La Apropiacion privada del Estado

Problemática Pública Colombiana

Poder del Estado y Poder Público

En Colombia

La Apropiación Privada del Estado

Mario Alejandro Lemus

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA

ESAP-Regional Norte de Santander-Arauca

2011

[Mario Alejandro Lemus : La Apropiación Privada del Estado] Página 2

Introducción

El enfoque académico apostado en las teorías sobre la política y la conducción de un país,resultan de gran importancia para la enseñanza superior en los elementos que sonexpresados en la problemática pública en nuestro país, para la comprensión global de lacoyuntura dada por fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales que en granmedida, resultan de las practicas o las formas de gobierno aplicado en un espacio, tiempo yterritorio determinados, fortaleciendo el papel que debemos tomar y la posición profesionalpara abordar en la práctica cada uno de aquellos fenómenos y darles según sea apropiadoun tratamiento racional, de consenso, entrando en la lógica de la organización y en lasocialización de posibles soluciones a eventos sistemáticos o bien espontáneos que se dan ala par que se planifican programas que eviten la formación de nuevas dificultades.

El estudio de la problemática pública colombiana, específicamente en lo que tiene que vercon el poder del Estado y el Poder público , nos lleva necesariamente, a la comprensiónconceptual que debemos tener acerca de lo que se plantea como “Poder”, “Estado” y“Publico” y cuáles son sus formas vigentes para darle un giro semántico y un análisispractico en hechos de incidencia nacional, que por ende nos demuestran como el Poder nosolo es propio del Estado, y que no siempre lo Publico es sinónimo de Estatal.

El trabajo que contiene reseñado algunos artículos de prensa Nacional resaltamos laanterior afirmación, añadiendo una breve historia sobre el problema de fondo, el nacimientode una ley y como ésta ha servido para que el Poder estatal, que en la lógica debiera ser unpoder público, deje de serlo para darle paso a los intereses particulares o privados.


LA APROPIACIÓN PRIVADA DEL ESTADO

Seguridad Social

La ley 100 de 1993.

En los años anteriores a esta ley, la prestación del servicio de salud, estaba a cargoprincipalmente del Estado, esto, según apreciaciones de los proponentes de la nueva ley,daba las condiciones para que no se diera eficientemente y creaba condiciones para lacorrupción, mala prestación de servicio, así como argumentos fiscales y de sostenibilidad,además por la obligación prestacional que tenía a cargo el Estado.

Analizando el texto, La Ley 100 de 1993 aparece como una respuesta a los artículos 48 y49 de la Constitución Política, los cuales obligaban a una reforma con las Siguientescaracterísticas: La atención en salud y el saneamiento ambiental concebidos como servicios público

y por lo tanto un deber del Estado. La Seguridad Social como servicio público y como mecanismo para garantizar el

acceso al servicio de salud. La Seguridad Social como derecho irrenunciable La eficiencia, la universalidad y la solidaridad, como principios rectores del

sistema. La participación de los particulares en la gestión de los servicios. La ampliación progresiva de la cobertura de la Seguridad Social. La garantía a todas las personas del acceso a los servicios de promoción, protección

y recuperación de la salud. El deber del Estado de regular el sistema (establecer políticas, organizar, dirigir y

reglamentar la prestación de servicios de salud y de saneamiento ambiental y ejercervigilancia y control)

La organización descentralizada del sistema, definiendo competencias a la nación,las entidades territoriales y los particulares a los que se le delegue la prestación delservicio público, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La obligatoriedad y gratuidad de las atenciones básicas mínimas en salud y

saneamiento ambiental.

Como vemos, en términos generales, la ley 100 pretendía un cambio estructural en laprestación del servicio de salud, los riesgos profesionales, sistemas de pensiones, proponía


entonces la inclusión de nuevos agentes (privados) y planteaba varios principios rectores,entre ellos la eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la equidad.Así, pues, esta ley crea dos regímenes, el contributivo y el subsidiado, en donde losprimeros se les prestaba el servicio de acuerdo a su capacidad de pago, pero que igualmentesu aporte serviría para la financiación de la salud los más pobres.Esta ley fue presentada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en calidad de senador de laRepública, siendo Presidente Cesar Gaviria Trujillo, en el Año de 1993, reconocidosneoliberales quienes a su cargo tenían la tarea esencial de impulsar en nuestro país unmodelo económico guiado por la teoría de mercados y la lógica de la privatización estatal,hacer del Estado de Bienestar, un Estado Mínimo.Asi pues, la ley 100, trajo un nuevo modelo, una nueva forma de prestación de salud, seaumento el presupuesto destinado y se amplió la cobertura, reduciendo de manerasignificativa la calidad en el servicio1.La financiación de la salud, estaba a cargo del Estado, y se financiaba a través de losingresos corrientes de la Nación, y luego con recursos de situado fiscal, este subsidio sehacía llegar directamente a la oferta (hodpitales), estos recursos, administrados por lasjuntas seccionales de salud, entregaban al ejecutivo departamental, indicadores o cifras paraque de acuerdo a los estudios realizados, se asignaran los recursos necesarios para elfuncionamiento de los hospitales o empresas sociales del Estado.El cambio se fundamento entonces, en subsidiar la demanda, o sea a los ciudadanos, paraesto se crearon las aseguradoras, empresas quienes debían administrar esos recursos ycontratar con hospitales u otros institutos prestadores de salud, estas aseguradoras, ARS yEPS, son en la práctica, intermediarios entre la relación Médico-Paciente, que se daba enlos años anteriores a la Ley.Se creía entonces, que darles paso a agentes privados, provocaría un incremento en lacalidad del servicio, ya que mientras existiera competitividad en las empresas, estasapostarían a entregar cada vez un mejor servicio para atraer cada vez mas afiliados.Pero no sucedió así, a pesar de que se ha incrementado el presupuesto en salud, la coberturaque se creía universal, tiende a mostrar solo una afiliación o una carnetización, cifras dadasen 1998 muestran un 60% de afiliados, (24.960.524 de colombianos) entre el régimencontributivo y el subsidiado, para 2004 la cifra era de 26 millones, dejando a casi18millones sin aseguramiento2.Los problemas graves que tiene el servicio de salud, son un problema de profundasconsecuencias estructurales, podemos decir entonces que se debe a una mala utilización delos recursos3, o en la caracterización que nos ha correspondido, la intermediación en lasalud como un negocio4.

