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Significaciones de lo diferencial y lo colectivo en las narrativas de los funcionarios de la Defensoría del pueblo. Hacia una antropología del Estado
Ana María Garcés Espinel
Directora: Ana María Forero Angel
Universidad de Los Andes
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Antropología
Bogotá D.C
Junio 2020
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A mis papás, que han dedicado parte de su vida a
trabajar para entidades estatales y que todo el tiempo
me dijeron: “nena, así funciona el estado”.
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Agradecimientos Para que esta monografía llegara a culminarse en las condiciones en que lo hizo,
influyeron diferentes personas y actores a quienes me gustaría agradecer
profundamente. En primer lugar, a mis papás, por auspiciarme esta carrera en la
que no todo el mundo cree. Agradezco sus palabras siempre tan sabias para
siempre hacerme sentir bien. A mis hermanos, David y Gabo, por todo el amor y las
largas conversaciones enmarcadas en cada una de nuestras disciplinas
En segundo lugar, quiero agradecer especialmente a mi directora de tesis,
Ana María Forero Angel, por haber confiado en mí desde el primer día. Le
agradezco por apoyarme en cada paso, en cada colapso, en cada crisis y en cada
alegría. Asimismo, agradezco sus lecturas detalladas, viendo la minucia de cada
palabra y la importancia de ellas dentro de la antropología. Voy a extrañar de todo
este proceso sus consejos tan acertados y su buen sentido del humor.
Agradezco de manera especial a la Defensoría del Pueblo por abrir las
puertas de su institución a una estudiante de pregrado, ayudandome a llevar a cabo
este trabajo. Accedieron a que entrara a la institución a hacer muchas preguntas, lo
cual aprecio infinitamente. A los funcionarios de la Defensoría agradezco su
colaboración, su paciencia al explicarme el lenguaje y los tecnicismos del derecho.
Toda mi gratitud hacia ellos por haber accedido a contarme un pedacito de sus
vidas, de su trabajo y de su amor por los derechos humanos. Gracias por las charlas
esporádicas y por siempre ofrecerse a contribuir más a mi proyecto.
Asimismo, quisiera agradecer al grupo de lectura y retroalimentación de
monografía, que nunca tuvo un nombre pero que ha sido el espacio académico más
valioso – y más divertido – del que he hecho parte. Este grupo estuvo conformado
por Ana María Forero y tres estudiantes, próximamente antropólogos, Laura, Camilo
y Andrea. Gracias a los tres por todo el apoyo, por los consejos, recomendaciones
de textos sobre antropología del estado y por las lecturas de mis borradores a veces
confusos. Pudimos crear un espacio de retroalimentación constructiva en la que
todos aprendimos un poco.
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Finalmente, a Armand por su cariño y paciencia en momentos de crisis. A
todos mis amigos y amigas que me apoyaron en este proceso, gracias por darme
tranquilidad, por tener la certeza, muchas veces más de la que tenía yo misma, de
que podría lograrlo. Los llevo siempre en mi corazón.
Todo esto no sería posible sin el apoyo de cada persona que menciono en
estas cortas líneas. De nuevo, mil gracias, desde la distancia del confinamiento.
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Tabla de contenido
Introducción.................................................................................................................... 6
Ingresando a la Defensoría del Pueblo ........................................................................... 11
Marcas indelebles: la emotividad dentro de los funcionarios .................................... 13
La insoportable imposibilidad de materializar el acceso a los derechos humanos
................................................................................................................................................. 19
Capítulo 2 ...................................................................................................................... 23
Lo diferecial y étnico: la presencia física en territorio ................................................. 24
Lo colectivo en población no étnica ................................................................................ 31
Capítulo 3 ...................................................................................................................... 34
Ser funcionario y estar en lo público ............................................................................... 35
Funcionarios de base, funcionarios de lo micro ........................................................... 38
Conclusiones ................................................................................................................ 42
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Introducción En un país como Colombia la diversidad de acciones políticas es extensa, pues su
población es también muy diversa. Por tanto, las formas en las que la población
interactúa con las instituciones estatales varían abismalmente. Inicialmente, mi
interés se enfocaba en la organización interna de los cabildos indígenas de Bogotá
para conformar una acción política unificada ante las entidades del estado. Esto
dado que me inquietaban las maneras en que los cabildos ejercían una defensa por
sus derechos. Después de pensar mucho sobre el tema de derechos humanos, de
ver la dificultad de acceder en poco tiempo a los cabildos y de recibir muchas
sugerencias al respecto, pensé que ese mismo tema podía replantearse, no desde
la óptica de los cabildos, sino desde la de los funcionarios públicos, pues son ellos
quienes se encargan de gestionar, velar y trabajar en pro del cumplimiento de esos
derechos humanos. Así pues, mi investigación tuvo un giro hacia la antropología
del estado, preguntándose por las narrativas construidas por los funcionarios de la
Defensoría del Pueblo sobre el carácter diferencial de las poblaciones étnicas en
Colombia para la protección y defensa de sus derechos humanos.
La Constitución Política de Colombia de 1991 hizo un giro político a la
manera en cómo se entendía la población, sus deberes y, especialmente, sus
derechos. De hecho, según la Comisión Colombiana de Juristas en esta Carta
Política “el Estado no se justifica por sí mismo (…). Solo justifica la existencia del
Estado la razón de garantizar la plena existencia de los derechos humanos” (Barreto
Soler y Sarmiento Anzola, 1997, pp.16). Esa garantía de derechos humanos hizo
que se crearan instituciones y mecanismos de control que velaran por el debido
cumplimiento, protección y defensa de estos. Con ello me refiero al Ministerio
Público, organismo al que “corresponde la guarda y promoción de los derechos
humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de
quienes desempeñan funciones públicas” (Const.1991, Art.118). Dentro de ella se
encuentra la Procuraduría General de la Nación, la Personería del Pueblo y la
institución que interesa a esta investigación, la Defensoría del Pueblo.
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La Defensoría del Pueblo, en adelante DP o Defensoría, al ser la entidad
encargada de “promover, ejercer, divulgar, proteger y defender los Derechos
Humanos y prevenir sus violaciones” (decreto 25, 2014, Art. 2), es interesante a esta
investigación, pues defiende y vela por los derechos humanos de la población
colombiana dentro y fuera del territorio nacional. Es de especial importancia pensar
en la cantidad de población étnica que tiene Colombia y la manera en que los
funcionarios deben enfrentarse ante nuevas formas de entender el mundo. Lo
anterior si se considera, como Paula1, una de las funcionarias de la DP a quien
entrevisté, que la población étnica es “un montón de gente diciéndose la vida
distinta, pensándose la vida distinta” (Paula, comunicación personal, febrero de
2020, Defensoría del Pueblo). Con ello hacía énfasis en que sus formas de pensar,
de entender el mundo, de actuar política y socialmente son diversas, pero
igualmente válidas a las de cualquier otro colombiano.
Mi interés en la Defensoría, por tanto, no está orientado hacia cómo funciona
la institución en sí, pues esto está estipulado en la norma; sino cómo en la práctica
esos derechos colectivos de la población étnica podían ser garantizados y, por
supuesto, parte importante de ese proceso está en manos de funcionarios. Por esta
razón, decidí concentrarme en las narrativas que los funcionarios públicos de la
Defensoría construían sobre los derechos humanos y el carácter diferencial de la
población. Todo el trabajo de campo se realizó en Bogotá D.C, en dos oficinas de
la DP. En primer lugar, en la Delegada para Grupos Étnicos y este interés está más
que justificado porque esta delegada trabaja con las diferentes poblaciones étnicas
del país. Los funcionarios de esta Delegada hacen notar que son pocos en relación
con con todo el trabajo que deben desarrollar. Lo anterior teniendo en cuenta que
las poblaciones étnicas son una parte considerable del país2 y que los funcionarios
1 Los nombres de las personas que me han ayudado contándome sus experiencias y explicándome brevemente (y con mucha paciencia) la disciplina del derecho y la normatividad de la institución se enuncian mediante pseudónimos para proteger su identidad. Muchos de ellos tienen dos pseudónimos de manera que se protejan, aún más, sus nombres y sus pensamientos, que diferían en ocasiones a los institucionales. 2 La población indígena según es de 1.905.617, la población NARP (negra, afrocolombiana, raizal y palenquera) de 2.982.224 y la población Rrom de 2649 personas (DANE, 2018)
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se encargan de trabajar en todas las regiones de Colombia3. Por otra parte, la
segunda oficina en la que realicé trabajo de campo fue la Regional Bogotá4 porque
dentro de ella también se tratan temas que tienen que ver con población étnica en
la ciudad y porque considero que esta es una manera de entender cómo los
lineamientos institucionales tienen un enfoque regional que hace evidente la
estructura de la institución.
Me enfoco en las narrativas porque considero que son una manera de
entender a profundidad el mundo interior de los funcionarios, sus percepciones,
deseos, sueños, emociones, etc; y, simultáneamente, aquello que está fuera de
ellos y que los permea – en este caso, la institución y su actuar como servidores
públicos –. Jimeno (2016) describe la función social de la narrativa como la manera
en que los seres humanos podemos relacionarnos con el mundo desde dos ópticas:
primero, en un vínculo entre el sujeto, grupo social y narrativas circulantes; y
segundo, porque las narrativas sirven para conformar y validar sistemas ético-
morales. Así pues, las narrativas nunca pueden ser solo narrativas personales, pues
estas se conjugan con narrativas colectivas que circulan en el espectro social, son
políticas (Maines, 1993).
De acuerdo a lo anterior, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo se
empapan de diferentes narrativas: sus propias narrativas, las narrativas oficiales
que tienen una línea jerárquica que se va escalando a sus superiores y, finalmente,
las narrativas de la población con quien trabajan. Su trabajo implica en buena
medida hacer que unos requerimientos específicos de la población se mezclen con
la capacidad estatal para responder ante ellos. Al fin y al cabo, lo social está
enmarcado en procesos de comunicación y la comunicación es en sí misma social
(Maines, 1993).
Dado que esta investigación se pregunta por narrativas de funcionarios
públicos, es decir, narrativas de la burocracia, se está también preguntando por la
3 Se organizan por macro regiones y hay aproximadamente dos o tres personas para cada una. 4 Cada Defensoría Delegada tiene funcionarios en las regionales. Las regionales se organizan por departamentos, aunque hay departamentos que tienen más de una regional por la urgencia de atención en derechos humanos.
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antropología del estado. Siguiendo a Sharma y Gupta (2006), el estado no puede
ser entendido como un conjunto de instituciones con funciones dadas de antemano,
sino como artefacto y efecto cultural. Por tanto, en esta investigación me orientaré
hacia cómo mediante las prácticas, encuentros del día a día y las representaciones
del estado (Gupta, 2006), manifestadas en narrativas de funcionarios, se puede
entender el estado. Lo anterior dado que es precisamente desde allí que se puede
analizar cómo el estado se produce y se reproduce mediante sus prácticas
burocráticas dentro de la DP. Esas prácticas son significativas y se conjugan con la
circulación de las representaciones del estado, permitiendo a la burocracia y a
aquellos que están fuera de las instituciones imaginar qué es el estado, qué hace,
cuáles son sus límites y cuál es su lugar en relación con las instituciones del estado
(Gupta, 2006).
