar riesgos a la población obtengan
dicho permiso.
En cuanto al propuesto Artículo 2.08, el cual establece los
fundamentos para no expedir o revocar una licencia de armas, el DJ
precisa señalar que el nuevo estatuto, dispone que en el caso de
que un poseedor de una licencia de armas resulte convicto ya sea en
Puerto Rico o en los Estados Unidos por un delito grave o su
tentativa, la licencia será revocada mediante una orden judicial
dictada por un tribunal competente. Es decir, el nuevo estatuto
únicamente concede al Tribunal la facultad de revocar licencias de
armas, en contraste con la legislación vigente que adjudica
autoridad al NPPR mediante un proceso administrativo, (Artículo
2.11 Ley Núm.404-2000, supra). Esto tiene como consecuencia que el
proceso de revocación de una licencia de armas por la comisión de
delitos graves o su tentativa, resulte más difícil y costosa para
el estado.
Por su parte, no pueden avalar lo consignado en el tercer
párrafo del Artículo 2.12, respecto a que el DJ deberá presentar,
en un plazo de 72 horas, evidencia que establezca que la ocupación
fue conforme a derecho. De esta manera se impone la obligación al
DJ de participar de un procedimiento ex parte que no necesariamente
está relacionado a un caso de naturaleza penal.
Sobre las órdenes de protección, el DJ nos comenta que el
Artículo 2.15, propone crear una Orden de Protección, con el
propósito de que un tribunal dictamine las medidas necesarias para
que un ofensor se abstenga de incurrir en determinados actos. Sobre
esto nos señala que el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de
agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la
Prevención e Intervención de la Violencia Domestica”, (8 L.P.R.A. §
621), contiene un procedimiento similar al aquí descrito, en cuanto
indica que el tribunal, luego de expedir una orden de protección en
contra de una parte promovida, deberá ordenar que este entregue
cualquier arma de fuego que se encuentre en su posesión. Nótese
que, la propuesta aquí contenida es más amplia y específica al
establecer no solo el procedimiento cuando se expide una orden de
protección, sino que además dictamina el trámite a seguir si
recayera una convicción contra la parte promovida. Aunque el DJ
avala lo propuesto sobre el procedimiento de custodia y suspensión
de armas y de la licencia de armas, sugieren que se incluya que,
será el tribunal quien le ordene la entrega a la Policía de
cualquier arma de fuego perteneciente al promovido.
De otra parte, opinan que la inclusión de una petición de Orden
de Protección bajo los parámetros antes indicados, resulta
innecesaria pues, tanto el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54, supra,
como el Artículo 5 de la Ley Núm. 284-1999, según enmendada,
conocida como “Ley Contra el Acecho”, contemplan la expedición de
órdenes de protección contra personas que atentan contra la vida y
seguridad de otras. Conforme a lo anterior, sugieren que se
eliminen las disposiciones del Artículo 2.15 antes mencionadas, por
entender que el propósito primordial que dio base a su creación es,
y puede ser cubierto con disposiciones de ley vigentes. Consideran
más conveniente que el artículo propuesto se refiera a estas
órdenes y que se enlace la intención legislativa a estos mecanismos
existentes.
Sobre los delitos y penas contenidos en el Capítulo 6 el DJ nos
comenta que se propone añadir nuevos actos constitutivos de
delitos; y además, en algunas instancias aumenta las penas fijas, y
los agravantes y atenuantes a ciertos delitos. Particularmente, el
DJ nota que se suprime lo relativo a que las personas que cometan
ciertos delitos bajo esta Ley no tendrán derecho a disfrutar de una
sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, desvío,
bonificación o cualquier otra alternativa de reclusión, así como
también se elimina la norma de imposición de penas consecutivas. En
cuanto a lo antes expresado, no pueden avalar el mismo y les
preocupa el efecto que pudiera tener en cuanto a los convictos que
aún están cumpliendo sentencia bajo la ley de armas actual.
Sobre esto nos comentan que en nuestro ordenamiento jurídico
existe el Principio de Favorabilidad, que dispone entre otras
cosas, que en caso de que, durante el término en que una persona
esté cumpliendo sentencia, se apruebe una ley más favorable en
cuanto a la pena, se aplicará de manera retroactiva, (Refiérase,
Artículo 4 (b), del Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm.
