Baigorri 2004 El Per en Extremadura

8/6/2019 Baigorri 2004 El Per en Extremadura

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EL SUBSIDIO AGRARIO EN EL MARCOREGIONAL DE EXTREMADURA(1)

Artemio Baigorri Agoiz

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Para conocer la importancia que el subsidio agrario ha tenido en Extremaduraatenderemos, en la primera parte de esta exposicin, al modelo general de desarrollorural que ha caracterizado la segunda mitad del siglo XX en Espaa, y sus efectosen Extremadura. En segundo lugar atenderemos a la evolucin general de lasmacromagnitudes relacionadas con el empleo y el paro agrario en la regin. Latercera parte la dedicaremos a analizar siquiera de forma resumida los antecedentesdel binomio PER/subsidio agrario. Y finalmente situaremos en sus proporcionesreales el peso que ese binomio ha tenido en Extremadura. Concluyendo con unalectura crtica tanto de sus aspectos positivos como de los negativos.

Agricultura y despoblacin rural

Si hay un elemento que, a lo largo de los cien ltimos aos, ha caracterizadotanto a los anlisis como a la propia poltica agraria espaola, ha sido la insistenciaen el exceso de poblacin activa agraria en nuestro pas. Hemos hablado de estaconstante como de una sublime obsesin, hasta el punto de que la historia recientedel campesinado espaol podra sintetizarse grficamente con el cuento del burro

y la zanahoria: corriendo sin descanso hacia las ciudades, en la esperanza de adecuarsus efectivos en el campo a los propuestos como tericamente ptimos por losexpertos y gobernantes de turno, para encontrarse nuevamente, en cada ciclo que seinicia (un Censo Agrario, un cambio de rumbo en la poltica econmica, unaintegracin europea...) con la misma advertencia, o acusacin: sobra gente.

Durante la primera mitad del siglo XX las propuestas no iban tanto en la lneadel fomento de la despoblacin rural, como en la de conseguir una mayorproduccin y rentabilidad del trabajo agrcola (mediante la reforma agraria, socialprimero, tcnica despus), de forma que fuese posible el digno sostn del campesina-

do en sus lugares de origen.Sin embargo, a partir de mediados de siglo se asiste a un cambio de actitud,

plantendose de forma explcita la necesidad de reducir los efectivos demogrficos.La tesis de base era que, si en los pases econmicamente ms desarrollados se hab adado un proceso natural de reduccin de la poblacin activa agraria, para acercanos

(1) Ver, para un anlisis en profundidad, mi libro El Paro Agrario, Servicio de Publicaciones de laDiputacin de Badajoz, Badajoz, 1995 (ISBN 84-7796-874-8)

(2) Artemio Baigorri es Profesor Titular de Universidad (Area de Sociologa) en la Universidad de

Extremadura. Web de contacto: http://www.unex.es/sociolog/BAIGORRI/index.htm

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Publicado en J.M.Cansino, coord., "El campo andaluz y extremeo: la proteccin social agraria"

Ed. Consejo Econmico y Social, Madrid, 2003, pp. 83-108
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a su modelo de desarrollo debera forzarse dicho proceso en Espaa. Esta reduccinse planteara primero mediante el trasvase territorial-sectorial de efectivos, es decirmediante procesos migratorios; mientras que en pocas muy recientes se introduceel concepto de trasvase sectorial en las mismas reas rurales.

La planificacin del despoblamiento rural, y la propia evolucin natural delsistema econmico y social, han conducido en las ltimas dcadas a un descensodrstico de la poblacin activa agraria. Se ha dado tanto la emigracin territorial-sectorial, como la puramente sectorial, y sobre todo se ha generado el complementode las rentas agrarias con otros trabajos (agricultura a tiempo parcial). As se hapasado de entre 2 y 2,5 millones (segn las fuentes, pues nunca nos hemos puestode acuerdo en Espaa sobre esta cuestin), a mediados de los aos '70, a una cifraque estara en torno a 1,3 millones de activos agrarios en 1996, reducindose en laactualidad a menos de 1,2 millones. En el segundo trimestre del ao 2.002 se haalcanzado de hecho una cifra simblica: el nmero de ocupados agrarios se situ por

debajo del milln, en 963.000 personas ocupadas.Si bien la crisis urbano-industrial desencadenada a lo largo de parte de los aos

'70 y '80, a partir sobre todo de las sucesivas crisis del petrleo , ralentiz la prdidade activos agrarios, especialmente en las zonas agronmicas ms ricas, en cualquiercaso en la ltima dcada del siglo XX existan ya espacios agronmicos con dficitcrnico de mano de obra agrcola (primero esta situacin afect a La Rioja yCatalua; luego a Navarra, Aragn y Valencia, y finalmente, desde mediados de los90, tambin a las zonas agronmicamente ms dinmicas de Murcia, Andaluca yExtremadura).

En el marco de la integracin europea y del desarrollo tecnolgico de laagricultura espaola esas tendencias se han agudizado a lo largo de la ltima dcada.Hemos asistido a una progresiva reduccin de la poblacin activa agraria a nivelnacional -por lo dems animada desde la prctica totalidad de los informeseconmicos-, a la vez que se agudizaba la contradiccin de la existencia de dficitsde mano de obra (no slo estacionales, sino estructurales) en las reas de agriculturams dinmica y economa ms boyante. Es la californializacin de la agriculturaeuropea augurada por Jean-Pierre Berlan a mediados de los 80, lo que implica lapresencia creciente y continuada de una masa de agro-inmigrantes procedentes delas reas perifricas a la Comunidad Europea, primero del Maghreb y luego de

Europa del Este.Podra decirse, por tanto, que al fin los economistas espaoles del siglo XX (pues

apenas hay excepciones, en esa disciplina, en la recomendacin sistemtica de vaciarel campo) han logrado su objetivo. Pero es ya una victoria no slo prrica, sinoincluso estpida. Porque resulta que desde hace casi una dcada las recomendacionescomunitarias, an conviniendo en la inevitabilidad en la reduccin de empleosagrarios, insisten en el desarrollo de las potencialidades exo-agrcolas de los espaciosrurales. Y muestran una vo luntad explcita de conservar el mximo de empleos endichas reas, en sectores complementarios del Agrcola (artesana, medio ambiente,turismo rural) cuando ste sea incapaz de sostener toda la actividad. Las nuevas

