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FALTA CONTRA LA LEALTAD Y HONRADEZ DE LOS COLEGAS / Absuelve Dentro del plenario no hay prueba que conduzca a certeza sobre el retrazo o el interés
de eludir honoraros de la investigada hacia su colega, existiendo dicho manto de
duda, este debe recaer a favor de la disciplinada, siendo absuelta del cargo endilgado.
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013) Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 170011102000201000074 01 (8005-15) Aprobado Según Acta de Sala No. 62
ASUNTO
Procede la Sala a resolver el recurso de Apelación interpuesto por el
apoderado de la abogada disciplinada, doctor MARIO LOZANO YUSTI, contra
la sentencia del 14 de diciembre de 2012, proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, con ponencia
del Magistrado JOSÉ RICARDO ROMERO PALACIO1, mediante la cual
sancionó con SUSPENSIÓN DE DOS MESES EN EL EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN a la abogada MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ, tras hallarla
responsable de la falta estipulada en el artículo 36 numeral 4 de la Ley 1123
de 2007.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL
1.- Mediante escrito presentado el 17 de febrero de 2010, la doctora DINA ROSA
LÓPEZ SÁNCHEZ, formuló queja disciplinaria contra la abogada MARTHA INÉS
DÍAZ DÍAZ, fundamentada en los siguientes hechos:
- El 24 de agosto de 2007, el señor RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ, le
otorgó poder a la denunciante para realizar el trámite de sustitución pensional
con ocasión del fallecimiento de su compañera permanente, señora MARÍA
RUBIELA VÁSQUEZ AGUDELO, por lo cual suscribieron un contrato de
prestación de servicios profesionales, donde se fijó como honorarios un
porcentaje del 10% del capital liquidado en la citada prestación.
- El señor ROMERO HERNÁNDEZ había interpuesto en nombre propio una
acción de tutela a través de la cual se le amparó el derecho fundamental de
petición, la Entidad no dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo, por tanto la
denunciante interpuso incidente de desacato para que CAJANAL realizara un
pronunciamiento de fondo acerca del reconocimiento y pago de la prestación
pensional de sobrevivencia, trámite incidental que por razones ajenas a su
voluntad no se realizó de forma ágil.
1 En Sala dual con el Magistrado FABIO HOLGUÍN ZULUAGA.
- El trámite ingresó a la oficina Jurídica de Cajanal para revisión el 28 de octubre
de 2008 y a principios del mes de noviembre del mismo año el señor ROMERO
HERNÁNDEZ se presentó a su oficina junto con la abogada MARTHA INÉS
DÍAZ DÍAZ, averiguando sobre el caso y el cual rindió la doctora LÓPEZ
SANCHEZ de forma verbal, informándoles sobre la situación de CAJANAL,
concluyendo que el único mecanismo legal con el cual se contaba era esperar a
que el JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES desatara
el incidente de desacato presentado.
- Manifestó la quejosa que mediante escrito enviado por correo certificado el 10
de noviembre de 2008 su prohijado le informó que le revocaba el poder conferido
y en ese mismo documento dejó consignado: “Así mismo, informo a usted que
en el momento en que la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL,
reconozca el retroactivo de la pensión de sobrevivientes el suscrito reconocerá
y cancelará los honorarios profesionales hasta la fecha generados por la
prestación del servicio”.
La doctora MARTHA INÉS DIÁZ DIÁZ asumió el poder sin contar con el PAZ Y
SALVO y promoviendo una nueva acción de tutela sobre el mismo asunto.
En noviembre de 2009, según información del FOPEP, incluyeron en nómina el
retroactivo de la prestación a favor del señor ROMERO HERNÁNDEZ, por lo
cual la denunciante lo buscó con el fin de obtener la cancelación de sus
honorarios, al no lograr comunicación con él, acudió a la doctora MARTHA INÉS
DÍAZ DÍAZ quien le manifestó que no conocía el paradero del señor, pues no lo
había vuelto a ver.