146-2012). Sobre ello notan que en la medida propuesta no existe
una limitación a la aplicación retroactiva de lo propuesto en
cuanto a las penas. Esta ley no contiene una cláusula de reserva
que impida su aplicación retroactiva, (Véase, Dora Nevares Muñiz,
Código Penal de Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo del
Derecho, Inc. Edición 2015, Pág.10). El DJ sugiere que este asunto
sea seriamente ponderado por la Asamblea Legislativa, considerando
el efecto que esto podría tener. Ciertamente, con el lenguaje
propuesto la sentencia de convictos que hayan sido sentenciados
bajo la ley de armas actual se reduciría, permitiendo, en algunos
casos, que se dé por cumplida la sentencia, o se les permita
cumplir el resto de la misma de manera suspendida.
Por su parte, el Artículo 6.05, dispone que, se considerará
delito grave con un término fijo de reclusión de 10 años, cuando
una persona porte un arma de fuego sin la correspondiente
autorización para portar. No obstante, se establecen tres (3)
circunstancias que constituirán delito menos grave, cuando una
persona porte o transporte un arma sin tener licencia; a saber: 1)
que no haya estado realizando actos constitutivos de delito grave;
2) que no haya sido convicta de violar la ley de armas; y 3) que no
se trate de una persona impedida por Ley Federal a recibir,
transportar, o enviar armas de fuego o municiones.
Nótese que, se suprimieron de este artículo las disposiciones
vigentes, aplicables cuando el arma portada está inscrita a nombre
de la persona, pero dicha persona tiene una licencia o permiso
expirado o vencido, (Artículo 5.04, Ley Núm. 404-2000, supra). El
DJ advierte, además que el artículo no incluye en su categoría
menos grave, la portación sin licencia por una persona que, a su
vez, está cometiendo un delito menos grave. Por tanto, podemos
colegir que, si una persona es sorprendida portando un arma de
fuego sin licencia y cometiendo un delito menos grave, podrá ser
acusada por delito grave bajo las disposiciones de este artículo y
le será de aplicación la pena fija de diez (10) años, más la pena
por el delito menos grave imputado. Por otro lado, para poder
radicar una denuncia bajo este artículo en su modalidad menos
grave, el agente de orden público deberá investigar primero, si la
persona que porta un arma sin licencia, es o no una persona
impedida por ley federal para trasportar armas de fuego. No hacer
alusión de forma específica a la ley federal, a la que se refiere
el artículo, podría ocasionar lagunas y confusiones al aplicar el
estatuto. De manera general, recomiendan que no se tipifique como
delito menos grave la portación de armas de fuego para las tres
modalidades aludidas y que, como alternativa se establezca un
delito grave con pena menor a las establecidas en la primera
oración del artículo; y se ofrezca, además, la oportunidad de
sentencia suspendida.
De otra parte, le preocupa al DJ que aunque en el propuesto
Artículo 6.09, las penas relativas a la prohibición de poseer,
portar y usar Armas de Fuego Automáticas, Semiautomáticas o
Ametralladoras ilegalmente, permanecieron iguales a las vigentes,
notan que se suprimió del texto propuesto la referencia a armas
largas. Actualmente, utilizar o poseer un arma larga
semiautomática, automática o escopeta de cañón recortado, se
castiga con una pena de reclusión que fluctúa desde 18 a 36 años,
(Véase, Artículo 5.07, Ley Núm. 404-2000, supra). Esto tiene como
consecuencia que los actos delictivos llevados a cabo con un arma
larga, tendrán la misma pena que los actos ilegales cometidos con
una pistola, cuya pena fluctúa de cinco (5) a 20 años de reclusión
(Artículo 6.05). De esta forma, se estaría colocando en la misma
categoría la comisión de delitos utilizando armas largas y la
comisión de delitos usando armas cortas como pistolas.
En cuanto al Artículo 6.14, se suprimen algunas disposiciones
del estatuto vigente, relacionadas con el delito de apuntar y
disparar armas de fuego. El DJ se refiere a los incisos B y C del
Artículo 5.15 de la Ley de Armas vigente. En cuanto al Inciso B,
este contiene disposiciones relativas a la obligación impuesta al
dueño o poseedor de una finca o bien inmueble, de alertar o
notificar a la Policía sobre las actuaciones de un tercero de
disparar voluntariamente dentro de los límites de su finca o
inmueble. De no cumplir con tal obligación dentro del término de 48
horas de ocurrido, se expone a una multa de mil dólares ($1,000).
