TRANSICIONES AMBIENTALES Ensayos de Sociología Ambiental

Artemio Baigorri (Editor)

Artemio BaigorriIsabel BañosPedro BañosJuan BejaranoManuela CaballeroMar ChavesJosé Mª EchavarrenErnesto GanuzaFernando GarridoMario GaviriaRosa Junyent

Regina LafuenteEduardo MoyanoMercedes PardoCarlos PriegoElisabet RocaBeatriz SantamarinaCarmen SanzAdolfo TorresMíriam VillaresGabriela Zanfir

Autores: TR

ANSI

CION

ES A

MBI

ENTA

LES

Ensa

yos

de S

ocio

logí

a Am

bien

tal

Arte

mio

Bai

gorr

i (E

dito

r)

TRANSICIONES AMBIENTALES

Y PARTICIPACIÓN

(Estudios de Sociología Ambiental)

Editor:

Artemio Baigorri

Autores:

Artemio Baigorri, Isabel Baños, Pedro Baños, Juan

Bejarano, Manuela Caballero, Mar Chaves, José Mª

Echavarren, Ernesto Ganuza, Fernando Garrido,

Mario Gaviria, Rosa Junyent, Regina Lafuente,

Eduardo Moyano, Mercedes Pardo, Carlos Priego,

Elisabet Roca, Beatriz Santamarina, Carmen Sanz,

Adolfo Torres, Míriam Villares, Gabriela Zanfir

TRANSICIONES AMBIENTALES Y PARTICIPACIÓN

(Ensayos de Sociología Ambiental)

INDICE

PRESENTACIÓN Artemio Baigorri 9

INTRODUCCIÓN Mercedes Pardo 11

EXTREMADURA SOBRADA (EN TRANCE DE MODERNIZACIÓN HACIA UNA ENERGÍA DES-CARBONIZADA) Mario Gaviria y Gabriela Zanfir 17

CAMBIO GLOBAL, VULNERABILIDAD Y RESI-LIENCIA: EL PAPEL DE LAS CIENCIAS SOCIALES Artemio Baigorri 55

LA PERCEPCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA José M. Echavarren 67

LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Beatriz Santamarina 79

EL RETO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Juan F. Bejarano, Adolfo Torres, Carmen Sanz 105

NI EN MI CASA, NI EN LA TUYA: ALTRUISMO AMBIENTAL Y CONFLICTOS Artemio Baigorri, Mar Chaves 128

CONFLICTO SOCIO-ECOLÓGICO EN LA BAHÍA DE PORTMÁN Pedro Baños, Isabel Baños 143

EL DEBATE NUCLEAR: EL PERSISTENTE RE-CHAZO DE LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA Mar Chaves, Artemio Baigorri, Manuela Caballero 175

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL ANTE ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE GESTIÓN LI-TORAL EN EL DELTA DEL EBRO Elisabet Roca, Míriam Villares y Rosa Junyent 190

PAISAJES NATURALES URBANOS Y CALIDAD DE VIDA Carlos Priego, Eduardo Moyano 205

LA IMPORTANCIA DE LAS CREENCIAS Y LA IN-FORMACIÓN A LA HORA DE CONJUGAR EL VA-LOR PRODUCTIVO Y AMBIENTAL DEL AGUA Regina Lafuente, Ernesto Ganuza y Fernando Garrido 225

¿HACIA EL NUCLEARISMO POSTKYOTO? MO-DELOS NUCLEARES DESDE UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL Manuela Caballero, Artemio Baigorri, Mar Chaves 247

AUTORES 267

9

PRESENTACIÓN

Artemio Baigorri

Los trabajos que se recogen en este volumen surgen de dos iniciativas diferenciadas, pero plenamente vinculadas.

Se incluyen resultados del proyecto de investigación PRI09A139 financiado por la Junta de Extremadura y FE-DER. Nuestro grupo de investigación, Análisis de la Reali-dad Social (ARSsociologica)1, viene trabajando entre otras líneas el análisis de la evolución de las actitudes ambienta-les en Extremadura. A menudo sin financiación externa, hemos realizado varios ecobarómetros. Y en la convocato-ria de ayudas regionales de I+D+i en Extremadura, de 2009, obtuvo una pequeña ayuda para la financiación de un pro-yecto sobre transiciones ambientales, en el que se pretendía analizar en un marco casi ideal -una región en proceso de modernización- diversos aspectos relacionados con la dia-léctica medio ambiente y desarrollo.

La escasa ayuda, respecto de la solicitada, hizo que buena parte de los aspectos que habrían de ser investigados fue-sen abandonados, ante el desaliento de los investigadores que no podían contar con apoyo ni para los costes más bá-sicos. Sin embargo, nos resistimos a abandonar el elemento que creíamos clave de nuestro proyecto: la realización del tercer ecobarómetro, primero en contar con siquiera parte de financiación externa. Nos adaptamos a tales limitacio-nes, y con ahorros de proyectos y convenios previos, y compartiendo recursos (la encuesta) con otros proyectos de I+D+i, pudimos llevarla a buen fin en el año 2011. Y aun-que todavía queda mucho por explotar, se han venido ge-nerando algunos resultados.

1 Con anterioridad denominado GIESyT (Grupo de Investigación

en Estudios Sociales y Territoriales)

10

Se recogen así algunos de los trabajos generados en los úl-timos años en esa línea de investigación, en algunos casos publicados como artículos, en otros inéditos.

Por otra parte, como coordinador (2007-2010) del Comité de Investigación en Sociología y Medio Ambiente de la Federación Española de Sociología (SOCMAyS), tenía el empeño de retomar la iniciativa que en 1997 tuvo Mercedes Pardo, reuniéndonos en Pamplona a buena parte de quie-nes trabajábamos entonces, desde la Sociología y aledaños, en temas ambientales. Así que, siendo conscientes de la dificultad de atraer hacia la periferia peor comunicada de España a muchos colegas, en un año en el que los recortes empezaban a ser evidentes, y en el que el profesorado está-bamos muy ocupados con la implantación del falsamente llamado Espacio Europeo de Educación Superior (los afec-tos al nuevo régimen montando chiringuitos de la seudoca-lidad, y los del “no es eso, no es eso” montando barricadas resilientes desde las que lanzar adoquines de conocimiento contra las competencias del utilitarismo pedestre), gracias a sendas ayudas de la Junta de Extremadura (ayudas a con-gresos) y del Rectorado de la Universidad de Extremadura (ayudas para seminarios científicos), conseguimos atraer a los más animosos de SOCMAyS a Badajoz, los días 18 y 19 de septiembre de 2009. Fuimos pocos, pero creo que lo pa-samos bien2.

El resto de los trabajos recogidos en el libro tienen su ori-gen en dicho encuentro. Mi agradecimiento a quienes han tenido la generosidad de aportarlos, y tener la infinita pa-ciencia de esperar a que las ocupaciones cotidianas fuesen dejando huecos para componer el volumen.

2 Sin el compromiso de todos los miembros del Grupo de Investi-

gación, incluidos quienes no trabajan en líneas ambientales, no ha-

bría sido posible que el encuentro saliese bien: especialmente hay

que agradecer la participación de Mar Chaves, Manuela Caballero,

Ramón Fernández, Miguel Centella, María José López, Leonor Gó-

mez, Pedro García y Santiago Cambero

11

INTRODUCCIÓN El largo (pero firme) viaje de la Sociología Medioambiental en España, o ¿de dónde venimos y a dónde vamos?

Mercedes Pardo

Por eso de la memoria histórica

En épocas de revalorización de la Memoria Histórica, asumimos la parte alícuota que como colectivo nos corres-ponde, en este caso en lo relativo al devenir de la Sociología Medioambiental en España. Aclarar que esto es sólo una parte de una Memoria Histórica completa, que estaría por hacer. Son sólo unas notas de cómo se fueron creando es-tructuras formalizadas –y sus correspondientes actividades asociadas- que dieron empuje a lo que podríamos llamar una comunidad epistémica de la sociología medioambien-tal en nuestro país.

No sería justo sin embargo no hacer un recordatorio de aquellos pioneros que nos precedieron con sus trabajos individuales, como son Mario Gaviria, Artemio Baigorri, Tomás Rodriguez Villante, Josep Vicent Marqués o Vicente López Rodríguez, secretario éste último, junto con Pepín Vidal Beneito, de la injustamente apenas recordada Escuela Crítica de Ciencias Sociales (CEISA), cerrada por el fran-quismo, y núcleo clave de formación sociológica crítica. Vaya por delante nuestra admiración y reconocimiento. Queda por hacer su historia.

12

¿De dónde venimos?

En lo académico: la Asociación Internacional de Sociología.

Algunos recordaremos esa imagen en pleno calor vera-niego, de sociólogos de todas partes del mundo pululando por Madrid con una botella de agua. ¡Pobres! Se trataba de la primera vez que la Asociación Internacional de Sociolo-gía realizada un congreso mundial en España, concreta-mente en Madrid, en el año1990, y la primera vez que se integraban decididamente sociólogos ambientalistas espa-ñoles (existía desde 1971). Desde entonces, en lo que se convirtió en el Research Committee 24 Environment and Society, sociólogos españoles han venido participando en los Congresos Mundiales, en las ya consolidadas sesiones de dicho comité de investigación. En esa instancia, España ha estado representada con la vicepresidencia de dicho comité.

Con la posterior creación de la Asociación Europea de So-ciología, se ha producido un proceso similar, donde tam-bién se inició la representación a través de nuestro querido colega Ernest García.

Creo estar en condiciones de afirmar que la sociología medioambiental de España tiene una madurez y especifici-dad de contenido como para impulsar mucho más su inter-nacionalización. El Sur del Norte –como es nuestro caso- tiene más relevancia que nunca como objetivo de investi-gación en el contexto de la globalización. Las generaciones más jóvenes de sociólogos medioambientales tienen una buena oportunidad de ligar los problemas socio-ambientales locales a los globales. Así que, ¡Animo!

En lo profesional: el Colegio Nacional de Politólogos y Sociólo-gos

Es de rigor recordar que ya antes de esa participación or-ganizada, sociólogos medioambientalistas españoles, que en mayor o menor medida trabajaban ese campo como pro-

13

fesionales, se autoorganizaron en el Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos, creando una comisión de Me-dioambiente en 1986 (¿tanto tiempo ha pasado?) embrión, por cierto, junto con el Colegio de Biólogos del posterior y exitoso Congreso Nacional de Medioambiente (CONAMA), así como de avanzar líneas de investigación sobre la Eva-luación de Impacto Ambiental, donde los sociólogos tenían un papel claro, pues éstas requieren la evaluación del im-pacto en la población.

Recordemos que las Evaluaciones de Impacto Ambiental han constituido uno de los primeros y más importantes nichos de participación profesional de sociólogos en mate-ria medioambiental, que ya eran obligatorias en Estados Unidos de América desde el año 1970 (NEPA National En-vironmental Protection Act), y lo son en España desde 1985 (RDL 1302/1985).

Claro está que era un campo nuevo para los sociólogos, que aun habiendo recibido alguna formación sobre Ecolo-gía Humana (muchos venimos de la Universidad Complu-tense, y recordaremos siempre a nuestro querido profesor José Jiménez Blanco), estábamos escasos en conocimientos sobre ese nuevo campo de evaluación.

Se organizó entonces un curso para los sociólogos sobre El Análisis Socioeconómico en las Evaluaciones de Impacto Am-biental, en noviembre de 1991, de manera que permitiera ir formando un corpus de conocimiento sobre el tema.

Está pendiente la cuestión de que realmente la Adminis-tración central y autonómicas medioambientales cumplan con la ley, que exige la realización de estudios de impacto en la población, así como realización de consulta a la pobla-ción con relación al proyecto que se está evaluando. Son dichas Administraciones las responsables de exigir a los promotores de los proyectos evaluar dichos estudios socia-les y que se lleven a cabo por personal con la cualificación adecuada, en este caso sociólogos. No deberían aprobar dichas evaluaciones de impacto ambiental sin estos estu-

14

dios sociológicos, que, insisto, se requieren por ley. !Haga-mos ese trabajo en cada comunidad autónoma!

Siguiendo el recorrido: La red de Sociólogos del Medioambien-te y la Federación Española de Sociología

Los “mimbres” anteriores permitieron crear un “cesto”: la red de sociólogos del medioambiente Sociología, Me-dioambiente y Sociedad (SOCMAYS) y, así el Grupo de Investigación Sociología y Medioambiente de la Federación Española de Sociología, gracias al buen hacer de nuestros queridos colegas Ignasi Lerma, Artemio Baigorri y Antonio Aledo, que me han sucedido en la gestión y animación del colectivo.

Un punto de arranque fue el I Encuentro Científico Socio-logía y Medioambiente: Estado de la cuestión, en Pamplo-na, en la Universidad Pública de Navarra, en 1998, que dio lugar a un libro colectivo el siguiente año, con una gran variedad de ponencias cubriendo multitud de campos des-de la teoría a los instrumentos aplicados, las políticas, los movimientos sociales, los conflictos medioambientales…

Desde entonces se ha consolidado la realización de sesio-nes del grupo de investigación de Sociología y Medioam-biente en el seno de la Federación Española de Sociología en todas sus ediciones, así como el II Encuentro Científico en la Universidad de Extremadura en Badajoz, en 2009.

Muchos de nuestros colegas que participan habitualmen-te en estas redes tuvieron después el acierto de publicar monografías sobre la sociología medioambiental. Sin por ello agotar la nómina, en absoluto, cabe citar a Carmen Sanz y José Sánchez Alhama, Ernest García, Antonio Aledo y José Andrés Domínguez Gómez, o José Pérez Adán.

En cuanto a la institucionalización académica, encontra-mos grupos de investigación consolidados con líneas espe-cíficas Sociología medioambiental en numerosas universi-dades como la Carlos III de Madrid, la de Extremadura, la de Valencia, la de Alicante, la del País Vasco, el IESA de

15

Córdoba, la Pablo Olavide, la de Murcia, la de Huelva, la de Granada, la UNED, la Autónoma de Barcelona, las Poli-técnicas de Barcelona y de Madrid, así como investigadores en prácticamente todas las universidades españolas.¡No está nada mal!

¿A dónde vamos? Imaginando el futuro

Surgen nuevos contextos que afectan positivamente a la sociología medioambiental de España.

El Cambio Ambiental Global, y particularmente el Cam-bio Climático, se indican como retos serios para las socie-dades actuales, y desde luego para las de la península ibé-rica.

Estos problemas han dejado ya de considerarse objeto ex-clusivo de investigación de las ciencias de la naturaleza. Desde el punto y hora que gran parte de sus causas se si-túan en las sociedades, nuestros modelos de vida en gene-ral, de producción, de consumo, de transporte… así como sus consecuencias van a afectar a las sociedades, estos pro-blemas son hechos sociales.

Una conclusión al respecto es la necesaria participación de las ciencias sociales, y particularmente la sociología me-dioambiental, en la investigación de esos problemas, de manera que se esté en condiciones de aportar un mayor conocimiento sobre dichas causas y consecuencias, así co-mo, ¡idealmente! propuestas útiles para el necesario cam-bio social.

Ni qué decir tiene que el Cambio Global no es algo muy

diferente temáticamente de lo que los sociólogos medioam-bientales han venido abordando, pues incluye las proble-máticas medioambientales de la energía, los residuos, el aire, el agua… en todas sus facetas sociales. Sin embargo, si hay ciertas peculiaridades al abordar el Cambio Global, puesto que requiere conectar dichas problemáticas en un

16

ámbito planetario, y, además, en un horizonte temporal de mayor alcance.

Se trata de retos sociales en el sentido más amplio del término; es decir, son retos investigadores pero, sobre todo, son retos políticos, en una necesaria mayor interrelación entre la esfera de la investigación y la esfera de la política y de la sociedad en general.

Es algo plenamente reconocido. Por nombrar a algunos, mencionaremos las llamadas al respecto por parte del Con-sejo Internacional para la Ciencia (ICSU) junto con el Con-sejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC), que en el Earth System Visioning Process sitúan como un gran desa-fío el Cambio Global y ponen en un primer orden de nece-sidad la participación de las ciencias sociales y las humani-dades en su investigación.

En resumen, más que nunca la Sociología medioam-bi8ental en España tiene un lugar reconocido y destacado. Queda en nuestras manos el hacer buen uso del mismo.

17

EXTREMADURA SOBRADA (En trance de modernización hacia una energía descarbonizada)

Mario Gaviria y Gabriela Zanfir

Resumen.

Hace casi 40 años, hipnotizados y atraídos por Juan Serna, dedi-camos dos jóvenes y largos veranos de nuestra vida a influenciar el futuro estratégico de esta tierra amenazada por las nucleares. Resultaron buenas amistades y publicamos dos libros: “Extrema-dura saqueada” y “El modelo extremeño”3.

Traíamos la lucha antinuclear, las energías alternativas, el desarrollo sostenible, el entusiasmo por el desarrollo de los regadíos y el sector agroalimentario, la defensa de la dehe-sa.

Entonces no había en Extremadura ni Arzobispo, ni Capi-tán General, ni Universidad, ni el Corte Inglés, ni equipo de futbol en Primera División. El milagro económico español, y la capacidad redistribuidora del Estado de Bienestar y del Estado Autonómico han mostrado uno de sus mejores éxi-tos en esta tierra extremeña.

Conseguimos parar la nuclear de Valdecaballeros, aun-que yo, personalmente, nunca estuve convencido de que el desarrollo económico y social, incluso la innovación tecno-lógica en materia de energías renovables alcanzase un éxito tan rápido como el que ha alcanzado en España y en Ex-tremadura.

3 Juan Serna, Artemio Baigorri, José Manuel Naredo, Pablo Cam-

pos, Antonio García Tabuenca, Blanca Berlín, y otros 40 voluntarios

benévolos no retribuidos

18

El ejemplo extremeño muestra que la innovación tecnoló-gica es el resultado de un proceso, a veces poco perceptible que permite un saber acumulado que acaba saliendo a la luz. En Extremadura este saber acumulado, este proceso de inversión en infraestructuras básicas es de manual: los grandes embalses trajeron la gran hidroelectricidad y las redes de alta tensión, el agua embalsada permitió los rega-díos, y estos la especialización agroalimentaria exitosa. Los ríos regulados en los embalses atrajeron los dos reactores nucleares de Almaraz. La disponibilidad de agua, gasoduc-to, tierra llana a buen precio y líneas de evacuación de alta tensión, han atraído a las centrales solares termoeléctricas.

A efectos de agilizar la lectura, la mayor parte de las ta-blas de rankings se han concentrado en un anexo estadísti-co al capítulo.

Mejor imposible

España se sitúa en energías renovables entre los primeros cuatro países del mundo, y Extremadura se sitúa en ener-gías renovables entre las tres primeras Comunidades Au-tónomas de España.

Hay seis Comunidades Autónomas en España que reú-nen los mejores requisitos para la autosostenibilidad en electricidad descarbonizada: Castilla León, Castilla La Mancha, Extremadura, Aragón, Navarra y Andalucía. To-das ellas reúnen tierra abundante con baja densidad de población (de 26 a 30 habitantes por km2, inferior a la den-sidad poblacional de EEUU),Navarra 61 hab/km² con más de 2.400 horas de sol, mas de 2.400 horas de viento turbina-ble, y más agua de la que a simple vista parece (excepto en Castilla La Mancha y Andalucía, donde las escasez de agua será un factor limitante del futuro de las energías renova-bles).

Extremadura, con casi 42.000 km2 y un 1.1 millón de ha-bitantes, recibe agua del Este de la península, sol del Sur y viento del Oeste.

19

Para el año 2040 en que el crecimiento económico hará años que se ha detenido, tomara sentido una sociedad esta-ble no despilfarradora, en que tal vez se trabaje y se con-suma menos, pero en la que podamos disfrutar del tiempo y el cuerpo. La Extremadura, para entonces probablemente más infrapoblada y envejecida, tiene dos elementos claves del futuro: la alimentación y las energías renovables. Nues-tro planteamiento y propuesta es que en los próximos 20 años Extremadura haya cerrado los dos reactores de Alma-raz y haya alcanzado los 10.000 Mw de potencia instalada en energías renovables, según proponemos en el cuadro siguiente.

España, un país afortunado en materia de energías renovables

España es un país que, a pesar de la crisis del 2008 al 2011, sigue estando entre los 10 primeros países del mundo. A largo plazo, la sostenibilidad energética determinará todas las demás variables de la sostenibilidad: la huella ecológica, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad

20

social, etc. Tiene España unos 505.000 km2 de superficie, y unos 47 millones de habitantes (más unos 62 millones de turistas anuales).

Es un país con baja densidad de población, mucha agua dulce almacenada (60.000 hectómetros cúbicos), mucho suelo, bellos paisajes, mas de 2.400 horas de sol al año y más de 2.400 horas de viento turbinable al año. España ha tenido la gran suerte de no encontrar yacimientos de petró-leo y gas. Tenemos una dependencia energética exterior de más del 80%, pero en una transición de unos 30 años con-seguiremos la autosostenibilidad energética a partir de las energías renovables.

España ocupa aproximadamente el puesto número 29 en población entre los casi 200 estados del mundo, y aproxi-madamente el puesto número 50 en cuanto a la superficie territorial.

21

22

23

24

El éxito español en energías renovables se debe además a la estrategia de primas a la producción y al alto nivel tecno-lógico de las empresas españolas.

Además de tener suelo, agua, sol y viento abundantes, con baja densidad de población y con núcleos compactos, España tiene grandes tecnólogos en gestión eléctrica, no solo de las grandes empresas (Iberdrola, Endesa, etc) sino en la gestión y operación del sistema eléctrico y transporte de alta tensión (Red Eléctrica Española), una de las 3 o 4 mejores del mundo.

La legislación, las primas, las tarifas, los procesos de fi-nanciación han hecho posible el milagro de situarse el país en los 4 primeros puestos del mundo. Han tenido también importancia media docena de comunidades autónomas que dieron prioridad al desarrollo de la energía eólica y solar termoeléctrica, según veremos en el próximo capítulo.

Desigual desarrollo de las energías renovables en las comunidades autónomas.

Navarra fue la Comunidad Autónoma pionera, asumió los máximos riesgos en energía eólica, y 15 años después ha sido superada por Castilla León, Castilla La Mancha y Gali-cia. El extremo opuesto es la Comunidad de Madrid obse-sivamente hostil contra las energías renovables, incluso contra la fotovoltaica en los tejados.

También han tenido poco desarrollo en la implantación y generación de energía eléctrica renovable Cataluña y el País Vasco que, sin embargo, concentran alto nivel tecnológico en energías renovables.

Las Comunidades Autónomas más atrasadas en renova-bles son Madrid, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Las Comunidades Autónomas con más éxito han sido aquellas del norte de España con mucho suelo público comunal y/o de propios con muy baja densidad de población (26 habi-tantes por kilómetro cuadrado), sin turismo de playa (Cas-

25

tilla León, Castilla La Mancha, Aragón, y en menor medida Galicia).

En Cataluña el parón eólico se ha debido entre otras cau-sas a la creación de Comités y Coordinadoras de defensas del paisaje. Andalucía ha jugado un término medio, fue pionera en la eólica (Tarifa, Estrecho de Gibraltar), y ha sido pionera y fundamental en las primeras fases de insta-lación de centrales solares termoeléctricas hibridadas con un consumo del 15% de gas natural. El caso más espectacu-lar y que aquí analizaremos en profundidad es la Comuni-dad Autónoma de Extremadura.

La Región de Extremadura líder en solar termo-eléctrica y colista en eólica

Una consultora de Tudela (Navarra), que reúne más de 130 profesionales de alto nivel en temas medioambientales, sociales y territoriales, me dio la clave del bloqueo de los molinos de viento en Extremadura. Hace unos 15 años un equipo de consultores medioambientales, a la búsqueda de emplazamientos en Extremadura para futuros parques eólicos fueron recibidos por el Presidente Ibarra, que dió prioridad al paisaje y la dehesa extremeña, a las aves, y al medioambiente, frente a los aerogeneradores. Más o menos la frase que vino a decir fue la siguiente: “las empresas vas-cas (se referiría probablemente a Iberdrola), y los vascos, que pongan los molinillos en el monte Igueldo, en San Se-bastián, aquí no los pondrán”. Hoy, año 2011, comienza a desbloquearse el parón eólico extremeño. Mientras tanto, Extremadura se ha convertido en la primera región del mundo con mayor número de centrales solares termoeléc-tricas de 50 Mw cada una. La histórica decisión de no desa-rrollar la eólica a finales del siglo XX en Extremadura, la sitúa ahora en excelente posición, ya que los aerogenerado-res son cada vez más eficientes, arrancan con menor velo-cidad del viento (unos 3 metros por segundo), y son cada vez más grandes (Gamesa 4.5 Mw y Vestas 6 Mw). Otra

26

ventaja del no desarrollo de la eólica hasta ahora en Extre-madura son que las líneas de alta tensión para evacuar la energía eléctrica de Valdecaballeros en su día o de los par-ques solares no construidos, han permitido la llegada de casi 40 centrales solares termoeléctricas de 50 Mw, unos 2.000 Mw de potencia instalada equivalente a 2 centrales nucleares. La tecnología de la central solar termoeléctrica, especialmente la de espejos convergentes requieren canti-dades importantes de espacio llano (entre 200 y 250 hectá-reas por cada 50 Mw eléctricos de potencia instalada, y unos 700 hectómetros cúbicos anuales de agua).

Los grandes embalses y grandes líneas eléctricas de las centrales hidroeléctricas y de los regadíos del Plan Badajoz ha sido el capital infraestructural históricamente acumula-do que han permitido el éxito de Extremadura como prime-ra potencia mundial de solar termoeléctrica.

Los puestos que ocupa Extremadura entre las Comuni-dades Autónomas en población, extensión territorial, den-sidad de población, potencia nuclear instalada, potencia hidroeléctrica instalada, potencia eólica instalada y poten-cia solar fotovoltaica + termoeléctrica instalada, pueden observarse en el siguiente cuadro.

En términos absolutos se constata que Extremadura una Comunidad Autónoma con la mínima densidad de pobla-ción de todas las Comunidades Autónomas, con una im-portantísima potencia instalada en energía nuclear (que irá cerrando en los próximos 20 años), en potencia instalada en hidroelectricidad y en energía solar (fotovoltaica + termo-eléctrica).

Pero donde es Extremadura líder autonómica en electri-cidad es cuando consideramos la potencia instalada por millón de habitantes: ocupa los tres primeros puestos en nuclear, hidroeléctrica y solar, y el último puesto en poten-cia eólica instalada, que comenzará a crecer, lentamente, a partir del año 2012.

27

Cuando consideramos la potencia instalada en función de la superficie, por 1.000 km2 de territorio autonómico, ob-servamos que tiene grandes posibilidades de crecimiento, no solo en eólica, sino en todas las demás, excepto en la nuclear, en los próximos 30 años. Los casi 42.000 km2 de territorio extremeño, más el agua, el sol y el viento, son los recursos claves, la actividad de industrialización a partir de energías renovables que va a marcar, junto con el agroali-mentario, el futuro de Extremadura.

En la actualidad, finales del 2011, las energías renovables

no ocupan en Extremadura más del 1.5% del territorio (em-balses y centrales hidroeléctricas, parques solares fotovol-taicos, centrales solares termoeléctricas…). En el año 2040 Extremadura podría llegar a ser uno de los territorios euro-peos con mayor eficiencia en materia de electricidad des-

28

carbonizada y desnuclearizada. No alcanzaría ni siquiera una ocupación y utilización del 6% al 7% del territorio ex-tremeño, unos 3.000 km2 que permitirían autoabastecer a Extremadura, a parte de España y transportar electricidad descarbonizada a Europa.

Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla León y Ara-gón, con unas densidades de población de 26-28 habitantes por km2, son claves para el futuro eléctrico español soste-nible.

29

.

30

La hidroelectricidad, con más de un siglo de antigüedad, es la más perfecta de todas las energías renovables.

Además de esas característica de instantaneidad es, a tra-vés de los embalses, predecible, gestionable, y sobre todo, con los bombeos reversibles, puede ser utilizada como re-gulador y almacenador de energías renovables (por ejem-plo la eólica, excedentaria de noche). Los próximos 30 años es muy probable que, sobre todo por los bombeos reversi-bles, que requerirán únicamente la construcción de peque-ños embalses estancas o balsas para almacenamiento de un día de consumo sean un éxito. Extremadura es la cuarta Comunidad Autónoma más potente en potencia instalada hidroeléctrica, unos 2.200 Mw. Es muy probable que, junto a los grandes embalses extremeños, a pie de presa, o en puntos estratégicos con gran desnivel geográfico, se pro-duzcan contraembalses en los que turbinar de manera re-versible y almacenar kilovatios producidos excedentarios de otras energías renovables.

La energía hidroeléctrica y los embalses extremeños, que ya han cumplido más de 50 años, tienen varios records. Extremadura tiene 5 de las 30 centrales hidroeléctricas de más 100 Mw existentes en España. Tiene los 2 embalses de mayor capacidad, la Serena de España y el gran esfuerzo de los próximos 30 años será hacer participar a la población rural y los agricultores de una ampliación de la potencia instalada hidroeléctrica y de bombeo reversible, según está previsto en el Plan Hidrológico de las Cuencas del Tajo y el Duero, en territorio extremeño.

Extremadura es la primera Comunidad Autónoma en po-tencia hidroeléctrica instalada por millón de habitante, y la sexta por 1.000 km2 y, al agua extremeña le queda todavía mucho recorrido hidroeléctrico por realizar.

La energía nuclear de Extremadura cumplirá su ciclo productivo en los próximos 20 años y las redes eléctricas de alta tensión que las sirven serán reutilizadas por las ener-gías renovables.

31

Solo 5 de las 19 Comunidades Autónomas tienen rectores nucleares. Extremadura es la primera Comunidad Autó-noma con más energía nuclear por millón de habitantes. Ha contribuido a la transición a las renovables. La nuclear será cerrada como en Alemania. Energía nuclear, ni es una energía nacional (el uranio se importa), ni es una energía renovable. Su riesgo no cubierto por ningún consorcio mundial de seguros, la convertirá en la energía del futuro cuyo tiempo ya pasó.

En Extremadura, la energía nuclear ha cubierto una etapa de innovación nuclear fallida que, a diferencia de la solar termoeléctrica y de la eólica, no tiene ningún futuro.

Extremadura, región líder mundial en solar termo-eléctrica

La Región de Extremadura, sobre todo la provincia de Badajoz, recibe una altísima radiación solar que la hace muy adecuada para la solar fotovoltaica y que está en pleno desarrollo lo relacionado con la solar termoeléctrica.

La energía solar termoeléctrica que comenzó en EEUU es el resultado de los esfuerzos de la Plataforma Solar de Al-mería, liderada durante muchos años por España y Alema-nia. Para el año 2013 habrá en Extremadura aproximada-mente unas 20 centrales solares termoeléctricas en opera-ción, unos 1.000 Mw, la máxima concentración mundial.

Esta tecnología en pleno proceso de desarrollo, madura-ción y consolidación es la mayor innovación tecnológica de la historia de Extremadura. Aunque la solar termoeléctrica nació en España en Andalucía, primero Almería y luego Sevilla, es Extremadura, sobre todo por la abundancia de agua y redes de evacuación, el espacio solar termoeléctrico con más futuro de España. La ventaja de Extremadura es también que se sitúa a unos 200 km de Sevilla capital, don-de se ha trasladado el Centro Nacional de Energías Reno-vables procedente de Pamplona y que se ocupa de todo lo

32

relacionado con la energía solar, habiendo creado en Pam-plona el resto de las energías renovables.

A efectos de la innovación futura de Extremadura en ma-teria de energías renovables, Extremadura debe acercarse aún más a Sevilla y atraer ciertos centros de investigación, de I+D+i y priorizar en las universidades la energía termo-eléctrica.

33

En cualquier caso, en el año 2012, Extremadura es líder español en energía solar termoeléctrica, tanto en términos absolutos como por cada millón de habitantes.

El crecimiento es tan rápido, tanto de la energía solar fo-tovoltaica como de la solar termoeléctrica, que los datos estadísticos nos llegan demasiado lentos e incompletos. Exponemos a continuación los rankings de solar fotovoltai-ca + solar termoeléctrica, advirtiendo que derivado del tiempo pasado para la edición y publicación de este capítu-lo, las cifras quedarán ya un poco anticuadas con algunas imprecisiones.

Consideración especial de la energía solar termo-eléctrica

Es evidente que en el ranking solar termoeléctrico o ter-mosolar mundial, España es líder y va a continuar siéndolo en los próximos 5 años.

Un liderazgo mundial que va a compartir con EEUU que,

34

paradójicamente encarga a empresas españolas como Abengoa, Acciona o ACS, la construcción de sus centrales solares termoeléctricas en Arizona y el sur profundo de EEUU. No deja de ser una paradoja que fue en EEUU don-de comenzó en los años 80 un gran impulso de la solar ter-moeléctrica, que la primera empresa quebró, que las plan-tas siguen funcionando, pero las nuevas en gran parte son construidas con tecnología Española.

En el ranking autonómico español de la energía solar termoeléctrica, el líder en términos absolutos es la Comu-nidad Autónoma de Andalucía, y en términos relativos a Mw de centrales solares termoeléctricas en operación en función del millón de habitantes o de 1.000 km2, el primer puesto lo ocupa Andalucia y el segundo Extremadura.

Gracias a la disponibilidad de agua derivada de los em-

balses y del Plan Badajoz, Extremadura tiene más preasig-naciones de centrales solares termoeléctricas a medio plazo que Andalucía o Castilla La Mancha. Por ahora, el consumo de agua de una central solar termoeléctrica de 50 Mw es de unos 700.000 metros cúbicos al año, cantidades que ni los regantes ni las hidroeléctricas de Andalucía y Castilla La Mancha están dispuestos a ceder. De ahí se deriva que Ex-

35

tremadura ira compartiendo el liderazgo y superando en energía solar termoeléctrica a Andalucía.

.

36

37

38

39

Extremadura puede alcanzar los 3.500 Mw eólicos de potencia instalada en los próximos 20 años

El parón y el bloqueo eólico en Extremadura, que benefi-ció el actual liderazgo en energía solar termoeléctrica, po-drá lograr recuperar el retraso de la región. Extremadura tiene recurso eólico en ciertas zonas, compatibles con el medioambiente, el paisaje, la fauna y la flora. La eólica se ve mucho, pero apenas ocupa territorio físico, ya que per-mite que bajo los altos aerogeneradores continúe el cultivo, la dehesa y la ganadería.

La experiencia en parques eólicos de toda España, y espe-cialmente de Castilla León y Castilla La Mancha, permitirá evitar algunos de los errores paisajísticos de los primeros parques eólicos que, obsesionados por la máxima eficiencia y rentabilidad se colocaban en altas crestas visibles a más de 50 km de distancia.

40

Es muy probable que se implanten aerogeneradores de gran tamaño 4.5 Mw(Gamesa) y altura, unos 130 metros, más 50 metros de las palas. Ello supone menor impacto visual que los parques de pequeños aerogeneradores de 700 Kw.

El axioma clave del futuro de las energías renovables es que hay que intentar desarrollar todas, especialmente las descarbonizadas, y en menor medida los cultivos energéti-cos, y pensar la estrategia, no solo en términos económicos inmediatos, sino a muy largo plazo.

Desgraciadamente, Extremadura está mal situada en el

ranking autonómico de las energías renovables en lo rela-cionado con el desarrollo de la innovación I+D+i tecnológi-ca.

Hay que evitar que el éxito extremeño en la producción de electricidad renovable descarbonizada se quede única-

41

mente en la producción de Kw. Se debe plantear una estra-tegia estrechamente relacionado con las empresas, las uni-versidades y los centros tecnológicos, probablemente a tra-vés de la Agencia Extremeña de la Energia para lograr im-plantar en Badajoz capital centros de investigación en ener-gías renovables y especialmente, compartiendo con Sevilla, la primera Escuela de Ingeniería Solar Termoeléctrica del mundo.

La Asociación Empresarial Protermosolar señala con in-sistencia que en los cuatro o cinco últimos años se esta desarrollando y concentrando en España, especialmente en Andalucía(Scott) y en Asturias (Rioglass) gran parte de las empresas tecnológicas y de fabricación industrial de los elementos de las centrales solares termoeléctricas. José A. Alfonso señala en su artículo “España número uno en solar termoeléctrica”, Revista Energía Renovables de agosto del 2011, página 52, que el 80% de los componentes de las cen-trales solares termoeléctricas son fabricados en España. Da la impresión de que son las turbinas y el fluido o aceite orgánico los dos elementos que todavía se importan.

Las grandes empresas investigadores constructoras y promotoras de centrales solares termoeléctricas se están situando en España y, sobre todo en Andalucía, habría que atraerlas también a Extremadura también en los aspectos tecnológicos.

Marcas y fabricantes de componentes para las centrales sola-

res térmoeléctricas

Espejos para canales parabólicos, torre central y fresnel Flabeg, Rioglass, Sener, Aira, SaintGobain,

Guardian, Novatec

Estructuras para canales parabólicos, torre central y fres-nel (diseño y construcción)

Sener Samca, Industrias Algama, Iovatec, Acciona, Sapa, Grupo Agaisa, Abengoa, Asebal, Ideas en Metal

42

Bloque de potencia para canales parabólicos, torre central y fresnel

o Intercambiadores Lointec, Talleres MAC, ETM, Gea Ibérica

o Calderas y tubos Lointec, Gea Ibérica, ETM

o Turbina Siemens, General Electric, Alstom, Man

Torre de Refrigeración o Esindus

Almacenamiento canales parabolicos y torre central o Aislamiento de Tanques

Suaval, Bilfinger Berguer o Tanques

Montajes Nervión, Emypro, Moncobra o Sales

Basf, Solutia

Tubos canales parabólicos Schott, Siemens

Fluidos canales parabólicos Dow,Basf, Solutia, QM

Seguimiento de los heliostatos Sener,Abengoa

Receptor torre central Sener, Abengoa

Tubo receptor de fresnel Novatec, Schott

Transformadores Oasa, Cymi, Incoesa

Disco parabólico Renovalia

Fuente: Energías Renovables (julio-agosto 2011).

43

ANEXOS AL CAPÍTULO

Ranking por Comunidades Autónomas Demanda de Energía Eléctrica en GW/h (2009)

1° Cataluña 45.220

2° Andalucia 38.672

3° Madrid 30.528

4° Comunidad Valenciana 26.162

5° País Vasco 20.198

6° Galicia 19.587

7° Castilla León 13.402

8° Castilla La Mancha 11.604

9° Asturias 11.506

10° Aragón 10.405

11° Canarias 9.106

12° Murcia 8.791

13° Baleares 6.028

14° Navarra 5.308

15° EXTREMADURA 4.804

16° Cantabria 4.703

17° La Rioja 1.860

Fuente: Sistema Eléctrico Español 2009

44

Ranking del Balance Energético de las CCAA entre sí y con el extranjero (Saldo de intercambios en Gw/h)

EXCEDENTARIOS

1 ° Castilla La Mancha +11.591

2° EXTREMADURA +11.014

3° Castilla León +10.726

4° Aragón +8.012

5° Galicia +6.760

6° Murcia +3.887

7° Navarra +2.183

8° La Rioja +1.444

9° Asturias +382

10° Baleares 0

11° Canarias 0

DEFICITARIOS

12 ° Andalucía -706

13° Cantabria -3.003

14° Comunidad Valenciana -3.225

15° Cataluña -5.642

16° País Vasco -6.756

17° Madrid -28.815

Fuente: Sistema Eléctrico Español 200

45

Ranking español de las Comunidades Autónomas según extensión territorial (año 2010)

Comunidad Autónoma Superficie en km2

1º- Castilla León 94.226

2º- Andalucía 87.597

3º- Castilla La Mancha 79.462

4º- Aragón 47.720

5º- Extremadura 41.634

6º- Cataluña 32.113

7º- Galicia 29.574

8º- Comunidad Valenciana 23.254

9º- Murcia 11.313

10º- Asturias 10.602

11º- Navarra 10.390

12º- Madrid 8.027

13º- Canarias 7.446

14º- País Vasco 7.230

15º- Cantabria 5.321

16º- La Rioja 5.045

17º- Baleares 5.000

18º- Ceuta 19

19º- Melilla 13

Fuente: Elaboración propia

46

Ranking español de las Comunidades Autónomas según densidad de población (Habs/Km2 en 2010)

Comunidad Autónoma Densidad de población

1º- Melilla 5.670

2º- Ceuta 4.137

3º- Madrid 805

4º- País Vasco 301

5º- Canarias 285

6º- Cataluña 234

7º- Baleares 222

8º- Comunidad Valenciana 219

9º- Murcia 129

10º- Cantabria 111

11º- Asturias 102

12º- Andalucía 96

13º- Galicia 94

Densidad Media de España 93

14º- La Rioja 63

15º- Navarra 61

16º- Aragón 28

17º- Castilla León 27

18º- Castilla La Mancha 26

19º- Extremadura 26

Fuente: INE y elaboración propia

47

Ranking mundial de menor densidad de población, es decir, habitantes por kilometro cuadrado (año 2010)

País Densidad de población

1º- Canadá 3

2º- Brasil 22

3º- Rusia Europea 27

4º- USA 33

5º- Ucrania 80

6º- España 93

7º- Francia 109

8º- China 145

9º- Italia 184

10º- Alemania 231

11º- Reino Unido 243

12º- Japón 342

13º- India 365

14º- Corea del Sur 503

Fuente: Mario Gaviria. IDH ONU

48

Ranking de energía hidroeléctrica en Mw instalados

(año 2010)

Comunidad Autónoma Regimen general

Régimen especial

TOTAL

1º- Castilla León 3.997 216 4.213

2º- Galicia 2.681 491 3.172

3º- Cataluña 2.206 286 2.492

4º- Extremadura 2.148 20 2.168

5º- Aragón 1.248 253 1.501

6º- Comunidad Valenciana 1.326 31 1.357

7º- Andalucía 1.046 130 1.176

8º- Castilla La Mancha 725 118 743

9º- Asturias 661 77 738

10º- Cantabria 389 73 462

11º- País Vasco 105 55 160

12º- Navarra 11 138 149

13º- Madrid 59 49 108

14º- Murcia 28 14 42

15º- La Rioja 8 27 35

16º- Canarias 1 0 1

17º- Baleares 0 0 0

TOTAL 16.658 1.974 18.632

Fuente: PANER-IDEA y elaboración propia

49

Ranking autonómico de potencia instalada de energía hidroeléctrica en Mw/ millón de habitantes

(año 2010)

Mw instalados por millón de habitantes

1º- Extremadura 1.958

2º- Castilla León 1.645

3º- Aragón 1.114

4º- Cantabria 780

5º- Asturias 680

6º- Castilla La Mancha 354

7º- Cataluña 332

8º- Comunidad Valenciana 265

9º- Navarra 240

10º- Andalucía 141

11º- Galicia 113

12º- La Rioja 108

13º- País Vasco 73

14º- Murcia 29

15º- Madrid 17

16º- Canarias 0.47

17º- Baleares 0

18º- Otros 0

Fuente: Elaboración propia

50

Ranking autonómico de potencia instalada en energía

hidroeléctrica en Mw/ 1000 km² (año 2010)

Mw instalados por km2

1º- Galicia 107

2º- Cantabria 87

3º- Cataluña 78

4º- Asturias 70

5º- Comunidad Valenciana 58

6º- Extremadura 52

7º- Castilla León 45

8º- Aragón 32

9º- País Vasco 22

10º- Navarra 14

11º- Madrid 14

12º- Andalucía 14

13º- Castilla La Mancha 9

14º- La Rioja 7

15º- Murcia 4

16º- Canarias 0

17º- Baleares 0

Fuente: Elaboración propia

51

Ranking autonómico de energía nuclear Potencia instalada en Mw (2010)

Mw Mw/ millón Habs. Mw/ 1.000 km2

1ª CAT 3.152 EX 1.768 CAT 98

2ª EX 1.957 CLM 507 EX 48

3ª CV 1.092 CAT 420 CV 47

4ª CLM 1.066 CV 198 CLM 14

5ª CL 466 CL 182 CL 5

Total 7.733 CAT: Cataluña; CL: Castilla león; CLM: Castilla la mancha; CV: Comundiad Valen-ciana; EX: Extremadura

Fuente: Fórum Atómico y elaboración propia

Ranking de potencia instalada en energía solar fotovol-taica + termoeléctrica en Mw por millón de habitantes

(año 2010)

Comunidad Autónoma Mw instalados

1º- Extremadura 411

2º- Castilla La Mancha 410

3º- La Rioja 238

4º- Navarra 194

5º- Murcia 179

6º- Castilla León 129

7º- Andalucía 93

8º- Aragón 93

9º- Comunidad Valenciana 49

10º- Baleares 47

11º- Canarias 45

12º- Cataluña 22

13º- País Vasco 8

14º- Madrid 4

15º- Galicia 3

16º- Cantabria 3

17º- Asturias 0

Fuente: Elaboración propia

52

Ranking de energía solar fotovoltaica + termoeléctrica en Mw por 1.000 km2 (año 2010)

Comunidad Autónoma Mw instalados por 1.000 km2

1º- Murcia 26

2º- La Rioja 16

3º- Canarias 13

4º- Navarra 12

5º- Extremadura 11

6º- Castilla La Mancha 11

7º- Baleares 10

8º- Comunidad Valenciana 10

9º- Andalucía 9

10º- Cataluña 5

11º- Castilla León 4

12º- Aragón 3

13º- Madrid 3

14º- País Vasco 2

15º- Cantabria 0.4

16º- Galicia 0.3

17º- Asturias 0

18º- Ceuta S.D.

19º- Melilla S.D.

53

Producción española de electricidad por tipos

Millo-nes de KWh

Hidro-eléctrica eólica y

solar

Eólica Térmica clásica

Térmica nuclear

TOTAL

1940 3.353 - 264 - 3.617

1950 5.017 - 1.836 - 6.853

1960 15.625 - 2.989 - 18.614

1965 19.686 - 12.037 - 31.723

1970 27.959 - 27.607 924 56.490

1975 26.502 - 48.469 7.544 82.515

1980 30.807 - 74.490 5.186 110.483

1985 33.033 - 66.286 28.044 127.363

1990 26.184 - 71.289 54.268 151.741

1995 24.450 - 89.199 55.445 169.094

1996 41.717 - 78.464 56.329 176.510

1997 37.332 - 96.752 55.297 189.381

1998 39.067 - 98.722 59.003 196.792

1999 30.789 - 120.244 58.852 209.885

2000 36.628 4.689 126.271 62.206 225.105

2001 50.975 6.759 123.001 63.708 237.684

2002 36.307 9.603 147.438 63.044 246.789

2003 56.281 12.063 146.896 61.894 265.071

2004 51.054 16.078 167.370 63.675 282.099

2005 44.715 21.173 192.007 57.538 294.260

2006 53.293 23.143 189.853 60.125 303.271

2007 59.145 28.033 199.094 55.103 313.342

2008 60.887 33.464 201.585 58.975 321.447

Fuente: UNESA y elaboración propia.

54

El futuro de las renovables en España

Potencia instalada (Mw)

Energías 2005 2011 2015 2018 2020

Hidráulica 15.831 19.869 20.049 22.229 22.362

Solar fotovoltaica 60 4.498 5.918 7.246 8.367

Solar termoeléctric. 0 1.379 3.048 4.149 5.079

Eólica onshore 9.918 21.855 27.847 32.139 35.000

Eólica offshore 0 0 150 1.500 3.000

Biomasa 0 771 965 1.265 1.587

Energía geotérmica 0 0 0 10 50

Energía marina 0 0 0 50 100

TOTAL 28.355 48.372 57.977 68.588 75.545

Fuente: PANER 2011-2020.

Generación bruta de electricidad previsible de las

principales tecnologías de energías renovables descar-bonizadas en GWh

Energías 2005 2010 2015 2020

Hidroeléctrica 30.350 30.977 30.155 31.570

Renovables 4.452 3.640 6.577 8.023

Solar fotovoltaica 78 6.417 9.872 14.316

Solar termoeléctrica 0 1.144 7.913 15.353

Eólica 20.729 40.978 57.086 78.254

TOTAL 55.609 83.156 111.603 147.516

Fuente: Plan Nacional de Energías Renovables de España (PANER) y elaboración propia.