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recomendaciones comunitarias vendran a cerrar un ciclo, por el que volveramos ala necesidad, como en las ms antiguas propuestas de reforma social, de permitir eldigno sostn del campesinado en sus territorios. Se trata, en suma, de que ahoranecesitamos un campo habitado para conservarlo: necesitamos no slo poblacinrural, sino tambin agricultores, si queremos mantener cuidado el jardn de la

conurbacin europea .(3)

Agricultura, empleo y paro en Extremadura

En el caso de la Agricultura extremea hemos asistido en las ltimas dcadas auna adaptacin a las directrices estatales de despoblacin agro-rural, en un momentocoincidente en el tiempo con el hundimiento de la oferta migratoria. La consecuen-cia ha sido un ambivalente proceso de extensificacin/intensificacin, orientado ala supervivencia del agricultor en su territorio geogrfico y en su propio espaciosocioeconmico (algo que, por o tra parte, como veremos no hubiera sido posible sinel apoyo del sistema PER/subsidio). La eleccin entre un modelo extensivo en eluso del suelo y el trabajo, e intensivo en capital, de una parte, y alternativamente unmodelo intensivo tanto en la utilizacin del suelo como del trabajo y tambin delcapital (el aumento de la mecanizacin y, en general, de los inputs agrarios haafectado a todo tipo de explotaciones), ha estado condicionado por el tamao dela explotacin y las capacidades productivas de la tierra. Esto es, se trata de unaestrategia adaptativa directamente condicionada (o determinada) por la infraestruc-tura ecolgica y la estructura productiva. Mientras las grandes propiedades se hanvenido adaptando a la nueva situacin creciendo in extenso, los agricultores directos(pequeos y medianos), se han adaptado creciendo in intenso .(4)

El resultado para el con-junto ha sido una reduccindel empleo, que se observapor igual en todas las fuen-tes. As, si comparamos losCensos Agrarios de 1982 y1999, vemos que a lo largode estas dos dcadas el n-mero de Unidades de Traba-jo equivalentes Ao (UTA)

se ha reducido de 75.171 a68.428, esto es un 10%.

Si la fuente que utiliza-mos es la Encuesta de Po-

(3) He desarrollado ms ampliamente esta cuestin en De la terra ignota al jardn terrenal, CIUD ADE S,n 4, 1997, pp. 149-164 ; as como en la primera parte de mi libro Hacia la urbe global , Editora Regional deExtremadura, Mrida, 2001

(4) Puede verse, para una evolucin de las macromagnitudes agrarias en Extremadura, adems de los Censos

Agrarios, la publicacin anual La agricultura y la ganadera extremeas , editada por Caja Badajoz desde 1986.

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blacin Activa, considerando la poblacin ocupada, la cada del empleo agrario sehace an ms evidente, al pasar de 68.500 ocupados en el tercer trimestre de 1991a 56.900 en el segundo trimestre del ao 2.002. Siendo mucho ms drstica entrminos relativos en la ayuda familiar (que se reduce a la mitad) y en el trabajoasalariado (que se reduce en un tercio), pero tambin cae fuertemente el nmero de

ocupados empresarios, esto es asimilables a titulares de la explotacin. Naturalmentela caida en el empleo no es cosa reciente: en 1976 figuraban como ocupadas en laagricultura 165.070 personas, que slo cinco aos despus, en 1981, se habanreducido a 101.710.

Naturalmente, si la ocu-pacin se viene reduciendosistemticamente, la pobla-cin se mantiene, y no haydnde emigrar, parece que no

hay otro resultado posibleque, primero la aparicincomo fenmeno, y luego elcrecimiento del paro.

Y efectivamente, el paroagrario no ha dejado de cre-cer desde 1976, como se ob-serva en el grfico siguiente.Aunque en el fuerte incre-mento en el nmero de parados agrcolas que observamos en 1984 tiene mucho que

ver, adems de la crisis econmica, la implantacin en aquel ao del sistema deproteccin establecido por el primer gobierno socialista . Pero, a la vez, observamos(5)

cmo se viene dando desde entonces una reduccin sistemtica, si bien en los dosltimos aos observamos, a pesar de la nueva metodologa de la EPA, mucho msrestrictiva, un incremento en el nmero de parados.

(5) El incremento artificial en el censo de jornaleros empez a producirse tras la mejora en las proteccionesobtenida por la Junta de An daluca del Gobierno Central tras las huelgas de hambre de los sindicatos de

jornaleros en 1981

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Naturalmente, este descenso sistemtico del paro, entre 1986 y el ao 2000,paradjicamente en paralelo a una no menos sistemtica reduccin del empleoagrario, se explica por el progresivo trasvase sectorial. La emigracin sectorial in situha sustituido en la pasada dcada a la emigracin espacial.

El trabajo agrcola en el espacio y el tiempoLas estructuras y aprovechamientos productivos condicionan la situacin laboral

de las distintas comarcas extremeas. En este sentido, destaca sobremanera laconcentracin del trabajo agrcola en las zonas de regado: en estas comarcas setotalizaba hace una dcada, cuando realizamos nuestro anlisis, prcticamente el50% del trabajo agrario de la regin, an cuando suponen slo un 25 % de lasuperficie censada.

Destacan, por su escasez de trabajo, toda la zona central de la regin y toda lafranja perifrica Este/Sur Este. Por el contrario la comarca de Jaraz/La Vera,

seguida de Don Benito y Coria, son las que mayores intensidades de trabajo totalofrecen; en cuanto al trabajo asalariado las ms intensivas en su utilizacin son lasde Navalmoral-Talayuela, Jaraz, Don Benito/Villanueva y Badajoz: es decir lasVegas del Titar y del Guadiana. Es en estas cinco comarcas donde se concentrabael 43 % del trabajo asalariado (el 55 % del total si aadimos a esas las comarcas,tambin con fuerte presencia del regado, de Plasencia y Coria).

Por otra parte, el regado tiene una cierta importancia en otras comarcas noconsideradas aqu como de regado, en las que aporta tambin una parte importantedel trabajo agrcola: es el caso de Olivenza, Hervs, y en menor medida Jerez,Logrosn, Alburquerque (por La Codosera) y Trujillo (donde solamente Miajadas,errneamente includa en esta comarca por el MAPA, aporta la mayor parte deltrabajo).

Es preciso insistir, por tanto, en la importancia que el regado tiene en lageneracin de trabajo y empleo en Extremadura; sin negar por ello, naturalmente,la importancia, bien que secundaria, de otros sistemas, como el agro-silvo-ganadero(la dehesa) que domina en vastas extensiones de la regin, y sobre todo del sistemaque denominamos de policultivo de secano (basado fundamentalmente en la vid yel olivo), cuyas mayores aportaciones al mercado de trabajo las hallamos en lacomarca vitivincola de Almendralejo.

