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Especialización en Educación y Derechos Humanos
MÓDULO: EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA DE LA
MEMORIA
Clase 03: La dimensión económica de la
dictadura y la resistencia obrera
Colegas, bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera clase. Como recordarán, la clase
pasada la dedicamos a adentrarnos en lo que fue el terrorismo de Estado, así como
el clima y el contexto político internacional y nacional que antecedieron a la última
dictadura cívico-militar en nuestro país. En ella habíamos adelantado que uno de los
objetivos estratégicos del golpe militar y los sectores de poder que lo acompañaron
fue modificar la estructura económica y social de la Argentina. Para
profundizar este tema, vamos a dedicar este encuentro a desarrollar las siguientes
cuestiones:
1- La dimensión económica de la dictadura: ¿cuál fue el proyecto económico que querían llevar adelante?
2- El rol de los trabajadores durante este período: ¿cuáles fueron las resistencias obreras al proyecto desindustrializador, regresivo y atomizante?
1. El proyecto económico
Para trabajar sobre esta primera dimensión proponemos mirar la entrevista a la
historiadora Victoria Basualdo:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qYI-Vep-Vh0
Como habrán visto, Basualdo brinda muchas herramientas para comprender esta
temática e instala el debate en torno a cómo los estudios sobre la dictadura han
articulado –con mayor o menor énfasis– la dimensión económica y la dimensión
política. Allí señala que durante la dictadura se estaban jugando “fuertes
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transformaciones económicas y sociales que definieron un rumbo para la Argentina
para las décadas siguientes” y que la represión tuvo como foco a los militantes
políticos y también a la clase trabajadora. Pasemos ahora a ver a qué transformaciones económicas se está refiriendo.
Vamos a empezar diciendo que el plan económico que pretendió instalar el gobierno
de facto era uno muy distinto al que venía practicándose desde la llegada del
peronismo al gobierno en 1946. Por eso, el gobierno militar, junto con los sectores
de la sociedad que lo apoyaron, diagnosticó que ese modelo económico y social estaba
agotado y que era el culpable de los males que acosaban a la Argentina, de su inestabilidad política y de los conflictos sociales.
¿Y de qué se trataba ese plan económico anterior al terrorismo
de Estado?
Si bien hubo diferencias entre distintos períodos, podemos encontrar una serie de
características comunes al modelo económico implantado en nuestro país desde los
años cuarenta. Como factor común, podemos decir que ese modelo económico
contaba con una fuerte intervención del Estado con el objetivo de favorecer el proceso
de industrialización. Se trataba del proceso de sustitución de importaciones. ¿Qué
quiere decir esto? Dejar de importar de otros países mercancías que se podían
producir en el nuestro. Así crecía el número de industrias locales y la demanda de
mano de obra. Esto trajo necesariamente aparejado el protagonismo y el consecuente
fortalecimiento de un movimiento obrero organizado.
Este modelo fue criticado por los sectores ligados al gobierno militar, que lo calificaban
de “intervencionista”, “paternalista”, “populista”, “proteccionista”. Para ellos este
esquema debía ser reemplazado por uno en donde el mercado no estuviera
intervenido por el Estado, sino que actuara con la mayor libertad posible. Para la
mayor parte de estos sectores la libre competencia es la clave de un sistema
económico rentable. El mercado era considerado el instrumento más eficaz para la
asignación de recursos y la satisfacción de necesidades. Es decir, se promovía “menos
Estado y más mercado”. En consonancia con ello, se buscaba conformar un sujeto a
la medida del orden socioeconómico que se deseaba instaurar, poniendo el acento en
el individuo como responsable final y único de su destino, anulando los colectivos sociales.
Tal como expresa Basualdo en la entrevista, este sistema económico estaba muy
relacionado con el objetivo de disciplinar social y políticamente a la sociedad. El
gobierno militar llevó a cabo este propósito a través de dos vías:
Por un lado, suprimiendo las condiciones económicas que convertían a los
trabajadores en un actor social clave.
Por el otro, volcando sobre la clase obrera gran peso de la represión política,
apuntando a sus integrantes más activos y a las organizaciones sindicales.