55

CAMBIO GLOBAL, VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA: EL PAPEL DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Artemio Baigorri4

Tenemos sólo quince minutos para plantear un abanico

enorme de temas. Sin embargo yo voy a hablar de un solo tema, eso sí, el más importante. Y no es ni el debate sobre el Antropogeno, ni los métodos de captura el CO2, ni siquiera la fiabilidad de los cálculos sobre el aumento del nivel del mar. Voy a hablarles del tema sobre el que menos se habla-rá hoy aquí, y sobre el que menos hablarán en sus equipos de investigación ,en sus proyectos, etc… Voy a hablarles de la gente

¿Y por qué es tan importante la gente, más que la tectóni-ca terrestre, la dinámica de placas, la captura de CO2 o in-cluso la radiación solar?. Pues porque si no hay gente todo eso sobra, da igual. ¿Qué puede importar entonces, y a quién, el agujero de ozono?. Hay miles de planetas en el universo en los que ocurren esas cosas, ocurren continuos cambios climáticos globales no producidos por el hombre (que sepamos) pero que no nos afectan (que sepamos). Son a lo sumo pasto de astrónomos y físicos teóricos. Fíjense en Marte, en donde hoy buscamos (nosotros, no los marcia-nos) restos de vida.

Empecemos por intentar desentrañar por qué les interesa a ustedes el cambio climático, el cambio global.

4 Notas de la intervención como ponente invitado en el II Seminário Ibérico IGBP: Mudança Global na Península Ibérica. Uma Visão Inte-grada, Lisboa, octubre 2010

56

En primer lugar, porque es un tema relacionado con sus líneas de investigación. Obtienen recursos para financiar sus investigaciones. Viven de eso, podríamos decir, por eso les interesa.

Pero, yendo un poco más allá, ¿por qué les preocupa?. Les preocupa por lo que pueda ocurrirles a ustedes, o a sus seres queridos, o a sus descendientes, en el futuro. Están aquí por esa pre-ocupación, no sólo por la ocupación. Es decir, nos interesa y preocupa el cambio climático, o global, por lo que pueda ocurrirnos a nosotros, o a nuestros des-cendientes.

Bien, pero eso es sólo la primera parte de la cuestión. Porque la vida está llena de cosas, hechos, procesos, que pre-ocupan, ¿Me dejará mi novia?. ¿Mi hijo será drogadic-to?. ¿Habrá alguien trabajando cuando yo esté jubilado para pagar mi pensión?. ¿Llegaré a estar jubilado, o me alcanzará el cáncer de colón antes de esa edad de jubilación que vemos alejarse más y más…?. Hay tantos asuntos preo-cupantes… ¿Por qué entonces nos preocupa este en particu-lar?. No porque, objetivamente, sea más o menos importan-te. Sino porque, entre todos los temas potencialmente pre-ocupantes (antes de ocuparnos debemos pre-ocuparnos), hemos decidido (la gente, en indeterminado) que eso es importante. Lo hemos decidido así.

Pero ¿quién? -me dirán-, ¿quiénes son, o somos “la gen-te”?. Ustedes han contribuido, sin duda. Pero ha sido la sociedad, ese conjunto, esa cosa invisible y intocable, pero que nos ve y nos toca. No los individuos, uno a uno, como creen los etólogos (y los malos economistas) que actúan los seres humanos, sino colectivamente una vez han interac-cionado y se han conectado socialmente: los medios de comunicación de masas, los centros de investigación, los partidos políticos, las instituciones en suma.

Bien… ¿Y por qué han decidido darle esa importancia? Pues de hecho no siempre ha sido así. Fíjense, la idea del cambio climático es relativamente antigua, surge en los

57

años ’70, hace cuatro décadas. Y como pueden ver en este gráfico5, el tema importó a la opinión pública, es decir a la sociedad, con una intensidad muy variable a lo largo de los

años. En la primera etapa del surgimiento de la cuestión, que cubre hasta mediados de los ’90, asistimos a un periodo de ascenso como objeto de atención, y luego a una fase de decadencia.

Hoy lo consideramos un problema importante a nivel planetario, y la preocupación por la cuestión se incrementa. Una encuesta6 realizada en una treintena de países de re-giones bien diversas del mundo (ni España ni Portugal estaban incluidos) en dos momentos, 2003 y 2006, mostraba un sensible incremento en la preocupación de los ciudada-nos por el tema.

Se observan profundas diferencias entre países. Por ejemplo, mientras en China menos de un 40% de los en-cuestados consideran el cambio climático un asunto Muy Serio, en otros países como Gran Bretaña, o prácticamente la totalidad de los países sudamericanos analizados, ese porcentaje se eleva a un 70 o incluso un 80%. Pero lo que me parece más significativo es que la media de los 30 países muestra un incremento notable de la preocupación entre 2003 y 2006.

5 Craig Trumbo: “Constructing climate change: claims and frames in US news coverage of an environmental issue”, Public Understanding of Science, 1996, vol. 5, no. 3, pp. 269-283 6 Fuente: http://www.globescan.com/

58

Lo que ha ocurrido ha sido que la sociedad ha aceptado una realidad que los científicos (unos científicos) le han dictado. Podrían haber aceptado otra. Seguramente no sea insignificante, al analizar las causas de esa elección, el he-cho de que en 2006 el ex vicepresidente Al Gore hiciese su gira mundial presentando la película “Una verdad incómo-da”.

Aunque a juicio de algunos analistas el excesivo alarmis-mo de algunos científicos, y sobre todo de algunos activis-tas, puede tener incluso el efecto contrario, como veíamos en el gráfico que analizaba la evolución de la opinión pú-blica en los años ’80 y ’90. Determinados alarmismos son de hecho utilizados por quienes no creen en el cambio climáti-co, en el papel humano en el proceso, o en las consecuen-cias que en plazos históricos pueda tener. Porque, aunque como he señalado la mayor parte de la opinión pública considera el tema como algo serio, el sentimiento no es universal, ni generalizado. En España el hoy candidato a presidente del gobierno por el PP decía hace un par de años (ahora parece que ha cambiado su opinión, o al menos no la expone en público en esos términos) que no creía en el cambio climático. No creía, ese es un término clave en lo que estamos hablando. Y el ex presidente español Aznar va por ahí riéndose de “estos que se ocupan del cambio climático”, proclamando ante quien quiere escucharle que el tema es un engañabobos.

Es decir, la sociedad se preocupa porque ha dado por buenos unos argumentos científicos, frente a otros. Incluso a una fuente de conocimiento, la ciencia, frente a otras for-mas de conocimiento que seguramente muchos de quienes estén aquí respetarán mucho, o incluso las practicarán… como la religión, por ejemplo. Acabamos de vivir una cam-paña electoral en el distrito central del Imperio en la que hemos visto a las candidatas del Tea Party, cristianas inte-gristas, proclamar que la evolución es un mito, que la po-

59

breza es hereditaria, y por supuesto que esto del cambio global es una tontería.

¿Por ocurre de este modo?. Pues porque por mucho que se empeñen los físicos, la realidad es en parte algo social-mente construido. Incluso las materialidades más básicas se someten a un consenso social: los sociólogos hablamos, por eso, de la construcción social de la realidad. Un consenso siempre provisional, sujeto al cambio en función de pará-metros muy variables. Por supuesto que el desarrollo de la ciencia es un factor importante, pero de igual manera pue-de serlo una crisis económica que conduzca a la desespera-ción, consiguientemente al crecimiento del peso de la reli-gión como consuelo o refugio, y finalmente por extensión al crecimiento de las actitudes anticientíficas. La historia no es un camino rectilíneo, siempre hacia arriba….

Por tanto, tenemos aquí tres cuestiones: ¿Qué es realmen-te importante para la gente?. ¿Por qué hacemos que sea realmente importante, o que sea sentido como realmente importante por la gente?. Y finalmente, ¿cómo aborda la gente ese peligro, o a ese riesgo que ha dado por real una parte, o la mayor parte de la gente?

Bien. Pues de nuevo ahí, todo lo que la ciencia pueda de-cir, todo lo que la técnica pueda desarrollar, se reduce a nada si la gente no está dispuesta a incorporar esos elemen-tos que la ciencia propone o que los técnicos desarrollan. Un nuevo “por qué”…

Es curioso que siga habiendo personas obtusas que hacen la distinción entre ciencias duras y ciencias blandas, cuando lo que es realmente duro, difícil y trabajoso, es intentar ave-riguar cómo piensa un ser humano, sobre todo cómo piensa cuando está agrupado con otros; intentar comprender por qué hace o no hace determinadas cosas; planear la modifi-cación de sus actitudes, proyectadas a un cambio en sus hábitos. Y he ahí el nuevo por qué… Cada vez se nos hace más evidente que el futuro humano, lo hagamos de la for-ma que lo hagamos, sea mediante adaptación, resiliencia

60

(esa disposición, tan geddesiana, a caballo entre la adapta-ción y la rebelión) o rebelión, todo lo que hagamos va a exigir de profundas transformaciones en los sistemas de valores de todas las culturas vivas en el planeta (no sólo en las tecnológicamente avanzadas y ricas sociedades occiden-tales), y por tanto profundos cambios en los hábitos de las gentes que lo habitamos.

Consecuencia de todo esto: ustedes pueden tener canti-dades ingentes de dinero para predecir (aunque la verdad es que casi siempre nos pillan desprevenidos; con los físicos empieza a ocurrir ya como con los economistas, son unos estupendos predictores de lo que pasó). Tenemos unos instrumentos para la predicción climatológica cada vez más afinados, lo sabemos casi todo, pero la verdad es que nos pilla siempre a contramano, sin paraguas cuando llueve.

Pero aún así son muy útiles. Aunque todo ese aparato científico-técnico, todo lo que se desarrolle, todo lo que se investigue, si no va vinculado a los aspectos sociales, está condenado a la nada. Es preciso unir las dos orillas, para que aquellas dos culturas de las que hablaba Snow con una denominación superficial y poco acertada, pues en realidad hay tres bien diferenciadas (la de las Ciencias de la Natura-leza y la Tecnología; la de las Ciencias Sociales; y la de las Humanidades), trabajen al unísono en el asunto que nos ocupa. Como decía el propio Snow en 1959, en su mega-citado artículo, “hay que cruzar un océano”…

El problema es que esas dos (o tres culturas) se ubican en sus respectivos islotes, aislados entre sí, cada uno con sus condicionantes estructurales a menudo incompatibles con los de los demás, y para los que hoy por hoy parece no ha-ber conectores, drivers adecuados. Por un lado es impres-cindible que los científicos de la naturaleza entiendan que sin el concierto de las Ciencias Sociales no hay nada que hacer (y además me refiero al concierto de las Ciencias So-ciales, no a que ellos intenten suplantarlas), y por otro lado es necesario que las Ciencias Sociales se interesen por tales

61

cuestiones, y se integren… Y eso yo lo veo muy incipiente todavía. Pienso ahora en un chiste gráfico que utilizo a ve-ces en mis conferencias, tomado de una revista académica, en el que se hace referencia desde las Ciencias de la Natura-leza a las propuestas transdisciplinarias como si del ataque de un monstruo alienígena se tratase.

Acabamos de hacer una investigación en España, en cola-boración con el grupo de la profesora Mercedes Pardo, de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre este asunto. Y aunque aún no están terminados de explotar los datos, y por tanto no están publicados los resultados, tenemos al-gunos elementos de juicio… A raíz del I Congreso Nacional sobre Cambio Ambiental Global, celebrado en España, en 2007, en el que no conseguimos que la participación de los científicos sociales fue siquiera visible, planteamos una encuesta tanto a científicos de la naturaleza como a tecnó-logos y científicos sociales, intentando descubrir las claves, las vías para la superación de esas barreras interdisciplina-rias. Las respuestas eran muy poco alentadoras, estamos avanzando muy despacio. En España incluso retrocedemos: nada menos que en el diseño curricular formativo de los ambientólogos (grados de Ciencias Ambientales) se intenta expulsar a las Ciencias Sociales de dicho currícula; cuando no lo han conseguido por completo (como ha ocurrido en la mía, la Universidad de Extremadura), el conocimiento de la dialéctica Medio Ambiente / Sociedad ha quedado circuns-crito a la mínima expresión. ¿Cómo vamos a generar bue-nos gestores ambientales si únicamente aprenden biología, física y química, si no entienden por qué la gente se com-porta como lo hace, y cómo se modifican las actitudes, y por extensión los hábitos cotidianos? …

La resiliencia, que como decía es también en parte una forma de rebelión contra las fuerzas de la naturaleza (por muy en el Antropogeno que estemos, es la Naturaleza la que finalmente nos daña como seres autoconscientes y ana-líticamente separables del resto del universo) puede que

62

llegue a exigir incluso, en el futuro, la propia transforma-ción de la estructura biológica del ser humano, para asegu-rar la supervivencia de la propia especie. Es una cuestión que ya genera profundos debates, y que los va a generar sin duda en mucha mayor medida en el futuro. ¿Pero cómo va a ser eso posible si tenemos a la mayor parte de las religio-nes del planeta persiguiendo (a veces de forma literal) a quienes se dedican a investigar por ejemplo con células madre?.

Pero centrémonos en un aspecto cuya estrecha relación con el cambio ambiental global y el cambio climático parece más evidente, al menos a los ojos del público no especiali-zado: las inundaciones, esa macabra rutina que hemos te-nido tan presente en los noticiarios en las últimas semanas y meses.

Las inundaciones producidas por las avenidas son hoy por hoy, a nivel mundial, el principal de los riesgos natura-les. Suponen un 30% de los desastres naturales en cuanto a número y daños económicos, y casi un 20% de las muertes producidas por la acción de la naturaleza. En el último cuarto del siglo XX ocurrieron 100 avenidas importantes por año, causando un promedio anual de 11.000 muertes y 150 millones de personas afectadas, y unas pérdidas eco-nómicas de 20 mil millones de dólares anuales. La mayor parte de las muertes ocurren en el continente asiático (India 1.500 y China 2.500)7. De hecho, las recientes inundaciones que en julio y agosto han azotado el noroeste de Pakistán han sido consideradas las peores de su historia; han produ-cido 1.100 muertos y miles de damnificados sitiados por las aguas y bajo amenaza de brotes epidémicos. Y también en julio, varias provincias y regiones de Chinas en la cuenca del Río Yangtse han sido azotadas por graves inundacio-nes, con al menos 146 personas muertas y medio centenar

7 Datos citados en “El fenómeno de las inundaciones: La riada del Guadalquivir en el pasado invierno 2009-2010”, Juan Saura Martínez, Revista de Obras Públicas, número 3512, julio-agosto 2010

63

de desparecidas, y han sido calificadas como las peores en años para algunas regiones

El discurso mediático sobre este tipo de desastres alimen-ta la idea de que el clima se estaría volviendo “loco”, que aumentan las catástrofes naturales… Y es que cuando el conocimiento científico se traslada al saber popular, a me-nudo se deforman las cosas… Obviamente el tiempo no está loco, se comporta como es habitual, con pequeñas va-riaciones (pequeñas variaciones que pueden modificar pro-fundamente, a largo plazo, algunos ecosistemas).

¿Pero hay ahora más inundaciones?. En absoluto. De he-cho, las más dañinas se han producido hace muchas déca-das. En el caso de China, por ejemplo, las inundaciones del pasado verano han sido una pequeña aventura al lado de las que se produjeron, en la misma cuenca, en 1935: en el río Han, afluente del Yangtze, una punta de riada de 50.000 m3/seg. causó 8.400 muertos y produjo 800 millones de dólares en pérdidas materiales.

El problema, entonces, no es que el cambio climático provoque más inundaciones; y como veíamos antes, desin-formar al respecto sólo por conseguir mayor atención me-diática puede ser peligroso a la larga, pues el público puede dejar de prestar atención al tema, como ya ocurrió en los años ’90 del pasado siglo. El problema no es que haya más inundaciones, sino que allí en donde se producen las inun-daciones hay cada vez más gente. El problema es que he-mos asistido a procesos migratorios masivos del campo a la ciudad en sociedades en las que el Estado apenas está pre-sente fuera de los espacios centrales, y por tanto ni se ocupa ni puede ocuparse de planificar, de organizar esos nuevos espacios suburbanos, seudourbanos más bien. Y la gente se ubica donde puede, donde la pobreza le marca, no donde debería ponerse para no morir. Es decir, los problemas re-lacionados con las inundaciones son, fundamentalmente, problemas sociales.

64

Y no hace falta que nos vayamos a Sudamérica, a los paí-ses pobres. Quedémonos en los países ricos, en las inunda-ciones de la riqueza. En España, las más graves inundacio-nes de los últimos años se han producido en cauces que estaban ocupados, o bien por viviendas humildes en terre-nos ocupados, o bien por viviendas o actividades turísticas, como ocurre en la mayor parte de las producidas en el Me-diterráneo, o la gravísima producida en el Camping de Biescas, en el Pirineo aragonés. La más reciente con resul-tados trágicos, en el año 2007, provocó varios muertos en Alicante; pero en una zona en la que se han producido de-cenas de riadas a lo largo del siglo XX. En 1957 arrasaron un barrio humilde, las cuevas de Benalúa, y en 1961 (cuan-do se iniciaba el despegue turístico en España) un camping turístico en la Albufereta. Y de nuevo hubo inundaciones 1971, 1973, 1978, 1979, 1982 o 1997. Las inundaciones en las zonas costeras españolas son cada vez más dañinas porque (como está ocurriendo ahora en los principales centros de turismo de playa de Portugal) la ocupación del suelo es totalmente caótica. Las elevadas plusvalías que se obtienen con los aprovechamientos urbanísticos hacen que no vaya quedando espacio para que el agua evacue en libertad.

La peor inundación de la historia reciente en España, producida en Badajoz en 1997, con 21 muertos y 1.300 vi-viendas destruidas, se produce justamente en uno de esos barrios de aluvión producto de las migraciones del campo a la ciudad en los años 60, en espacios sin control urbanísti-co8.

Entonces, ese fenómeno, esos graves “desastres naturales”, son en realidad “desastres sociales”, producto una determi-nada ideología, el neoliberalismo, que a partir de los años

8 A. Baigorri, R. Fernández, L. Gómez, S. Cambero: “Catástrofes na-

turales, acción pública y participación ciudadana: el caso de la riada en Badajoz”, XII Seminario Internacional Participación ciudadana y economía social en Iberoamérica: un balance hacia el tercer milenio, Lima (Perú), 1999

65

‘80, y sobre todo de los años ‘90 tras la llegada del gobierno conservador del Partido Popular, acabó en España con me-dio siglo de planeamiento urbanístico ejemplar; desregula-rizó totalmente la ocupación del suelo. La gente ha cons-truido donde le dio la gana, casi lo que le dio la gana… Y ahora pagamos las consecuencias. El país lo paga por los costes derivados de la burbuja inmobiliaria (la economía del ladrillo) que han complicado la crisis económica en España, pero las ciudades de playa lo están vienen pagan-do antes, y además, en destrozos provocados por las creci-das.

Bien, para terminar volvamos al principio. Decía, segu-ramente a juicio de algunos de forma pretenciosa, que iba a hablar de lo más importante. Pero es que esas son las cues-tiones, la agenda que marca tanto la contribución de las sociedades humanas al cambio global, como la capacidad de mitigación de sus efectos, o de adaptación: la gente. O lo que es lo mismo, cómo pensamos en relación al tema, y sobre todo cuáles son nuestras actitudes, nuestra disposi-ción a la acción en aras de modificar nuestros hábitos de producción, consumo y desplazamiento. El que suba un centígrado arriba o abajo la temperatura es importantísimo, para la biodiversidad, para la distribución de la vida sobre el planeta incluso… ¡Pero es importantísimo porque esta-mos aquí, porque hay gente, porque eso puede afectar a las poblaciones humanas! A gentes cuyas constantes respirato-rias pueden ser afectadas. Porque pueden provocar movi-mientos migratorios masivos, incontrolados e incontrola-bles que pueden provocar la desestabilización de muchos países, violencia, guerras, que pueden provocar a su vez… que pueden provocar a su vez… Eso intentamos dilucidar desde las CCSS, ese es nuestro papel en ese asunto. Por supuesto que habrá quien no esté de acuerdo con mis plan-teamientos. Sobre todo porque cada científico, cada espe-cialista considera que su ala de mosca es lo básico para el

66

futuro del planeta. Lo entiendo: justamente la Sociología de la Ciencia nos ayuda entender tales actitudes.

Del mismo modo, hay gentes que atribuyen más impor-tancia a cualquier otra especie que a la humana. Yo por el contrario considero estas cuestiones en términos explícita-mente democéntricos; es algo que no puedo evitar: aunque no sea creyente, procedo de una tradición judeocristiana de varios milenios, que entendió muy temprano que el azar, la Vida, le regaló a nuestra especie un jardín enorme, todo un planeta, quizás toda una constelación. Un jardín que ha hecho posible nuestra supervivencia y nuestro crecimiento exponencial, en todos los sentidos. Me interesa que ese jardín perviva sólo porque me interesa que mi especie so-breviva. Llámenlo integrismo humanista, egoespecismo, como quieran. Yo lo llamo sentido común.

(Nota Bene: La elaboración de este ensayo se ha benefi-

ciado indirectamente del proyecto PRI09A139 cofinanciado por la Junta de Extremadura y el FEDER)

67

LA PERCEPCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA

José M. Echavarren

Introducción

El cambio climático constituye uno de los principales desafíos a los que se ha enfrentado la civilización moderna para muchos expertos. En 2007, Al Gore y el Panel Intergu-bernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) compartían en premio Nobel de la Paz por sus respectivas labores en relación con el estudio y la divulgación sobre las causas y consecuencias del cambio climático. Este fenómeno consti-tuye en sí mismo un ámbito del máximo interés no solo por parte de las ciencias naturales, sino de la opinión pública y las ciencias sociales. Dentro del ámbito de la investigación social, encontramos al respecto estudios de interés como O’Riordan y Jordan (1999), o Sundblad, Biel y Gärling (2009), también en España de la mano de Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez (2008), de Moyano, Paniagua y Lafuente (en prensa) o Duarte (2006), donde encontramos un capítulo sobre el impacto social del cambio global.

Aquí no vamos a tratar de profundizar en las causas del cambio climático, ni en sus procesos ni consecuencias tanto en el ámbito ecosistémico como en el sistema social. En lugar de ello, nuestro interés se va a centrar en la percep-ción social al respecto del cambio climático, opinión que va a ser de gran importancia en la conducta de la población. Como bien reza el conocido Principio de Thomas en cien-cias sociales, “lo que se interpreta como real, tiene conse-cuencias reales”.

68

Nivel descriptivo

El fenómeno del cambio climático ya está plenamente in-tegrado en el discurso público. En el estudio 2742 de 2007 del CIS, el 95% de la población encuestada afirma que “ha oído hablar del proceso del calentamiento del planeta y el cambio climático”. Sin embargo, ello no implica necesaria-mente una postura homogénea al respecto. Tomando el estudio 2682 del CIS (que utilizaremos a partir de ahora), se pregunta a los entrevistados sobre si el calentamiento glo-bal efectivamente se está produciendo9. De esta forma, el 83% afirma que efectivamente este proceso está teniendo lugar, frente a un 6% que no lo cree así, y un 11% que no sabe qué contestar al respecto.

Otro nivel de estudio es el grado de importancia que se concede al cambio climático. Cuando se pregunta a la po-blación sobre si piensa que al cambio climático se le conce-de más importancia de la que realmente tiene, o menos10, observamos ya una mayor dispersión de los datos. Un 28% señala que se le está dando al cambio climático la impor-tancia que merece, mientras un 45% sostiene que la impor-tancia que recibe es menor de la que merece, y un 5% res-tante aboga por que ésta es mayor.

Dentro de la actitud frente al cambio climático (si se con-sidera que tiene lugar o no) y de la importancia percibida del mismo, no encontramos diferencias significativas a cuenta de sexo. Sí las encontramos en lo relativo a nivel formativo, edad, y orientación política.

9 La pregunta es la siguiente: “Se habla de que estamos asistiendo a un proceso de cambio climático (inviernos más cálidos, veranos más secos), en concreto a un calentamiento de la tierra. ¿Cree Ud. que esto es efectivamente así, o que no hay pruebas evidentes de que esto esté sucediendo?” 10 La redacción textual de la pregunta es la que sigue: “¿Cree usted que al problema del calentamiento del planeta se le está dando… La importancia que tiene/ Más importancia de la que tiene/ Menos importancia?”

69

Tabla 1. Actitud sobre el calentamiento global e impor-tancia percibida, según nivel de estudios

Nivel de estudios

Sin estu-dios

Obliga-toria

Secun-daria

Universi-taria

acti

tud

fre

nte

al

cale

nta

-m

ien

to

Sí, estamos asistiendo a un proceso de calentamiento

53,2% 78,1% 90,6% 93,6%

No, no hay pruebas de que esto esté sucediendo

5,8% 6,6% 5,7% 3,8%

N.S. 39,6% 15,1% 3,7% 2,6%

N.C. 1,3% ,2% ,0% ,0%

Total 100% 100% 100% 100%

imp

ort

anci

a d

el c

alen

ta-

mie

nto

La importan-cia que tiene

31,7% 35,5% 32,1% 35,6%

Más impor-tancia de la que tiene

4,9% 6,8% 7,2% 6,0%

Menos impor-tancia

45,1% 51,7% 58,0% 56,7%

N.S. 18,3% 5,7% 2,5% 1,4%

N.C. ,0% ,3% ,2% ,3%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Ecología y Medio Ambiente III 2007. CIS La Tabla 1 muestra cómo se comportan estas dos varia-

bles sobre cambio climático al respecto del nivel educativo. Los datos señalan claramente cómo según aumenta el nivel

70

formativo se hace mayoritaria la opinión de que el cambio climático es un hecho. Es cierto que gran parte de esta dife-rencia de cuarenta puntos porcentuales se explica por el porcentaje de población que “no sabe”, porcentaje que de-cae notablemente conforme se avanza en el grado educati-vo. Controlando este efecto, observamos que las diferencias se siguen manteniendo en el caso de la actitud frente al calentamiento global, aunque son más moderadas, pasando de un 90% a un 96% entre la población sin estudios y la universitaria. Controlando la población que “no sabe”, la pregunta relativa a la importancia del calentamiento no muestra diferencias significativas al respecto del nivel edu-cativo.

La actitud en relación al cambio climático se ve influida por la orientación ideológica de la persona, siendo las per-sonas de ideología “de izquierda” más propensas a recono-cer la existencia del proceso de cambio ambiental y conce-derle importancia. Las personas que declaran no saber con-testar adecuadamente a ambas cuestiones, actitud e impor-tancia, arrojan también puntuaciones políticas de carácter conservador.

La edad también va a influir en la posición con respecto al cambio climático. Si bien la posición mayoritaria en la sociedad española es del convencimiento de que, efectiva-mente, el cambio climático es un fenómeno que está te-niendo lugar, esta opinión tiene mayor arraigo entre las cohortes más jóvenes, oscilando entre el 85% y el 92%. A partir de los 56 años, esta idea comienza a perder intensi-dad, hasta rebajarse en veinte puntos porcentuales en el estrato de “mayores de sesenta y cinco años”. La población más joven se ha socializado en esta idea, primero con el agujero de ozono y después con el fenómeno de calenta-miento global, y por tanto van a ser más proclives a acep-tarlo como un hecho dado.

71

Nivel multivariable

Con el fin de analizar las variables que determinan las ac-titudes y la atribución de importancia en relación al fenó-meno del cambio climático vamos a realizar una regresión logística. Para ello, hemos incluido una serie de variables, como son sexo, edad, clase social, nivel educativo, orienta-ción política, interés por el medio ambiente, información sobre el medio ambiente, un factor de conciencia ambiental, un factor conductual, autoeficacia personal, y relación entre salud y medio. Muchas de las variables son las utilizadas habitualmente en Sociología medioambiental (Van Liere et al, 1980). Por su parte, la variable que mide la relación entre salud personal y condiciones medioambientales, parece poder tener a priori relevancia en la actitud acerca del cam-bio climático11. Esto es así porque el cambio climático tiene un impacto negativo claro sobre el medio, pero también sobre la salud humana. Es razonable pensar que exista co-nexión por un lado entre esta variable que explicita la rela-ción entre salud y medio, y por otro lado el cambio climáti-co, que supone una transformación de ese medio, trans-formación que se entiende dañina para el ser humano.

El factor de conciencia ambiental, y el conductual, se han desarrollado a partir de dos análisis de componentes prin-cipales. Para el factor de conciencia ambiental, las pregun-tas (si bien se formulaban como afirmaciones sobre las cua-les expresar su grado de acuerdo, más que en forma de pregunta) seleccionadas son “muchas de las amenazas so-bre el medio ambiente son exageradas”, “tengo cosas más importantes que hacer en la vida que proteger el medio ambiente”, y “no tiene sentido que yo haga todo lo que pueda por el medio ambiente, si los demás no hacen lo

11 La pregunta es la siguiente: “¿En qué medida considera usted

que el estado del medio ambiente perjudica su salud?”

72

mismo”12. Por su parte, el factor conductual se ha com-puesto de ocho variables que miden comportamiento proambiental13.

A pesar del elevado número de variables que se han in-troducido en el modelo, tan solo tres han resultado signifi-cativas y han formado parte de la ecuación final. La regre-sión logística resultante explica el 9% de la varianza. Nin-guna de las variables sociodemográficas clásicas ha queda-do incluida en el modelo. Ni el sexo, ni la clase social, ni la edad, contribuyen a explicar la actitud hacia el cambio cli-mático. El hecho de que una persona interprete que esta-mos asistiendo a un proceso de cambio climático, entonces, no está relacionado con las variables sociodemográficas más clásicas, pero más sorprendentemente, tampoco el nivel de estudios queda incluido en el modelo, como seña-laban también Heath y Gifford (2006). Esto es, el proceso de calentamiento global, algo que en principio podría parecer un hecho externo perteneciente al ámbito del conocimiento, no es interiorizado conforme más conocimiento se posee. Tampoco el nivel de información medioambiental, ni si-quiera el interés por el ámbito medioambiental, contribu-yen significativamente a explicar las actitudes hacia el cambio climático. Van a ser el sentimiento de autoeficacia

12 El factor de conciencia medioambiental explica el 61% de la varian-za, y arroja un valor elevado en su alfa de Cronbach (0,681), asegu-rando la coherencia interna del mismo. Los autovalores de cada va-riable son los siguientes: “amenazas medioambientales exageradas” 0,729, “nada más importante que el medio ambiente” 0,805, y “dispo-sición a la acción proambiental incluso si los demás no colaboran” 0,807, los tres suficientemente elevados. 13 El Alfa de Cronbach es alto, de 0,711. La varianza explicada ascien-de al 33%. Las saturaciones de los componentes son las que siguen: Separa la basura doméstica, 0,712; Utiliza contenedores, 0,688; Busca productos con envases, 0,644; Economiza agua, 0,588; Compra pro-ductos ecológicos, 0,541; Tiene en cuenta al medio ambiente al com-prar vehículo, 0,443; Deja de utilizar su vehículo por razones me-dioambientales, 0,374.

73

personal (también congruente con Heath y Gifford, 2006) y la salud medioambiental dos de las tres únicas variables que conformarán la regresión logística, hecho que explica en parte la reducida varianza explicada que logra obtener. La tercera variable incluida en el modelo, como nos podían hacer sospechar los cruces bivariables anteriores, es la orientación política.

De esta manera, el que una persona señale que el cambio climático es una realidad, depende principalmente de si considera que sus acciones proambientales tienen efecto en el entorno, lo que también es una manera de decir que las acciones anti-ambientales también tienen un efecto en el entorno, seguramente un efecto en el fenómeno del cambio climático. Por su parte, tiene sentido que las personas que apuntan a la conexión entre salud y estado del entorno tengan más en cuenta la posibilidad de un cambio climático que pueda afectarles. El hecho de que la orientación política tenga un papel importante en esta regresión es muestra de que el fenómeno del cambio climático, en el ámbito de la opinión pública, esté más cercano a las creencias que al conocimiento. Paradójicamente, casi parecería más acertado decir “creo que en el cambio climático” que “sé que existe el cambio climático”.

Además de la actitud acerca del cambio climático, tam-bién vamos a realizar una regresión logística analizando la faceta de la importancia concedida al fenómeno. El paso anterior es necesariamente previo, pero la verdadera impli-cación para el ámbito proambiental va a nacer de la impor-tancia concedida al fenómeno más que de la mera aprecia-ción de que, efectivamente, tiene lugar. La variable depen-diente será la importancia que recibe el cambio climático, recodificando la pregunta, que en origen tenía tres niveles, en dos. Separando así un nivel que subraye la importancia concedida al fenómeno, y otro que la minimice14. Como

14 Para ello, se ha decidido crear una categoría de máxima preocupa-ción, compuesta únicamente por la respuesta “creo que al problema

74

variables independientes, incluiremos muchas de las que habíamos introducido ya en la regresión anterior. En con-creto, la clase social, el nivel educativo, el sexo, la edad, la adscripción religiosa, la ideología, el tamaño del municipio, los factores conductual y de conciencia medioambiental, el nivel de interés en el medio ambiente, y el nivel de infor-mación medioambiental.

El nivel de varianza explicado por el modelo es del 7%, similar al alcanzado en la regresión logística anterior. La regresión admite finalmente cuatro variables. Se trata de la edad, el nivel de información medioambiental, el nivel de interés medioambiental y el factor conductual.

De esta manera, conforme aumenta la edad, disminuyen las posibilidades de considerar que el fenómeno del cambio climático recibe menos importancia de la que tiene, al igual que señalan Heath y Gifford (2006). El resto de las variables implicadas están correlacionadas positivamente con la im-portancia del cambio climático. El nivel de información medioambiental afecta a la percepción de la relevancia del fenómeno, esto es, las personas más formadas parecen en-tender que, con la información disponible, la importancia que debiera recibir el cambio climático habría de ser mayor. El interés medioambiental parece reaccionar de la misma manera a este respecto. Por su parte, las personas con ma-yores puntuaciones en el factor conductual, también en-tienden que debería incrementarse la importancia de este fenómeno, quizás para que el resto de la población asumie-ra sus niveles de participación en materia medioambiental.

del calentamiento global se le está dando menos importancia de la que tiene”, mientras que el otro nivel de la recategorización fundiría las respuestas “creo que al problema del calentamiento global se le está dando la importancia que tiene” y “… más importancia de la que tiene.”

75

Representación espacial

A continuación presentamos un gráfico que servirá para clarificar las relaciones entre variables. Se trata de un cua-dro compuesto por dos ejes, el uno relativo al factor norma-tivo o de conciencia ambiental, y el otro al factor conduc-tual, donde se ven reflejadas diversas variables que repre-sentan posiciones del individuo con respecto al medio am-biente y su relación con la sociedad.

Las personas que señalan que la responsabilidad en la protección medioambiental debe recaer principalmente en el gobierno comparten puntaciones bajas en el factor con-ductual y el normativo. El hecho de desplazar toda la res-ponsabilidad a una entidad superior parece denotar efecti-vamente un desinterés del problema, lo que explicaría el bajo valor en el factor normativo, y por ende, también en el conductual, dado que entonces se entiende que la acción individual proambiental es secundaria. Puntuaciones simi-lares, aunque menos importantes, obtiene la categoría don-de se hace descansar la responsabilidad en la ciudadanía. Por su parte, la categoría donde se comparte responsabili-dad entre ciudadanía y gobierno sostiene puntuaciones positivas, si bien moderadas, en ambos factores. Con valo-res prácticamente iguales, encontramos la categoría “Medio afecta salud”, donde los entrevistados señalan que encuen-tran conexión entre el estado del entorno natural y el estado de salud de la población. Por su parte, aquellos que sostie-nen la posición contraria se caracterizan por elevadas pun-tuaciones negativas en ambos factores. En particular alcan-za las puntuaciones más bajas del factor normativo. Los datos apuntan a que para desarrollar una conciencia me-dioambiental es necesario interpretar que las fronteras en-tre la esfera natural y la social es tenue.

76

0,6

0,3

0,0

-0,3

-0,6

Fa

cto

r C

on

ati

vo

0,6

0,3

0,0

-0,3

-0,6

Factor Normativo

Ciu

dadanos y

gobie

rno r

esponsable

s m

edio

Gobie

rno r

esponsable

medio

Baja

Auto

eficacia

Auto

eficacia

No h

ay C

am

bio

Clim

ático

Sí hay C

am

bio

Clim

ático

Lim

itar

desarr

ollo

económ

ico

Desarr

ollo

afe

cta

ento

rno

Medio

No a

fecta

salu

d

Medio

afe

cta

salu

d

No im

port

ante

Cam

bio

Clim

a

Cam

bio

Clim

a Im

port

ante

77

Dentro de las variables concernientes al cambio climático, aquellas personas que entienden que el cambio climático no existe como tal, arrojan puntuaciones negativas en ambos factores, mientras que la media de las puntuaciones de la categoría opuesta obtiene puntuaciones positivas en el fac-tor conductual y el normativo.Aquellos que piensan que la cuestión relativa al cambio climático es bastante importante obtienen valores muy similares en el factor normativo, pero difieren en el factor conductual. Dicho de otra manera, el sostener que el cambio climático no es un tema demasiado urgente, no implica una baja conciencia medioambiental, pero sí que implica una menor preocupación en el ámbito del comportamiento proambiental.

Bibliografía

BORD, R. J., R. E., O’CONNOR, & FISHER, A. (2000). In what sense does the public need to understand global climate change? Public Understanding of Science, 9, 205-218.

MOYANO, EDUARDO, ÁNGEL PANIAGUA, y REGINA LA-FUENTE (En prensa). “Políticas ambientales, cambio climático y opinión pública en escenarios regionales: El caso de Andalucía”. Revista Internacional de Sociología.

DUARTE, CARLOS M. (coor.), (2006). Cambio global: Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra. Madrid: CSIC.

GROOT, JUDITH, y LINDA STEG (2008). “Value Orientations to Explain Beliefs Related to Environmental Significant Behavior: How to Measure Egoistic, Altruistic and Biospheric Value Orien-tations”. Environment and Behavior 40 (3), pp. 330-354.

HEATH, YUKO, y ROBERT GIFFORD (2006). “Free-Market Ide-ology and Environmental Degradation: The Case of Belief in Global Climate Change”. Environment and Behavior 38 (1), pp. 48-71.

78

NAVARRO YÁÑEZ, CLEMENTE (2000). “Competencia política, ambientalismo y cambio social: Normas y comportamientos am-bientales en Andalucía”. Política y Sociedad 33, 217-231.

OLOFSON, ANNA, y SUSANNA ÖHMAN (2006). “General beliefs and envirionmental concern: Transatlantic comparisons”. Environment and Behavior 38, pp. 768-790.

O’RIORDAN, TIMOTHY y ANDREW JORDAN (1999). “Institu-tions, climate change and cultural theory: towards a common analytical framework”, Global Environmental Change, 9 (2): 81-93.

PANEL INTERGUBERNAMENTAL SOBRE CAMBIO CLIMÁ-TICO (2001). Summary for policy makers. Climate change 2001: Impacts, adaptation, and vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press.

PANIAGUA MAZORRA, ÁNGEL, y DAVID TÁBARA (2007). “Sociología medioambiental” en MANUEL PÉREZ YRUELA (Coor.) La Sociología en España. Madrid: Federación Española de Sociología, pp. 503-516.

PÉREZ DÍAZ, VÍCTOR, y JUAN CARLOS RODRÍGUEZ (2008). Energía y sociedad: Actitudes de los españoles antes los proble-mas de la energía y del medio ambiente, Madrid: Instituto Espa-ñol de la Energía.

STERN, PAUL (2000). “Toward a Coherent Theory of Environ-mentally Significant Behavior”. Journal of Social Issues 56 (3), pp. 407-424.

SUNDBLAD, EVA-LOTTA, ANDERS BIEL, y TOMMY GÄRLING (2009). “Knowledge and Confidence about Climate Change among Experts, Journalists, Politicians and Lay Persons”, Environment and Behavior 41, pp. 281-303.

VV.AA. (2007). El Cambio Climático en España: Estado de situa-ción. Documento resumen. Ministerio de Medio Ambiente y Me-dio Rural y Marino, 50 pp.

VAN LIERE, KENT D., y RILEY E. DUNLAP (1980). “The Social Bases of Enviromental Concern: A Review of Hypotheses, Expla-nations and Empirical Evidence”, Public Opinion Quarterly 44, pp. 181-197.

79

LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (Algunas notas sobre imprecisiones, contradicciones y desplazamientos)

Beatriz Santamarina Campos

Introducción

Desde la década de los noventa del pasado siglo, el cam-bio climático provocado por la acción humana aparece en la agenda internacional como un problema acuciante. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) y el publicitado protocolo de Kyoto (1997) son las primeras respuestas articuladas para hacer frente al fenómeno. La propia constitución en 1988 del Grupo Inter-gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)15, impulsado por el Programa de las Naciones Uni-das para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con el fin de analizar, eva-luar y abordar el problema del cambio climático y sus con-secuencias medioambientales, refleja bien dicha preocupa-ción. Desde entonces el IPCC ha ido elaborando informes diagnósticos sobre el cambio climático (Primer Informe de Evaluación del IPCC, 1990; Segundo Informe de Evaluación del IPCC, 1995; Tercer Informe de Evaluación del IPCC, 2001; Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, 2007) y se ha convertido en un importante mediador en la representación del fenómeno.

15 A través de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el

Programa De Las Naciones Unidas Para El Medio Ambiente

(PNUMA).

80

Sin duda, hoy el cambio climático es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Pero ¿Cómo se percibe el cambio climático? ¿Qué mediadores actúan en su construc-ción? ¿Cuáles son las fuentes de legitimidad de la percep-ción del cambio climático? ¿Cómo se identifican las causas y consecuencias del cambio climático en el tiempo y en el espacio? En este texto intentamos dar respuesta a algunas de estas preguntas y para ello presentamos parte de una investigación cuanti-cualitativa realizada en la Comunidad Valenciana16, en el 2008. En concreto mostraremos algunos de los resultados del trabajo cualitativo. El objetivo general de nuestro estudio fue realizar una aproximación a la cons-trucción social del cambio climático por la acción humana. Nos interesó conocer cómo el cambio climático como fenó-meno social, es decir, como fenómeno construido y percibi-do socialmente, es representado a partir de percepciones, creencias y valores. Desde nuestro punto de vista, estudiar la manera en que el cambio climático se representa es fun-damental, porque esta representación condicionará final-mente las prácticas cotidianas.

Estado de la cuestión: estudios de percepción so-cial del Cambio Climático

El impacto del crecimiento industrial, el desarrollo de la ciencia ecológica, los desastres ecológicos, la difusión de informes y de conferencias sobre el medio, el papel de los medios de comunicación como publicistas de los aconteci-

16 Investigación fruto del Convenio de colaboración entre la

Generalitat valenciana, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y la Universidad de Valencia. Agradezco a la Dirección General del Cambio Climá-tico la colaboración de sus técnicos y el permitirme difundir los resultados.

81

mientos ambientales, la enorme labor de la movilización ecologista, etc., provocaron una transformación en las per-cepciones sobre nuestra relación con el medio. La sociedad comenzó a sensibilizarse con la problemática ecológica y todo ello contribuyó a que surgiera un interés por medir esa respuesta social, apareciendo la conciencia medio am-biental como un objeto de estudio definido y privilegiándo-se la metodología cuantitativa para la medición de dicha categoría. Del mismo modo que la preocupación sobre me-dio ambiente ha ido en aumento, desde las ciencias sociales y las instancias políticas ha habido un interés creciente por medir la respuesta social ante la degradación ambiental. Así, las encuestas han venido ofreciendo una primera ra-diografía social sobre la preocupación ecológica de nuestra sociedad y, en este sentido, permiten apuntar que ha habi-do una creciente conciencia ecológica.

En los últimos veinte años hemos asistido a una preocu-pación por conocer la opinión pública sobre el medio am-biente, lo que ha contribuido a problematizar lo ecológico y a definir sus categorías. En España, los estudios sobre valo-res y actitudes de la población respecto al entorno han se-guido la tradición metodológica dominante de la sociología ambiental norteamericana, es decir, se han servido de las encuestas estadísticas por muestreo como vía principal de información. Desde los años ochenta contamos con infor-mación referente a la percepción o concienciación de los españoles respecto al medio ambiente. Pero es, sobre todo, a partir de los noventa cuando disponemos de un mayor número de encuestas que presentan una elaboración más completa y que giran exclusivamente sobre la problemática ambiental17. Todas ellas han puesto de manifiesto, con diferentes matices, que la preocupación medioambiental de los españoles ha ido en aumento conforme han pasado los años.

17 Ver, por ejemplo, estudios CIRES (1992,1994) , CIS (1994,

1996, 2000, 2004, etcétera) o Fundación BBVA (2006).

82

Si bien los estudios realizados en España sobre el medio ambiente, durante las dos últimas décadas, nos permiten obtener una primera radiografía sobre la representación social medioambiental de los españoles, no sucede lo mis-mo con la construcción social del cambio climático (CC). Pese a que, desde la década de los noventa, el CC se ha situado como uno de los problemas ambientales más acu-ciantes, en nuestro país no ha habido estudios de referencia hasta el 2008 y 2009 que permitan aproximarse a la cultura común de los españoles sobre el cambio climático. Frente a los estudios específicos que se vienen realizando desde hace diez años en otros países europeos o en Estados Uni-dos sobre la elaboración del cambio climático, en nuestro país sólo es posible hacer un somero seguimiento de su elaboración a partir de los barómetros realizados sobre el medio ambiente donde se incluye el cambio climático como un aspecto más a valorar. Pero, en cualquier caso, estos estudios no permiten conocer la representación social del CC ya que suelen centrarse en analizar de forma general la percepción pública del medio ambiente. En este sentido, los estudios del CIS son, quizás, los que nos dan más informa-ción sobre la elaboración medio ambiental de los españoles. A partir de ellos se puede extrapolar alguna información específica sobre el cambio climático. Del mismo modo son útiles, para obtener una primera aproximación, por un la-do, los eurobarómetros realizados por la Comisión Europea (2005, 2008) y, en concreto, el eurobarómetro realizado so-bre las actitudes respecto al CC (2008). Y, por otro, los estu-dios que se han venido haciendo sobre CC en nuestro en-torno cultural (Francia, Reino Unido, Alemania…). Si bien es cierto que las características y peculiaridades de cada país hacen difícil cualquier generalización, también es cier-to que pueden apuntarse tendencias que nos acerquen a una mayor compresión de la representación social del CC.

Centrándonos, en nuestro país, contamos con un estudio para la población española sobre la percepción el Calenta-

83

miento Global que nos permite realizar muchas extrapola-ciones. Se trata del informe presentado por la Fundación BBVA: “Percepciones y actitudes de los españoles hacia el Calentamiento Global” (2007-2008). En esta investigación, el análisis se centra en cuatro ejes: la percepción de la pro-blemática del calentamiento global, las causas y los efectos del mismo, la lucha contra el calentamiento global y el pro-tocolo de Kyoto. Los resultados apuntan en cuanto a per-cepción de la problemática un nivel de significación muy alto. El calentamiento global se valora como una problema grave, en el que se reconoce la influencia y la responsabili-dad de la actividad humana y en el que se perciben las con-secuencias del mismo. Asimismo, el estudio indica que existe una disposición favorable para el cambio y la acción, siendo los españoles conscientes de la necesidad de tomar medidas inmediatas y de asumir cambios en su estilo de vida para reducir el calentamiento global. Pese a ello, es significativo que un sector de la población reconozca que no sabe que tendría que hacer para apaliar el problema. Por último, cabe señalar que el estudio indica que existe un consenso por la apuesta normativa para afrontar el calen-tamiento global indicándose que los acuerdos internaciona-les deben ser el marco de actuación contra el calentamiento global. Al respecto, es interesante subrayar que la notorie-dad del protocolo de Kyoto aún es baja (el 39% de los en-cuestados afirman no haber oído hablar del protocolo)18, aunque se muestran favorables a la adhesión del acuerdo por parte de España, pese a que existen discrepancias sobre lo logrado a través del acuerdo. Esta radiografía general sobre el Calentamiento Global de la población española nos ha servido como un referente en nuestro trabajo. Y nuestros resultados globales se aproximan a lo que este informe re-cogía.