A pesar, sin embargo, de la importancia del regado como generador de trabajo,ni siquiera este sistema agrario permite un reparto equilibrado de las necesidades demano de obra a lo largo de todo el ao.

La mayor parte de los trabajos de horticultura (el grueso se precisa en larecoleccin) se concentran entre los meses de junio y octubre, quedando el resto delao grandes vacos que ya no pueden ser cubiertos por los cultivos que antes servana tal fin (maz, remolacha), al haber sido mecanizados casi al cien por cien. Larecoleccin y algunos trabajos complementarios no mecanizados del olivar puedeocupar parte del invierno, y la recoleccin y trabajos del viedo parte del otoo y

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el invierno. Pero en conjunto se percibe la existencia de grandes vacos de trabajo alo largo del ao, mucho ms extensos en las zonas de orientacin cerealista yganadera. De ah que no slo no se haya reducido el carcter eventual de la mayorparte de los trabajadores agrcolas, sino que incluso se ha acentuado en las ltimasdcadas.

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Notas sobre la dinmica del mercado de trabajo en Extremadura

Un aspecto fundamental a considerar al analizar el mercado de trabajo agrarioes la caracterizacin del sector como sector nido. La importancia de las segundasactividades lucrativas, que muy a menudo son actividades principales (es decir la

importancia de la agricultura a tiempo parcial), es creciente entre los titulares deexplotacin. En el caso de la ayuda familiar, aunque en menor medida en el caso delas cnyugues, la aplicacin de trabajo a la explotacin familiar depender asimismode las disponibilidades de empleo (como empresarios, autnomos o asalariados) enotros sectores econmicos. Se ha visto asimismo que es habitual la existencia de unasegunda actividad lucrativa: trabajo en algn pequeo negocio local, trabajotemporal en fbricas transformadoras agroindustriales, etc.

Pero es sin duda en el caso de los asalariados en donde la caracterizacin comosector nido se manifiesta con ms intensidad: en la medida en que les sea posible,migrarn verticalmente a otros sectores (agroindustria, construccin, hostelera...),retornando a la agricultura cuando falle el empleo. Aunque, segn algunas op iniones,se haya considerado por la mayora de los analistas que el subsidio de desempleoagrario y el PER han reducido la intensidad de bsqueda de otras alternativassectoriales en muchos asalariados del campo, el hecho cierto es que el propio PERya supuso una migracin sectorial temporal, pues en la mayor parte de los casos lostrabajos includos en el Plan de Empleo Rural han sido obras de urbanizacin yconstruccin. Aunque por supuesto, no es menos cierto que la existencia del PER,y el subsidio de desempleo agrario, han provocado que trabajadores de otros sectores(ms a menudo, hijos jvenes de stos) se hayan empleado en ciertas pocas comoeventuales del campo. En suma, este carcter de nido, unido a la tradicional y radicallibertad de mercado en el sector, ha dificultado sin lugar a dudas una lecturatransparente del mismo. Pero no nos detendremos ahora en un tema que el lectorpuede profundizar en nuestro libro citado sobre el paro agrario.

Paro agrario y/o paro rural

Estas dinmicas han llevado incluso a una seria dificultad a la hora de intentardeterminar con exactitud el paro agrcola, pesar de todo el aparato estadstico(crecientemente confuso) suministrado por la Administracin. Los activos agrariosconstituyen un colectivo extremadamente distinto de los activos de otros sectores,y tan heterogneo en su composicin interna, que a menudo se confunde hastaextremos de tener que hablar ms de paro rural que de paro agrario. Y en estesentido puede llegarse a hablar a veces, ms que de paro, de sobrante de mano deobra rural, pues no nos estamos refiriendo a una situacin anormal y temporal dedesempleo forzoso, sino a un modelo de subempleo permanente. Por lo dems,como se ha sealado, buena parte de los activos agrarios desarrollan tambinactividades, en tanto les es posible, en otros sectores. De forma que tan slopodemos hablar de cifras aproximadas, que segn las fuentes utilizadas puedenpresentar una gran variabilidad, y que por tanto pueden ser susceptibles devaloraciones ideolgicas y/o polticas divergentes.

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En este sentido, resulta ya difcil hacer un balance del exceso o dficit de manode obra en el campo de la regin. Si consideramos las 23.677 UTA que, segn elCenso de 1989, hemos estimado son a tribubles a los asalariados, resulta que haceuna dcada estbamos en un excedente de mano de obra de ms de 23.000 personas,atendiendo a los 46.800 asalariados que la EPA consideraba como existentes en

1991 (29.000 ocupados y 17.800 parados). Sin embargo, no hay que olvidar queno se trata de UTA repartidas a lo largo del ao, sino que por el contrario el trabajose concentra en el espacio en las zonas de regado, y en el tiempo en 4/5 meses alao, lo que aumenta las necesidades absolutas de activos agrarios en casi el triple enciertas reas y momentos; la evidencia emprica de que hay zonas que acusan dficitde mano de obra en determinados momentos del ao confirma este primer sesgoimportante. Estos apuntes muestran la dificultad de un balance de la fuerza detrabajo en regiones rurales como sta. Sin embargo, lo que me interesa destacarahora es que una dcada ms tarde ese excedente de fuerza de trabajo se ha reducidoen ms de un 50%. Frente a las 26.500 UTA de asalariados que refleja el Censo

Agrario de 1999, tenemos una poblacin activa agraria en el ao 2.002 de 36.600personas (de las que 14.200 estn paradas), por lo que el excedente se habrareducido a unos 10.000 activos. Muchos menos que hace una dcada, sin lugar adudas, pero muchos miles de personas para las que no existe otra alternativa viableshoy por hoy que alguna forma de subsidio o de empleo o subempleo pblico. Unasituacin que parece endmica en estas regiones, pero que tiene causas directas quenosotros hemos situado en la estructura de la propiedad de la tierra.

Los antecedentes del subsidio y el PER

Frente a la situacin de precariedad material, y a la conflictividad que se derivannecesariamente del modelo tradicional que, en general, caracteriza la explotacin dela tierra en el Sur de Espaa, se han dado diversas respuestas histricas, que puedenresponder a dos mviles de peso desigual:

a) el sentimiento caritativo frente a la pobreza, y

b) el sentimiento racional frente al potencial conflictivo.