Al tener comunicación con el señor ROMERO HERNÁNDEZ, este le manifestó
que ya le había salido el retroactivo, por lo que le había cancelado a la abogada
MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ la suma de $14.000.000 y la había facultado para
pagarle a la denunciante los honorarios, por lo cual acudió a la oficina de la
abogada disciplinada, siendo ésta grosera, cuestionándole su labor y afirmando
que ella había sido quién había gestionado el trámite del señor RUBÉN DARÍO
ROMERO HERNÁNDEZ y no le entregó ningún dinero. (fl. 1 al 9 y anexos del
10 al 74 c. 1ª instancia).
La denunciante allegó como prueba documental las siguientes:
- Contrato de honorarios profesionales
- Fallo de Tutela del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales
- Incidente de desacato
- Revocatoria del poder
- Oficio con copia de revocación del poder a CAJANAL
- Fallo de tutela del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales
- Memorial de adición queja disciplinaria
- Oficios del Juzgado Quinto Penal del Circuito a CAJANAL sobre el incidente
de desacato
- Resolución 02617 de 27 de enero de 2009 de CAJANAL por la cual se resuelve
el recurso de Reposición.
2.- A folio 76 obra certificado 0595-2010 de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados, donde se señaló que la doctora MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ se
identifica con la cédula de ciudadanía número 30.311.889 y se encuentra
inscrita como abogada, titular de la tarjeta profesional No. 94460 la cual se
encuentra vigente.
3.- Con fecha 25 de febrero de 2010, se profirió auto en el cual se ordenó la
apertura de proceso disciplinario contra la abogada MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ
y se señaló fecha para la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional (fls.
77 y 78 c. 1ª instancia).
4.- El 21 de abril de 2010 se llevó a cabo la Audiencia de Pruebas y Calificación
Provisional, con asistencia de la abogada disciplinada y la denunciante, se hizo
lectura de la queja disciplinaria y se analizaron los anexos.
- Acto seguido el Magistrado Instructor decretó la declaración del señor
RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ, el cual se encontraba en el recinto,
evacuándose seguidamente, quien señaló conocer a la doctora DINA ROSA
LÓPEZ SÁNCHEZ por intermedio de la señora MARGARITA MARÍA ORTÍZ,
a quién conoció en un Banco, pues ella repartía publicidad ofreciendo servicios
para realizar trámites de pensión, él había entendido que la señora
MARGARITA era quien le estaba llevando su proceso para el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, y todos los documentos se los firmaba a ella
y era su contacto, afirmó haberle solicitado el PAZ Y SALVO a MARGARITA
pero esta se rehusó a entregárselo, también informó no haberle cancelado el
10% de honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios, ni
cancelado los $14.000.000 a la abogada MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ, sino
aproximadamente $2.000.000, a pesar del documento suscrito por él donde le
revoca poder y le reconoce honorarios hasta el tiempo donde fue su
representada, pues considera no merecerlos. Se suspendió la diligencia.
- Acto seguido la abogada disciplinada puso de presente la existencia de
irregularidades en el contrato de prestación de servicios allegado por la
quejosa en el presente disciplinario, pues es diferente a la copia entregada al
señor RUBÉN DARÍO, ya que al documento le habían diligenciado espacios
en blanco, como la fecha de elaboración y la firma de la doctora DINA ROSA
LÓPEZ SANCHEZ, igualmente expresó que la quejosa no había sido diligente
en su actuación profesional, debido a que duró varios meses esperando que
CAJANAL diera cumplimiento al desacato, no realizando gestión alguna para
agilizar el trámite.
5.- El 28 de abril de 2010, la denunciante allegó memorial donde manifestó,
que dentro de la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional llevada a
cabo el 21 de abril de 2010, la abogada disciplinada adujo una supuesta
falsedad en documento privado refiriéndose al contrato de prestación de
servicios suscrito con el señor RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ, lo
cual es ajeno al presente proceso disciplinario.
Sobre la señora MARGARITA MARÍA ORTÍZ ÁRIAS, declaró ser una
trabajadora suya para la época de los hechos quién en su oficina
desempeñaba varias funciones como distribuir publicidad acerca de la labor
profesional en el asesoramiento de gestiones ante diferentes fondos de
pensiones e igualmente allegó declaración extrajuicio de la señora
MARGARITA MARÍA ORTÍZ ÁRIAS quien afirmaba lo ya mencionado.