Por último, las relaciones que se han tejido entre los usuarios (población que
acude a la DP) y los funcionarios de la Defensoría del Pueblo están basadas en una
sensibilidad, en confianza y desconfianza, respeto y miedo, agradecimiento y
rechazo. Pero especialmente, y creo que la más importante, en lazos emocionales
casi inevitables entre ambos actores. En esta investigación me concentraré
únicamente en las narrativas de funcionarios, en cómo ellos narran y evocan esos
encuentros, así como su quehacer diario.
Esta monografía consta de tres capítulos que se dividen de acuerdo a las
recurrencias que hallé más relevantes dentro de las narrativas de los funcionarios.
El primer capítulo se ocupa de las emociones como elemento constitutivo de la
práctica al interior de la DP. Asimismo, este capítulo abarca la conformación de una
comunidad emocional dentro de los funcionarios. El segundo capítulo se enfoca en
cómo los derechos humanos tienen un carácter diferencial construido por los
funcionarios de maneras diversas, pasando por lo étnico y a su vez trascendiéndolo.
Finalmente, el capítulo tercero tiene como objetivo dar cuenta de las formas en que
los funcionarios performan su rol como servidores públicos dentro de la institución.
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Capítulo 1 “Muchas veces salgo de las actividades y lloro un
poquito, como que me frustro mucho y necesito llorar”.
(Entrevista a una funcionaria de la DP)
En este capítulo me enfoco en dos temas que han sido transversales a toda la
investigación. Con esto me refiero a que durante el trabajo de campo fueron para
mí los aspectos más evidentes e interesantes. El primero de ellos es el ingreso a
las oficinas de la DP en el centro de Bogotá. Con esto puedo dar cuenta de los
rituales de ingreso a la institución, los cuales permiten a sujetos que no trabajan en
la Defensoría la movilización dentro de la edificación. En segundo lugar, se
encuentra la emocionalidad que será el tema principal de este capítulo. Quiero
ahondar aquí en la relación que existe entre emocionalidad y estado. Lo anterior
porque pretendo justificar que dentro de las narrativas de los funcionarios de la
Defensoría se configura la emocionalidad como una recurrencia tan marcada y tan
evidente que vale la pena preguntarse sobre la influencia que tiene esta en las
prácticas de los funcionarios.
La emocionalidad configura lo ordinario, lo normal y cotidiano; y en ese
sentido hace que se formen cuerpos a la vez individuales y colectivos (Ahmed,
2004). En ese orden de ideas, siguiendo lo propuesto por Ahmed (2004), la
percepción que tiene un individuo sobre los otros genera una forma de contacto
entre ambos. En consecuencia, dentro de ese encuentro se crea una imagen de la
alteridad. Así pues, se puede argumentar que en el caso de la Defensoría se
conforma una comunidad emocional entre los funcionarios de la entidad. En ella se
transmiten formas de entender y trabajar con la alteridad, configurada en este caso
por usuarios de la DP.
La primera persona en hablar sobre comunidades emocionales fue Barbara
H. Rosenwein (2006), quien las define como grupos en los que las personas
comparten las mismas normas de expresión emocional y valor. No obstante, en los
últimos años desde la academia se ha visto una inclinación hacia un giro emocional
que retoma las ideas de Rosenwein de una manera, si se quiere, más flexible
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(Zaragoza y Moscoso, 2017). Precisamente por eso proponen que la definición de
Rosenwein (2006) sobre comunidad emocional es muy estática y no permite
evidenciar la transición (personal o colectiva) entre estándares emocionales
(Zaragoza & Moscoso, 2017). En este punto pretendo hacer una apuesta por pensar
una comunidad emocional conformada por funcionarios de la DP que, al compartir
valores semejantes sobre los derechos humanos, cuestiona esos mismos valores y
se plantea unos nuevos.
Ingresando a la Defensoría del Pueblo
Siguiendo la postura de Sharma y Gupta (2006) en la cual plantean entender el
estado como culturalmente construido, el análisis de rituales de estado es una forma
en la que ese objetivo puede ser cumplido. Así pues, el primer ritual al que cualquier
persona que asista a la DP debe enfrentarse es a la puerta de ingreso. Para ingresar
a la Defensoría del Pueblo en Bogotá, siempre hay que pasar por un punto de
seguridad. Las veces que he ido, y aunque muchos de los guardias de seguridad
ya reconocen mi rostro y me sonríen con amabilidad, siempre el trámite es el mismo:
hacer una fila en el andén de la carrera novena hasta poco a poco ir acercándose a
la puerta de ingreso. La puerta todo el tiempo está cerrada con un palo grueso de
madera que atraviesa las perillas desde adentro, de manera que solo el guardia
puede tener control de quién entra y quién sale, independientemente si es
funcionario o visitante. Cuando hay muchas personas en la fila, solo se puede
ingresar de cuatro en cuatro. El guardia pide abrir el bolso y en caso de tener un
computador portátil, debe registrarse en un cuaderno. Más adelante, hay dos
guardias detrás de un counter que piden al visitante informarles la Delegada y el
funcionario con quien se tiene cita. Depués, proceden a llamar a la extensión de la
Delegada, en donde se autoriza el ingreso del visitante.
Posteriormente, se entrega la identificación del visitante, imprimen una
calcomanía blanca con una foto a blanco y negro de la cara de este, su número de
cédula, la Delegada que autoriza y un código de barras. Después, el torniquete, los
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funcionarios ponen su huella5, pero los visitantes tienen que usar su cédula para
entrar. Cuando se ha pasado el torniquete ya se está dentro y es posible moverse
más o menos libremente por las oficinas, aunque en cada piso hay un guardia
sentado en una silla alta desde donde puede ver quién ingresa por las escaleras o
por el ascensor. Ese registro, en donde se evidencia el ritual de ingreso a la entidad,
es bastante serio. Lo anterior porque después de esa primera ocasión de registro,
la información personal queda guardada en el sistema y ya no es necesario tomar
otra foto, o diligenciar el nombre del usuario. En adelante, la manera de
identificación dentro de la edificación es mediante la calcomanía que imprimen y
debe ir siempre sobre la chaqueta, en el pecho del visitante.
Hago énfasis en el hecho de que los visitantes o usuarios deban usar
obligatoriamente la calcomanía blanca porque es la manera de identificación dentro
de la entidad. Es un marcador que diferencia entre quienes trabajan allí
(funcionarios) y quienes lo visitan circunstancial o frecuentemente. Estas etiquetas
blancas van circulando por los diez pisos que tiene la DP en Bogotá y son
importantes en un contexto en el cual no todos los funcionarios se conocen entre sí,
pero sí pueden identificar quién es y quién no es funcionario. Son marcadores
diferenciales, si se quiere, que no solo sirven para llevar un registro, sino para en el
acto reconocer la identidad de la persona. Ejemplo de ello es la manera como los
funcionarios, al principio, decían mi nombre leyendo la etiqueta.
El panorama de las dos oficinas en las que he desarrollado mi trabajo de
campo es similar. Los funcionarios de la Delegada para Grupos Étnicos trabajan en
el tercer piso de la DP y los de la Regional Bogotá en el segundo. En un primer
paneo de las oficinas solo se pueden ver muchos escritorios, calculo unos 80 en
cada una. Es un espacio en el que realmente hay más gente de la que le cabe,
como dicen ellos mismos: “están hacinados”.
5 Dadas las medidas por el covid19, a partir de mediados de marzo los funcionarios debían asistir a otra oficina en la cual activaban su carné institucional para acceder con este y no tener que tocar el torniquete.
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Marcas indelebles: la emotividad dentro de los funcionarios Durante las entrevistas fue usual que los funcionarios hicieran críticas a la institución
o a otras instituciones públicas. Entonces, pude evidenciar que la evidente cercanía
entre escritorios hacía que, en muchos de mis encuentros con los funcionarios,
estos quisieran bajar la voz si se referían a su postura política o a alguna crítica a la
institución. Esto con el fin de no ser escuchados por quienes estaban alrededor. Los
funcionarios cuando se refieren a críticas a la DP o a otra institución pública,
normalmente bajan la voz o susurran. Además, querían ser entrevistados en lugares
cerrados, no en sus escritorios de trabajo, de manera que aquello que se hablara
fuese más privado. Sus críticas, por tanto, parecen secretos guardados con muchos
cerrojos, tema que considero importante para pensar en la relevancia que tiene
hablar dentro de la institución y en la manera como se comunican posiciones
políticas, opiniones, descontentos y emociones.
Pude evidenciar que la labor de los funcionarios tiene que ver en buena
medida con acciones relativas a la comunicación. En el encuentro con comunidades
son voceros, charlan y, especialmente, escuchan a poblaciones que tienen altos
índices de pobreza, de desplazamiento, víctimas del conflicto armado y que, en fin,
son considerados como población vulnerable.
Ahora bien, quiero resaltar en este apartado la función que he decidido llamar
escucha activa. Los funcionarios al estar en constante contacto con la población
usuaria de la DP se empapan de sus más grandes conflictos con el estado, con
proyectos de inversión que requieren de consultas previas y, en fin, con las
problemáticas más importantes que les atañen en materia de derechos humanos.
Esa escucha activa, que hace parte de su trabajo como funcionarios, pasa por la
emocionalidad. Los funcionarios, en efecto, sienten determinadas emociones
cuando comparten espacios con usuarios, pero también cuando estudian los casos,
cuando hacen análisis personales de política pública, entre otras. En suma, la
emocionalidad es también la manera en que los funcionarios pueden acercarse a
esas poblaciones que son “otras” (Ahmed, 2004), pensando en su condición de
población étnica y al mismo tiempo de población usuaria de la DP. En ese sentido,
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la emocionalidad es un componente que hace parte de su trabajo. Basándose en
las emociones toman decisiones y posturas. Quiero hacer énfasis en que a pesar
de que muchas de las emociones pueden ser compartidas entre los funcionarios,
también divergen, son flexibles y, especialmente, varían dependiendo de la
experiencia que hayan tenido los funcionarios con las poblaciones con las que
trabajan.
Paloma me decía: “Con el tema de los derechos humanos uno se apasiona
demasiado y uno siempre toma partido hacia un lado” (Comunicación personal, 4
de febrero de 2020, Defensoría del Pueblo). Y, en efecto, todos narran desde un
posicionamiento de defensa de las poblaciones étnicas. Siguiendo la
a Graeber (2015) cuando explicaba por qué de cierta manera, aunque parezca
ineficiente, tenemos una atracción hacia la burocracia; la razón que daba para ello
era que había una impersonalidad entre el burócrata y el ciudadano, este
último llamado por la DP usuario. Considero que en este caso ese ser “apasionado”,
como es descrito por Paloma, es poseer un sentir que va más allá de los límites que
impone la institución, porque la institución tiene unas rutas, tiene un procedimiento
extenso para llegar a esas prometidas garantías de derechos; pero el funcionario
está pensando en los efectos sociales y políticos que recaen sobre la comunidad de
una manera emotiva:
Tú lo que menos quieres es generarle más daño a la comunidad.