18 En nuestro trabajo, como veremos a continuación, la notoriedad

del Protoco es mayor.

84

Junto a él cabe señalar el estudio de la Fundación Mapfre dirigido por Meira, Arto y Montero “La sociedad ante el Cambio Climático. Conocimientos, valoraciones y compor-tamientos de la población española” (2009), que viene a cubrir el déficit arriba señalado. En nuestro caso cabe seña-lar que esta investigación no se tuvo en cuenta porque el trabajo que aquí se presenta fue anterior a su publicación. Si se tuvieron en consideración algunos estudios concretos sobre el CC pero estos eran específicos para algunas zonas o colectivos. Nos referimos a trabajos como “Percepción del Cambio Climático en una muestra de población adulta de nivel cultural medio” (1994) de Camarasa y Moreno, “Per-cepción pública de las variaciones climáticas recientes” (2004) de Benito, Rodríguez y Portela, “La representación del cambio climático por los estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela” (2004) de Meira o los trabajos de Tábara sobre la percepción del CC en Catalunya (1999, 2005). Por último, resta decir que en los últimos dos años la producción de estudios sobre la percepción del CC en nues-tro país ha aumentado considerablemente como se refleja en la aparición de numerosos estudios en distintas Comu-nidades Autónomas (Catalunya, Andalucía, etcétera).

Percepción del Cambio Climático en la Comuni-dad Valenciana

La investigación que realizamos sobre la percepción del CC en la CV se articuló sobre una perspectiva cualitativa, encuesta telefónica19, y una cualitativa, grupos de discu-

19 Encuesta telefónica asistida por ordenador (sistema CATI).

Fecha de realización del campo noviembre del 2008. El univer-so de estudio fue la población valenciana de 18 años y más. El tamaño y distribución de la muestra ha sido de 625 entrevistas (casos) estratificadas por la intersección provincia/tamaño de

85

sión20. Tal y como avanzábamos nos vamos a centrar en el estudio cualitativo, porque los datos de la encuesta se ase-mejan, en gran medida, a los resultados obtenidos en otros estudios y porque la aproximación cualitativa matiza di-chos datos. Es evidente que no podemos mostrar en este espacio todo el análisis de los discursos en torno al CC, así que vamos a centrarlo en cuatro aspectos que nos parecen relevantes para la reflexión y para la implementación de políticas medioambientales.

Con todo, antes de empezar a analizar estos ejes, pode-mos avanzar que los grupos de discusión que realizamos muestran un discurso bastante cristalizado en cuanto al CC por la acción humana. Si bien es cierto que se pueden de-tectar pequeñas diferencias, en función de la formación académica recibida y del status social, a la hora de manejar ciertos conceptos o articular el discurso, ninguno de ellos parece ser significativo. Del mismo modo, en los grupos aparece alguna diferencia en cuanto a la receptividad y actitud frente a la asunción de responsabilidades. En este sentido, los grupos de mujeres parecen apuntar a una ma-yor disposición a asumir compromisos y a la realización de prácticas más sostenibles, frente a los grupos de jóvenes en los que parece que hay una mayor resistencia a adoptar medidas en la vida cotidiana (escepticismo).

Por otra parte, es importante reseñar, para contextualizar bien el discurso de nuestros informantes, que todos los grupos se realizaron entre el 15 de octubre y el 15 de no-viembre del 2008. La crisis económica y financiera fue el

hábitat. El error muestral para un nivel de confianza del 95,5%

y en el caso más desfavorable (p=q=50%) es de 4 %. 20 Fueron seis grupos de discusión, dos por cada una de las

provincias de la CV (Valencia, Castellón y Alicante), se diseña-ron teniendo en cuenta distintas variables sociodemográficas (Amas de casa, jóvenes estudiantes, mujeres asalariadas, jóve-nes trabajadores, varones asalariados y profesionales liberales) y fueron realizados entre octubre y noviembre del 2008.

86

telón de fondo de todos y, sin duda, los condicionó. Los dos primeros, sobre todo, se realizaron después de dos semanas ‘negras’ donde los medios de comunicación cen-traban toda su atención en el desplome de la bolsa, en la caída de empresas financieras globales, en la quiebra de constructoras, etcétera. En este contexto, la crisis económica se convirtió, en todos los ámbitos, en centro de debate. Las hipotecas subprice y los activos tóxicos se incorporaron en el lenguaje común como parte del análisis cotidiano. Es más, los grupos realizados no sólo reflejan esta crisis eco-nómica sino que, en muchos momentos, la crisis se convir-tió en el eje del discurso relacionando, de forma directa, la crisis económica con la crisis ecológica.

Concepto cambio climático: imprecisión En todos los grupos realizados parece existir cierta una-

nimidad a la hora de hablar del cambio climático: su enun-ciado se muestra impreciso (“el cambio climático ¿Qué es lo que es?”). La falta de concreción del término y la aprecia-ción generalizada de no saber bien de que se está hablando, lleva a la imposibilidad no sólo de situarlo en un plano concreto sino también de hablar del mismo. En suma, el cambio climático es definido por su abstracción y por su vaguedad.

“Escuchas cambio climático, cambio climático y después escuchas a los expertos hablar y ni siquiera es un concepto bien acuñado, es lo que te quiero decir. Muchas veces in-ventan términos vacíos y cosas que yo no acabo de enten-der. Del cambio climático no he escuchado a nadie, ni nin-gún representante, explicar claramente qué es el cambio climático” (G.2)21.

21 La codificación de grupos de discusión es la siguiente: G.1

Amas de casa, G.2 Jóvenes estudiantes, G.3 Mujeres trabajado-ras fuera de casa, G.4 Jóvenes trabajadores, G.5 Varones asala-riados y G.6 Profesionales liberales

87

Esta indefinición, crea incertidumbre sobre el fenómeno: “yo he escuchado muchas cosas pero ninguna concreta”. Al ser difícil definirlo, al no tener referentes claros, su compre-sión se muestra para los informantes inalcanzable. Los gru-pos consideran que el conocimiento del cambio climático se reduce a los grupos expertos que son capaces, gracias a su alto grado de especialización, de alcanzar a comprender la manifestación “no lo entendemos muy bien, no estamos informados...”. Además, si no se sabe qué es, no se puede hablar, en principio, ni de sus causas ni de sus consecuen-cias. Y lo que es más importante: no se pueden percibir ni los riesgos, ni la amenaza que supone.

“¿Qué es, en realidad, el cambio climático? ¿La esto de ozono? ¿Qué nos lo produce?” (G.1).

Este primer problema detectado, la imprecisión a la hora de definir el CC, se ve acompañado de un segundo pro-blema: la existencia de discursos científicos opuestos. Estas contradicciones complican más si cabe su conceptualiza-ción. La falta de consenso científico con respecto al CC hace que el tema se perciba con escepticismo. Si la ciencia es fuente de verdad y su discurso legitima numerosas prácti-cas, el que se muestre dubitativa y dividida hace cuestionar que el CC por la acción humana sea un fenómeno que se esté realmente produciendo.

“Hay científicos que dicen que sí, y científicos que dicen que no. Ahí está el problema” (G.2).

“Claro, si oyes, por un lado, una cosa y, por el otro lado, otra cosa… Claro te crea un decir: ¿Están exagerando por un lado? ¿Está éste diciendo la verdad?” (G.5).

Ahora bien, la existencia de discursos científicos encon-trados es leída de dos formas diferentes. Por un lado, se subraya los intereses que pueda haber detrás de ciertos datos o estudios. Por otro lado, se hace la lectura de que la complejidad del fenómeno impide a la comunidad de cien-tíficos saber con claridad qué está pasando.

88

“Hay otra película que es ‘la gran mentira del cambio climático’ que rebate las argumentaciones que hacen y las plantea como un gran negocio que nos están vendiendo políticamente. Es un gran negocio para algunos y nos están haciendo llevar las pilas al sitio y las cosas al sitio para ha-cer un gran negocio a costa de nuestra obediencia” (G.6).

“O a los ciclos naturales porque siempre ha habido épo-cas de glaciares o épocas de... Entonces ¿Cuánto influye una cosa y cuánto influye al proceso normal geológico o de la naturaleza?” (G.1).

Las contradicciones percibidas en el campo de lo científi-co son especialmente importantes. La ciencia se construye como ‘verdad’ y si la misma no se pronuncia de forma clara surgen dudas ‘razonables’. No ocurre lo mismo con otro tipo de discursos, sobre todo, los que provienen del ámbito político. En estos casos, la apreciación de que los discursos están mediados por intereses económicos descalifica de forma directa sus argumentaciones: “bueno, Estados Uni-dos dice que es mentira pero sabemos el por qué”.

Pese a los dos problemas señalados (inconsistencia y con-tradicción en los discursos científicos), existe un cierto con-senso en reconocer que el CC producido por la acción hu-mana existe, o al menos, parece existir.

“-yo pienso que haya un cambio climático es evidente porque...

-se ve -se ve y lo dicen... lo que pasa es lo que no está tan claro

es a qué se debe, porque no sabemos si es todo debido a la contaminación” (G.1).

En gran medida, estas afirmaciones están sustentadas en la idea clara de que la intervención del ser humano sobre el medio es cada vez mayor y con claras repercusiones nega-tivas. La percepción generalizada de que el medio ambiente es un problema grave, que hay que resolver, permite, por una parte, dar veracidad al cambio climático por la acción humana y, por otra, ubicarlo como problemático. En todos

89

los grupos de discusión, se produce el mismo mecanismo: hablar de CC es hablar de medio ambiente. Si en el CC por la acción humana no hay consenso ni ideas claras, en lo referente al medio ambiente encontramos consenso y afir-maciones compartidas. En este sentido, el CC aparece como una manifestación más del deterioro medio ambiental, lo que facilita poder analizarlo. Si bien esta contextualización (su ubicación en la problemática medio ambiental), permite reconocerlo como problema y dejar de lado las inconsisten-cias, también dificulta el análisis propio del CC. En primer lugar, porque diluye sus causas y consecuencias y, en se-gundo lugar, porque las medidas para atajarlo se engloban en buenas prácticas medio ambientales (por ejemplo, el reciclaje). Todo es analizado dentro de un todo. Tal y como se reconoce:

“A lo mejor me he hecho un lío pero veo que estamos mezclando todo y está todo hecho una pelota y [estamos] dando vueltas” (G.3).

Causas y consecuencias del Cambio Climático por la ac-ción humana

La propia imprecisión del concepto de CC y su desvia-ción hacia el medio ambiente, en general, hace difícil poder señalar las causas y consecuencias del mismo. El descono-cimiento, “[lo que] no está tan claro es a qué se debe”, hace que los informantes no sepan, en muchos casos, situar las causas del fenómeno.

“no sabemos si será debido a que la tierra se va calentan-do por las circunstancias y las industrias, no lo sabemos (…) Es que no sabemos si será porque la atmósfera, la in-dustria está calentando y sube más la temperatura, pero claro, nosotros no sabemos debido a lo que es, pero ya está pasando eso” (G.1).

Entre las causas se apuntan las que tienen que ver con la degradación medio ambiental en conjunto. En este sentido, se hace una lectura holista, acompañada, como veremos a continuación, de una crítica a todo el sistema. La enumera-

90

ción de problemas ecológicos globales y locales es común en todos los grupos (contaminación generalizada, destruc-ción bosques, consumo irracional de recursos y un largo etcétera). Y es también común en todos señalar, la ‘cons-trucción’, masiva y desordenada, como uno de los proble-mas medio ambientales más acuciantes en la Comunidad Valenciana. La construcción se sitúa como agresión al me-dio y se relaciona con el CC.

“Eso era un bosque y al día siguiente no había bosque, habían entrado con maquinarias de esas y lo arrasaron por todo el morro y eso es imperdonable porque era el pulmón de Alicante, esto es demencial” (G.5).

Pero, quizás, la contaminación es el referente más claro tanto para el deterioro medio ambiental como para el CC. La contaminación asociada a las industrias es, en el imagi-nario social, la figura más contundente (“la contaminación sí que afecta, yo creo que eso es clarísimo, las industrias”). Los efectos de la contaminación, la expulsión de gases y el dióxido de carbono, se unen directamente con el deterioro de la capa de ozono y la capa de ozono con el CC. Y junto ella se sitúa el efecto invernadero con la misma lógica (estos juegos se repiten en todos los grupos). En menor medida, sólo en dos grupos, aparece el gas metano, relacionado con los sistemas intensivos de ganado vacuno. Por último, el actual modelo de energía, de forma difuminada, aparece como el responsable del CC por la acción humana.

“es que lo de la capa de ozono, tindrà que vore i tots els gasos que fan, que desprès... més rojos. I coses d’estes que van a produir el canvi del clima” (G.3).

“El cambio climático son procesos relacionados con la emisión de gases de CO2 por el efecto invernadero” (G.5).

En suma, los informantes dibujan un mapa difuminado sobre las causas del CC, sin saber a ‘ciencia cierta’ qué es realmente lo que acelera los procesos de cambio. Ahora bien, si las causas del CC por la acción humana parecen desdibujarse, las consecuencias se establecen de manera

91

más clara. Las consecuencias derivadas de la experiencia, o de lo que se vive como experiencia, son más fáciles de defi-nir y expresar. En este sentido, se comparte que los efectos del CC por la acción humana ya se pueden ver o sentir. Las variaciones meteorológicas, los cambios bruscos del tiem-po, se experimentan como ‘anormales’. Y, precisamente, es esta construcción del tiempo como ‘anomalía’ lo que se percibe con más claridad.

“Cambian muchas cosas, te das cuenta que no es normal, es un clima que no es normal, y cada vez irá a más” (G.3).

“No veo normal, que hoy 16 de octubre, ir en manga cor-ta y en febrero, en el mes de febrero pasado, hacía un calor en Valencia que era una locura” (G.2).

Entre las transformaciones consideradas como anormales se enumeran básicamente tres: la pérdida de estaciones, el aumento y cambios de la temperatura y la irregularidad en las precipitaciones. Y dichos cambios se basan en la expe-riencia vivida y en la memoria. En primer lugar, destaca la percepción de la pérdida de las estaciones del año: “yo echo muchísimo de menos las estaciones”. Existe un consenso en reconocer que de las cuatro estaciones tradicionales hemos pasado a tener dos: “pasamos de verano a invierno”. La variación de las estaciones es una de las imágenes más con-sensuadas y una de las consecuencias más visibles, para nuestros informantes, del cambio climático por la acción humana. En segundo lugar, destaca la percepción de que existen cambios rápidos de temperatura. Además, junto con dicha variabilidad también existe una percepción de que ha habido un aumento general de las temperaturas: “la temperatura, ¡si que ha subido la temperatura!”. Del mismo modo, las afirmaciones se sustentan en la experiencia acu-mulada, en el tiempo vivido. Y en tercer lugar, aparecen las variaciones en las precipitaciones. En este caso, se interpre-ta que hay un claro desequilibrio, hoy en día, en el régimen de lluvias. Bien porque las lluvias son más intensas, lo que conllevaría inundaciones y agresión al medio, o bien por-

92

que se ha pasado a un clima donde se alternan, de forma dicotómica, los periodos de sequía con los de lluvia torren-cial.

“Date cuenta, yo tengo 45 años, y yo he vivido cuatro es-taciones anuales y hoy en día sólo hay dos, invierno y ve-rano, es que cambio hay” (G.5).

“Yo lo que estoy viendo de los quince o veinte años hacia aquí (…) Sólo hace calor y cada vez más calor. Yo me acuerdo hace cinco años en marzo ni de coña iba a la playa y este año y el anterior no es que fuera, sino que ya me ba-ñaba, el agua está un poco fría pero te has bañado en mar-zo” (G.4).

“luego las lluvias también, o llueve mucho o no llueve, o se pasa cinco días lloviendo y luego no llueve en dos me-ses... lo veo raro...” (G.6).

Por otro lado, estas transformaciones meteorológicas apa-recen relacionadas con lo que se construye como cambios climáticos globales. Los tsunamis, los ciclones y las inunda-ciones han pasado de considerarse fenómenos puntuales y aislados, a ser percibidos ahora como fenómenos ‘norma-les’. De todas formas, en las representaciones sobre estos cambios, la imagen más clara la encontramos personificada en el deshielo de los polos: “[que] la temperatura aumente está ahí, porque se ve que los polos se están descongelando diariamente”. El deshielo y la consiguiente subida del nivel del mar se asumen como dos consecuencias evidentes del CC por la acción humana.

“Antes en televisión salían inundaciones cuando era la época de los monzones, ahora salen inundaciones todos los días, en todas las partes del mundo. Y no sé, yo creo que las inundaciones que están habiendo ahora, bueno… ligado a la sequía. Yo antes sólo veía, hace quince años, sólo veía inundaciones una vez al año en los sitios, ahora están con inundaciones cada semana” (G.2).

“Pero, ya se va notando porque ha subido el nivel de los océanos, que se han derretido los polos” (G.5).

93

Por último, los informantes hablan de las consecuencias indirectas de estos fenómenos que se concretan en la apari-ción de problemas de salud. La relación entre la salud y el cambio climático, o de la salud y el medio ambiente, apare-ce en todos los grupos. La construcción es sencilla: si asis-timos a desequilibrios medio ambientales (climáticos) es-tamos introduciendo anomalías en el medio y si el medio condiciona la salud, se da entrada a la enfermedad. Y la enfermedad representa, por excelencia, los desórdenes.

“yo creo que nos afecta hasta en la persona, en el stress, nos afecta para la vida diaria y en el trabajo. Todos estos cambios, nos afectan y nos alteran” (G.1).

Entre las enfermedades que se relacionan con el CC des-tacan, fundamentalmente, dos: las alergias y el cáncer. El aumento de las alergias y los problemas respiratorios se conecta con las causas y consecuencias del fenómeno y se percibe con un problema del presente. El cáncer, con todas las connotaciones sociales que tiene, sintetiza esa percep-ción de un riesgo real que se traduce en miedo: “poco a poco, la frase es muy fuerte pero nos están matando”. El desorden climático, que lleva parejo la alteración del me-dio, se traduce en enfermedad. Y el cáncer, quizás represen-te, con contundencia ese desequilibrio.

“Si el planeta se calienta más y hay dos grados más de ca-lor en verano pues eso tiene que afectar a personas asmáti-cas y a personas...” (G.5).

“És que hem de primar altres interessos per a que la gent d’eixas poblacions que tenen les taxes més elevades de càn-cer de tota la península... Què passa? Si la gent diguera: ‘Vaig a primar la meua salut als beneficis econòmics’. Pos-siblement canviaria” (G.4).

En definitiva, en todos los grupos encontramos un análi-sis sobre lo que se percibe como CC. Aunque cabe señalar, que igual que sucede con las causas, las consecuencias mu-chas veces se interpretan dentro de un todo difícil de desli-gar: “Te afecta a ti como persona (referido al CC) no sólo

94

porque suba la temperatura... los transgénicos te afectan a ti como persona, la ecología es buena para ti, independiente-mente del cambio climático” (G.2).

Raíces del problema: crisis del sistema En todos los grupos se señala que la raíz del problema es-

tá en el fracaso de nuestro modelo socioeconómico (pautas de consumo, estilos de vida, etcétera). Así, en las verdade-ras causas del CC por la acción humana, aparece un deno-minador común: el actual sistema en el que vivimos, en-tendido como un todo, es el que fracasa. De ahí, que surja la necesidad de replantarnos el modelo.

“Yo opino que tanto el cambio climático como la destruc-ción del planeta es un problema muy de base porque está muy relacionado con nuestras formas de vida y que es muy difícil de cambiar” (G.2).

En relación con el sistema se reconoce que el consumo desmedido, “todo de usar y tirar”, es el mayor responsable de los problemas medio ambientales y, por ende, del CC. La ideología del consumo y el derroche de recursos, “esta-mos sobreconsumiendo, estamos gastando más de lo que nos hace falta”, se ven como los principales responsables de la degradación ecológica.

“Creo que esto viene a raíz de que consumimos todos una barbaridad, cosas precisas y la mayoría imprecisas y que luego no tenemos tiempo por mil historias a... vamos, todos consumiendo cosas innecesarias, y yo creo que de-masiado innecesarias” (G.3).

Del mismo modo, que el actual sistema político-económico se considera como un sistema que nos lleva a la crisis medio ambiental por un consumo desmedido, la otra cara de este modelo se concreta en los valores: “tanto tie-nes, tanto vales, tienes que tener un nivel de vida alto o no vales nada”. En todos los grupos se repite el mismo análi-sis, asistimos a una crisis en los valores porque se han per-dido los principios: “la gente no tiene principios como se tenía antes”. Así, se muestra como evidente que la crisis

95

ecológica lleva pareja una crisis de valores. Además, la im-portancia que adquiere en el discurso la crisis de valores es significativa en cuanto que se asocia que los cambios que se requieren son complicados de llevarse a cabo puesto “que es difícil porque la gente no tiene principios”. De forma contundente, aparece en todos los grupos, al cuestionar el modelo y relacionarlo con la pérdida de valores, la crisis de la idea de desarrollo. En todos se repite que el desarrollo que hoy tenemos “no es un verdadero progreso”. En defini-tiva, en todos los grupos se señala que el telón de fondo de todos los problemas ambientales se encuentra en nuestro estilo de vida y en los valores asociados al mismo. De ahí, que se perciba la necesidad de un cambio urgente.

“-cambiar el modelo económico que nos está abocando a esto...

-Y cambiar los valores o, por lo menos, plantear un abani-co de valores” (G.6).

Falta información, demandas a la administración y des-plazamientos

La preocupación generalizada sobre los impactos sobre el medio ambiente y, en concreto, sobre sus consecuencias sobre el clima parece no corresponderse con una informa-ción que permita tomar cartas en el asunto. La idea la ve-mos sintetizada en esta expresión: “Pero a la sensibilización que hay le falta canalización”. En todos los grupos existe un consenso generalizado sobre la carencia de información sobre el CC: “No llega la información”. El no disponer de información suficiente es percibido como un problema de ocultación. Así, la falta de información y su posible oculta-ción llega a interpretarse como una voluntad por no dar a conocer el problema por los posibles intereses generados. Pese a que se reconoce que “encontrar información objetiva es muy difícil”, no deja de ser significativo que se afirme que hay una estrategia para ocultar la problemática.

“-lo que te quieren contar -es interesado

96

-y según quien lo cuente -es interesado” (G.1). En todos los grupos, hay una petición generalizada hacia

la administración de contar con información clara y precisa sobre el CC: “decir la verdad, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar”. Dicha petición se concreta en campañas que ayuden a conocer el problema para poder tomar partido en el mismo.

“Yo creo que a lo mejor hace falta más información y más anuncios, más información, menos anuncios chorras y más información sobre lo que podemos hacer” (G.4).

Al no existir una comunicación efectiva y al no contar con información precisa sobre las posibles prácticas que se po-drían llevar a cabo para mitigar el CC, se ve como imposi-ble poder intervenir: “a lo mejor podríamos hacer muchas más cosas pero como no las sabes...”. Sin conocer es difícil actuar. En este sentido, se culpa a la administración de su pasividad: “tienes que enterarte por tu cuenta, pero no hay una campaña buena”, entendiéndose que no responde a las expectativas sociales cuando, en realidad, la información “no hace daño a nadie”. La demanda de comunicación a la administración y su posicionamiento frente al CC se consi-dera un referente necesario.

“Es una sociedad que empieza a estar sensibilizada pero la administración no responde en ese punto” (G.6).

La información es vista en todos los grupos como funda-mental: “lo principal: información”. Así, para poder llegar a cambios reales en los comportamientos que lleven de la preocupación a la acción: “necesitamos mucha informa-ción”. Sin información y sin políticas que promuevan prác-ticas sostenibles se ve difícil que haya una transformación en los valores.

“Necesitamos mucha información, y si todo el mundo lo entendiera como una cosa normal, y supiéramos de recicla-je (...) yo creo que la gente daría un vuelco” (G.3).

97

Y es precisamente la falta de información la que se esgri-me para la no acción. De hecho, cuando los informantes hablan de llevar a cabo medidas que eviten el CC, hacen referencia buenas prácticas ecológicas generales (básica-mente consumir menos y reciclar). En gran medida, esto es debido a la falta de concreción de las causas y consecuen-cias del CC y al deslizamiento en el discurso hacia los pro-blemas medio ambientales. Así, se reconoce de forma explí-cita que no se sabe bien cómo actuar, “no se sabe muy bien qué hacer”. Además, pese al consenso general en torno a la necesidad de asumir socialmente la responsabilidad, el papel del ciudadano se ve condicionado no sólo por la falta de información. Entre los motivos que se señalan para no asumir prácticas cotidianas es que se ven, en muchos casos, como carentes de sentido: “lo poco que nosotros podamos hacer, no es nada”. La lógica aplicada es clara si los mayo-res culpables (las empresas) y los mayores responsables (la administración) no toman medidas, las acciones cotidianas pierden sentido.

Centrándonos en la administración los informantes se muestran, especialmente, reivindicativos. Por una parte, muchas de sus acciones se ven desarmadas por la propia actitud de la administración lo que provoca desencanto y desanimo. En todos los grupos, se ha hablado de este pro-blema representado en el reciclaje: “después te llegan noti-cias, de varios sitios, de que luego lo mezclan todo, lo amontonan y lo esconden, entonces...” (G.3). La demanda es clara: debe haber una compensación, al menos, simbólica por parte de la administración. Es decir, alguna forma de refuerzo de los comportamientos asumidos (por ejemplo, ver cómo se transforma un residuo en algo concreto como el mobiliario urbano): “los ciudadanos necesitamos ver como revierten los esfuerzos, los pequeños o grandes que hagamos, en cuestiones palpables” (G.6). Tal y como lo expresan los informantes, debe existir una mayor informa-

98

ción sobre las acciones emprendidas para reforzar los com-portamientos.

“es que hay que mirar que se hace después del reciclaje, para que a nivel individual y a nivel personal, para sentir-nos bien y [sentir] que estamos haciendo algo...” (G.2).

Y por otra parte, se conciben contradictorias las políticas de la administración. Por ejemplo, se pide una reducción del transporte individual pero se organiza un circuito de carreras urbano o se demanda menos consumo energético mientras los poderes públicos la derrochan. Este tipo de contradicciones, que aparecen reflejadas en todos los gru-pos, deslegitiman las posibles medidas a implementar.

“desprès de montar un rallie urbà en València, els ma-teixos que et monten un rallie urbà no van a dir-te: ‘no aga-fes el cotxe’” (G.3).

Existen, además, otras dificultades para llegar a la acción. De una parte, al situarse el cambio climático como un pro-blema global, el impacto de las acciones que se adopten se percibe que se diluyen y poco contribuyen. De ahí la im-portancia que adquiere que los informantes vean como ineficientes las políticas y los acuerdos internacionales. Junto con la ubicación espacial (la globalidad del problema) el eje temporal se sitúa también como un problema a aña-dir: “Pues a lo mejor ahora no nos damos cuenta, pero a la larga sí que nos va afectar. Ahora a lo mejor no lo notas pero dentro de un tiempo lo vamos a notar” (G.4). Las con-secuencias del cambio climático por la acción humana se construyen como un problema de cara al futuro y esta per-cepción condiciona la decisión de asumir prácticas sosteni-bles en el presente. En suma, pese a que se señalan medidas para llevar a cabo en el día a día se reconocen muchos pro-blemas que impiden que la mayoría cambien sus prácticas. Y, entre ellos, la recurrida falta de información se convierte en un escollo importante.

99

Conclusiones

De los discursos sustraídos por los distintos grupos de discusión, vemos como el CC es percibido como un pro-blema importante y grave. Pero resulta evidente que exis-ten dificultades para identificar el problema (desconoci-miento) y que los mensajes contradictorios generan descon-fianza hacia el fenómeno. El propio desconocimiento lleva a la dificultad de situar las causas y consecuencias, apare-ciendo difuminados los impactos medios ambientales. La desinformación se convierte en el principal obstáculo para tomar decisiones: no se puede actuar porque no se sabe qué hacer. Existe una demanda y exigencia a la administración de información clara y precisa, sobre las causas, consecuen-cias y medidas a implementar. Por último, y aunque no nos hayamos detenido mucho en ello, la construcción social del CC como una cuestión global y un problema futuro dificul-ta la toma de iniciativas al desplazarse el problema espacial y temporalmente. Esto junto con el hecho de que las solu-ciones propuestas por los informantes sean las normativas, formativas y técnicas desplaza aún más al CC en nuestro mapa cognitivo. Si a ello añadimos los juegos discursivos entre responsabilidades y culpas encontramos que el CC, igual que sucede con la construcción del medio ambiente, acaba abonado a un espacio infértil para la acción.

Con todo, de la información extraída, lo más positivo es que en todos los grupos existe una unanimidad al recono-cer la necesidad de poner en marcha acciones y cambios en las actitudes y comportamientos. Todos son conscientes de la situación actual y la responsabilidad que ello implica: “tenim la sensació de que algo ha de canviar, de que algo estem fent malament” (G.3); porque, en sus palabras, “es como una bola de nieve que se tendrá que deshacer porque esto no lo vamos a poder soportar ni a nivel económico, ni ecológico ni a ningún nivel” (G.1).

100

Para finalizar, me gustaría acabar exponiendo las conclu-siones que fueron pensadas y presentadas para el equipo de técnicos que puso en marcha esta investigación como una acción de la Estrategia Valenciana ante el Cambio Cli-mático 2008-2012. De hecho, el planteamiento inicial fue que el conocer los valores y percepciones que atraviesan la construcción social del CC era fundamental para poder trazar una agenda política más coherente y eficaz. En este sentido, la finalidad de esta investigación era hacer una aproximación a la percepción del CC (conocer) para luego poder intervenir. El contar con un primer diagnóstico sobre la cultura medioambiental de los valencianos, en general, y del cambio climático, en particular, debería permitir empe-zar a desarrollar estrategias políticas más eficaces de res-puesta al CC.

En los resultados que hemos presentado se hace evidente que existe una falta de información y una demanda de la misma a las administraciones públicas sobre el CC de ori-gen antrópico. Por ello, y desde nuestro punto de vista, la estrategia de la Dirección de Cambio Climático debería ir encaminada, como objetivo prioritario, a ofrecer una infor-mación clara y sencilla a colectivos estratégicos. En este sentido, se aconsejó que dicha información fuera clara y sintética, pero que contuviera las causas y las consecuencias del CC de forma explícita. Además se sugirió que, de forma gráfica, se presentaran los impactos locales y globales del CC para dar a conocer la necesidad de tomar medidas inaplazables siendo fundamental aquí ayudar a identificar las responsabilidades tanto colectivas como individuales. Por último, se recomendó la elaboración de una guía de buenas prácticas para implementar en la práctica cotidiana

En definitiva, la sencilla y compleja ecuación de siempre: conocimiento, compromiso y acción. Se trataría de conse-guir, por un lado, que la población asuma comportamien-tos y estilos de vida y, por otro, que la población impulse, participe y demande políticas alternativas que permitan

101

actuar de manera conjunta para frenar el CC introducido por la acción humana. Pero es evidente que sino existe un conocimiento del problema, de sus causas y consecuencias, es imposible actuar. Además, esa imposibilidad de llevar acciones a la práctica viene determinada, de nuevo, por el desconocimiento de las medidas paliativas que se pueden llevar a cabo en las prácticas cotidianas. De ahí la necesidad urgente de diseñar políticas que promuevan el compromiso real sobre el CC sin ellas será imposible mitigar los impac-tos ecológicos y sociales.

Bibliografía

Agencia Europea del Medio Ambiente (1998): Medio Ambiente en Europa. El informe Dobrís. Ministerio de Medio Ambiente. Ma-drid.

BORD, R.J.; FISHER, A. Y O´CONNOR, R.E., (1998): “Public per-ceptions of global warming: United Status and internacional perspectives”. Climate Research, Vol. 11, pp. 75-84.

CIRES, (1992): Ecología y Medio Ambiente. Boletín CIRES. Octu-bre.

CIRES, (1994): Ecología y Medio Ambiente. Boletín CIRES. Di-ciembre.

CIS, (1994): Representaciones de la sociedad española (1993-1994). Cuadernos Opiniones y actitudes. Centro de Investigaciones So-ciológicas, Madrid.

CIS, (1996): Estudio nº 2.209. Ecología y Medio Ambiente (I). Cen-tro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

CIS, (1998): Estudio nº 2.312. Latinobarómetro III. Centro de In-vestigaciones Sociológicas, Madrid.

CIS, (2000): Estudio nº 2.390. Medio Ambiente (Internacional So-cial Survey Programme). Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

102

CIS, (2001): Estudio nº 2.417. Latinobarómetro IV. Centro de In-vestigaciones Sociológicas, Madrid.

CIS, (2004): Estudio nº 2.557. Opiniones de los españoles sobre el medio ambiente. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

CIS, (2005): Estudio 2.590. Ecología y medio ambiente (II). Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

CIS, (2006): Estudio 2.635. Barómetro de Febrero. Centro de Inves-tigaciones Sociológicas, Madrid.

CIS, (2007): Estudio 2.682. Ecología y medio ambiente (III). Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

Climate Change Secretariat, (2004): Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climátic0. Los diez primeros años. UNFCCC, Bonn.

COI-DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) (2006): Attitudes to Climate Change. Wave 3. www.climatechallenge.cov.uk/multimedia/climate_change

European Comission (2005): Special Eurobarometer 217. The atti-tudes of European citizens towards environment [http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_217_sum_en.pdf]

European Comission (2008): Special Eurobarometer nº 295. Atti-tudes of European citizens towards the environment. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_295_en.pdf

European Comission (2008): Special Eurobarometer 300 Europe-ans’ attitudes towards climate change. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_300_full_en.pdf

Fundación BBVA (2006): Conciencia y Conducta Medio Ambien-tal en España. Unidad de Estudios Opinión Pública-BBVA. http://w3.grupobbva.com

Fundación BBVA (2008): Percepciones y actitudes de los españo-les hacia el calentamiento global. Unidad Estudios de Opinión Pública-BBVA.[http://www.fbbva.es]

103

HERAS, F., (2003): “Conocer y actuar frente al cambio climático: obstáculos y vías para avanzar”. Carpeta Informativa del CE-NEAM, Diciembre 2003, PP. 74-82.

HERAS, F., (2006): “Algunos retos educativos ante los problemas ambientales globales: el caso del cambio climático”. En Espinoza, E. y Cabero, V. (Eds.). Sociedad y medio ambiente. Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, pp. 147-180.

IPCC (2001): Cambio climático: Ciencia, Impacto, Adaptación y Mitigación. http://www.mma.es/cambio_climatico/pdf/3inf_ipcc.pdf.

IPCC (2007): Cambio climático 2007. Informe de síntesis. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf

Junta de Andalucía (2001, 2002, 2003, 2004): Ecobarómetro de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente-IESA-CSIC. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ecobarometro

/indecobar.html

MEIRA, P.A., (2002): “Problemas ambientales globales y educa-ción ambiental: una aproximación desde las representaciones sociales del cambio climático”, en Campillo, M. (Ed.). El papel de la Educación Ambiental en la Pedagogía Social. Diego Marín Editor, Murcia, pp. 91-133.

MEIRA, P.A., (2004): “La representación del cambio climático por los estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela”. Estudio en el marco del proyecto de investigación sobre Análise das representacións sociais dos problemas ambientais globais para o desenvolvemento de materiais e programas de Educación Ambiental financiado por la Xunta de Galicia. Programa de Inves-tigación en Medio Ambiente (I+D) (2001/PX168). Inédito.

MEIRA, P. A. Y ARTO, M., (2008). “La representación del cambio climático en la sociedad española. De la conciencia a la acción”. Seguridad y Medio Ambiente. Nº 109, marzo, 2008, pp. 30-47. http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/n109/articulo3.html

MEIRA, P.A., ARTO, M., MONTERO, P., (2009): La sociedad ante el Cambio Climático. Conocimientos, valoraciones y comporta-

104

mientos de la población española. Fundación Mapfre. http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/la-sociedad- ante-el-cambio-climatico.pdf

TÁBARA, D., Y QUEROL, C., (1999): “Evaluación integrada del cambio climático: Experiencias de grupos de discusión en el área metropolitana de Barcelona” en Pardo, M., (coord..): Sociología y medioambiente: Estado de la cuestión. Fundación Fernando de los Ríos-Universidad Pública de Navarra. Madrid.

105

EL RETO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Juan F. Bejarano Bella, Adolfo Torres Rodríguez, Carmen Sanz López

Introducción

En materia de conservación de la naturaleza entendemos que el principal reto de la Sociología a efectos de preserva-ción de espacios naturales protegidos (ENP) o áreas prote-gidas (AP) consistirá en demostrar que la protección de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales tie-nen una relevancia fundamental en la vida cotidiana de las comunidades y en la calidad de vida de las personas que conviven en dichos espacios. Nuestras investigaciones po-nen de manifiesto que la mayoría de las propuestas de con-servación de la naturaleza no consideran lo que para las personas ligadas a las AP es necesario o importante para su existencia/subsistencia y bienestar. Comprobamos que no existe, en la mayoría de las ocasiones, una correlación di-recta entre el nivel de detalle planteado a la hora de delimi-tar restricciones y prohibiciones de usos y la articulación de medidas de compensación y promoción socioeconómica. La dinámica de estas políticas de planificación y gestión de los ENP ha generado desconfianza en las poblaciones de las áreas de influencia socioeconómica, sobre todo, entre los individuos y colectivos más directamente afectados por ellos.

En el caso español hemos vivido, en un corto espacio de tiempo, un período de grandes transformaciones y profun-dos cambios en el modelo de ENP. Las últimas décadas se caracterizan por una rápida y rica modificación del marco

106

normativo donde se suceden diferentes leyes22 que inten-tan adaptar el modelo español a la realidad político-administrativa de nuestro país y a las nuevas estrategias y principios de conservación de la naturaleza. Como ejem-plos de ello podemos citar, la exposición de motivos de la ley 5/2007 de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, en la que se asume que “los territorios que merecen la con-sideración de Parques Nacionales son un producto social en el sentido de que son el resultado de la interacción histó-rica de la sociedad con el territorio”, así mismo, se señala que “la Red de Parques Nacionales debe asegurar la viabi-lidad de la coexistencia entre los Parques Nacionales y su entorno, demostrando, con el desarrollo de buenas prácti-cas, la aportación que la existencia de los Parques Naciona-les significa para el desarrollo sostenible del territorio de su área de influencia”, y también que “el ministerio –de medio ambiente- deberá contribuir a la implicación de los agentes sociales y a la participación de la sociedad en la consecu-ción de los objetivos de la Red”.

El abandono productivo de un espacio natural para facili-tar su conservación conducirá ineludiblemente a su trans-formación e incluso degradación ecológica. Sólo el mante-nimiento de su función productiva –o el mantenimiento de la ausencia de ésta- no sólo económica sino sobre todo eco-lógica y social, puede facilitar la conservación, pero enten-dida ahora como preservación (poner a cubierto anticipa-damente de algún daño o peligro-riesgo). La capacidad de producción será la esencia de los espacios protegidos, en modo alguno la protección que la preservación implica

22 Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975, Ley 4/1989 de

Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,

Ley 41/1997 sobre un nuevo modelo de gestión de los Parques Na-

cionales y establece la figura del Plan Director de la Red de Parques

Nacionales, Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacio-

nales y Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y

de la Biodiversidad.

107

puede ser sinónimo de abandono productivo o bloqueo de actividades. Cuando estos espacios dejan de responder a la función (usos/no-usos) que los ha generado y pasan a cumplir una función para la que no han sido diseñados, es cuando se transforman en espacios frágiles necesitados de protección. Otra cuestión será las consecuencias y costes sociales en la configuración de las estructuras socioeconó-micas ante la nueva situación o estructura generada, y es que “cada modelo de producción, cada sistema productivo, precisa de una Naturaleza funcionalmente adaptada a sus necesidades... en suma, tratar de mantener las actividades... es siempre la mejor defensa frente a las agresiones exterio-res al ecosistema a proteger... hacer otro tipo de considera-ciones es puro romanticismo, inservible para el análisis social”. (Baigorri, A. 1998).

Los espacios naturales protegidos son un producto social

La declaración de un espacio natural como área protegida conlleva el reconocimiento implícito de ‘bien’ o ‘recurso escaso’ sobre la totalidad del espacio natural o hacia alguno de los elementos que lo integran. Supone una puesta en valor del ENP en la que subyace el no-reconocimiento de valor intrínseco a la naturaleza. A este respecto, J. Dome-nech (1999) plantea que, a menudo, los ENP son islas de protección (por lo general pequeñas) dentro de un mar de explotación, por lo que se protegen especies y comunidades pero no procesos. Para este catedrático de ecología, cual-quier política de protección de espacios naturales debe te-ner en cuenta dos principios fundamentales: a) las áreas protegidas no pueden consistir en islas de protección, pe-queñas y aisladas, en medio del mar de explotación, aban-dono o degradación del resto del territorio; y b) todo el territorio es merecedor de protección, porque la biosfera no hace distingos y se extiende por todo el territorio. Lo que debe protegerse no son las cosas (determinadas especies o

108

comunidades), sino los procesos, y no es posible encasillar tales procesos dentro de espacios limitados arbitrariamente.

Los modelos de conservación de la naturaleza, al conside-rar a ésta un recurso -mediante la atribución de valor-, la convierten en mercancía –objeto de mercado- generando una amplia gama de intereses que desencadena abundante conflictividad entre los diversos actores tendentes al esta-blecimiento de nuevos equilibrios de poder. Según esto, cualquier estrategia de conservación de la naturaleza po-dremos considerarla como una acción socio-política y, co-mo tal, objeto de análisis desde la Sociología. Expresado en términos sociológicos de corte más clásico podemos afirmar que los ENP son un producto social, y por tanto con un componente social ineludible e incuestionable. Por nuestra parte, hace tiempo que venimos señalando que las actua-ciones orientadas al fomento socioeconómico en los muni-cipios del área de influencia de un ENP suponen la apertu-ra de nuevos ámbitos, no sólo para la investigación, sino también, para el ejercicio profesional del sociólogo como profesional capaz de contribuir a la preservación del medio ambiente, mediante su participación en la definición, dise-ño, desarrollo y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos orientados a armonizar conservación de la na-turaleza con el desarrollo socioeconómico en la línea de la preservación y la sostenibilidad. Igualmente, el análisis de la respuesta social ante la declaración de un territorio como ENP, la participación social en la gestión, la educación am-biental, la formación de grupos de voluntarios ambientales, la conciencia ambiental, las iniciativas económicas empren-didas, la conflictividad social generada, y un largo etc. no son más que una pequeña muestra de las múltiples posibi-lidades de investigación que para el sociólogo ofrecen los ENP23.

23 TORRES, A. J. y SANZ, C. “El papel del sociólogo en los Es-

pacios Naturales Protegidos”. Ponencia presentada al I Congreso

profesional de Politólogos y Sociólogos. Madrid, 2001.

109

El análisis de las estructuras socioeconómicas en un espa-

cio natural concreto exige investigar los cambios en un con-texto de complejidad e incertidumbre. En primer lugar, se habrá de reconocer que los pobladores son los directos ges-tores del espacio, son ellos y sus antepasados los que han permitido que el espacio natural sea hoy lo que es y no otra cosa. En segundo lugar, la regulación y gestión del espacio concreto ilustrará la pluralidad de situaciones acaecidas en un ENP determinado aunque para establecer las causas de los cambios hayamos de huir de lo particular y tender a lo global.

La actual Sociología del Medio Ambiente ha incorporado como nuevo paradigma aquel que considera las condicio-nes de los sistemas medioambientales en los que se desen-vuelven los sistemas sociales. Este planteamiento sociológi-co parte del concepto de interacciones medioambientales o relaciones socioambientales como constructo teórico que asume la transición desde ecosistemas naturales a sistemas transformados antropológicamente y que viene a significar la transferencia de ciertas funciones físicas de conservación y realimentación desde el ecosistema natural al sistema social (Woodgate y Redclift, 1998). En la mayoría de las sociedades actuales la complejidad de las estructuras socia-les alarga la cadena de conexión e interdependencia entre la sociedad –sistema social- y el medio biofísico –ecosistema natural- incorporando los lazos entre los diversos actores y las instituciones sociales y alejando a éstos de la naturaleza. La consecuencia de esta dinámica será el distanciamiento humano y social respecto de la natura. Los espacios vitales experimentados por los diferentes actores se caracterizan por conjuntos específicos de relaciones sociales simbólicas y materiales que definen sus estructuras y que pueden ser localizados en límites espacio-temporales.

En un trabajo precedente (Torres Rodríguez, 1996) com-probábamos que la población que vive y mantiene una

110

relación práctica y cotidiana con el monte -como espacio natural- concibe que éste es su medio, no sólo su medio físico sino que además forma parte de su existencia, de su realidad. Dos son los aspectos que van a conformar y con-dicionar esta concepción: de un lado un componente afecti-vo-simbólico, de otro un componente material. El primero, encontraría su raíz en el hecho incuestionable de que son sus pobladores, lo que les permite atribuirse derechos, con-cedidos y concebidos tradicionalmente como naturales. Se trata de su espacio. El segundo, que se expresaría en el de-seo de la población de permanecer en este espacio, viene determinado por las relaciones prácticas –productivas- que se mantienen con él. El signo, positivo o negativo, de cada uno de estos dos componentes dependerá de las necesida-des humanas que el medio venga a satisfacer y del uso y aprovechamiento que se haga del mismo. En la conjunción de los dos componentes señalados, subyace una identifica-ción con el Medio, que en el supuesto de máxima identidad reconoce una mutua dependencia. Su imagen del monte es la de un medio productor intervenido por los seres huma-nos, que es usado por éstos, contribuyendo a su manteni-miento y conservación.

La presencia ciudadana en la conservación del espacio natural Doñana

Cuando hablamos de “nuevas políticas de conservación de la naturaleza” nos estamos refiriendo a la etapa que se inicia en las estrategias de conservación de la naturaleza a partir del V Congreso mundial de Parques “Beneficios más allá de las fronteras” organizado por la UICN en la ciudad sudafricana de Durban en septiembre de 2003. Ahora, el principal objetivo será insertar las AP en programas más amplios de conservación y desarrollo con el objetivo de forjar sinergias entre la conservación y la promoción de un desarrollo sostenible. Se reconoce que para armonizar la conservación y el desarrollo de las comunidades locales es

111

necesario que tanto los beneficios como los costes de la conservación sean distribuidos de manera equitativa entre la sociedad en su conjunto. Algo que no ocurre ahora: los beneficios se distribuyen a nivel global mientras que son las comunidades locales las que soportan los mayores cos-tes. Y es que las AP además de contribuir al desarrollo sos-tenible por la prestación de servicios ecológicos también pueden generar un impacto negativo en las comunidades locales si no se tienen en cuenta sus derechos. En este sen-tido, el reto de futuro consiste en incorporar las necesida-des y aspiraciones de las comunidades locales y otros in-teresados directos en un AP mediante la participación de todos ellos en la elaboración y adopción de decisiones que les afectan. En resumen, Durban pone de manifiesto que en la práctica las AP deben administrarse de acuerdo con el enfoque por ecosistemas (estrategia de gestión integrada de las tierras, el agua y los recursos biológicos que promueve la conservación y la utilización sostenible de una manera equitativa), y por los principios de la UICN que compren-den la descentralización, la participación, la transparencia y la responsabilización. El Congreso, a la par que recalca la importancia que las áreas Protegidas revisten para el desa-rrollo sostenible por la prestación de servicios ecológicos y las oportunidades de sustento que representan, hace notar el impacto negativo que dichas áreas pueden generar en las comunidades locales si no se tienen en cuenta sus derechos y si éstas no participan plenamente en la elaboración y adopción de decisiones que les afectan. En este sentido, para contar con un sistema mundial de áreas protegidas debidamente gestionado se asume la urgencia de medidas que permitan la participación activa en el proceso de la amplia variedad de sectores, comunidades e intereses pre-sentes en cada caso. Una condición fundamental para lo-grar la responsabilización de los interesados directos es la creación de un ambiente de confianza y diálogo entre todas las partes. Dicho clima sólo se conseguirá mediante una

112

buena gobernanza en las áreas protegidas. La adopción de políticas apropiadas consistirá, entre otras cosas, en: habili-tar a las comunidades locales para participar en la ordena-ción de las AP; asegurar una distribución equitativa de costos y beneficios relacionados con las AP; y reconocer la diversidad de enfoques relativos a la gobernanza de las Áreas Protegidas.