1 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-46191832 http://deslinde.org.co/IMG/pdf/La_Ley_100_el_fracaso_estatal_en_la_salud_publica.pdf3 http://www.semana.com/noticias-problemas-sociales/problema-mal-manejo-han-dado-dineros-salud/134860.aspx4 http://www.elespectador.com/articulo-239999-salud-manos-de-gremios


La Salud como un Negocio

Según lo investigado, el Sistema General de Seguridad social en Salud, ha tenido avancespositivos en la implementación de la ley 100, según el director de Fedesarrollo en unartículo de 2008, se había logrado reducción de enfermedades infantiles, aumentó lacobertura de vacunación y se mejoró su estado de salud al nacer. También hubo impactospositivos sobre el uso de servicios esenciales, como las citas de prevención y los controlespre y post-natales5.A la par con esto, en todas las ciudades del pais, llegan ante la superintendencia de salud,miles de reclamos por mala prestación del servicio, acceso limitado a los medicamentos,privación del servicio y problemas de corrupción.Según, Enrique Peñaloza Quintero, director del Grupo de Política y Economía de la Salud,de la Javeriana la plata con la que se financia el sistema de salud, es suficiente para atendera los colombianos, el presupuesto era en 2002 el 7.6 % del PIB y entre 1998 y 2002 era de8,5 del PIB, cifras nada despreciables6, de acuerdo con esto, queda por encontrar el puntoclave de la crisis financiera por la que atraviesa la salud, y más específicamente loshospitales públicos y las empresas sociales del estado.En recientes artículos de opinión y de noticias, se han venido denunciando como lasempresas promotoras de salud, y las ARS, han venido siendo punta de lanza para uno de losmayores desfalcos a los recursos públicos de la nación.Mientras que a los hospitales se les adeudan millonarias sumas, las EPS creceneconómicamente a cifras evidentes, “Saludcoop había registrado utilidades netas por unpoco más de 24 mil millones de pesos en 2008, lo que significó una variación del 12,2 porciento respecto a 2007.”7, esto denota una clara intención lucrativa de dichas empresas,desplazando de cierta forma un derecho fundamental para darle paso la rentabilidad.El prodigioso crecimiento de Saludcoop, y de sus similares, ha ocurrido en los mismos añosen los que se evidenció la crisis del sector salud8.Y en esa lógica, parece estar cada Gobierno en Colombia, a pesar de las constantesdenuncias, en las que se destaca el Senador Robledo y el Periodista Daniel Coronel, de losestudios por parte de universidades como la U. Nacional. la Javeriana, la Escuela deMedicina Universidad Industrial de Santander, la Academia de Medicina, y varios actoressociales y políticos, para, no solo reformar, si no cambiar el sistema por uno más incluyentey que garantice la salud como derecho fundamental.

5 http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso-los-15-anos-de-ley-1006 http://www.semana.com/noticias-problemas-sociales/problema-mal-manejo-han-dado-dineros-salud/134860.aspx7 http://www.semana.com/noticias-especiales/100-empresas-grandes-colombia-900-siguientes/137958.aspx8 http://www.semana.com/noticias-opinion/donde-esta-bolita/134332.aspx


Al fin parece darse un golpe al despilfarro y al saqueo de los recursos de la Salud de loscolombianos, en los últimos días, se intervino Saludcoop, en un hecho que debe marcar uninicio positivo en el desmantelamiento de lo que consideramos injusto y perverso, situaciónvista como consecuencia de las medidas neoliberales en salud, que ha puesto en riesgo atodos los hospitales de la red pública, pero convirtiendo en un gran negocio elaseguramiento en salud.9

.La Academia ha insistido sobre la diferencia entre “cliente” y “paciente”. Cliente es lafuente de ingreso para el intermediario. El objetivo del intermediario es el lucro, y éste serámayor en la medida que no gaste en servicios. El lucro aumenta cuando no se presta elservicio que ya ha sido pagado, lo cual es frecuente en el régimen subsidiado, donde elcliente generalmente es una persona poco informada sobre sus derechos y, con frecuencia,geográfica o socialmente aislada. Tal persona no demanda servicios. También ocurre, porsupuesto, en el régimen contributivo, pero en menor escala.10

Los recursos destinados a salud, han quedado en manos de los intermediarios, (EPS) estos asu vez, prestan su servicio bajo la lógica de la rentabilidad y la sostenibilidad financiera,entregando el famoso POS, en muchos de los casos, es cobrado pero no entregado alCliente o paciente, cuando se trata de tratamientos o servicios ambulatorios, se contrata conIPS privadas, alejando del “mercado” a los hospitales públicos, abonando la destrucción deestos.