Entonces (…) emocionalmente te cargas con todo eso. Siempre te vas
a cargar con los problemas de la comunidad. (…) el hecho de que te
cuenten una violación, (…) un homicidio, un secuestro, (…) igual,
somos seres humanos y nos afecta. (Paloma, comunicación personal,
febrero de 2020, Defensoría del Pueblo).
En las narrativas de los funcionarios de la DP están presentes las emociones como
un factor esencial para trabajar con la población. Deben mostrar una sensibilidad,
un entendimiento y una empatía para poder escucharlos. Las emociones, entonces,
están moldeadas tanto por un componente social, como por uno individual pues
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permiten a los seres humanos conectarse entre sí y al mismo tiempo con el mundo
que los rodea (Ahmed, 2004; Goodwin et al., 2001).
Las emociones resultan importantes en este contexto, pues mediante ellas
se puede entender el estado y su funcionamiento en las prácticas del día a día
(Gupta, 2006). Lo anterior dado que las prácticas estatales de una institución en
específico, en este caso de la Defensoría, pasan por rituales de diferentes
colectivos de personas (de funcionarios de la propia institución, de funcionarios de
otras instituciones estatales y no estatales, usuarios, etc.). Estos diferentes grupos
de personas tienen que estar en continuo contacto y, por tanto, cada uno de ellos
teje unas redes emocionales particulares. En consecuencia, a partir de esa
emocionalidad se crean percepciones del estado, maneras de trabajar y de tomar
decisiones dentro del mismo; y simultáneamente formas de interactuar e imaginar
a ese otro que también se encuentra en la práctica estatal. En este caso, una
sensibilidad ante los usuarios es indispensable para ejercer el trabajo de la entidad,
aunque eso también implique llevar una carga emocional muy fuerte.
Para ahondar sobre la escucha activa a la que había hecho referencia
anteriormente, me quiero enfocar en la Ley 1448 de 2011 o también llamada Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras6. Esta ley le confiere a la Defensoría las
competencias de realizar el “proceso de diligenciamiento de las solicitudes de
inclusión en el Registro Único de Víctimas, mediante recepción de la declaración” 7
(Defensoría del Pueblo, 2013, p.17). La definición de víctima está establecida dentro
de la ley con un límite específico de fechas y características:
6 Esta ley tiene por objeto: “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas (…), dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales” (Ley 1448, 2011, Art 1). 7 La ausencia de la consulta previa para la elaboración de la ley fue una de las críticas más fuertes a esta, pues se hizo sin tener en cuenta a poblaciones indígenas, Rom y población negra, afrocolombiana y palenquera (García Acuña, 2012). Esta razón fue trascendental para la creación de los decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, los cuales hacen que los funcionarios de la Delegada de Grupos Étnicos también deban hacer toma de declaraciones. A partir de estos decretos las poblaciones ya mencionadas podían acceder a la ley con un carácter diferencial que reconocía una situación histórica de violencia armada hacia ellas.
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Se consideran víctimas (…) aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del
1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las
normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión
del conflicto armado interno. (Ley 1448, 2011, Art. 3)
Así, siguiendo la anterior definición y teniendo en cuenta las especificidades de los
decretos ley enfocados a las poblaciones étnicas (decretos ley 4633, 4634 y 4635
de 2011), el ministerio público toma las declaraciones de las víctimas del conflicto
armado. Esto se hace por medio del Formato Único de Declaración (FUD), en el
cual para que las personas puedan clasificarse como víctimas deben llenar una
serie de descripciones de sus experiencias vividas tales como: “desaparición
forzada”, “homicidio”, “desplazamiento forzado”, entre otras. Después, hay una
página en la que la víctima debe hacer la narración de los hechos al funcionario y
este debe tomar nota.
Pretendo analizar esa práctica de recepción de declaraciones, ya que da
cuenta de esa escucha activa que deben hacer los funcionarios a la población
víctima del conflicto armado, teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo y las
otras entidades del Ministerio Público solo toman las declaraciones, no las analizan.
Paula narraba respecto a la recepción de declaraciones:
Es muy tremendo tener que escuchar todo lo que le pasa a la
población colombiana en territorio, toda la cantidad de cosas que
sufren, todas las atrocidades que hicieron los grupos armados o que
hacen militares, FARC, ELN, rastrojos, (…) y que te lo cuenten; y que
tú, como si fueras de piedra, escribas y pases a limpio. Y (…) que se
siente una mujer y te cuente todo lo que le hicieron, la
violaron…delante del marido, con los hijos; y que tú, como si fueras de
piedra, tienes que escribir. Realmente uno sale vuelto mierda, muy
mal, es muy difícil, y sale uno muy triste, muy frustrado…Porque
además uno es muy sensible frente a la población. Uno dice:
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“miércoles”. Sale uno con esa carga y como con culpa, ¿no? (Paula,
comunicación personal, febrero de 2020, Defensoría del Pueblo)
Uso este fragmento porque condensa muchas emociones: tristeza, enojo,
impotencia, culpa. Además, solo este fragmento es realmente capaz de hacer
evidente la carga emocional tan fuerte que queda cuando una narración en donde
hubo dolor, sufrimiento y penas se plasma de una manera tan banal en un papel.
La culpa es tal vez la emoción más llamativa y se entiende en este contexto como
la imposibilidad de poder actuar, de poder expresar el sentimiento y de callar, como
ahondaré en el siguiente apartado.
Esa emotividad que está generalizada en las narrativas de los funcionarios
de la Defensoría se puede entender desde el concepto de Jimeno (2007) de
comunidad emocional puesto que en la escucha de narraciones de violencia se crea
un terreno emotivo compartido entre los funcionarios, de manera que se forja un
lazo que reconstruye la subjetividad del dolor del “otro”, es decir, de quien cuenta.
Razón por la cual el sentimiento de empatía es indispensable para relacionarse con
población que ha sido víctima del conflicto armado:
La confrontación armada era bastante aguda: accidentes de minas
antipersona, desapariciones, secuestros, persecuciones, combates, a
toda suerte de vulneraciones a los derechos fundamentales de la
población, pues fui testigo de excepción, y claro que le queda a uno
una marca bastante fuerte, diría yo que indeleble. Porque compartir el
sufrimiento de muchas personas y de intentar mediar para que esas
violaciones cesaran, y atender a las víctimas de la confrontación
armada, pues lo ponen a uno (…) muy sensible a esa situación social
y humana, pero también reconociendo la enorme responsabilidad del
estado al tener a tantas regiones sin presencia institucional, sin
presencia de las autoridades que garantizaron los derechos, pues sí
lo hacen sentirse a uno bastante impotente, también muy crítico
respecto al accionar de la institucionalidad (Pascual, comunicación
personal, febrero de 2020, Defensoría del Pueblo).
18
Pascual afirma que comparte el sufrimiento con las personas víctimas, lo cual puede
dar cuenta de esa comunidad emocional que no se expresa solo en quien relata la
historia, sino en quien la escucha porque se genera una empatía y una subjetividad
(Jimeno, 2007) que intenta comprender las situaciones de violencia que han
experimentado las poblaciones con las cuales trabajan. Esto es, una subjetividad
empática compartida de situaciones de impotencia, culpa e incluso dolor. Pascual
describe esa marca y ese recuerdo como indeleble, como algo que quizás esté en
su memoria por siempre.
Así, esa emocionalidad, que es parte de su trabajo, permea su vida no laboral
y las relaciones que crea con determinados espacios. En este caso, los funcionarios
serían, más que las personas que escuchan, testigos de la violencia que la
población ha sufrido. Estos testigos tienen una peculiaridad y es que deben reprimir
el sentimiento que les generan las narraciones, deben escuchar en silencio. Desde
ese cúmulo de emociones tan diverso los funcionarios construyen una narrativa
orientada hacia la agenda institucional, pero al mismo tiempo donde se cuestionan
las prácticas y el ejercicio de las leyes. En ese orden de ideas, son personas que
están cuestionando las acciones institucionales, el valor simbólico de las leyes y las
relaciones entre usuarios y estado. Y, claramente, esto se hace desde una óptica
emotiva de los derechos humanos.
No obstante, me distancio de lo propuesto por Jimeno pues dentro de su
definición de comunidad emocional es fundamental “articular una narrativa en la
cual [se] ventila[n] sentimientos de dolor, rabia y compasión y convertirlos en acción
política” (Jimeno et al., 2018). En el caso de los funcionarios esa acción política no
se presenta como algo cohesionado o compartido por todos. Dentro de sus prácticas
se manifiestan el respeto y la empatía hacia la historia y formas de vida de personas
y pueblos que han sido considerados históricamente como “otros”. No obstante, no
se configura una “acción política” por fuera de sus labores como funcionarios
públicos (al menos hasta donde pude indagar).
19
La insoportable imposibilidad de materializar el acceso a los derechos humanos Los funcionarios deben, como ya lo mencioné anteriormente, escuchar; y, en cierta
medida, escuchar requiere también no poder hablar, no poder expresar
abiertamente lo que piensan sobre los casos, porque están detrás de una figura
institucional de estado que recuerda esa impersonalidad del burócrata (Graeber,
2015). Pero esa impersonalidad, según las narrativas de los funcionarios, es mucho
más cercana a la población porque conocen los procesos íntimos de ella, sus
vulneraciones, sus más grandes problemas y miedos. Paloma narra sobre la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras:
hemos tomado miles (…) de declaraciones, pero realmente revisemos
cuántos planes de reparación colectiva, primero, por fin se terminaron
de construir y, segundo, cuáles están operando. Entonces, tú
arriesgarte a tomar esa declaración, ahí es donde se juegan papeles
muy fuertes y es victimizar nuevamente a la población, porque es
hacerlos recordar lo que les ocurrió en el pasado. (…) y es muy fuerte
ese proceso porque la población vuelve a caer en ese estado [de
victimización]. (Paloma, comunicación personal, febrero de 2020,
Defensoría del Pueblo)
Por tanto, en este caso la emocionalidad se orienta hacia la culpa, como
mencionaba arriba en la narración de Paula, y hacia la impotencia de hacer
materiales las necesidades de la población. Según Paloma, que se narre una
violación de derechos y la reparación colectiva no llegue nunca es revictimizar a la
población víctima porque es hacerles recordar sucesos dolorosos. Además,
teniendo en cuenta que la capacidad de acción que tienen los funcionarios frente a
temas de violaciones de derechos es mínima. Su capacidad de acción está regida
por la de la institución. Siguiendo a Bourdieu (1999), a través de sistemas de
clasificación y procedimientos burocráticos, el estado moldea estructuras mentales
e impone principios comunes y formas de pensar fundamentales que se inscriben
en la población. Así pues, la categorización y el procedimiento de decidir quién es
víctima y quién no lo es y, por tanto, de hacer material la reparación colectiva sigue
20
haciendo parte de un entramado burocrático más extenso que se sale de las manos
de los funcionarios de la DP y que los frustra. Por esa razón, para Paloma el
funcionamiento de esta ley no es la más adecuada porque corre el riesgo de hacer
una afectación mayor a la población.