De acuerdo con lo dicho, la gobernanza ocupa un lugar central para la conservación de las Áreas Protegidas. Se basa en una serie de principios subyacentes que represen-tan lo que se podría describir como valores humanos fun-damentales. Estos incluyen el concepto de integración, oportunidades equitativas para contribuir al proceso de decisión, y una participación significativa de todas las par-tes afectadas por las áreas protegidas o que se beneficien con ellas. Comprende asimismo valores institucionales de transparencia, capacidad de dirección, eficiencia y rendi-ción de cuentas. Los cinco principios de una “buena” go-bernanza (legitimidad y voz, eficiencia, rendición de cuen-tas, equidad y dirección) permiten el análisis comparativo de los diversos modelos existentes como proceso de adap-tación de los mismos al contexto pertinente del AP concre-ta, y se convierten en instrumentos de evaluación participa-tiva mediante ejercicios como pueden ser los procesos par-ticipativos en la toma de decisiones, los procedimientos de resolución de conflictos y los mecanismos de control y eva-luación.

Se hace necesario un proceso de comunicación estratégica participativa y multimedia a nivel de encargados de la to-ma de decisiones, poblaciones urbanas y comunidades lo-cales. Una comunicación en ambos sentidos y la participa-ción de los interesados directos en los procesos de decisión pueden contribuir a que se conozcan mejor las percepcio-nes, problemas y necesidades de las partes interesadas en las AP y a que se involucre a las comunidades en su con-servación activa. Las AP son percibidas como la realización

113

de una vocación ética. Expresan los deseos de la humani-dad en pro de la preservación de la vida en el planeta. Por ello, son objeto de veneración. El grado en que las AP cum-plen sus objetivos de conservación y alcanzan las metas sociales, económicas y ambientales está estrechamente rela-cionado con la calidad de su gobernanza. En la actualidad, existen en el mundo una diversidad de tipos de gobernanza de Áreas Protegidas en función de las partes sobre las que debería recaer la responsabilidad de la misma sobre bases legítimas. El concepto de Gobernanza abarca la interacción entre las estructuras, los procesos, las tradiciones y los sis-temas de conocimientos que determinan la forma en que se ejerce el poder, la responsabilidad, se adoptan las decisio-nes y expresan su opinión los ciudadanos y otros interesa-dos directos. Debe reflejar y abordar los factores sociales, ecológicos, culturales, históricos y económicos pertinentes y debe definirse teniendo en cuenta, para cada AP, las cir-cunstancias, las tradiciones y los sistemas de conocimientos locales.

El Área Protegida formada por el Parque Nacional y Na-tural de Doñana han contado históricamente con los órga-nos de gestión habituales hasta el año 2006, donde la Junta de Andalucía asume la gestión del Parque Nacional de Do-ñana, e introduce un nuevo concepto en estos órganos co-legiados aunando el hasta ahora Patronato del Parque Na-cional y la Junta Rectora del Parque Natural en un nuevo órgano al que llamará Consejo de Participación de Doñana, un foro que asumirá las funciones que correspondían a sus antecesores, en cuanto a colaboración y coparticipación entre las Administraciones implicadas haciendo efectiva la coordinación interadministrativa, además de posibilitar la intervención de los ciudadanos en la gestión del END. Sin embargo, según la información proporcionada por la nor-mativa que lo regula, este órgano, al igual que sus predece-sores, poseerá un carácter predominantemente consultivo. Los datos de la siguiente tabla muestran como las funciones

114

que más se repiten son las de informar, promover y propo-ner.

Tabla 1. Composición y funcionamiento del Consejo de

Participación de Doñana

Funciones

Patronato

Junta Rectora

Consejo de Participación

Total

Velar 1 0 1 2

Promover 3 1 2 6

Aprobar provi-sionalmente

1 1 0 2

Informar 1 3 8 12

Aprobar regla-mento interior

1 1 1 3

Colaborar 0 1 1 2

Facilitar 0 1 1 2

Conocer 0 1 0 1

Aprobar 0 1 1 2

Requerir in-formación

0 1 0 1

Proponer 0 4 0 4

Acordar 0 1 1 2

Someter 0 1 0 1

Recabar infor-mación

0 0 1 1

Total 9 17 17 43

Elaboración Propia. Fuente: Consejería Medio Ambiente Junta de Andalucía.

En este sentido, es importante distinguir entre informa-

ción, comunicación y participación24. En la información,

24 Distinción que recoge David Tábara en su capítulo “Los para-

digmas culturalistas, cualitativo y participativo en las nuevas líneas

de investigación integrada del medio ambiente y la sostenibilidad”

del libro editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de

115

unos hablan y otros escuchan, en la comunicación se pro-duce un flujo de información en todas direcciones y afecta a todas las partes que intervienen, pero es en los procesos de participación cuando la comunicación se materializa en propuestas y en programas de acción que reparten conoci-mientos, objetivos, medios y responsabilidades concretas entre todos los participantes. Podemos clasificar estas tres dimensiones bajo dos criterios básicos, de un lado, el grado de implicación de los distintos agentes sociales (nivel de demanda de atención, de esfuerzo y de implicación por parte de los diferentes actores participantes), de otro lado, el grado de otorgamiento de responsabilidad (nivel efectivo en el que los distintos agentes sociales tienen capacidad para entrar en los procesos de evaluación y decisión, y en contrapartida, adquieren responsabilidades). El Consejo de Participación estaría en una fase de comunicación, donde los diferentes actores sociales de las comunidades locales de este espacio natural sólo se encuentran implicados, sin que lleguen a asumir responsabilidad en la toma de deci-siones. Decimos esto porque en el decreto por el que se crean los Consejos de Participación, los representantes con-servacionistas disminuyen su representación y desaparece la representación de las asociaciones de vecinos, por el con-trario aumenta la representación de las administraciones hasta un total de veintiocho (Tabla 2). Este dato es significa-tivo del nuevo marco regulador de la participación de la sociedad, que atendería más a una correlación de fuerzas entre administraciones que a integrar las demandas y pro-blemáticas de las comunidades locales. El Consejo de Parti-cipación no sólo carece de participación real en la toma de decisiones sobre el Espacio Natural Doñana, sino que ado-lece también, de la representación necesaria de sus comu-nidades locales. Realidad que es reinterpretada desde la

Andalucía (2006): Persona, Sociedad y Medio Ambiente. Perspecti-

vas de la investigación social de la sostenibilidad.

116

dirección del END cuando se afirma que “el único vehículo de participación son los alcaldes”.

Tabla 2. Representación Órganos Colegiados de Doñana

Patronato

Junta

Rectora

Consejo de Participación

Representantes de la Admón. Central

13 1 10

Representantes de la Administración Au-tonómica

1 6 13

Diputación 2 3 3

Ayuntamientos 5 10 11

Mov. Ecologistas 3 3 3

Empresarios 1 6 5

Consumidores 0 1 1

Asociación vecinos 0 1 0

Sindicatos 0 3 2

Universidad 1 3 3

Hermandad Matriz del Rocío Almonte

0 1 1

Persona prestigio 0 0 2

END 0 0 4

Federación Caza 0 0 1

Usos 0 0 1

Propietarios 0 0 2

TOTAL 26 38 62

Elaboración Propia. Fuente: Consejería Medio Ambiente Junta de Andalucía

117

La participación como instrumento de preserva-ción

Superada la separación y distancia entre sostenibilidad y conservación en los términos tratados, en ambos casos coincidiremos en hablar de Preservación Ecológica, donde el medio para conseguirla será el Desarrollo Sostenible y como requisito imprescindible la participación ciudadana (Cuadro 1) de la que destacan aspectos tales como: nuevos mecanismos de participación, perfil de los agentes implica-dos, funcionamiento, temáticas, actuaciones, composición social de estos nuevos órganos. Todos estos aspectos, entre otros muchos, constituyen nuevos elementos a medir y necesitados de instrumentos para ello, nos referimos a nue-vos indicadores de contenido participativo y de satisfacción de los ciudadanos tanto de carácter cuantitativo como, so-bre todo, de tipo cualitativo.

Cuadro 1. La Participación Ciudadana como herramien-

ta de Preservación Ecológica

118

Hemos intentado demostrar que en la puesta en práctica de la participación ciudadana se produce una recontextua-lización por parte de los agentes sociales dotándola de for-ma y contenido real alejado en ocasiones del sentido origi-nario, de tal forma que la formación de la política de parti-cipación viene a encubrir la desigual distribución de las responsabilidades entre los agentes.

La gobernabilidad tanto en las ciudades “sostenibles” mediante agendas 21 locales como en los espacios naturales protegidos requerirá de instituciones participativas donde se produzca una participación efectiva. Los mecanismos que nos interesan serán todos aquellos que permiten algún grado de participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, instrumentos que vayan más allá de proveer in-formación al ciudadano sobre la actividad de la Adminis-tración, de forma que supongan un intercambio bidireccio-nal. Por tanto, nos interesan los mecanismos organizados que permiten escuchar la voz de la ciudadanía en los pro-cesos de toma de decisiones a nivel local. Estas nuevas for-mas participativas traerán consigo una democracia fuerte capaz de superar las limitaciones de la representación. El término adquiere un sentido de concreción y de mera reali-dad sólo cuando los individuos se redefinen como ciuda-danos y se reúnen directamente para resolver conflictos o alcanzar acuerdos o implementar decisiones. (Barber B. 2004)

De esta forma, la consecución de los objetivos de sosteni-

bilidad y de la conservación de la naturaleza será fruto de la directa imbricación entre los diferentes intereses particu-lares legítimos de los grupos que ponen algo en juego en la adopción de decisiones y las diversas formas de conoci-miento que le son propias. Se conseguiría así, desterrar la incertidumbre institucional en la determinación de decisio-nes equitativas y la valoración de la participación como una forma de intrusismo, tanto activo como pasivo. El primer

119

tipo, referido a la intromisión de colectivos sociales -de un supuesto estatus subordinado- en un terreno -preconcebido como propio- de expertos y gestores. En el segundo, los expertos y administradores confunden el saber cualificado –autoridad racional basada en el saber- con la participación –intereses particulares legítimos-.

El XV Congreso de Europarc-España celebrado en junio de 2009, señala en las conclusiones la relación entre el desa-rrollo rural y la conservación. De hecho, de las cuatro se-siones de trabajo del congreso dos de ellas se dedican a esta temática. Señalando los beneficios de la colaboración entre entidades de conservación, de desarrollo, así como con su entorno social. En este mismo sentido, el documento elabo-rado en dicho congreso “Estándar de calidad en la Gestión para la Conservación en Espacios Naturales Protegidos” señala entre sus principios generales el de “asegurar el apoyo social”: el proceso de planificación y ejecución de las acciones de conservación debe tener en cuenta a todos los agentes locales potencialmente implicados, y valorar la oportunidad de tenerlos en cuenta en el proceso de toma de decisiones. La mayor parte de planes de conservación pre-cisan para ser viables de amplio respaldo social e implican asumir compromisos, limitaciones de usos y obligaciones por parte de toda la comunidad. Para ello es preciso prever mecanismos de participación pública en todo el proceso, desde la concepción del plan o proyecto a su evaluación. Muchos problemas de conservación no son estrictamente biológicos, sino que frecuentemente tienen también que ver con los sistemas humanos y sus patrones de comporta-miento (p. ej.: cambios en patrones tradicionales). Conside-rar el entorno socioeconómico es esencial para asegurar el éxito de las acciones de conservación, por lo que es necesa-rio poner el énfasis en la participación social en la toma de decisiones (Jiménez Pérez, 2005). En todo caso la magnitud del proceso de participación debe adecuarse a la naturaleza del plan o proyecto, siendo más limitada en proyectos muy

120

concretos o que afectan a un número reducido de colecti-vos. Como mínimo debería verificarse cuáles son los colec-tivos implicados para poder valorar si es necesario em-prender un proceso de participación (Cuadro 2). De lo con-trario, lo que estamos logrando es desencantar a los ciuda-danos y desgastando -cuando no eliminando- el componen-te mágico que envuelve al Desarrollo Sostenible, a la Soste-nibilidad y a la Conservación de la naturaleza y que les hace ser aceptados por todos en tanto estrategias de preser-vación ecológica y erradicación de la miseria.

Cuadro 2. Criterios para procesos participativos

1. Identificar a todos los actores sociales con relación direc-

ta o indirecta con el plan o proyecto 2. Incorporar mecanismos para que los colectivos implica-

dos puedan aportar sus puntos de vista al plan o proyec-to

3. Incluir participación en todas las fases del proceso de planificación: diagnóstico, implementación y difusión.

4. Poner en práctica herramientas de participación, para considerar y comprender las motivaciones de los actores sociales respecto al plan o proyecto y se hagan explíci-tas.

Una propuesta participativa para Doñana

Con el objetivo de aunar esfuerzos y conseguir la máxima eficacia en procesos participativos encaminados a la pre-servación del patrimonio natural, hemos definido un mo-delo metodológico para el diseño de nuevas estructura lo-cales de participación en el Espacio Natural Doñana, a par-tir de las indicaciones y recomendaciones de más de cin-cuenta agentes sociales implicados en la conservación de

121

Doñana25. Tratándose este trabajo de una aportación teóri-ca, no pretendemos entrar en el plano del reglamento, sólo incidiendo en algunas de las consideraciones más impor-tantes para la creación de dichos foros. Considerando que el proceso participativo sólo se puede planificar partici-pando, nuestro trabajo permanecerá, por tanto, en el te-rreno de las recomendaciones.

La primera característica de esta nueva herramienta par-ticipativa, a la que denominamos “Consejo Local de Parti-cipación de Doñana”, CLP, será su carácter interadminis-trativo, ya que dependerá del máximo órgano colegiado de participación de Doñana, adscrito, a efectos administrati-vos, a la Consejería de Medio Ambiente, siendo la Sociedad Civil la que participe, de ahí que se proponga una gestión descentralizada y compartida (Cuadro 3). Con el fin de superar la complejidad territorial de Doñana, el CLP ha de contar con delegaciones en todos los municipios del Parque Nacional y otras tantas en aquellos del Parque Natural (municipios pertenecientes a las provincias de Huelva, Se-villa y Cádiz) todas ellas con sede física y de carácter per-manente. Para esta empresa será necesario un equipo técni-co especializado en funciones de asesoramiento ciudadano y de formación, dependiente del END, en coordinación interadministrativa con los diferentes técnicos/as de parti-cipación de los municipios del END. La voluntad de las seis delegaciones ciudadanas serán recogidas por dos represen-tantes (Ciudadanos del Parque Nacional y Ciudadanos del Parque Natural) haciéndola llegar al máximo órgano cole-giado de participación de Doñana: el Consejo de Participa-ción.

Cada CLP territorial estaría presidido por una represen-tación municipal/provincial (persona de reconocido presti-

25 La información sobre este estudio se encuentra recogida en Be-

jarano Bella J. F.: La gestión Compartida en Espacios Naturales

Protegidos. Análisis sociológico de la Participación Ciudadana en

Doñana. Pendiente de publicación.

122

gio) y del END. Entre los agentes sociales dispuestos a participar encontramos, entre otros: agricultores locales, empresarios de turismo ambiental, ganaderos, usos tradi-cionales, cazadores, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociaciones de amas de casa, etc. por lo que la participación deberá presentar un carácter mixto, donde tengan cabida tanto representantes de agentes sociales y económicos de los municipios, como todos aquellos ciuda-danos no organizados de Doñana interesados en su gestión y conservación.

Cuadro 3. Esquema del Consejo Local de Participación

de Doñana

123

Los Consejos Locales de Participación El régimen jurídico de funcionamiento del CLP será el

que se disponga en su Reglamento de Régimen Interno según lo establecido en los artículos 22 y siguientes, sobre los órganos colegiados, de la Ley 30/1992, de 26 de no-viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-cada por la Ley 4/1999.

Las funciones de los diferentes CLP serían tres, que vie-nen a corresponder con los tres niveles de participación considerados.

1. Primer nivel de participación: Función de coordinar un sistema de información eficaz

capaz de proveer a los ciudadanos de Doñana de toda aquella información e iniciativas de conservación y desa-rrollo que giren en torno a Doñana, mediante charlas, con-ferencias, reuniones, etc., utilizando un lenguaje cercano capaz de crear vínculos e interés, acortando distancias a su vez entre el saber científico y el tradicional. Por otro lado, el equipo técnico encargado de los CLP deberá proporcionar la información necesaria para conocer el orden del día pre-vio a la celebración del pleno o asamblea de dicho Consejo. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han de jugar un papel crucial en este apartado. Toda in-formación que no es entendida no sirve, por lo que a veces, será necesario una labor previa de formación, hasta cons-truir toda una pedagogía de la conservación.

2. Segundo nivel de participación: Abrir una fase de diálogo entre administración y ciuda-

danos será una segunda fase de continuación natural de la anterior. Ya que después de una fase de información “en-tendida”, los ciudadanos darán su opinión de forma madu-ra.

124

3. Tercer nivel de participación: Se coordinará un proceso que permita participar en la

gestión, es decir, una gestión compartida donde se posibili-te la toma de decisiones conjunta, y dicha ejecución sea compartida por los miembros de la colectividad. Para, por último, elevar dichas decisiones al Consejo de Participación de Doñana. La participación será efectiva antes de la toma de decisiones, es decir, en la planificación de la participa-ción, debiéndose practicar también después de la toma de decisiones, en la ejecución y en la evaluación. La vincula-ción de las decisiones tomadas en el proceso deliberativo será clave para conseguir una participación real.

En cuanto a las competencias de los diferentes CLP, serán todas aquellas recogidas en el Capítulo III, artículo 16 de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Do-ñana:

Colaborar en el cumplimiento de los objetivos perseguidos

por la declaración del Espacio Natural.

Promover el conocimiento y la difusión de los valores del Espacio Natural Doñana.

Fomentar, facilitar y canalizar en lo posible la participaci-ón y las iniciativas de los ciudadanos en la promoción y conservación del Espacio Natural Doñana.

Velar por el cumplimiento de las normas que afecten al Espacio Natural Doñana y proponer todas aquellas actua-ciones o disposiciones que se consideren necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos del mismo.

Informar los planes que afecten a la ordenación y gestión de los recursos naturales del Espacio Natural Doñana y a la conservación de la flora, la fauna y sus hábitat y cual-quier instrumento de planificación que afecte al ámbito del mismo, particularmente el Plan de Desarrollo Sosteni-ble, así como cualquier propuesta de revisión de los pla-nes.

Informar el Plan Anual de Trabajo e Inversiones del Espa-cio Natural, los planes sectoriales específicos y los pro-

125

gramas de investigación científica.

Proponer las posibles modificaciones de los límites de las figuras de protección que integran el Espacio Natural Do-ñana.

Recabar y recibir información sobre las actuaciones y acti-vidades que se desarrollen en el Espacio Natural Doñana relacionadas con su conservación y uso público.

Aprobar la Memoria anual de actividades elaborada por el Equipo de Gestión del Espacio Natural Doñana, proponi-endo las medidas que considere necesarias para corregir disfunciones y mejorar la gestión.

Informar los proyectos de obras y trabajos que se conside-ren necesarios realizar y no figuren en el Plan Rector de Uso y Gestión o en el Plan Anual de Trabajos e Inversio-nes.

Informar el régimen de funcionamiento de las instalacio-nes y servicios del Espacio Natural Doñana, propuesto por el Equipo de Gestión.

Informar sobre la propuesta de distribución de ayudas y subvenciones en el Área de Influencia Socioeconómica del Espacio Natural Doñana.

Informar las propuestas de autorizaciones de actuaciones no prohibidas en la presente Ley ni contempladas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales o el Plan Rec-tor de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana.

Informar los Convenios de colaboración que el Equipo de Gestión vaya a proponer a la Administración de la Comu-nidad Autónoma.

Aprobar su Reglamento de Régimen Interno.

Acordar la creación de comisiones o grupos de trabajo.

Bibliografía

ADENA (2006): Doñana y Cambio Climático: Propuestas para la mitigación de los efectos. Universidad de Huelva.

126

BAIGORRI, A. (1998): “De la naturaleza social de la Naturaleza” en PARDO, M. (Coord.): Sociología del Medio Ambiente. Estado de la Cuestión. Fundación Fernando de los Ríos. Madrid. Bayon (2004):

COHEN, J. y ROGERS, J. (1998): “Solidaridad, democracia y aso-ciación” Rev Zona Abierta, nº 84-85, 177-218

COMISIÓN MUNDIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (2005): Pro-grama europeo 2005-2008 “Áreas Protegidas en Europa para la gente y la naturaleza”. UICN.

DOMENECH, J. (1999): “El uso y disfrute de los Espacios Prote-gidos y de Interés: Política Forestal y de Parques Naturales. La protección de la biodiversidad dentro de una estrategia de Desa-rrollo Sostenible” en GRAU RAHOLA, J. (Coord.): Política Am-biental y Desarrollo Sostenible. Ed. Instituto de Ecología y Mer-cado. Barcelona. 223-243

DRYZEK, J. S. (1998): “Ecología y democracia discursiva: más allá del capitalismo liberal y del estado administrativo” Rev. Ecología Política, nº 16, 95-109.

EUROPARC-ESPAÑA (2002): Plan de Acción para los Espacios Naturales Protegidos del Estado Español. Ed. Fundación Fernan-do González Bernáldez. Madrid.

(2008a): Procedimiento para la asignación de las categorías inter-nacionales de manejo de áreas protegidas de la UICN, manual 6 del Plan de Acción.

(2008b): Planificar para gestionar los espacios naturales protegi-dos, manual 7 del Plan de Acción.

FUNTOWICZ, S. y RAVERZ, J. (2000): La ciencia posnormal. Ciencia con la gente. Icaria Antrazyt. Barcelona. Landell-Mills y Porras (2002):

MALLARACH, J. M. (1995): “Parques Nacionales versus Reservas Indígenas en los Estados Unidos de América: un modelo en cues-tión” en Rev. Ecología Política nº 10, 25-34.

MULERO MENDIGORRI, A. (2002): La protección de Espacios Naturales en España. Antecedentes, contrastes territoriales, con-

127

flictos y perspectivas. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.Pagiola S. (2002):

PEDREÑO CÁNOVAS, A. y CID CID, J. F. (1998): “Conflictos entre localidades y protección de espacios naturales en España” en Rev. Ecología Política nº 15, 79-89. Sokolow y Zurbrugg (2003):

SANZ, C. y SÁNCHEZ ALHAMA, J. (1998): Medio Ambiente y Sociedad: de la metáfora organizcista a la preservación ecológica. Ed. Comares. Granada.

SANZ. C. y TORRES RODRÍGUEZ, A. J. (2006); “Gobernabilidad en las áreas protegidas y participación ciudadana” Revista Papers nº 82 monográfico de Sociología del Medio Ambiente, 141-161.

TÁBARA, D. (2006): “Los paradigmas culturalistas, cualitativo y participativo en las nuevas líneas de investigación integrada del medio ambiente y la sostenibilidad” en DE CASTRO, R. (Coord.): Persona, Sociedad y Medio Ambiente. Perspectivas de la investi-gación social de la sostenibilidad. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Sevilla.

TORRES RODRÍGUEZ, A. J. (1996): Mapa de conflictividad social en la provincia de Granada para la prevención de los incendios forestales. Asistencia Técnica realizada para la Delegación pro-vincial de Granada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 36-40 Vol.I

(2003): Estudio sociológico de los Espacios Naturales Protegidos: de la conservación a la sostenibilidad. Ed. Universidad de Grana-da.

WOODGATE, G. y REDCLIFT, M. (1998): “De una Sociología de la Naturaleza a una Sociología Ambiental. Más allá de la Cons-trucción Social” en Rev. Internacional de Sociología nº 19 y 20 monográfico sobre “Sustentabilidad, Recursos Naturales y Políti-cas de Medio Ambiente. Una aproximación desde la Sociología”. IESA-CSIC.

128

NI EN MI CASA, NI EN LA TUYA: ALTRUIMO AMBIENTAL Y CONFLICTOS

Artemio Baigorri Agoiz, Mar Chaves Carrillo

Introducción

Se presentan en este trabajo algunos resultados iniciales, vinculados entre sí, de dos líneas de trabajo promovidas por el Grupo de Investigación en Estudios Sociales y Terri-toriales de la Universidad de Extremadura (GIESyT, en la actualidad Análisis de la Realidad Social, ARS), como es la realización de sucesivos Ecobarómetros en Extremadura26 (sin financiación externa y gracias a la colaboración de pro-fesores y estudiantes de la Universidad de Extremadura) y la línea sobre conflictividad ambiental englobada dentro del proyecto de I+D “De la modernización ecológica a la sociedad de riesgo” dentro del IV PRI de la Junta de Extre-madura27.

El trabajo está basado en los datos del Ecobarómetro de Extremadura 2008, los cuales ponen de manifiesto la fuerte relación existente entre el nivel de exposición conflictual (tras el pertinente estrés ambiental derivado de fuentes potenciales o reales de conflictividad) y la propia participa-

26 Desde hace algunos se realiza gracias a la colaboración de profeso-res y alumnos de la Universidad de Extremadura; realizado por pri-mera vez en el año 2000 referido al alumnado de esa Universidad, en 2001 al profesorado y PAS, y en 2005 a la población de la región, repitiéndose de nuevo en la primavera del 2008. En esta ocasión se han introducido una serie de preguntas orientadas precisamente a conocer la vinculación de la población con los principales conflictos ambientales conocidos en la región. 27En cuyo marco se ha realizado el Ecobarómetro 2011 de Extremadu-ra, que permitirá actualizar y profundizar los aspectos tratados en este capítulo.

129

ción. En el texto se discute además si podemos atribuir al efecto NIMBY el compromiso ambiental, o si por el contra-rio podemos considerar que otros factores bien estructura-les, bien superestructurales (culturales) tienen más peso que la afección directa.

Los conflictos ambientales

En los últimos años la literatura sobre conflictos ambien-tales se ha ampliado notablemente. Lo que durante décadas fue visto como “problemas ambientales” (el impacto negativo de las actividades humanas sobre su entorno) viene confi-gurándose, con el abordaje de tales problemas desde diver-sas disciplinas (Psicología Social, Ciencia Política, Derecho, o la propia Sociología, que a su vez conforman los compo-nentes multidisciplinarios del campo cada vez más influ-yente de las Técnicas de Resolución de Conflictos) en un ámbito específico de estudio.

Se han venido introduciendo tipologías más o menos acertadas, todas con pretensión de universalidad aunque las más de las veces se trate de construcciones empiristas válidas únicamente para las sociedades en las que se cons-truyen. Así ocurre, por ejemplo, con la distinción (Martinez, 1997; Fontaine, 2004) entre conflictos ambientales (referidos a desacuerdos entre partes respecto a la asunción de las ex-ternalidades del desarrollo económico, y que según algunos autores opondrían sólo a actores exógenos al proceso en sí) y conflictos socioambientales (referidos a desacuerdos respec-to a la propiedad, distribución y gestión de los recursos, y que implicarían directamente a las comunidades afectadas).

El hecho cierto es que tanto los problemas como los con-flictos ambientales (no todos los problemas, ni mucho me-nos, generan conflictos, y no todos los calificados como conflictos ambientales derivan de auténticos problemas ambientales), como la propia Naturaleza en cuyo marco se dirimen tales asuntos, es de naturaleza social, un producto

130

de la interacción social y la evolución cultural (Baigorri, 1999) y, como tales, el conflicto es parte consustancial.

En cualquier caso, y estando en la actualidad nuestra in-vestigación en fase de revisión de los aspectos teóricos rela-cionados con los conflictos ambientales, a efectos de la ex-plotación inicial de los datos del Ecobarómetro de Extre-madura28 vamos a hacer una consideración indiscriminada de la conflictividad ambiental. De hecho hemos preferido hablar de estrés ambiental para referirnos, en general, a situaciones que, o pueden ser potencialmente fuentes de conflicto, o presentan ya todos los elementos tipológicos de un conflicto social.

Conflictividad ambiental en Extremadura

Extremadura tiene una larga historia de conflictividad ambiental. Las causas y dinámicas históricas subyacentes pueden verse desde distintas interpretaciones, sean las re-laciones centro-periferia y la dependencia (Gaviria, Naredo, 1978, Baigorri, 1979) que siguen marcando el análisis de la conflictividad ambiental en algunas regiones y continentes en la actualidad, sean interpretaciones más multifactoriales (Baigorri, 2004).

Aunque el conflicto ambiental más antiguo surgió como consecuencia del intento de construcción de una industria papelera en el río Guadiana, cerca de Mérida (1976), fue sin embargo el intento de construcción de una central nuclear en Valdecaballeros (1978-1984) el que se convirtió en para-digmático en muchos sentidos. A aquellos primeros conflic-

28 Ficha técnica de la encuesta: muestreo estratificado por cuotas en base a tipologías territoriales(ciudades, zonas dinámicas de regadío, zonas de policultivos de secano, zonas de monocultivo de secano y territorios adehesados), sexo y edad. Conforman la muestra 1495 cuestionarios realizados entre abril y mayo de 2008.

131

tos, que justamente rompen la pretendida dicotomía entre conflictos ambientales y socioambientales, pues en ambos casos se trataba a la vez tanto de un desajuste en la gestión de las externalidades (contaminación química y radiactiva), como de apropiación de recursos (agua), siguieron en los años '80 un tipo de conflictos bien distinto. La construcción del Canal de las Dehesas (precisamente reivindicado por el movimiento social que alentó la lucha antinuclear) y la sub-siguiente transformación en regadío generó un conflicto entre el Estado y las organizaciones proteccionistas, algo que se repetiría en la década siguiente con la construcción de la presa de Alqueva, en Portugal (pero que inunda tam-bién tierras de algunos municipios españoles), también orientada inicialmente a la transformación en regadío.

Pero es un periodo, el de los años '80 y '90, en el que los conflictos ambientales son más bien de naturaleza urbana, como corresponde a una sociedad en proceso acelerado de modernización: el conflicto por el tratamiento duro del cauce del Guadiana en Badajoz (1986-1988), el derivado de la 'neo-gentrificación' del casco antiguo de Badajoz (PERI de PRIM) o más recientemente el de la Ribera del Marco, en Cáceres, por el intento de urbanización de las antiguas huertas de la ciudad.

Este proceso de urbanización de la ecología, en el que los campesinos que otrora fueron el apoyo más importante de los ecologistas pasan a ser el enemigo de los ambientalistas (Baigorri, 1999), determinará la naturaleza de los conflictos ambientales en la última década del siglo XX. Será precisa-mente la implantación de medidas de protección ambiental las que enfrentarán a agricultores, ambientalistas y admi-nistración. Llegando a fracasar en algunos casos (Tentudía-Sierra Sur) pero llegándose a implantar en otros, generando conflictos que, como el de la ZEPA (zona de protección de aves) de los Llanos de Trujillo-Cáceres, amenazó durante años por convertirse en uno de los que algunos denominan

132

“conflictos intratables”, o intransigentes (Lewicki, Gray, Elliott, 2002).

Finalmente, desde mediados de la pasada década serán los procesos de industrialización endógena tardía de la región los que marcarán la agenda de la conflictividad am-biental. Con la particularidad de que detrás de casi todas las iniciativas industriales que han provocado los más re-cientes y graves conflictos ambientales en la región está la misma empresa, una empresa que es, simultáneamente, paradigma de todas las grandes teorías que han intentado explicar el mundo económico moderno: la ética protestante y el espíritu del capitalismo, los modelos de acumulación primitiva de capital, y las teorías del desarrollo endógeno. Así se han sucedido los de la cementera de Alconera, am-pliación de la Siderurgia de Jerez de los Caballeros o el

133

ahora vigente en torno a la construcción de la Refinería de Tierra de Barros.

Para su consideración en el Ecobarómetro hemos tomado la mayoría de los conflictos ambientales más importantes ocurridos a lo largo de las tres últimas décadas: la infausta Central Nuclear de Valdecaballeros es el más antiguo de los considerados; fuertemente vinculado al mismo fue el de la mina de uranio de La Haba (Badajoz), también de los años '70; a la siguiente década corresponden los denomina-dos Tratamiento duro del Guadiana en Badajoz, la trans-formación en regadío del Canal de las Dehesas o la cons-trucción de la presa de Alqueva (Portugal); a la última dé-cada del siglo XX pertenecen (en algún caso se arrastran desde entonces) los conflictos de las ZEPAS o el de la Side-rurgia de Jerez de los Caballeros (más bien su ampliación, pues su primera fase no levantó protesta alguna). Surgidos, o madurados, ya en el siglo XX está en primer lugar el de la CNA (Central Nuclear de Almaraz)29; y junto a ella hemos considerado el conflicto en torno a la Cementera de Alco-nera; el de la Refinería de Tierra de Barros, el de la Mina de Aguas Blancas, ubicada entre Badajoz y Huelva, que produce níquel y un poco de cobre en una explotación a cielo abierto; el de la urbanización de la Ribera del Marco, y finalmente el estrés ambiental (pues el nivel de conflicti-vidad ha sido muy débil hasta la fecha, únicamente en Sie-rra de Gata) generado por los campos eólicos.

29 Aunque el conflicto ha acompañado a la CNA desde su origen, su construcción no generó el nivel de estrés ambiental que generó la de Valdecaballeros; han sido los problemas derivados de su proceso de obsolescencia, como las fugas y riesgos de contaminación, los que terminaron por convertir en uno de los más importantes conflictos vigentes, agudizados tras la decisión de ampliar su vida útil.

134

Del estrés ambiental a la exposición conflictual

Con independencia de las actitudes y posiciones ideoló-gicas de la población, ésta se ve afectada en forma desigual por los impactos ambientales, escasez de recursos, usos del suelo, etc. A estas afecciones las llamamos estrés ambiental (noticia de la implantación de una autovía, refinería, etc) porque generan inquietud perturbando el equilibrio am-biental y social.

La respuesta a esta situación de estrés, es un proceso de

racionalización facilitado por:

a) El sistema de valores y creencias (más o menos igualitario) y la ideología (de progreso, más o me-nos desarrollista)

b) Las informaciones expertas difundidas por los me-dios de comunicación, las cuales pueden depender a su vez de determinados intereses materiales

c) La posición estructural del individuo en la socie-dad (parado, hostelero, agricultor, etc)

d) Las directrices emanadas de los grupos de perte-nencia y/o adscripción (partidos políticos, colegios profesionales, sindicatos, etc).

Dicho proceso conducirá a una posición (favorable o des-favorable) frente al impacto (positivo o negativo) generan-do, cuando existen elementos que generan conflictos am-

135

bientales. Entendemos conflicto según su definición más simple y universal, como una relación social entre dos o más partes que o cuyos portavoces creen tener metas in-compatibles. En el caso de los conflictos ambientales estas metas incompatibles estarían ligadas, entre otros aspectos, al desarrollo económico o la conservación de la naturaleza. La resolución del conflicto, si no es de los denominados “intractables”, derivará en el triunfo de una de esas dos po-siciones o en un encuentro dialéctico superador.

Una vez desencadenado el conflicto, normalmente cons-truido por minorías sociales activas, la población podría-mos decir que se ve expuesta al conflicto, en la medida en que es obligada, por dichos actores a posicionarse.

A partir de ahí, hemos construido la variable exposición conflictual, que define para cada municipio, en función de la distancia al epicentro de cada uno de los conflictos con-siderados ya existentes, un determinado nivel de intensi-dad de exposición. En la medida en que esa distancia de-termina una mayor o menor presión para la implicación; salvo en aquellos sectores poblacionales que por sus valo-res se comprometen y entienden como propios todos los problemas ambientales: no quieren para otros lo que no quieren para sí, no quieren en el patio trasero de la casa de los otros, lo que no quieren en su propio patio trasero.

Así, el gráfico siguiente recoge la distribución para todos los elementos de la muestra de su nivel de exposición con-flictual. La participación efectiva en los conflictos plantea-dos nos sugiere, como medida provisional, el nivel de im-portancia que tienen los conflictos, o al menos, los que han generado mayor repercusión para la movilización ciudada-na, asignándole a cada uno de los conflictos un determina-do nivel de repercusión (peso). Por otro lado, cada locali-dad está a cierta distancia de cada uno de los conflictos, aunque esto no significa que el conflicto haya tenido mayor repercusión en aquellas localidades más cercanas al mismo, de ahí que utilicemos la variable de la repercusión (o im-

136

portancia) generada por el conflicto y que la relacionemos con el de las distancias de cada localidad con los conflictos, generando así, la variable de Nivel de Exposición conflic-tual.

Esta variable se distribuye en cuatro categorías que van

desde menos a más nivel de exposición (de uno a cuatro). Como vemos, la mitad de los encuestados se encuentran en unos niveles de exposición de tipo 2, siendo escasos los que podríamos atribuirles un nivel de exposición conflictual bajo. Por otro lado, nos encontramos con casi un 28% en niveles de exposición tipo 3 y otro 15% en niveles de expo-sición tipo 4 (mayor exposición).

Quién y por qué se movilizan

Solamente el 11% de la muestra dice haber participado en algunos de los conflictos considerados, siendo el conflicto en torno a la Refinería de Tierra de Barros donde se concen-tra el mayor porcentaje de participaciones brutas30. El gráfico

30 El total de participaciones suma más de 100 porque no se trata de una distribución de la participación, sino la suma de todos los conflic-tos participados por cada persona.

137

siguiente refleja, para cada uno de los conflictos, dicha par-ticipación.

138

Nos vamos a centrar en cómo afecta los niveles de expo-sición conflictual al hecho de participar o no en los conflic-tos ambientales.

Como vemos, son los que mayores niveles de exposición conflictual se ven sometidos los que en mayor medida se movilizan o dicen haber participado en los conflictos am-bientales.

En la siguiente tabla se relaciona el número de conflictos en los que han participado con las distancias respecto de los conflictos. Como podemos observar, quienes dicen haber participado en un sólo conflicto, lo han hecho en aquellos más cercanos, fundamentalmente locales. De lo que podríamos deducir que quienes menos tienden a movi-lizarse, sólo lo hacen cuando son ellos los afectados por el potencial impacto, lo cual se corresponde con el modelo NIMBY.

1 2 3-4 5+

Valor % Valor % Valor % Valor % %

< 50 km Valor 46 45,54 16 25,4 11 22 20 14,71

% 49,46

17,2

11,83

21,51

100

Entre 50 y 100 km

Valor 32 31,68 22 34,92 18 36 49 36,03

% 26,45

18,18

14,88

40,5

100

Entre 100 y 200 km

Valor 18 17,82 14 22,22 15 30 60 44,12

% 16,82

13,08

14,02

56,07

100

≥ 200 km Valor 5 4,95 11 17,46 6 12 7 5,15

% 17,24

37,93

20,69

24,14

100

%

100

100

100

100

Sin embargo no puede decirse lo mismo de cuantos se movilizan, ya que según vemos, precisamente quienes en mayor medida participan en mayor número de conflictos, lo hacen con independencia de la distancia a la que se en-cuentran. Debemos anotaR que en este cuadro de distan-

139

cias, vemos que hay un 30% de participaciones brutas reali-zadas a más de 100 km de distancia del participante.

Podemos decir que son minoría los ciudadanos que se movilizan frente a las situaciones de conflicto ambiental, pero entre quienes se movilizan, predomina la moviliza-ción altruista, es decir, 'Ni en mi casa, ni en la tuya'.

Los altruistas ambientales

Estos “altruistas ambientales” presentan algunas carac-terísticas sociodemográficas claramente diferenciadas del conjunto de la muestra: son predominantemente de iz-quierdas, ganan menos y se concentran en algunos tramos de edad claramente significativos. Los resultados ilustran claramente la existencia de una eco-generación (de entre 40 y 60 años) fuertemente movilizada en términos relativos, y que coincide justamente con la generación que trajo el eco-logismo a España. Y es el tramo de edad que corresponde a sus hijos (menores de 24 años) el siguiente en intensidad de movilización o participación (por el contrario, el tramo de edad de entre 25 a 39 años, socializado en el ambiente neo-liberal de los '80 y '90, es la cohorte que menos se moviliza).

Los miembros de esa eco-generación tienen niveles de es-tudios algo más altos, pertenecen en mayor medida a aso-ciaciones de todo tipo, sobre todo ecologistas (un 12% fren-te al 1% de la muestra) y culturales, pero también vecina-les, de cooperación al desarrollo, benéficas e incluso religio-sas. Y son además quienes presentan mayores niveles de afiliación a partidos políticos y sindicatos. Elementos todos ellos que correlacionan lógicamente con determinados há-bitos culturales: leen más que la muestra en general y utili-zan en mayor medida el ordenador personal.

No hay grandes diferencias en cuanto a las fuentes utili-zadas para informarse sobre cuestiones ambientales, pero sí en cuanto a la atribución de fiabilidad a unas u otras. Los altruistas creen en mayor medida al gobierno nacional, asociaciones ecologistas y a las asociaciones de consumido-

140

res, y en mucha menor proporción, a los científicos (un 28% de los altruistas, frente a un 43 % de la muestra). Es decir, los altruistas ambientales confían, en menor medida que la muestra general, en la ciencia, en coherencia con la crisis de la ciencia como sustentadora de la verdad absoluta.

En cuanto a la confianza en las instancias políticas regio-nales, se decantan un poco más por que la junta está ha-ciendo claramente menos de lo suficiente (de l 32% frente al 28% de la muestra) en los demás sigue igual, son niveles muy bajo de confianza en las acciones de la junta de Extre-madura. El 40% tanto de los altruistas como de la muestra general piensa que la Junta de Extremadura está haciendo algo menos de lo suficiente.

Estos “altruistas ambientales” también presentan ciertas diferencias substanciales con respecto a la muestra en de-terminadas actitudes y comportamientos medioambienta-les, empezando por la propia comprensión del medio am-biente, que entienden como protección de la naturaleza, el estado del medio ambiente que heredarán sus hijos y nues-tra responsabilidad individual en la mejora ambiental, y no tanto como contaminación de las ciudades, los paisajes verdes y placenteros, los terremotos, etc. Es decir, son más generalistas, prácticos y menos bucólicos en este sentido con respecto a la muestra.

Frente a la dicotomía crecimiento económico vs. medio ambiente, la muestra general tiende a decantarse por dar prioridad al medioambiente aun cuando ello suponga un menor crecimiento económico o la pérdida de puestos de trabajo, pero los altruistas lo hacen en mayor medida31.

Además, los hallamos más cercanos a un tipo de pensa-miento ambiental que podemos definir como eco-optimista

31 El enunciado de esa pregunta permite optar por una tercera vía superadora de esta dicotomía, y y en este sentido, los altruistas am-bientales entendemos que son más críticos a esta dicotomía que la muestra general en la medida en que un porcentaje significativamen-te mayor de estos opta por esta respuesta.

141

a nivel societal e individual, esto es un tipo de pensamiento ambiental que tiene confianza tanto en la acción social, co-mo en los efectos positivos de su acción individual para la mejora o el cuidado del medio ambiente.

En lo que se refiere a los hábitos medioambientales, los altruistas hacen esfuerzos para cuidar el medio ambiente en porcentajes superiores a la muestra general (un 90% frente al 74%), tanto entre quienes consideran que ese esfuerzo está teniendo resultado positivos, como sobre todo entre quienes dicen que sus esfuerzos no servirán de nada si otros no se comprometen también.

Esto se materializa en acciones concretas en pro del me-dio ambiente. Aunque en comportamiento relacionados con el consumo (como son las prácticas para economizar agua, apagar las luces cuando no son necesarias, desconec-tar la televisión y otros aparatos cuando no se utilizan, re-gular la calefacción o el aire acondicionado cuando no son necesarios, tratar de evitar ruidos y reutilizar materiales o productos como el papel o bolsas de plástico) no encontra-mos diferencias substanciales con respecto a la muestra, es decir, son tan consumistas como el resto de la población, sí podemos observar otros comportamientos más ecológicos como son los de utilizar recipientes diferentes según el tipo de desecho de que se trate, reciclar o tirar el aceite usado en la basura en lugar de por el fregadero o comprar pro-ductos ecológicos, acciones que dicen realizar con mayor frecuencia que la muestra en general.

(Nota Bene: Producto del proyecto PRI09A139 cofinan-

ciado por la Junta de Extremadura y el FEDER)

Bibliografía

BAIGORRI, A. (1979), 'Extremadura saqueada', TRANSICIÓN, Num 8, pp: 8-11

142

BAIGORRI, A. (1999), 'De la naturaleza social de la Naturaleza: Ecología, regadíos y protección ambiental', en M. Pardo, ed., So-ciología Medioambiental. Estado de la cuestión. Fundación de los Ríos, Madrid, pp. 103-114

BAIGORRI, A. (2004), 'Del Estado depredador a la región sosteni-ble: descentralización y medio ambiente en España', FORESTA, Num. 27, pp.41-51

FONTAINE, G. (2004), 'Enfoques conceptuales y metodológicos para una sociología de los conflictos ambientales', en Cardenas, Martha, Rodriguez, Manuel, eds. Guerra, Sociedad y Medio Ambien-te, Foro Nacional Ambiental, Bogotá, pp. 503-533

GAVIRIA, M., NAREDO, J. M. (1978), Extremadura saqueada. Au-tonomía regional y recursos naturales, Ruedo Ibérico, Pa-ris/Barcelona

LEWICKI, R. et al (2002), Making Sense of Intractable Environmental Conflicts: Concepts and Cases, Island Press, Washiongton DC

MARTINEZ, A. (1997), Métodos alternativos en manejo de conflictos. Aplicaciones en materia ambiental, SEMARNAP-PNUD, México

ORELLANA, R., (1999), "Conflictos... ¿sociales, ambientales, so-cioambientales?... Conflictos y controversias en la definición de conceptos", en Ortiz, Pablo. Comp, Comunidades y conflictos so-cioambientales: experiencias y desafíos en América Latina, FTPP - COMUNIDEC, Fundación de desarrollo, Quito, 1999, pp. 331-343

TIMURA, Ch. T. (2001), "Environmental Conflict" and the Social Life of Environmental Security Discourse, Anthropological Quar-terly, Vol. 74, Nº 3, pp. 104-113

143

CONFLICTO SOCIO-ECOLÓGICO EN LA BAHÍA DE PORTMÁN

Pedro Baños Páez e Isabel Baños González

Introducción

La población de Portmán pertenece al término municipal de La Unión. Desde 1.860, Portmán tenía Ayuntamiento con Roche y el Garbanzal, y en 1.868 se unen con el caserío de Herrerías creándose el municipio de La Unión, del que actualmente es su VIº distrito.

Tiene una población de 1019 habitantes, 497 varones y 522 mujeres (INE Nomenclátor 2009). Contaba con una espléndida bahía que conformaba uno de los mejores puer-tos naturales de refugio del Mediterráneo español, y que ha sido el escenario de uno de los mayores desastres ambien-tales de España: la colmatación total de la Bahía de Portmán debido a los vertidos realizados al mar durante más de 30 años de restos de lavado de minerales metálicos.

El conflicto ambiental

La bahía de Portmán se encuentra en el Mediterráneo Oc-cidental, en la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-cia (en adelante CARM), geográficamente situada en el extremo suroriental de la cordillera Bética, entre las locali-dades de Cartagena y Cabo de Palos. (Fig. 1).

Desde tiempo inmemorial la sierra de La Unión, conocida como Sierra Minera de Cartagena-La Unión, al Sur de la cual se sitúa la bahía de Portmán y la pequeña población que le da nombre, ha sido explotada por los seres humanos para la obtención de minerales: blenda, galena, cerusita,

144

casiterita, etc. El historiador griego Polibio ya describió los procedimientos de explotación de las minas de esta sierra.

