Revista Peruana de Pensiones

1 — Julio 2021

Lima, julio 2021Número 1

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Revista Peruana de Pensiones

Una nueva miradaa las pensiones

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El mundo vive circunstancias difíciles. La pandemia nos ha afectado a todos. Las personas tienen necesidades actuales, si han perdido empleo y ahora no lo consiguen, no tienen cabeza para pensar en el mañana. Pueden tener o haber tenido COVID-19, o tal vez un amigo, o un compañero de trabajo o, peor aún, un amigo puede estar sufriendo o haber sufrido con la enfermedad, e incluso ha podido fallecer. En este contexto, los sistemas previsionales no han estado exentos de las dificultades suscitadas. En países de la región, se han permitido retiros desde las cuentas individuales de capitalización en los sistemas privados. Aquí, en el Perú, el Congreso de la República, desconociendo la naturaleza de un sistema de reparto, como es el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), buscó la devolución de aportes previsionales, lo que generó expectativa en la población. Luego, la norma no prosperó porque el Tribunal Constitucional consideró que esta propuesta iba en contra de los principios constitucionales que dirigen la intervención pública previsional.De todo lo ocurrido, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) arribó a importantes conclusiones, con una mirada positiva. Nos dimos cuenta que los afiliados a los regímenes y seguros que administramos

no conocían qué implicaba estar en ellos; no entendían el carácter de un sistema contributivo, y menos qué es uno de reparto. Frente a ello, era importante crear confianza en los asegurados, generar esa empatía tan necesaria en épocas tan complejas como las que hoy vivimos.La ONP no es una entidad cualquiera. Administra completamente dos regímenes previsionales, tales como el Sistema Nacional de Pensiones (Ley N° 19990) y el nuevo Régimen Especial Pesquero (Ley N° 30003), y participa en el mercado de seguros como una aseguradora más con su Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) que otorga prestaciones de pensión y salud. Además, la ONP participa de alguna de las fases de la administración de otros regímenes previsionales, como es el de régimen cerrado, el Decreto Ley N° 20530 o los otros regímenes cerrados trasladados, además de haber asumido la cartera del anterior seguro del Decreto Ley N° 18846. A su vez, es la Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR); es por ello que de su labor dependen 5,75 millones de peruanos y peruanas. A este régimen, se encuentran afiliados o asegurados 5,1 millones, de los cuales 629 mil perciben prestaciones previsionales. Administra un flujo anual de 3,8 mil

Presentación

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millones de soles recaudados (aproximadamente, mil millones de dólares) y 6,1 mil millones de soles pagados en prestaciones (aproximadamente 1,6 mil millones de dólares), a la vez, administra inversiones por alrededor de 24 000 millones de soles en valor comercial (aproximadamente 6,3 mil millones de dólares).

Conociendo a la ONP y las necesidades coyunturales y reales de los asegurados, se hicieron algunos ajustes a su funcionamiento, como por ejemplo, al trámite digital de las pensiones, al pago a domicilio de las prestaciones previsionales, al testeo de las nuevas iniciativas a través de nuestro laboratorio de innovación, y al servicio de la casa presencial y virtual para pensionistas. Recientemente, estos ajustes merecieron el reconocimiento con el premio de buenas prácticas en el sector público. Actualmente, pensando en el asegurado, se ha revisado todas las comunicaciones que realiza la ONP, con la finalidad de volverlas amigables, y para ello se ha creado un ecosistema digital para llegar mejor a nuestro público objetivo.

En la landing page onpvirtual.pe, las personas pueden hacer sus trámites previsionales, mientras que en onpcultura.pe, se fomenta la cultura previsional en niñas, niños, adolescentes y adultos. Recientemente, se realizó el concurso Yo Tengo un Futuro, cuyo propósito fue crear conciencia del ahorro en la sociedad; participaron alrededor de 500 niñas, niños,

jóvenes, adultos y personas adultas mayores, que presentaron relatos, vídeos y pódcast en español, quechua, asháninka y aimara.

Otra landing page es onpdatos.pe. Detengámonos un momento para conocerla. Esta busca explicar de manera sencilla cada uno de los regímenes y seguros previsionales que ofrece la ONP, así como los datos estadísticos y cifras; también presenta una sistematización amigable de las normas jurídicas, que tienen que ver con las pensiones. Por otro lado, presenta publicaciones de la ONP, que incluye un boletín dirigido a los asegurados, y una revista especializada que busca generar conocimiento previsional.

Runamanta, un término quechua que significa “lo que viene del pueblo”, es la apuesta de todos los que formamos parte de ONP así como de investigadores peruanos y extranjeros dedicados a temas de seguridad social, para fomentar el conocimiento académico del mismo. De esta manera, la ONP se posiciona como la principal entidad pública especializada en materia previsional, y nos permitirá reflexionar sobre los servicios previsionales que brindamos a nuestras/os aseguradas/os.

El tema de las pensiones no puede ser entendida desde una sola perspectiva, pues no es solo un tema de los economistas sociales o de los abogados. Requiere de una visión multidisciplinaria. Distintos enfoques tienen que complementarse para así entender la

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complejidad de la materia previsional: desde una mirada profesional, hasta la mirada del conjunto de las personas interesadas. Es así que en Runamanta, haremos un acercamiento a artículos de gran nivel, con ayuda de expertos nacionales e internacionales, con investigaciones de los propios integrantes de la ONP, quienes con su experiencia y vocación de servicio enriquecerán el debate público.