Reformas recientes

El pasado 19 de enero, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1438 “Por mediode la cual reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otrasdisposiciones”. En su artículo 2 dice que se orientará a preservar la sostenibilidad financieradel Sistema y en el 3 sobre los principios rectores, en el 3.13 establece que su sostenibilidadno podrá afectar el gasto fiscal. Es decir se ratifica que los recursos económicos están porencima del derecho fundamental de la salud, lo que deja a la población en manos delaseguramiento privado y les consolida a las EPS el negocio. Lo demás en la reforma sonregulaciones secundarias y procedimentales.Por lo anterior la Academia de Medicina, las Sociedades Científicas, Assosalud, laFederación Médica, el colegio Médico y Asmedas enviaron comunicación al presidenteSantos expresándole que no asistieron al acto de Sanción de la Ley por considerar que “norefleja las soluciones de fondo a los graves problemas que tiene el sector salud” y el doctorGustavo Malagón, presidente de la Academia dijo a los medios de comunicación que “laley privilegia la sostenibilidad financiera, fracciona el derecho a la salud y no mejora susindicadores”.

9 http://www.moir.org.co/Reforma-a-la-salud-consolida-el.html10 http://www.encolombia.com/medicina/academedicina/proacad.htm


HECHOS RECIENTES

Artículos De Prensa

EPS podrán seguir contratando con susclínicas y hospitales

El representante a la Cámara Simón Gaviria lamentó la anulación en la reforma a la saluddel artículo que eliminaba la integración vertical de las EPS, es decir, la facultad que éstastienen para contratar hasta un 30 por ciento con clínicas y hospitales de su propiedad.

El artículo, propuesto por Gaviria, fue polémico y pese a la clara oposición del Ministro dela Protección Social, se aprobó en la última plenaria de Senado y Cámara. Sin embargo, latarde de este viernes, en las comisiones de conciliación el artículo fue eliminado.

“Es una equivocación. Los defensores dicen que la integración vertical es útil en el sistemaporque ayuda a moderar el gasto y pueden imponer disciplina en el mercado. Pero elproblema es que esa moderación del gasto se hace a través de restringir el acceso al sistemade salud”, aseguró a Semana.com el representante Simón Gaviria.

En la práctica –agregó Gaviria– los pacientes lo padecen, por ejemplo, cuando hay demoraspara obtener una cita con un profesional. “El esquema de compensación de las EPS está ensus afiliados y sus gastos se definen si la persona se enferma. Como las EPS controlan susIPS (clínicas y hospitales), tienen el incentivo perverso de negar y racionar el servicio:entre más nieguen, más ganan”.

Otra de las teorías que tiene el congresista para defender su propuesta y lamentar sueliminación de la reforma a la salud es la desventaja que tienen los hospitales públicos yprivados frente a las EPS a través de la integración vertical.

“Compiten con desventaja. Las EPS construyen hospitales con la certeza de tener unademanda garantizada”, dijo Gaviria.

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicasprivadas (Achc), respalda la tesis del representante, aunque resalta que el haberse aprobadoen las plenarias es un avance. “Es un campanazo de alerta para las entidades aseguradoras”.

El ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, no estuvo de acuerdo con lapropuesta y durante el debate del artículo argumentó que de aprobarlo, 30 mil personasquedarían sin empleo y se afectaría la calidad.

Para el director de Achc, los argumentos no son de fondo. “¿Cuántos hospitales y clínicasde las EPS están acreditados? ¿Cuántos están en los ranking? ¿Cuántos han ganado premios


internacionales? Si cuenta uno entre 300 no cuenta más”, cuestionó Giraldo.

Juan Manuel Díaz-Granados, presidente de Acemi (Asociación Colombiana de Empresasde Medicina Integral), que representa a las EPS, manifestó en su momento que loimportante es que a la gente se les garanticen los servicios y el acceso con calidad.

“No hay un estudio serio que evidencia que los centros de atención que pertenecen a lasEPS no cumplan con estos principios”, dijo.

SUPERINTENDENCIA VS. EPSTras la investigación que la Superintendencia de Industria y Comercio abrió contra 15Empresas Promotoras de Salud Empresas (EPS) y la Asociación Colombiana de Empresasde Medicina Integral, Acemi, el Superintendente de este organismo del Estado, GustavoValbuena, habló al respecto en La W

Valbuena explicó que el motivo para realizar la investigación preliminar es que elsuperintendente delegado que lleva el caso, encontró que varias EPS estaban realizandoprácticas que restringen la libre competencia, las cuales están basadas en acuerdos entre lasEmpresas Promotoras de Salud para limitar la prestación de los servicios y manipular lainformación que deben compartir con el sistema de salud colombiano. Escuche por qué laSIC decidió abrir investigación preliminar a varias EPS.

El Superintendente precisó que la norma concreta que prevé cuáles son las prácticasrestrictivas de la competencia en el sector salud está consignada en el decreto1663 de 1994,en el que se establece que los actores del sistema de salud deben compartir la informaciónno reservada de servicios con los usuarios y administradores del sistema.