Figura 1. Localización

Mediterráneo Occidental / Región de Murcia

145

Bahía y núcleo urbano de Portmán

Las elevadas concentraciones geogénicas de diferentes

formaciones metálicas en las rocas de la Sierra Minera y la propia actividad de las explotaciones mineras a lo largo de los siglos, han generado que los fondos marinos del litoral estén recubiertos de sedimentos con altos contenidos metá-licos. Pero esta circunstancia de vertido al mar de restos de minerales metálicos cobra verdadera importancia en su dimensión ambiental a partir de la década de 1.950, en que comienza sus actividades en la zona la empresa multina-cional Sociedad Minero-Metalúrgica Peñarroya S.A., pro-piedad de la Banca Rothschild, que, en colaboración con la Sociedad Minera Zapata-Portmán, amplía las instalaciones mineras y la capacidad de producción con la puesta en marcha del lavadero “Roberto” en Portmán. La Sociedad Peñarroya hace diferentes aportaciones. Además de capital financiero, aporta nuevas tecnologías y sistemas de explo-tación minera: en lugar de labores subterráneas de la mine-

146

ría tradicional, ahora son grandes explotaciones a cielo abierto; para la concentración de las menas metálicas, en lugar de los anteriores métodos gravimétricos, ahora son nuevos procesos de flotación diferencial.

Por O. M. de 18 febrero 1.959 se otorgó la concesión ad-ministrativa de vertido de estériles en la Bahía de Portmán “en el punto distante 400 m al Oeste de Punta Galera, una tubería de 300 mm de diámetro enterrada en la playa, es-tando su extremo libre ubicado por debajo del nivel medio del mar, y en un lugar donde las aguas tengan una profun-didad mínima de 3 m”, con la condición de que no afectara a las características fundamentales y naturales de la bahía, y con la obligación de dragarla para recuperar los calados naturales que se viesen afectados. En 1.968, nueve años después de la citada concesión, la Dirección del Grupo de Puertos de Murcia (24 abril 1.968) hace un estudio de dra-gado y resulta un coste aproximado de 66 millones de pese-tas (cerca de 40.000 € de 1.968). Un año antes, con fecha 15 diciembre 1.967, se anuncia en el Boletín Oficial de la Pro-vincia de Murcia nº 285 la solicitud de ampliación de las instalaciones para el vertido de 335 m3 /hora de estériles.

Después de algunos intentos de oposición por parte del Ayuntamiento de La Unión y varios vecinos de Portmán, el Ministerio de Obras Públicas autoriza la ampliación del volumen de los vertidos por un plazo de treinta años y se anula la obligación de dragado de la bahía, aunque recono-ce que el anular las prescripciones de dragado impuestas en la O.M. de 1.959 “será a costa de que sigan los aterra-mientos en la bahía de Portmán”.

El vertido inicial estimado era de unas 3.000 Tm/día y con la autorización de 1.969 se establecía en 6.000 Tm/día, llegando a ser a finales de los años de 1.980, de más de 8.000 Tm/día. El lavadero Roberto concentraba mediante procesos de flotación diferencial, menas de galena, blenda, y, en la última época, también pirita. Sus residuos, que con-tenían restos de metales pesados, altamente tóxicos y

147

bioacumulables (Cu, Cd, Zn, Pb, Hg) unidos a gran canti-dad de tierra y otros restos de reactivos utilizados en el proceso de concentración (cianuro sódico, ácido sulfúrico, sulfato de cobre, carbonato de sosa, isopropilxantato sódi-co…), formaban el estéril, que a través de dos tuberías de 250 mm de diámetro y más de 2 Km de longitud recorrían todo el antiguo perfil de la bahía, vertiéndose finalmente al mar. Esto representa, en los más de 30 años de vertido (desde 1.959 hasta 1.990), unos 70 millones de toneladas de estériles arrojados al Mar Mediterráneo. Ello ha supuesto que la Bahía de Portmán se encuentre aterrada; esto es, unas 75 Ha. “ganadas” al mar. Donde en 1.957 existía una profundidad de más de 20 m, hoy se puede caminar sobre los restos del vertido. Además, figura nº 2, los estériles cu-bren la mayor parte de la plataforma continental frente a Portmán. Una zona de más de 225 Ha que se extiende a lo largo de unos 2 Km frente a Portmán, con una anchura máxima superior a 1 Km frente a la bahía y de unos 200 m a lo largo de la costa.

Figura 2 Biocenosis afectadas en zona de estudio

Fuente: Instituto Español de Oceanografía (1984)

Los fondos marinos entre Cabo de Palos y Cabo Tiñoso se

presentan recubiertos de estériles mineros, con espesores

148

más importantes cuanto más nos acercamos al punto de vertido en Portmán. “Se puede estimar que, en los últimos años de actividad del lavadero, existía una zona de unos 10 km2 que pudiera definirse como severamente recubierta, con espesores de aterramiento superiores a 1 metro y una segunda zona, de superficie cercana a los 100 km2, afectada por el vertido, con espesores de recubrimiento inferiores a 1 metro” (TRAGSATEC, Estudio de Impacto Ambiental, 2007).

El vertido de estériles de minas en la bahía, además de los problemas estéticos, de turbidez, de colmatación y de ente-rramiento de habitat, tuvo los efectos derivados de la in-corporación de concentraciones tóxicas de metales pesados a la cadena alimenticia. Este vertido supuso una contribu-ción de un 50% al incremento de metales pesados y de un 90% a la contaminación por residuos sólidos para el Medi-terráneo español. Esto, unido a la turbidez de las aguas y al recubrimiento de los fondos marinos, provocó una brusca desaparición de la flora y la fauna frente a las costas de Portmán. Multitud de estudios, como el citado “Estudio de la contaminación de la bahía de Portmán”, realizado por el Instituto Español de Oceanografía, alertan sobre las canti-dades de metales pesados encontrados en moluscos de esta zona y el peligro que esto representa en relación a la incor-poración de los mismos a la cadena trófica. Conviene des-tacar las declaraciones de Francisco Faraco Munuera, inves-tigador del Instituto Español de Oceanografía: “La Organi-zación Mundial de la Salud prohíbe el consumo de pez espada cuando concentra a partir de una parte por millón (1 ppm.) de mercurio. En esta zona el pez espada concentra el doble o el triple de esa cantidad. Para los hombres es peligroso aquel animal que acumula metales, y lo grave no es sólo que los esté acumulando, sino que los transmite al resto de la cadena biológica”. (Revista Interviú nº 534). Ver la figura nº 3.

149

Figura 3. Esquema de la destrucción ambiental en sierra y bahía (modelo de contaminación)

Fuente: (González, Baños, 1987)

En la actualidad, la línea de costa se encuentra avanzada

respecto de su posición de 1.957 unos 650 m en el eje central de la bahía. La superficie que se encuentra totalmente col-matada es de unos 750.000 m2. Ver en la figura nº 4, las 4 fotografías ortoreferenciadas de la bahía y en la figura nº 5, la secuencia de evolución de la línea de costa en la bahía de Portmán.

A modo de resumen, desde un punto de vista ambiental las características de los materiales almacenados en la bahía presentan como principal problema, además del espacio ocupado por los vertidos, el alto contenido en metales pe-sados aunque éstos, en general, se encuentran en forma de compuestos insolubles. El problema aumenta cuando, de-bido a procesos de oxidación, los compuestos, sobre todo sulfuros, adoptan una forma soluble, al pasar a sulfatos,

150

con lo que se puede producir el paso de estas sustancias al agua, aumentando los posibles efectos negativos y de bio-acumulación sobre la biota de la zona.

Figura 4. Secuencia del aterramiento (1929--2007)

Fuente: Vuelo Ruiz de Alda 1929. Vuelo USAF 1956. QUI-

CKBIRD 2003. Vuelo XS 2007

Figura 5. Evolución de la línea de costa

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

151

Hay que destacar que el entorno de Portmán y su cuenca visual está rodeado de espacios incluidos en la Red Natura 2.000, con importantes valores de flora y fauna silvestres. En la figura 6 se recoge las LICs y ZEPAs.

Figura 6. Situación de espacios protegidos en la zona de

actuación

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, Regeneración y Adecuación de la Bahía de Portmán Tragsatec, 2.007

Además, en la zona de Portmán hay importantes yaci-

mientos arqueológicos, huellas del paso de diferentes civi-lizaciones por esa zona. Destaca el yacimiento romano de Huerta del Paturro. También los restos de minería (castille-tes, hornos, chimeneas, etc.) para los que se ha incoado expediente de declaración como Bien de Interés Cultural, como Paisaje Minero.

152

Conflicto socioeconómico

Portmán ha sido siempre una zona fundamentalmente minera y pescadora, las pequeñas parcelas agrícolas no tuvieron gran importancia económica. Además de pescado-res, la población que se fue asentando en el lugar a partir de la segunda mitad del s. XIX estuvo constituida por em-pleados y obreros de las minas. En diversos periodos, tras las crisis de otros distritos mineros, llegaban trabajadores de otras zonas: Sierra de Almagrera, en Almería; Linares-La Carolina, en Jaén, etc.

Con el inicio en los años de 1.950 de las actividades de Peñarroya, una de las empresas más importantes del sector a nivel mundial (“La empresa, entre cuyos accionistas apa-recían sólo dos españoles, Luís Figueroa y Pérez de Guz-mán, conde de Romanones, y Carlos Figueroa y Castillejo, marqués de San Damián, consiguió sucesivas autorizacio-nes administrativas para realizar vertidos de estériles mine-rales en el mar”. El País 02/04/1.992), da comienzo una larga etapa devastadora del entorno ambiental de la zona (tanto en las sierras de las que se extrae el mineral y el pai-saje asociado a ellas, como la bahía totalmente aterrada: Sierra y Mar, las dos caras de la moneda de las actividades de Peñarroya). Todo ello contribuyó a que las posibilidades de desarrollo de esta zona quedasen limitadas a la activi-dad minera de Peñarroya y a sus intereses económicos y comerciales; que no coincidían con el mantenimiento de la pesca, ni el desarrollo del turismo, ni, mucho menos, la conservación de los importantes valores ambientales de la sierra y la bahía.

En la ya comentada autorización del año 1.969 de la am-pliación del volumen de vertidos, se reconoce que la anula-ción de las prescripciones de dragado impuestas en la O.M. de 18 de febrero de 1.959 “será a costa de que sigan los ate-rramientos en la bahía de Portmán, lo que ocasionará un crecimiento de la playa, con disminución de la superficie de

153

flotación de la bahía e inutilización de las pequeñas obras portuarias”. Se aducía que Portmán era una pequeña aldea sin ningún interés ni perspectivas de desarrollo y que la bahía de Portmán carecía de interés turístico alguno. Pre-viamente, y para reforzar esta teoría, Peñarroya había su-primido el telégrafo y una academia donde se estudiaba hasta bachiller superior y trasladado sus oficinas a Carta-gena. Estamos hacia la mitad de la década de los años de 1.960, es la época en la que se inicia el desarrollo turístico en La Manga del Mar Menor; mientras tanto, se elimina la posibilidad de desarrollo turístico de esta zona condenán-dola a ser coto exclusivo para las labores de Peñarroya.

Existe un gran contraste entre los beneficios económicos derivados de las actividades mineras en manos de la Socie-dad Minero Metalúrgica Peñarroya-España S.A. y el aspec-to de desolación y miseria que invadió la playa, la sierra y el pueblo. Peñarroya amenaza con el cierre de las instala-ciones cuando se le exigen medidas anticontaminación, aduciendo la baja rentabilidad de las explotaciones por la baja ley de las menas con las que se trabaja. Con la llegada de la democracia comienza a demandarse una solución, tanto a nivel político como social. Pero se genera una situa-ción de inestabilidad social, puesto que con el cierre de todas las instalaciones de esta gran empresa en la zona de Cartagena y La Unión se perderían unos diez mil puestos de trabajo, entre directos e inducidos. En un contexto polí-tico de Democracia Parlamentaria, las protestas contra los vertidos se refuerzan. Además de organizaciones no gu-bernamentales; instituciones políticas: Ayuntamiento de La Unión, la Oficina de El Defensor del Pueblo y algunos or-ganismos internacionales; incluso un senador en Cortes de 1977 (Más información en GONZÁLEZ, I. y BAÑOS, P., 1.987).

El 31 julio 1.986, GreenPeace-España, en un acto de de-nuncia pública, cierra “simbólicamente” los tubos de verti-dos de estériles al mar. La agresión por parte de algunos

154

trabajadores a uno de los periodistas que cubrían la noticia, hace que ésta sea portada en varios medios informativos. En diciembre de 1.986, GreenPeace-España denuncia a la Sociedad Minero-Metalúrgica Peñaroya-España S.A. por delito ecológico. Tras varios años en los que el expediente va pasando por diferentes jueces, incluso por diferentes juzgados, finalmente se exime de responsabilidad a la de-mandada, condenando a la Administración que, dice la sentencia, había permitido ese estado de cosas. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Mur-cia, siendo finalmente archivado el recurso.

En este contexto, Peñarroya busca una salida para unas explotaciones mineras cada vez menos rentables (menos minerales explotables y cada vez más profundos; mayor oferta internacional de estos minerales por países con me-nores costes de extracción; menor demanda industrial de estos minerales y consecuente caída del precio de los mis-mos a nivel internacional). En medio de las negociaciones abiertas en distintos frentes –se habla de paralización de vertidos, obligación de recuperar la bahía de Portmán, promesas de mantener la actividad, solicitudes de ampliar las explotaciones, etc.-, en septiembre de 1.988 Peñarroya cede sus derechos mineros y propiedades a la empresa Portmán Golf S.A., creada en esos momentos y a cuyo fren-te aparecen como accionistas principales dos empresarios locales. La nueva empresa presionará para que la Adminis-tración recupere con fondos públicos la bahía y para que, posteriormente, recalifique como urbanos los terrenos cir-cundantes que son, en su mayoría, de su propiedad tras el traspaso desde Peñarroya.

El 30 marzo 1.990 cesaron los vertidos al mar. En la pues-ta en escena para el cierre de los vertidos, con importante presencia, además de los dueños de la mina, de autoridades políticas y administrativas, la Naturaleza dejó patente su malestar con un fuerte día de viento y oleaje (Más informa-ción en BAÑOS PÁEZ, P. (1.991). Más de 60x106 Tm. de

155

estériles habían sido arrojados al Mediterráneo; además de los más de 700.000 m2 de la bahía, varios km2 de platafor-ma marina frente a Portmán quedaron sepultados bajo es-tos estériles; bajo ellos –además- quedaron los sueños, las esperanzas, el futuro y la dignidad de mucha gente.

Figura 9. Panorámicas de la bahía. Arriba, antes del co-

mienzo de los vertidos. Abajo, situación actual

Fuente: TRAGSATEC. 2007 (op. cit.)

Una vez cerrado el vertido al Mediterráneo se continuó

vertiendo en la sierra, en una antigua corta minera; pero, al no estar ésta adecuadamente acondicionada, se produjeron filtraciones y en distintos puntos de la Sierra Minera fueron apareciendo surgencias de aguas contaminadas con los restos de los estériles de minería del lavadero Roberto-II, donde se había trasladado el lavadero Roberto tras el cierre del vertido al Mediterráneo.

En noviembre de 1.991 se cierra la explotación minera siendo despedidos los trabajadores; y la empresa Portmán Golf S.A. queda a la espera de que se acepten sus planes de

156

urbanización del entorno, para lo que consiguió la aproba-ción inicial de la reclasificación de 1,5 km2 de terreno en los municipios de Cartagena y La Unión.

Tras unos años de espera, a partir del año 1.994 se reali-zan diversos acuerdos y convenios entre administraciones y centros de investigación tendentes, inicialmente, a la re-cuperación de los usos tradicionales en la bahía y el peque-ño puerto pesquero original, situado a Poniente de la mis-ma. Más adelante, el objetivo de los estudios pasa a ser la regeneración y/o adecuación ambiental de la bahía de Portmán y su entorno.

En marzo de 1.995, la Secretaria de Estado de Medio Am-biente y Vivienda acude a Portmán para presentar a los vecinos algunas propuestas que está analizando el MOPT-MA para poder acometer la recuperación de la bahía de Portmán y su entorno. Básicamente se trata de dos posibili-dades de recuperación de la lámina de agua: 1) a la línea de costa de 1.957, anterior al comienzo del vertido, y 2) hasta la mitad de la antigua bahía. Cada una de estas posibilida-des se completaba con el estudio del tratamiento dado a los restos de antiguos vertidos que se sacasen de la bahía; se analizaban tres posibilidades: a) Todo a tierra, en las anti-guas cortas mineras previamente impermeabilizadas y pre-paradas; b) Todo al mar, buscando su traslado a las simas marinas más próximas, y c) Traslado de la parte superficial de lo depositado en la bahía a las cortas mineras, en condi-ciones de depósito de seguridad, y el resto al medio ma-rino. Los grupos ecologistas GEM, ANSE, Ecologistas en Acción y la Coordinadora para la Conservación y la Recu-peración de la Sierra y la Bahía de Portmán, que habían sido invitados a la reunión, plantean su rechazo ya que no se establecía la posibilidad de discutir las diferentes alter-nativas. El Director General de Política Ambiental se com-promete a preparar una serie de reuniones de los técnicos de Medio Ambiente y los grupos ecologistas para tratar de consensuar una alternativa para la recuperación de la bahía

157

de Portmán. A estas reuniones de trabajo, que se celebran en Murcia y en Madrid, asisten también los técnicos del Área de Ingeniería Marina del CEDEX que habían estado elaborando las alternativas de recuperación de la bahía. Se van discutiendo propuestas y aunando criterios que permi-ten ir avanzando en una alternativa consensuada y se si-guen realizando informes y trabajos desde el IGME y el CEDEX.

Mientras tanto, desde la Administración Autonómica, se habían ido elaborando una serie de trabajos para la ordena-ción territorial de la zona, atendiendo a los aspectos am-bientales y sociales. Tras estos trabajos, el Consejo de Go-bierno de la CARM, con fecha 26 mayo 1.995, aprueba las Directrices de Ordenación Territorial de la Sierra Minera y la bahía de Portmán. Un documento muy completo que contempla un calendario de actuaciones y un programa socieconómico para el desarrollo de toda la comarca. El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en su Dictamen 9/1.995, elogió todo el proceso de participación pública y de información que se había desarrollado durante la tramitación de estas Directrices.

Una semana después de aprobadas las Directrices, en las elecciones locales y autonómicas resulta vencedor el Parti-do Popular y accede al gobierno de la Comunidad de Mur-cia y al del Ayuntamiento de La Unión. Quedan en suspen-so estas Directrices; que fueron finalmente derogadas en 2.004 por las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de Murcia, sin que la Administración Regional hubiese realizado ninguna de las actuaciones comprometidas ante-riormente.

Poco antes de las Elecciones Generales de marzo de 1.996, se somete a información pública el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de la recuperación de la bahía de Portmán y el vertido a las cortas de la Sierra Minera. En estas elecciones gana el Partido Popular y el nuevo Go-bierno, que incorpora un Ministerio de Medio Ambiente,

158

aparca todos los estudios realizados para la recuperación de la bahía de Portmán y su entorno, y deja sin fecha la aprobación de una solución. Posteriormente se firman nue-vos convenios y se van realizando nuevos estudios.

En 1997 se firma un nuevo Convenio entre la Dirección General de Costas y el CEDEX para realizar el análisis de los aspectos medioambientales en el proyecto “Recupera-ción de usos de la Bahía de Portmán-Ampliación del Puerto de Escombreras”. El proyecto consistía en el dragado de los sedimentos de la bahía y su depósito como material de re-lleno, quedando encerrados en “un sarcófago” en la nueva terminal a construir en la Dársena de Escombreras. El pro-yecto sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, a pesar de la oposición de los colectivos ecologistas y de algunos vecinos, obtuvo una Declaración positiva. Pero los Fondos de Cohesión solicitados a la Administración Europea para financiar las obras fueron denegados. Se desechó la recupe-ración de la bahía de Portmán y se mantuvo la ampliación de la dársena de Escombreras, estando casi finalizadas las obras de la nueva terminal.

El 26 julio 2.001 se firma un Convenio de colaboración en-tre la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Terri-torio de la CARM, la Secretaría de Estado de Aguas y Cos-tas del MMA, el Ente Público de Puertos del Estado y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento, para la Realización de trabajos tendentes a la regeneración y adecuación ambien-tal de la bahía de Portmán (Murcia), su desarrollo contaba con cuatro fases sucesivas.

En la primera fase se contemplaba la elaboración por par-te del CEDEX de un documento que analizase las líneas fundamentales de posibles alternativas de corrección del problema ambiental existente en la bahía de Portmán, junto con su correspondiente justificación técnica, económica y ambiental, para su presentación a las Autoridades de la Unión Europea. (Trabajos tendentes a la regeneración y

159

adecuación ambiental de la bahía de Portmán (Murcia). Informe CEDEX abril 2.002)

El 10 octubre 2.002, el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia aprueba por unanimidad una moción en la que insta al Consejo de Gobierno a que:

1º.- En las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia sea calificada la citada rege-neración como “Actuación Estratégica”, como paso previo para que sea declarada “Actuación de Interés Regional”, con la participación del Ayuntamiento de La Unión y el de Cartagena y los propietarios de los terrenos afectados, que aportarían en su caso la documentación necesaria para lle-var a buen fin la citada declaración.

2º.- Impulse la elaboración de un convenio entre Admi-nistraciones públicas y entidades privadas que puedan beneficiarse de las plusvalías que se generen en la zona, e incluir los compromisos e inversiones secuenciales y pluri-anuales que a cada parte corresponda, plasmando así la obligatoriedad de la restauración ambiental y paisajística, así como la subordinación de todo el proyecto urbanizador sostenible a la recuperación ambiental de la bahía de Portmán y la sierra Minera.

En diciembre 2.002 la empresa propietaria de la mayor parte de los terrenos de la Sierra Minera, presenta a la Con-sejería de Turismo y Ordenación del Territorio de la CARM unos estudios y propuestas para el tratamiento de la bahía.

En abril 2.003 se firma un nuevo Convenio de Colabora-ción entre la Consejería de Turismo y Ordenación del Terri-torio de la CARM y el CEDEX, para la realización del estu-dio e informe técnico del documento Estudio de alternati-vas para la regeneración de la bahía de Portmán (Murcia), (informe CEDEX julio 2.003).

A partir de las elecciones autonómicas y locales de mayo 2.003 y generales de marzo de 2.004 se produce un cambio de mayoría políticas. Ahora, la situación de los gobiernos es:

160

Administración central: PSOE Administración autonómica: PP Administración local en Ayuntamiento de La Unión:

PSOE Administración local en Ayuntamiento de Cartagena: PP. Con el gobierno del partido socialista en la Administra-

ción Central, cambia la relación de fuerzas respecto al tema de conflicto. El MMA favorece una mayor participación de los movimientos sociales: se les pide opinión en un proceso no formal de participación pública, previa a la toma de decisión política mediante consultas a asociaciones vecina-les y ecologistas. Se producen varias reuniones del Secreta-rio General para el Territorio y la Biodiversidad con los actores sociales; excepto los principales propietarios, que no asisten pero llevan sus ideas los dirigentes de la Admi-nistración Local y Autonómica.

El 10 marzo 2.004 se firma en Madrid la II Addenda al convenio de colaboración entre la Consejería de Obras Pú-blicas y Ordenación del Territorio de la CARM, la Secreta-ría de Estado de Aguas y Costas del MMA, el Ente Público Puertos del Estado y el CEDEX del Ministerio de Fomento para la Realización de trabajos tendentes a la regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán (Murcia.). El CEDEX realiza la memoria-resumen comprensiva de las alternativas de solución analizadas, recogiendo sus caracte-rísticas más significativas al objeto de iniciar el procedi-miento de EIA. En mayo 2.004 el CEDEX emite un informe que contiene la memoria-resumen de las alternativas anali-zadas. El informe es enviado al MMA en octubre 2.004, que decide someterlo a consulta ambiental previa a la EIA, con-teniendo las tres alternativas siguientes:

ALTERNATIVA 1: Revestimiento del talud actual con es-collera.

ALTERNATIVA 2: Recuperación de la playa con una po-sición de la línea de orilla adelantada 250 m en su perfil

161

central con respecto a la línea de 1.957 y construcción de un puerto deportivo.

ALTERNATIVA 3: Recuperación de la playa adelantando la línea de orilla de 1.957 en unos 100 m y construcción de un puerto deportivo

A la vista de las respuestas recibidas, la Secretaría Gene-ral para el Territorio y la Biodiversidad convoca una reunión el día 1 junio 2005 en las dependencias del Ministe-rio de Medio Ambiente a la que asisten:

- Administración. Central: Secretario General para Terri-torio y Biodiversidad, Director General de Costas y Direc-tor General de Ordenación del Territorio.

- Administración. Autonómica: Director General de Puer-tos, Secretaria General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

- Administración. Local: Alcalde, Primer Teniente de Al-calde y Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Unión

- Movimientos ciudadanos: Vecinales (Asociación Liga de Vecinos; Fundación Sierra Minera) y Movimientos ecologis-tas (Ecologistas en Acción, ANSE y Coordinadora para la Conservación y la Recuperación de la Sierra y la Bahía de Portmán).

El MMA informa de la dificultad ambiental y financiera del dragado de la bahía y lanza la propuesta del sellado como la más viable ambiental y financieramente. El repre-sentante de Ecologistas en Acción solicita que no se dé por cerrado el tema definitivamente y que se vuelva a revisar por el CEDEX la posibilidad de recuperar al menos la mi-tad de la bahía, aunque no se contemple la opción de un nuevo puerto deportivo, sólo la recuperación del puerto pesquero tradicional. Los demás grupos ciudadanos apo-yan esa propuesta. Las Administraciones Local y Autonó-mica no muestran desacuerdo con esta propuesta, aunque siguen insistiendo en la necesidad de que se contemple la creación de una estación náutico-deportiva; los represen-

162

tantes de los movimientos ecologistas y vecinales se des-marcan de esa propuesta de puerto deportivo. Finalmente se propone que el CEDEX estudie una cuarta alternativa a las tres contempladas en esa Memoria-Resumen. Esta cuar-ta alternativa, propuesta por los movimientos ciudadanos, venía a ser una intermedia entre la 2 y la 3 y no contempla-ba la necesidad de la construcción de un puerto deportivo; sólo la recuperación del puerto pesquero tradicional. La Secretaría General para Territorio y Biodiversidad encarga al CEDEX que prepare un documento desarrollando una nueva alternativa que recoja los elementos sobre los que se había manifestado consenso y cuyo planteamiento básico fue sometido por el CEDEX, vía correo electrónico, a con-sultas de los asistentes.

Se producen nuevas reuniones entre colectivos vecinales y ecologistas para aunar propuestas: 1. Recuperación de la bahía hasta la línea de costa 1.957; 2. No asumir los colecti-vos ciudadanos la reivindicación de un puerto deportivo; sólo la recuperación del puerto pesquero tradicional; 3. Procurar que las arenas limpias que se utilicen en la recu-peración ambiental de la bahía no procedan de zonas de áreas protegidas, como se contemplaba en el proyecto de recuperación de Portmán y ampliación de la Dársena de Escombreras.

Ante la persistencia de la idea de sellado por parte de la Administración Central, el día 5 Junio 2.005, en la aterrada bahía de Portmán, se produjo una concentración de protes-ta contra el sellado de la bahía, mediante la creación de una pancarta humana con el texto No al Sellado, con cerca de dos mil personas (ver figura nº 7). En este mismo acto, se leyó la carta que, desde el Colectivo de Asociaciones del Pueblo de Portmán y la Sierra Minera de Cartagena sería enviada, junto a la foto aérea, a la Administración Central.

El MMA acepta estudiar la regeneración de la bahía par-tiendo de la propuesta vecinal, quedando ésta incorporada a la II Addenda como la Cuarta Propuesta.

163

Figura 7. Pancarta humana “No al sellado” en la Bahía

Fuente: Colectivo Vecinal de Portmán

A finales del verano de 2.005, se celebra una asamblea de

vecinos de Portmán: la Junta Vecinal plantea la necesidad de abandonar la reivindicación tradicional de recuperar la línea de costa de 1.957 para optar por defender la Cuarta Propuesta incorporada a la Addenda que supone la recupe-ración de “sólo” la mitad de la antigua Bahía de Portmán. Tras la votación, los vecinos de Portmán, algunos con lá-grimas en los ojos, admiten reivindicar sólo la recuperación de la mitad de la bahía. A partir de aquí, los movimientos vecinales elaboran una propuesta más detallada: la recupe-ración de la mitad de la bahía con puerto pesquero tradi-cional y una segunda opción contemplando la construcción de una pequeña dársena deportiva sin que se reste uso a la playa recuperada.

En noviembre 2.005, en una reunión en la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia a la que asisten el Secreta-rio General para el Territorio y la Biodiversidad del MMA, el consejero de Medio Ambiente de la CARM y el Alcalde de La Unión, las tres administraciones se comprometen a

164

estudiar la propuesta vecinal y manifiestan una predisposi-ción positiva a su aceptación.

En enero 2.006, se suscribe en el Ayuntamiento de la Unión (el Presidente de la CARM, la Ministra de MA y el Alcalde de La Unión) el Convenio de Colaboración entre las tres administraciones para la recuperación y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán, y se acuerda convocar un concurso de ideas para la regeneración.

En marzo de 2.006 se hace pública la convocatoria del concurso de ideas y el 16 octubre 2.006 el jurado decide otorgar al proyecto In situ el primer premio del concurso de ideas para la regeneración y adecuación de la Bahía de Portmán. El segundo premio es al proyecto Portmán Jazz y el tercer premio al proyecto 0 emisiones.

Figura 7. Esquema de la propuesta In situ

Fuente: Exposición de Proyectos

165

El 18 febrero 2.007, la Ministra de Medio Ambiente presi-de en los locales de la Liga de Vecinos de Portmán la entre-ga de los premios del concurso de ideas para la regenera-ción y adecuación de la Bahía. Participan el Consejero de Obras Públicas, el Consejero de Industria y Medio Ambien-te y el Alcalde de La Unión. El representante de los colecti-vos ciudadanos da lectura al acta del jurado y presenta a los premiados.

En las elecciones locales y autonómicas de marzo 2.007, el Partido Popular refrenda su mayoría absoluta en la CARM y, además, resulta la lista más votada en el Ayuntamiento de La Unión. Actualmente dirige el Gobierno Municipal, con el mismo número de concejales que el PSOE, adqui-riendo un gran valor el voto del único concejal de Izquierda Unida.

El MMA informa del inicio para el 30 julio 2.007 de los trabajos del proyecto piloto para la recuperación de los suelos contaminados de la bahía de Portmán. El proyecto, presentado en mayo 2007, está elaborado por la empresa TRAGSATEC y en él participa activamente el Grupo de Investigación de Contaminación de Suelos de la Universi-dad de Murcia. Ya se ha realizado diferentes estudios para la recuperación in situ de los suelos contaminados de la bahía y para la estabilización de los metales pesados conte-nidos en las arenas.

En noviembre 2.007, el Secretario de Estado para la Bio-diversidad y el Territorio cifra en unos 170 millones de euros el costo de la recuperación ambiental de la Bahía de Portmán; aquí no se incluyen los gastos de elaboración de la estación náutico-deportiva que la Administración Auto-nómica quiere instalar en la Bahía de Portmán tras su recu-peración ambiental. También declara que espera poder convencer a los propietarios de Portmán Golf S.A. para que aporten el equivalente a una quinta parte del coste del pro-yecto. Esta colaboración, que se recogía en los acuerdos de la Asamblea Regional de Murcia de 10 octubre 2.002, se

166

establece a modo de adelanto sobre los cuantiosos benefi-cios que reportarán las plusvalías asociadas a la puesta en valor de los territorios próximos a la Bahía de Portmán una vez recuperada ambientalmente, terrenos cuya mayor parte son propiedad de la mercantil Portmán Golf S.A. Además, de alguna manera, aunque sea indirecta, esa aportación de capital desde la propiedad privada vendría a compensar algo los daños causados por la empresa Peñarroya, de la que Portmán Golf S.A. es, como ya se ha dicho, heredera en su activo y en su pasivo.

En Diciembre de 2.007 sale a información pública el Pro-yecto y Estudio de Impacto Ambiental de la Regeneración y Adecuación Ambiental de la Bahía de Portmán T. M. La Unión (Murcia) realizado por la empresa TRAGSATEC para el Ministerio de Medio Ambiente. El proyecto, basado en la idea ganadora del concurso de ideas, tiene un presu-puesto de 118,97 millones de euros y prevé un plazo de ejecución de las obras de 27 meses. Las actuaciones con-templadas son:

1. Dragado de la bahía y formación de la nueva playa. Re-tranqueo de unos 250 m. de la línea de costa actual, creando una playa seca estable de 20 m. de anchura, con la aporta-ción de 1.400.000 m3 de arena limpia, de procedencia te-rrestre, no de fondos marinos. Antes de efectuar el dragado se construirán tres recintos en la playa para permitir la se-paración del agua de la parte sólida. En la actualidad se está finalizando la construcción de dichos recintos.

2. Traslado de estériles dragados. El material dragado, una vez escurrido suficientemente en los recintos de seca-do, se trasladará mayoritariamente (2.300.000 m3) a la corta minera San José, mediante cinta transportadora que partirá de la propia bahía.

3. Acondicionamiento y estabilización de la corta San Jo-sé. Será preparada e impermeabilizada para el depósito de los estériles en condiciones de seguridad, así como la reco-

167

gida de lixiviados y aguas de escorrentía. También con-templa su posterior sellado y restauración ambiental.

4. Diseño del trasdós de la playa. Se acondicionará como zona verde para uso público. Se realizaría con una parte de los sedimentos dragados y descontaminados en los recin-tos.

Las propuestas a este proyecto por parte de las organiza-ciones vecinales y ecologistas pretenden conseguir que prime la recuperación de la naturaleza y del patrimonio natural, histórico, social y cultural, para que esta actuación de regeneración de la bahía sea un ejemplo de desarrollo sostenible, coherencia ambiental y urbanística y consenso social. No tendría sentido la gran inversión pública que se va a realizar, para que Portmán se convierta simplemente en una nueva gran urbanización costera con puerto depor-tivo y playa. Por ello, se reclama que los tres proyectos de actuación (recuperación de la bahía, construcción de la dár-sena náutico-deportiva y organización del espacio restante) se consideren como conjunto, sin que pueda desligarse de la actuación que se realice en la bahía, el entorno urbano y natural alrededor de ésta. Así mismo, se reclama que se estudie la recuperación de la Sierra en base a los proyectos de recuperación de la Bahía.

A finales del año 2.010, se está a la espera de la Declara-ción de Impacto Ambiental por el MMA del Proyecto de Regeneración y Adecuación Ambiental de la Bahía de Portmán T. M. La Unión (Murcia), sometido a información pública en 2.007; quedó pendiente cuando las competencias de Medio Ambiente se integraron en el Ministerio de Me-dio Ambiente y Medio Rural y Marino. La llegada a este Ministerio del nuevo equipo ministerial en octubre 2.010 ha retomado la cuestión volviendo a abrir los cauces de parti-cipación ciudadana y se espera el comienzo de las obras para mayo 2.011. Queda otra dificultad; cuando parece que ve la luz este importantísimo proyecto de regeneración de la Bahía, las organizaciones sociales participantes ven como

168

una posible contradicción la pretensión de la Autoridad Portuaria de Cartagena de ubicar una gran Terminal de contenedores en El Gorguel, a unos 500 m. de la futura pla-ya de Portmán. Es un proyecto apoyado por la CARM, que puede chocar con el futuro desarrollo turístico de la zona, y que choca frontalmente con la conservación de los valores ambientales del entorno de esta pequeña bahía de El Gor-guel (la Sierra de la Fausilla, en el entorno mismo de la bahía de El Gorguel, es LIC y ZEPA), y con la protección del patrimonio minero de El Gorguel y la rambla del Aven-que que deben permanecer como BIC dentro del espacio protegido.

Después de analizar las diferentes actuaciones y solucio-nes propuestas para la regeneración y el desarrollo turístico de la bahía de Portmán y Sierra Minera, en la Tabla que se incluye como Anexo se resumen los principales agentes implicados en la historia reciente de Portmán, para así po-der entender los distintos posicionamientos que defienden.

Bibliografía

BAÑOS PÁEZ, P. (1991) “Nunca Más”. En COSTA MORATA, P. La Costa de la Región de Murcia, Madrid. Trotta.

CES Región de Murcia (1999): Dictamen sobre el Proyecto de directrices de ordenación territorial de la Bahía y la Sierra de Portmán, y del proyecto de Decreto por el que se aprueban defini-tivamente las citadas directrices. Murcia

(http://www.cesmurcia.es/dictamen/a_1995/d_09_1995.pdf)

FUNDACIÓN SIERRA MINERA: Diversos escritos:

http://www.fundacionsierraminera.org/actividades/escritos.asp?opcion=3

GONZÁLEZ GÓMEZ, I. y BAÑOS PÁEZ; P. (1987) Problemática de Portmán. ANSE. Murcia.

169

LORENZO SOLANO, J.A. (1986):Portmán (Portus Magnus Ro-mano), Murcia. Novograf.

MARTOS MIRALLES P. (Coord.) (2001): Medio Ambiente y Em-pleo en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. La Unión. Fun-dación Sierra Minera.

VILAR, J.B., EGEA BRUNO, P.M. y FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, J.C. (1991): La minería murciana contemporánea (1930-1985). Madrid. Instituto Tecnológico GeoMinero de España.

ANEXO AL CAPÍTULO

Principales actores sociales implicados en el conflicto

socio-ecológico en la bahía de Portmán

PRINCIPALES ACTORES SOCIALES

POSICIÓN ¿QUÉ

DICEN? ¿QUÉ

HACEN?

ADMÓN .LOCAL

Ayuntamiento de La Unión

Recuperación de la Bahía para facilitar desarrollo del Municipio

Pidió el cese total de los vertidos al final de la actividad de la empresa. De-claraciones pro regeneración de la bahía junto a otros actores impli-cados

Responsable de la Planificación urbanística. Aprobación del Plan Parcial Porto Magno. En el avance de elaboración del P.G.M.O. con-templa 9000 nuevas vivien-das en Portmán. Reducidas a 2500 tras elec-ciones locales 2007.

170

PRINCIPALES ACTORES SOCIALES

POSICIÓN ¿QUÉ

DICEN? ¿QUÉ

HACEN?

ADMÓN. AU-TONÓMICA

Consejo de Go-bierno de la Comunidad

Autónoma de la Región de Mur-cia (C.A.R.M.) y diversas Conse-jerías: Turismo; Obras Públicas; Desarrollo Sos-

tenible; etc.

Recuperación de la Bahía para facilitar desarrollo de la Comarca. Necesidad irrenunciable de Estación Náutica en la Bahía recupe-rada.

Buscan Desa-rrollado Soste-nido Apoyo a las propuestas de agentes em-presariales. Acepta inter-vención pro-puesta por MMA de los movimientos ciudadanos: vecinos y eco-logistas.

Competencias Ordenación del Territorio: Aprueba Direc-trices y Plan de Ordenación del Litoral (2002) que anulan Di-rectrices de Ordenación Territorial de Sierra y Bahía de Portmán (1995) cuyas actuacio-nes no habían desarrollado. Promueve des-protección terre-nos en Parque Regional pro-puesta por Portmán-Golf

ADMÓN. CEN-TRAL

Ministerio de Medio Ambien-te. (Desde abril 2008, de Medio

Ambiente y Medio Rural y

Marino- MMAMRM)

También: Ente Público Puertos del Estado; y en él la Autoridad

Portuaria de

Competencias sobre la Bahía. Corresponsa-ble del desas-tre por la con-cesión de ver-tido. Recuperación ambientalmen-te adecuada de la bahía de Portmán.

Necesidad de actuación para la recupera-ción. Cumplimiento de la normati-va Diferentes posiciones según Minis-tro/a para atender a los agentes socia-les y solucio-nes para la

Tras elecciones 2004: Retoma necesidad de actuación para la recuperación ambiental de Bahía de Portmán. Acep-tan y favorecen participación de movimientos ciudadanos. Lidera actuacio-nes de las tres administraciones

171

PRINCIPALES ACTORES SOCIALES

POSICIÓN ¿QUÉ

DICEN? ¿QUÉ

HACEN?

Cartagena recuperación de la bahía.

Pendiente Eva-luación de Im-pacto Ambiental de la alternativa de regeneración. Nuevas perspec-tivas al relevo cúpula ministe-rial en 2010

UNIÓN EURO-PEA

Comisión Agencia Europea

de Medio Am-biente

Otros organis-mos: Parlamen-to, Banco Euro-peo de Inversio-

nes…

Cumplimiento de la normati-va europea Recibe quejas de los movi-mientos ciu-dadanos. Posible fuente de financiación del proyecto de regenera-ción de la Bahía.

Niega la finan-ciación de la última pro-puesta presen-tada (1998) Portmán-Escombreras: Dudas en la calidad am-biental. No querer financiar con capital público un proyecto con elevados beneficios privados para los causantes del desastre.

Apoyo a la sos-tenibilidad am-biental y social de las actuacio-nes. Recibe propues-tas del Estado Español para protección del territorio. Tramita denun-cias de movi-mientos ciuda-danos y, si es el caso, actúa con-tra las Adminis-traciones espa-ñolas.

EMPRESA PORTMÁN GOLF S.A.

Posee más del 80% de los terrenos de la comarca. Interés en la regeneración de la bahía; beneficia a sus estrategias y

Tiene ambicio-sos proyectos urbanísticos en la zona que promociona asegurando la regeneración y vendiendo un paisaje distinto

Continúa adqui-riendo terrenos. Se benefician de actuaciones anticontamina-ción en la sierra. Construcción de diversas promo-ciones en

172

PRINCIPALES ACTORES SOCIALES

POSICIÓN ¿QUÉ

DICEN? ¿QUÉ

HACEN?

planes de negocio.

al actual. Portmán, dupli-cando nº de viviendas ante-riores. Presiona para recalificación masiva de suelo, que le permita sus proyectos urbanísticos en la zona.

MOVIMIENTO VECINAL

Principal gru-po afectado por el desastre. Más de 40 años en lucha. Dife-rentes posicio-nes antes y después del cierre de la minería.

Piden que sus denuncias y reivindicacio-nes sean “es-cuchadas”. Siguen recla-mando “una solución jus-ta”.

Elabora pro-puestas. Presen-ta alegaciones, Convoca movili-zaciones, … Siguen “en lu-cha” día a día por “salir ade-lante” y por recuperar la bahía que les fue “arrebatada”.

FUNDACIÓN SIERRA MINE-

RA

Organización de carácter participativo. Representa “el Tercer Sector”. Su objetivo es el desarrollo socioeconómi-co de la zona. Defienden una regeneración integrada de la Bahía y Sierra

Apuesta por los valores culturales y ambientales de Sierra Minera, impulsando el desarrollo socioeconómi-co de la zona.

Elaboración de “Alternativas de desarrollo” para la zona. Puesta en marcha de Proyectos como: Parque ambien-tal Huerto Pío. Restauración de minas y recupe-ración del pa-trimonio minero Centro de Inter-

173

PRINCIPALES ACTORES SOCIALES

POSICIÓN ¿QUÉ

DICEN? ¿QUÉ

HACEN?

Minera. pretación Mina Las Matildes. Cursos de for-mación: Guías Ecoturísticos; etc.

ASOCIACIO-NES ECOLO-

GISTAS Grupo Ecologis-ta Mediterráneo;

GreenPeace; ANSE; Ecologis-

tas en Acción; Coordinadora

para la Conser-vación y Recupe-

ración de la Sierra y la Bahía

de Portmán.

Importante papel de de-nuncia contra la situación de la bahía y la Sierra Minera. Lucha activa contra los vertidos y sus efectos sobre el medio natural y social. De-fienden una regeneración ambiental y socialmente sostenibles.

Necesidad de Plan conjunto de regenera-ción de Sierra y Bahía. Necesario estudiar “Al-ternativa cero” a la recupera-ción Bahía. Sostenibilidad ambiental y social de alter-nativas de actuación

Realización de estudios y alega-ciones. Denuncias en prensa y orga-nismos políticos y administrati-vos. 1986, GreenPea-ce “cierre” de los vertidos. 1987.ANSE: Semana Mono-gráfica de Portmán 1987. Greenpea-ce Denuncia por delito ecológico

UNIVERSIDA-DES

Universidad de Murcia (UM) Universidad

Politécnica de Cartagena

(UPCT) Universidad de Alicante (UA) CENTROS DE INVESTIGA-

A nivel institu-cional, partici-pan en las investigaciones que se les solicitan. Destacada importancia del CEDEX y el IGME anali-zando pro-puestas y apor-

A nivel institu-cional se valo-ra positiva-mente la con-veniencia de la recuperación ambiental de la bahía y su entorno. Diferentes posiciones de los científicos

Estudian dife-rentes alternati-vas. Proponen soluciones razo-nadas. Destaca-das aportaciones de CEDEX, IG-ME, IEO. Inter-vención formal del Grupo de Investigación de Contaminación

174

PRINCIPALES ACTORES SOCIALES

POSICIÓN ¿QUÉ

DICEN? ¿QUÉ

HACEN?

CIÓN Centro de Estu-dios y Experi-mentación de

Obras Públicas (CEDEX)

Instituto Geoló-gico y Minero de España (IGME)

Instituto Español de Oceanografía

(IEO)

tando solucio-nes. El IEO hace el primer gran estudio del Medio Marino afectado (1984) y participa en todas las fases de consulta. No hay posi-cionamiento oficial en apo-yo a ninguna de las muchas soluciones propuestas; sí para rebatir algunas pro-puestas.

de medio ma-rino y de los de medio te-rrestre en cuanto al tra-tamiento de los residuos tóxi-cos y su verti-do en mar o en tierra. Posicio-namiento a nivel indivi-dual de algu-nos miembros de la comuni-dad científica.

de Suelos de la UM para el tra-tamiento in situ de los residuos tóxicos almace-nados en la bahía. Intervenciones a nivel particular de algunos cien-tíficos. Especial implicación en todo el proceso de algunas per-sonas de Socio-logía y Ecología de la UM. Tam-bién de Arqueo-logía e Hª Con-temporánea de la UM; Geodi-námica de la UPCT; Ciencias del Mar de la UA.

175

EL DEBATE NUCLEAR: EL PERSISTENTE RECHAZO DE LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA

Mar Chaves Carrillo, Artemio Baigorri Agoiz, Manuela Caballero Guisado

La presente comunicación tiene como objeto la exposición de las principales conclusiones extraídas del análisis del estado de la opinión pública española en relación a la utili-zación de la energía nuclear, como parte de una investiga-ción más amplia en torno al Debate Nuclear en España, realizada por encargo de la Fundación Encuentro32 .

El trabajo presta atención a tres aspectos: la posición re-fractaria de los españoles ante la energía nuclear e indus-trias asociadas; la percepción de los riesgos derivados de su utilización; y por último, los niveles de información sobre la energía nuclear manejados por los españoles.

En relación a los dos primeros aspectos, y a través del análisis de las distintas encuestas del CIS y distintos Euro-barómetros, se pondrá de relieve cómo la oposición a lo nuclear e industrias asociadas, así como los riesgos percibi-dos, ha sido una constante en la opinión pública española. En relación al tercer aspecto, nos ocuparemos de un ele-mento a menudo utilizado para explicar, y en parte deslegi-timar, ese escaso apoyo: los bajos niveles de información que sobre este tema manifiestan de forma explícita, y tam-

32 Este trabajo tiene su origen en una investigación sobre el Debate

Nuclear en España financiada por el Centro de Estudios del Cambio

Social la Fundación Encuentro, y se ha podido mejorar en el marco

del proyecto PRI09139 financiado por la Junta de Extremadura y el

FEDER. Una versión fue presentada y discutida en el X Congreso

Nacional de Sociología (Pamplona, 2010).

176

bién latente (deducidas de las altas tasas de no respuesta y No Sabe) la mayoría de los españoles.

Nuestro análisis pone de manifiesto que, contrariamente a esas tesis (defendidas en documentos que explícita o im-plícitamente promueven la energía nuclear), la oposición a la energía nuclear no debemos explicarla por el bajo nivel de información sobre esta fuente de energía. Recordemos que la defensa y oposición de este tipo de energías se inser-ta de lleno en la conflictividad ambiental, en donde las per-cepciones de sentido común sobre riesgos y amenazas per-cibidas y latentes se tornan suficientes para posicionarse ante este tema, sin necesidad de recurrir a información ex-perta. Es decir: le enormidad de los riesgos y la desconfian-za hacia las agencias responsables de su control harían in-necesaria mayor información.