Para empezar, todas las publicaciones contarán con el Especial del Número, donde una temática específica guiará cada edición. En esta oportunidad, la sección tratará sobre una nueva mirada al tema de las pensiones.

Al respecto, muchos países en estas dos últimas décadas han mostrado una preocupación creciente por ofrecer cada vez mejores servicios para cada uno de sus asegurados y por la salud financiera de sus sistemas públicos de pensiones. Esto se ha traducido en una serie de reformas que van desde simples modificaciones paramétricas hasta reformas profundas de los modelos. En la ONP se tiene la tarea de analizar los nuevos desafíos a los que se enfrenta el Estado en la intervención que realiza en materia previsional, al ser este uno de los mayores retos de la sociedad del siglo XXI.

En esta ocasión, en el Especial del Número, contamos con un artículo del profesor español Diego Valero,

quien nos acerca al conocimiento de la economía conductual y su aplicación al ámbito previsional; asimismo, contamos con el aporte del maestro nacional César Abanto, quien relaciona convenientemente al mercado laboral y a las pensiones, y establece el problema de la deslaboralización del mundo actual; y, finalmente, un artículo de mi autoría, donde presento un esbozo sobre lo que significa la intervención pública en materia previsional.

Runamanta, revista semestral, contará con un grupo de secciones fijas, tales como Regímenes y Seguros Previsionales, donde se explicará algún tema relativo a las formas en que la ONP realiza su intervención pública previsional; Inversiones, donde los temas centrales serán relativos a la estrategia de las inversiones de los fondos de pensiones; Actuarial, donde el tema actuarial en materia previsional tendrá un tratamiento especial; Misceláneo, en cuya sección se tratarán temas que tienen impacto en los asegurados, tales como servicios, comunicación, tecnología, o cualquier otro con relevancia previsional; y, por último, el ABC Previsional, donde se explicará de manera sencilla, algún tema complejo previsional.

En este número, en la sección “Regímenes y seguros previsionales”, Ihand Durand y Rolando Carrillo nos explican un tema poco explorado en doctrina como es el SCTR pensión y el impacto de la cobertura supletoria a cargo del Estado a través de la ONP. En

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la sección “Inversiones”, Carlos Garay nos presenta cómo las inversiones que realiza el FCR se enmarcan en lo que hoy se llaman megatendencias. “Actuarial” es la sección donde Javier Vásquez analiza la problemática de cuánto aportan los afiliados (densidad de contribuciones) como parte del Sistema Nacional de Pensiones. Karina Mendoza y Annel Rojas en “Misceláneo” nos presentan un estudio sobre cómo desde la ONP damos más que pensiones, por lo que nos cuentan cómo funciona la estrategia Yuyaq, para acompañar a las personas adultas mayores, a través de un programa de envejecimiento saludable y activo. Por último, en “El ABC de las pensiones”, Javier Vásquez explica, de una manera didáctica, los conceptos de tablas de mortalidad y pensiones.

Finalmente, consideramos necesario poner en conocimiento al público especializado las principales resoluciones del Tribunal Administrativo Previsional (TAP) de la ONP en los últimos meses, así como presentar las principales estadísticas referidas a los regímenes y seguros previsionales administrados por la ONP.

Runamanta, en conclusión, busca aportar su granito de arena en el debate público sobre la intervención pública en materia previsional. Hoy, más que nunca, con la pandemia aún entre nosotros, los retos actuales nos ofrecen la oportunidad de unirnos como una comunidad global, para aprender unos de otros, con el fin de otorgar confianza a todos los asegurados, especialmente a los que gozan de una pensión de jubilación. La ONP publica esta revista multidisciplinaria con el convencimiento de que nuestros valores y vocación de servicio son fundamentales.

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Índice

1. Especial: Una nueva mirada a las pensiones

• Pensiones conductuales y sostenibilidad: Una nueva forma de abordar al futuro — Diego Valero Carreras

• Jubilación y Deslaboralización: En Busca de un Sistema de Pensiones Sostenible e Inclusivo en el Perú — César Abanto Revilla

• Definición de una Intervención Pública Previsional — Victorhugo Montoya Chávez

2. Regímenes y seguros previsionales• Brechas en el Modelo del Seguro

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y su Efecto en la Activación de la Cobertura Supletoria — Rolando Enrique Carrillo Quintanilla — Ihand Diether Durand Loaiza

3. Inversiones• Inversiones Previsionales en Megatendencias

— Carlos Garay Sánchez — Jonathan Gutiérrez Escudero

4. Actuarial• Apuntes de Densidad de Contribución en el

Sistema Nacional de Pensiones — Javier Vásquez Ponce

5. Misceláneo• Yuyaq: Acompañando y Fomentando el

Envejecimiento Saludable y Activo de las Personas Adultas — Karina Liliana Mendoza Arias — Annel Rojas Marimon

8. El ABC de las pensiones• Tablas de Mortalidad y Pensiones

— Javier Vásquez Ponce— David Cóndor Ricaldi

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Especial: Una nueva mirada a las

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— Diego ValeroDoctor en Economía y Actuario. Profesor de la Universidad de Barcelona. Director Académico del Global Pensions Programme y Presidente de Novaster. Consultor e investigador en pensiones, economía del comportamiento e inversiones socialmente responsables.