Agregó que el Superintendente delegado consideró a partir de pruebas que las EPS estaríanmodificando dicha información, y que por esta razón se incorpora este cargo en lainvestigación. Escuche qué sustenta la información que deben presentar las EPS.

Por último, Valbuena explicó que la concertación de las EPS con relación a la informaciónque deben transmitirle al sistema de salud sobre su número de usuarios, puede afectar lafijación del precio Unidad de Pago por Capitación. Escuche la explicación delSuperintendente.

En esta misma emisora, el director de Acemi, Juan Manuel Díaz Granados dijo que lasafirmaciones del Superintendente delegado carecen de sustento. Añadió que las EPS estánprestando los servicios previstos en el ordenamiento legal y que los precios de salud soncontrolados por el Estado, porque las cotizaciones están organizadas por la Ley. Escuche ladefensa del director de Acemi


Respecto al manejo de información de las EPS y Acemi, dijo que no han ocultado ningunainformación y que los acuerdos realizados entre empresas no están orientados a restringir elmercado. Enfatizó que presentarán todas sus pruebas y argumentos para aclarar la situación.Escuche al director de Acemi hablar sobre la información que deben enviar.

INVESTIGAN A 15 EPS POR RESTRINGIRLIBRE COMPETENCIALa Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les abrió investigación a 15 EmpresasPromotoras de Salud (EPS) y a la Asociación Colombiana de Empresas de MedicinaIntegral, Acemi, que las agremia. (Vea la lista completa de las EPS investigadas al final delartículo)

Las razones son básicamente tres: por posibles acuerdos que hicieron esas empresas y laAsociación para negar servicios de salud, limitar la información suministrada al gobierno yfijar los precios de sus servicios. Eso, para la Superintendencia, impide la librecompetencia.

Lo primero que hay que entender es cómo obtienen dinero las EPS. La primera fuente deingresos proviene de la afiliación de los usuarios. Las cuotas que pagan cada mes se van engran parte a la EPS respectiva. Además, por cada afiliado que tenga una EPS, el sistema desalud colombiano les reconoce una Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este es undinero adicional que el gobierno les gira, cuando el pago por la persona no cubre el costomínimo de cubrirle su Plan Obligatorio de Salud (POS).

La tercera fuente de ingreso son los giros que le hace el gobierno a la EPS cuando éstasasumen servicios que no están incluidos en el POS.

En el sistema de salud colombiano, los precios están regulados. Pero eso no quiere decirque no obedezcan a las reglas de oferta y demanda que rigen los precios normalmente en elmercado.

¿Por qué? Según explica la SIC en la resolución 10958, que ordenó la investigación, losentes reguladores, en este caso el gobierno, definen los precios con base en diferentesvariables del mercado suministrada por las EPS.

Cada una de estas empresas deben reportar información sobre la cantidad de usuarios quetiene, los servicios que les brinda y lo que le cuesta brindar esos servicios. No sobraexplicar que cada reporte debe ser diferente a los demás, único y secreto para suscompetidores.


Con base en esa información, el gobierno define la UPC y los conceptos por los cuales lasEPS pueden hacer cobros por servicios prestados que no se incluyen en el POS. “Bajo esteentendido, la competencia en el mercado de servicios de aseguramiento define, aun cuandosea de manera indirecta, el comportamiento de los precios del servicio”, explica laresolución.

Como esas decisiones se toman con base en la información que reportan las EPS, lasospecha es que estas hayan podido ponerse de acuerdo para presentar sus reportes coninformación unificada.

La manera como se recopila toda la información es por medio de Acemi. Pruebasencontradas por la SIC dan cuenta de que “Acemi solicita a las EPS que envíen el listado deprocedimientos, actividades, medicamentos o insumos no POS que por efecto de frecuenciade uso, costo e impacto en la UPC puedan ser susceptibles de ser incluidos en el POS”.

Hasta ahí no habría ningún problema. La interpretación que podría hacerse es que, comogremio, las EPS están detectando los tratamientos que con más frecuencia necesitan loscolombianos para incluirlos en el POS.

Pero lo que encontró irregular la SIC es que Acemi recopila la información y se ladistribuye a las EPS asociadas. En un correo electrónico enviado por la directora médica deAcemi a las empresas, dice: “Les estoy enviando en el archivo adjunto el costeo realizadocon los datos enviados por ustedes de cuánto puede costar la inclusión de los elementos dela referencia”. Y adjunta un cuadro con los costos de los tratamientos recopilados de lasEPS.

“Al observar el contenido de las comunicaciones cruzadas entre las EPS y Acemi, seencontró que corresponde a información privada, que en circunstancias normales demercado, no debería estar disponible para la consulta de los competidores”, comenta la SICen su documento.

Si la información de cada EPS debería ser privada, como dice la SIC, ¿para qué lacomparten?

Lo que la Superintentendencia va a investigar es si lo hicieron para llegar a consensos sobrela información que cada una reportará al gobierno para que autorice o niegue servicios desalud y para que defina precios de los tratamientos con base en datos presentados despuésde un consenso entre las EPS.