La profunda transformación de la estructura económica implicó la desarticulación y
liquidación de la pequeña y mediana industria en favor de los sectores exportadores
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agropecuarios e industriales nucleados en torno a los grandes grupos económicos y, especialmente, para beneficiar a los sectores financiero-especulativos.
Veamos entonces cuáles fueron las medidas llevadas a cabo que determinaron la
primacía de la valorización financiera del capital sobre la valorización
productiva. Entre las de mayor impacto estuvieron la apertura de la economía a
través de la eliminación de los mecanismos de protección a la producción local, lo que
terminó afectando directamente a la industria nacional frente a la competencia de los
productos importados; y la creación de un mercado de capitales a través de la reforma financiera de 1977 que liberó la tasa de interés y dio impulso a la especulación.
En diciembre de 1978, como parte de dicha reforma, el ministro de Economía decidió
instrumentar su experimento más “famoso”: la llamada “pauta cambiaria”,
conocida como “la tablita”. La misma fijaba una devaluación mensual decreciente del
peso, que lo llevaría en algún momento a cero: se fijaba un valor del dólar inferior a la inflación. De esta manera se aseguraba la apreciación/revaluación del peso.
En esta época se produjo una gran afluencia de dinero del exterior (afluencia que
sería uno de los orígenes del gran aumento de la deuda externa). Los dólares fueron
colocados sin riesgos, aprovechando las altas tasas de interés y las garantías que
ofrecía el Estado respondiendo por los depósitos bancarios de los particulares. “Estos
capitales obtenían grandes beneficios: se colocaban a corto plazo, los intereses que
recibían eran altos y podían salir del país sin trabas. La rapidez y la especulación se
impusieron entonces sobre la inversión productiva y el riesgo empresario. Muchas
empresas compensaban sus pérdidas y hasta sus quiebras invirtiendo en la actividad
financiera o tomando créditos en dólares que colocaban en el circuito financiero:
ninguna actividad podía competir con la especulación. La época de la ‘plata dulce’ se
había instalado” (Dussel et al., 1997).
Se duplicó el número de bancos –de 119 en mayo de 1977 a 219 en mayo de
1980–, que pasaron a competir sobre la base de un respaldo ficticio por quién ofrecía
la mayor tasa de interés. Las calles se colmaron de miles de ahorristas recorriendo el
centro bancario cotejando las tasas de cada banco para decidir dónde colocar el
dinero. Esta estrategia le permitió obtener cierta popularidad a Martínez de Hoz,
construyendo, por parte de ciertos sectores de clase media, una valoración “positiva” de la dictadura durante sus primeros años.
La sobrevaluación del peso favoreció la realización de viajes de compras al
exterior. El dólar barato alentó los viajes a Europa y Estados Unidos donde los
argentinos ganaron fama de fanáticos compradores. La obsesión por el dólar y esa
compra compulsiva de televisores, videocaseteras, equipos de música por partida doble, produjo que se nos conociera en el mundo por la frase “deme dos”.
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En 1981 se estrenó la película Plata
dulce dirigida por Fernando Ayala, que reflejaba
los efectos que la política económica de Martínez de
Hoz había tenido sobre la economía de nuestro
país. “Mostraba aspectos de la vida cotidiana de
muchas familias de los sectores medios de
entonces, obsesionados por aumentar y demostrar
frente a los demás sus niveles de consumo, sobre
todo de artículos importados. […] Mostraba
también los mecanismos de algunos de los delitos
económicos muy frecuentes durante esos años –
como el vaciamiento de empresas– y concluía
planteando que los principales responsables –los
especuladores en gran escala que integraban la
llamada Patria financiera– quedaban libres y sin ser juzgados” (Alonso et al., 1997).
En suma, el país pasó de un esquema centrado en la industrialización destinada
principalmente al mercado interno hacia otro que, en un contexto de creciente
endeudamiento, privilegió la valorización financiera del capital y la
transferencia de recursos al exterior. La deuda externa durante la dictadura
aumentó de 8.000 millones a 43.000 millones de dólares. Como corolario del
enorme traspaso de riqueza de los sectores populares a los sectores concentrados de
la burguesía local y trasnacional, en 1982, el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, estatizó la deuda externa privada.