Marco general

Desde hace al más de un lustro ha reaparecido el Debate Nuclear, tanto en la escena pública española como en el ámbito internacional, tras casi tres de olvido fáctico.

En un principio bien podría verse como un conflicto cog-nitivo entre quienes defienden la energía nuclear como fuente de energía, argumentando que se trata de una ener-gía limpia y segura, y quienes se oponen a su utilización, tanto con fines civiles como militares, argumentando fun-damentalmente sus riesgos a corto y largo plazo, y nivel de peligrosidad. A ello contra-argumentan los primeros que las centrales futuras serán más seguras, y los segundos re-tro-argumentan que el coste de esas futuras centrales su-puestamente seguras, así como los costes reales de mante-nimiento de los residuos, hace inviable dicha energía tam-bién en términos económicos.

Sin embargo, la reaparición del debate lo ha sido en unos términos que podríamos considerar falsarios. Aunque pa-rece una re-edición del debate producido sobre todo en los años ’70 y ’80, en el que la mayoría de actores estaría discu-

177

tiendo sobre bondades y maldades de la energía nuclear, unos pidiendo más nucleares y otros el cierre de las mis-mas, el desencadenante del debate no es en realidad el de-seo de ningún agente económico de invertir en centrales nucleares, sino que lo que realmente se está dilucidando es el de la prolongación, o no, de la vida útil de las ya centra-les nucleares ya existentes (la mayoría de ellas diseñadas y construidas hace tres décadas).

Así, el debate quedaría mejor enmarcado en los siguientes términos:¿podemos asumir los riesgos derivados de pro-longar la vida útil de unas centrales nucleares obsoletas, y por tanto, más proclives a incidentes?. ¿Asumirá la pobla-ción española este mismo riesgo?. Teniendo en cuenta que si la pregunta fuese realmente si la población española acepta la construcción de nuevas centrales nucleares, todos los datos apuntan a que la respuesta sería negativa, a la vista del análisis del estado de opinión pública general, debemos deducir una mayoritaria oposición también a los intentos de ampliación de la vida útil de las centrales exis-tentes, habida cuenta que la opinión pública española tiene una percepción muy alta de riesgos y peligros de dichas actividades.

La oposición española hacia la energía nuclear

A pesar de las dificultades epistemológicas para abordar la cuestión33, podemos establecer, a partir del análisis de las sucesivas encuestas del CIS tratando del tema, que la opi-nión pública española se ha mantenido, durante tres déca-das, refractaria a la energía nuclear e industrias asociadas.

33 Aunque el CIS ha mantenido una regularidad en el tratamiento del tema, las cuestiones planteadas difieren en unos y en otros estudios, lo que impide el análisis longitudinal de la evolución de la opinión pública. Se ha intentado extraer las cuestiones más parecidas o que indagan en la misma cuestión sobre la construcción o no de centrales nucleares.

178

Oposición que también queda reflejada en los Eurobaróme-tros.

EVOLUCIÓN DE LAS ACTITUDES DE LOS ESPAÑOLES ANTE LA ENERGÍA NUCLEAR

Encuesta Pregunta

CIS (1978)

CIS (1990)

CIS (1996)

CIS (2001)

CIS (2007a)

Ante la construcción de centrales nucleares, hay que buscar otra alternativa dada su peligrosidad

66% -- -- -- --

Oposición ante el planteamiento de la posible construcción de nuevas centrales nucleares en España

-- 56% -- -- --

Oposición ante el planteamiento de la posible construcción de una central nuclear próxima a la loca-lidad del encuestado

-- 71% -- -- --

Se debería limitar el desarrollo científico y tecnológico en el ámbi-to de la energía nuclear

-- -- 62,2% 56,2% --

No hay que contar con la utiliza-ción de las centrales nucleares para la producción de electricidad porque conlleva riesgos que son inaceptables

-- 47% -- -- --

En desacuerdo con que en España se debería potenciar la construc-ción de centrales nucleares para cubrir las necesidades de electrici-dad

-- 54% -- -- --

Se debería disminuir la proporción de energía nuclear porque implica problemas de seguridad como los desechos radioactivos o el peligro de accidentes

-- -- -- -- 74,3%

Fuente: Banco de datos del CIS y elaboración propia

179

De hecho, en virtud de los datos referentes al Eurobaró-metro Especial 297 del año 2.008, España se encontraba entre los países que mayor oposición manifestaba en rela-ción a esta fuente energética, desmarcándose de la media europea de apoyo a la misma (44%) aun cuando se observa un incremento a la alza entre 1996 y 2008.

Además, esta oposición a lo nuclear viene acompañada

de ciertos elementos, como son la consciencia de las necesi-dades energéticas en España para atender la demanda, pero la apuesta se aleja de la energía nuclear. A modo de ejem-plo, en el Eurobarómetro monográfico (Especial 247, Atti-tudes towards energy, 2006) observamos cómo tan sólo un 4% de los españoles manifiestaba que se debería desarrollar la energía nuclear como alternativa a esta dependencia energética.

Ligado a lo anterior, los españoles tampoco apuestan por la construcción de centrales nucleares como alternativa a la satisfacción de la demanda energética. Sin datos más actua-les, ya en el estudios del CIS de 1990, hacia la hipotética construcción de centrales nucleares como alternativa a la satisfacción de las demandas energéticas, un 54% de los

180

entrevistados se oponían a la conjetura; porcentaje que au-mentaba cuando esa hipotética construcción se realizaba cerca de la localidad del encuestado (71%).

Otro aspecto consistente con las opiniones anteriores ha sido el de considerar decisiones consensuadas con la pobla-ción en esta materia. Así, destaca del estudio del CIS de 1990 un aspecto que se mantiene de forma recurrente: la necesidad de contar con los ciudadanos ante posibles pro-yectos de instalación de centrales nucleares y plantas de residuos radiactivos, mediante referéndum, tal y como lo explicitó un 67% de los entrevistados en aquel estudio para el caso de las centrales nucleares, o mediante la consulta y participación directa en el proceso de toma de decisiones, tal y como lo explicitan un 55% de españoles en estudios más recientes como en el Eurobarómetro Especial 297 de 2008 para el caso de las plantas de residuos radioactivos (en el Eurobarómetro Especial 227 de 2005 ese porcentaje al-canzaba un 74%).

Además, se considera el ámbito de la energía nuclear co-mo aquel en el que se debería limitar el desarrollo tecnoló-gico por su escasa contribución a la calidad de vida, tal y como manifestaba el 53,4% en el estudio del CIS de 1996 sobre Actitudes ante los avances científicos y tecnológicos, aspecto que se repite en el estudio del CIS sobre Opiniones y Actitudes de los españoles hacia la biotecnología (2001), bajando incluso el porcentaje de los que mantenían que la energía nuclear había contribuido mucho o bastante a esta mejora de la calidad de vida (de 36,7% en 1996 a un 32,3% en 2.001). En los últimos años se mantiene la limitación a la investigación en este ámbito y a su utilización: en el estudio CIS sobre la Percepción social de la ciencia y la tecnología del 2006 los españoles seguían oponiéndose a que la inves-tigación se orientara hacia la energía nuclear; así como a su utilización ( Ecología y Medio Ambiente de marzo de 2007 , CIS, 2007a), en el que para el 74,3% de los españoles la proporción de energía nuclear debería disminuir porque

181

implicaba problemas de seguridad (desechos radioactivos), el peligro de accidentes, más perjudicial para el medio am-biente la que comportaba mayores riesgos para la salud humana; y Barómetro de Noviembre de 2007 (CIS, 2007b), en el que para un 40,3% de la población española, la ener-gía nuclear sería la fuente energética que se debería utilizar en menor medida por encima del petróleo y el carbón, atendiendo también a los riesgos percibidos, en términos de seguridad (56,7%), contaminación del aire y agua (40,8%), o la generación de residuos (33,7%).

Percepción de riesgos y peligrosidad

A la actitud refractaria hacia la energía nuclear se le une la percepción de los riesgos y los niveles de peligrosidad asociados a la misma. Aunque tenemos que señalar, al igual que en los aparados anteriores, las dificultades de realizar tan siquiera una aproximación diacrónica al tema debido a la inconsistencia en las preguntas planteadas en lo diferentes estudios (no se repiten as mismas preguntas en todos los estudios). La siguiente nos informa de esta incon-sistencia al par que nos ofrece la opinión pública española ante la percepción de riesgos relacionados con la energía nuclear e industrias asociadas. En todo caso aparece una alta percepción de la peligrosidad de las mismas tal y como puede apreciarse:

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE RIESGOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Encuesta Pregunta

CIS (1978)

CIS (1990)

CIS (1993)

CIS (2000a)

CIS (2000b)

CIS (2004)

CIS (2007a)

Grado de peligrosi-dad Alto o Muy Alto otorgado a las centrales nucleares

47% -- -- -- --

El hecho de vivir -- 77% -- -- --

182

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE RIESGOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Encuesta Pregunta

CIS (1978)

CIS (1990)

CIS (1993)

CIS (2000a)

CIS (2000b)

CIS (2004)

CIS (2007a)

cerca de una central nuclear es peligroso para la salud

El hecho de trabajar en una central nuclear es peligroso para la salud

-- 73% -- -- --

El hecho de vivir próximo a una central nuclear da radiación

-- 70% 80% -- --

El hecho de vivir cerca de un almacén de residuos radioac-tivos da radiación

-- -- 82,4% 88,6% -- --

La energía nuclear es la fuente energé-tica que mayores riesgos comporta para la salud (de entre las plantea-das)

-- -- -- -- -- 58,2%

Grado de peligrosi-dad (Extremada-mente o muy peli-grosas) de las cen-trales nucleares para el medio am-biente

-- -- -- 82,3% 73,7%

En relación a los riesgos, para los españoles son mayores

que las ventajas asociadas a la energía nuclear, aspecto que aparecen en los estudios más recientes (Eurobarómetro

183

Especial 271 sobre Europeans and nuclear safety de 200734) y extendido también a las industrias asociadas, como las cen-trales nucleares35. Una percepción que también se ha mani-festado en estudios del CIS sobre Ecología y Medio Ambiente de marzo de 2007 (CIS, 2007a), donde el 58,2% de los espa-ñoles otorgan mayores riesgos para la salud humana a la energía nuclear que otras fuentes como el petróleo (14%) o el carbón (7%); o para el medio ambiente (un 38,1%) por encima del petróleo (31,3%) o del carbón (12,5%).

Los riesgos asociados a la energía nuclear han sido varia-dos y puestos de manifiesto desde los primigenios estudios del CIS de 1978 hasta los más actuales, siendo los principa-les riesgos (o inconvenientes tal y como en algunos casos se planteaban en a pregunta) los relacionados con la contami-nación radiactiva , el almacenaje de residuos radiactivos y el riesgo de accidentes (estudio del CIS Energía Nuclear de 1993), una percepción mantenida en el Barómetro de abril 2000, aun cuando destaca el aumento en la percepción del riesgo de accidentes (del 17,9% en 1993 pasa al 24,7% en 2000). También conviene señalar cómo a lo largo de la dé-cada de los noventa, y a tenor de los datos del estudios sobre Opiniones y actitudes ante la energía nuclear del CIS de 1990 y el Barómetro de Abril de 2.000, el aumento de enfer-medades provocadas por la radiactividad (pasa del 37% en 1990 al 53,5% en el 2000) desplaza al riesgo de accidentes nucleares (baja del 60% en 1990, al 47% en el 2000)como uno de los riesgos con mayor probabilidad de que ocurra, junto con la contaminación radiactiva del entorno (crece del 45% en 1990 al 50,7% en el 2000 y a de los trabajadores del

34 Los riesgos de la energía nuclear son mayores que las ventajas en un 55%, frente al 23% que mantiene lo contrario (Eurobarómetro Especial 271 sobre Europeans and nuclear safety de 2007). 35 Eurobarómetro Especial 271 sobre Europeans and nuclear safety de 2007): el 60% de españoles consideraban que las centrales nucleares representaban un riesgo para ellos y sus familias frente al 24% que no opinaba así..

184

sector (del 45% en 1990 al 49,1% en el 2000). Señalamos al mismo tiempo, como el almacenaje de residuos radiactivos comporta para la opinión pública riesgos asociados con el medio ambiente y la salud humana, como lo pusieron de manifiesto el 49% de los españoles encuestados en el Euro-barómetro Especial 227 sobre Radioactive Waste de 2005 co-mo respuesta a lo que más temerían ante la posibilidad de que se construya una planta de residuos cerca de su casa; porcentaje que aumenta hasta el 52% en el Eurobarómetro Especial 297 sobre Attitudes towards radioactive waste de 2008.

Los niveles de información manejados por la opi-nión pública

Como se aprecia de lo anterior, los españoles son refracta-rios a la energía nuclear e industrias asociadas, así como se aprecia una percepción de altos riesgos sobre lo nuclear tanto en términos de seguridad, medio ambiente y salud humana. Y por otro lado, existe junto a esta oposición y percepción de riesgos, unos bajos niveles de información sobre la misma si nos atenemos a los datos de los diferentes estudios, donde los porcentajes de no respuesta o no sabe son altos en cuestiones sobre seguridad, control y legisla-ción de dichas industrias. Ya en 1978 en el estudio del CIS sobre Centrales Nucleares, un 61% manifestaba no saber en qué consistía la energía nuclear y un 53% ignoraba la fina-lidad de las centrales nucleares, comenzando a evidenciarse los altos porcentajes de no respuesta/no sabe ante ciertas cuestiones relacionadas con seguridad, control o legislación y que llegan hasta la actualidad36, pero que en todo caso

36 A modo de ejemplo, podemos mencionar el Eurobarómetro Espe-cial 271 (European Commission, 2007b) sobre la seguridad nuclear, onde nos encontramos con altas tasas de en la opción No sabe ante cuestiones relacionadas con legislación sobre esa materia, en torno al 25 y al 40%, al mismo tiempo que encontramos mayor diversificación

185

confirman el desconocimiento experto. La desinformación va a ser una característica junto con la oposición: ya en el estu-dio de 1993 del CIS mantenía un 88% que se sentía desin-formados sobre ventajas e inconvenientes de la energía nuclear, aspecto que sigue en la actualidad en los últimos estudios analizados, y en el Eurobarómetro Especial 271 de 2007, sobre la seguridad de las centrales nucleares, un 87% de los españoles manifestaban sentirse mal informado so-bre esta cuestión, situándose España entre el grupo de paí-ses con menos información al respecto de Europa.

Bien, explicitados estos bajos niveles de información de los españoles hacia cuestiones básicas sobre energía nu-clear, legislación, riesgos, control, etc. bien pudiera parecer, en un principio, que una cosa lleva a la otra: que la oposi-ción se deba a la falta de información o al gran desconoci-miento sobre esta energía nuclear. Tal conclusión olvida un aspecto consustancial al conflicto, aparte de que no se está tratando de ver la calidad de la opinión pública.

A diferencia de otros temas de debate, el de la energía nuclear hemos mantenido cómo se inserta de lleno en el ámbito de los conflictos ambientales donde los ciudadanos mantienen sus argumentos en virtud del sentido común sobre peligros percibidos y sentimientos de agravios explí-citos o latentes, y que para ellos son suficientes para posi-cionarse en posturas a favor o en contra ante la conflictivi-dad. Y estos riesgos son efectivamente percibidos a tenor de los datos de los diferentes estudios.

Por otro lado, nada parece indicar que el acceso, por parte de quienes se oponen, a mayor información científica sobre energía nuclear incida en una menor oposición hacia este tipo de energías (Austria sería el ejemplo de país que se informó y decidió oponerse a la energía nuclear). Otro as-pecto relacionado es la escasa confianza otorgada a este

en las respuesta. Por ejemplo, ante la cuestión de si creen que la legis-lación es suficiente sobre seguridad nuclear, abogan por el sí un 38%, por el no un 25% , y No sabe un 37%.

186

tipo de información científica por parte de público, debido a que son cuestiones que despiertan desconfianza, venga de la mano de quien venga, incluso de la comunidad científi-ca37. El nivel de confianza de los españoles hacia determi-nados actores sociales como portadores de información sobre energía nuclear y residuos radiactivos, por ejemplo, se diluye entre la diversidad de los mismos38.

Al mismo tiempo no está demás recordar que las posibi-lidades de acceso a información cualificada se ha multipli-cado en estas décadas, fundamentalmente a partir de la irrupción de Internet, por lo que debemos plantearnos, a tenor de los riesgos percibidos, en la necesidad o no que tienen los españoles de mantenerse informado en cuestio-nes en las que conocen/saben de los riesgos básicos.

37 Basta recordar el análisis de Manuel García Ferrrando en 1987, sobre la Imagen de la ciencia y la tecnología en España, en el que se ob-serva una caída de la confianza otorgada previamente a la comuni-dad científica en el caso hipotético de que recomendaran la construc-ción de una central atómica para la producción de electricidad por-que no ofrecía peligro alguno.

38 En el Eurbarómetro Especial 271, Europeans and nuclear safety del 2007: aunque los españoles otorgaron a la comunidad científica el mayor porcentaje de confianza en la información sobre la gestión de residuos (un 38%, porcentaje menor que en la mayoría de países europeos), las respuestas se diluían fuertemente entre los demás actores planteados: un 29% en el caso de ONGs, un 26% para el go-bierno, y un 18% tanto para las Organizaciones Internacionales que trabajan por el uso pacífico de la energía nuclear, como para la Unión Europea. En el Eurobarómetro 297 del 2008 (Attitudes towards radioac-tive waste ), sobre información relacionada con seguridad nuclear, también se observa una variedad de respuestas: el 43% confía en los científicos (porcentaje otra vez menor que en la mayoría de países europeos), un 20% a las ONG's, un 19% al gobierno y un 16% a la Unión Europea. Al mismo tiempo, y a diferencia de la mayoría de otros países europeos, os españoles mantienen unos relativamente altos niveles de confianza para los medios de comunicación como fuente de información sobre seguridad nuclear (37%).

187

Conclusiones

A la vista de los análisis previos, podemos concluir que la auténtica opinión pública española, esto es la opinión de los españoles, rechaza mayoritaria y explícitamente la energía nuclear. Que si bien manejan bajos niveles de información (deberíamos plantearnos qué tipo de información es la que deberían manejar los ciudadanos con respecto a esta fuente de energía, los que benefician a una parte del debate o los que benefician a la otra parte del debate para decir que están bien o mal informados) pero sí lo están en relación a los riesgos básicos derivados de la explotación del átomo en virtud de la manifestación explícita y percepción de los mismos, y además son plenamente conscientes de las difi-cultades energéticas presentes y futuras. El caso claro es que de este análisis de la opinión pública no se deriva el apoyo de los españoles al desarrollo de la energía nuclear, si bien al contrario, se aprecia la opinión favorable a su limitación.

Bibliografía

Centro de Investigaciones Sociológicas (1978) Centrales Nuclea-res. Número de Estudio 1154. Madrid

Centro de Investigaciones Sociológicas (1983) Barómetro de Di-ciembre. Número de Estudio: 1383. Madrid

Centro de Investigaciones Sociológicas (1990) Opiniones y actitu-des ante la energía nuclear. Número de estudio: 1904. Madrid

Centro de Investigaciones Sociológicas (1993) Energía Nuclear. Número de estudio 2074. Madrid

Centro de Investigaciones Sociológicas (1995) Barçometro de Fe-brero.Número de estudio 2132. Madrid

Centro de Investigaciones Sociológicas (1996) Actitudes ante los avances científicos y tecnológicos. Número de estudio 2213. Ma-drid

188

Centro de Investigaciones Sociológicas (2000a) Barómetro de Abril. Número de estudio 2389. Madrid

Centro de Investigaciones Sociológicas (2000b) Medio Ambiente. International Social Survey Programme. Número de estudio 2390. Madrid

Centro de Investigaciones Sociológicas (2001) Opiniones y actitu-des de los españoles hacia la biotecnología. Número de estudio 2412. Madrid

Centro de Investigaciones Sociológicas (2004) Opiniones de los españoles sobre el medio ambiente. Número de estudio 2557. Madrid

Centro de Investigaciones Sociológicas (2005) Ecología y Medio Ambiente II. Número de estudio 2590. Madrid

Centro de Investigaciones Sociológicas (2006) Percepción social de la ciencia y la tecnología. Número de estudio 2652. Madrid

Centro de Investigaciones Sociológicas (2007a) Ecología y Medio Ambiente III. Número de estudio 2682. Madrid

Centro de Investigaciones Sociológicas (2007b) Barómetro de Noviembre. Número de estudio 2742. Madrid

European Commission (1989) Public opinion in the European Community. Special Ecobarometer

European Commission (1997) European Opinion and Energy Mattes. Special Ecobarometer 46.0

European Commission (2005) Radioactive waste. Special Eco-barometer 227

European Commission (2006) Attitudes towards energy. Special Ecobarometer 247

European Commission (2007a) Energy Technologies: Knowledge, perception, measures. Special Ecobarometer 262

European Commission (2007b) Europeans and nuclear safety. Special Ecobarometer 271

European Commission (2008) Attitudes towards radioactive waste. Special Ecobarometer 297

189

García Ferrando, Manuel (1981), “El debate público sobre el uso de la energía nuclear”, REIS, 16, pp. 57-90

García Ferrando, M. (1987) “Imagen de la ciencia y la tecnología en España”, REIS, 37, pp. 139-171

190

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL ANTE ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE GESTIÓN LITORAL EN EL DELTA DEL EBRO

Elisabet Roca, Míriam Villares y Rosa Junyent

Introducción

Tradicionalmente, para hacer frente a la erosión costera se han empleado técnicas de ingeniería marítima duras o blandas. En el ámbito europeo, 7.600 Km. de costa se han “beneficiado” de estos sistemas de protección costanera (EC, 2004), pero en numerosos casos, la erosión se ha resul-to solo localmente o temporalmente y ha acentuado el pro-blema regresivo aguas abajo. Al final, las consecuencias pueden ser catastróficas para la resiliencia de la costa, es decir, para su capacidad natural de responder al estrés, a los cambios ambientales y para desarrollar sus funciones socio- ecológicas (Woodroffe, 2007; Turner, 2000).

La presión antrópica sobre los sistemas naturales como los deltas afecta su capacidad para proveer de servicios ecosistémicos como: recursos para la agricultura y la pesca, el soporte físico y el paisaje para las actividades socioeco-nómicas que afecten al propio desarrollo de las actividades humanas (Constanza et al., 1997; de Groot et al., 2002). Una de las funciones mermadas es la protección natural de las tierras emergidas ofrecida por los ecosistemas costeros co-mo las dunas, humedales o arrecifes coralinos provocada por los fenómenos erosivos. Así, el 4º informe del IPCC (2007) señala que les costas deltaicas son especialmente vulnerables a partir las consecuencias del cambio climático y al aumento del nivel del mar (Zhang, Douglas, & Leat-herman, 2004), esto añade complejidad, incertidumbre, intensidad y durabilidad a los procesos de degradación i presión que ja están afectando los deltas.

191

Desdel los trabajos realizados en el IPCC (IPCC 2007) se reconoce la necesidad de considerar otras alternativas más allá de las estrategias de “hold the line” o no hacer nada, para empezar a implementar “managed realignment”. El “managed realignment”39 implica trabajar con les dinámi-cas naturales y dejar más espacio al agua y los sedimentos. Consiste en identificar una nueva línea de costa en tierra y fija nuevas defensas, comportando en ciertos casos la eli-minación de les infraestructuras existentes o bien hacer cambios en los usos del suelo.

Sin embargo, este tipo de estrategias, a veces, por diver-sos motivos son fuente de conflicto social. Esto es objeto de estudio de nuestra investigación. Se parte de la premisa que es necesario conocer de las raíces del conflicto, así se puede contribuir a establecer mecanismos que favorezcan una implementación de dichas estrategias de gestión. En este contexto se sitúa el presente artículo. El trabajo forma parte de un proyecto desarrollado en el Delta del Ebro, al sur de Cataluña. En la zona, un desequilibrio sedimentario pone en juego ciertas actividades socioeconómicas y las funcio-nes de conservación del Parque Natural del Delta del Ebro.

Desde hace décadas el principal problema físico de los deltas del Mediterráneo es la regresión, el origen de la cual es la construcción de grandes embalses que han retenido sedimento. Les obras transversales costeras (puertos y es-pigones) también representan una barrera para la transfe-rencia de material sedimentario. Así mismo, la degradación de los hábitats costeros como los humedales, dunas, han

39 Clasificación utilizada en los informes del PICC (Panel Interguber-namental sobre el Cambio Climático) sobre la afectación del cambio climático en les zonas costeras establecida por Bijlsma et al. (1996). Básicamente, esta clasificación establece un gradiente de alternativas que van desde aquellas más tecnocráticas que quieren controlar los sistemas naturales hasta las más adaptativas que pretenden ajustarse a las dinámicas naturales.

192

eliminado la protección natural de las playas contra los episodios extremos de tempestad.

A pesar de todo ello, recuperar la función protectora que de forma natural nos ofrecen los sistemas costeros puede convertirse en muy costoso tanto desde un punto de vista económico, social como ambiental. Tanto si se realiza con formas de gestión tradicionales basadas en técnicas de in-geniería marítima (dura o blanda), como con nuevas estra-tegias consideradas adaptativas, como la del retroceso con-trolado de la línea de costa o recrear humedales, la elección pude comportar grandes conflictos sociales.

Nuevas estrategias de gestión como el retroceso o el tra-bajo conjunto con los procesos naturales han sido poco im-plementados en nuestras costas. Realmente existe alguna propuesta tanto desde los sectores académicos (Picó, 2005), como desde las instituciones competentes, (Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en Tarragona) de recuperar una franja de territorio por regenerar antiguos hábitats naturales (como dunas y marismas) y dotar el sis-tema de capacidad natural para afrontar las adversidades que se producen.

El contexto territorial y ámbito de estudio

El proceso de colonización agraria que se inició en 1860, con la construcción del canal de la Derecha del Ebro, ha significado al cabo de 150 años, que el 80 % de la superficie total del Delta esté ocupada por cultivos y zonas urbanas, siendo el principal cultivo, el arroz, con un 65 % de la su-perficie total (21.000 hectáreas). Los ambientes naturales son el restante 20 %, repartidos en un 10 % de playas y arenales y otro 10 % de lagunas y marismas. Antes de su colonización, las marismas eran los ambientes más extensos en el Delta y actualmente sólo ocupan el 5 % de su superfi-cie total.

El Delta es el territorio más densamente poblado las Tie-rras del Ebro. En el año 2000 los municipios del Delta su-

193

maban unos 50.000 habitantes. Esta población ha aumen-tando más de un 4% los últimos diez años. La población de los municipios del semidelta norte es de 11063 habitan-tes en Deltebre y 2662 en l’Ampolla (2007). Parte de este crecimiento se debe al turismo de sol y playa, que ha tenido un importante impacto ambiental en el Delta. La construc-ción de las urbanizaciones de Riumar y Eucaliptus (en los años setenta y ochenta) destruyó muchas zonas de dunas y marismas de gran valor ambiental.

Figura 1. Localización del área de estudio: Punta del

Fangar y playa de la Marquesa

Fuente: Instituto Cartográfico de Catalunya

La actividad que más está creciendo en los últimos años

es la terciaria, principalmente el turismo. El parque natural tiene una gran afluencia de visitantes, recibe unas 800.000 visitas/año (2007) aunque tal volumen no es suficientemen-

194

te aprovechado desde el punto de vista económico. Otro sector en auge es la caza, hay importantes cotos que son explotados o bien por los propietarios de las tierras o bien por sociedades locales de cazadores mediante contratos de alquiler. El volumen estimado de cazadores que practiquen la actividad cinegética en el delta del Ebro se estima en unos 5000.

La pesca y la acuicultura es otra actividad con una larga tradición en el Delta, pero la sobreexplotación, la reducción de subvenciones y la baja calidad del agua de las bahías a disminuido mucho las capturas desde los 80s. Las lonjas pesqueras de Deltebre en el cauce del río y l’Ampolla en el Norte tienen unas capturas de 290 y 300 toneladas anuales respectivamente (2004). Así, la contaminación y la eutrofi-zación de la bahía por los fertilizantes procedentes de los arrozales producen graves efectos negativos sobre la acti-vidad de marisqueo.

El problema: el desequilibrio sedimentario en el Fangar-Marquesa

El régimen hidrológico de la parte baja de la cuenca del río Ebro ha sido modificado por los embalses de Mequi-nenza, Riba-roja y Flix. La reducción del arrastre de sedi-mentos (caudal sólido) del río Ebro es del orden de un 99% en relación al caudal sólido original, previo a la construc-ción de embalses. De los 20 ó 30 millones de Tm/año de sedimentos que transportaba el río a finales del siglo XIX, actualmente sólo llegan unos 0.15 millones de Tm. /año. . En estas condiciones, el Delta ha dejado de crecer en exten-sión y su forma se remodela por el oleaje, aunque no se ha producido una pérdida neta de extensión. Se ha constatado la retención del 85% del sedimento en suspensión y las úl-timas previsiones del Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) estiman un ascenso absoluto del nivel del mar de unos 50 cm de aquí al año 2100, con una tasa media de ascenso de unos 5 mm/año. De esta manera, la tasa de

195

subsidencia en el Delta del Ebro, preoscila entre 1 y 6 mm/año, aunque en muchas zonas se estima en 2-3 mm/año. Y el aumento del nivel del mar y subsidencia (2cm al año). Pero hay una gran incertidumbre asociada a este tema.

La regresión a que se hace referencia se produce en la parte frontal del delta. Los sedimentos se redistribuyen alrededor del mismo y se erosiona la parte frontal y la desembocadura y se crean fenómenos de acreción en las puntas del Fangar y los Alfaques. Esto esta provocando la colmatación de la bahía del Fangar que con el tiempo pue-de conllevar su cierre, transformándose en una “bassa” (lago interior) y teniendo un efecto negativo directo sobre las actividades pesqueras que allí se desarrollan.

En el tramo del semidelta Norte comprendido entre la urbanización Riumar y la flecha del Fangar, la regresión de la costa debido a la erosión está causando la desaparición de la franja costera afectando plenamente las propiedades agrícolas. En la playa de la Marquesa, la desaparición del sistema dunar y la ocupación de las zonas de marisma por parte de la actividad agrícola han agravado el problema porque evita que el sistema migre y se reproduzca hacia el interior. La punta del Fangar tiene un alto valor ecológico principalmente por la fauna que habita o anida en ella. El aspecto más destacado es la importancia de la zona para cría de aves marinas y limícolas, junto al considerable valor como área de refugio y alimentación de especies migrato-rias. En este contexto, existen unos 20 propietarios que están afectados por el problema erosivo, a lo largo de 5 Km. de frente litoral. Las actuaciones realizadas hasta este mo-mento para paliar los efectos del temporal han sido de ca-rácter puntual (construcción de un muro de contención en la zona de los Vascos, la reconstrucción parcial del “sistema dunar”… ) intervenciones que en algún caso, han compor-tado resultados negativos.

196

Últimamente, desde la administración central, responsa-ble de la protección costera, se ha planteado la posibilidad de realizar una actuación que permita restituir los antiguos ecosistemas dunares. Se ha iniciado la compra de la franja más periférica de terrenos agrícolas. Sin embargo, este tipo de propuesta ha generado rechazo y desconfianza por parte de algunos agentes locales sobre todo aquellos directamen-te afectados. A partir de esta primera valoración, el artículo quiere profundizar en las causas de este rechazo para tratar de proponer mecanismo que permitan gestionar este tipo de conflictos.

El método de estudio: el análisis cualitativo

El objetivo planteado se ha desarrollado básicamente a través de un estudio cualitativo que ha servido para cono-cer los diferentes discursos existentes sobre el conflicto en el área de estudio, además se ha complementado con un reconocimiento bibliográfico y de los planes y proyectos presentes en el territorio. En concreto, en se ha desplegado un sondeo in-situ, una entrevista en profundidad a 15 acto-res representativos del ámbito deltaico que incluyen desde la administración pública estatal y local, los sectores socio-económicos (del arroz, caza, pesca, turismo), los responsa-bles del Parque Natural del Delta y expertos de la universi-dad en geomorfología litoral. Para diseñarla se ha realizado previamente una revisión de documentos, estudios técnicos y la prensa más reciente que ha permitido hacer una des-cripción objetiva de la problemática de erosión, la colmata-ción de la bahía y de las principales actividades afectadas. Esto ha su vez ha contribuido a identificar los entrevista-dos. Con la intención de destacar la diversidad de perspec-tivas presentes en la sociedad que se estudia se ha hecho posicionar a los entrevistar ante tres futuros escenarios posibles, para un horizonte temporal de 15-20 años. En particular se ha pedido a los entrevistados que valoren los

197

escenarios en relación a una serie de criterios en función de su impacto.

Figura 2. Actores e Instituciones entrevistadas

TIPOLOGÍA DE ACTOR

ACTORES E INSTITUCIONES ENTREVISTADAS

Político- Insti-tucional

Demarcación de Tarragona de la Dirección General la sostenibilidad de la costa y el mar. Ministerio de Medio Ambiente, rural y marino.

Parque Natural del Delta del Ebro

Ayuntamiento Deltebre (sufre directamente las consecuencias de la erosión y los efectos de los temporales marinos. Ellos repa-ran/pagan los destrozos de los temporales. Ayuntamiento Ampolla. Utilizan el Fangar como reclamo turístico y el marisqueo.

Actividad eco-nómica

Arroceros. Sufren en sus tierras el embate de los temporales. Productores y cooperativas

Mariscadores/Pescadores/Acuicultores. Padecen la colmatación de la bahía del Fan-gar y contaminación por el vertido de las aguas procedentes del interior. Cofradías

Cazadores. Cotos

Turismo: Gremio de hoteleros o restaurado-res

Representantes sociales

Fundación Nueva Cultura del Agua

Entidad ecologista (Seo bird life)

Expertos

Facultad Geología. Universidad de Barcelo-na Laboratorio de Ingeniería Marítima. Uni-versitat Politècnica de Catalunya Universidad Juan Carlos III.

Estos escenarios se han diseñado a partir de las propues-

tas técnicas existentes y han sido validados por expertos

198

científico-técnicos en el campo de la gestión de la erosión costera. De esta manera, los tres escenarios resultantes re-presentan distintas formas de intervención litoral. En un extremo, el primer escenario: la intervención dura, que sig-nifica mantener la actual línea de costa con la construcción de diques, comportaría una polderización de la zona y el mantenimiento de la abertura de la bahía del Fangar. El escenario intermedio que presenta una intervención blan-da, consiste en aumentar la anchura de la playa y restaurar el cordón dunar, que actuaría como a reserva de sedimento durante los temporales, esta línea también comportaría la restauración humedales. La efectividad de estas dos estra-tegias está condicionada por la incertidumbre del cambio climático. Y al otro extremo, el tercer escenario, la alterna-tiva de no actuar y dejar que la dinámica marina alcance un nuevo equilibrio.

La definición de los criterios de valoración de los escena-rios proviene de la clasificación de servicios ambientales que nos ofrecen las zonas costeras como los deltas estable-cidos en Constanza et al. (1997).

La información obtenida de las entrevistas ha sido trans-crita cuidadosamente, valorada e interpretada mediante el análisis de contenido. Así mismo se ha volcado la informa-ción relativa a la evaluación de los escenarios en una hoja de cálculo y se han agregado los datos para obtener una sociografía general y cualitativa de las posiciones de los actores que será comentada en el siguiente apartado.

Los resultados

Los resultados obtenidos en las entrevistas se han sinteti-zado en la figura 3. A primera instancia se observa como el escenario 2, ha sido valorado más favorablemente en rela-ción a aquellos criterios que representan los valores natura-les del delta: paisaje, biodiversidad, conservación. Esto con-trasta con el escenario 1: que se identifica como el más ade-

199

cuado si se quieren beneficiar a las actividades socioeco-nómicas tradicionales como la actividad arrocera y la pesca.

El turismo que en este ámbito queda vinculado a los valo-res ecológicos queda más ligado al desarrollo del escenario 2. La actividad económica derivada de la caza presenta posiciones más variadas, porqué desde este sector se consi-dera que cualquier escenario no debería tener mucha inci-dencia sobre la explotación cinegética. Según sus represen-tantes, la intervención blanda, aunque amplia el espacio público, no tendría por qué comportar una disminución de los puestos de caza. La figura 3 muestra como el conflicto reside principalmente en una confrontación entre mantener los usos socioeconómicos del sector primario o conservar y recuperar los valores naturales originarios del delta. Se percibe como una confrontación, la pérdida de unos, bene-ficiará a los otros. El gran reto seria convertir este conflicto en una oportunidad para consensuar una actuación respon-sable.

Otra cuestión muy interesante en los resultados expues-tos, es la reiterada percepción de que una intervención dura será mucho más eficaz que una blanda. Estos temores y la desconfianza van en aumento a medida que el actor desa-rrolla sus actividades más cerca de la costa y por lo tanto tiene más patrimonio en juego. Esto concurre con expe-riencias inglesas (Myatt,2003). En el caso del proyecto en de recuperación de las Marismas de Essex, los entrevistados que se encuentran más alejados de la línea de costa tienen más confianza en el proyecto que los que están más próxi-mos.

Por su parte, los científicos consultados están de acuerdo en recuperar la dinámica natural de la zona, en retirar el espigón ilegal, y propiciar que la línea de costa retroceda hasta conseguir una nueva situación de equilibrio.

El análisis cualitativo de las entrevistas en profundidad es coherente con lo explicado anteriormente. Existe una posi-ción local clara que reclama con urgencia la necesidad de

200

intervenir, aunque se cuestiona cuál es la solución más ade-cuada. Por una parte los actores socioeconómicos no quie-ren perder más territorio, ni sacrificar su actividad y los actores que representan los valores naturales prefieren al-ternativas que primen la conservación. Por lo tanto, el con-flicto reside principalmente en una confrontación entre mantener los usos socioeconómicos del sector primario y recuperar los valores naturales originarios del delta.

Figura 3. Evaluación de los escenarios

201

Otra constatación es la desconfianza ante la efectividad de una obra blanda, y del papel de las dunas y las maris-mas como amortiguadores del impacto de las olas. Afirman que esto es una medida a corto plazo y que con el tiempo el mar avanzará y se reproducirá el actual escenario al cabo de los años. El conflicto se ve agravado por la desconfianza ante unas instituciones promotoras a las que se acusa de no haber realizado ninguna intervención en la zona hasta el momento. En este sentido, se ha constatado que la opinión de los entrevistados no cuestiona los estudios sobre los que se fundamenta el proyecto, pero se observa que la solución propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente no les comporta garantías de eficacia. Algunos actores han viaja-do y visitado soluciones de polderización como las aplica-das en el Delta del Po, en cambio, no han podido constatar la evidencia y la experiencia en aplicaciones más blandas, como las propuestas en la costa de Essex.

Estrategias de gestión como el retroceso o el de una ges-tión mixta que incluya procesos naturales han sido escasa-mente implementadas en nuestras costas. Ahora se empie-za a esgrimir alguna propuesta tanto desde la esfera aca-démica (Picó, 2005) como desde les instituciones competen-tes de recuperar una franja de territorio litoral para regene-rar antiguos hábitats naturales (como dunas y humedales) y dotar el sistema de capacidad natural para afrontar los riesgos que amenazan. Pero tal como se ha descrito, en el delta esta situación genera conflictos sociales. Ante ello, se ha constatado en experiencias similares de otros países como Gran Bretaña que las barreras para implementar este tipo de iniciativas están relacionadas con la desconfianza de las instituciones promotoras, la falta de conocimiento técnico de estas medidas y la falta de una compensación económica suficiente (Ledoux et al. 2005).

Este tipo de proyectos no son atractivos para los afecta-dos porqué la visión cortoplacista de los pagos contrasta con la irreversibilidad de la pérdida de sus tierras, que se

202

agrava en una cultura donde se da un gran valor a la pro-piedad y parte de esta ya se ha visto desaparecer bajo el mar en pocas decenas de años. En el caso del delta, se echa en falta un conocimiento preciso del proyecto por parte de unos afectados, que conocían el proceso de expropiación, pero desconocían la aplicación de un cordón dunar sobre estas tierras expropiadas, como medida de protección natu-ral contra los temporales. El conocimiento de este impor-tante detalle puede hacer cambiar percepciones muy nega-tivas, ya que inicialmente, se tiene el convencimiento que el mar entraría en sus campos y éstos se convertirían de manera desordenadamente en marismas. No hay duda, hace falta más pedagogía para explicar a los afectados el proyecto y su futura evolución.

Conclusiones

Desde hace unas décadas el principal problema físico de los deltas mediterráneos es la regresión, el origen de la cual ha sido la política de construcción de grandes embalses, los sedimentos han quedado retenidos y han dejado de formar parte de estos sistemas litorales. Las obras transversales costeras (puertos y espigones) también representan una barrera para la transferencia de material sedimentario. Así mismo, la degradación de los hábitats costeros como los humedales, dunas, han eliminado la protección natural de las playas contra los episodios extremos de tempestad.

Como vemos en el caso de estudio recuperar la función protectora que de forma natural nos ofrecen los sistemas costeros, puede convertirse en algo muy costoso tanto des-de un punto de vista económico, social como ambiental. Si se realiza a partir de gestión tradicional basada en técnicas duras de ingeniería o si se introducen nuevas técnicas con-sideradas adaptativas, (como la del retroceso controlado de la línea de costa, o la de recrear humedales), se pueden reproducir grandes conflictos sociales.

203

Ante esta situación de desconfianza institucional y de te-mor ante nuevas formas de intervención litoral como la recreación de humedales y regeneración de sistemas duna-res se requiere más pedagogía y sobre todo nuevas oportu-nidades de participación. Estas son necesarias no sólo para legitimar los proyectos innovadores que se proponen por parte de la administración que gestiona la costa, sino tam-bién para hacer más diáfanas las incertidumbres de los afectados y reconstruir su confianza.

Agradecimientos: Investigación realizada en el marco de los proyectos fi-

nanciados por el Ministerio Español de Educación y Cien-cia: Defcon-EEP (REN2003-09029-C03/MAR) y AGITE (CGL2005-04189).

BIBLIOGRAFÍA

BIJLSMA, L.et al., 1996. Coastal zone and small islands. In: R.T. Watson, M.C. Zinyowera, and R.H. Moss (eds.) Climate Change 1995: Impacts, Adaptations, and Mitigation of Climate Change: Scientific-Technical Analyses. Contribution of Working Group II to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 289-324.

COSTANZA, R., D’ARGE, R., DE GROOT, R., FARBER, S., GRASSO, M., HANNON, B., LIMBURG, K., NAEEM, S., O’NEILL, R. V., PARUELO, J., RASKIN, R. G., SUTTON, P., & VANDENBELT, M. 1997. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253–260.

DEPARTMENT OF ENVIROMENT FOOD AND RURAL AF-FAIRS (DEFRA). 2001. Shoreline Management Plans: a Guide for Coastal Defence Authorities. DEFRA, London.

DE GROOT, R. S., WILSON, M. A., & BOUMANS, R. M. J. 2002. A typology for the classification, description and valuation of

204

ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics, 41, 393–408.

EUROPEAN COMISSION (EC). 2004. Living with coastal erosion in Europe. Sediment and Space for Sustainability. Major findings and Policy Recommendations of the EUROSION project, The Netherlans, p.54.

INTERGOVERNMENTAL PANEL FOR CLIMATE CHANGE (IPCC). 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. WGI Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

LEDOUX, L., CORNELL, S., O'RIORDAN, T.HARVEY, & R.BANYARD, L. 2005. Towards sustainable flood and coastal management: identifying drivers of, and obstacles to, managed realignment. Land Use Policy 22, 129-144.

MYATT, L.B. SCRIMSHAW, M.D. LESTER, J.N. 2003, ′Public perceptions and attitudes towards an established managed rea-lignment scheme: Orplands, Essex, UK′ Journal of Environmental Management, no. 68, pp. 173-181

RODRÍGUEZ I. 1997, Los SIG en estudios de evolución costera: ejemplo del Delta del Ebro. Ingeniería Civil, 105, pp.20-32.

SÁNCHEZ GARCÍA, M.J. 2009, Cuantificación y determinación del transporte eólico, y su influencia en la dinámica sedimentaria del Delta del Ebro. Universidad Rey Juan Carlos. phD Thesis.

TURNER, R. K. 2000. Integrating natural and socio-economic science in coastal management. Journal of Marine Systems 25, 447-460.

WOODROFFE, C.D. 2007 The Natural Resilience of Coastal Sys-tems: Primary Concepts. In: McFadden, L., Penning-Rowsell, E., Nicholls, R.J. (eds), Managing Coastal Vulnerability, Elsevier, Amsterdam, 2007, 45-60.

ZHANG, K. Q., DOUGLAS, B. C., LEATHERMAN, S. P. 2004. Global warming and coastal erosion. Clim.Change 64, 41-58.

205

PAISAJES NATURALES URBANOS Y CALIDAD DE VIDA

Carlos Priego González de Canales, Eduardo Moyano Estrada

Introducción: Sobre los conceptos de “entorno” y “paisaje” natural

Hablar del “entorno” es referirse al espacio (tanto físico, como social o virtual) donde se desarrolla nuestra vida cotidiana en sus distintas facetas (el trabajo, la familia, el ocio, el tiempo libre, la ciudadanía,…) y de cuyas condicio-nes depende nuestra salud y calidad de vida.

Los entornos físicos pueden calificarse como paisajes. No hay paisajes sin espacio físico de referencia. Los entornos sociales o virtuales no son paisajes en sentido estricto, aun-que coloquialmente podamos hablar del paisaje social o incluso del paisaje cultural. Los paisajes son, por tanto, los entornos físicos que nos rodean y donde desarrollamos las distintas facetas de nuestra vida. Pueden ser naturales o artificiales. En el paisaje natural, el entorno físico de refe-rencia es la naturaleza, en tanto que entorno formado por seres vivos (flora o fauna). Los paisajes naturales han esta-do tradicionalmente vinculados al medio rural, de tal modo que “naturaleza” y “ruralidad” han sido las dos caras de una misma moneda, mediada por la actividad agrosilvo-pastoral, cinegética y forestal como explotación de los re-cursos naturales con fines productivos (sean para el merca-do o para el autoconsumo). En ese vínculo de la población rural con el espacio natural ha descansado la imagen, ya tópica, de equilibrio entre agricultura y naturaleza. Sin em-bargo, con el desarrollo de la agricultura intensiva y la ex-

206

pansión industrial y urbana, los paisajes naturales se han ido transformando por la acción del hombre con la incorpo-ración de elementos no naturales (casas de labranza, naves industriales, maquinarias, granjas ganaderas,…)

En los paisajes artificiales no hay presencia de elementos naturales, sino de artefactos fabricados y ordenados por el hombre de acuerdo con sus gustos o necesidades. Tradicio-nalmente, estos paisajes han estado identificados con la ciudad y el mundo urbano, mediante la edificación, el pla-neamiento de calles y avenidas, la presencia del automóvil, la ubicación de áreas industriales,…, hasta el punto de for-mar parte de la propia identidad urbana (algunos autores hablan de paisajes fundantes para referirse a este tipo de paisajes artificiales que, creados por el hombre, acaban siendo parte esencial de su identidad ciudadana). No obs-tante, el desarrollo del urbanismo moderno incorpora áreas verdes en las ciudades, de tal modo que el paisaje urbano se naturaliza.

Por ello, lo más frecuente es encontrar paisajes mixtos, donde la naturaleza se combina con elementos artificiales, bien como complemento o como parte central del entorno. Según cuán importante sea la presencia de la naturaleza en ello, podemos hablar de dos tipos de paisajes: los naturales artificializados, y los artificiales naturalizados.

En los paisajes naturales artificializados, la naturaleza es el elemento central, y los elementos no naturales son sólo un complemento de aquélla. Esto es lo que ocurre con los grandes espacios naturales situados en el medio rural o con las grandes áreas verdes de las ciudades que, en forma de parques o jardines, se instalan (o mejor dicho se preservan de la expansión urbanística) para recreo y esparcimiento de la población.

En los paisajes artificiales naturalizados, los elementos naturales son secundarios y se incorporan al paisaje con una función de servicio, nunca fundamental. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en los patios de las casas tradicionales

207

andaluzas (el caso de los patios cordobeses es paradigmáti-co) o en las zonas ajardinadas de las modernas áreas resi-denciales de las ciudades.