Así, por acuerdo, esta lista adjunta en la resolución de la SIC consta cómo las EPSposiblemente acordaron no cubrir ciertos servicios. En la última comuna de ese cuadro,titulada ‘Consenso’, aparecen las letras ‘N’, de no, y ‘S’, de sí, para definir si cubren o nolos procedimientos mencionados, según las deducciones de la Superintendencia. Para evitar


la inclusión de los procedimientos en el POS, deben acomodar la información que se lepresentam al gobierno.

A ese respecto, la Secretaria General Jurídica de Colmédica, Gloria Eugenia Toro, le dijo ala SIC que durante los Comités Jurídicos de Acemi “se comparten las visiones individualesde los responsables jurídicos de las diferentes EPS que asisten, llegándose en ocasiones aun consenso entre ellos”.

Según la resolución, esos consensos “respecto a la cobertura o contenidos del POS equivalea una restricción de las cantidades producidas y vendidas en un mercado de bienes”.

Como el mercado de servicios de salud es un mercado como cualquiera, eso generaría “unefecto equiparable a aquel que generaría un incremento concertado del precio de un bien” yrestringe la libre competencia, según el documento de la SIC.

La idea de compartir la información lleva, posiblemente, a presentar versiones unificadaspara evitar que ninguna EPS, por su cuenta propia, pida que un procedimiento cualquierasea cubierto por la UPC, pues si el gobierno la incluye allí, deja de pagarla como un gastoadicional, que representa más ingresos para las EPS. Con esto, posiblemente, están guiandola decisión del gobierno de cómo regular lo que debe cubrir la UPC.

Esta resolución es apenas una base para iniciar una investigación formal. Aún no hay unfallo y las EPS tienen la oportunidad de defenderse.

Al conocer esta decisión de la SIC, Acemi emitió un comunicado de tres puntos en el quedice que apenas están examinando la resolución y que todavía tienen plazo para responder ydar todas las explicaciones del caso. Aclaran, además, que su gestión es en beneficio de lapoblación colombiana y los intereses de las EPS, con el estricto cumplimiento de la ley.

Empresas investigadas:

1. Colmédica EPS

2. Coomeva, Entidad Promotora de Salud S.A.

3. Entidad Promotora de Salud, Famisanar Ltda Cafam – Colsubsidio

4. Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado S.ASalud Total S.A.

5. Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A EPS SOS S.A.

6. Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. Susalud Suramericana MedicinaPrepagada

7. Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo - Saludcoop


8. Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A.

9. Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A – Cafesalud EPS S.A.

10. Entidad Promotora de Salud Sánitas S.A EPS Sántias S.A.

11. Entidad Cooperativa Solidaria de Salud - Ecoopsos

12. Compensar EPS Entidad Promotora de Salud

13. Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia

14. Caja de Compensación Familiar Comfenalco Valle del Cauca

15. Humana Vivir S.A EPS. Entidad Promotora de Salud y Administradora del RégimenSubsidiado

ARS: LA CONEXIÓN PARALo único que faltaba: al tétrico panorama de corrupción que tiene en grave estado al sectorde la salud hay que sumarle ahora que los dineros destinados a proteger la de los 12millones de colombianos más pobres fueron a parar a las arcas de los violentos yterminaron siendo utilizados para comprar armas, alimentar el narcotráfico y encender aúnmás la guerra. Parece inverosímil, pero fue lo que descubrió la operación Dignidad X , unaacción conjunta de la Dijín y la Fiscalía que destapó, luego de una investigación de variosmeses, el saqueo de los recursos del régimen subsidiado de salud en La Guajira.

El escandaloso caso de Riohacha, por el que hoy están tras las rejas el alcalde WílderAntonio Ríos Rojas, varios funcionarios de su administración, dos asesores externos y dosrepresentantes de la Asociación de Indígenas del Cauca (AIC), puso al descubierto unasiniestra mafia de la que hacen parte políticos locales, funcionarios corruptos y gruposparamilitares. Su objetivo: robar parte de los recursos destinados a la salud de los máspobres. Con el insólito ingrediente, además, de que una entidad que debería estaratendiendo a los indígenas de un departamento termine operando fraudulentamente en elotro extremo del país.

Una repugnante realidad afecta desde su nacimiento, hace 10 años, a las Administradorasdel Régimen Subsidiado (ARS), encargadas de atender a la población más desprotegida.Muchas de estas entidades han sido presa de la corrupción y algunas ya habían sidosindicadas de actuar en complicidad con grupos al margen de la ley para desviar susrecursos hacia ellos y hacia los bolsillos de funcionarios y particulares. Pero el tamaño deesta olla podrida excede hasta los cálculos más pesimistas. El caso de La Guajira parece ser


apenas la punta del iceberg de un fenómeno que se extiende a varias regiones del país y queen algunas de ellas está alcanzando el carácter de un problema de seguridad nacional.

Según cálculos de la Superintendencia Nacional de Salud, en los dos últimos años unatrinca de funcionarios locales corruptos, grupos armados al margen de la ley ( paras yguerrilla) y particulares se ha robado cerca de un billón de pesos que debían ser destinadosa la salud de los más pobres. La mafia está tan organizada que incluso ha llegado a hacercumbres en lujosos hoteles de Barranquilla para acordar los montos que se les deben girar alos paramilitares y definir los nombres de las ARS autorizadas para trabajar en sus zonas deinfluencia. Una de estas reuniones, a la que asistieron funcionarios de tres departamentos,fue grabada por las autoridades. La misma trinca maneja una red de droguerías que nutre alas ARS y figura a nombre de un familiar del jefe para que lleva el alias 39 .