Repasemos hasta acá:
Con el plan económico impuesto por la dictadura, el país pasó de un esquema
centrado en la industrialización destinada, principalmente, al mercado interno hacia
otro que, en un contexto de creciente endeudamiento, privilegió la valorización
financiera del capital y la transferencia de recursos al exterior.
Antes de pasar a la segunda pregunta nos interesa señalar que al interior de los
sectores que sostuvieron la dictadura también existieron discusiones sobre cuál era
el rumbo económico que había que imprimirle a la etapa. Dentro de las Fuerzas
Armadas había algunos sectores “estatistas”, expresados, por ejemplo, en la fracción
alineada detrás del General de brigada Ramón General Díaz Bessone, que fue durante
corto tiempo ministro de Planeamiento del régimen.
En este sentido, podemos citar a la investigadora Paula Canelo, quien señala que las
interpretaciones ex post que han orientado algunos análisis sobre el derrotero de la
política económica de la dictadura militar sostuvieron que el régimen militar fue el
resultado de las necesidades de adaptación del capitalismo local a los cambios
económicos internacionales caracterizados por el avance del capital
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financiero. Sin embargo –concluye Canelo– estas explicaciones de carácter
instrumental no han podido visualizar ni explicar el carácter político de las Fuerzas
Armadas en tanto actor del proceso político argentino, identificando sus conflictos internos y sus recursos de cohesión y legitimación.
Cómo explicarían, por ejemplo, estas perspectivas
las resistencias presentadas a los objetivos de
Martínez de Hoz por parte de diversos sectores
militares. O, en el mismo sentido, cómo interpretar
el creciente deterioro de los beneficios de la
burguesía agraria provocada por el plan económico
implementado por uno de sus “más claros
representantes”. Debería comprenderse que durante
la dictadura militar las Fuerzas Armadas estuvieron
atravesadas por múltiples conflictos internos,
determinados fundamentalmente por los
posicionamientos ante la salida política y la política
económica, frente a lo cual la “lucha antisubversiva”
operó como un recurso central de cohesión
institucional.
Los grupos económicos, como la Sociedad Rural
Argentina o las empresas financieras, brindaban su apoyo a la dictadura de forma explícita.
2. La resistencia de los trabajadores
Pasemos ahora a la segunda pregunta:
¿Cuáles fueron las resistencias de los trabajadores durante la
última dictadura?
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29 de mayo de 1969. El dirigente sindical Agustín Tosco al frente de las movilizaciones del Cordobazo. AGN.
Siguiendo con lo que veníamos desarrollando, podemos decir que uno de los focos
centrales sobre el que el terrorismo de Estado quería actuar era el de la clase
trabajadora y el movimiento obrero organizado. Fueron la principal presa del
accionar represivo. El mismo día del golpe de Estado, el 24 de marzo, la Junta Militar
y sus aliados civiles intervinieron los sindicatos y las confederaciones obreras y
empresarias, la CGT fue primero intervenida y luego disuelta, y se intervinieron 175
sindicatos. Sus máximos dirigentes fueron encarcelados, se prohibió el derecho de
huelga, se anularon las convenciones colectivas de trabajo y se congelaron los salarios.
Se trataba de fragmentar y desmovilizar socio-políticamente a la clase
trabajadora. En pocas palabras: se intentaba reducir al máximo sus conquistas
sociales. Para esto, como decíamos antes, estuvo el accionar represivo, pero además, se realizaron profundas modificaciones en el plano legislativo laboral.
Así, los intentos que hubo desde algunos trabajadores de protestar o resistir ante
estos avances fueron tajantemente reprimidos. Se buscó eliminar todo tipo de
organización obrera, de comisiones internas, para lo cual se operó directamente sobre
muchos delegados y dirigentes de base. Todos los lugares de trabajo y producción pasaron a ser considerados objetivos militares (Abos, 1984).
Se intentaba desmantelar toda la organización laboral y sindical que se había
construido por más de 30 años. En la fábrica Ford, por ejemplo, “el Ejército entraba
en las plantas fabriles y se instalaba en el mismo lugar de trabajo. Los obreros tenían
que trabajar con los fusiles apuntándoles. A los ritmos infernales, contra los que no
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podían protestar, y el aplastamiento de viejas conquistas relativas a derechos
individuales, se sumaba la intimidación del Ejército” (Abos, 1984). Otro ejemplo es el
de la empresa ACINDAR, que contó con un centro clandestino de detención dentro de su propia fábrica, como mencionaba Basualdo en la entrevista.