— Palabras claveEconomía conductual, behavioral pensions, pensions, nudges

Pensiones conductuales y sostenibilidad: Una nueva forma de abordar el futuro

— Resumen

Este artículo trata de la concepción conductual de las pensiones, es decir, cómo es el comportamiento de las personas ante las cuestiones económicas vinculadas a la jubilación, y cómo se puede cambiar el comportamiento para que las decisiones sean mejores para cada persona. Adicionalmente, las pensiones, y sobre todo, los flujos económicos que las sustentan, pueden y deben ser utilizados en pos de la sostenibilidad. El artículo hace una mención especial al rol del ahorro pensional como mecanismo de equilibrio en la post-pandemia.

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Vamos a tratar cuestiones vinculadas a la economía conductual o economía del comportamiento aplicada a las pensiones, inversiones y ahorro de largo plazo. Conviene por tanto conocer que la economía conductual integra fundamentos de la economía convencional junto a preceptos extraídos de la sociología y especialmente la psicología, y que trata de entender los mecanismos que se activan en la toma de decisiones, poniendo de manifiesto que los seres humanos tenemos limitaciones cognitivas que nos impiden tomar decisiones plenamente racionales. Se cuestionan supuestos básicos en el paradigma clásico, como que el agente tiene toda la información, es capaz de clasificar las alternativas en base a su relevancia, sus preferencias son constantes, no existe posibilidad de arbitraje y se elije siempre la opción con mayor valor.

Como nuestro cerebro no puede abarcar toda la información disponible, utiliza heurísticas, que son atajos mentales, útiles porque nos conducen a estimaciones subjetivas de la probabilidad de ocurrencia de un evento, pero también imprecisos, pues pueden generar errores sistemáticos, llamados sesgos (Valero, 2015). El paradigma clásico considera a las personas como “homo economicus “(Becker 1976), ente que piensa y escoge siempre de forma racional utilizando toda la información; el nuevo paradigma conductual parte de la consideración de las personas como “homo sapiens”, sujeto que toma las decisiones

I. — ¿Qué es la economía conductual?

1 Para una revisión de los sesgos conductuales ver Valero (2015)2 Para una revisión de la evolución histórica puede visualizarse https://www.youtube.com/watch?v=Nu_ojg9p9pA

de forma emocional o intuitiva, errando y realizando previsiones sesgadas de la realidad1.

El análisis de la toma de decisiones tiene sus antecedentes históricos en la maximización del valor esperado de Fermat y de la utilidad de Bernoulli (1738), hace más de tres siglos, y pasa por la teoría de la decisión del siglo pasado de Von Neumann y Morgensten (1949), o las aportaciones a las teorías de juegos de Nash (1949). Todos ellos han seguido, de una forma u otra, el paradigma de la racionalidad, que implica la maximización de la utilidad.

Los primeros en apartarse más o menos tímidamente de este paradigma, Savage (1954), Allais (1952) o Simon (1957), abren la puerta a la quiebra de ese paradigma que se alcanza con dos psicólogos, Kahneman y Tversky a finales del pasado siglo, verdaderos artífices de la economía conductual, que ha dado varios Premios Nobel, como el propio Kahneman, Shiller, Akerloff, y últimamente, Thaler, entre otros que también abrazan esta visión, y que se ha convertido en un marco de referencia ineludible cuando analizamos los mecanismos que nos llevan a tomar decisiones2.

La Teoría de la Perspectiva (Kahneman y Tversky, 1979), que es la base analítica de la economía conductual, nos modeliza una función de valor percibido, que es la que nos ayuda en el proceso de toma de decisiones, cuyos principales hallazgos son:

• Las ganancias y las pérdidas son percibidas no en

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valor absoluto, sino sobre un nivel de referencia.• Las personas son conservadoras en el terreno de

las ganancias, y arriesgadas en el de las pérdidas • Las personas se ven más afectadas por las pérdidas

que por las ganancias.

La economía conductual sugiere entonces que hay que comprender los mecanismos para la toma de decisiones y que la arquitectura de decisiones influye en el resultado.

El uso de estímulos conductuales (nudges) (Thaler y Sunstein, 2009) se ha convertido en una de las más potentes herramientas de la economía conductual, pues actúa directamente sobre el sistema de pensamiento 1 (Kahneman, 2011), que es rápido, instintivo y emocional3, que es por el que pasan más del 95 % de nuestras decisiones. Un nudge es una actuación o presentación del problema de elección que contribuye a una toma de decisión conveniente para el decisor. Ante las distintas fricciones (llamadas también pain points) que dificultan nuestro entendimiento del problema y alcanzar una decisión óptima, los nudges se convierten en palancas que facilitan la decisión. Sunstein (2016) distingue entre nudges del sistema 1, enfocados a procesos automáticos, como el uso de opciones por defecto y nudges del sistema 2, que actúan sobre los procesos deliberativos, como formación e información.