Por otra parte, puedo analizar que dentro de las narrativas de funcionarios de
la DP es una condición reiterativa enunciarse como seres humanos para poder
entender las situaciones de la población étnica: “Entonces para uno como ser
humano, más allá del funcionario, es tener esa capacidad de comprender su
realidad, y eso es lo que para mí implica parte del enfoque diferencial étnico” (Paula,
comunicación personal, febrero de 2020, Defensoría del Pueblo). En el anterior
fragmento Paula se enuncia a sí misma como un ser humano para poder decir que
debido a que es un ser humano esas situaciones de violencia le afectan, y le afectan
como a cualquier otra persona porque está en el mismo plano que las personas con
las que trabaja, puede sentir lo que ellos sienten.
Si ese enfoque diferencial y étnico tiene que ver con comprender, como
afirma Paula, una realidad más allá del funcionario, considero que habría una
configuración emotiva, como lo plantea Jimeno, pues “[es] un esquema cultural que
obra como una red de conexiones sistémicas que pone en estrecha relación ciertos
pensamientos y sentimientos” (Jimeno, 2002). Así las cosas, los funcionarios casi
que hacen una división entre su ser humano (emocional, que se afecta fácilmente,
que se apasiona) y su labor como funcionario de la DP. Por tanto, hacer parte de la
burocracia en temas relacionados a derechos humanos pasa por pensarse primero
como ser humano, por hacer un análisis sobre cuáles son las relaciones y
diferencias que se tiene con ese otro, pues ese otro es construido estatalmente.
Con esto quiero decir que es un sujeto que está claramente definido y delimitado
por las narrativas oficiales, es decir, por el estado; y aunque el autorreconocimiento
sea la medida que usa la DP para identificar población étnica, las normas
igualmente estipulan quiénes son y cómo deben ser tratados por la institución.
Para ilustrar mejor mi argumento quiero poner como ejemplo la cartilla
institucional Guía de actuación de la Defensoría Delegada para los indígenas y
21
Minorías étnicas de la Defensoría del Pueblo para la asesoría a las víctimas de las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que me regalaron el
primer día en que visité la DP con el objetivo de realizar mi investigación, pues
condensa narrativas oficiales. En primer lugar, se me dio esta cartilla porque es muy
clara en los procedimientos de la institución en el tema de la población NARP. Pero
también me interesa porque enuncia definiciones específicas de estas poblaciones,
como de las poblaciones negras o afrocolombianas: “[son] comunidades del grupo
étnico que hacen presencia en todo el territorio nacional, de raíces y ascendencia
histórica, étnica y cultural africana, nacidos en Colombia, con su diversidad racial,
lingüística y folclórica.” (Defensoría del Pueblo, FJT y PNUD, sf, p. 12). Añaden
también la definición de comunidad negra estipulada en la ley 70 de 1993 y también
una lista de pautas de actuación institucional. Una de ellas expone que Delegada:
“realizará el seguimiento a la implementación diferencial de las
medidas de protección para las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, velará especialmente, para
que el diseño de las mismas, tenga en cuenta la opinión de sus
representantes y el respeto por su identidad étnica y cultural”
(Defensoría del Pueblo, FJT y PNUD, sf, pp. 35).
Así pues, los requerimientos de la institución y una normatividad más o menos fija
hacen que los funcionarios, aunque apasionados, no puedan atravesar cierto límite
de procedimientos a seguir con las poblaciones. Como expone Graeber (2015) es
una obligación del funcionario seguir las órdenes del jefe sin importar cuál sea, pero
¿cómo saber qué es lo que quiere el jefe cuando este está representado por lo
público? Eso que es lo público está representado por una estructura jerárquica, en
la cual, en efecto, tienen un superior, el Defensor Delegado, quien les da órdenes
a seguir en casos como esos. Con esto cabe preguntarse ¿qué sucede cuando la
voluntad de los funcionarios de ejercer una acción con respecto a la población
difiere de la de la institución? Tema que desarrollaré más adelante cuando explore
las diferentes formas en que los funcionarios resuelven los problemas en campo.
22
En suma, la sensibilidad es una manera de ejercer un trabajo en la DP. Es
una forma empática casi indispensable para poder ejercer su posición y sobrellevar
la carga emocional que debe auto silenciarse:
no es fácil hablar de los grupos étnicos si no hay un conocimiento
previo, si no hay una sensibilidad, si no hay una decisión voluntaria de
(…) abrirse mentalmente para entender ¿sí? Lo digo en cosas como,
por ejemplo, sus sitios sagrados, su simbología, incluso hasta la
lengua. (Pascual, comunicación personal, marzo de 2020, Defensoría
del Pueblo)
Con este fragmento pretendo hacer mención de la manera en que el estado se
encarna objetiva y subjetivamente (Bourdieu, 1999). Subjetivamente porque está
conformado por personas, que a su vez engloba estructuras mentales, categorías
de percepción y de pensamiento (Bourdieu, 1999). Esa estructura objetiva de reglas
y normas se combina con una manera subjetiva de ejercer la profesión, de ser
políticamente activos y de entender a las poblaciones con las que trabajan.
Entenderlas en sus relaciones con otras poblaciones, en sus modos de vida y en
su manera de actuar políticamente, precisamente porque el encuentro entre las
poblaciones étnicas y los funcionarios requiere de una actuación política.
23
Capítulo 2 “El mundo es una mentira que transita entre las burocracias”
(Fragmento de una conversación informal con una funcionaria)
En este capítulo abordo los significados que los funcionarios de la Defensoría le
asignan a lo diferencial y a lo étnico. Encuentro principalmente dos maneras en las
que desde las narrativas de los funcionarios se puede analizar lo diferencial. La
primera de ellas es una asociación entre la población étnica y el lugar. Con esto
hago referencia a que una manera en la que los funcionarios entienden y defienden
los derechos humanos de la problación étnica es mediante conferirles
simbólicamente un lugar sagrado desde donde se desarrolla su vida social y política.
Esa relación con el espacio es precisamente uno de los aspectos más importantes
en la defensa de sus derechos humanos. En segundo lugar, surge un pensamiento
nuevo en el cual el carácter diferencial desborda la manera en que se entendío por
muchos años (la cual asociaba lo diferencial únicamente con lo étnico). Este nuevo
planteamiento es interesante porque permite que surjan nuevas subjetividades en
el ámbito político y en los derechos humanos tales como trabajadoras sexuales,
menores de edad, migrantes, etc.
Con esto quiero argüir que los derechos humanos no son estáticos ni
inamovibles, pues dependen en buena medida de quienes los ejerzan. Por tanto, se
permean fácilmente de concepciones del derecho, de concepciones sobre la
población y demás. Los derechos humanos son esenciales para pensar el
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y, asimismo, el ejercicio profesional de
sus funcionarios. Tanto así que el objeto de la DP es:
promover, ejercer, divulgar, proteger y defender los Derechos
Humanos y prevenir sus violaciones; fomentar la observancia del
Derecho Internacional Humanitario; atender, orientar y asesorar en el
ejercicio de sus derechos a los habitantes del territorio nacional y a
los colombianos en el exterior; y, proveer el acceso a la administración
de justicia, en los casos señalados en la ley. (Decreto 25, 2014, Art.2)
Así, la protección va más allá de los límites estipulados por la Constitución, pues se
basa también en una concepción de los derechos humanos más amplia, el Derecho
24
Internacional Humanitario (DIH). Esto puede entrar en diálogo con lo propuesto por
De Sousa Santos (2002), quien afirma que los derechos humanos tienen una doble
caracterización (global y local).
Aunque esta investigación no se pregunta por la relación que tienen las
narrativas de funcionarios, que son locales, con la globalidad de los derechos
humanos, es importante hacer énfasis en que es una concepción que tiene una
historia que proviene de contextos no locales. Samuel Moyn (2015) propone una
historia de los derechos humanos en la cual indaga el contexto histórico en que
estos tomaron la fuerza que tienen hoy en día. Asimismo, arguye que son una
invención que se configuró en el imaginario global como una utopía, pues se
imaginan con la posibilidad de garantizar un mundo mejor y más equitativo (Moyn,
2015). Así pues, siguiendo a Moyn (2015), pretendo entender los derechos
humanos en el terreno de la imaginación. No porque no existan, sino porque su
condición de construcción (y de fenómeno histórico) permite que cambien y, por
consiguiente, que estén abiertos a la interpretación. Así lo hacen los funcionarios de
la DP: toman el término y lo acogen teniendo en cuenta no solamente la Constitución
Política, sino las características de la población con la que trabajan. En ese orden
de ideas, pretendo evidenciar que los derechos humanos dependen, como dije
anteriormente, de la entidad que los ejerce y, simultáneamente, de la manera en
que los funcionarios los significan.
Lo diferecial y étnico: la presencia física en territorio Las interacciones diarias con la burocracia estatal son esenciales para la
construcción del estado (Gupta, 2006), en este caso entre la población étnica y los
funcionarios de la DP. En esas interacciones los funcionarios forman ideas de qué
es y cómo se representa lo étnico de las poblaciones. La recurrencia que encuentro
más importante dentro de las narrativas de los funcionarios es la asociación de las
poblaciones étnicas con un territorio específico.
En ese orden de ideas, es importante pensar en el multiculturalismo porque
permite analizar la manera en que los funcionarios construyen un acercamiento
25
político a las poblaciones con las que trabajan8. Bocarejo afirma que el
multiculturalismo es una ilusión política porque consolida una cultura política con
ideales de igualdad y tolerancia, pero que “en muchas ocasiones estos ideales son
una forma de racionalidad política que silencia, perpetúa y oculta los complejos
contextos de poder político en los cuales se desarrolla” (Bocarejo, 2011, pp. 98).
Bocarejo critica la posición de muchas políticas con carácter étnico (y multicultural)
porque estas asocian la etnicidad a un lugar (Bocarejo, 2011). La crítica va
encaminada a que solo se estarían reconociendo algunas formas de diferencia bajo
marcos legales y normativos específicos (Bocarejo, 2011). No obstante, considero
que a pesar de que esa asociación entre etnicidad y lugar también es usada por los
funcionarios, estos le dan un sentido en la práctica como herramienta para
acercarse a la población étnica y para poder entender sus dinámicas de la vida
diaria. En una palabra, para comprender ese carácter que los hace diferentes.
Piedad me decía: “Pureza no hay [dentro de las poblaciones indígenas], pero
en el multiculturalismo es importante que esas costumbres prevalezcan” (Piedad,
comunicación personal, febrero de 2020, Defensoría del Pueblo). Con esto hacía
referencia a que las costumbres y formas de vida ancestrales de las poblaciones
étnicas debían preservarse lo más cercanas a las ancestrales como fuera posible,
hecho que debía cumplirse dentro de las políticas multiculturales. El
multiculturalismo se estaría construyendo sobre la condición de que las costumbres
de la población étnica sean menos movibles y posiblemente, en términos de Piedad,
más cercanas a la “pureza”. Esta es, por tanto, la manera simbólica como los
funcionarios imaginan ese lazo tanto igualitario como diferencial entre la población.
Igualitario porque los derechos humanos son de obligatoria garantización para toda
la población colombiana. Y diferencial porque lo asocian con una proveniencia
diferente relacionada a la tierra y al territorio. Asimismo, esa diferencia respecto a
8 En su mayoría los funcionarios no hacen referencia al multiculturalismo, pero la literatura me permite acercarme a la relación entre lo étnico y el territorio, que sí es una recurrencia muy fuerte, desde este este concepto.