Un aspecto fundamental del accionar represivo sobre los trabajadores fue la estrecha
colaboración y apoyo del sector patronal en la tarea de represión y
eliminación sistemática de un sector del movimiento obrero. Esta colaboración
de distintas empresas con las fuerzas represivas tomó distintas formas, una de ellas
fue la provisión de materiales como vehículos, infraestructura, dinero y personal. Pero
también el libre acceso a las plantas para ejercer allí la represión. Existió también
pasaje de información, de servicios de inteligencia entre una parte y la otra (Basualdo,
2006).
Es decir que el objetivo último del terrorismo de Estado no era eliminar a la
insurgencia guerrillera –justificación recurrente del discurso de la dictadura– sino que
lo que se pretendía, además, era exterminar a la oposición obrera y popular que
estaba encuadrada fundamentalmente en organizaciones sociales como sindicatos,
centros barriales y nuevas formas de organización de base que surgieron en aquella época.
Desde el plano de la legislación laboral, lo que se buscó fue profundizar la
estrategia de atomización y debilitamiento de los trabajadores organizados
instrumentando diferentes normativas.
Seguimos para esto el estudio de Arturo Fernández (1985). Según él, entre estas
leyes podemos encontrar:
a) Las leyes que regularon las
relaciones laborales. Suspensión por
tiempo indeterminado de las
negociaciones de las comisiones
paritarias, suspensión del derecho de
huelga y de toda medida o acción
directa, se decretó la prescindibilidad de
los empleados públicos, se suspendió la
vigencia del estatuto docente y se modificó la ley de contrato de trabajo.
b) Las normas referentes a la
organización y a la actividad
sindical. Se intervinieron la CGT y las
principales organizaciones sindicales de
segundo grado y se nombraron oficiales
de las tres armas como interventores. Se
prohibieron las elecciones sindicales, las
asambleas y en general toda actividad de tipo gremial.
Las comisiones paritarias son un
espacio de interacción entre los
representantes de los trabajadores
con personalidad gremial y los
representantes de los empleadores,
sean estos del ámbito privado o
público. Allí se negocian diversas
medidas: mejoras en las condiciones
de trabajo, aumento de salarios, y se
acuerdan los conflictos de los
colectivos laborales. Esta práctica
otorga importantes beneficios a los
trabajadores. Por un lado, porque los
induce a organizarse como colectivo,
y a su vez, porque esa organización
es reconocida como un ente
fundamental, y en pie de igualdad
para negociar las condiciones de
trabajo.
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c) Las normas referentes a las obras sociales. Su objetivo fue distorsionar este
importante instrumento de la política social logrando, entre otros puntos, el
desfinanciamiento por la reducción en el número de afiliados, el desmantelamiento debido a la privatización de algunos servicios o la falta de personal médico.
Las intervenciones militares en los conflictos obreros, la detención de trabajadores y
dirigentes gremiales y sindicales y el despido de cientos de miles de obreros, entre
otras prácticas represivas, “estuvieron amparadas bajo un aparato que llamaremos,
entre comillas legal, elaborado desde el primer día del golpe de 1976. A pesar de la
inconstitucionalidad de los decretos ley emanados del gobierno militar, estos fueron
amparados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” (Ríos, S/F). Este aparato
“legal” fue invocado por empresarios y empleadores de fábricas ante cualquier tipo
de movilización o protesta obrera. La consecuencia de esa invocación era, en la mayor parte de los casos, la ocupación de los lugares de trabajo por efectivos armados.
A pesar de todo este accionar represivo, no dejaron a los trabajadores sin
respuesta, y éstos buscaron modos de manifestarse y protestar. La mayor parte
de los conflictos obreros a partir de 1976 se registraron en el sector industrial, entre
los metalúrgicos, los obreros textiles y los de las automotrices, entre otros.