3 Frente al sistema 2, que es lento, deliberativo y lógico.

Un nudge es una actuación o presentación del problema de elección que contribuye a una toma de decisión conveniente para el decisor."

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El ahorro a largo plazo ha sido uno de los ámbitos en los que más se han trabajado los enfoques conductuales. Las primeras experiencias exitosas son de finales del pasado siglo, con los trabajos de Thaler y Benartzi y la creación de Save more tomorrow™ para los planes 401(k) estadounidenses4 . Estos esquemas favorecen procesos suaves de ahorro, que ayudan a tomar la decisión y a una ejecución paulatina y programada. Ahorrar para el futuro no es fácil. Detraer recursos que puedan modificar el statu quo de una persona puede ser una experiencia dolorosa, y la decisión no tiene efectos inmediatos, pero neurológicamente se procesa como una pérdida. En el ahorro de largo plazo hay tres brechas (gaps) emocionales que son frenos a la acción:

• Gap de Identidad: No nos vemos de mayores y no nos identificamos nosotros mismos de mayor con “esa” persona que seremos en el futuro.

• Gap de Empatía: Nos pesan más las emociones presentes que las que nuestro yo futuro experimentará.

• Gap de Tangibilidad: No alcanzamos a comparar nuestro estilo de vida presente con el que podemos tener en el futuro.

Hay que intentar transportar a la persona emocionalmente al futuro y a que se visualice en su dimensión de retirada, lo que supone trabajar sobre su sistema 2 de pensamiento, activar sus emociones futuras, empatizar con ellas, hacer un ejercicio de visualización del “yo futuro” y tratar de superar o minimizar las tres brechas emocionales que describíamos.

La experiencia nos muestra que hay tres sesgos que nos dificultan los procesos de ahorro:

• El autocontrol (“hoy no, mañana”), las decisiones sobre cuestiones que sabemos que son importantes para nosotros tendemos a posponerlas si son difíciles, es lo que se llama procrastinación. Inicio de dietas, de práctica deportiva, de dejar de fumar, de aprender idiomas, de ahorrar para la jubilación, todo eso se suele quedar en buenos deseos o en tentativas fallidas (y desalentadoras) porque, aunque tratemos de sobreponernos, cambia sustancialmente nuestra situación actual generando un pain point que más pronto que tarde acabará por frustrar nuestros buenos deseos. Hay que trabajar en minimizar esos puntos de dolor, a través de nudges que se conviertan en palancas para actuar.

II. — Behavioral Pensions

4 Ver Thaler y Benartzi (2004)

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La behavioral pensions tiene ya un cierto desarrollo en varios países del mundo, y hay evidencia empírica de la potencia de nudges. El paradigma clásico propone que los sistemas de pensiones se desarrollen con estímulos de índole financiero y fiscal. La economía conductual nos dice que hay que focalizar en el descubrimiento objetivo de la necesidad, el awareness, y que el uso de nudges es la herramienta más potente. Benartzi et al. (2017) muestran cómo el nudging es mucho más “coste-efectivo” que cualquier otro tipo de incentivo (financiero, educacional), en un análisis de lo acontecido en los últimos diez años. Pero Carrol et al. (2009) van más allá y valoran la efectividad relativa de los nudges, y cuantifican en 100 dólares de incremento de aportación por cada dólar invertido en el nudge. Chetty et al. (2013) estiman que, por el contrario, cada dólar subsidiado (financiera o fiscalmente) solo produce un aumento de un céntimo en la aportación. Lo que hacen los incentivos económicos, en opinión de estos autores, no es crear nuevo ahorro, sino reconducir a los ahorradores más avezados hacia sistemas más eficientes. Valero (2018) revisa estas claves en la aplicación de la economía conductual para el desarrollo de sistemas complementarios en el ámbito de las empresas.

En suma, no son pocas las enseñanzas de la behavioral pensions (Ayuso et al. 2017b) que nos guían hacia un enfoque muy diferente al tradicional, desarrollado a

• La inercia (“actuar vs. no actuar”). Es difícil cambiar hábitos, hay que buscar los momentos en los que la persona puede estar más receptiva, por una parte, y facilitar su integración en sus hábitos. Una de las opciones más potentes, que utiliza frecuentemente la economía conductual, es el uso de defaults, opciones por defecto. Se trata de no tener que hacer nada para que cambie nuestro estado (ahorrar vs. no ahorrar, tener los ahorros en un ciclo de vida en lugar de elección de perfil de riesgo, renta vitalicia en lugar de capital) hacia una situación objetivamente más favorable para nosotros.

• La aversión a la pérdida (“antes tenía más”). Nuestro cerebro procesa el ahorro en el área en la que procesa una pérdida. Es necesario lograr que el ahorro no duela, que neurológicamente no lo ubiquemos donde las pérdidas. Estrategias que vinculan el ahorro a incrementos de renta disponible son nudges potentes para no sentir que nos desprendemos, para siempre, de ese dinero. Y debemos trabajar en mensajes continuos una vez iniciado el proceso de ahorro para mantener el sentimiento de propiedad sobre él. No olvidemos, como dice la Teoría de la Perspectiva, que todo cambio, de ganancia o pérdida, lo vivimos sobre una situación de referencia, que es el estado inmediatamente anterior, no el estado original.