Por su parte el Inciso C, establece que será culpable de delito
grave con una pena fija de tres (3) años, aquella persona que
apunte o dispare un arma neumática. Dicha pena podrá ser aumentada
hasta un máximo de seis (6) años y reducida a un mínimo de seis (6)
meses y un (1) día. Sugieren que tales disposiciones no sean
eliminadas del estatuto, pues prohíben y penalizan actos
reprochables que atentan contra la seguridad de la vida y la
propiedad de los puertorriqueños.
A su vez, la propuesta del Artículo 8.08 provee para que todo
concesionario, que pretenda enviar sus armas de fuego o municiones
mediante correo privado o compañías de transportación, notifique el
contenido del paquete, de conformidad con las disposiciones
federales mencionadas en el citado artículo. Se aclara que, se
mantendrá, por parte de los correos o compañías de transportación,
la privacidad y confidencialidad de tales paquetes; por lo que, en
ausencia de motivos fundados o evidencia de haberse cometido un
delito, las autoridades no podrán intervenir o interrumpir el viaje
de persona alguna, de conformidad con las disposiciones del
Firearms Owners Protection Act (F.O.P.A.). Sobre esto, el DJ nos
dice que, si bien no tienen contención sobre la protección de la
confidencialidad de los paquetes, les preocupa que la disposición
no establece que la persona que envía el arma debe poseer licencia
de armas o que el arma es una legalmente obtenida. Esta
insuficiencia similar al planteamiento antes indicado, para el Art.
6.04 puede generar un aumento en la entrada a Puerto Rico de armas
ilegalmente obtenidas que no han sido registradas, ni se ha probado
que no tienen defecto, aunque no hayan sido utilizadas para cometer
delito. Por no existir motivos fundados para intervenir con dichas
armas ilegales, ni con las personas que las remiten a nuestra
jurisdicción, el aumento de las mismas será incontenible o como
poco, de muy difícil manejo, con lamentables consecuencias para
nuestra sociedad.
Por otro lado, el proyecto elimina el Artículo 5.11 de la
vigente Ley de Armas. En este se establecen una serie de
“presunciones”, mediante las cuales el legislador ha permitido que
se pruebe el elemento mental del delito. Sabido es que las
presunciones expresan normas relativas al modo de evaluar la
evidencia y las inferencias que pueden hacerse de esta. Regulan la
relación entre dos (2) hechos: el hecho básico (antecedente) y el
hecho presumido (consecuente), (Refiérase a: E. Chiesa, Sobre la
validez constitucional de las presunciones, 14 Rev. Jur. U.I.A. 727
– 731 (1980)).
Debido a la alta incidencia de delitos en Puerto Rico, que se
realizan mediante la utilización de armas, el DJ estima que toda
legislación que reglamente armas, como el caso de la aquí
presentada, debe mantener y/o mejorar las presunciones contenidas
en el vigente Artículo 5.11 de la Ley de Armas. Es su apreciación
que, aun si la ley estableciera que la licencia de armas puede ser
expedida de manera vitalicia como, por ejemplo se ha propuesto
debería mantenerse vigente la presunción que establece, al día de
hoy, que la posesión de un arma de fuego por una persona que no
posea una licencia de armas se considerará evidencia prima facie de
que dicha persona posee el arma con la intención de cometer
delito.
Sobre la Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, el Departamento
nos dice que la enmienda al Art. 2 de la Ley Núm. 241, añade un
nuevo inciso (u) que contendrá un nuevo término: “permiso”, que
significará: “[a]utorización escrita otorgada por el Secretario
para practicar diversas actividades…”, y que sustituirá toda
referencia a “licencia” en la Ley Núm. 241. Para la inserción de
este nuevo término en el Art. 2 se reenumera el término
“migratorio” como inciso (t), por lo que entienden que la intención
es eliminar el inciso “t” vigente, con su concepto “licencia”. No
obstante, recomiendan, como asunto de técnica legislativa, que el
título de la medida indique la intención de enmendar el Art. 2 de
la Ley Núm. 241, de conformidad con lo que ordena la Sección 17 del
Artículo III de nuestra Constitución, que establece que el título
de todo proyecto de ley debe expresar claramente el asunto
atendido, y que toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya
sido expresado en el título se considerará nula. Asimismo, para
mayor claridad, el Art. 7.01 (P. del S. 1050, Art. 7.01, págs.
82-83) del texto declarativo debe mencionar con exactitud que se
enmienda el Art. 2 de la mencionada ley para eliminar el inciso
(t), renumerar el inciso (m) como (t); y añadir un nuevo inciso
(u). De esta manera se expresa claramente la intención de eliminar
el término “licencia” para sustituirlo por “permiso”, sin que se dé
la impresión de que se trató de una omisión.