6.- El 11 de septiembre de 2010, se dio continuación a la Audiencia de Pruebas
y Calificación Provisional con asistencia de la imputada, su defensor de
confianza doctor MARIO LOZANO YUSTI, la quejosa y su apoderada LINA
CONSTANZA CARDONA MEJÍA, el Ministerio Público no asistió.
- El Magistrado corrió traslado a la abogada disciplinada para que rindiera
versión libre, realizando un recuento de los hechos y afirmando que el señor
RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ, la buscó, pues llevaba cerca de dos
años solicitando la pensión de sobrevivientes y estaba en una situación
apremiante económicamente, por lo cual ella procedió a realizar las gestiones
necesarias de insistencia hacia CAJANAL y a los dos meses le reconocieron
el retroactivo de la pensión, siendo incluido en nómina 7 meses después. Al
ser interrogada sobre quien le ayudó al señor RUBÉN DARÍO a elaborar el
documento donde revocaba el poder y reconocía honorarios, contestó que ese
documento se había realizado en su oficina y su secretaria lo había redactado.
Por otra parte, expresó que la denunciante se presentó a su oficina con su
esposo LUIS CARLOS PÉREZ quien también es abogado, la insultó y empezó
a gritar, por lo cual ella los dejó encerrados y fue a la Defensoría del Pueblo,
posteriormente con ayuda de los celadores salieron de la oficina; solicitó como
pruebas unos testimonios. Aseguró haber recibido por su gestión profesional
la suma de $2’000.000.
Se decretaron pruebas y se ordenó por la Sala compulsar copias de lo actuado
al Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas para que se investigara a los
doctores DINA ROSA LÓPEZ SÁNCHEZ y LUIS CARLOS PÉREZ, por una
presunta falta contra la dignidad profesional, contenida en el artículo 30
numeral 5 de la Ley 1123 de 2007.
7.- El 20 de octubre de 2010 se dio continuación a la Audiencia de Pruebas y
Calificación Provisional con asistencia de la abogada denunciada, su
apoderado y la quejosa con su defensora de confianza.
La doctora DINA ROSA LÓPEZ SÁNCHEZ, procedió a la ampliación de la
queja y aportó unos documentos a los cuales se les dio lectura; posteriormente
se le corrió traslado al abogado defensor, quién solicitó la suspensión de la
Audiencia con el fin estudiar los mismos, petición a la cual accedió el
Despacho.
Por otra parte el Magistrado de Instancia ordenó insistir a CAJANAL con el fin
de que informara el monto del retroactivo de la pensión del señor RUBÉN
DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ y copias del proceso administrativo
adelantado para la sustitución pensional del mismo.
8. El 12 de diciembre de 2011 el Magistrado instructor dio continuación a la
Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional con asistencia de la abogada
denunciada, su apoderado y la quejosa con su defensora de confianza.
- El Juez disciplinario recibió el testimonio del señor CARLOS ALBERTO
JARAMILLO ARANGO, quien se desempeña como oficial mayor en el Juzgado
Quinto de Manizales, el cual declaró conocer al señor RUBÉN DARÍO por ser
accionante en un proceso de sustitución de tutela contra CAJANAL, no tenía
conocimiento que la doctora DINA ROSA LÓPEZ SÁNCHEZ hubiera sido
apoderada del señor RUBÉN DARÍO, la doctora MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ
era quién vigilaba el proceso estando muy pendiente del mismo.
- El funcionario recibió el testimonio del señor LUIS CARLOS PÉREZ
POSADA, quien afirmó no conocer al señor RUBÉN DARÍO ROMERO
HERNÁNDEZ, pero sabía que era cliente de su esposa y que posteriormente
le revocó el poder; sobre los honorarios fijados estos eran del 10% los cuales
no fueron cancelados, pues la investigada asumió el poder en la etapa final del
procedimiento, afirmó haber acompañado a su esposa a la oficina de la
abogada disciplinada y al solicitarle el pago de los honorarios, ésta fue muy
grosera y los dejó encerrados en la oficina, además no le exigió un paz y salvo
al cliente estando los trámites tendientes a lograr la sustitución de pensión en
su etapa final.