Podemos definir, por tanto, el concepto de “espacio natu-ral” como aquel paisaje donde la naturaleza es un elemento central de su composición morfológica y donde los poderes públicos, reconociéndole su importancia para el equilibrio de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y el bienestar de la población, han acotado sus límites y establecido normas para regular su uso y explotación.

Paisajes naturales urbanos y calidad de vida

Se reconoce hoy que los paisajes naturales (sean rurales o urbanos) tienen una importante incidencia en la salud y calidad de vida40 de la población. Sin embargo, la atención recibida por unos u otros tipos de paisajes ha sido distinta, y sólo hasta muy recientemente no ha comenzado a con-verger el interés por la preservación de ambos, en el marco de la cada vez más estrecha interacción rural-urbana.

La atención por los paisajes naturales urbanos se basa, sobre todo, en la constatación de que la ciudadanía se preo-cupa cada vez más por los asuntos relativos a la situación del medio ambiente en sus áreas de residencia, incluyendo este aspecto a la hora de valorar la calidad de vida y su

40 El concepto de “calidad de vida” es relativamente novedoso (las primeras publicaciones aparecen en los años setenta) y surge con el propósito de ampliar y superar dos conceptos comúnmente conside-rados en los objetivos de las políticas sociales: uno, de fuerte implica-ción economicista (welfare), y otro, de implicación psicosocial (well-being) A partir de los años ochenta, la noción de “calidad de vida” cobra una extraordinaria importancia en el diseño de políticas, pro-gramas o proyectos sociales, sanitarios, ambientales, etc., planteándo-se entre sus objetivos precisamente la mejora de la calidad de vida de la población.

208

estado de salud personal. Ello ha despertado el interés de ecólogos, antropólogos, biólogos, geógrafos y sociólogos por la importancia que los espacios verdes urbanos tienen para la calidad de vida en las ciudades, existiendo hoy ya una potente línea de investigación sobre estos temas.

La importancia de las zonas verdes en las ciudades radica en los efectos positivos que tienen sobre la población resi-dente, efectos que pueden manifestarse en varios ámbitos: i) en el aprendizaje de la conciencia ambiental o ecológica; ii) en el proceso de enraizamiento (embeddedness) en la comunidad y de construcción de identidad cultural y capi-tal social; iii) en el sentimiento de seguridad; y iv) en la mejora del estado de salud mental y física de los ciudada-nos.

En relación con el primer ámbito (el relacionado con la conciencia ambiental o ecológica), cabe señalar que la ex-tensión de las zonas verdes en las ciudades contemporá-neas representa una importante oportunidad para que la población aprenda sobre los principios ecológicos y sus interconexiones, dado que la observación y contacto con la naturaleza le permite un aprendizaje práctico sobre el fun-cionamiento de los ecosistemas. La educación ambiental es algo más que impartir una clase de biología o viajar a un centro o parque natural; es el resultado de una experiencia directa y constante asimilada a través del contacto diario con la naturaleza en los lugares donde vivimos, en las calles que recorremos o en los árboles que contemplamos.

En lo que se refiere al ámbito de la identidad social y el enraizamiento (embeddedness) en la comunidad local, di-versos estudios vienen mostrando el debilitamiento de los lazos sociales entre los vecinos que residen en las grandes aglomeraciones urbanas, de tal modo que se acaba per-diendo el sentido de comunidad. Ello explicaría el descenso del capital social en las grandes ciudades, entendido como el descenso de la confianza entre vecinos y, en definitiva, la falta de integración de los individuos en sus comunidades

209

de referencia, dando lugar a problemas de anomia. La lite-ratura especializada sugiere que una mayor interacción de los ciudadanos con los espacios naturales y la existencia de zonas verdes en las barriadas de las grandes ciudades para el ocio y el esparcimiento de los vecinos, pueden inducir en ellos el desarrollo de valores compartidos, es decir, el en-raizamiento de los individuos en sus comunidades de refe-rencia, contribuyendo a la construcción de capital social. Algunas experiencias demuestran cómo la implicación de los vecinos en programas de creación de espacios verdes en sus barriadas, facilita el conocimiento mutuo y la interac-ción social y permite el desarrollo de un sentimiento de identidad, además de generar altos niveles de satisfacción personal.

Un tercer ámbito a destacar es el del sentimiento de segu-ridad que provoca la existencia de áreas verdes en las ciu-dades. Hay interesantes evidencias empíricas que muestran cómo la creación de zonas verdes y la presencia de áreas ajardinadas en los barrios aumentan la sensación de segu-ridad en los vecinos, disminuyendo las tasas de criminali-dad y reduciéndose las expresiones de violencia. En algu-nos estudios se introduce la idea de “ojos en la calle” para explicar cómo la presencia de personas en los espacios pú-blicos destinados al esparcimiento ayuda a controlar el crimen y aumentar la seguridad ciudadana. Algunos auto-res observaron cómo los residentes que viven en casas con árboles o zonas verdes muestran actitudes más constructi-vas y presentan menores formas de violencia y conflictos intrafamiliares, que los que viven en casas sin estos espa-cios destinados a la presencia de la naturaleza en el hogar.

Por último, son abundantes los estudios que demuestran los positivos efectos de las áreas verdes urbanas sobre la salud física y mental. Muestran, en concreto, la estrecha asociación entre la disminución del estrés y la mejora de la salud física de los residentes urbanos. En tales estudios se demuestran cómo los paisajes con árboles y vegetación

210

producen estados psíquicos y emocionales más distendidos en los individuos, que los paisajes donde dichas caracterís-ticas naturales están ausentes. Por ejemplo, estudios reali-zados en hospitales muestran cómo los enfermos alojados en habitaciones con vistas a un paisaje de arboleda se recu-peran de forma más rápida y con menos complicaciones, que los pacientes en habitaciones donde no hay esas vistas. Otros estudios demuestran que la vista de paisajes de natu-raleza verde desde las ventanas de una oficina proporciona importantes beneficios psicológicos a los trabajadores, ele-vando su bienestar y satisfacción en el trabajo. En esa mis-ma línea, se ha demostrado que las experiencias vividas en parques urbanos ayudan a cambiar estados de ánimo y a reducir la presión del trabajo. Igualmente, se ha comproba-do que la sombra de los árboles reduce la radiación ultra-violeta y, en consecuencia, ayuda a reducir determinados problemas de salud (cataratas, cáncer de piel, irritaciones dermatológicas,…)

Más recientemente se han ido incorporando nuevas di-mensiones en la valoración de la importancia de las áreas verdes urbanas, sobre todo las relacionadas con el medio ambiente. En esas nuevas dimensiones destacan, por ejem-plo, la contribución que las áreas verdes urbanas pueden hacer para reducir los efectos de la contaminación atmosfé-rica en las ciudades o su función positiva a la hora de fijar CO2, efectos que de un modo indirecto influyen en la salud de los ciudadanos.

Paisajes verdes urbanos y políticas públicas Es precisamente por considerar que los paisajes naturales

tienen una fuerte incidencia tanto en la sostenibilidad am-biental de los ecosistemas, como en la salud y calidad de vida de la población, que los poderes públicos acotan los límites de determinados entornos y dictan normas para regular su uso y disfrute con distintos niveles de protec-

211

ción, convirtiendo el paisaje en un “espacio natural”. A la hora de analizar esas políticas, es necesario distinguir entre los paisajes naturales ubicados en el medio rural, y los pai-sajes, también naturales, situados en las ciudades en forma de parques o áreas verdes urbanas.

Los paisajes naturales no ubicados en el medio rural, sino en el medio urbano, como las grandes áreas verdes o par-ques de las ciudades, también están recibiendo la conside-ración de bienes públicos. Bien es verdad que es todavía un ámbito de las políticas públicas menos desarrollado que el de las políticas destinadas a regular los espacios rurales, debido, quizá, a su consideración de espacio mixto natu-ral/artificial, al hecho de ser competencia de las institucio-nes locales y de formar parte como elemento secundario (complementario, y no central) de las políticas urbanísticas.

A esto habría que añadir que la influencia de las áreas verdes urbanas para la salud y la calidad de vida de la po-blación es un tema que sólo recientemente se ha incorpora-do a la agenda política y científica, no existiendo todavía una fuerte corriente de opinión pública interesada en reivindicar la importancia social de estos espacios naturales y demandar de los poderes públicos políticas que trascien-dan el ámbito local del planeamiento urbanístico.

Con objeto de analizar el modo en que la población euro-pea se relaciona e interactúa en su vida diaria con los espa-cios verdes de sus ciudades, la Comisión Europea convocó en el año 2000 un programa de investigación sobre el “Desarrollo de los espacios verdes públicos para el aumen-to de la calidad de vida en las ciudades y regiones urba-nas”. Como resultado de ese programa se presentó a la Comisión Europea el documento Social Criteria for the Evaluation and Development of Urban Green Spaces (Cri-terios Sociales para la Evaluación y Desarrollo de las Áreas Verdes Urbanas) en el que se incluye una veintena de crite-rios sociales que, complementando los criterios más bioló-gicos relativos a la conservación de la naturaleza y los eco-

212

sistemas, debieran tenerse en cuenta a la hora de crear zo-nas verdes en las ciudades, sirviendo de guía y orientación a planeadores urbanísticos y a responsables de las políticas municipales de medio ambiente.

Los citados Criterios Sociales parten de la idea de que la existencia de zonas verdes en las barriadas de las ciudades es algo apreciado por los ciudadanos y de que el contacto con la naturaleza es un elemento que contribuye a elevar su grado de satisfacción con el entorno donde viven y traba-jan. De ahí que una de las principales premisas de estos criterios es que todos los potenciales usuarios de los espa-cios verdes deben tener libre acceso a ellos, pues, precisa-mente de esa libertad plena es de donde surge la satisfac-ción que encuentran los ciudadanos al relacionarse con la naturaleza, reforzando su propio estilo de vida. También se parte de la idea de que muchas de estas satisfacciones con las zonas verdes radican en el hecho de que son percibidas como espacios naturales por los ciudadanos, siendo su ca-rácter natural lo que convierte a estas zonas en la antítesis de las formas artificiales en las que descansan las viviendas que, en forma de bloques de apartamentos, se extienden por las ciudades en largos e interminables paisajes unifor-mes e impersonales.

Para la elaboración de los 21 Criterios Sociales se han te-nido en cuenta tres grandes ámbitos de estudio: i) la locali-zación física del espacio natural y su accesibilidad para el ciudadano; ii) la calidad de la experiencia, entendida como la satisfacción que los ciudadanos experimentan al visitar la zona; y iii) los aspectos funcionales del área natural, defini-dos según las actividades desarrolladas dentro de ella.

En lo que se refiere a la localización del espacio natural y su accesibilidad, no son sólo factores objetivos, sino tam-bién subjetivos, los que deben guiar los criterios utilizados a la hora de diseñar un área verde urbana. Ya que la per-cepción social de la distancia a tales espacios naturales y el medio utilizado para ir a ellos, son elementos relacionados

213

con la composición cultural y sociodemográfica de los po-tenciales usuarios. No obstante, según estudios de la Coun-tryside Comisión (1985) y Countryside Recreation Network News (1994), cabe establecer algunos criterios generales, como que los usuarios prefieren ir andando a los espacios verdes públicos, fijando en 5 minutos el tiempo medio que están dispuestos a dedicar para desplazarse desde su lugar de residencia al lugar donde está situada la zona de espar-cimiento (tiempo que equivale a una distancia promedio de 0,5 Km). Resultados similares se han encontrado en otros estudios sobre las preferencias de los ciudadanos en el uso de espacios naturales urbanos, donde, para cada zona ver-de, habría un “área teórica de influencia”, formada por una cantidad de población potencialmente usuaria, indepen-dientemente de la edad, el género, la etnia o el nivel de renta.

Respecto a la calidad de la experiencia persona, cabe se-ñalar que la distancia y accesibilidad no son factores sufi-cientes para que una zona verde sea atractiva a los ciuda-danos. Es necesario que el espacio natural tenga una de-terminada estructura paisajística y una calidad apropiada para despertar en el usuario lazos emocionales y le haga sentirse satisfecho con su entorno. La calidad de los espa-cios verdes urbanos es un elemento subjetivo, por cuanto tiene que ver con el modo en que son percibidos por los usuarios y con el significado que tienen para ellos. Se sabe por numerosos estudios que estos aspectos dependen de la cultura de los individuos, de modo que un mismo tipo de zona verde tendrá significados diferentes y generará gra-dos distintos de satisfacción en los usuarios, según la base cultural y estilos de vida en los que éstos hayan sido socia-lizados. De ahí que si se analiza en diversas culturas cómo son los sentimientos que los espacios verdes urbanos gene-ran en los ciudadanos y cuáles son los motivos por los que acuden a tales áreas de ocio y esparcimiento, estaremos en condiciones de establecer unos parámetros de calidad para

214

cada tipo de cultura. No obstante, esos estudios han seña-lado la existencia de algunos parámetros físicos de calidad que son comunes a las distintas culturas, como los que in-cluyen aspectos relativos a la superficie del espacio verde y a su estructura paisajística. Así, por ejemplo, zonas dema-siado pequeñas favorecen las aglomeraciones, generan rui-do y ofrecen vistas inapropiadas que no estimulan el des-canso y el relax del usuario; mientras que espacios dema-siado grandes pueden provocar sensaciones de miedo e inseguridad asociadas al vandalismo y la delincuencia. Asimismo, la calidad de la zona verde tiene mucho que ver con el valor que le da el usuario a su experiencia de visitar-la, hasta el punto de que, si la experiencia no es buena, lo más probable es que no la repita. En ese sentido, la ya men-cionada sensación de inseguridad es un aspecto de gran influencia negativa en la experiencia, pero también lo es el desagrado que puede producir en el usuario encontrar un parque sucio y con señales de abandono por negligencia de los responsables de su gestión y mantenimiento (coches abandonados, caminos difíciles de transitar para las perso-nas mayores o las madres con cochecitos para bebés, zonas estéticamente bellas, pero peligrosas para que los niños jueguen en ellas,…)

Por último, hay que señalar que la valoración de los espa-cios verdes urbanos depende también de su funcionalidad, es decir, de las funciones que cumplan para los usuarios, funciones que varían según las actividades realizadas en tales espacios: caminar, hacer jogging, pasear al perro, montar en bicicleta, observar la naturaleza, sentarse en un banco a leer,…. En la mayoría de los casos, las zonas verdes urbanas pueden proveer fácilmente esas actividades, pero no siempre su tamaño, diseño y estructura (incluyendo la dotación de instalaciones y equipamiento) permiten que todas ellas puedan ser realizadas de forma simultánea res-pondiendo así a las múltiples y diversas demandas de los usuarios. Por lo general, las zonas verdes suelen especiali-

215

zarse en una o varias funciones de ocio y esparcimiento, lo que puede ser motivo de conflictos por el espacio si no hay zonas complementarias (por ejemplo, en zonas no aptas para la práctica deportiva puede surgir un conflicto entre usuarios). Los conflictos se mitigan si los usuarios tienen diversas opciones donde elegir en función de sus deman-das, cosa que sólo es posible aumentando el número y ex-tensión de las áreas verdes en la ciudad. Para el estudio de esos aspectos funcionales de los espacios verdes urbanos es conveniente distinguir tres niveles en las actividades de los usuarios que acuden a tales áreas de esparcimiento: indivi-dual (actividades que se realizan para mejorar su estilo y calidad de vida); familiar (actividades que aportan cohe-sión y unidad a la familia, tales como organizar un picnic o una barbacoa, llevar a pasear a los hijos o desarrollar reuniones intergeneracionales), y colectivo o comunitario (actividades que contribuyen a dotar a la comunidad de una mayor identidad y cohesión social, como organizar eventos deportivos o festivales, darle al espacio usos esco-lares,…).

Los Criterios Sociales son, en definitiva, un buen marco para el estudio de la interacción social en torno a los espa-cios verdes urbanos y representa una excelente herramienta para analizar las diferentes percepciones según el nivel sociocultural del ciudadano.

Criterios sociales y casos de estudio

Según el modelo proporcionado por los 20 Criterios So-ciales, el análisis de los aspectos sociales de los espacios verdes urbanos suele realizarse mediante entrevistas diri-gidas a los usuarios reales o potenciales de tales espacios, en las que se recaba información sobre la percepción y sig-nificado que tienen y sobre las motivaciones que los impul-san a acudir a estas áreas de esparcimiento. El acceso a los espacios verdes urbanos está relacionado con el estilo de vida de cada usuario, así como con los beneficios esperados

216

en lo que respecta a la tranquilidad frente al estrés, a los recuerdos y emociones, a la relación con amigos y familia-res u otros tipos de beneficios sugeridos por los entrevista-dos.

Tabla 1. Criterios para analizar los aspectos sociales de

los espacios verdes urbanos

217

Caso de Estudio: Análisis comparado entre las ciudades de Halle (Alemania), Concepción (Chile) y Córdoba (Es-paña)

El objetivo general de este proyecto de investigación comparativo entre Chile, Alemania y España consistió en comparar las distintas percepciones sobre el medio ambien-te en poblaciones diferentes desde el punto de vista socio-económico y cultural, analizando cómo valoran los ciuda-danos sus experiencias de contacto con los espacios natura-les urbanos. Con ello se pretende tener un mejor conoci-miento de cómo los aspectos geográficos, culturales o socia-les influyen en el uso y disfrute del medio ambiente ur-bano.

Objetivos específicos

Análisis de la naturaleza en el barrio: percepciones.

Estudiar las actitudes y comportamientos de los ciudadanos respecto a los espacios verdes urbanos.

Determinación de la valoración de la naturaleza por los usuarios en cada uno de las zonas de estu-dio.

Estudio del tipo de uso y preferencias de los ciuda-danos por los espacios verdes urbanos.

Conclusiones del Caso de Estudio En primer lugar y a la luz de nuestro estudio, la naturale-

za urbana es importante para la ciudadanía: desde los jar-dines privados, el arbolado en las calles, los parques en el interior de la ciudad hasta las pequeñas parcelas de tierra usadas con fines recreativos.

Sin embargo, y aunque toda la naturaleza es importante para los ciudadanos, ésta no se usa de igual modo. La pre-ferencia por unos u otros tipos de naturaleza urbana de-pende de la situación cultural, tradición de uso, y el status social que posea el usuario.

218

219

Observamos como la tradición cultural de un país, y la es-tructura de oportunidades que ofrece a sus ciudadanos, ejercen una influencia significativa en el uso y disfrute de los espacios verdes de la ciudad.

Indiferentemente del barrio donde se viva, del estrato so-cioeconómico que se tenga, o de la cultura y país de perte-nencia, los ciudadanos encuestados se muestran amplia-mente satisfechos con la naturaleza que tienen en sus ba-rrios.

Se debería hacer hincapié en que la naturaleza y los espa-cios verdes urbanos son espacios del paisaje urbano que mejoran la calidad de vida de los habitantes, sin importar el status cultural o socioeconómico de sus usuarios.

Por otro lado, se cree importante que la definición del término “paisaje urbano” tiene que incluir a los espacios verdes de la ciudad en todas sus manifestaciones, y que éstos se diseñen pensando en satisfacer las necesidades de contactar con la naturaleza que tienen los ciudadanos.

Se señala que todos los países tendrían que desarrollar una planificación estratégica para incluir espacios verdes en las cercanías y alrededores de las ciudades, así como ofrecer a la población más naturaleza ornamental en el inte-rior de sus barrios. Esto también incluye una mayor educa-ción ambiental, donde además de valorar toda clase de naturaleza urbana y periurbana, los ciudadanos puedan hacer uso directo de ella.

Finalmente se constata que tanto los europeos como los latinoamericanos consideran que las zonas verdes urbanas son un aspecto importante de la cultura urbana.

Conclusiones

En este artículo hemos analizado la importancia que tie-nen los paisajes naturales en la salud y calidad de vida de la población. Para ello hemos procedido a definir conceptos que suelen emplearse de forma similar, pero que denotan significados distintos: entornos, paisajes y espacios natura-

220

les. Los paisajes son entornos físicos en los que la naturale-za desempeña una función esencial en su composición mor-fológica y biológica. Cuando esos paisajes son reconocidos como bien público por su importancia para la salud, la ca-lidad de vida o la sostenibilidad ambiental, estamos ha-blando de un “Espacio Natural”, que debería ser acotado por los poderes públicos mediante una correspondiente política, donde se debería de regular además de su acceso, el uso y explotación por la ciudadanía.

La protección pública de los paisajes naturales situados en el medio rural se ha basado sobre todo en su conserva-ción por razones ambientales y ecológicas (biodiversidad, cambio climático,…), y sólo recientemente se ha incorpora-do la dimensión social y económica (recreativa, turística y de ocio). Sin embargo, en el caso de los paisajes naturales urbanos (áreas y espacios verdes de las ciudades) su pro-tección se ha basado en la incidencia que tienen para la salud y la calidad de vida de la población y no por razones ecológicas o ambientales (sólo más recientemente se ha incorporado este tipo de razones). Por lo general, la regula-ción de las áreas verdes urbanas se ha realizado en el marco de las políticas urbanísticas de ámbito local. Más reciente-mente se han elaborado criterios sociales para que el diseño de estas áreas verdes se ajuste a las demandas de uso de la población, demandas que vienen determinadas por la cul-tura, el nivel de renta, la estructura demográfica de los usuarios y la propia estructura física de los barrios donde residen.

Bibliografía

AZÓCAR, G. (2003). El desafío urbano en la conservación de la naturaleza; Parque Tumbes y San Pedro de la Paz. Pp 71-87. En: In: Breuste J, Rojas J, Kasperidus H, Priego C (2003). Nutzung und Management von Natur und Landschaft in Stadtregionen.UFZ Bericht 17.

221

COUNTRYSIDE COMMISSION. (1985). Country Park Visitor Surveys, CCP 180, Lock, S.(eds), Cheltenham: Countryside Com-mission.

BALRAM, S. & DRAGICEVIC, S. (2005). Attitudes toward urban green spaces: integrating questionnaire survey and collaborative GIS techniques to improve attitude measurements. Landscape Urban Planning, 71. pp. 147-162.

BEER, A.R. (1994). Urban greenspace and sustainability. En: Chiesura A (2004) The role of urban park for the sustainable city. Landscape and Urban Planning, 68. pp. 129-138.

BERMAN, L. (1997). How does our garden grow? A guide to community garden success Toronto: FoodShare Metro Toronto.

BRUNSON, L., KUO, F.E. & SULLIVAN, W.C. (1998). Benefits of residents involvement in greening: experience from the inner city. In: Kuo FE, Sullivan WC, Coley RL & Brunson L (1998) Fertile Ground for community: Inner-City Neighbourhood Common Spaces. American Journal of Community Psychology. Vol 26, N° 6. pp. 823-851.

BRUNSON, L., KUO, F.E. & SULLIVAN, W.C. (2001). Resident appropriation of defensible space in urban public housing: Impli-cations for safety and community. Environment and Behaviour, 33(5). pp. 626-652.

BUSSEY, S.C. (1996). Public Uses, Preferences and Perceptions of Urban Woodlands in Redditch. Unpublished PhD thesis. Univer-sity of Central England in Birmingham, UK

CHIESURA, A. (2004). The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and Urban Planning, 68. pp. 129-138.

COLES, R.W. (1992). Living in a Community Forest. En Proc. 10th World Congress on Housing, Birmingham, UK, 21 – 25 Septem-ber.

COLES, R.W. & BUSSEY, S.C. (2000). Urban Forest Landscapes in the UK – Progressing the Social Agenda, Landscape and Urban Planning, 52. pp. 181 – 188.

222

COUNTRYSIDE RECREATION NETWORK NEWS (1994). 1993 U.K. Day Visits Survey: vol. 2, no. 1: Feb. 94. Univ. Wales, College of Cardiff, Cardiff.

GRAHN, P. (1985). Man’s needs for urban parks. Greenery and recreation. Institute for Landscape planning. Swedish Agricultur-al University, Alnarp.

HARRISON, C.M. & BURGESS, J. (1994). Social Construction of Nature, A Case Study of Conflicts Over the Development of Rainham Marshes, Transactions of the Inst. Of British Geogra-phers, 19. pp. 291-310.

HOUGH, M. (1989). City Form and Natural Process. Routledge, London. pp. 280.

HOUGH, M. (1990). Out f Place: Restoring Identity to the Region-al Landscape. Yale University Press, Boston.

HOUGH, M. (1995). Naturaleza y Ciudad. Planificación Urbana y procesos ecológicos. Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1998. pp. 4.

JORDAN, W. (1989). Restoring the restorationist. Restoration and Management Notes 7 (2): pp. 55.

KAPLAN, R. (1993). Urban forestry and the workplace. En: Gob-ster PH (ed) 1993. Managing urban and high use recreation set-ting. pp. 41-45.

KAPLAN, R. & KAPLAN, S. (1989). The Experiences of Nature: The Psychological Perspective. Cambridge University Press.

KAPLAN, R. & AUSTIN, M. E. (2004). Out in the country: sprawl and the quest for nature nearby. Landscape Urban Planning, 69. pp. 235-243.

KUO, F.E., SULLIVAN, W.C., COLEY, R.L. & BRUNSON, L. (1998a). Fertile Ground for community: Inner-City Neighbour-hood Common Spaces. American Journal of Community Psy-chology. Vol 26, N° 6. pp. 823-851.

KUO, F.E., BACAICOA, M. & SULLIVAN, W.C. (1998B). Trans-forming inner city landscapes: trees, sense of safety, and prefer-ences. Environment and Behaviour, 1 (30), pp. 28-59.

223

LEWIS, C.A. (1992). Effects of Plants and Gardening in Creating Interpersonal and Community Well-Being, in Relf, D. (ed.). The Role of Horticulture in Human Well-Being and Social Develop-ment: A National Symposium, Portland: Timber Press, 1992. pp 55-65

LEWIS, C.A. (1996). Green Nature, Human Nature; The Meaning of Plants in Our Lives. University of Illinois Press. Chicago.

MACDONALD, L. (1996). Global problems, local solutions: measuring the value of the urban forest. American Forests 103 (4).

MATSUOKA, R. H. & KAPLAN, R. (2008). People needs in the urban landscape: Analysis of Landscape and Urban Planning contributions. Landscape and Urban Planning 84. pp. 7-19.

MILLER, R.H. (1988). Urban Forestry: Planning and Managing Urban Greenspaces: Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. pp. 404.

MILLWARD, A, & MOSTYN, B. (1989). People and Nature in Cities: The Social Aspects of Planning and Managing Natural Parks in Urban Areas. Urban Wildlife Now, No.2, Nature Con-servancy Council, Peterborough, UK.

OKU, H. & FUKAMACHI, K. (2006). The differences in scenic perception of forest visitors through their attributes and recrea-tional activity. Landscape Urban Planning, 75. pp. 34-42.

PACIONE, M. (2003). Urban environmental quality and human wellbeing-a social geographical perspective. Landscape and Ur-ban Planning. 65. pp. 19-30.

ROJAS, J. (2003). Sociedad y Naturaleza. El Paisaje en la Calidad de Vida Urbana. pp. 43-49. En: Breuste J, Rojas J, Kasperidus H, Priego C (2003). Nutzung und Management von Natur und Landschaft in Stadtregionen.UFZ-UMWELTFORSCHUNGSZENTRUM LEIPZIG-HALLE GMBH Bericht 17

SERRANO, R. & BIEDMA, L. (2009). Estilos de vida y percepción del estado de salud. En: Moscoso Sánchez, David & Moyano Es-trada, Eduardo (Coordinadores) Deporte, salud y calidad de vida. Barcelona: Fundación La Caixa. pp. 62-86

224

SERRANO, R., BIEDMA, L. & FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. (2009). Estilos de vida y bienestar. En: Moscoso Sánchez, David & Moyano Estrada, Eduardo (Coordinadores) Deporte, salud y calidad de vida. Barcelona: Fundación La Caixa. pp. 87-106.

STEWART, W.P., LIEBERT, D. & LARKIN, K.W. (2004). Commu-nity identities as visions for landscape change. Landscape and Urban Planning, 69. pp. 315-334.

SUKOPP, H. & WERNER, P. (1983). Urban environments and vegetation. In: Zerbe S, Maurer U, Schmitz S & Sukopp H (2003). Biodiversity in Berlin and its potential for nature conservation. Landscape and Urban Planning, 62. pp. 139-148.

ULRICH, R.S. (1976), Visual landscape and psychological well-being, Landscape Research 4. pp. 17-23.

ULRICH, R.S. (1984), View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224. pp. 420-421.

WOOLLCOCK, M. (1998), Social capital and economic develop-ment: toward a theoretical synthesis and policy framework. Theory and Society, vol. 27, nº 2. pp. 151-208.

225

LA IMPORTANCIA DE LAS CREENCIAS Y LA INFORMACIÓN A LA HORA DE CONJUGAR EL VALOR PRODUCTIVO Y AMBIENTAL DEL AGUA

Regina Lafuente Fernández, Ernesto Ganuza Fernández y Fernando Garrido Fernández

Introducción

La aportación de este trabajo consiste en analizar el papel de la información contrastada en un contexto deliberativo, en los cambios de actitudes por los que los ciudadanos identifican la existencia de una problemática ambiental y participan en la toma de soluciones en términos de prefe-rencias para su gestión pública. En tanto que la educación ambiental se ha basado en la Información como medio para conseguir la mayor implicación del ciudadano en la resolu-ción de conflictos ambientales, los resultados que se expo-nen en este trabajo pueden contribuir, desde un punto de vista empírico, a la labor de la comunidad dedicada a la educación, la comunicación, la sensibilización, la divulga-ción, la formación y la participación ambiental.

Las distintas variantes de la educación ambiental compar-ten el interés por comunicar información con el fin de cons-truir un cambio respecto a las relaciones entre el hombre y el medio ambiente. Por ello se han hecho eco con frecuencia de los avances de la psicología ambiental que ha orientado gran parte de sus trabajos al estudio de las creencias, la información y la disposición a proteger el medio ambiente así como en las acciones en las que se concreta, (Wiesenfeld 2001, Winter 2000). No obstante, este propósito se ha tradu-cido en la mayoría de los casos en trabajos de índole cuanti-tativo que tratan de operacionalizar en variables las múlti-

226

ples dimensiones de la actitud ambiental, y en buscar rela-ciones entre esas variables, sin que se haya obtenido mode-los válidos que permitan predecir o explicar las conductas ambientales a partir de variables actitudinales (Américo 2006). Son muchas las reflexiones que en esta línea han criticado la orientación que estudia exclusivamente las va-riables individuales desde una perspectiva cognitiva y con-ductual y que reivindican la influencia del contexto en el que se encuentran insertos los individuos (Stern 2000, De-genhardt 2002, Gardner, 2001, Berenguer 2000).

En la búsqueda de las vías para que la preocupación am-biental se transforme en conductas ambientales responsa-bles, el enfoque adaptativo de la psicología ambiental da un paso más y no se limita a analizar la influencia del contexto o de las variables situacionales en la conducta proambien-tal, sino que ofrece un marco unificado para el estudio del ambiente y la conducta (Holahan, 1999). Desde este enfo-que se resalta que la conducta ocurre dentro de una serie de contextos físicos y socioculturales, y que refleja la interac-ción entre las características de la persona y las característi-cas del ambiente, lo cual explicaría las diferentes respuestas (o conductas) ante una misma situación. Además este enfo-que concede mucha importancia a los procesos de gestión y a la participación en los mismos de los grupos implicados (Wandersman, 1979). También Stern (2000) reivindica un cambio en las investigaciones centradas por la perspectiva conductual y cognitiva por investigaciones con una orien-tación hacia los problemas, con base en factores sociales y niveles de análisis grupales.

De forma coincidente con estas reflexiones arrojadas des-de la psicología ambiental, expertos mundiales en educa-ción ambiental resaltaron en el documento de la UNESCO para la Década de la Educación para el Desarrollo Sosteni-ble (2005) que “el desarrollo de una sociedad debería ser visto como un continuo proceso de aprendizaje que explo-rase argumentos y decisiones difíciles, donde las respuestas

227

y las soluciones apropiadas podrían cambiar conforme au-mentase la experiencia”. Desde estos planteamientos se desea “una educación para el pensamiento crítico, innova-dora en los contenido y en las metodologías interdisciplina-rias y participativas” (Mayer 2006).

Metodología: Encuesta Deliberativa

Acorde con las teorías que defienden la participación del usuario en los procesos de planificación ambiental, la en-cuesta deliberativa (ED) permite recoger las actitudes indi-viduales sobre un determinado asunto y comprobar cómo la información sobre ese tema en un contexto deliberativo compartido por un conjunto de ciudadanos modifica, a nivel individual y grupal, las actitudes así como su traduc-ción en los procesos de gestión. En otras palabras la ED conlleva un intento de operacionalizar la participación y de establecer algunas mediciones de la deliberación y su plasmación en los cambios de actitudes.

La ED es una técnica ideada por J. Fishkin al final de los años ochenta, cuya innovación respecto a las encuestas tradicionales radica en la capacidad para recoger la infor-mación y conocimiento que produce el proceso deliberati-vo. En su primera fase, se desarrolla una encuesta conven-cional sobre un tema de interés a una muestra representati-va de la población. En la segunda fase, los encuestados son convocados a un foro donde, con la ayuda de expertos, reciben información detallada del tema objeto de estudio y pueden reflexionar y deliberar sobre los argumentos en torno al tema seleccionado. Al final del proceso deliberati-vo, los participantes vuelven a ser encuestados a través del cuestionario inicial, con el objeto de medir la incidencia que el proceso deliberativo tiene sobre su percepción del pro-blema.

En el caso concreto de la ED realizada por el IESA-CSIC en 2008 analiza las creencias relacionadas con el agua así como las preferencias para su gestión. Si bien se trata de

228

una técnica de investigación de carácter participativo, no responde plenamente a los principios que definen la Inves-tigación Acción Participativa por cuanto que no pretende una transformación del marco legislativo que regula el aprovechamiento de los recursos hídricos, ni parte de una comunidad que se reconoce a sí misma como tal e intenta abordar un problema común, sino que, por el contrario, es durante el foro cuando se problematiza el tema del agua por parte de los expertos. No obstante, el diseño de la ED los siguientes objetivos:

Los invitados al foro en calidad de expertos, representa-ban la pluralidad de los grupos de interés enfrentados en torno a la gestión del agua. Sus intervenciones, tanto orales como escritas, representan los discursos oficiales sobre el agua. Además, el foro abrió un proceso de comunicación entre expertos y ciudadanos acorde con las indicaciones de Winter (2000) acerca de las acciones que deben desarrollar-se para superar los estudios centrados en las variables indi-viduales.

Las dinámicas deliberativas de los participantes en el fo-ro, organizadas mediante pequeños grupos para favorecer el diálogo entre ellos, permite, rozando los postulados del constructivismo social, analizar sus argumentaciones a favor y en contra de los discursos expuestos por los repre-sentantes de los colectivos sociales involucrados en el con-flicto del agua.

Al finalizar el foro los participantes mostraron sus prefe-rencias sobre la gestión política del agua. Además es posi-ble relacionar las opiniones sobre la gestión del agua con la información distribuida, así como con las creencias y acti-tudes manifestadas en torno a la cuestión hídrica.

La ED se realizó en el marco de un convenio de colabora-ción entre el IESA-CSIC y la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-lucía. La ED recoge la opinión de la población en tres mo-mentos distintos. La primera encuesta se realizó en la pri-

229

mera quincena de octubre de 2008 a una muestra represen-tativa de la población andaluza formada por 1.200 perso-nas. A continuación se organizó un Foro Deliberativo (FD) celebrado en Córdoba los días 22 y 23 de noviembre. Para la realización del FD se seleccionó una submuestra de 150 personas de los 1.200 entrevistados originariamente, respe-tando criterios de representatividad por sexo, edad, pro-vincia y nivel de estudios. Finalmente acudieron al FD 113 personas y todas ellas contestaron el cuestionario al finali-zar el FD. Por último, en la primera quincena de mayo de 2009 se contactó telefónicamente con los participantes en el FD para que volviesen a contestar las preguntas del cues-tionario, obteniendo en esta ocasión 100 respuestas. Los resultados que se presentan en este trabajo se ciñen a las respuestas de los 100 participantes de los que se ha obteni-do información en las tres fases de la Encuesta Deliberativa.

Resultados: información, creencias y modelos de gestión pública sobre el agua

El debate social sobre la utilización de los recursos hídri-cos puede analizarse desde diferentes ámbitos. Este trabajo se centra en la opinión pública andaluza y considera dos ámbitos de análisis. En primer lugar, desde el ámbito de la diversidad de su uso y de la competencia que se genera entre los distintos tipos de usuarios, dando lugar a una situación potencialmente conflictiva, sobre todo en perio-dos de escasez. En segundo lugar, desde el ámbito de las implicaciones ambientales, ámbito especialmente relevante a raíz de la aprobación de la Directiva Marco de la UE so-bre Aguas a final del año 2000. El primer ámbito es abor-dado en el foro con información objetiva sobre la distribu-ción del consumo del agua disponible en Andalucía entre los distintos usuarios. El segundo ámbito corresponde a las creencias y actitudes de la población sobre las implicacio-nes ambientales del uso de los recursos hídricos. A partir del análisis de ambas cuestiones se indagará en su repercu-

230

sión en las preferencias de la población por distintos mode-los de gestión de los recursos hídricos según opten los par-ticipantes en el foro por medidas públicas orientadas a in-crementar la disponibilidad de este recurso o a racionalizar e incluso limitar su consumo.

A grandes rasgos, los resultados de la primera oleada de la encuesta, realizada antes del foro, revelan que las creen-cias de los andaluces sobre el agua marcan sobre todo su carácter de bien productivo, que la información sobre el reparto de agua en Andalucía es bastante confusa y en cuanto a la gestión pública de este recurso, combinan me-didas apoyadas tanto en criterios que aumentan su oferta (sobre todo la construcción de pantanos), como en el uso eficiente (ahorro de agua en los hogares). Los datos objeti-vos proporcionados en el foro sobre la distribución del vo-lumen de agua entre los distintos sectores de consumo y la intervenciones de los representantes de los distintos grupos de interés, produjo entre los participantes un amplio reco-nocimiento del valor ambiental del agua acompañado de preferencias de gestión basadas en un mayor control sobre la oferta del recurso, en la utilización de tecnología para reutilizar el agua residual y en mejorar la eficiencia de los regadíos. Los resultados de la tercera oleada, realizada seis meses después del foro, muestra como los cambios de opi-nión registrados entre las dos primeras oleadas se mantie-nen respecto a los modelos eficientes de gestión del agua, mientras que los cambios no han sido tan sólidos cuando se encuentran anclados en las creencias de los ciudadanos.

Los resultados que se presentan a continuación se articu-lan en dos ejes. En primer lugar, se analizan los cambios de opinión tanto en creencias, información y medidas de ges-tión, considerando únicamente el eje temporal marcado por la participación en el FD. Para cada variable se calcula el número de encuestados que mantienen la misma opinión en las tres encuestas, el número de quienes cambiaron de opinión a raíz de la participación en el FD distinguiendo

231

quienes en última consulta retornaron a sus opiniones ori-ginales o las han modificado hacia opciones nuevas.

En segundo eje recoge las relaciones bivariables (ver las tablas de contingencia en el Anexo 1) para estudiar si la información recibida en el contexto del FD ha modificado el grado de relación entre las preferencias de los ciudadanos por determinadas medidas de gestión pública del agua y sus creencias sobre las implicaciones ambientales del uso de los recuros hídricos.

Creencias: valor ambiental y el valor productivo del agua El valor ambiental y productivo del agua han sido los as-

pectos centrales de los debates que estructuraron el foro y al que hicieron referencia los expertos en sus exposiciones. Para conocer de qué modo los participantes priorizan un valor u otro, se les ha instado a expresar su acuerdo o desacuerdo en relación a la conservación de acuíferos y caudales. En la primera encuesta, dos de cada tres encues-tados señalaron que “los acuíferos son una fuente de agua que no se aprovecha lo suficiente”, la participación en el foro redujo el número de apoyos a 44 en la segunda encues-ta, mientras que en la última consulta compartían esta opi-nión el 57 encuestados. La adhesión al valor productivista del agua también se expresa a partir del acuerdo con la afirmación “El agua que no es consumida, se vierte al mar, se pierde y no tienen ninguna utilidad”. Más de la mitad de los encuestados apoyaban esta idea en la primera encuesta (52) mientras que en la segunda encuesta sólo se muestra de acuerdo 25 participantes y en la tercera 41.

Los Gráficos 1 y 2 muestran cómo han ido cambiano las opiniones de los encuestados en los tres momentos anali-zados, marcando con una P quienes reconocen en el agua un valor productivo, con una A el valor ambiental y con NS quien no emite ningún juicio en relación a las afirmacines propuestas.

232

Gráfico 1. “El agua que no es consumida, se vierte al mar, se pierde y no tiene ninguna utilidad”

Gráfico 2. “Los acuíferos o agua subterráneas son una fuente de agua que no se aprovecha lo suficiente”

En general los encuestados reconocen con más facilidad el valor ambiental del agua de los cauces de los ríos que del agua subterránea de los acuíferos. El foro contribuyó a su-mar 20 personas a la postura ambiental respecto a acuíferos y caudales que han mantenido esta opinión en la tercera encuesta. En cambio, un porcentaje parecido de personas que inmediatamente después de participar en el foro consi-deraron el valor ambiental en los acuíferos y los cauces, en la tercera encuesta han retornado a las opiniones producti-vas expresadas en la primera encuesta (17 y 18 encuestados respectivamente).

En definitiva, la participación de los encuestados en el FD ha contribuido a reconocer el valor ambiental de los recur-sos hídricos. No obstante, el cambio de creencias que se

233

produjo durante el Foro no se ha mantenido en la tercera consulta en casi la mitad de los casos. Sin embargo, entre quienes desde la primera encuesta reconocían el valor am-biental al agua, ha habido menos cambios de opinión que entre quienes le reconocían un valor productivo, sobre todo en el caso de los cauces de los ríos.

Tabla 1. Resumen de las creencias en el circuito

deliberativo

Cauces Acuíferos

Product.. Amb. NS Product. Amb.

Puros: La misma opinión en las 3 encuestas.

7 21 - 25 8

Foro: La misma opinión en la 3ª y 2ª encuesta

6 20 - 7 20

Retornados: La misma opinión en la 3ª y 1ª encuesta

18 4 - 17 1

Nuevos: La opinión en la 3ª encuesta es distinta a 1ª y 2ª

10 10 4 8 14

Total 3ª encuesta 41 55 4 57 43

Información: distribución del consumo de agua por secto-res

Según los datos publicados por la Agencia Andaluza del Agua, el consumo de agua en 2006 se distribuyó en térmi-nos porcentuales del siguiente modo: el 77% se destinó a la agricultura, el 15% a los hogares, el 3% a las industrias y el restante 5% a otros usos como instituciones públicas o fu-gas de agua. En este apartado se describe si la participación en el FD ha ajustado las primeras percepciones de los en-

234

cuestados sobre el reparto del agua en Andalucía con la distribución real según las fuentes oficiales, es decir, hasta qué punto el FD ha jugado como medio de información para adquirir este tipo de conocimiento.

En total, 26 personas en la primera encuesta distinguieron correctamente que la agricultura consume la mayoría de los recursos hídricos de Andalucía. Los resultados de la en-cuesta realizada al terminar el foro dejan claro que la dis-tribución del consumo de agua por sectores había sido uno de los ejes de las exposiciones y debates: el número de aciertos aumenta a 88. No obstante, y tal como muestra la Tabla 2, pese a que en la tercera encuesta la opinión mayo-ritaria continúa identificando el mayor consumo con el sector agrícola, el número de aciertos disminuye a 57, mien-tras que 11 encuestados han vuelto a señalar el sector que errónamente identificaron en la primera encuesta y otros 30 encuestados han señalado en la última consulta sectores como los hogares, la industria u otros usos. Otra lectura de los mismos datos permite afirmar que de las 88 personas que respondieron correctamente en la segunda encuesta, 21 ya conocían ese dato, mientras que entre los 67 que lo ‘aprendieron’ durante el foro, sólo 33 han mantenido ese conocimiento seis meses después. Por lo tanto, la participa-ción en el foro ha sido eficaz a la hora de transmitir un tipo de información tan específica como a la que nos estamos refiriendo, pero sólo ha sido retenida en el tiempo en la mitad de los casos.

Tabla 2. información en el circuito deliberativo

Principal consumidor de agua

Agricultura Hogares Industria Otros usos NS

Puros: La misma opinión en las 3 encuestas.

17 - - - -

235

Foro: La misma opinión en la 3ª y 2ª encuesta

33 - 1 1 -

Retornados: La misma opinión en la 3ª y 1ª encuesta

2 9 2 - -

Nuevos: La opinión en la 3ª encuesta es distinta a 1ª y 2ª

5 11 12 5 2

Total 3ª encuesta 57 20 15 6 2

Gestión pública del agua: preferencia por medidas con-cretas de gestión

El análisis de la opinión de los participantes sobre la ges-tión pública del agua se ha realizado considerando una serie de medidas entre las que se alternan algunas de carác-ter más proambiental y otras de naturaleza diferente, de forma que se podrían clasificar en cuatro categorías según su relación con dos enfoques o criterios de gestión del agua.

El primer enfoque aboga por incrementar las infraestruc-turas que permitan captar y almacenar una mayor cantidad de agua (aumentar la oferta del recurso). Cuando las medi-das defendidas para aumentar la oferta son la construcción de pantanos, el trasvase de agua de otras regiones, o la construcción de pozos para extraer aguas subterráneas, se conoce como “cultura tradicional del agua”. Al segundo criterio podríamos denominarlo como el de la “oferta tec-nológica” ya que comparte con el anterior el propósito de incrementar la oferta del recurso pero volcando el énfasis no en el incremento de las infraestructuras, sino en la tecno-logía aplicada a la reutilización del agua bien sea mediante la construcción de plantas desaladoras o la reutilización de aguas residuales.

El segundo enfoque se centra en la gestión del agua dis-ponible (no tanto de aumentar el recurso sino en aprove-char mejor el agua) y es conocido por el nombre de “nueva

236

cultura del agua” o “cultura de la demanda”. Desde este enfoque se proponen medidas de ahorro de agua como son mejorar los regadíos para que consuman menos o ahorrar agua en los hogares. A todas ellas se les suma un último bloque de medidas basadas en la disminución del consumo de agua de las cuales se han seleccionado dos: disminuir el agua destinada a regadíos, y controlar las extracciones ile-gales de los pozos.

La gestión pública del agua en Andalucía ha sido el foco que ha centrado los debates del FD, creándose el espacio para que los distintos grupos de interés y expertos expresa-ran sus propuestas de gestión. Cada propuesta fue debatida y evaluada por todos los participantes, llegando a valorar las ventajas e inconvenientes de todas las medidas que se han descrito anteriormente. Dado el interés que suscitó la información sobre la gestión pública del agua, sorprende que en los tres momentos en los que se ha recogido la opi-nión de los encuestados, las preferencias más frecuentes hayan variado poco en términos generales: la mitad de los encuestados han elegido medidas orientadas a controlar la demanda de agua con criterios de eficiencia (51 personas en la primera encuesta, 55 en la segunda, y 53 en la tercera). Sin embargo, los participantes han trasladado la responsa-bilidad del esfuerzo del ahorro de los hogares a la agricul-tura: mientras que en la primera encuesta 29 personas con-sideraban que el esfuerzo debía recaer en los hogares frente a 22 personas que citaron la mejora de regadíos, en la se-gunda encuesta el mayor esfuerzo se le exige al sector agrí-cola (49), aunque desciende a 35 apoyos en la tercera en-cuesta.

Continuando con el enfoque que defiende el control de la demanda de agua, se observa un aumento de los apoyos a las medidas más restrictivas: controlar las extracciones ile-gales y disminuir el agua para regadíos. Mientras que en la primera encuesta solo 9 personas consideraron prioritarias estas medidas, en la segunda el número ascendió a 17 y en

237

la tercera a 20 (16 de los cuales abogan por control de las extracciones ilegales y 4 la disminución de las dotaciones de agua para los regadíos).

Tabla 3. Resumen de las preferencias por medidas de

gestión en el circuito deliberativo

OFERTA DEMANDA

Infraestructura Tecnología Eficiencia Control

Puros: La misma opinión en las 3 encuestas.