Sobre las enmiendas técnicas propuestas al Art. 6 de la Ley Núm.
241 en el Art. 7.04 (Id., a la pág. 84) de la medida, observan que
se omite la primera oración del inciso (k) de la ley: “Portar o
transportar cualquier arma de caza deportiva fuera de las
temporadas de caza, ya sea en la persona del cazador, en el
vehículo o cualquier otro medio de transporte, incluyendo un animal
en que éste se encuentre o en cualquier animal”. Recomiendan que se
añadan puntos suspensivos para hacer referencia a dicho texto
omitido.
En el Art. 7.07 (Id., págs. 85-86) de la medida se propone,
entre otras enmiendas técnicas, enmendar el inciso (e) del Art. 11
que trata sobre la “inscripción de las armas de caza” para eliminar
la referencia a “poseedores de tales licencias”. No obstante, se
deja la referencia a “licencia de caza vigente expedida a su favor
y licencia especial”, lo que resulta inconsistente con la intención
plasmada en la medida de sustituir toda referencia a “licencia” por
“permiso”, cuando se trate de la autorización para utilizar armas
de fuego para propósitos relacionados con el deporte de la caza.
Notan dicha inconsistencia en otras enmiendas a la Ley Núm. 241.
Por ejemplo, en las enmiendas propuestas al Art. 7.14 (Id., a la
pág. 89), se alude a “cualquier otro tipo de licencias autorizadas
conforme dispone esta Ley…”. Recomiendan que, se revise el texto
íntegro de las enmiendas propuestas a la Ley Núm. 241 con el
objetivo de asegurar que el texto sea consistente con la
utilización de los términos o conceptos, de conformidad con los
fines legislativos de la medida.
De otra parte, en el Art. 7.09 (Id., a la pág. 87), notan que
falta parte del texto final del Art. 13, subinciso (a)(5) de la Ley
Núm. 241 que trata sobre el “permiso de caza deportiva” ; y no se
sustituye el término de “licencia de caza” por “permiso de caza”,
de conformidad con la intención legislativa promovida.
Finalmente, en el Art. 7.14 (Id., págs. 92-93) de la medida,
sugieren que se corrija el error tipográfico en la enmienda
propuesta al inciso (d) del Art. 19 de la Ley Núm. 241, de manera
que se sustituya la palabra “costos” por “cotos”. Esta última es la
que contiene la acepción adecuada de acuerdo con el contexto de la
Ley Núm. 241, que significa “límite”.
Para concluir, el DJ reconoce que el ordenamiento jurídico
resultante de los casos de Heller y McDonald, antes citados,
vindica el derecho de los ciudadanos bajo la jurisdicción de los
Estados Unidos a poseer armas cortas para la defensa de su hogar y
familia. Sin embargo, este derecho, según el propio Tribunal
Supremo Federal en el caso de Heller, no es uno absoluto, admite
limitaciones; y debe ser ajustado conforme el entorno social de
cada Estado en particular. De igual modo, en Heller, el Tribunal
sostuvo que la Segunda Enmienda protege el derecho individual de la
ciudadanía para tener y poseer armas y que, una ley estatal “que,
de manera general prohíba la posesión de armas de fuego” a todas
las personas dentro del Distrito de Columbia, resulta
inconstitucional a la luz de ese derecho individual.
Analizado el derecho aplicable, el DJ ha podido constatar que
regular el ejercicio de ese derecho es constitucionalmente válido,
siempre que la reglamentación o limitación sea una razonable para
adelantar un interés legítimo del Estado. De hecho, en ninguna
parte de sus decisiones, tanto en Heller como en McDonald, la Corte
Suprema de Estados Unidos impiden que los Estados regulen este
derecho constitucional para proteger el interés del Estado de
seguridad y protección social. Destacan a esta Honorable Comisión
que, la Corte, en el caso de Heller examinó el contenido
legislativo y respaldó la viabilidad continua de una serie de
reglamentos estatales de armas de fuego, sin tratar de trazar
líneas a las legislaturas estatales, basándose en la Segunda
Enmienda. De hecho, si examinamos cuidadosamente la decisión, es
evidente que el Tribunal ha reconocido que los estados,
históricamente, han regulado las armas de fuego, a través de
prohibiciones generales de las leyes de seguridad pública; y no ha
puesto en duda las medidas reglamentarias reconocidas; tales como,
las prohibiciones de posesión de armas de fuego por delincuentes,
incapaces mentales o prohibiciones en la compra de arma; etc. Ello,
pues la Segunda Enmienda no tiene el fin de amenazar o afectar
todas las leyes que regulan las armas de fuego. La mayor
preocupación del DJ es lo laxo y permisivo que resulta ser lo
propuesto, máxime cuando se trata de armas mortíferas. En atención
a ello, afirman que es el deber del Estado regular adecuadamente
las armas de fuego para mantener un balance adecuado entre los
derechos de los ciudadanos y la seguridad pública.