Las primeras requisitorias fundamentadas contra la sangrante desigualdad en eldisfrute de la tierra extremea surgen en la segunda mitad del siglo XVIII, con lallamada Informacin sobre la crisis agraria y pecuaria de Extremadura , un expediente

dirigido por los corregidores y gobernadores extremeos a la Corona en 1764. Enl se pona de manifiesto el abuso que de las tierras extremeas hacan los ganadosde la Mesta y de los poderosos nobles, imposibilitando el cultivo y el sostn de losextremeos. El problema era simple: los ganados trashumantes de las regiones delNorte de Espaa, y los de los propios nobles que posean grandes fincas yencomiendas en la regin, impedan a los campesinos extremeos cultivar las tierrasnecesarias para su sustento, imposibilitando en consecuencia la obtencin de unaacumulacin primitiva de capital que permitiese el desarrollo econmico de laregin.

En 1770, Floridablanca recomienda echar mano de las tierras comunes y de

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propios para repartirlas entre todos los vecinos de los pueblos, y permitirles as elreparto proporcionado entre el pasto y el cultivo, e incluso que a falta de ese tipode tierras, se acuda a las dehesas particulares. Y en una Instruccin Reservada parala Junta de Estado de 1788 hizo decir al rey que convena disponer de un fondoseparado, con el uno por ciento de las rentas generales, para ayudar a los braceros

y jornaleros a instalarse como labradores independientes, dotndoles de casas,ganados y aperos, y fomentando el regado y el planto.

Aos ms tarde, Campomames, autor de las colonizaciones de Sierra Morena,propondra en sus directrices para la Ley Agraria que todos los ciudadanos deExtremadura fuesen dotados de una hacienda de cincuenta fanegas, en propiedad oen arriendo, y tierra de pastos suficientes para 100 cabezas de ganado lanar, y anmejor para 250.

Pero en las Cortes de Cdiz, y frente a las propuestas de igualitarismo agrario (eincluso de expropiaciones "sin indemnizacin" de las grandes posesiones necesarias

para dotar de tierra de labor y ganado a todos los campesinos, cuando no bastasenlas de la Iglesia, propios y comunales), triunfaron sin embargo las tesis jovellanistas,que aos ms tarde abriran los bienes pblicos y semipblicos que quedaban alsaqueo desamortizador, para mayor enriquecimiento de los poderosos. Elcampesinado puso unas esperanzas infundadas en la Constitucin de Cdiz, y esjusto en ese momento cuando el reparto surge como mito. No obstante, tambin elpensamiento cientfico social avanzaba en esta lnea: en 1839, Flrez Estrada semostraba explcitamente partidario de la nacionalizacin de la tierra.

Un siglo ms tarde la situacin no estaba igual, sino peor, pues buena parte de

las tierras concejiles y de la iglesia, de las que se tradicionalmente se beneficiaban lospequeos campesinos, haban pasado a manos de la burguesa triunfante y de lanobleza terrateniente. Eso s, seguan producindose Informaciones Agrarias, y luegoInformes Sociales, que no aportaron sin embargo ms que palabras, adems de undeliberado enmascaramiento de uno de los problemas bsicos: la injusta distribucinde la propiedad de la tierra. De forma que, durante el primer tercio del siglo XX, laestructura de la tierra y lo esencial del modelo de explotacin de la mismapermanecieron inamovibles.

Las medidas que se plantean durante el periodo de la Restauracin vanencaminadas casi exclusivamente al fomento de la intensificacin en el cultivo,

aunque el propio Romanones, uno de los mayores latifundistas del pas, lleg aaludir vagamente en 1905, como ministro de Fomento, a la necesidad de parcelarlas grandes fincas para estimular su cultivo. Se suceden algunas leyes de colonizacininterior que pretenden facilitar el acceso a la propiedad fundamentalmente a lospequeos arrendatarios y aparceros, con resultados insignificantes. En cuanto a losintentos de reforma agraria republicana, y las transformaciones desarrolladas en lassiguientes dcadas, se trata de polticas suficientemente conocidas, por lo que no meextender ms sobre ellas.

En realidad, esta revisin hacia atrs tiene la intencin de mostrar cmo, enconjunto, nos queda la impresin de la existencia de una especie de compromiso

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histrico nacional, con una tradicin que va para dos siglos, en intentar hallarpolticas que permitan mejorar la situacin de los damnificados por este sistemaproductivo agrario, pero ello siempre que pueda hacerse sin modifica r las estructu-ras bsicas, es decir el rgimen de propiedad. Estas polticas son el grmen de losmodernos sistemas de proteccin.

As, frente a la peridica protesta de los jornaleros en paro, amenazados por lamuerte fsica por hambre y dispuestos por tanto al conflicto social, la primerarespuesta, ya en el primer tercio del siglo XIX, es el sistema de los alojamientos, quellega a incorporarse al rgimen consuetudinario de amplias zonas del Sur de Espaa.Cuando este tipo de arreglos de urgencia comenz a mostrarse como insuficiente enlos peores aos, los Ayuntamientos comenzaron a distribuir socorros directos, enunos casos en metlico y en otros en forma de reparto de pan. Estos sistemascoexistieron hasta bien entrado el siglo XX.

Sin embargo, los movimientos asociativos que se extendieron en los ltimos aos

del siglo XIX y cuajaron a principios de este siglo con la formacin de grandescentrales sindicales, tuvieron un efecto directo sobre las capacidades revindicativasde los jornaleros. Surge as la consignacin apresurada de partidas presupuestariaspara la construccin o reparacin de obras pblicas, un sistema que alcanza sumxima expresin con Primo de Rivera.

En fin, durante la Repblica se aaden, a estos sistemas tradicionales otrasformas nuevas de socorro, como la introduccin de mecanismos intervencionistasen el mercado de trabajo, que si bien no resolvieron en modo alguno los problemas,sirvi al menos para mostrar ms crudamente a la sociedad de la poca la necesidad

de una Reforma Agraria que atacase en profundidad el rgimen de tenencia de latierra.

El franquismo recupera, tras el parntesis republicano, la poltica social agrariaelaborada por la Restauracin. Salvo en lo que las transformaciones en regado y lapoltica de colonizacin afect a la composicin de la poblacin activa agraria enparte de Extremadura, no se introducen nuevas medidas. A partir de mediados delos aos '50 el problema del desempleo rural se trata segn se ha visto en trminosde excedente de poblacin, que se ir trasvasando lentamente a las grandes ciudades,necesitadas de mano de obra. En los peores aos se vuelve a las soluciones de laRestauracin: alojamientos, socorros alimenticios y obras pblicas.