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5 Iniciativa Spend more today

nivel de políticas públicas con instituciones como el White House Social and Behavioral Sciences Team en Estados Unidos o el Behavioral Insight Team en Reino Unido, entre otros.

Pero el gran objetivo del ahorro para pensiones no es el ahorro en sí mismo, sino que lo ahorrado se convierta en un flujo suficiente de ingresos para las personas en su retiro: la desacumulación, que ha sido objeto de mucha menos atención, investigación y propuestas que la parte de la acumulación o ahorro hasta el momento. La economía conductual también tiene propuestas para esta fase.

Las formas de prestación son diversas, pero hay algunas que se adaptan más a los objetivos que debe tener un sistema de pensiones; no hay un único instrumento válido, sino una adecuada combinación de instrumentos para que la pensión se adecue a las necesidades de la persona jubilada (Ayuso et al. 2017a).

Resulta muy interesante la aproximación holística al fenómeno de la desacumulación (Blake y Boardman, 20105), a través de un programa conductual similar al de Thaler y Benartzi, pero aplicado en la fase de cobro, al que llaman Spend more today. Esta visión implica la elaboración de un plan de disposición de los recursos acumulados, con asesoramiento, que garantice un mínimo “esencial” para vivir, que se puedan

asegurar las contingencias de riesgo (fallecimiento fundamentalmente), que mantenga un stock suficiente para abordar contingencias no previstas, que a través del uso de herramientas financieras se consiga planificar y garantizar el nivel de vida “adecuado”, y que el remanente de riqueza acumulada pueda ser usado para alcanzar el nivel de vida “deseado”, o si es preferido, que se deje como legado.

Para la toma de decisiones, los elementos básicos con los que cuenta una persona tienen que ver, en primer lugar, con su situación financiera global, que determinará el nivel de riqueza “a pensionar”. Adicionalmente, se tienen que estimar las necesidades financieras previstas para el futuro, lo que resulta fundamental para definir el nivel inicial y el grado de crecimiento de la pensión. También, por supuesto, conocer cuáles son las necesidades inmediatas de capital y el deseo de legado.

Todo eso supone que las personas tendrán que tomar decisiones sobre aspectos que le son difíciles de comprender, en sí mismos, y ser conscientes de sus consecuencias como, por ejemplo, la elección del nivel de renta garantizado, y su crecimiento con algún índice, que normalmente suele ser la inflación. También deben valorar si hay deseo de legado, que condiciona las cantidades de las que podrán disponer, o si pueden tener necesidad de retiros concretos de

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las rentas vitalicias; iii) no hay buena ni suficiente información y asesoramiento sobre los riesgos a considerar en la desacumulación; y iv) se consideran productos para situaciones extremas o especiales. Junto a ello, establecía lo que debían ser objetivos o best practices para aplicar en la desacumulación: i) proponer soluciones diferentes para necesidades diferentes; ii) tener una buena regulación, que sea robusta y estable; iii) poder acceder a asesoramiento especializado; y iv) la existencia de incentivos fiscales.

El framing o modo de presentación de los productos de rentas es crucial: hay que hacerlo remarcando que constituyen una opción de consumo que garantiza de por vida la cobertura de las necesidades vitales y no como una opción de inversión en la que claramente parte en desventaja respecto de otras opciones. También es necesario proporcionar alivio a uno de los principales sesgos conductuales, la aversión a la pérdida, facilitando soluciones económicas a fallecimientos prematuros. Y es que el incremento de la longevidad supone un riesgo en la fase de desacumulación, riesgo que añadir a los financieros, y con un impacto potencialmente mayor. Un aumento no esperado de la supervivencia es un riesgo sensible, y que no siempre es conocido o controlado. O’Brien et

6 En Valero et al. (2018) se puede encontrar una extensa reflexión sobre la gestión del ahorro tras la jubilación.

parte de lo acumulado, que llevará a percepciones en forma de capital, aunque vengan combinadas con algún tipo de renta o retiro programado. Y sobre las rentas a percibir, tendrán que valorar si son individuales o conjuntas, y en este caso, determinar el porcentaje de reversión, y también valorar si la renta es inmediata o diferida.

Una desacumulación adecuada debe hacer frente también a las trampas conductuales: instintivamente acudimos a la contabilidad mental, y valoramos más un “cheque” grande que varios “cheques” pequeños, que es lo que nos ofrece una renta vitalicia. Nos enfrentamos al annuitization puzzle (Modigliani, 1986), que se resume en que si bien la teoría racional asume que las rentas vitalicias son atractivas porque abordan el riesgo de supervivencia a los propios ahorros, son relativamente pocos los que deciden anualizar una porción significativa de su riqueza (Benartzi et al., 2011; Panis, 2004; McGill et al., 20056).

De hecho, la Asociación Actuarial Europea realizó una encuesta (AAE 2014) que ponía de manifiesto las carencias para desarrollar con éxito las rentas vitalicias: i) los fondos acumulados son insuficientes; ii) existen productos con mayor flexibilidad que

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al. (2005), muestran la subestimación de la esperanza de vida, seis años en promedio. Si creemos que viviremos menos, los ahorros no alcanzarán para financiar la jubilación.