2 - 20 -

Foro: La misma opinión en la 3ª y 2ª encuesta

3 1 10 6

Retornados: La misma opinión en la 3ª y 1ª encuesta

6 2 10 1

Nuevos: La opinión en la 3ª es distinta a 1ª y 2ª

10 3 13 13

Total 3ª en-cuesta

21 6 53 20

La evolución de quienes optan por aumentar la oferta del

agua utilizando grandes infraestructuras de captación y almacenamiento, también merece ser analizada con dete-nimiento: los 30 apoyos en la primera encuesta se redujeron a 8 en la segunda y volvieron a aumentar a 21 en la tercera consulta. En las tres ocasiones, la medida que concentra casi todas las respuestas es la construcción de pantanos. Llama la atención que la mitad de los apoyos en la tercera encuesta a este grupo de medidas, provenga de encuesta-

238

dos que eligieron otras opciones antes de la celebración del Foro e inmediatamente después de la celebración de éste.

Por último las medidas basadas en la aplicación de nue-vas tecnologías obtuvieron el doble de apoyos tras la cele-bración del FD (20 personas frente a las 10 que las señala-ron en la primera encuesta) mientras que ha sufrido un gran retroceso en la tercera encuesta (6). Esta variación en las cifras responde básicamente a que tras la celebración del FD los encuestados expresaron su confianza en la reutiliza-ción de las aguas residuales (17) y sólo una persona ha mantenido esa opinión en la tercera encuesta.

Relación entra la información y las creencias sobre el agua

Si bien el foro logró trasladar a los participantes la infor-mación objetiva sobre la distribución del consumo de agua entre distintos sectores (ver tabla 2), queda por analizar si las reflexiones en defensa o cuestionamiento de dicha dis-tribución por parte de los grupos de interés invitados al foro y los debates que le sucedieron, han modificado las creencias de los ciudadanos sobre el valor ambiental o pro-ductivo del agua. Cabe suponer que el giro observado hacia la protección de los acuíferos y los caudales ecológicos está relacionado con la relativización del protagonismo de los hogares como consumidores de agua, es decir, que los ciu-dadanos cuestionan la explotación de acuíferos y caudales una vez que son conocedores de que el principal beneficia-rio es un sector productivo que consume el 77% del agua disponible mientras que el consumo de hogares se cifra en el 15% (en contra de la opinión mayoritaria antes de acudir al foro).

Las tablas de contingencia recogidas en el Anexo 1 mues-tran que entre quienes aciertan al señalar que el sector agrí-cola es el principal consumidor de agua es más frecuente las opiniones favorables a la protección de los caudales. El grupo de ‘conocedores’ varía de 26 personas en la primera encuesta, a 88 en la segunda y 57 en la tercera. En la prime-

239

ra encuesta la mitad de quienes tenían un conocimiento acertado de la distribución del agua pensaban que el agua que se vierte al mar tiene utilidad. Al aumentar tras el FD el porcentaje de aciertos también aumenta las opiniones más favorables a la protección de los caudales en ese grupo (72,7%), mientras que el mismo porcentaje se reduce al 63,2% en la tercera encuesta. Las variaciones en las opinio-nes sobre los caudales dentro del mismo grupo de conoce-dores indican que reconocer el valor ambiental del agua no sólo está relacionado con la información objetiva sobre có-mo se distribuye este recurso entre sectores.

El reconocimiento del valor ambiental del agua en el caso de la explotación de los acuíferos no ha sido paralelo al descrito sobre los caudales ecológicos. La mayoría de los conocedores de la distribución del consumo de agua en la primera encuesta mantienen una visión productivista de los acuíferos (57,7%) que es mitigada en la segunda (38,6%) y en la tercera retoma los valores parecidos a los recogidos antes de la celebración del FD (56,1%).

La transposición de la información y las creencias en me-didas de gestión pública del agua

En este apartado se analiza si el conocimiento adquirido en el FD sobre la distribución del consumo de agua entre sectores produjo en los participantes cambios significativos en el modo de pensar la gestión de los recursos hídricos. A partir de la información obtenida, los participantes han reflexionado y planteado sus opciones para gestionar los recursos hídricos.

El escenario surgido después del FD, marcado por la identificación del sector agrícola como el principal consu-midor de agua, se inclina de forma muy significativa hacia la adopción de medidas destinadas al ahorro y al control de la demanda. Disminuye considerablemente el apoyo a me-didas tradicionales de oferta, como la construcción de pan-tanos. Lo más destacable es la fuerte identificación que rea-lizan los participantes entre quienes consideran el principal

240

consumidor de agua y a quien se debe exigir mayor esfuer-zo en el consumo eficiente. De hecho, cuando en la tercera encuesta algunos participantes retornan a su idea original de que el principal consumidor de agua son los hogares, vuelven también a considerar que las políticas de gestión deben de basarse en medidas de ahorro en el consumo do-méstico (Ver anexo 1).

En cuanto a las creencias ambientales o productivas sobre el valor que los participantes reconocen al agua se trasla-dan de forma ambivalente a las medidas propuestas para mejorar la gestión de los recursos hídricos. La mayoría de los participantes eligen medidas orientadas a lograr una demanda eficiente con independencia de pensar en los acuíferos o en los caudales en términos productivos o am-bientales. Las diferencias se presentan de forma más clara cuando los encuestados optan por las medidas tradiciona-les basadas en la construcción de infraestructuras para au-mentar la oferta del recurso. Aunque el apoyo a este tipo de medidas varía de 30 registros en la primera encuesta, al 10 registros en la segunda y a 21 en la tercera, en los tres mo-mentos los apoyos corresponden mayoritariamente a quie-nes piensan que los acuíferos no se aprovechan lo suficiente y que el agua que se vierte al mar se desperdicia y no tie-nen ninguna utilidad.

Conclusiones

La comunicación de un tema tan complejo y multidimen-sional como el de la gestión del agua, no es fácil, sobre todo si tenemos en cuenta que en él confluyen multitud de creencias ancladas en la cultura agraria más tradicional, que la ciudadanía se encuentra desinformada sobre el uso de los recursos hídricos, y que éstos tienen un gran valor estratégico para determinados sectores productivos. En términos más concretos, y utilizando los indicadores de la primera encuesta, las creencias de los andaluces sobre el

241

agua marcan sobre todo su carácter de bien productivo ya que la mayoría considera que el agua que se vierte al mar se pierde, que los acuíferos están infraexplotados, a la vez que consideran a los hogares los mayores consumidores de agua. En cuanto a la gestión pública de este recurso, com-binan medidas apoyadas tanto en criterios que aumentan su oferta (sobre todo la construcción de pantanos), como en el uso eficiente (ahorro de agua en los hogares).

La experiencia del Foro Deliberativo ha puesto de mani-fiesto la validez de esta técnica para incorporar a los ciuda-danos al debate público sobre un tema de interés general, ya que los argumentos de los participantes han sido ex-puestos no sólo desde su posición como consumidores sino como ciudadanos activos y responsables. La información sobre el uso del agua transmitida en el foro por parte de los expertos ha influido de forma positiva en los indicadores de conocimiento recogidos en la segunda encuesta. Sin em-bargo, el tipo de conocimiento basado en los datos objeti-vos (la distribución del consumo de agua por sectores) sólo ha sido retenido en el tiempo por la mitad de los partici-pantes. Ante esta trayectoria ‘cognitiva’ cabe preguntarse si la información recibida durante el foro ha logrado modifi-car las creencias de la población sobre el agua, y en ese su-puesto, si el cambio en las creencias permanece una vez que se olvida la información.

Tras la participación se produce un reconocimiento casi generalizado del valor ambiental del agua, pero al igual que lo descrito para el caso de la información ‘aprendida’, el cambio de opinión respecto a las creencias sólo permane-ce en la mitad de los participantes que respondieron la ter-cera encuesta. Sin embargo, dichas variaciones en las creen-cias, tal y como reflejan los anexos, no corresponden con los cambios en los porcentajes de aciertos de los encuestados. Por lo tanto, el reconocimiento del valor ambiental del agua que se produjo tras la celebración del foro no respondía

242

exclusivamente al conocimiento adquirido sobre datos ob-jetivos.

La información sobre la distribución real del consumo de agua ha variado las preferencias de los participantes sobre las medidas más eficaces para mejorar la gestión del agua, no tanto en si deberían de incidir en aumentar la oferta o controlar la demanda del recurso, sino sobre a quién se debe exigir más responsabilidad en el uso eficiente. Quie-nes en la primera encuesta sabían que el principal consu-midor de agua es la agricultura, defendían un aumento en las infraestructuras para captar agua y medidas para alcan-zar un uso eficiente. Tras la celebración del foro aumenta el grupo de conocedores, y en vez de apoyar el aumento de las infraestructuras se inclinan por la reutilización y desala-ción, mientras que exigen un mayor esfuerzo al sector agra-rio en las medidas de eficiencia en los regadíos. Entre quie-nes mantienen el conocimiento aprendido en el foro en la tercera consulta, aumenta el apoyo a las medidas más res-trictivas: controlar las extracciones ilegales y disminuir el agua para regadíos.

Antes de analizar la relación entre las creencias sobre el agua y los modelos de gestión pública, es preciso señalar que los dos indicadores utilizados en la encuesta para me-dir si los andaluces reconocen un valor productivo o am-biental al agua, aunque correlacionan positivamente en las tres encuestas, han arrojado trayectorias de opinión algo distintas. El tema de las creencias sobre el agua es amplio y complejo y los resultados de este trabajo muestran que para la población es más fácil reconocer el valor ambiental del agua en el cauce de los ríos que en las aguas subterráneas de los acuíferos.

Las creencias ambientales o productivas sobre el valor del agua se trasladan de forma ambivalente a las medidas pro-puestas para mejorar la gestión de los recursos hídricos. La mayoría de los participantes eligen medidas basadas en un consumo eficiente, con independencia de pensar en los

243

acuíferos o en los caudales en términos productivos o am-bientales. Sin embargo los apoyos a las medidas basadas en la construcción de infraestructuras para aumentar la oferta del recurso corresponden mayoritariamente a quienes piensan que los acuíferos no se aprovechan lo suficiente y que el agua que se vierte al mar se pierde y no tiene ningu-na utilidad.

Finalmente, este estudio empírico muestra la complejidad a la que se enfrenta la educación ambiental para modificar las creencias de las personas sobre el medio ambiente. Tal y como se ha comprobado, la información sobre el tema del agua, de interés en el contexto de Andalucía, no logra en muchos casos ser incorporada al bagaje de conocimientos de los ciudadanos, ni aun cuando esta información ha sido contrastada con distintos puntos de vista en un marco deli-berativo. También se ha comprobado que el acceso a la información modifica en sólo algunos aspectos las prefe-rencias sobre los modelos de gestión pública, que sin em-bargo sí se encuentran más relacionados con tener creencias ambientales o productivistas sobre el agua.

Bibliografía

AMÉRICO, M (2006), La investigación en España sobre actitudes proambientales y comportamiento ecológico, Medio ambiente y Comportamiento Humano, 7,(2), 45-71

BERENGUER, J. (2000), Actitudes y creencias ambientales. Una explicación psicosocial del comportamiento ecológico. Colección Tesis doctorales, núm. 109. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

DEGENHARDT, L. (2002). Why do people act in sustainable ways?. Result of an empirical survey of lifestyle pioneers. In P Schumuck & W. Shultz (Orgs.), Psychology of sustainable devel-opment, 123-148. Boston: Kluwer.

FISHKIN, J (1995), The voice of the people, Public Opinion and Democracy. New Haven: Yale University Press

244

Gómez, B. S. Pasadas, E. Ganuza, M. Cuesta, J. Font (2008), La Encuesta Deliberativa, Cuadernos Metodológicos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) nº 42.

HOLAHAN, C (2004), Psicología Ambiental: un enfoque General. México: Editorial Limusa.

MAYHER, M (2006), Criterios de calidad e indicadores en educa-ción ambiental. Conferencia inagural de las III Jornadas de Edu-cación Ambiental en Aragón, 24, 25, 26 de marzo de 2006.

STERN, P.C. (2000), Toward a coherent theory on environmental-ly significant behaviour, Journal of Social Issues, 56, 3, 407-424.

UNESCO (2005), UNECE Strategy for Education for Sustainable Development, adopted in Vilnius, 17-18 March 2005,

WIESENFELD, E (2001), La problemática ambiental desde la perspectiva psicosocial comunitaria: hacia una psicología ambien-tal del cambio, Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 2 (1), 2-20.

245

Anexos

246

Valores absolutos

CREENCIAS ACUÍFEROS

PRIMERA ENCUESTA

SEGUNDA ENCUESTA

TERCERA ENCUESTA

Med

ida

s

P A NS P A NS P A NS

Oferta infraestruc. 15 5 10 4 3 1 14 6 -

Oferta tecnología 9 - 1 8 11 1 4 2 -

Demanda eficien. 32 9 10 24 28 3 26 27 -

Demanda control 9 - - 8 7 2 12 8 -

P: Productivo; A: Ambiental; NS: No sabe

Valores absolutos

CREENCIAS CAUDALES

PRIMERA ENCUESTA

SEGUNDA ENCUESTA

TERCERA ENCUESTA

Med

ida

s

P A NS P A NS P A NS

Oferta infraest 19 7 4 4 3 1 12 7 2

Oferta tecnología 2 7 1 6 13 1 2 3 1

Demanda eficien 25 21 5 12 38 5 16 36 1

Demanda control 6 2 1 3 13 1 11 9 -

P: Productivo; A: Ambiental; NS: No sabe

247

¿HACIA EL NUCLEARISMO POSTKYOTO? MODELOS NUCLEARES DESDE UNA PERS-PECTIVA INTERNACIONAL41

Manuela Caballero Guisado, Artemio Baigorri Agoiz, Mar Chaves Carrillo

Introducción42

Podemos distinguir una cadencia en el análisis temporal de posicionamientos de los Estados en el uso civil de la energía nuclear para la producción de electricidad. Los inicios tenemos que situarlos necesariamente después de la II GM, momento de aceptación entusiasta de este tipo de energía, que en la imaginería de la época inauguraba una nueva era (atómica) que garantizaría el crecimiento eco-nómico y el bienestar de todo el planeta. El programa Áto-mos para la paz (Atoms for Peace, Eisenhower, Asamblea gene-ral de la Naciones Unidas 1953) constituía toda una ideología de progreso en torno a la energía nuclear que, bajo el lide-razgo de los Estados Unidos de América fue asumida por el resto de las grandes potencias mundiales. El resultado de esta fase no deja lugar a dudas: la construcción desde 1951

41 Este trabajo tiene su origen en una investigación sobre el Debate

Nuclear en España financiada por el Centro de Estudios del Cambio

Social la Fundación Encuentro, y se ha podido mejorar en el marco

del proyecto PRI09139 financiado por la Junta de Extremadura y el

FEDER. Una versión fue presentada y discutida en el X Congreso

Nacional de Sociología (Pamplona, 2010). 42 El accidente de Fukushima ha modificado algunas de las posi-

ciones de países recogidas en este trabajo. No obstante, hemos prefe-

rido respetar la redacción original, correspondiente a un texto elabo-

rado en 2009.

248

a 1985 de 400 centrales nucleares en prácticamente los cinco continentes.

Este movimiento pro-nuclear de los Estados estará contra-

rrestado por el denominado movimiento anti-nuclear, forma-do en pacifistas, ecologistas, científicos críticos con el uso de esta energía, intelectuales situados en la izquierda ideo-lógica, apoyados por las clases medias urbanas articuladas en torno a lo que hemos denominado NMS. Pero será sobre todo la miríada de incidentes y los gravísimos y desgra-ciados accidentes nucleares de Three Mille Island (Harris-burg, 1979) y Chernobil (Ucrania, 1986) el factor determi-nante de que la presión de la opinión pública sobre los go-biernos se haga insoportable, fruto de la cual se producirá un giro en la política nuclear a nivel mundial; aunque no son todos los países los que inician ese cambio, siendo el modelo nuclearización de Francia (que entiende la energía nuclear como un componente más de “la grandeur”) el más paradigmático de esta posición. Por el contrario, a finales de los ochenta países como Italia, Finlandia, Suecia, Ale-mania, Austria o España, articularán políticas de moratoria en unos casos, y de abandono del uso de la energía nuclear en otros

En la década de los noventa, las grandes cumbres inter-nacionales (como la de La Tierra, Río de Janeiro,1992) y los compromisos de sostenibilidad que allí se firmaron permi-tirán el desarrollo de políticas internacionales que influirán en las políticas energéticas nacionales afianzando las posi-ciones de moratoria, cese y abandono del uso de la energía nuclear por un lado, y el fomento y desarrollo de las ener-gías renovables por otro. En este sentido el Protocolo de Kyoto (1997) vincula a los países firmantes a orientar las estrategias energéticas nacionales hacia modelos críticos con el uso civil de la energía nuclear.

Sin embargo una nueva fase y cambio en el posiciona-miento de los Estados se percibe en los últimos años, para-

249

dójicamente como efecto en parte de algunos de los discur-sos emanados de las cumbres ambientalistas. Algunas cla-ves: el discurso articulado en torno al cambio climático, las incesantes necesidades energéticas de los países emergentes y los desarrollados, el agotamiento de las reservas de petró-leo, la dependencia energética de los países más poderosos de la tierra de países políticamente “inestables”, el elevado precio de las renovables y su escasa capacidad de sustitu-ción, y sobretodo el papel ejemplarizante que está jugando la vuelta a políticas pronucleares de ciertos países conside-rados internacionalmente defensores del desarrollo soste-nible, con la construcción en sus territorios de nuevas cen-trales nucleares

Así que de manera sintética podíamos decir que la caden-cia del ritmo nuclear ha pasado primero por una primera fase de promoción y desarrollo (1945/1985); una segunda fase mesetaria, o de contención (1985- 2000); y por último, una tercera fase en los inicios del siglo XXI que hasta el momento supone un repunte de las políticas pronucleares a nivel internacional ya sea bajo la fórmula de prolongar la vida de las centrales nucleares existentes, ya sea con la construcción de centrales nucleares de nueva planta.

El debate global: desarrollo sostenible o un argu-mento de doble dirección

El concepto de desarrollo sostenible nace de la alianza en-tre crecimiento y conservación, presupuestos considerados antagónicos durante buena parte del pasado siglo: el creci-miento económico, que se pensaba ilimitado, parecía in-compatible con la conservación de la naturaleza, que se había revelado finita en términos de espacio y tiempo. El acercamiento de ambas posturas requería flexibilidad en los planteamientos y cambios tanto en el concepto de desa-rrollo como en la propia concepción de la naturaleza. Así fue como la modernización se disfrazó de verde en las eco-nomías industriales más avanzadas y la naturaleza pasó de

250

concebirse como un tesoro que debe conservarse (bosques, tierras, aguas, flora y fauna tienen que ser preservadas por derecho propio y debían salvaguardarse de las presiones del crecimiento económico), a un recurso cuyo rendimien-to debe sostenerse.

En la Convención del Clima (Río de Janeiro, 1992), más de 150 Estados reconocieron que la cuestión del cambio climá-tico constituye una “preocupación común de la humanidad” y se propusieron elaborar una estrategia mundial, para “pro-teger el sistema climático para las generaciones presente y futu-ras”. El objetivo fundamental era “la estabilización de las con-centraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficien-te para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible” (artículo 3 Convención del Clima). Los gobiernos firmantes sabían que ese compromiso general era insuficiente y pusieron en marcha rondas de negociaciones para concretar compromisos más firmes. Fruto de ello sur-ge el Protocolo de Kyoto, firmado el 11 de diciembre de 1997, en el que las partes se comprometen a limitar o redu-cir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al me-nos un 5% con respecto a los niveles de 1990, en el período de compromiso de 2008-2012. Con la incorporación de Ru-sia (productora del 17% del CO2 mundial) se superó el 55% del total de las emisiones y se pudo aplicar oficialmente el 16 de febrero de 2005

El Protocolo de Kyoto está firmemente ligado a la promo-ción del desarrollo sostenible y vinculado a la “investiga-ción, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y nove-dosas que sean ecológicamente racionales” (art 2, IV Proto-colo de kyoto). Pero, sobre todo, excluye de forma explícita a la energía nuclear (junto al carbón y las grandes centrales

251

hidroeléctricas) de la lista de medidas para combatir el cambio climático como mecanismo de desarrollo limpio (MDL), uno de los instrumentos denominados flexibles que permite a los países desarrollados compensar sus excesos de emisiones invirtiendo en proyectos ambientalmente sostenibles en los países en vías de desarrollo.

Por su parte la Unión Europea también ratifica los com-promisos con Kyoto, lo que implica reducir las emisiones totales medias durante el período 2008-2012 en un 8% res-pecto a las de 1990. A cada país se le otorga un margen distinto en función de diversas variables económicas y am-bientales según el principio de “reparto de la carga”. Para el período 2007-2020, se plantea una economía de alta efi-ciencia energética y baja emisión de CO2, reduciendo el consumo de energía en un 20%, aumentando la participa-ción de las energías renovables hasta un 20% de su “mix” energético, y concretando la disminución de los gases de efecto invernadero en un 30% hasta 2020.

No obstante sus posiciones están llenas de ambigüedad; porque si bien es cierto que por un lado deja clara su acti-tud pro-Kyoto, por otro lado deja a la discreción de los Es-tados miembros el uso de la energía nuclear, calificada co-mo “una de las fuentes de energía de baja emisión de carbono

cuyos costes y suministro son más estables”43.

El fracaso de la Cumbre de Copenhague (COP15) en di-ciembre de 2009, cuyo objetivo pretendido era la reducción mundial de las emisiones de CO2 en al menos un 50% en 2050 respecto a 1990, pone de manifiesto las grandes ten-siones políticas a las que nos enfrentamos (países desarro-llados vs. países en desarrollo); la última oportunidad es la COP 16 de Cancún (México, 29/11-10/12/10).

43 Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, de 10 de enero de 2007, “Una política energética para Euro-pa” [COM (2007) 1 final (no publicada en el Diario Oficial).

252

El poder nuclear mundial

Hay pues una lógica. A pesar del claro posicionamiento de Kyoto en relación a la energía nuclear al considerarla como fuente de energía no sostenible y de que la inmensa mayoría de los países (exceptuando los Estados Unidos de América, entre otros) han ratificado el Protocolo en 2005, el hecho cierto es que en los últimos cuarenta años se han construido cientos de reactores, y como veremos aún se construyen. Una inversión que, naturalmente, los países y/o empresas inversoras se resisten a considerar como fa-llida.

Tabla 1 – Situación de la energía nuclear en el mundo.

Julio de 2009

Situación de la Energía Nuclear en el Mundo

Centrales Operando

Centrales en construcción

Centrales Clausuradas

Producción Electr..

Nuclear (GWh 2008)

% Prod. Electr. Origen Nuclear

Num MW Num MW Num MWe

Alemania 17 20.470 - - 19 5.879 140.886 28,8

Argentina 2 935 1 692 - - 6.835 6,2

Armenia 1 376 - - 1 376 2.274 39,4

Bélgica 7 5.824 - - 1 10 43.359 53,8

Brasil 2 1.766 - - - - 14.004 3,1

Bulgaria 2 1.906 2 1.906 4 1.632 14.742 32,9

Canadá 18 12.577 - - 7 3.008 88.613 14,8

China 11 8.438 13 12.220 - 65.325 2,1

Eslovaquia 4 1.711 2 810 3 909 15.453 56,4

Eslovenia 1 666 - - - - 5.972 41,7

España 8 7.450 - - 2 621 56.339 18,3

Estados Unidos

104 100.683 1 1.165 28 9.764 808.972 19,7

Finlandia 4 2.696 1 1.600 - 22.038 29,7

Francia 59 63.260 1 1.600 11 3.798 418.300 76,2

Holanda 1 482 - - 1 55 3.933 3,8

Hungría 4 1.859 - - - - 13.969 37,2

India 17 3.782 6 2.910 - - 13.168 2,0

Irán - - 1 915 - - - -

253

Situación de la Energía Nuclear en el Mundo

Centrales Operando

Centrales en construcción

Centrales Clausuradas

Producción Electr..

Nuclear (GWh 2008)

% Prod. Electr. Origen Nuclear

Num MW Num MW Num MWe

Italia - - - - 4 1.423 - -

Japón 53 45.957 2 2.191 6 1.864 240.519 24,9

Kazajistán 1 52 - - - - 91 0,2

Lituania 1 1.185 - - 1 1.185 9.140 72,9

Méjico 2 1.300 - - - - 9.359 4,0

Pakistán 2 425 1 300 - - 1.739 1,9

Reino Unido

19 10.097 - - 26 3.324 52.486 13,4

República Checa

6 3.634 - - - - 25.015 32,5

República de Corea

20 17.647 5 5.180 - - 144.255 35,6

Rumanía 2 1.300 - - - - 10.334 17,5

Rusia 31 21.743 9 5.809 5 786 152.058 16,9

Sudáfrica 2 1.800 - - - - 152.713 5,2

Suecia 10 8.958 - - 3 1.225 61.336 42,0

Suiza 5 3.238 - - - - 26.275 39,2

Taiwan 6 4.949 2 2.600 - - - -

Ucrania 15 13.107 2 1.900 4 3.515 84,300 47,4

TOTAL 437 370.273 49 41.798 126 39.374 2.563.861 17,7

Fuente: Fundación Encuentro

Por continentes, de los 49 reactores nucleares en cons-trucción, la mayoría (30) está en Asia: trece en China, en donde la oposición antinuclear es prácticamente imposible; seis en India, que siguiendo el modelo francés ha hecho de la energía nuclear un signo de poderío; cinco en Corea del sur; dos en Taiwán y Japón; uno en Irán (del que desde Occidente se denuncia su finalidad militar) y otro en Pakis-tán (un país también estrechamente relacionado con el ar-mamento nuclear). En cuanto al continente americano, tan sólo en Estados Unidos y Argentina hay un reactor en cons-trucción, no sin grandes protestas de los grupos ambienta-listas. En Europa, se están construyendo reactores en los antiguos países del Este (dos en Bulgaria, Eslovaquia y

254

Ucrania y nueve en Rusia). En Francia, en Flamanville, se está construyendo un nuevo reactor nuclear denominado “de tercera generación” (Reactor Europeo de Agua a Presión, EPR) que tendrá que estar listo para 2012, y el Presidente Sarkozy anunciaba en febrero de 2009 la construcción de una segunda central nuclear de nueva generación en la localidad de Penly, en la Alta Normandía. En Finlandia se construye un nuevo reactor nuclear en la isla de Olkilouto; este caso es considerado como paradigmático por los parti-darios de la energía nuclear, debido al giro copernicano que ha dado en los últimos años, al construir una nueva central nuclear la primera que se construye en Europa después de una década (si bien es cierto que el coste ya se ha duplicado respecto de lo previsto desde que se inició su construcción, y los analistas de la energía son bastante escépticos respec-to de sus posibilidades de finalización, y sobre todo de ex-plotación rentable).

Estrategias nucleares

En función del cuadro precedente podemos afirmar que no existe un único escenario energético nuclear en el mun-do, encontrándonos con países que han mantenido una política pro-nuclear con mayor o menor intensidad a lo largo del tiempo; y otros, como es el caso mayoritario en Europa, que desde la década de los 80 están sometidos a paralizaciones y moratorias nucleares, aunque con impor-tantes excepciones como es el caso de Francia.

No hay que olvidar que cuando nos referimos a política sobre energía nuclear, estamos afectando a todos los aspec-tos del ciclo nuclear tales como la minería, el enriqueci-miento y almacenaje del material nuclear, la gestión del combustible utilizado, la generación eléctrica mediante reactores nucleares, el reprocesamiento del combustible nuclear y la gestión de los residuos. Sin olvidar un tema íntimamente relacionado con esta política como es la tecno-logía de armamento nuclear, donde las aspiraciones milita-

255

res de cada país pueden actuar como un factor de conside-ración determinante en las decisiones políticas energéticas.

Para tratar de analizar la situación nuclear en el conjunto del planeta hemos elaborado una tipología que pretende, a modo de hipótesis, observar la evolución en los últimos 20 años de los distintos posicionamientos nacionales en rela-ción al uso civil de la energía nuclear. No se trata de una relación exhaustiva de países, sino de un barrido general a partir del cual hemos construidos algunos tipos ideales, ca-tegorías de análisis amplias que sólo intentan describir la gran variedad de políticas nucleares existentes en el plane-ta.

Tipo A: Liberalismo Nuclear El modelo laissez faire, laissez passer implica básicamente la

apertura en el uso civil de la energía nuclear a las grandes empresas y multinacionales energéticas sin excesivos con-troles gubernamentales. El modelo existió únicamente en los USA, y fue rescatado por la NEP (Política Nacional de Energía) de Bush-Cheney en los años '90, quienes a través del Departamento de Estado intentaron promover a su vez a nivel internacional

Estados Unidos: A partir del fuerte impulso a la energía nuclear del presi-

dente Eisenhower, es el país con el mayor número de reac-tores nucleares del mundo (104) y también uno de los ma-yores consumidores de hidrocarburos (y también produc-tor). Firma la Convención sobre el Clima en la Cumbre de la Tierra en 1992, pero no ratifica en 2005 el protocolo de Kyoto.

La crisis energética de 2000-2001 lanzó a Bush a establecer el National Energy Policy Development Group (NEPDG), un grupo de representantes sectoriales al que encargó desa-rrollar un plan de largo plazo que resolviera los requisitos de energía estadounidenses, con el vicepresidente Dick Cheney a la cabeza. Aunque los problemas detectados por el NEPDG se referían sobre todo al abastecimiento de cru-

256

do (y en ello se centraron casi todas las estrategias de polí-tica exterior), la Administración Bush decidió relanzar la energía nuclear, proponiendo la construcción de ocho nue-vos reactores nucleares. La noticia fue bien recibida por compañías como la Exelon Corporation (con sede en Chicago y que cuenta con 17 reactores) quienes además iniciaron una estrategia de presión para conseguir que la Administración financiara hasta el 80 por ciento de los cos-tes de construcción de los reactores. Aunque el Gobierno de Bush aceptó esas presiones, ocho años después del lanza-miento de la NEP tan sólo hay una central en construcción.

Con la elección de Barack Obama como Presidente se ini-ciaba un tiempo de cambios orientados hacia el desarrollo de "una nueva economía de la energía con dos objetivos simultáneos: la generación de un nuevo motor económico que impulse el empleo y el crecimiento, y la promoción de una cultura medioambientalista que sitúe a Estados Unidos en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático” (El

país 27-01-09). En este proceso hacia la sostenibilidad no desecha la producción nuclear, pero su advertencia de que va a exigir mayores niveles de seguridad en el proceso de generación eléctrica y en el tratamiento de residuos, puede que acerque a los Estados Unidos a otro de los modelos. En Febrero de 2010 el Presidente anunciaba su intención de construir una nueva central nuclear en el condado de Burke (Georgia), la primera en 30 años contribuyendo a su finan-ciando con garantías de préstamos de hasta 8.000 millones de dólares.

Corea del Sur: Después de Estados Unidos, Francia, Japón y Rusia, es el

país con mayor número de reactores (20), y tiene cinco en construcción (se prevé la construcción de ocho plantas más entre 2010 y 2016). La investigación de la energía atómica en Corea del Sur es muy activa. Es miembro del proyecto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), con-sorcio internacional formado en 1986 (Unión Soviética, los

257

Estados Unidos, Europa a través de EURATOM y Japón, cuenta además con el auspicio de la IAEA), para demostrar la factibilidad científica y tecnológica de la fisión nuclear, además de estar inmerso en el desarrollo de reactores nu-cleares de nueva generación. Las tecnologías de la gestión de residuos también se han desarrollado localmente. Corea del Sur firma el protocolo de Kyoto en 1998 y lo ratifica en 2002.

Taiwan: Cuenta con 3 plantas activas, 6 reactores y 2 en construc-

ción, que suponen alrededor del 20% del consumo de ener-gía nacional. Esto hace de Taiwán el décimoquinto usuario más grande de energía atómica en el mundo. La tecnología elegida para los reactores ha sido tecnología de grandes multinacionales americanas como la General Electric o Westinghouse, como aliado económico y político que es de los Estados Unidos.

Gran Bretaña: En el Reino Unido funcionan 19 reactores nucleares que

generan un 18,39% de la electricidad que se consume. En 2007, en el Libro Blanco de la Energía, el gobierno británico (apoyado por el Partido Conservador, los sindicatos y la patronal) pone de manifiesto una actitud claramente pro-nuclear, dando vía libre para la construcción de nuevas centrales nucleares. Pero esta decisión ha provocado una fractura ideológica y territorial: a nivel nacional se oponen los grupos ecologistas y parte de la opinión pública (el Par-tido Liberal Demócrata y el Partido Verde articulan la opo-sición, en la que se incluyen miembros del Partido Laboris-ta, 60 de cuyos parlamentarios firmaron un manifiesto con-tra el cambio de posición de su partido en 2006), pero ade-más el Parlamento Escocés se ha opuesto tanto desde plan-teamientos económicos como ideológicos2. Es importante observar que, pese al apoyo decidido del gobierno a los proyectos de centrales su participación se limita a tramitar las autorizaciones aunque conserva su implicación-

258

responsabilidad en el largo plazo (los residuos nucleares seguirán siendo probablemente una responsabilidad esta-tal). El Reino Unido firmó el protocolo de Kyoto en 1998 y lo ratifica en 2002.

Tipo B: Nuclearismo Monopolista de Estado Se trata de países con un modelo energético más regula-

cionista, con importantes vinculaciones políticas y de polí-tica exterior, en los que la potencia nuclear tiene un signifi-cado que va más allá de lo puramente eléctrico. Es básica-mente el modelo francés, con fuertes intereses en la expor-tación; fue el modelo nuclearizador español en el franquis-mo, aunque por razones distintas; y es el modelo de las economías intervencionistas, como es el caso de los países islámicos o los de neo-despotismo oriental.

Francia: A pesar de ser la cuna del ecologismo europeo y uno de

los puntos de origen del movimiento antinuclear, éste no ha hecho mella en la política energética del país galo. Con independencia del color de los gobiernos, la conversión de Francia en una potencia nuclear, tanto armamentística co-mo energética, ha sido un objetivo clave, casi una obsesión cultural. Actualmente el 78,4% de la electricidad francesa es de origen nuclear, y el parque nuclear consta de 59 reacto-res, un tercio de los cuales finalizarán su vida útil hacia 2020. Ante esta situación el Gobierno Francés, en las orien-taciones sobre la política energética en 2005, confirma el mantenimiento de la energía nuclear como fuente principal de electricidad, y en previsión de la renovación del parque nuclear inició la construcción de reactores de tercera gene-ración y la investigación de la tecnología de reactores de cuarta generación que estarán disponibles para 2040. De-fensora de los presupuestos científicos y políticos sobre el cambio climático, ratifica el Protocolo de Kyoto en 2005 y hace compatible estas posiciones ambientalistas con su es-trategia energética nuclear. Es el exportador neto más grande del mundo en energía eléctrica, exportando el 18%

259

de su producción total (cerca de 100 TWh) a Italia, los Paí-ses Bajos, Gran Bretaña, y Alemania, y su coste de electrici-dad está entre el más bajo de Europa.

China: Considerada la economía con mayor potencial de creci-

miento del mundo, China se encuentra ávida de energía para culminar su proceso de desarrollo industrial. En la actualidad cuenta con 11 reactores nucleares, número cla-ramente insuficiente para garantizar el suministro de una economía en expansión y la independencia energética del gigante que le permita mantener su posición competitiva en los mercados internacionales, por lo que el Gobierno chino apuesta claramente por la energía nuclear como ins-trumento de crecimiento con la que esperan cuatriplicar la generación de electricidad en 2020. China aprueba el Proto-colo de Kyoto en 2002 pero no lo ratifica en 2005 y está con-siderado uno de los países más contaminantes del mundo.

India: Como Francia, hay una auténtica obsesión nacional por

ser una potencia nuclear, tanto civil como militar. Por otra parte, en un proceso de desarrollo económico e industrial y similar al Chino, también necesita grandes cantidades de energía con las que garantizar la continuidad en el creci-miento y su competitividad en el mercado internacional. Acuerdos con Francia, Estados Unidos y Rusia garantizan la transferencia de tecnología nuclear y consolida la orien-tación pronuclear de su política energética. Acepta el pro-tocolo de Kyoto en 2002 pero no lo ratifica en 2005, por lo que la promoción de energías alternativas y la reducción de los gases de efecto invernadero no son asumidas como prioridades políticas.

Rusia: Acusada de utilizar sus reservas energéticas como ins-

trumento de presión en su política exterior, controla el pre-cio del petróleo que vende a las vecinas repúblicas ex-soviéticas y tiene la llave del gas del que la mayor parte de los europeos dependen. Con una economía salvaje en cre-

260

cimiento y las reservas energéticas bien pertrechadas, Rusia (con 31 reactores nucleares) opta por la energía nuclear civil para la producción de electricidad y se plantean como obje-tivo que el 25% de la electricidad que se consuma el 2030 sea de origen nuclear; para lo cual se están haciendo planes para aumentar el número de reactores en funcionamiento de 31 a 59. Rusia firmó el protocolo de Kyoto en 1999 y lo ratifica en 2004.

Japón: En 2005 Japón era el tercer usuario más grande de energía

atómica en el mundo, con 55 reactores nucleares que gene-ran el 30% de su electricidad. El gobierno tenía planes para aumentar hasta el 37% en 2009 y el 41% de 2014, para acer-carse al 60% de producción de energía en 2050. Desde 1954, la energía nuclear es una prioridad estratégica nacional limitada exclusivamente a fines pacíficos, basadas en tecno-logías americanas y asociadas a multinacionales tales como General Electric o Westinghouse, aunque con el tiempo fueron las propias compañías japonesas (especialmente Mitsubitshi) quienes asumen el diseño y la construcción de nuevas centrales. Japón firma la Convención del Clima en 1992 y lo acepta en 2002, pero no lo ratifica en 2005.

Tipo C: el Principio de Precaución o Moratoria Se trata de países que basan su política nuclear en el

“principio de precaución” que generalmente ha conducido a estados de moratoria (es decir, no se construyen más cen-trales, pero se mantienen en funcionamiento las existentes) y de los que los mejores ejemplos son Alemania y España. Los accidentes en diversas centrales nucleares y especial-mente la tragedia de Chernobyl llevaron a un sector de la comunidad científica y al movimiento ecologista a alertar del peligro que para la población y el medio ambiente en general suponen las actividades nucleares. La opinión pú-blica reaccionó y presionó la acción de los gobiernos hacia la detención de los programas nucleares en curso. A esa parada temporal de los programas se le denominó moratoria

261

nuclear, ya que no implicaba el cierre de las instalaciones activas, sino la paralización de nuevas autorizaciones.

Alemania: Alemania cuenta con 17 reactores nucleares operando en

su territorio. En el año 2000 el gobierno alemán (Partido Socialdemócrata Alemán en alianza con los Verdes) anun-cia oficialmente su intención de eliminar el uso de la ener-gía atómica y de dirigir los esfuerzos energéticos hacia la promoción de las energías renovables. En la actualidad los déficits energéticos alemanes tienen que ser compensados con las importaciones de energía nuclear francesa o del gas ruso, lo que según los filo-nucleares genera inseguridad y dependencia de países con sistemas políticos inestables. En 2008 la Canciller Angela Merkel y el CDU manifiestan su interés por cambiar la política socialista de eliminación progresiva de centrales nucleares, pero no han dado pasos definitivos en esa dirección. Alemania firmó el protocolo de Kyoto en 1998 y lo ratificó en 2002.

Categoría D: el modelo de prescindencia o abandono El abandono de la energía nuclear suele incluir el apaga-

do de las centrales nucleares a la vez que se promocionan otros combustibles o energías alternativas. El abandono de la energía nuclear se decidió en Austria en 1978, en Suecia en 1980, en Italia en 1987, en Bélgica en 1999, y en Alemania en 2000 (aunque hemos incluido a Alemania en la tipología anterior).

Austria: Es sin duda el paradigma del modelo de prescindencia de

la energía nuclear, y llegó al mismo a través de un complejo proceso de carambolas políticas. En los años '60 el gobierno inició un programa de energía nuclear, y el parlamento por unanimidad ordenó la construcción de una central nuclear. Dos años antes de la apertura de planta, el gobierno co-menzó un programa propagandístico sobre los beneficios y la seguridad de la energía nuclear. Sin embargo, el efecto fue totalmente imprevisto: la campaña provocó un debate

262

público que llevó a grandes manifestaciones en 1977. Fi-nalmente, en 1978 el Parlamento votó a favor de una prohi-bición del uso de la fisión nuclear en Austria, incluyendo el almacenamiento y transporte de materiales nucleares en o a través de Austria. En 1997 el Parlamento se ratificó por unanimidad en aquella legislación.

Bélgica: Cuenta con 7 reactores nucleares que producen el 54,04%

de la electricidad. A finales de 2002 el gobierno se com-prometía a abandonar totalmente la energía nuclear me-diante el cierre escalonado de las siete centrales nucleares entre el 2015 y el 2025, siguiendo el ejemplo de Alemania. El compromiso de eliminar la energía nuclear en Bélgica formó parte del acuerdo de la coalición entre el partido ecologista, el socialista y el liberal en 1999. Bélgica firma el protocolo de Kyoto en 1998 y lo ratifica en 2002.

Modelo E: Retorno al átomo Fruto de una interpretación particular del protocolo de

Kyoto, hemos podido observar en los últimos tiempos có-mo algunos países que habían optado por el modelo de precaución, o incluso de prescindencia, retornaban a la energía nuclear. En todos los casos se trata de decisiones políticas tomadas por gobiernos conservadores, que hacen caso omiso de decisiones previas aprobadas por el Parla-mento, o incluso en referéndum. No obstante dentro de esta categoría podemos distinguir entre países que tienen intención de construir nuevos reactores nucleares, como es el caso de Italia o Suecia, de aquellos que ya han iniciado la construcción, como sucede con Finlandia.

Finlandia: Cuenta en la actualidad con 4 reactores nucleares ope-

rando, de los cuales uno ya ha sido clausurado y otro está en construcción. El 28,94 % de la electricidad que se con-sume en el país es de origen nuclear. La energía nuclear se considera materia de conciencia personal de los políticos finlandeses y, por ello, los miembros del Parlamento no

263

están obligados a seguir la disciplina de voto de su partido, lo que explica que en 1994 no prosperase el proyecto de construcción de una quinta unidad nuclear, aunque pre-viamente había sido apoyada por el gobierno la industria y los sindicatos. En 2002 la construcción de un quinto reactor nuclear fue aceptada en el Parlamento, ante la protesta de la Liga Verde que abandonó el gobierno. La decisión fin-landesa fue considerada como muy significativa, ya que era la primera decisión en Europa occidental, después de más de una década sin construir una nueva central nuclear. Finlandia firma el protocolo de Kyoto en 1998 y lo ratifica en 2002.

Suecia: Cuenta en la actualidad con 10 reactores nucleares, 3 de

ellos clausurados, y el 40,03 % de la energía que se consume en el país es de origen nuclear. Después del accidente de Three Mile Island el parlamento, tras un referéndum, deci-día que no se construirían más centrales nucleares y que la energía atómica debería ser eliminada progresivamente antes de 2010. Tras el accidente de Chernobyl la cuestión de la seguridad fue planteada otra vez, y en 1997 el Parlamen-to decidió cerrar uno de los reactores de Barsebäck en 1998 y el otro en el 2001, aunque bajo la condición de que su producción energética sería compensada. El gobierno con-servador siguiente intentó cancelar la eliminación progresi-va, pero ante las movilizaciones de protesta ciudadana se limitó a ampliar el límite de tiempo a 2020. Por fin, la coali-ción conservadora regida por Fredrik Reinfeldt ha dado luz verde a nuevos proyectos de centrales. Suecia firma el pro-tocolo de Kyoto en 1998 y lo ratifica en 2002.

Italia: Tras el accidente de Chernobyl se celebró un referéndum

sobre la producción de energía atómica, y el gobierno deci-día en 1988 eliminar las plantas existentes, cerrándose el primer reactor en 1990. Actualmente los cuatro están clau-surados, y el país se ha convertido en el importador más

264

grande de energía de toda la Europa occidental, compran-do aproximadamente el 10% de su electricidad a Francia. La nueva política, tras el triunfo de Forza Italia (que apoya sin complejos la energía atómica) en las elecciones 2008, apuesta por invertir esta tendencia. El gobierno de Berlus-coni, sin volver a consultar a la población, ha propuesto la construcción de 10 nuevos reactores nucleares con la inten-ción de alcanzar el 25 % del suministro eléctrico antes de 2030. El 24 de febrero de 2009 se firmó un acuerdo entre Francia e Italia por el cual Francia comparte con Italia su tecnología. Italia firma el protocolo de Kyoto en 1998 y lo ratifica en 2002.

Conclusiones

Los datos manejados presentan dos caras en las estrate-gias políticas nucleares: Los países ricos optan entre la pro-longación de la vida útil de las centrales en funcionamiento y la vuelta (y no sólo a nivel de discurso) a la construcción de centrales nucleares en su territorio (Finlandia y Francia). En los países en vías de desarrollo las políticas pro nuclea-res son sólidas y firmes.

El argumentario utilizado por los países ricos como legi-timador del discurso pro nuclear incluye entre otros: el cambio climático, el agotamiento de los combustibles fósi-les y su consiguiente aumento de costes, la independencia energética de los países, la escasa capacidad de sustitución de las energías renovables, etc. Paradójicamente, el discurso pro nuclear incorpora la tesis de una energía nuclear como fuente de energía limpia al reducir las emisiones de CO2 de la atmósfera, y por tanto compatible con los principios de sostenibilidad (Francia, Finlandia y los USA de Obama pueden ser buenos ejemplos de ello).

Este doble discurso (compatibilidad entre sostenibilidad y energía nuclear) lanzado desde los países ricos permite un amplio margen de maniobra a los estados en relación a la opinión pública que permite hacer compatible una ima-

265

gen internacional en defensa del desarrollo sostenible (los países firmantes del Protocolo de Kyoto) y una posición nacional tolerante con el uso de la energía nuclear (prolon-gación de la vida útil de las centrales existentes en unos casos y construcción de nuevas centrales en otro)

El fracaso del COP 15 de diciembre de 2009 puso de ma-nifiesto esta especie de esquizofrenia política colectiva entre las posiciones de los países ricos y las demandas de desa-rrollo de los países pobres.

Bibliografia y webgrafia

REDCLIFT, M. Y WOODGATE, G., coords. (2002), Sociología del medio ambiente. Una perspectiva internacional, McGraw-Hill, Madrid

SACHS, W. (2000): "Development: The rise and decline of an ide-al. An article for the Encyclopedia of Global Environmental Change", Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, Wup-pertal Papers nº 108

ARON, R. (1966), El gran debate: Iniciación a la estrategia atómica, Editorial Hispano-Europea, Barcelona

CASTEJÓN, F. (2004), ¿Vuelven las nucleares?, El debate sobre la energía nuclear, Talasa, Madrid

LAKE, J. A. (2006), “Renacer de la energía nuclear”, JOURNAL USA – PERSPECTIVAS ECONÓMICAS, Vol. 11, Nº 2, pp. 14-18

COSTA, P. (1978), Energía, el fraude y el debate, La Gaya Ciencia, Madrid

YEARLEY, S. (1992), The green case. A Sociology of Environmental Issues, Arguments and Politics, Routledge, Londres

Covención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-tico:

http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/convention/items/3323.php

Texto del Protocolo de Kyoto:

http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/kyoto_protocol/text_of_the_kyoto_protocol/items/3330.php

http://www.eup.uva.es/emisionesco2/Cambioclimaticoyprotocolodekioto/

266

http://www.nuclearfiles.org/

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/sci_tech/2005/nuclear/default.stm

La Wikipedia es ya hoy, especialmente la versión en inglés, el mejor punto de partida para informarse de forma ecuánime sobre cuestiones energéticas y sobre el debate nuclear. La versión espa-ñola es todavía muy limitada, pero también recoge una visión global y bastante objetiva

Acceso al Informe España 2009 de la Fundación Encuentro:

http://www.fundencuentro.org/informe_espana/informeespana.phpa

267

AUTORES

268

269

270