Por tanto, destacan que lo resuelto en Heller, no debe
constituir una carta abierta para aprobar legislación que desregule
desmesuradamente la posesión y portación de armas de fuego, cuyo
mal uso y manejo provocan tanta tristeza y dolor en nuestro pueblo
puertorriqueño día a día. El Estado sigue teniendo la facultad de
reglamentar, el uso y manejo de las armas de fuego, en el justo
balance, entre el derecho de los ciudadanos a defenderse y el deber
del Estado de proteger la vida de las personas; y así lo ha hecho,
al adoptar la Ley de Armas vigente.
En fin, el DJ no apoya el presente proyecto de ley.
Oficina de Administración de los Tribunales (OAT)
La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), comenta en
su ponencia que la determinación en cuanto a la aprobación de una
nueva Ley de Armas es un asunto de política pública gubernamental
de la competencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La Rama
Judicial tiene por norma general abstenerse de emitir juicio sobre
asuntos de política pública gubernamental de la competencia de las
otras ramas de gobierno. Sin embargo, en aras de aportar al proceso
legislativo, consignan sus observaciones respecto a algunos
aspectos puntuales del proyecto que, a su juicio, requieren alguna
ponderación adicional.
Artículo 2.02 – Licencia de Armas
El Artículo 2.02 del P. del S. 1050 establece lo relacionado a
la solicitud y concesión de una licencia de armas. Luego de
establecer los requisitos que todo peticionario debe cumplir, así
como la información que deberá incluir la solicitud de expedición
de armas, este artículo dispone el procedimiento que seguirá la
Oficina de Licencia de Armas, adscrita al Negociado de la Policía
de Puerto Rico, para completar la investigación y emitir o denegar
la licencia de armas. La Oficina de Licencia de Armas notificará al
peticionario sobre la denegatoria de su licencia para que este
“pueda realizar la petición de revisión o apelación
correspondiente, según provisto en esta Ley”.
Por su parte, el inciso (E)(2) del Artículo 2.02 dispone para
que el Comisionado de Seguridad pueda establecer mediante
reglamento el procedimiento para que cualquier agente del orden
público pueda expedir boletos por infracciones a la Ley de Armas.
La medida establece que la parte interesada, a la que se le haya
impuesto una multa, tendrá sesenta (60) días naturales para
solicitar una revisión de la multa. La Oficina de Licencia de Armas
celebrará una vista administrativa en un término improrrogable, no
mayor de treinta (30) días naturales. Dispone el referido Artículo
2.02 que, de sostenerse la multa, el concesionario “podrá acudir a
un tribunal con jurisdicción para la revisión de la decisión
administrativa”.
La Ley de Armas vigente, Ley 404-2000, según enmendada, conocida
como la “Ley de Armas de Puerto Rico” dispone en su Artículo 7.07
que salvo se disponga otra cosa expresamente, todas las
determinaciones que tengan que realizarse en virtud de la Ley de
Armas, se regirán por las disposiciones de vistas informales,
adjudicaciones y reconsideraciones establecidas en la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme. 25 LPRA sec. 460(f).
Asimismo, su Artículo 7.08 establece que la parte adversamente
afectada por una orden o resolución final alcanzada en virtud de
las disposiciones de dicha Ley, que haya agotado todos los remedios
administrativos, podrá presentar una solicitud de revisión ante el
Tribunal de Apelaciones, de conformidad con las disposiciones de la
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. 25 LPRA sec. 460(g).
Por otra parte, la OAT no encuentra disposiciones similares en
el P. del S. 1050 que establezcan la intención legislativa sobre si
las disposiciones sobre vistas informales, adjudicaciones,
reconsideraciones y revisión judicial contenidas en la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme aplican a las determinaciones
administrativas que se tomen bajo la nueva Ley de Armas
propuesta.