26
sus derechos humanos pasa por el aspecto físico, las costumbres y la relación con
la tierra de la población étnica.
Ese carácter diferencial y multicultural se imparte en buena medida desde las
narrativas oficiales. Para ilustrar mejor el anterior argumento me remito a la cartilla
pedagógica llamada “Cuadernos de Paz Nº 7” en donde se describe la consulta
previa, sobre la cual se asegura que es “un ejercicio concertado, participativo,
intercultural, cualitativo, de identificación anticipada de impactos o daños probables
(a la integridad étnica y cultural) y de consecuente toma de decisiones para
evitarlos, repararlos, mitigarlos o compensarlos” (Defensoría del Pueblo, 2018). A
pesar de que no esté estipulado explícitamente lo multicultural en este fragmento,
sí hay una alusión a ello pues se refiere a lo “intercultural”, hecho que de inmediato
lleva al lector a pensar en la existencia de culturas diferentes. Teniendo en cuenta
que el papel que cumplen los funcionarios públicos de la DP en la consulta previa
es el acompañamiento a las comunidades que están abogando por ese derecho,
las opiniones de los funcionarios y la manera como construyen simbólicamente la
figura de lo étnico aparece como un concepto relevante dentro del ejercicio de su
profesión, de los modos en que se relacionan con la población y en que actúan.
A pesar de que el autorreconocimiento de las poblaciones étnicas como tales
es fundamental para ejercer acciones en defensa de sus derechos colectivos, los
funcionarios públicos también hacen un análisis personal que pasa por sus propias
estructuras mentales y categorías de percepción (Bourdieu, 1999). Esa clasificación
física la entiendo en dos direcciones. La primera de ellas es la asociada a que los
indígenas posean unas características a simple vista reconocibles:
yo parto del autorreconocimiento. Ya cuando yo sé que la población
se autorreconoce étnica, entonces hago un análisis. Puede pasar
también que sea obvio, que sea un hecho notorio. Digamos, yo veo a
una persona vestida como indígena y pues, o sea como indígena de
las 111 o 110 etnias, cualquiera, (…) lo veo con su traje típico, o lo veo
en una sesión colectiva, digamos en una reunión o en una actividad
27
colectiva. (Paula, comunicación personal, 3 de febrero de 2020,
Defensoría del Pueblo)
Con este fragmento pretendo hacer notar que en las narrativas de los funcionarios
hay unos marcadores étnicos que pasan por el cuerpo de las personas y que los
clasifican como étnicos sin necesidad de que la persona en cuestión se manifieste
como tal. Esas categorías están basadas en la práctica de muchos años y
experiencia que tienen en campo los funcionarios. Todos los funcionarios con los
que tuve contacto coinciden con que han trabajado por mucho tiempo en la DP o
con temas relacionados a los derechos humanos, aspecto que hace que su
experticia les confiera una suerte de clasificación de las personas con las que
trabajan con respecto a la etnicidad. Quiero hacer hincapié en que con este
argumento mi intención no es expresar que los funcionarios hagan descripciones
banales o a la ligera de la población étnica; sino, al contrario, dar cuenta de que su
manera de relacionarse y de entender la etnicidad pasa por descripciones físicas –
no fenotípicas o morfológicas– de la población.
La segunda descripción de lo étnico es la asociación que hacen los
funcionarios entre el ser indígena y el habitar un lugar determinado. Esta descripción
está relacionada en especial a la población indígena por dos motivos. Primero,
cuando ingresé a la Defensoría mi interés y las preguntas que hacía se relacionaban
con los indígenas urbanos, por lo que claramente mucha de la información que me
suministraban era de temas indígenas. No obstante, noto dentro de las narrativas
de los funcionarios una inclinación a hacer referencia a temas indígenas porque son
más conocidos, que los de los afrocolombianos y los Rrom, por el común de la
población. Lo anterior teniendo en cuenta que, en general, los procesos de lo étnico
en Colombia históricamente han estado orientados más hacia lo indígena.
Las narrativas de los funcionarios de la Defensoría condensan un
entendimiento de la población indígena como asociada a un lugar en específico.
Ferguson y Gupta describen su crítica al multiculturalismo reflejándolo como “un
débil reconocimiento del hecho de que las culturas han perdido su conexión con un
lugar determinado; al mismo tiempo, se trata de un intento de subsumir esta
28
pluralidad de culturas dentro del marco de una identidad nacional” (Ferguson &
Gupta, 2008, pp. 236). En ese sentido, creo que algunos de los funcionarios
construyen esa relación entre salir del territorio ancestral y la pérdida, al menos
parcial, de la identidad colectiva étnica. Ejemplo de esto es la corta narración a la
que me referí arriba en donde Piedad afirma que en la actualidad no hay una pureza
dentro de lo étnico, lo cual se debe a que se cortan relaciones ancestrales, políticas
y de identidad con el territorio.
Dado lo anterior, mediante ese proceso de relacionamiento entre lugar e
identidad étnica también el espacio adquiere para los funcionarios una identidad
específica (Ferguson & Gupta, 2008). Lo anterior se debe a que el lugar por
excelencia étnico es lo que permite surgir la idea de la etnicidad como colectiva y
como entidad subjetiva, lo cual es parte fundamental de su trabajo. Paloma me
comentaba: “la base fundamental de los pueblos indígenas, específicamente
hablando, es el territorio. (…) colocar un indio sin tierra es nadie, porque ahí crecen
todos sus procesos desde su nacimiento hasta cuando mueren, está el tema
territorial” (Paloma, comunicación personal, febrero de 2020, Defensoría del
Pueblo). Por tanto, a Paloma le resultaba muy complejo asimilar los procesos de
indígenas urbanos porque ese vínculo con la tierra se había perdido.
Este es un proceso para los funcionarios de auto-cuestionamiento y trabajo
constante en donde se preguntan qué es lo étnico y qué lo constituye. Para Patricia,
por ejemplo, es un tema de estudio investigar si las culturas son estáticas o
cambiantes. Con ello me mencionaba cómo hace varios años en el Centro de
Atención al Ciudadano (CAC) de la Defensoría se tenían guías para identificar si
una persona era o no era indígena, tales como que hablara una lengua o, incluso,
su fenotipo. Ella llega de inmediato a la conclusión de que “hay un subregistro de lo
étnico [dentro de la entidad], no se sabe si [un sujeto que asiste a la entidad] es
étnico o no” (Patricia, comunicación personal, 13 de marzo de 2020, Defensoría del
Pueblo). Para ella esto es un problema porque afirma que las poblaciones indígenas
también tienen derecho a no ser indígenas si esa es su voluntad, posición muy
controversial con respecto a la de sus compañeros. Para Patricia, al igual que para
29
Paloma, es complejo pensar en los indígenas urbanos porque “ellos no estaban en
la ciudad. No brotaron de allí” (Patricia, comunicación personal, marzo de 2020,
Defensoría del Pueblo). En ese sentido es que hace una relación directa con el
territorio ancestral y aboga por lo que ella llama el “derecho a no ser”, a no ser étnico
en este caso. Asimismo, el problema para Patricia también va encaminado a que se
reconocen autoridades en la ciudad. Patricia, por tanto, cree que el reto en una
sociedad de ciencia y tecnología como la nuestra es mantener los usos y
costumbres de las poblaciones étnicas. En ese sentido, como parte de esas
costumbres se encuentra el conservar una relación con el territorio, tema que para
Patricia no se puede lograr en la ciudad. La importancia de lo anterior radica en que
el ejercicio del trabajo de los funcionarios también se representa mediante líneas
políticas muy particulares que definen qué es o no es étnico y cómo se debería
implementar su trabajo con respecto a la población étnica.
Los espacios son construidos desde las narrativas de los funcionarios como
constitutivos a la identidad de los indígenas, pero no son considerados como
vírgenes o como espacios que no deberían tener contacto con el resto de la
población. Al contrario, estos espacios son imaginados como discontinuos en el
sentido de Ferguson y Gupta (2008), precisamente porque los funcionarios también
se imaginan a ellos mismos en esos espacios al realizar talleres, al hacer
acompañamientos a la consulta previa, entre otros. Por tanto, a partir de su propia
presencia en los espacios étnicos también se hace una división de carácter
simbólico entre dos mundos casi opuestos:
Lo que pasa es que esos dos mundos, el mundo indígena y el mundo
de la cultura nuestra, la occidental, sí necesita[n] unos puentes, (…) y
el vehículo es el idioma. Y ahí tiene que haber un consenso en qué
idioma nos vamos a comunicar, y uno diría: los dos porque son tan
válidos el uno del otro, pero implica también el conocer el uno del otro.
Si yo conozco todo eso del andamiaje del estado pero no lo puedo
traducir a la lengua de ellos porque no tengo la capacidad, la
formación, el conocimiento (…); tendría que valerme de acuerdos con
30
ellos (…) para que haya cierta fluidez en…que yo pueda pasar al
mundo de ellos y ellos puedan pasar al mundo nuestro, que permita
una comprensión. (Pascual, comunicación personal, marzo de 2020,
Defensoría del Pueblo)
Así pues, esa espacialidad de lo étnico no es solamente física, sino que está
construida en el plano de lo simbólico como distante y periférica. Una de las
definiciones de margen que dan Das y Poole (2008) es aquella en la que la periferia
le es equivalente. Cuando Pascual dice que se deben crear puentes entre dos
mundos que son igualmente válidos, hay también una separación entre el mundo
más conocido, que él define como “occidente”, y otro periférico que vendría a ser el
mundo de lo indígena. Ese margen claramente no está en el plano de lo físico, pero
sí da cuenta de una espacialización del mundo de lo étnico. Es un supuesto
necesario del estado (Das y Poole, 2008), encarnado en las narrativas de los
funcionarios. Lo anterior dado que permite imaginar lo étnico con un carácter
diferencial, implicando la comprensión de sus modos de vida y prácticas sociales y,
por consiguiente, la intervención al mundo periférico. Es decir, esa concepción de
margen de lo indígena permite justificar que el trabajo que ejercen los funcionarios
con la población étnica sea importante y necesario.
No obstante, la visión generalizada dentro de las narrativas de los
funcionarios es que la población étnica merece que el estado haga esfuerzos por
comprender su realidad, pero no como si fuesen sujetos que no comprenden el
andamiaje del estado, sino como sujetos iguales que otro ciudadano:
Decía un compañero: “es que los indígenas no son seres del bosque”,
o sea como sí uno pensara que son todos santos y todos son puros e
inmaculados y, o sea no, son gente como uno, población, de carne y
hueso, con cosas buenas, regulares y malas, como nosotros. O sea,
ni los tenemos que santificar (…). (Paula, comunicación personal,
febrero de 2020, Defensoría del Pueblo)
En ese orden de ideas, la visión de lo étnico no está simplificada a una en la que lo
étnico es por excelencia místico y natural, aunque sí se vean representados con
31
una relación directa al territorio. Parte de entender los derechos humanos como
diferenciales y colectivos implica entender que los poseedores de ellos son también
personas que se equivocan y que están en el mismo nivel respecto a derechos
humanos que cualquier otro colombiano. En ese sentido, los funcionarios tratan de
desmitificar las ideas estereotipadas de la población étnica. Este tema está también
relacionado con lo mencionado en el capítulo anterior a propósito de la emotividad,
pues hay una cercanía con la población étnica que hace que los funcionarios los
vean con unos ojos más realistas.