Según el Ministro de Protección Social, los dineros del régimen subsidiado también hansido utilizados para elegir alcaldes. Además, ya están identificados dos congresistas queposeen ARS a través de testaferros y que han logrado hacerse a jugosos contratos conmandatarios locales. A esto se agregan otras prácticas irregulares o delictivas para desviarlos dineros de aquellas entidades, como la duplicación de afiliaciones o el registro depersonas fallecidas, por las cuales la Contraloría General de la República estima que se hanperdido más de 325.000 millones de pesos.

La magnitud y gravedad de este fenómeno llevó al presidente Alvaro Uribe a convocar,hace dos meses, a los ministros de Defensa y Protección Social, Jorge Alberto Uribe yDiego Palacio; al entonces vicefiscal Andrés Ramírez; a la directora de la oficinaanticorrupción de la Presidencia, Margarita Zuleta, y a los altos mandos militares ypoliciales, para buscar la forma de enfrentarlo. Entonces se reveló que 24 de las 50 ARSexistentes estaban involucradas en el problema y que el hombre que orquestaba estenegocio ilegal era Rodrigo Tovar Pupo, Jorge Cuarenta , segundo al mando del bloqueNorte de las Auc, después de Salvatore Mancusso. Es el mismo que regresó a la mesa dediálogo en Santa Fe de Ralito tras ser expulsado de la misma por el secuestro del excongresista Jorge Gnecco.

Poco después de aquella reunión, el presidente Uribe anunció que las ARS seríanreemplazadas por las cajas de compensación familiar y Caprecom. Bien sea con estafórmula o con cualquiera otra, lo cierto es que se requiere una urgente y profunda reformadel sistema del régimen subsidiado para poner fin, de una vez por todas, a la criminalsangría de los recursos de la salud de los más desvalidos. El Congreso debe abordar conextrema urgencia el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que busca que todo eldinero de dicho régimen se maneje a través del Fondo Territorial Colombia para la Salud(Focos). La idea es que el Fondo contrate directamente a las ARS y les gire el dinero. Deeste modo, los alcaldes no volverían a tocar un solo peso de la salud y se limitarían asupervisar la correcta ejecución de los contratos.


Claro que estas medidas tendrán que estar acompañadas de una efectiva política deseguridad que ponga al sistema a salvo de las presiones de los grupos armados y lospolíticos corruptos. Y, al mismo tiempo, de una constante e implacable acción judicial, nosólo para castigar a los culpables sino para buscar la recuperación de los dineros robados.

No menos imperioso, finalmente, es que el Gobierno nacional plantee este tema en la mesade negociación con los paras , si no lo ha hecho ya. De lo contrario, en qué estamos? Quéfuturo pueden tener las conversaciones con unas agrupaciones armadas ilegales que siguendelinquiendo de esta manera? Cómo dialogar con las Auc cuando el jefe del Bloque Norteestá involucrado hasta los tuétanos en esta inaudita expoliación de los dineros de la salud?Preguntas, hasta ahora, sin respuesta.

REFORMA A LA SALUD: CONSOLIDA ELNEGOCIO DE LAS ASEGURADORASJosé Arlex Arias Arias, La Verdad, Cartagena, enero 24 de 2011

El 11 de febrero de 2008 escribí para este diario una columna que denominé “La Salud unsistema de negociados” en la cual hice un análisis de los principios rectores de la Ley100/93, basados en la intermediación financiera, privatización y obtención de la máximaganancia, sobre los cuales se estableció el marco jurídico para la constitución del SistemaGeneral de Salud y Seguridad Social.

Entonces comenté “con la nueva regulación crean las Empresas Promotoras de Salud –EPS-convertidas en intermediarias financieras para el manejo de los recursos, sobre la premisade la máxima ganancia. Utilidad que obtienen mediante: una mano de obra barata,despidiendo trabajadores para luego subcontratar con cooperativas y bolsas de empleo;eliminando competencia de hospitales públicos…”

El Grupo de Salud del Centro de Estudio del Trabajo, Cedetrabajo, en su revista DeslindeNo.47 de diciembre de 2010 publica datos que debían causar por lo menos asombro: elgasto total en salud pasó de $3.26 billones, de ellos 15% eran recursos públicos en 1993, a$39 billones en 2009 con una reducción al 10% de los públicos. Esto indica que pese alcrecimiento hay un descenso real del 33% de la inversión pública, es decir, cada día estámás consolidado el negocio privado o como llaman el aseguramiento.

Los datos de Cedetrabajo muestran que el régimen Contributivo mantiene un cubrimientodel 40%, mientras el Subsidiado se aproxima al 30% dejando un 30% sin protección, que esla franja para la cual faltan recursos, lo que pretendió solucionar la nueva reforma a la


salud; agregamos que entre 1999 y 2008 cerca de un millón de tutelas han obligado alreconocimiento de tratamientos, procedimientos y medicinas no contemplados en el POS.Durante la vigencia de la Ley 100, las EPS han crecido 176 veces en su patrimonioestimado en 2009 en $767 billones con una utilidad neta de $495 billones. Sólo en 2009“vendieron servicios” por $44 billones con ganancias de medio billón de pesos. Después dela banca comercial, el de la salud es el segundo negocio más lucrativo que se desarrolla enColombia.