- El Magistrado recepcionó el testimonio del señor WILLIAM JIMÉNEZ
BAUTISTA, quien dijo conocer a la señora DINA ROSA LÓPEZ SÁNCHEZ,
pues trabajó un tiempo con ella, conoce a la disciplinada pues esta llegó a la
oficina de la denunciante junto con el señor RUBÉN DARÍO y la doctora DINA
les hizo un reporte sobre el caso, el estaba presente trabajando dentro del
recinto por eso se enteró, posteriormente por medio escrito enviado a la oficina
de la denunciante le revocaron el poder, lo cual consideró una situación
incómoda, sabe que después le fue reconocido el derecho a la sustitución de
pensión.
- Se evacuó el testimonio del señor JULÍAN ANDRÉS CASTAÑO DUQUE,
quien manifestó ser vecino de la oficina de la señora MARTHA INÉS DÍAZ
DÍAZ, no conoce a la denunciante, ni a su esposo, ni al señor RUBÉN DARÍO,
sabe de una discusión que hubo en el piso en la oficina de la doctora DÍAZ, al
pasar por el sitio se dio cuenta de unos gritos donde se hablaba de un robo de
unos honorarios no sabe nada más del tema.
- Se recibió el testimonio de MARGARITA MARÍA ORTÍZ ÁRIAS, quien afirmó
conocer al señor RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ, pues luego de
entregarle un folleto, éste la llamó requiriendo información, por tanto
concretaron una cita en la oficina del papá de la testigo, donde el señor firmó
el respectivo poder y el contrato de prestación de servicios; aclaró que lo
atendió en dicho sitio porque quedaba más cerca del banco donde se
conocieron; la doctora DINA ROSA LÓPEZ SÁNCHEZ, realizó todos los
trámites jurídicos en virtud de la gestión encomendada la cual era obtener la
sustitución de pensión de sobreviviente.
- El Magistrado instructor procedió a valorar las pruebas allegadas y determinó
proferir pliego de cargos contra la abogada MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ, por la
presunta comisión de la falta disciplinaria descrita en el artículo 33 numeral 3
al supuestamente haber incurrido en falta contra la recta y leal realización de
la justicia y los fines del Estado, asesorando en la presentación de otra acción
de tutela respecto de los mismos hechos y derechos y por la falta descrita en
el artículo 36 numeral 4 al eludir o retardar el pago de los honorarios gastos o
expensas debidos a un colega o propiciar dichas conductas, al haber recibido
$14.000.000 y no haberle entregado a su colega la parte que le correspondía,
además por haber menospreciado su trabajo; las anteriores faltas fueron
imputadas a título de dolo.
9.- El 25 de marzo de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de Juzgamiento con
asistencia de la abogada disciplinada y su apoderado.
- La abogada disciplinada presentó sus alegatos, refiriendo que la valoración
de las pruebas se aparta de los cánones de la Ley Disciplinaria, pues la acción
de tutela presentada por el señor RUBÉN DARÍO HERNÁNDEZ, fue incoada
por éste y no por ella y el Despacho se basa en conjeturas para endilgarle tal
ilícito disciplinario, pues no obra prueba donde se demuestre que ella hubiese
elaborado dicho documento, pero además dicha acción de tutela no es por los
mismos hechos, pues los derechos reclamados son diferentes y los
fundamentos legales son distintos, luego no se configura causa disciplinaria
por este actuar.
- Sobre el cargo de eludir honorarios, censura la actuación de la abogada
LÓPEZ SÁNCHEZ manifestando que quién aparece en el contrato de
prestación de servicios es la señora MARGARITA RIVERA ORTÍZ, quien era
la persona encargada de conseguir los clientes y fue precisamente esta señora
quién participó en la elaboración del contrato de prestación de servicios y el
poder presentado por parte de la señora DINA ROSA LÓPEZ era para la
obtención de una pensión de gracia, diferente a una pensión de sustitución
pensional, además en CAJANAL no obran documentos de la labor de la
abogada.
- Por su parte el abogado defensor presentó sus alegaciones centrándose en
censurar la actuación de la quejosa demeritando su labor y asegurando que
su actuación en CAJANAL no tiene ningún valor porque no obra la aceptación
del poder concedido por el señor RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ;
además la obtención de poderes en la fila de los bancos no es una buena
práctica y la denunciante es quién está faltando a la ética profesional, pues lo
único realizado por su prohijada fue ayudarle a un hombre desesperado
porque lo estaban engañando los otros abogados y los testimonios rendidos
en el presente investigativo muestran que la abogada disciplinada trabaja con
honestidad y no ha incurrido en falta disciplinaria alguna.