Sin embargo, a principios de los aos '70 se desencadena la primera gran crisiseconmico-energtica. Se cierra repentinamente el grifo de la emigracin a lasciudades, y el fenmeno del paro urbano comienza a adquirir importancia creciente.En Extremadura los nuevos regados comienzan a fructificar social y econmica-mente, y se mejoran las perspectivas para los trabajadores del campo por la mejorade las prestaciones sociales: en algunas zonas se detectan ya incluso dficits de manode obra para ciertas tareas. Por otra parte, la implantacin de la libertad poltica enEspaa permite la manifestacin de demandas jornaleras largamente reprimidas. Sondatos que explican la implantacin de una serie de medidas sucesivas de proteccinsocial, de las que el primer ensayo es el Empleo Comunitario. Un primer ensayo,

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subsidio de los TAE ha pasado, en pesetas constantes, de unos 42.000 millones en1984 a 151.000 en el ao 2001. Lo ms paradjico/divertido (aunque en realidadresulta pattico) es que, tras aos de sistemticas denunciadas, por parte del PartidoPopular y de sus adlteres ideolgicos, de utilizacin por el PSOE del PER comoinstrumento de clientelismo poltico, entre 1996 y 2001 (ahora bajo la denomina-

cin de AEPSA) el nmero de beneficiarios, que vena descendiendo sistemtica-mente desde 1993, se increment de nuevo (fundamentalmente en Andaluca),pasando de 192.000 a 233.000.

Pero no vamos a extendernos describiendo un proceso que sin duda es conocidopor los asistentes, y ha sido detalladamente expuesto en otras intervenciones.

El PER en Extremadura. Un balance

Por eso me centrar en la ltima parte en establecer un ensayo de balance de loque este sistema ha supuesto para Extremadura, empezando por sealar la notable

diferencia, tanto cuantitativa como sobre todo cualitativa, entre Andaluca (dondela cifra de subsidiados no dej de crecer hasta 1991, estando todava en el ao 2001un 30% por encima del ao 1984) y Extremadura (donde desde 1989 las cifras sevenan reduciendo, hasta situarse el ltimo ao del gobierno socialista en algo msde dos tercios de la cifra de 1984, si bien a partir de 1997 ha empezado a crecer denuevo dicha cifra de forma incesante, retornando a niveles que no se conocan desde1991).

Naturalmente, hablamos de cifras cuyas proporciones difieren enormemente.Pero para homogeneizarlas consideremos que, tratndose de dos regiones con unfuerte peso de la agricultura (pero tambin de la industria y del turismo en el casode Andaluca), sin embargo la diferencia en la significacin relativa del subsidio enenorme. En el momento en que las cifras llegaron a ser ms altas, en 1991, lossubsidiados suponan en Andaluca un 3,1% de la poblacin total de la regin,mientras que en Extremadura ese porcentaje se reduca a un 2,5% de sus habitantes.

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EVOLUCIN DEL N DE SUBSIDIADOS

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Andaluca 156 152 196 214 241 257 258 206

Extremadura 36 32 39 38 41 40 37 30

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Andaluca 174 196 199 188 167 169 177 184 196 204

Extremadura 28 28 28 28 25 24 24 27 29 30

La realidad es que, casi dos dcadas despus de iniciarse la aplicacin del sistema,con una u otra denominacin, existe la impresin generalizada de que, pese asuponer una enorme mejora en las condiciones econmicas de vida de los trabajado-res eventuales del campo, sin embargo no ha resuelto los problemas que pretendaatajar, e incluso han surgido otros nuevos. As, ha contribuido a generar ciertasdistorsiones en el mercado de trabajo, ms patentes a medida que ha venidomejorando la situacin global del empleo. As como se ha desarrollado toda unacasustica ingente de situaciones irregulares a la hora de adquirir el derecho, o elmantenimiento de la percepcin econmica. Aunque la actuacin del Ministerio deTrabajo ha sido continuada a lo largo de los aos, inspeccionando situacionesirregulares, no siempre han sido exitosas si atendemos a las crticas de las fuerzassociales y las opiniones que pueden recogerse sin dificultad entre los propiostrabajadores, como as ocurri en la encuesta que realizamos en 1992. El sistema de

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control fue complejizndose de ao en ao, centrndose cada vez ms en controlesindirectos, ante la inexistencia de denuncias por parte de los propios sindicatos o lasorganizaciones agrarias (OPAs), pero las trampas no por ello han desaparecido.

Sin embargo, tambin en este pu8nto hay que volver a sealar la necesidad de

distinguir entre las situaciones andaluza y extremea, por ms que ambas suelantratarse en los anlisis sobre el tema bajo el mismo rasero. No hay que olvidar quelas provincias con mayor nmero de irregularidades han sido siempre las andaluzas.

Un anlisis comparativo del PER en Extremadura y Andaluca en elmomento cumbre del sistema

Hemos sealado las importantes diferencias que han caracterizado la aplicacindel sistema en las dos regiones beneficiarias, pero parece conveniente profundizaren algunos aspectos que remarcan especialmente esas diferencias, siguiendo el anlisisque realizamos en 1992, justamente en el momento en el que el sistema funcionaba

a toda mquina, y a la vez reciba sus primeras crticas masivas, con campaasmediticas incluidas.

En aquellas fechas sealbamos el contraste entre la evolucin en las provinciasextremeas y algunas de las andaluzas, para el periodo de 1984 a 1991. M ientras enAndaluca se haban dado aumentos de hasta el 121% (como ocurra en Huelva,donde por lo dems el nmero de subsidiados ha seguido creciendo desde entonces),por el contrario, Badajoz ofreca la disminucin ms importante (un -32%),mientras que en Cceres, an manteniendo un saldo positivo (un 23%), se mantenapor debajo de todas las provincias andaluzas, salvo Mlaga (14%) y Jan (22%).

En aquel momento nos llamaba poderosamente la atencin que en una poca enla que se multiplicaban las obras pblicas en Andaluca (con la Expo como granlocomotora), y se disparaba la construccin (tradicionales reductores del paro rural),con un nuevo boom turstico, descendiendo en consecuencia sistemticamente tantoel paro registrado (prcticamente en todas las provincias a partir de 1987/88),como el paro agrario calculado por la EPA a partir de las mismas fechas, sinembargo slo a partir de 1991 comienza a reducirse el nmero de subsidiados en elconjunto de Andaluca. Baste sealar que, en 1990, el nmero de subsidiados llega alcanzar la cifra de 257.800, cuando la cifra de parados agrcolas que la EPAcalculaba en aquel ao para todo el territorio nacional era de 196.200 .(7)

Son detalles importantes, pues mientras en Extremadura observamos que elnmero de subsidiados en enero de 1992 (16.600) viene a coincidir, a la baja, conla media mensual de parados segn la EPA en el ao anterior (17.700), por elcontrario en Andaluca los 144.300 subsidiados en enero de 1992 estn muy porencima de los 137.000 parados de media mensual en 1991.