Especialmente fuerte fue el desarrollado por los trabajadores de Luz y Fuerza –
sindicato de trabajadores de la electricidad nacido en 1943–, incluso en una protesta
llegaron a concentrar a 10.000 personas, y este conflicto sólo terminó cuando desaparecieron al dirigente Oscar Smith, quien estaba encabezando dicho conflicto.
Oscar Smith
Fue un dirigente peronista del sindicato Luz y Fuerza.
Era Secretario General de la sección de Capital
Federal de su sindicato durante el gobierno de Isabel
Perón y cuando aconteció el golpe militar. Durante los
primeros tiempos de la dictadura intentó llevar a cabo
distintas negociaciones con las nuevas autoridades
para dar marcha atrás con muchas de las nuevas
medidas represivas. Finalmente, junto con sus
compañeros, encararon un plan de lucha, por el cual
lo desaparecen en febrero de 1977. Con su
desaparición, el plan de lucha de los trabajadores de
Luz y Fuerza pierde intensidad y son derrotados por
el gobierno militar.
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En 1977, los trabajadores de la mayoría
de las empresas automotrices (Ford,
General Motors, Fiat, Renault) y del
ámbito portuario protagonizaron varias
huelgas. A lo largo de todo el gobierno
militar los trabajadores buscaron la
manera de responder a los ataques.
Incluso, el 27 de abril de 1979 se logró
convocar al primer paro nacional, y el
segundo recién se convocó el 22 de julio
de 1981.
En síntesis, desde la faz represiva se
pretendió alcanzar un doble objetivo:
“a) Inmovilizar al conjunto de la
clase trabajadora, dictando duras
normas represivas de las huelgas,
interviniendo las principales
organizaciones sindicales, apresando
dirigentes “moderados” y prohibiendo la
actividad gremial. Y b) Exterminar a la
minoría combativa clasista o
contestataria, cuya influencia era local
y radicaba en las comisiones internas de un cierto número de empresas. En este caso
se secuestraron dirigentes, militantes de base o simples trabajadores que habían
manifestado adhesión a posiciones radicalizadas, no siempre relacionados con
organizaciones armadas” (Ríos, S/F).
Se preguntarán, en este contexto que acabamos de describir, ¿cómo hacían para
manifestarse ante tanto control militar y empresarial? Las acciones de resistencia
de los trabajadores se tuvieron que instrumentar a través de otros métodos.
Muchas de las comisiones internas de las fábricas y muchos de los delegados
gremiales asumieron una posición que podríamos llamar de “resistencia defensiva”,
lo que implicaba la lucha por mantener los niveles salariales y las condiciones de
trabajo y el cuidado frente a las represalias empresariales en contra de los dirigentes
y las organizaciones gremiales. Eran también muy comunes las formas de protesta
que evitaban el choque de fuerzas directo, como el trabajo a desgano o el sabotaje.
Para concluir les dejamos el testimonio de un trabajador sobre la resistencia en el ámbito fabril durante la dictadura.
Pozzi, Pablo. La oposición obrera a la dictadura (1976–
1982),Buenos Aires, Imagomundi, 1988.
En junio de 1978 se formó
el Movimiento Sindical Peronista,
y su primera acción pública fue
convocar al primer paro nacional de
este período, el 27 de abril de 1979,
el cual fue duramente reprimido. Por
este paro caen presos la cúpula del
Movimiento. Otros sectores del
sindicalismo no adhirieron al paro. En
noviembre de 1980 después de varios
años de estar prohibida, un sector del
sindicalismo decide recomponer la
CGT, que desde abril de 1981 se
instala en un local en la calle Brasil.
Allí se consagró como secretario
general a Saúl Ubaldini. Entre sus
primeras acciones como dirigente
estuvieron la convocatoria el 22 de
julio a la “Jornada de Protesta” que
fue el segundo paro nacional contra la
dictadura con alto acatamiento.
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Para trabajar con nuestros estudiantes…
En la primera de las preguntas del libro Pensar la dictadura se
explica qué actitudes tomaron algunos sectores sociales poderosos
ante el golpe de Estado de 1976. Sugerimos que lxs estudiantes lean
esa primera pregunta y la relacionen con la primera fuente del
capítulo, una selección de solicitadas que dan cuenta de la posición
de distintos actores. Para ampliar las relaciones se pueden también
revisar las segundas fuentes del capítulo, las primeras planas de los diarios en el día del golpe y los días posteriores.