DE LA SENTENCIA APELADA
Mediante fallo de 14 de diciembre de 2012, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, impuso sanción de
SUSPENSIÓN DE DOS MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN a la
abogada MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ, al haber incurrido en la falta disciplinaria
contemplada en el numeral 4 del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007, y la
absolvió disciplinariamente de la falta contra la recta y leal realización de la
justicia y los fines del Estado contemplada en el artículo 33 numeral 3 de la
Ley 1123 de 2007.
Consideró la Colegiatura de instancia respecto al cargo por el cual absolvió a
la abogada disciplinada, que analizando la prueba técnicamente la acción de
tutela no se invocó por los mismos hechos, como lo determina claramente el
legislador colombiano, pues la investigada acudió a un derecho de petición
para el cumplimiento de una acción de tutela y su cliente la presentó porque
no se le dio respuesta a dicha petición, es decir no se reúne la descripción
fáctica exigida por la ley, por tanto decidió absolverla por dicho cargo.
Respecto al segundo cargo por el cual la consideró responsable, manifestó
que está demostrado con el poder y el contrato de prestación de servicios que
la doctora DINA ROSA LÓPEZ SÁNCHEZ, fue quién asumió en principio la
representación del señor RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ, y éste al
revocarle el poder le envió una comunicación donde prometió pagarle los
honorarios causados hasta el momento.
La prueba para afirmar que la abogada disciplinada eludió el pago de los
honorarios de la doctora LÓPEZ se encuentra en la queja presentada por la
abogada y el testimonio rendido por el señor LUIS ALBERTO POSADA (su
esposo) y el propio RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ, quién admitió
que su nueva apoderada le ayudó a redactar el documento donde se
liquidarían los honorarios cuando recibiera la sustitución pensional, además
durante toda esta acción la disciplinada critica la actuación profesional de la
quejosa, para de esta manera negarle el pago de su actuación.
Por otra parte el a quo le dio valor probatorio a lo señalado por la quejosa
cuando afirmó que había hablado telefónicamente con el señor RUBÉN
DARÍO y éste le había informado sobre la cancelación de honorarios por la
suma de $14.000.000 a la investigada, correspondiendo este al 30% del valor
recibido por concepto del retroactivo de la pensión de sustitución, por tanto la
abogada disciplinada dolosamente y de forma intencional y voluntaria no quiso
entregar los honorarios a su colega.
DE LA APELACIÓN
El doctor MARIO LOZANO YUSTI, en calidad de apoderado de la abogada
investigada, mediante memorial del 7 de febrero de 2013 presentó recurso de
apelación contra la Sentencia del 14 de diciembre de 2012 de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas
donde impuso sanción de SUSPENSIÓN DE DOS MESES EN EL EJERCICIO
DE LA PROFESIÓN a la abogada MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ, al haber
incurrido en la falta disciplinaria contemplada en el numeral 4 del artículo 36
de la Ley 1123 de 2007, recurso el cual fundamentó en los siguientes términos:
- Primero llama la atención sobre el contrato de prestación de servicios obrante
en el plenario, el cual tiene varias inconsistencias como lo es el segundo
apellido del señor RUBÉN DARÍO, los distintos nombres que aparecen como
contratante, pues es un formato estándar donde en el encabezado se
encuentra el nombre del doctor LUIS CARLOS PÉREZ POSADA, el señor
RUBÉN DARÍO entiende haberlo suscrito con la señora MARGARITA MARÍA
ORTÍZ ÁRIAS y el poder fue otorgado a la abogada disciplinada y se encuentra
elaborado para el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación y
no para la “sustitución de pensión de gracia” lo cual es completamente
diferente.
- Además manifestó que el a quo no tuvo en cuenta la declaración del señor
CARLOS ALBERTO JARAMILLO ARANGO, funcionario del Juzgado Quinto
Penal del Circuito de Manizales, Despacho en el cual se tramitó la acción de
Tutela y el incidente de desacato promovido por el señor RUBÉN DARÍO
ROMERO HERNÁNDEZ, siendo la doctora MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ la única
abogada que actuó en dicho trámite.
