EL PRINCIPIO DE LEGALIDADEn general, “legalidad” significa conformidad a la ley. Se llama “principio de legalidad” aquel en virtud de lo cual “los poderes públicos están sujetos a la ley”, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley, bajo la pena de invalidez. Dicho de otra forma: es inválido todo acto de los poderes públicos que no sea conforme a la ley.Se entiende que esta regla se refiere especialmente –aunque no de forma exclusiva- a los actos del Estado que pueden incidir sobre los derechos subjetivos (de libertad, de propiedad, etc.) de los ciudadanos, limitándonos o extinguiéndolos. En cuanto tal, el principio de legalidad tiene una evidente función garantista.Sin embargo, esta definición exige algunas aclaraciones, ya que todas las expresiones que involucra (“conformidad”, “ley”, “poderes públicos”) requieren ser analizadas.

1. FUNDAMENTOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDADSe puede sostener que son dos los fundamentos sobre los que reposa este principio, uno es el político y el otro es el jurídico. El fundamento del principio de legalidad no logra obtener unanimidad y acuerdo entre los especialistas del Derecho Penal. Por ejemplo, autores como Roxin consideran que el fundamento es tanto jurídico político como jurídico penal, mientras que Maurach o Mir Puig lo reconducen a la idea rectora del Estado de derecho.

Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la voluntad de los individuos.Un gobernante, de este modo, no puede actuar de manera contraria a lo establecido por la Constitución, que recopila las normas esenciales del Estado. De acuerdo al principio de legalidad, no alcanza con que el gobernante en cuestión haya sido elegido para ocupar su cargo por la votación popular ni que, al ganar una elección, haya sido investido como mandatario: todas sus medidas de gobierno deben ser sometidas a la ley.Cuando un Estado respeta el principio de legalidad, puede ser calificado como un Estado de Derecho. El accionar estatal, en estos casos, encuentra su límite en la Constitución y no avasalla los derechos de ningún ciudadano.