Las siguientes preguntas pueden servir para orientar la relación entre
unas y otras: ¿Qué sectores sociales apoyaron el golpe de Estado?
¿Qué argumentos brindaron para sostener ese apoyo? ¿Qué palabras
utilizó cada uno para nombrar el pasado que se dejaba atrás y para
lo que se venía? ¿Qué tipo de posición mantenían frente al golpe
(tomar en cuenta los matices planteados en la pregunta N° 9)? ¿Por
qué dirían que esos sectores apoyaron el terrorismo de Estado? ¿Qué
relación tenían con el Estado? Por otro lado, se pueden comparar
esas mismas fuentes con la publicidad oficial reproducida también en
la primera de las fuentes (la que se titula «Unámonos»): ¿Qué
diferencias y qué similitudes hay entre el discurso oficial y el que
sostenían los sectores de poder mencionados.
Propuesta de actividades
Avance del trabajo final
El objetivo de esta actividad es contar con suficiente antelación con un avance del
Trabajo Final para poder acompañar, sugerir, despejar dudas o dificultades antes de
la entrega definitiva del trabajo necesario para aprobar el módulo.
Para este avance, les pedimos que realicen un trabajo de búsqueda en la web, en
bibliotecas, una pequeña investigación acerca de qué recursos podrían utilizar para
trabajar en las aulas temas de memoria y porqué. Dichos recursos culturales pueden
ser: libros, películas, poemas, documentales, obras artísticas, etc.
La idea es que esta búsqueda funcione como insumo para el trabajo final, para que
vayan pensando para cada uno de los niveles en los que trabajan qué materiales o recursos les podrían servir para trabajar con sus estudiantes.
El avance del trabajo final debe:
Contextualizar del marco en donde va a implementarse la propuesta:
descripción del lugar de trabajo y nivel del sistema educativo en el cual se
piensa para implementar, etc.
Elegir una dimensión de trabajo: áulica, institucional o comunitaria.
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Presentar la problemática que se quiere trabajar: ejemplo, la censura, la
reapertura de los juicios, la restitución de la identidad, la resistencia política,
etc.
Mencionar el tipo de recursos que se van a poner en juego (sitios de memoria,
testimonios, marcas urbanas, recursos artístico-culturales, etc.) y
ejemplificar.
Justificar el porqué de la elección para el nivel del sistema educativo en el que
trabajan.
Explicitar si ven alguna posible dificultad que tuvieran que resolver antes de encarar concretamente la propuesta de trabajo.
Extensión: máximo 2 carillas.
Actividades
Envío del avance del Trabajo Final.
Fecha de entrega: 1 de septiembre
Plazo para la realización de la actividad: una semana.
Bibliografía complementaria
Abos, Álvaro (1984). Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-
1983). CEAL. En Caraballo, L-Charlier, N. –Garulli, L.: La dictadura (1976-1983). Testimonios y documentos. Eudeba. 1999.
Alonso, María; Elizale, Roberto y Vázuqez, Enrique (1997). Historia: La Argentina del Siglo XX. Buenos Aires: Aique.
Basualdo, Victoria (2006). “Complicidad patronal-militar en la última dictadura
argentina. Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y
Mercedes Benz”, en revista Engranajes de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA), Número 5 (edición especial), marzo 2006.
Canelo, Paula (2009), El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone, Prometeo Editorial, Buenos Aires.
Dussel, Inés; Finocchio, Silvia y Gojman, Silvia (1997). Haciendo memoria en
el país de Nunca Más. Buenos Aires: Eudeba.
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Ríos, Sabrina. El movimiento obrero durante la última dictadura militar, 1976-
1983, Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, S/F, en RIEHR (Red
Interdisciplinaria de Estudios sobre Historia Reciente).
Fernández, Arturo (1985). Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-1983), Buenos Aires: CEAL.
Cómo citar este texto:
Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y Derechos Humanos (2016).
Educación y pedagogía de la memoria: Clase 03: La dimensión económica de la dictadura y
la resistencia obrera. Especialización en Derechos Humanos. Buenos Aires: Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación.
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