Ciertamente, este riesgo de longevidad no es en general comprendido, y por tanto, tampoco asumido (Blake, 2014). Las personas desean que sus ahorros para la jubilación les permitan mantener el nivel de consumo a lo largo de su vida, pero no es fácil medir el nivel de gasto periódico que les permita sobrevivir a sus ahorros. Y uno de los riesgos más relevantes es el de vivir más de lo esperado, es decir, el riesgo de longevidad, ese gran desconocido.

La primera y exitosa aplicación práctica expresa de la economía conductual en las pensiones fue el programa Save more tomorrow (Thaler y Benartzi, 2004; Benartzi y Lewin, 2012) ya citado. Este programa —iniciado a finales del siglo pasado en una empresa industrial mediana estadounidense—, detecta los sesgos conductuales que frenan el ahorro, y con nudges adecuados, los convierte en oportunidades para mejorar el ahorro: para evitar la aversión a la pérdida, se establece un compromiso de ahorro futuro, cuando la persona aumente sus

III. — Algunas experiencias prácticas

ingresos, de forma preestablecida, acordada, viable y siempre con la posibilidad de no realizar la aportación llegado el momento, que no se produce, en general, porque se crean inercias con las opciones por defecto, y la afiliación automática (los trabajadores automáticamente quedan afiliados al plan de ahorro) es el nudge que ataca la falta de autocontrol.

Inicialmente, Save more tomorrow consiguió multiplicar por cuatro las aportaciones promedio en cinco años, y hoy en día, con más de la mitad de los planes de pensiones más extendidos en EEUU (planes 401k) siguiendo esta filosofía conductual, el crecimiento en aportaciones aumenta a ritmos medios del 8 % anual.

Una aplicación a gran escala del programa anterior es el National Employment Savings Trust (NEST), sistema de ahorro para los trabajadores británicos que se puso en marcha en el año 2012. Este sistema venía a paliar los problemas derivados del desigual desarrollo de los planes de pensiones ocupacionales en el Reino Unido que, de ser una fuente fundamental para la financiación de las pensiones de la ciudadanía británica, se habían convertido en un reducto, más o menos extenso todavía, para grupos de trabajadores con más antigüedad, pero que dejaba fuera a los nuevos trabajadores, muy en especial mujeres que llegaban al mercado laboral.

En el año 2013, se estimaba que solo el 32 % de las empresas ofrecían planes de pensiones a sus trabajadores (National Institute of Economic and Social Research, 2014). La llamada Comisión Turner,

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7 Puede encontrarse una revisión de ambos en el artículo del Prof. Nicholas Barr “Turner gets it right on pensions”, en https://bit.ly/3djuA4j

creada para analizar la situación y proponer soluciones (Pensions Commission 2004; Pensions Commission 2005), destacaba entre otras cosas, que la situación de las pensiones en el Reino Unido hacía prever una reducción drástica del nivel de pensión (30 %), y para compensarla habría que duplicar el gasto estatal en pensiones, multiplicar por tres el ahorro privado, y llevar la edad de jubilación a los 70 años. La Comisión Turner publicó dos informes, el primero de diagnosis, y el segundo de soluciones7 , y en este segundo proponía la creación de un sistema nacional de ahorro basado en las ciencias conductuales, que fue el germen del NEST.

NEST se crea cambiando el paradigma de la economía tradicional, que basa el desarrollo de los sistemas de pensiones en obligatoriedad, fiscalidad, multas, regulación, por un paradigma conductual donde priman los nudges, opciones por defecto y una adecuada arquitectura de decisiones. Y seis años después de su creación, tras un período transitorio de aplicación, más de nueve millones de personas están afiliadas a NEST, más de 600 000 empresas, y solo un 8 % de los afiliados por defecto deciden salir voluntariamente del sistema (y suelen ser trabajadores mayores, conscientes de que el poco tiempo hasta su retiro no les permitirá ahorrar lo suficiente).

La afiliación automática existe también en otros países. En EEUU desde 2006, en Nueva Zelanda (Kiwisaver) desde 2007, que también utiliza aportaciones por defecto, o en Chile para los trabajadores autónomos desde 2012. Italia introdujo parcialmente la afiliación automática en 2007 pero no fue exitosa, fundamentalmente, porque transformaba un concepto

En el NEST priman los nudges, opciones por defecto y una adecuada arquitectura de decisiones."

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Nos adentramos en otro aspecto de las pensiones, que también está impregnado de economía del comportamiento, y que es la sostenibilidad. No parece que haya mejor momento que este para hablar de ello. Estamos ante una crisis sanitaria no conocida por nuestras generaciones que va a devenir también en una importante crisis económica, aunque todavía es prematuro obtener una medición adecuada de la profundidad de la crisis económica como consecuencia de la pandemia y de los efectos que va a dejar.

Pero sea cual fuere su profundidad, esta crisis económica es diferente a las últimas que hemos vivido en su origen, pero muy probablemente no sea diferente en sus consecuencias. La Gran Recesión vino precedida de un importante debilitamiento de las instituciones económicas en general y financieras en particular. Sin embargo, la crisis actual nos impacta con una economía mucho más saneada, menos endeudada, con los bancos muy reforzados en capital y sus balances mucho más equilibrados.