En consecuencia, en las narrativas de los funcionarios hay un deseo por
instaurar una capacidad de agencia en la población étnica, de manera que en el
ejercicio de sus derechos humanos puedan actuar sin la intermediación de la
entidad:
Sí, y eso es lo que ha generado tanto daño para los pueblos indígenas
y es el asistencialismo, que si consideramos que hay que hacerlo todo
y que yo soy la que lo puedo hacer y no ellos. Entonces, eso genera
mayor vulneración ¿sí me entiendes? Porque nosotros no siempre
vamos a estar ahí. Nosotros lo que podemos hacer son capacidades
instaladas. (Paloma, comunicación personal, febrero de 2020,
Defensoría del Pueblo)
En este caso, Paloma pretende dejar unas capacidades instaladas en los talleres
sobre derechos humanos que hace en las diferentes comunidades. Esto es algo
que ella y muchos otros funcionarios con los que hablé muestran como un símbolo
de orgullo y como el anhelo que tienen para estas poblaciones, pues los estarían
preparando para ejercer sus derechos humanos.
Lo colectivo en población no étnica Actualmente en Colombia hay una legislación que protege los derechos humanos
de poblaciones étnicas. El estado colombiano tuvo que adquirir obligaciones en
materia de derechos humanos gracias a su adscripción a la ONU, OEA, OIT, entre
32
otros (Vega Rodríguez, 2012). Razón por la cual el Convenio 169 de la OIT,
ratificado en Colombia por la Ley 21 de 1991, por ejemplo, fue una herramienta
jurídica para que surgieran derechos fundamentales tan importantes como la
consulta previa. A partir de este convenio, en conjunto con la legislación nacional,
“los derechos de los grupos étnicos son: el derecho a la identidad étnica y cultural,
al territorio, a la autonomía, a la participación y al desarrollo propio” (Defensoría del
Pueblo, FJT y PNUD, sf, pp. 11).
Me he referido en las páginas anteriores a cómo se concibe lo diferencial y
étnico en las narrativas de funcionarios para dar cuenta del carácter diferencial y
étnico de los derechos humanos. Pero en el trabajo de campo algo que surgió como
una característica importante fue una concepción de lo diferencial que lo desligaba
de lo étnico. Esto es, una concepción que incluye no solamente a grupos étnicos,
sino también a grupos como trabajadores sexuales, habitantes de calle, entre otros.
Todos ellos con la característica de formar grupos sociales que han sido
históricamente afectados y vulnerados por el acceso precario a las condiciones que
deben garantizar el acceso a los derechos humanos. Para Pedro el hecho de
entender el enfoque diferencial únicamente relacionado a lo étnico provoca una
invisibilización de otros grupos porque se olvida de:
que hay (…) otros grupos poblacionales que tienen su forma de
entender el mundo, su forma de ver la vida, sus caracteres o sus
características organizacionales, y que terminamos también
invisibilizándolos (…) porque solo estamos viendo (…) lo afro y lo
indígena. (…) también es importante dar cuenta de las afectaciones [a
las poblaciones no étnicas] porque (…) tienen unos grados de
vulnerabilidad importantes. De ahí, por ejemplo, la importancia de la
última Alerta [Temprana], la 046 [de 2019], (…) porque ese es (…) el
rompimiento del esquema de [que] los grupos poblacionales en riesgo
son [solamente] organizaciones sociales, los partidos de oposición, los
indígenas y lo afro (Pedro, comunicación personal, marzo de 2020,
Defensoría del Pueblo).
33
Así, Pedro propone que entender lo diferencial no solamente desde lo étnico sino
desde otras formas de vida que también han sido víctimas de vulneración a los
derechos humanos. Usa el documento de la alerta temprana como objeto que puede
reivindicar formas de vida que son otras justamente por ser vulnerables y que, en
consecuencia, se deben entender desde la diferencia. Asimismo, considera que lo
étnico sirvió por mucho tiempo para poder abrir el pensamiento institucional a la
diferencia, pero que el camino sigue siendo largo por las condiciones de
vulnerabilidad de la población que considera diferencial.
Quiero resaltar la importancia que le confiere Pedro a la “Alerta Temprana”
como documento. Esto porque ese documento, siguiendo a Hull, tendría la
capacidad de moldear significados, de crear sujetos, objetos y socialidades (Hull,
2012). En ese sentido, la Alerta Temprana es un ejemplo claro de creación de
sujetos. La Alerta Temprana No. 046 de 20199, como lo señala Pedro, incluye una
serie de grupos poblacionales diversos como son: trabajadoras sexuales
transgénero o cisgénero, población migrante venezolana, niños, niñas y
adolescentes, familias y comunidades indígenas víctimas de desplazamiento
forzado, entre otros (Defensoría del Pueblo, AT No. 046-19). Para Pedro esta Alerta
Temprana es muy importante porque da cuenta que dentro de la ciudad de Bogotá
hay dinámicas muy fuertes de violencia, presencia de actores armados ilegales,
prostitución, consumo y venta de psicoactivos; aspectos que ponen en riesgo a la
población que vive o que frecuenta estos sectores. De ahí que le asigne un valor
tan importante al documento como tal. El documento es muestra escrita de dos
temas importantes. El primero de ellos y el más importante es la creación y el
surgimiento de sujetos. El segundo es que reconoce una geopolítica nueva de la
ciudad. Con esto último me refiero a que las Alertas Tempranas tenían una
preeminencia a localizarse en el sur de la ciudad y esta Alerta muestra lugares
diferentes donde hay vulneración a los derechos humanos.
9 La AT 046-19 para la ciudad de Bogotá advierte tres localidades completas (Santa Fé, Los Mártires y Puente Aranda) y además el barrio Egipto de la localidad La Candelaria.
34
Capítulo 3 “Imaginen mi sorpresa, mi consternación, cuando sin moverse de su ángulo, Bartleby, con una voz singularmente suave y firme, replicó:
-Preferiría no hacerlo”
(Fragmento de Bartleby, el escribiente. Herman Melville)
En este capítulo se ahondará en la condición de los funcionarios de la DP de ser,
más que trabajadores de la institución, servidores públicos. Dentro de sus narrativas
hay concepciones sobre la administración pública, el aparataje estatal y las
jerarquías que existen al interior de este. Intento analizar en este capítulo cómo
dentro de las narrativas de los funcionarios, el pertenecer a una entidad estatar está
significado de diversas maneras. Por un lado, los funcionarios consideran que estar
en lo público – en lo estatal – permite posturas ideológicas diversas y hace posible
el debate, aunque no siempre los resultados sean como ellos los esperan. Por otra
parte, se encuentra, a mi juicio, el factor más importante de este capítulo, en el que
ellos se describen a sí mismos como parte de lo micro. Esta palabra fue recurrente
en muchas de las entrevistas y decidí incluirla porque los funcionarios resaltaban
sus prácticas como espacios pequeños pero significativos. Lo micro no es
solamente que su trabajo llegue a comunidades específicas, sino que ellos son
funcionarios, como ellos llaman, de base. Esto es, que no tienen cargos directivos;
hecho que les permite poder expresar sus posturas y pensamientos de una manera
más abierta.
Por ende, aquí cabe preguntarse sobre la separación, ya descrita por muchos
autores, entre estado y sociedad. No pretendo entender el estado y su ejercicio
público como una abstracción o una entidad independiente de la sociedad (Mitchell,
1999). En especial porque buena parte del ejercicio como servidores públicos de la
DP también se basa en una experiencia y concepción subjetiva de los derechos
humanos. Un tema que los funcionarios resaltan dentro de sus narrativas es su
propia posición dentro de todo el andamiaje estatal: la cuestionan y la ponen en
diálogo con otras percepciones de lo público. Precisamente por ello este capítulo se
enfoca en las percepciones que los funcionarios tienen sobre lo público, pues hacen
35
un énfasis en que el estado tiene un carácter subjetivo y se experimenta de maneras
diversas dentro de la población (Aretxaga, 2003).
La Defensoría del Pueblo debe trabajar con población vulnerable alrededor
de todo el país y fuera de él (colombianos en el exterior). Justamente esta
característica es importante si se tiene en cuenta que trabaja con formas de
ciudadanía diferentes, formas de percibir y entender las prácticas estatales que
dependen de factores tales como la población a la que se pertenece, el lugar en
donde se vive, las afectaciones por el conflicto armado, entre otras. Para Aretxaga
(2003) el hecho de que exista un guión inseparable entre estado y nación (estado-
nación) es problemático porque la ciudadanía se vive de maneras diferentes. No se
trata de una ciudadanía igualitaria, con las mismas características sociales, políticas
o económicas. En cambio, se deben analizar una variedad de relaciones
ambivalentes, hostiles y violentas para dar cuenta de que ese guión que está
naturalizado en la comprensión del estado es más bién un código que debe ser
descifrado que una realidad incuestionable (Aretxaga, 2003). De igual modo los
funcionarios de la DP hacen evidente en sus narrativas que existe una diferencia
radical de modos de vida y formas de experimentar el estado en la población.
Ser funcionario y estar en lo público Según Abrams (1977), el estado da la sensación de que detrás de él existe una
realidad oculta en la vida política, de secretos oficiales, de máscaras. Abrams afirma
que “el estado no es la realidad que está detrás de la máscara de la práctica política.
Es, en sí mismo, la máscara que nos impide ver la práctica política tal como es”
(Abrams, 1977, pp. 63). Justamente por esa razón cuando se analiza el estado con
una E mayúscula, se ocultan las relaciones políticas que pueden existir detrás de
esta máscara (Taussig, 1992). Para Abrams la sola idea del estado tiene un carácter
ideológico persuasivo que lo pone en esa concepción abstracta y, por tanto, se
encuentra dentro de un imaginario específico (Abrams, 1977). Sin embargo,
posturas como las de Aretxaga (2003) permiten entender el fenómeno del estado
36
desde las prácticas cotidianas. El estado se produce a través de discursos, prácticas
de poder y encuentros con la burocracia (Aretxaga, 2003). Además, considero que
esa realidad estatal tiene una relevancia dentro de las prácticas burocráticas. Esto
porque se hace evidente una manera de ejercer la función pública, implicando a su
vez subjetividades y percepciones diversas del mundo.
Michael Taussig (1992) propone el fetichismo del estado como la atribución
de una condición mágica al estado. Mágica porque se entiende como sagrado (y a
la vez profano). Esa concepción mágica hace que el estado se vea como una
entidad absolutamente organizada, con poderes de dominación, como cosa o como
dios. Su análisis da cuenta de que el fetichismo logra darle más importancial al
significante que al significado, esto es, a la imagen-representación mística sobre los
significados que se construyen dentro del estado (Taussig, 1992).