Para el 2008 la Supersalud tenía reportados 987 hospitales públicos, de los cuales 85%,unos 841, reportaron déficit que sumaban más de un billón de pesos, producto de que lasEPS no les cancelaban a tiempo y hacían preferentemente la contratación con las IPSprivadas, sólo un 58% recaudan esos hospitales públicos. La solución fue impulsar lasreestructuraciones que implicaron entregar hospitales en concesión y liquidar a lostrabajadores, algunos de los cuales fueron contratados con intermediarios laborales.

Esta orgía contra la salud deja consecuencias: millares de víctimas inocentes del “paseo dela muerte”, asesinadas por este sistema debido a su carencia de recursos económicos; se hanagudizado y reaparecido enfermedades crónicas, muertes maternas, dengue hemorrágico yclásico, tuberculosis, lepra, malaria, además de la diabetes, hipertensión y la obesidad queaumentan los factores de riesgo.

El pasado 19 de enero, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1438 “Por mediode la cual reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otrasdisposiciones”. En su artículo 2 dice que se orientará a preservar la sostenibilidad financieradel Sistema y en el 3 sobre los principios rectores, en el 3.13 establece que su sostenibilidadno podrá afectar el gasto fiscal. Es decir se ratifica que los recursos económicos están porencima del derecho fundamental de la salud, lo que deja a la población en manos delaseguramiento privado y les consolida a las EPS el negocio. Lo demás en la reforma sonregulaciones secundarias y procedimentales.

Por lo anterior la Academia de Medicina, las Sociedades Científicas, Assosalud, laFederación Médica, el colegio Médico y Asmedas enviaron comunicación al presidenteSantos expresándole que no asistieron al acto de Sanción de la Ley por considerar que “norefleja las soluciones de fondo a los graves problemas que tiene el sector salud” y el doctorGustavo Malagón, presidente de la Academia dijo a los medios de comunicación que “laley privilegia la sostenibilidad financiera, fracciona el derecho a la salud y no mejora susindicadores”.


CURARSE EN SALUDLa seguridad social se convertirá en uno de los grandes negocios de las aseguradoras enColombia.

Lunes 12 marzo 2001

Durante los últimos cuatro años la industria aseguradora colombiana ha vivido momentoscríticos. Y no solamente porque la economía nacional, el aumento del número de siniestroso la guerra de precios entre las compañías del sector así lo propiciaran. También a nivelmundial se sintió un duro remezón, especialmente en los mercados europeos ynorteamericano. ¿Las causas? Según los expertos, hay dos grandes factores que ayudan aexplicar este fenómeno: uno, el hecho de que se produjera una sobrecapacidad en elmercado de las reaseguradoras (es decir, aquellas firmas que respaldan a las compañíasaseguradoras) que llevó a una caída en los precios de las primas y dejó grandes ventajaspara los clientes pero grandes pérdidas para las compañías; y dos, el incremento de lasiniestralidad a nivel mundial, reflejada en grandes desastres naturales como los terremotosen Asia, las tormentas tropicales en el Caribe, accidentes aéreos, etc., cuyo cubrimientodejó en saldo rojo las finanzas de las reaseguradoras.

Este descalabro también produjo un impacto negativo en los mercados de Asia y AméricaLatina, donde los efectos de la crisis también se sintieron. Del caso colombiano vale decirque en el último año las pérdidas de la industria aseguradora llegaron a 120.000 millones depesos y que varias compañías tuvieron que ser vendidas o fusionarse con tal de nodesaparecer. Sus esfuerzos por mantenerse en el mercado coincidieron con la liberalizacióndel sector y con la globalización de la industria aseguradora a nivel mundial. Fue así comose produjo la compra de Colseguros por parte de Allianz-AGF, la adquisición de una partede Colmena y Latinoamericana por parte de Liberty y la alianza de compañías comoMapfre y Suramericana, entre otros negocios importantes.

Gracias a la expedición de nuevos marcos regulatorios, como la Ley 45 de 1990, la Ley 35de 1993, (más conocida como la Ley marco del sector asegurador) y la reforma a laseguridad social que trajo la Ley 100 de 1993 las compañías aseguradoras colombianascomenzaron a buscar nuevos negocios aparte de los tradicionales, que venían enfocados enlos seguros de daños y personas. Es el caso de la seguridad social, que ha permitido laproyección de nuevos negocios en frentes como las rentas vitalicias, los riesgosprofesionales y los planes alternativos de salud. Paralelamente, el estancamiento de losgrandes mercados internacionales les ha abierto las puertas del mercado nacional deseguros a nuevos jugadores. La inversión extranjera comenzó a verse con la entrada al paísde firmas como Liberty, Mapfre y Chubb, que oficializaron su permanencia en Colombia.


“La apertura de los mercados es una tendencia que se ha venido dando en toda Suramérica.Esto propició un mercado más competitivo que trajo amplios beneficios a los clientes, perotambién hay que decir que la competencia no se centró solamente en la mejor calidad delservicio o en la solidez de los reaseguros sino también en una guerra de precios. Loimportante era mantener un alto volumen de negocios sin más argumento que los preciosbajos, pero llegó el momento en que las primas fueron insuficientes para cubrir las pérdidasy responder eficazmente frente a los siniestros”, afirma Max Thiermann, presidente deColseguros. Fue en medio de ese escenario de competencia agresiva entre las compañíasque el Estado colombiano fijó los índices de solvencia para las aseguradoras y comenzó aregular, vigilar y controlar más decididamente el comportamiento de las mismas con elánimo de darle solidez y transparencia al negocio.