- Sobre el tema de los honorarios no entiende cómo el Juzgador de primera
instancia dio credibilidad a lo manifestado por la quejosa donde afirmó que el
señor RUBÉN DARÍO le informó telefónicamente que le había cancelado a la
abogada disciplinada por sus servicios la suma de $14.000.000, afirmación
que fue desmentida por el propio señor RUBÉN DARÍO y además la
disciplinada afirmó haberle cobrado al señor $2.000.000 por sus servicios,
debido a que el trámite ya estaba adelantado.
ACTUACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 22 de abril de 2013 esta Superioridad avocó el conocimiento
de la presente actuación, ordenó correr traslado al Ministerio Público por el
término de 5 días para rendir el concepto correspondiente, igualmente se instó
a la Secretaria Judicial de esta Corporación, para que allegara los
antecedentes disciplinarios del abogado e informara si contra el inculpado
cursaban otras investigaciones (fl. 4 c.o).
La Secretaría Judicial de esta Superioridad, efectivamente allegó el certificado
de antecedentes disciplinados donde consta que la doctora MARTHA INÉS
DÍAZ DÍAZ no registra antecedentes disciplinarios, de igual forma allegó
certificado donde expresa que no cursan otras investigaciones por este mismo
caso en esta Superioridad (fls. 12 y 13 c.o.).
- El Ministerio Público se notificó y no emitió concepto.
CONSIDERACIONES
1.- De la competencia
De conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral
3° de la Constitución Política y artículo 112 numeral 4° de la Ley 270 de 1996,
esta Superioridad es competente para conocer en segunda instancia de las
sentencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los
Consejos Seccionales de la Judicatura.
2.- De la Inculpada
La Unidad de Registro Nacional de Abogados, indicó que la abogada MARTHA
INÉS DÍAZ DÍAZ se identifica con la cédula de ciudadanía No. 30.311.889 y
es portadora de la Tarjeta Profesional No. 94460 expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura.
3.- De la apelación
Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir
fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la
existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.
Procede la Sala a pronunciarse únicamente sobre los motivos de discrepancia
planteados en la impugnación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en
atención a lo dispuesto en el artículo 179 del C. de P. P. (Ley 906 de 2004),
aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión
expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se
circunscribirá a lo que es materia del recurso.
4.- Del caso en concreto:
La conducta, por la cual fue sancionada en primera instancia la abogada
MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ , como responsable de falta contra la lealtad con
los colegas contenida en el numeral 4º del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007,
su tenor literal es el siguiente:
ARTÍCULO 36. Constituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas: 4. Eludir o retardar el pago de los honorarios, gastos o expensas debidos a un colega o propiciar estas conductas.
Llegan las presentes diligencias a esta Corporación a fin de que se estudie el
recurso de apelación incoado por el apoderado de la disciplinada, como quiera
que fuera sancionada en primera instancia por incurrir en la conducta a la
lealtad y honradez con los colegas antes descrita, como consecuencia de la
investigación que fue iniciada por la queja interpuesta por la abogada DINA
ROSA LÓPEZ SÁNCHEZ .
Frente a esta falta cabe anotar que es parte integrante de los deberes de
lealtad y honradez adelantar el ejercicio de la profesión de forma honesta y
respetuosa para con los otros colegas, pues la vida del abogado litigante se
construye sobre la base de los honorarios recibidos como contraprestación.
Para el presente caso se tiene que la doctora DINA ROSA LÓPEZ SÁNCHEZ
presentó denuncia disciplinaria contra la abogada MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ,
manifestando que ella tenía un contrato de prestación de servicios
profesionales con el señor RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ, para
adelantarle la sustitución pensional de su fallecida esposa, pactándose como
honorarios un 10% sobre el valor que le fuere reconocido.
Como ya se le había tutelado el derecho al señor RUBÉN DARÍO, la gestión
realizada por la abogada investigada consistió en interponer a nombre de su
cliente un trámite incidental de desacato para que la entidad se pronunciara
sobre los hechos; trámite que no se absolvió rápidamente, por la crisis
estructural que afrontaba CAJANAL hoy en liquidación.