Al contrario de lo que podría pensarse, los funcionarios construyen una
narrativa sobre la entidad, y sobre lo público, como un espacio de encuentro de
muchas posturas ideológicas. Considero que esa concepción de estado podría
entenderse como un intento por des-fetichizar, en el sentido de Taussig (1992), la
imagen del estado: “Por eso yo opino que no es (…) que haya en lo público un
discurso dominante, (…) que sea el único. Sino que esto también es un prisma, es
una cosa más amplia de posiciones” (Pedro, comunicación personal, 13 de marzo
de 2020, Defensoría del Pueblo). Pedro me comentaba que nunca ha sentido un
veto al expresar su opinión, que es bastante radical, respecto a los temas de interés
de la institución. Asimismo, también afirmaba que lo público permite “[un] matiz
mucho más amplio de posiciones ideológicas … que cuando estás, por ejemplo, en
organizaciones no gubernamentales, [en las] que terminas tú replicando un discurso
continuo (…) casi sordo, sin diálogo” (Pedro, comunicación personal, marzo de
2020, Defensoría del Pueblo).
En ese sentido, las prácticas que se dan al interior de la institución son más
diversas de lo que se pensaría. Hay posibilidad para el diálogo y para contradecir
órdenes de jerarquías superiores. No quiero afirmar que los funcionarios no tienen
una concepción fetichizada del estado. En cambio, pretendo hacer evidente que dan
37
cuenta de una variedad de narrativas, de pensamientos y posiciones políticas al
interior de la institución. En ellas no se da muerte a la conciencia del proceso de
significación de la práctica estatal (Taussig, 1992). Al contrario, hay una fuerte
conciencia dentro de los funcionarios de las diferentes significaciones de estado que
se dan en la práctica.
En ese orden de ideas, se le atribuye un valor particular a ser funcionario
público. Patricia, por ejemplo, era muy enfática en que la institución no debería tener
tantas personas trabajando como contratistas. Esto porque para ella existía una
diferencia radical entre ser un funcionario público y ser un contratista. Los
funcionarios, según ella, tenían una relación más próxima con la entidad. Me
comentaba sobre una práctica, si se quiere, ritual en el ingreso a trabajar a la
entidad: los servidores públicos deben jurar defender la Constitución Política cuando
se posesionan en el cargo. Después de un silencio en el que supongo que se quedó
pensando en ese momento, que había pasado hace más de doce años, me dijo: “Es
un acto sublime” (Patricia, comunicación personal, marzo de 2020, Defensoría del
Pueblo). Así, se genera un lazo que hace actuar a los funcionarios con un interés
decidido sobre los resultados que genera la entidad sobre la población:
Y (…) en la Defensoría, con (…) [ese] apellido que tiene, que es la
Defensoría del Pueblo, (…) es cargarle de significado a una institución
de derechos humanos, cargarle [a] (…) ese apellido de: son los
derechos del pueblo, nosotros estamos aquí es por ellos (…). Cargarle
de sentido y de significado a ese “pueblo”, a esa palabra, creo que es
un reto enorme, que es el que nos tiene, o por lo menos, el que me
tiene a mí aquí. (Pedro, comunicación personal, marzo de 2020,
Defensoría del Pueblo).
Cargar de sentidos y significados a la entidad, es también apropiarla desde una
concepción personal y subjetiva. El valor que los funcionarios le confieren a la
entidad sobrepasa el límite de un empleado del común. Precisamente por esto se
comparan con otros gremios, como el de las ONGs, o con otros sistemas de
38
contratación de personal, el de los contratistas. Ellos se agrupan y se entienden con
un sentir diferente sobre su labor en lo público.
Funcionarios de base, funcionarios de lo micro Louis Althusser (1988) hace un aporte a la teoría marxista pues piensa la ideología
dominante como imbricada en instituciones del estado, los llama aparatos
ideológicos de estado. Althusser (1988) teoriza a los sujetos que son interpelados
por la ideología de una manera dual. En primer lugar, como sujetos libres y con
agencia para actuar sobre los eventos que se puedan presentar en su vida
cotidiana. Segundo, como sujetos sometidos a una autoridad superior y, en ese
sentido, sujetos con libertad limitada. Quisiera analizar la práctica de los
funcionarios de la Defensoría bajo esta concepción porque considero que puede dar
luces sobre las maneras en que los funcionarios se alejan de posiciones políticas
dominantes, que no quisiera llamar ideologías, estando a su vez inmersos dentro
del aparataje estatal.
Muchos de los funcionarios no son abogados, sino profesionales de las
ciencias sociales y humanas. Sin embargo, deben relacionarse con la Constitución
Política y las leyes para tener un amplio conocimiento de los derechos humanos. Lo
anterior teniendo en cuenta que todos los funcionarios con los que hablé eran
grandes conocedores de la norma, incluso con la capacidad de recitar de memoria
fragmetos de decretos, leyes, entre otros.
La Constitución es el documento que usan los funcionarios para orientarse
en todas sus decisiones, es el eje que determina en buena medida su actuación:
Patricia afirmaba muy enfáticamente que “siempre está por encima [de cualquier
decisión] la constitución, la norma” (Patricia, comunicación personal, 13 de marzo
de 2020, Defensoría del Pueblo). Me comentaba que esa es su guía porque es más
independiente e imparcial respecto a los intereses políticos que pueden circular
dentro de la institución. Para Patricia esta es la forma más segura en que se
garantizan los derechos y en que los funcionarios pueden abogar por formas
diversas de ejercer su labor. En ese sentido, la Constitución sería el documento que
39
cumpliría la función de orientar las labores de los funcionarios, incluso por encima
de la decisiones de los jefes:
“el funcionario bien formado, bien capacitado, bien dispuesto a la
defensa de los derechos humanos, recurrirá siempre a la constitución
y (…) al sistema de Naciones Unidas en cuanto a la interpretación, al
contenido y al alcance de los derechos que permitan (…) que esa sea
una herramienta muy importante para el funcionario en su ejercicio
profesional.” (Pascual, comunicación personal, febrero de 2020,
Defensoría del Pueblo)
Entonces, el valor simbólico que tiene la Constitución dentro de las relaciones entre
funcionarios y la entidad es muy importante porque es aquello que les permite, en
primer lugar, seguir el lineamiento institucional. Lo anterior en concordancia con que
los derechos humanos responden a un interés por aceptar e incluir una
heterogeneidad de formas de vida, que exige a su vez una institucionalización de
procedimientos (Neves, 2004). Por tanto, los derechos humanos siempre están
amparados por la norma y la manera en que se tiene conocimiento de ellos es
mediante la Constitución en el ámbito nacional, y mediante Naciones Unidas en el
internacional. No obstante, el valor simbólico que adquieren documentos como la
Constitución, que son susceptibles a la interpretación, hace posible que los
funcionarios puedan expresar un desacuerdo con alguna medida que se vaya a
tomar dentro de la entidad.
En suma, los funcionarios, aunque están sujetos a un lineamiento
institucional, dentro de él se abre la posibilidad para entender los derechos humanos
de una manera más flexible. Pablo, por ejemplo, hizo una analogía de los de los
derechos humanos como un caucho que se estira para dar a entender que estos
“no son la garantía como debería” y que son moldeables. Quiero pensar, también,
que los derechos humanos como caucho pueden ser moldeables por manos de
personas diferentes, incluídas las de los funcionarios. Así, en el sentido de Althusser
(1988), los funcionarios están sujetos a una estructura estatal y a la vez son
40
individuos con cierta libertad para pensar y aplicar los derechos humanos sobre los
usuarios.
La libertad en expresar posiciones políticas o ideológicas fue un tema en el
que los funcionarios hicieron hincapié. Esto justamente porque consideran que los
puestos de funcionarios que no son directivos10 son más libres para hablar y
expresar sus opiniones dentro de la institución. Pedro, haciendo referencia a que
siempre ha podido defender su postura ideológica, manifestaba:
También es una ventaja que tenemos los de base, o sea los que
llamamos “técnicos”. Eso de pronto en un jefe, o en una persona que
ostenta un cargo directivo pues no es tan permitido. (…) no es lo
mismo lo que piensa un funcionario público que ostenta un cargo
directivo a lo que nosotros llamamos (…) “técnicos”, que somos un
poco más libres para defender nuestras posturas ideológicas y
hacerlas parte del quehacer diario. (Pedro, comunicación personal, 13
de marzo de 2020, Defensoría del Pueblo).
Cuando Pedro empezaba a comparar dos maneras de ser funcionario público (ser
directivo o ser “técnico”) se daba cuenta que estar en la parte técnica le permitía
poder expresar su opinión basado en su formación académica y su forma de
entender el mundo. Asimismo, daba cuenta de que los cargos directivos exigen
seguir una línea política determinada que quizás no acepta tan fácilmente una
narrativa opuesta a la de la institución.
Por otra parte, quiero retomar lo propuesto por Gupta (2012) en su obra red
tape que se enfoca en la burocracia y los programas para erradicar la pobreza en
India. Gupta (2012) propone estudiar al estado desde la representación, y uno de
los puntos en los cuales se centra es justamente el de las representaciones de las
prácticas rutinarias y repetitivas de la burocracia. Así, piensa que esa acción
repetida y sistemática produce resultados arbitrarios dentro del objetivo fundamental
de las políticas indias, que es el de protección y cuidado de la población pobre. Creo
10 Todas las personas a las que entrevisté no tienen cargos directivos, sino cargos llamados por la institución como profesionales universitarios.
41
que de una manera similar los funcionarios de la Defensoría tienen una especie de
incertidumbre sobre los efectos que tiene su labor precisamente porque, como ellos
mismos la definen, es una labor de lo micro:
Quizás yo no pueda salvar la cantidad de gente en sus situaciones en
lo macro. Pero pues es la revolución de las pequeñas causas. Yo con
cada cosa que hago procuro (…) mover la gente, mover la
institucionalidad, hacer que esto le llegue a la gente, o hacer un buen
taller [en el] que la gente me entienda, o atender la gente…bueno,
como que la gente al menos se sienta escuchada, atendida,
respaldada…que eso es lo que quieren siempre, que lo[s] escuches
(Paula, comunicación personal, febrero de 2020, Defensoría del
Pueblo).
A pesar de que los funcionarios sienten que su labor es muy importante a la hora
de hacer efectivos los derechos humanos, siempre la describen como una labor
pequeña y focalizada. Para Paula es una labor que se da en lo micro, en pequeños
encuentros con la población étnica, en talleres donde se dan herramientas para
entender la constitución, entre otras. Pedro, por ejemplo, afirmaba que trabajar en
la DP a veces es un trabajo invisible, no porque no se haga nada dentro de la
entidad, sino porque no es evidente ante los ojos de toda la población.
En suma, los funcionarios construyen una narrativa en la que se sienten como
un engranaje pequeño, aunque indispensable, para el funcionamiento de la entidad.
Sin los engranajes correctos la entidad no funciona ni cumple su objetivo de defensa
y protección de los derechos humanos:
yo siento que las instituciones las hacen los funcionarios y no la
institución per se ¿sí? Tienes buenos funcionarios, tienes una buena
institución. O sea, la institución simplemente por ser, o por tener un
objetivo o una misionalidad muy buena, si tiene malos funcionarios,
que no son coherentes con esa misionalidad, pues no hay nada que
hacer. (…) son los funcionarios (…) los que llevan y cargan de
significado a esa esencia y a esa misionalidad. (…) lo esencial del
42
funcionario es su responsabilidad frente a hacer de esa institución una
institución llena de sentidos y llena de significados. (Pedro,
comunicación personal, 13 de marzo de 2020, Defensoría del Pueblo).