Los dos siguientes mapas nos ayudan a explicarnos en buena parte estas fuertes

(7) 1987 fue el ao en que la EPA seala la cifra ms alta de parados agrcolas en Espaa, afectando a un

total, en aquel ao, de 258.100 trabajadores.

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diferencias regionales.

El primero de ellos refleja la distribucin por sexos de los subsidiados. Cuandoanalizbamos la distribucin del paro/subsidio en Extremadura llambamos laatencin sobre la importante presencia de la mujer en la provincia de Cceres,

mostrndola como una situacin, cuando menos, peculiar (para algunos podraresultar incluso poco creble).

Pero es que, a la vista de los datos, no quedaba otro remedio que concluir que laagricultura andaluza fe mucho ms all, habiendo pasado a ser ya gestionada casiexclusivamente por las mujeres, a tenor de la distribucin por sexos de lossubsidiados. Sin duda el caso ms llamativo es el de la provincia de Huelva, con casiun 75% de mujeres; pero cualquier otra de las provincias (con excepcin de Cdiz,que presenta proporciones similares a las de Cceres) que se observe, presenta valoresexageradamente elevados.

Dificilmente, como veremos, puede aceptarse como hiptesis explicativa (almenos no como elemento determinante) la que algunos autores han planteado, comouna feminizacin a la gallega del trabajo agrario en Andaluca. Pero los datos estnah: en el ao 2001 el nmero de mujeres andaluzas subsidiadas, 123.000, superabaen ms de un 50% al de hombres, con 81.000. Por el contrario, en Extremaduraaunque el peso relativo de las mujeres perceptores ha aumentado, el nmero dehombres sigue siendo muy superior al de mujeres.

Cuando se analiza la distribucin de los subsidiados por edades la composicinpara el caso de Andaluca se muestra, asimismo, generalmente distinta a la de

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Extremadura. En las provincias de Andaluca Oriental aparece una menorproporcin de menores de 25 aos, y una proporcin mayor de mayores de 55. Porel contrario, en Andaluca Occidental la proporcin de jvenes es mayor que enExtremadura, mientras que la de mayores de 55 aos es, en general, inferior.

Evidentemente, aparecen provincias, como Huelva, Cdiz y Sevilla, donde a la luzde todos los datos anteriormente barajados podra decirse que el subsidio dedesempleo ha sido un recurso econmico utilizado exclusivamente por adolescentes,mujeres y pre-jubilados.

El siguiente mapa refleja algunos aspectos que relacionan el subsidio con elRgimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Recoge la distribucin deafiliados al REASS, segn lo sean por cuenta propia o por cuenta ajena, y permiteobservar cmo, salvo en el caso de Almera (que, rompiendo la tendencia andaluza,presentaba un porcentaje de autnomos incluso superior a los de Badajoz oCceres), en el resto de Andaluca parece que prcticamente no existiesen ya agri-

cultores autnomos del campo .(8)

Durante los aos 80 pudimos asistir en Andaluca a un inaudito crecimiento dela poblacin activa agraria, al contrario de lo que vena ocurriendo en el resto delEstado (Extremadura includa) y del mundo civilizado. Hay casos especialmentellamativos como el de Granada, donde de 12.000 autnomos en 1977 se pas a7.800 en 1990, aumentando sin embargo el nmero de trabajadores por cuentaajena nada menos que de 49.000 a 72.800 (por hacer una comparacin, sealemos

(8) Intuyo que en los ltimos aos, con subvenciones a la produccin agraria ms rentables que el PER, se

ha multiplicado en Andaluca el peso de los afiliados por cuenta propia en el REASS, naturalmente hom bres.

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que en la provincia de Badajoz el nmero desciende de 47.600 trabajadores en 1977,a 46.400 en 1990).

Huelva no se queda atrs, pasando de 22.800 a 50.000. Mlaga pasa de 42.000a 48.700. Sevilla de 74.700 a 127.100. Tan slo en la provincia de Jan desciende

el nmero de jornaleros, de 57.000 a 51.300 (curiosamente la nica provinciaandaluza donde la proporcin de hombres subsidiados era claramente superior a lade mujeres). No es preciso profundizar mucho para concluir en este aspecto que,haya habido incorporacin de la mujer al trabajo agrcola o no , lo que s se ha(9)

dado, evidentemente, es una afiliacin masiva de las mujeres al sistemaREASS/Subsidio.

Esa capacidad de adaptacin explica sin duda otro dato que nos llamabapoderosamente la atencin, como era la tasa de cobertura que el nmero desubsidiados representaba respecto del conjunto de afiliados (incluyendo tanto a losautnomos como a los trabajadores por cuenta ajena) en el REASS. Obviamente los

resultados encadenan unas variables a otras.

De nuevo, salvo el caso de Almera, el resto de Andaluca se destaca notablementerespecto de Extremadura. Llamando poderosamente la atencin el caso de Sevilla,donde casi el 60% de los afiliados al REASS gozaban del subsidio (si consideramostan slo a los trabajadores por cuenta ajena, el porcentaje se elevaba por encima del62%). El porcentaje, en el resto de las provincias, oscila entre el 40 y el 50%. Porel contrario, en Badajoz el porcentaje era de un 39%, y de un 33% en Cceres.

Otros anlisis nos daban resultados similares, pero no voy a extenderme en ello,pues pueden consultarse en nuestro libro. En el cual concluamos, a la vista de los

datos, con dos hiptesis alternativas, especialmente en el caso de Andaluca:

a) Los trabajadores de otros sectores, fuera del agrario, que se benefician delsubsidio, han venido constituyendo un porcentaje muy superior al previsto por laAdministracin.

b) La Encuesta de Poblacin Activa no responde a la realidad, o a los encuesta-dos les da vergenza declararse activos agrarios, y se declaran activos de otrossectores.

Naturalmente, nos inclinbamos hacia la primera hiptesis, como ms realista.