Estando el trámite en la Oficina Jurídica de CAJANAL, el señor ROMERO
HERNÁNDEZ se presentó en la oficina de la doctora DINA ROSA LÓPEZ
SÁNCHEZ, con la abogada MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ, solicitándole
información acerca de su caso, la cual fue suministrada verbalmente;
posteriormente mediante escrito de 10 de noviembre de 2008 el señor RUBÉN
DARÍO HERNÁNDEZ le revocó el poder conferido y de manera textual expresó
“Así mismo, informo a usted que en el momento en que la Caja Nacional de
Previsión Social CAJANAL, reconozca el retroactivo de la pensión de
sobrevivientes el suscrito reconocerá y cancelará los honorarios profesionales
hasta la fecha generados por la prestación del servicio”, compromiso que
entiende esta Superioridad y quedó probado en el proceso fue elaborado por
sugerencia de la abogada disciplinada.
La togada investigada asumió el poder, insistió ante CAJANAL, impulsó el
incidente de desacato con memoriales y asistió diariamente al Juzgado de
conocimiento, quedando también demostrado que asesoró al señor RUBÉN
DARÍO en la elaboración de una acción de tutela con base en los derechos de
petición que ella había presentado ante CAJANAL y de los cuales no le habían
dado respuesta.
Para el mes de noviembre de 2009, según certificación del FOPEP (fl 315 Y 316
c.o. 1ra instancia), se incluyó en nómina el retroactivo de dicha prestación a favor
del señor RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ.
La quejosa al ir en busca de sus honorarios manifestó que la investigada se
había expresado muy mal de su gestión, descalificándola y expresándole que
no le asistía derecho a reclamar honorarios, por otra parte se comunicó con el
señor RUBÉN DARÍO y este le informó que le había cancelado a la doctora
DÍAZ DÍAZ, la suma de $14.000.000 facultándola para conciliar los honorarios
con la denunciante. Por esta razón el a quo declaró responsable a la
disciplinada por haber eludido el pago de los honorarios de la doctora LÓPEZ
SÁNCHEZ.
Con base en el material probatorio recaudado y las exculpaciones presentadas
por el apoderado de la investigada en su recurso de apelación, esta Sala
entrará a decidir si existe responsabilidad disciplinaria en la actuación de la
doctora DÍAZ DÍAZ, veamos,
Quedó demostrado que existió una relación profesional entre la doctora DINA
ROSA LÓPEZ SANCHEZ y el señor RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ,
el cual posteriormente le revocó el poder y se lo otorgó a la doctora MARTHA
INÉS DÍAZ DÍAZ, así como también obra en el expediente documento suscrito
por el señor RUBÉN DARÍO donde se comprometió a cancelarle a la aquí
denunciante los honorarios profesionales hasta el 10 de noviembre de 2008
una vez le fuera reconocido el retroactivo de la pensión (fl. 19 c. o 1ra instancia)
Para esta Superioridad, resulta claro que para la elaboración del documento
en el cual revocaba poder a la quejosa y le reconocía honorarios, el señor
RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ recibió asesoría de la investigada,
es más en la versión libre rendida por la doctora MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ
manifestó que su secretaria lo había ayudado a elaborar, y por otra parte el
señor RUBÉN DARÍO, afirmó tener como grado de escolaridad primero de
bachillerato y no conocer de leyes; actuar no considerado reprochable, pues
como quedó demostrado en el testimonio rendido por el señor ROMERO
HERNÁNDEZ, éste no se sentía a gusto con el servicio profesional que le
estaba prestando la abogada DINA ROSA LÓPEZ SANCHEZ y decidió
cambiar de profesional del derecho contratando a la doctora MARTHA INÉS
DÍAZ DÍAZ, es más se considera diligente al comprometer a su nuevo cliente
en tener que cancelarle a su colega los honorarios, la cual si los quiere hacer
efectivos deberá realizar las acciones necesarias contra su prohijado.