En cualquier caso, estamos pasando por un proceso, a corto plazo, de contracción importante de la economía, pero muy probablemente en un tiempo más o menos corto podremos alcanzar de nuevo los niveles económicos de antes de la pandemia.

muy apreciado por empresas y trabajadores (la TFR o Trattamento di fine rapporto) en contribución a pensión y no fue bien recibido por los propios trabajadores (OCDE, 2012).

Las experiencias en la aplicación de la economía del comportamiento a las pensiones se multiplican en el mundo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creó el Laboratorio para el Ahorro Previsional, a través del cual experimentar sobre distintos proyectos para el crecimiento del ahorro para pensiones en la región basados en aplicaciones de la economía conductual, Nueva Zelanda utiliza la behavioral pensions de forma preeminente en la mejora continua en el sistema Kiwisaver. Los experimentos en México sobre el aumento de aportaciones voluntarias a sistemas complementarios de pensiones resultan muy prometedores, con un 40 % de aumento en los primeros pilotos realizados (Ideas42, 2015). Un amplio estudio sobre la cobertura de los sistemas de pensiones en América Latina sugiere en la profundización de los hallazgos de la economía del comportamiento para mejorar las deprimidas tasas de cobertura en la región (Mesa-Lago et al., 2017).

En un entorno, en suma, donde las recetas tradicionales parecen haber llegado a su límite, frenando la extensión de los sistemas de pensiones a todos los que los necesitan y en las cuantías que necesitan, la economía conductual se constituye en una esperanza para ese desarrollo imprescindible en todo el mundo.

IV. — Hacia la Sostenibilidad por las Pensiones

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De entre todos los sectores, probablemente el de la inversión a largo plazo sea de los menos afectados. El ahorro para la jubilación, sea cual fuere el producto que utilicemos para su instrumentación, funciona en el largo plazo y sobrevive bien a las crisis. Los portafolios se enfocan en ese largo plazo con asignaciones de activos diversificadas, predominantemente renta fija y renta variable, aunque algunos grandes fondos tienen importantes participaciones en activos alternativos también.

Con la coyuntura actual, no parece que se vayan a estresar notablemente los tipos de interés en el mundo, con inflaciones bajas y políticas monetarias expansivas. Ello hace pensar que la renta fija no va a aportar mucho valor a las inversiones, pero tampoco dará sobresaltos. Y en cuanto a la renta variable, es bastante probable que se comporte como siempre, lo que supone, tras las caídas bruscas iniciales, alta volatilidad durante un tiempo, y recuperación en un plazo razonable. Así ha sucedido siempre, así está sucediendo, y no hay motivos para pensar que no siga siendo así. En suma, no se prevé un impacto relevante en los fondos de pensiones.

De esta situación podemos y debemos aprender muchas cosas, como que, para el futuro de los sistemas de pensiones, las ciencias del comportamiento van a tener una enorme relevancia. Es claro que en el regreso a la normalidad tendremos una memoria reciente de lo sucedido, lo que llamamos heurística de disponibilidad, que significa que los últimos acontecimientos condicionan fuertemente nuestras decisiones, aunque sus resultados sean de largo plazo. Veremos un mayor deseo tanto de coberturas aseguradoras como de procesos de ahorro, al haber podido apreciar su relevancia durante la pandemia.

En el mundo del ahorro para pensiones va a aparecer un nuevo público objetivo de gente más joven, probablemente ya concienciada con la necesidad de ahorrar, que exige unas formas de relación distintas a las que otras generaciones han tenido como código: la personalización a través del uso de big data, pasar de principios a contenidos, hacer vivir experiencias y a incorporar las cosas que preocupan a las nuevas generaciones, como por ejemplo, la sostenibilidad y la transición a una economía verde. En este sentido, unas inversiones responsables en un marco del+* uso y aplicación de las ciencias conductuales pueden ser una respuesta muy adecuada, a los que nos referiremos a continuación.

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No vamos a salir de esta crisis igual que entramos en ella, y en ese sentido, los fondos acumulados para las pensiones no van a ser una excepción. Se acercan tiempos en los que tendremos que diseñar un futuro más entroncado con el ser humano, en los que las preocupaciones básicas sobre nuestra vida adquirirán un papel predominante. Y por supuesto, en ellas estará una jubilación que cada vez va a durar más en nuestras vidas.

Muchos de los sistemas de pensiones de capitalización individual no pasan por sus mejores momentos en el aprecio de la población. No son pocos los motivos, pero es indudable que las administradoras de fondos de pensiones tienen en muchos países una mala imagen. Pero esta crisis también aporta una oportunidad para rescatar todo lo bueno que tienen los sistemas de ahorro de largo plazo, y poner en valor su rol social. Para ello, se pueden hacer varias actuaciones en los fondos de pensiones para colaborar en el combate

V. — Actuaciones en el Portafolio de Corto Plazo

contra la pandemia. Es momento de que los fondos de pensiones sean propositivos y muestren liderazgo. Junto a medidas de orden social (campañas de concienciación para la higiene personal, potenciar el uso digital para evitar contagios, realizar donaciones significativas, en material sanitario, en la canasta de la compra para las personas más necesitadas, entre otros), hay también medidas en la administración de los portafolios que pueden llevarse a cabo:

• Exoneración o reducción de comisiones durante los estados de emergencia.