Es evidente que, pese al temor que los sindicatos expresaron en el momento deintroducir el sistema PER , no slo no se redujo el nivel de cobertura de los(10)

(9) La EPA correspondiente al ao 1991 estimaba la poblacin asalariada ocupada agraria femenina, enAndaluca, en 36.100 personas, frente a 139.100 hombres. El nmero de mujeres paradas que han trabajadoantes en la Agricultura lo estima en 55.300, mientras el de hombres sera de 82.500. Estaramos, en el sectoragrario andaluz, con 221.600 hombres frente a 91.400 mujeres. No puede hablarse, por tanto, de unafeminizacin del trabajo agrario en Andaluca, por ms que aumentase (que es mucho aumentar) la presenciaactiva de las mujeres.

(10) La propia Administracin lleg a prever la exclusin, con la implantacin del nuevo sistema, de unos60.000 beneficiarios, lo que hubiese supuesto un 22 % de los 270.000 que totalizaba el Censo de

Trabajadores Agrarios elaborado por el INEM en 1981.

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jornaleros eventuales sino que, especialmente en Andaluca, se fue extendiendo a unaparte importante del resto de trabajadores y familiares del medio rural.

De ah que plantesemos, como hiptesis de trabajo, una serie de cuestiones deprofundo alcance social, por conflictivo que fuese (y de hecho lo fue) su solo

enunciado.La ms importante, en lo que hace a Extremadura, es la de que los trabajadores

extremeos del campo, en la medida en que en ciertas reas de la regin tambinse localizan pequeas corruptelas, han estado sirviendo de guardaespaldasideolgicos de un sistema que ha beneficiado fundamentalmente a Andaluca, quees donde se localizan, por otra parte, la mayor parte de las irregularidades en elsubsidio. Creamos que esa situacin perjudicaba gravemente tanto a la imagen queExtremadura ofrece fuera de la regin (por la que se lleg a identificar a Extremadu-ra con el subsidio rural, a pesar de que sobre una poblacin superior a 1,1 millones,hayan sido menos de 30.000 los perceptores del subsidio), como sobre todo a la

imagen que los propios extremeos han construido sobre su medio social. Es precisoplantearse, en Extremadura, una alternativa efectiva .(11)

Naturalmente, otra hiptesis fundamental es la de que, a pesar de la voluntadexplcita del sistema, el subsidio no ha sido utilizado slo por los trabajadoreseventuales agrarios, sino por trabajadores/as eventuales rurales de todos los sectores.Es evidente que, a lo largo de los aos, y a pesar de numerosas declaraciones ydesarrollos normativos en sentido contrario, se ha venido reduciendo el nmero detrabajadores que obtienen las jornadas mnimas cotizables en la Agricultura.

No estaramos por tanto hablando, ya desde finales de los aos 80, de un

subsidio de trabajadores eventuales agrarios, sino de un subsidio rural. Y elloentendamos en 1992 que tena una gran trascendencia econmica porque,obviamente, la subvencin de la permanencia de la poblacin en el medio ruralpuede ser financiada con ayuda de la Comunidad, mientras que el subsidio dedesempleo es cuestin exclusiva de los Estados nacionales.

Otra hiptesis no menos importante, y no menos conflictiva, de nuestro estudio,contradeca ciertos planteamientos optimistas sobre lo que sera una masivaincorporacin de la mujer al trabajo. Pues tan probable como esa posibilidad (a lavista de los datos de las EPA manejados, incluso ms probable) sera, segn nuestra

hiptesis, la existencia de un fenmeno social que ira precisamente en direccinopuesta, en lo referente al acceso de la mujer a la igualdad de derechos y responsabi-lidades.

Por supuesto, el hecho de que el subsidio se haya instituido en rural ms que enagrario nos hace creer que es importante el nmero de mujeres que trabajan en laindustria agroalimentaria durante las campaas, y que con unas peonadas ms

(11) Esta situacin, de hecho, ya se daba con el Em pleo Comunitario. Tomando como referencia el ao1981, mientras Andaluca tena el 56 % del paro agrcola nacional, y Extremadura el 21,5, sin embargo esta

regin recibi tan slo el 18 % de esos fondos, mientras Andaluca acumulaba un 81 % .

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obtenidas en el campo acceden al subsidio, completando rentas en el ao. Por otrolado, tampoco hay que olvidar que el REASS para los trabajadores por cuenta ajenatena menos costes, y mayores beneficios, para el afiliado, que el REASS de lostrabajadores por cuenta propia, y an mejores condiciones que las del RgimenEspecial de Trabajadores Autnomos: ello bastaba para atraer afiliaciones

fraudulentas, a un rgimen que sala barato y permitir aportar otra pensin en lavejez, y que incluso puede aportar algn ao el subsidio.

En cualquier caso, la fra evidencia de los datos nos muestra la posibilidad de quelas mujeres hayan sido, y estn siendo, utilizadas en algunas zonas (de forma msmasiva en Andaluca, pero en mucha menor medida en Extremadura) para aportara las economas familiares 'la limosna', mientras los hombres trabajan y se desenvuel-ven en el mercado regular de trabajo. Es una cuestin que considerbamos muyimportante, y socialmente muy grave, pues la verificacin de nuestra hiptesissignificara, para la mujer, que su papel, en multitud de casos, no estara siendo muy

distinto del que juegan los nios que son utilizados en las calles para pedir limosna.No parece una va hacia polticas de igualdad.

Naturalmente, como no hemos vuelto a investigar sobre este tema, esa hiptesisest todava por verificar. Animo a los investigadores que siguen o se incorporan aestas temticas a verificarla o refutarla.

Limites y contradicciones del sistema

Por razones de espacio no analizar los otros pilares sealados del sistema,aunque s me referir a ellos en las a modo de conclusiones que apunto a continua-cin, y que revisada la literatura posterior a nuestro estudio, as como la evolucinde los datos, no veo deban cambiarse diez aos despus.

Hablamos de un sistema pensado inicialmente para poco ms de 100.000trabajadores, y al que terminaron apuntndose, en un momento dado, casi 300.000,dependiendo todava, en el ao 2001, ms de 233.000 personas. Un sistemapensado en su primera configuracin (Empleo Comunitario) como una medidaprovisional para mejorar la condicin de vida de un colectivo marginal a extinguir(por emigracin o agotamiento vegetativo), y que se ha transformado, treinta aosdespus y tras profundas reformas, en el modo de vida casi estructural de uncolectivo social importante, que no slo no se extingue sino que crece (o al menos

se renueva: en Extremadura, casi 1.400 beneficiarios actuales del subsidio en el ao2001 eran inmigrantes, casi todos marroques).