En cuanto a la llegada de las grandes firmas del sector asegurador mundial vale decir quedesde comienzos de los 90 le apostaron en serio al potencial de negocios que se abría enColombia. “Nosotros tenemos una tradición de más de 117 años a nivel mundial y llegamosa comienzos de la década pasada, en plena época del narcoterrorismo. Aún así, creemos queaquí hay un gran mercado y tenemos una gran confianza en el país”, sostiene ManuelFrancisco Obregón, vicepresidente de suscripción de Chubb de Colombia, considerada unade las 15 aseguradoras más importantes del mundo.

Otra de las grandes compañías que sigue ganando terreno en el mercado aseguradorcolombiano es Liberty, que también ha realizado inversiones cuantiosas. “En 1997compramos una parte de Seguros Skandia y luego decidimos adquirir portafolios de otrascompañías. En diciembre de 1999 compramos una parte de Latinoamericana y en enero deeste año hicimos lo propio con Seguros Generales de Colmena. Para el año pasado Libertytenía ya una participación del 6 por ciento en el mercado y a diciembre de 2000 nuestrasventas llegaron a los 174.000 millones de pesos”, dijo a SEMANA Mauricio García,presidente de Liberty en Colombia.

La llegada de estos grandes capitales ha tenido tres consecuencias importantes: en primerlugar, exige a todas las compañías mejorar sus productos y alcanzar estándaresinternacionales en términos de cobertura y atención de siniestros, lo que a la postre se veráreflejado en la calidad de servicio que recibe el cliente. La segunda es que estas mismascompañías deben hacer grandes inversiones en tecnología, capacitación de recurso humanoy estrategias de mercadeo para mantenerse con vida en un mercado cada vez máscompetido. Y la tercera es que, gracias a esta dinámica del mercado asegurador, loscolombianos empezarán a ganar confianza en sus compañías e invertirán más en diferentestipos de seguros.

Teniendo en cuenta las características de este nuevo escenario en la industria aseguradoracabe preguntarse, ¿qué va a pasar con las compañías del Estado que tuvieron el monopolio


de los seguros hasta finales de los 80? Para Alvaro Escallón, presidente de La Previsora,empresa aseguradora del Estado, “además de tener que competir frente al sector privadotenemos que seguir cumpliendo una labor social como entidad del sector público yherramienta del Estado para cubrir riesgos que otras compañías no cumplen, como es elcaso del terrorismo y la póliza de grupo vida del Ejército y la Policía. Si bien el 70 porciento de nuestros clientes siguen siendo estatales y es en ese sector donde está nuestrafortaleza porque conocemos todos sus riesgos, queremos incrementar nuestra participaciónen el portafolio de nuestros clientes privados”. A pesar de arrojar pérdidas comoconsecuencia de los actos de terrorismo, piratería y otros siniestros derivados del conflictoarmado que azota al país, esta compañía obtuvo ingresos entre 240.000 y 245.000 millonesde pesos en 2000, un 13 ó 14 por ciento más que en 1999.

Las PerspectivasSegún William Fadul, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos(Fasecolda), el mayor interés de la industria aseguradora se concentrará en la seguridadsocial. “Las reformas introducidas en 1993 generaron grandes oportunidades en negocioscomo rentas vitalicias, seguros tradicionales para los fondos de pensiones, riesgosprofesionales, salud y otros productos que se van a derivar de allí en un futuro, como losplanes alternativos. Es en estos campos donde esperamos un incremento importante”. Unestudio realizado por Fasecolda muestra que mientras en 1995 el sector de la seguridadsocial ocupaba un 2,5 por ciento del total de la industria aseguradora, ese porcentaje puedellegar al 24 por ciento en 2005 y al 38 por ciento en el año 2010 (ver gráfica). Esto quieredecir que será el sector de mayor crecimiento pues los seguros en daños, como los deautomóviles o los de personas, en los que se incluyen los seguros de vida, tienden adecrecer al cabo de los próximos 10 años.

Finalmente vale decir que gracias a la proyección del sector de la seguridad social lasprimas emitidas en precios constantes del año 2000 crecerán —según Fasecolda— casi tresveces entre los años 2000 a 2010, al pasar de 3,9 billones a 11,1 billones de pesosrespectivamente. “Según estas estimaciones, habrá una entrada importante de inversionistasextranjeros y el sector comenzará a generar las reservas técnicas suficientes para fomentarel ahorro, un aspecto fundamental para la economía colombiana”, concluye Fadul.

El reto para la industria aseguradora es enorme, pues entrará a competir de lleno por elmercado de usuarios de las EPS tradicionales y las entidades públicas como el ISS, que noatraviesan su mejor momento. Habrá que ver en qué condiciones se lanzan a la conquista denuevos clientes, pues además de realizar grandes inversiones en tecnología, capacitación derecurso humano y mercadeo de nuevos productos tendrán que mostrar altos niveles deeficiencia en un terreno abonado por la inconformidad de miles de colombianos de todas lascondiciones.

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