Por otra parte y contrario a lo expresado por la Colegiatura de instancia, no
obra prueba dentro del presente investigativo donde se demuestre que la
disciplinada hubiese recibido $14.000.000 por concepto de honorarios, pues si
bien fue manifestado por la doctora DINA ROSA LÓPEZ SANCHEZ en su
escrito de queja, esta afirmación fue negada por el señor ROMERO
HERNÁNDEZ en el testimonio rendido, además el mismo consideró que la
quejosa no había realizado gestión alguna y por tanto “no tenía por que cobrar
honorarios” , por tanto no había facultado a la doctora MARTHA INÉS DÍAZ a
cancelarle honorarios y también el valor cancelado a la investigada
correspondió a $2.000.000 los cuales se los entregó en el banco el momento
de recibir el retroactivo de la pensión.
Es decir, no se estableció concretamente la existencia de falta disciplinaria,
pues en materia disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva, y al no
demostrarse que la abogada disciplinada hubiera interferido en el pago de
honorarios de su colega, no puede predicarse una falta a la lealtad o a la
honradez para con la quejosa, tornándose el dicho de la denunciante en una
simple afirmación, a la que el a quo otorgó total credibilidad, sin haberse
establecido plena prueba dentro del proceso, sobre la ocurrencia del hecho,
siendo imposible atribuirle responsabilidad a la togada frente a tal cargo, pues
como se indicó no hay certeza que la investigada haya retardado o eludido el
pago de honorarios de su antecesora en el proceso de solicitud de sustitución
de pensión de sobreviviente.
Para esta Sala, del acervo probatorio allegado a la investigación se desprende
que el comportamiento atribuido a la disciplinada no se encuentra soportado
en pruebas demostrativas en grado de certeza su responsabilidad como
requisito necesario para confirmar la sentencia sancionatoria.
A propósito de esta figura, la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-
244 del 30 de mayo de 1996, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz,
precisó:
“El ‘In dubio pro disciplinado’, al igual que el ‘in dubio pro reo’, emana de la presunción de inocencia, pues esta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y a la obligación de dar un tratamiento especial al procesado. Como es del todo sabido el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana critica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso, dependiendo de quien adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado”.
Así las cosas, estima la Sala que como quiera que el material probatorio
allegado a la actuación (el contrato de honorarios profesionales suscrito entre
la quejosa y el señor RUBÉN DARÍO ROMERO HERNÁNDEZ, el fallo de
Tutela del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales, el incidente de
desacato presentado al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales, el
documento de revocatoria del poder donde acepta el señor ROMERO
HERNÁNDEZ la cancelación de honorarios profesionales a la denunciante, el
oficio con copia de revocación del poder a CAJANAL, el fallo de tutela del
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales y la Resolución 02617 de
27 de enero de 2009 de CAJANAL por la cual se resuelve el recurso de
Reposición), no es suficiente para concretar el juicio de reproche disciplinario
a la abogada acusada, en tanto como se dijo no se llegó al grado de certeza
para proferir fallo sancionatorio, se procede a revocar la sentencia apelada,
para en su lugar absolver a la investigada del cargo endilgado, en aplicación
del principio de ‘In dubio pro disciplinado’, atendiendo el pedimento que hiciera
el censor en tal sentido en su libelo de apelación, resolviendo la duda
presentada a favor de la disciplinable.
Basten las anteriores consideraciones para proceder a revocar integralmente
el fallo consultado, en tanto este no reflejó con acierto la realidad probatoria y
la consecuente responsabilidad de la investigada frente al cargo endilgado,
para en su lugar absolver a la inculpada en aplicación del principio de la duda
o in dubio pro disciplinado a su favor.
En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR integralmente la sentencia apelada, para en su lugar
ABSOLVER a la doctora MARTHA INÉS DÍAZ DÍAZ, en relación con la falta
estipulada en el artículo 36 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad
con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Comisiónase al Magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, para que en el
término de 10 días hábiles, notifique a las partes de la presente providencia.
Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta Corporación.
Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de
origen, para los fines pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILSON RUÍZ OREJUELA JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Presidente Vicepresidente
JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ ANGELINO LIZCANO RIVERA
Magistrada Magistrado
MARIA MERCEDES LÓPEZ MORA PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO
Magistrada Magistrado
HENRY VILLARRAGA OLIVEROS
Magistrado
LEONIDAS BELLO AREVALO
Secretario Judicial Ad - Hoc