Cuando hicimos nuestra investigacin encontramos que casi ninguno de losagentes interesados en el tema estaba satisfecho con sus resultados. Los jornalerosse sentan a disgusto. La mala imagen pblica que se construy (sin duda interesada-mente, pues curiosamente a partir de 1996 el tpico prcticamente ha desaparecidode los mass media, a pesar de que el nmero de beneficiarios, y previsiblemente defraudes, ha seguido aumentando) en torno a este complejo mecanismo llev a que,entre los propios jornaleros, casi un 30% se declarasen muy de acuerdo, o algo deacuerdo, con la siguiente frase: "Los del PER no quieren trabajar". Y nada menos

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que casi un 70% se mostraban muy de acuerdo, o algo de acuerdo, con una frasemucho ms terrible: "Hay muchos tramposos entre los jornaleros".

Pero si haba una conclusin que destacaba sobre todas las dems era laconstatacin de que, dentro de las ms o menos profundas variaciones operadas a

lo largo del siglo (sin duda la ms profunda la introduccin del subsidio TEA y elPER), se percibe una continuidad en los mviles esenciales: el sentimiento caritativode piedad ante una situacin de pobreza generalizada, y el sentimiento racional deprevisin frente al potencial conflictivo que se deriva de esa pobreza. Y, junto a ello,la pervivencia, por encima o por debajo de ideologas y grupos hegemnicos depoder, de ese compromiso histrico nacional adoptado hace ya casi dos siglos, y alque hemos hecho repetida referencia: el de intentar hallar polticas que permitanmejorar la situacin de los desposedos del medio rural, siempre que ello puedahacerse sin modificar las estructuras bsicas, es decir el rgimen de propiedad. Deah que sigamos utilizando, refinado con criterios ms profundos de justicia social,

el sistema inventado por la burguesa liberal decimonnica: pan para los malosmomentos, obras pblicas para los peores, todo lo que haga falta para no tocar laestructura de la propiedad de la tierra.

Naturalmente, no se trata de caer en un discurso que tiene ya varios siglos detradicin en Espaa, y que acaba culpando a los propios necesitados de lasdisfunciones que provoca cualquier sistema de socorro que se ponga en marcha.Como escriba un autor andaluz en los aos '40, "Hasta el siglo XVIII todas lasreferencias histricas sobre parados aparecen de tal manera cubiertas por ingredien-

tes extraos a la categora que nos ocupa que hacen casi inextricable su delimitacin.

Por una parte se habla de mendigos y por otra de vagos, pero nunca acierta el juicio

de los historiadores a saber ver si unos eran el lgico e inevitable margen social delos afligidos y otros los contumaces de la vagancia, o bien si su actitud de no

trabajadores se deba a circunstancias que escapaban de su voluntad o simple

afliccin" . Un d iscurso que no era difcil descubrir, en los aos 90 especialmente(12)

pero todava hoy, en las interpretaciones que, desde ciertos sectores sociales, se hacede las contradicciones del sistema, en las que se incluye un menosprecio no ya hacialos fraudulentos, sino hacia la propia idiosincrasia de los pueblos .(13)

Por supuesto, en nuestro anlisis nos quedaba la duda de si las transformacionessocioeconmicas que se habran operado en Extremadura y Andaluca de invertir las

ingentes cantidades destinadas al sistema en creacin de estructuras productivas nohubiesen sido mucho ms profundas y perdurables. Hicimos el supuesto de que el

(12) Jos M Fontana, El paro agrcola..., op. cit. pag. 18

(13) Vase la siguiente intervencin del seor Hinojosa, del grupo Convergncia i Uni, en el Cong reso delos Diputados (17.VI.92): "Algo debe de tener de perverso el sistema de las peonadas, popularmentellamadas, porque hay colectivos andaluces y extremeos que estn obsesionados por conseguir las peonadas

y que van a otras comunidades autnomas contratados para una determinada temporada de trabajo, y, cuando

cumplen los veinte o veinticinco das, dejan colgado al empresario que los contrat y vuelven a Andaluca,

porque ya tienen las peonadas. Por tanto, algo hay de perverso, de costumbre, de cultura de vivir del

subsidio, que, efectivamente creo que, en aras a valorar el activo productivo del pas, hay que corregir".

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dinero gastado entre 1972 y 1992 se hubiese utilizado en comprar grandes fincas,tanto de secano como de regado o silvoganaderas, por avenencia, para instalar afamilias de jornaleros como agricultores autnomos. Esa reforma agraria a preciosde mercado habra supuesto la modificacin de la estructura de propiedad de msde un milln de Has, y la creacin de 30.000 o 40.000 explotaciones de entre 15

y 100 Has, segn calidades.

Tambin hicimos el supuesto de que ese dinero se hubiese utilizado en transfor-mar en regado y colonizar, podra haberse actuado sobre ms de 300.000 Has,instalando entre 20.000 y 30.000 colonos con explotaciones viables. Si considera-mos nuestra hiptesis de que los aproximadamente 230.000 subsidiados en 1992no suponan ms de 100.000 familias, y atendemos a que la transformacin enregado provoca la aparicin de 2-3 puestos de trabajo inducidos en la industria ylos servicios, por cada puesto de trabajo agrcola, la conclusin de cualquiera deestos dos supuestos es que se habra resuelto definitivamente el problema de los

jornaleros andaluces y extremeos, y habra aumentado la capacidad productiva dela nacin.

Naturalmente estos supuestos son muy discutibles. Todos los supuestos sondiscutibles. Por otra parte, no es eso lo que se ha hecho, y lo aplicado ha tenidotambin, como ha quedado expuesto, una serie de efectos positivos. Sin embargo,desde la ptica de los intereses de Extremadura nuestro informe conclua sin ningnasomo de duda sobre la necesidad de sustituir, de nuevo, este sistema de proteccin.Entendamos que las obras de infraestructura y las inversiones pblicas en generalque deban realizarse en esta regin, para igualar su nivel de servicios y equipa-mientos a la media nacional, en modo alguno podan quedar vinculadas a un

sistema que hace aparecer tales inversiones como una limosna del Estado. Y el tipode reforma de las estructuras productivas rurales (agrarias y no agrarias) que hubieseque realizar, para crear el empleo estable necesario que termine con el subempleoeventual permanente, debera ser una cuestin a considerar al margen de aquellasinversiones.

Concluiamos que slo un cambio de rumbo en el sentido expuesto podapermitir, por otra parte, desvincular a Extremadura de Andaluca y de esa imagen,en parte mtica y en parte real, a que repetidamente hemos hecho referencia,resultando obvio que tales cambios slo podran acometerse con efectividad con la

transferencia de la gestin del nuevo sistema a las Comunidades Autnomas.

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Documents

Baigorri 2004 El Per en Extremadura