En cuanto a los recursos de revisión judicial de las
determinaciones administrativas, observan que, en algunos
artículos, como es el caso del Artículo 2.02, la medida legislativa
no define expresamente cuál es el tribunal revisor de las
determinaciones administrativas, sino que hace una referencia
general de que la parte podrá acudir “a un tribunal con
jurisdicción”.
En vista de que la medida no incluye una disposición expresa
sobre la aplicación de las disposiciones de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme a los procedimientos administrativos
propuestos mediante el proyecto, la OAT reitera la importancia de
establecer claramente, a través de las diferentes disposiciones de
la medida, los contornos del procedimiento de revisión judicial que
se proponen, incluyendo el establecimiento de la competencia de los
tribunales, la naturaleza del recurso de revisión y los términos
provistos para la presentación de estos recursos ante los
tribunales.
Artículo 2.07 - Acusación por Delito Grave y Ocupación de
Armas
La redacción propuesta en el Artículo 2.07 sobre Acusación por
Delito Grave y Ocupación de Armas, impone a los jueces la
obligación ministerial de ordenar “la inmediata devolución de la
licencia de armas y de las armas y municiones” cuando el acusado
recibe una determinación de no culpabilidad final y firme. La
descripción de la obligación de los jueces para ordenar la
devolución de la licencia, las armas y las municiones como una
ministerial no permite que estos, bajo el ejercicio de su
discreción, puedan decidir otro curso de acción. Este lenguaje le
impediría a los jueces en estos casos, considerar aquellos
planteamientos meritorios que pueda presentar el Estado sobre la
necesidad de prolongar la suspensión de la licencia o de retener
las armas incautadas, como medida de seguridad o por razón de que
la persona tenga pendiente otras acusaciones o procedimientos que
requieran de por sí la incautación de las armas o la suspensión de
la licencia.
En el ejercicio de su función constitucional, los tribunales
resuelven los casos y las controversias que se les plantean
mediante la aplicación de las leyes a los hechos particulares del
caso, dentro de los parámetros establecidos en nuestro ordenamiento
y conforme al ejercicio de su sana discreción. Corresponde al juez,
dentro de su discreción judicial, establecer aquellas medidas
necesarias para atemperar los intereses involucrados, según las
circunstancias específicas de cada caso. Opinan que el lenguaje
utilizado en este artículo debe permitir discreción a los jueces
para tomar cualquier medida que entiendan necesaria para atender
los planteamientos meritorios levantados por las partes en cuanto a
la retención o devolución de la licencia de armas, las armas y
municiones. A la luz de lo anterior, sugieren se considere eliminar
la frase “vendrá obligado ministerialmente por esta Ley”, y se
adopte un lenguaje similar al actual, de tal manera que permita al
tribunal tomar las medidas que entienda necesarias, según las
particularidades de cada caso. El Artículo 2.07 de la Ley 404-2000
establece que en los casos que el acusado obtenga una determinación
de no culpabilidad, final y firme, “el juez ordenará la inmediata
devolución de su licencia de armas y de las armas y municiones”. 25
LPRA sec. 456(f).
Artículo 2.14 – Información y Expediente sobre Ingreso
Involuntario
El propuesto Artículo 2.14 establece que el Negociado de la
Policía de Puerto Rico tendrá que investigar, antes de emitir una
licencia de Armas, si el peticionario ha sido ingresado
voluntariamente al amparo de la Ley 408-2000, según enmendada,
conocida como la “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”. Dispone,
además que, si el ingreso es como consecuencia de “una incapacidad
mental”, se deberá negar la solicitud de licencia de armas y/o la
autorización para portar armas.
Sin embargo, la OAT nota que el título del Artículo 2.14,
“Información y Expediente sobre Ingreso Involuntario”, no coincide
con lo dispuesto en el texto del artículo toda vez que en el título
se hace referencia al “ingreso involuntario”, mientras que en el
cuerpo del artículo se mencionan situaciones en las que el
peticionario “ha sido ingresado voluntariamente al amparo de la Ley
408-2000”. Cabe señalar que la Ley 408-2000 dispone tanto sobre el
ingreso voluntario como el ingreso involuntario de las personas a
instituciones que ofrecen servicios de salud mental, por lo que
entienden resulta preciso aclarar cuál es la intención legislativa
respecto a este asunto. Véase al respecto los Artículos 4.07 y 4.12
de la Ley 408-2000, según enmendada, así como la definición de
“ingreso involuntario” y de “ingreso voluntario” provista por esta
ley.
Artículo 2.15 - Ór