Por tanto, dentro de las narrativas de los funcionarios la esfera de la burocracia se
construye como una parte del estado de gran importancia. Lo anterior dado que el
estado viene a ser llenado con los significados que construyen los funcionarios.
Precisamente el prisma de posiciones políticas y la capacidad de poder
comunicarlas permite que la burocracia pueda surgir como un campo de lo micro y
de acciones individuales. Asimismo, se teje como acción conjunta, de debate, de
asignarle significados diversos a un mismo significante: los derechos humanos.
Conclusiones Hacer trabajo de campo con una institución del estado como la Defensoría del
Pueblo puede dar cuenta de la complejidad de estudiar el estado. El estado está
formado por un conjunto de instituciones con niveles diferentes, agencias, oficinas,
agendas políticas, funciones, locaciones y personas diversas (Gupta, 2012). En ese
sentido, para estudiarlo habrá que preguntarse ¿cuál estado? (Gupta, 2012).
Justamente por ello quisiera resaltar las particularidades de la Defensoría del
Pueblo como una institución estatal, las cuales le dieron un norte a esta
investigación. Al ser una entidad que se encarga de la defensa y protección de los
derechos humanos, es también una institución que debe estar en diálogo constante
entre actores diferentes. Tales actores incluyen desde los usuarios hasta las
organizaciones internacionales como Naciones Unidas.
Un rol esencial de los funcionarios dentro de ese contexto es el de poner en
contacto las narrativas de usuarios, las oficiales y las de entes internacionales.
Justamente por esta razón indagar por sus narrativas y por las formas en que
construyen las nociones de derechos humanos, del carácter diferenciales y de su
quehacer dentro de la entidad fue el objetivo principal de esta investigación. Como
43
afirma Gupta (2012), en los estudios sobre el estado siempre hay un conocimiento
erróneo11 sobre este; y esto lo entendí como un conocimiento parcial de las
dinámicas estatales. Pero justamente la propuesta de Gupta (2012) es que esa
condición sea un punto de partida para hacer investigación sobre el estado. Lo
anterior dado que el estado es producido y reproducido mediante prácticas del día
a día, discursos y encuentros con la burocracia en donde se conforma un imaginario
social del mismo (Aretxaga, 2003; Gupta, 2012; Sharma & Gupta, 2006).
A lo largo de la investigación pude evidenciar que los funcionarios de la
Defensoría tienen una labor importante respecto a la comunicación. Lo anterior en
concordancia con que están en contacto constante con diferentes poblaciones del
país en las que deben ser voceros de los derechos humanos y de la Constitución;
pero también donde tienen una labor fundamental en la escucha activa a las
problemáticas que la agobian. En ese sentido, es inevitable para los funcionarios
construir lazos emocionales sobre las historias de dolor que escuchan de boca de
la misma población.
En ese orden de ideas, me propuse argumentar que la emocionalidad, al ser
moldeada social e individualmente (Ahmed, 2004; Goodwin et al., 2001), era
constitutiva del trabajo que realizaban los funcionarios al interior de la institución.
Esto porque les permitía tener una sensación de empatía frente a la población para
comprender sus procesos sociales. Asimismo, mediante la emocionalidad se
plantean nuevos retos de los derechos humanos, se toman decisiones y se definen
posturas políticas muchas veces radicales frente a las condiciones históricas de
vulneración de derechos humanos. La emocionalidad permite, entonces, acercarse
a poblaciones que son “otras” (Ahmed, 2004), esto es, que son diferentes a los
funcionarios. Por tanto, desde esa emocionalidad se crean percepciones del estado
(positivas o negativas) y formas de interactuar con el “otro”, con el usuario. Es decir,
la emocionalidad es también una parte importante de las formas en que los
funcionarios actúan con respecto a las poblaciones con las que trabajan.
11 Misrecognition es la palabra en inglés que usa originalmente en el texto.
44
La emotividad también hace que los funcionarios conformen una comunidad
emocional en la que se crea un espacio compartido de emociones de impotencia,
dolor, tristeza, algunas de alegría cuando ven cambios significativos dentro de las
poblaciones. Así, esa comunidad emocional permite que se reconstruya la
subjetividad de las emociones del “otro” que cuenta la historia (Jimeno, 2007). La
emocionalidad da cuenta de la formación de percepciones del estado. En fin, es una
carácterística esencial para que los funcionarios puedan trabajar con la población,
pero también es el eje desde donde pueden distanciarse de la perspectiva
institucional. Como bien lo decían ellos, de ver más allá del funcionario y de analizar
la posición más humana.
En ese sentido, las emociones compartidas entre funcionarios permiten
entender las situaciones de violencia, discriminación y, en general, de vulneración
a los derechos humanos empáticamente. Así, desligar el dolor que representa la
escucha de todas estas narraciones de sufrimiento de su vida no laboral es
complicado. Muchos de ellos afirman tener condiciones psicológicas específicas
que no han recibido la adecuada atención por parte de la entidad. Además, parte de
lo que consideran un problema de esta situación es que no pueden expresarla
abiertamente, ni ante la vícitima ni ante la entidad, es un dolor reprimido. Sin
embargo, me distancio de la propuesta de comunidad emocional de Myriam Jimeno
en un punto. Mientras que para Jimeno la comunidad emocional es necesariamente
formadora de una acción política (Jimeno et al., 2018)., por ejemplo, de
reconstrucción de memoria histórica; en el caso de los funcionarios no es así. Los
funcionarios cargan el dolor y el sufrimiento pero no manifiestan el descontento en
un ámbito externo a sus labores como servidores públicos.
Por otra parte, los derechos humanos, al posicionarse en el terreno de la
imaginación por ser una construcción y un fenómeno histórico (Moyn, 2015),
permiten ser producidos y reproducidos a través de las narrativas de los
funcionarios. Así, el carácter diferencial que los funcionarios asociaban a
poblaciones étnicas estaba relacionado en buena medida con la protección de sus
costumbres ancestrales. Justamente en este punto era para ellos importante
45
relacionar un territorio a la población étnica. Aunque la asociación entre etnicidad y
lugar hecha por entes estatales y reflejada en la política pública multicultural es
criticada dentro de la academia (Bocarejo, 2011; Ferguson & Gupta, 2008a), creo
que los funcionarios de la DP la usan para entender las dinámicas de la vida diaria
de la población y para abogar por su carácter diferencial. Mediante esa asociación
los funcionarios pueden respaldar la existencia de una identidad subjetiva y
colectiva de la población.
De este modo, para marcar el carácter diferencial de la población étnica los
funcionarios se remiten a aquello que los hace diversos frente a la cotidianidad
colombiana, a lo que ellos consideran que es la identidad de la población étnica y
que, por tanto, debe respetarse. Así, esa diferencia es construida dentro de las
narrativas mediante el aspecto físico (no fenotípico o morfológico), los lugares que
habitan o frecuentan, sus usos y costumbres y por su relación con la tierra. Sin
embargo, ese lugar no se asocia a un espacio estereotipado virgen e inmaculado.
En cambio, se construye como un lugar en el que los funcionarios también transitan
al hacer talleres, acompañamientos, entre otros.
A pesar de que el carácter diferencial desde la defensoría ha estado asociado
a lo étnico, actualmente hay nuevas apuestas para considerar a poblaciones que
anteriormente no se entendían desde una óptica diferencial. Esto es importante
porque uno de los insumos que usó uno de los funcionarios para resaltar el
surgimiento de otras poblaciones sociales diferentes a las étnicas con un carácter
diferencial fue la Alerta Temprana No. 046 de 2019, en donde trabajadoras sexuales
transgénero y cisgénero, población migrante venezolana, entre otros, se
reconocieron como población en riesgo. De ahí que un documento como el
mencionado cobre tanta importancia para reivindicar formas de vida que también
son otras y que precisamente por esa condición han sido vulneradas históricamente.
El funcionario que mencionó el caso de la Alerta Temprana le confería un valor
especial al documento en sí, pues le permitía moldear significados y crear unos
nuevos al mismo tiempo que creaba sujetos (Hull, 2012), haciéndolos evidentes en
el panorama político.
46
El último tema que abordé fue las maneras en que los funcionarios construían
sentidos y significados sobre lo público y el estado, y sobre su quehacer dentro del
mismo. Para los funcionarios era muy importante que lo público fuese un espacio
de debate y de discusión política, en donde hubiera presencia de posturas políticas
diversas. Incluso ellos mismos se posicionaban en el panorama del estado como un
engranaje esencial para que este funcionara. Esas percepciones hacen posible
entender el estado como algo no unificado y completamente coherente, sino que se
va tejiendo en la práctica en la que ellos mismos se ven inmersos. El estado no es
aquello que los engloba, sino que su trabajo dentro de la Defensoría produce y
reproduce el estado.
Sin embargo, los funcionarios también hacen hincapié en que sus labores se
encuentran en un terreno de lo micro, de lo pequeño, de lo localizado. El hacer parte
de la burocracia que no tiene cargos directivos sino, como ellos llaman, “técnicos”
les permite moverse mucho más fácilmente en un terreno en el que es posible
expresar opiniones políticas abiertamente, sin temor a ir en contra de los
lineamientos institucionales. Una de las herramientas que usan es la constitución
porque la norma, al estar abierta en buena medida a la interpretación, hace que los
derechos humanos también lo estén.
Existen tensiones en las narrativas de los funcionarios en las cuales hay una
crítica directa a la entidad. Estas tensiones no las tuve en cuenta a lo largo del
trabajo por no ser el objeto principal de la investigación. La crítica más fuerte es a
la escogencia del Defensor del Pueblo, que es su jefe máximo y quien da las
directrices para ejecutar las acciones de la DP. El artículo 281 de la Constitución
define que este es elegido por la Cámara de Representares, tema que es
ampliamente criticado por los funcionarios porque consideran que puede haber
conflicto de intereses dentro de lo que alguno de ellos denominó “clientelismo”. Con
este panorama político, los funcionarios hacen una crítica profunda a la verticalidad
(Ferguson & Gupta, 2008b), con la que es representado el estado y con la cual ellos
deben seguir órdenes que vienen desde arriba. En este caso, según los funcionarios
podría haber unos lazos entre la Cámara de Representantes y la jerarquía más alta
47
de la DP que se presentan por medio de “favores políticos”. Estos últimos se podrían
acoplan a una lectura particular sobre los derechos humanos y su ejecución por
parte del gobierno de turno.
Finalmente, pude explorar dentro de la institución que en las narrativas de
los funcionarios con los que tuve contacto hay un profundo deseo por cambiar las
condiciones de los derechos humanos que se viven en la actualidad en Colombia.
Son muy críticos de los gobiernos de turno y de algunas administraciones de la
Defensoría. Pero también le confieren un valor a estar en una entidad que protege
y vela por los derechos humanos de la población.
48
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