• Invertir parte de los fondos de pensiones en industria local que produzca material sanitario.

• Invertir en sectores estratégicos clave en cada país.

• Sugerir emisiones de deuda pública para socorrer a la población que sean compradas por los fondos de pensiones.

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La sostenibilidad será uno de los impulsores de la salida de la crisis. Los fondos de pensiones, como principal inversor institucional del mundo, deberán liderar otra forma de invertir, donde prime la preocupación por el entorno y por cómo se hacen las cosas, apoyando el financiamiento de la transición a una economía verde. Así, considerar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) es imprescindible para garantizar la sostenibilidad de las inversiones en el largo plazo. Hay que dejar clara alguna cuestión previa: no hablamos de altruismo, hablamos de gestión de riesgos. Es decir, no se trata de sacrificar rentabilidad por realizar determinadas inversiones, todo lo contrario, se trata de obtener rentabilidades sostenibles más elevadas por incorporar a la gestión de riesgos los criterios extrafinancieros (ASG). Hay diferentes estrategias para incorporar el análisis ASG a la inversión, en lo que llamamos Inversión Socialmente Responsable (ISR). Una inicial, que es la exclusión de activos que no concuerden con el ideario del fondo, otra más avanzada que es la integración del análisis extrafinanciero junto al financiero, y una tercera que es la implicación para cambiar conductas en los emisores de activos. Todo esto se puede realizar de forma gradual, de manera que se vayan acompasando los medios disponibles a los resultados que se van obteniendo y a la experiencia que se genera.

VI. —Actuaciones en el Portafolio de Largo Plazo

La ISR básicamente se aplica en un escrutinio (screening) del portafolio, de forma que los emisores de los activos (y los propios activos) en tenencia cumplan con los principios del fondo de pensiones (que se deben explicitar en la declaración de política de inversiones statement of investment policy), por una parte, y en la inversión en activos sostenibles (inversión temática) o con impactos medibles (inversión de impacto), como huella de carbono, potencia en instalaciones renovables, número de personas favorecidas por microcréditos, áreas de extensión agrícola sostenible, etc.

Un referente global de la inversión sostenible son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que se ha convertido en una estrategia que focaliza las inversiones en empresas e instituciones que total o parcialmente promuevan alguno o algunos de estos ODS. Normalmente, estas entidades informan en sus memorias cuáles son los ODS y las métricas del impacto de su actuación en esos terrenos.

La ISR no es invertir una parte del portafolio en activos sostenibles, sino un proceso de análisis y ejecución global del portafolio, incluyendo las inversiones indirectas, en fondos mutuos, por ejemplo, a través de procesos de look-through (o desempaquetamiento del fondo) o de diálogo con los gestores para confirmar la aplicación, por su parte, de políticas de ISR concordantes con las del fondo de pensiones.

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Buena parte de los activos vinculados a la ISR son activos ilíquidos, y en general, alternativos. Esto, que es un obstáculo para otro tipo de inversores, no lo es para los fondos de pensiones, que tienen el foco en el largo plazo. Esto es lo que les permite también invertir en activos que no son populares (Ibbotson et al., 2019), es decir, que tienen una serie de características que les confieren una mayor rentabilidad sostenida en el tiempo. Los famosos endowments de las grandes universidades estadounidenses muestran la potencia de la inversión alternativa en el largo plazo.

Pues bien, de lo que se trata es de conjugar esta inversión alternativa con inversión sostenible, de forma que los fondos de pensiones puedan invertir a largo plazo en activos sostenibles, sin necesidad de estar sometidos a los rigores de mercado de corto plazo. Con una adecuada política de inversiones, que se depura en el tiempo, y mediante metodologías ya contrastadas (entre las que se encuentran las derivadas del seguimiento de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas o la taxonomía de ODS invertibles propugnada por los grandes gestores de activos holandeses, como PGGM y AGP, con su modelo multidimensional), podremos conseguir que los fondos de pensiones sean los auténticos agentes del cambio hacia una economía sostenible en el largo plazo.

Hemos revisado los principios de la economía del comportamiento, para poder entender su aplicación en el mundo de las pensiones, y entender que puede lograr más (y más saludables) procesos de aportes a la Seguridad Social en general y a las pensiones en particular. Hemos visto también cómo hay sesgos conductuales que nos apartan de una toma de decisiones que llamaríamos racional, pero también cómo hay herramientas que nos pueden ayudar a corregir los desvíos. Y, por último, hemos dedicado buena parte del artículo para entender el potencial que tienen las pensiones en el mundo para caminar por una senda de sostenibilidad que nos proporcione un mundo mejor, en el que el ahorro que se logra de largo plazo para las pensiones no solo consigue que estas sean mejores, sino que, mientras no se destine para pagar pensiones, puede trabajar para el bienestar de la sociedad.

VII. —Conclusiones

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1 Link: https://onpvirtual.pe/assets/recursos/Resolucion_N_844-2020-ONPTAP.pdf2 Artículo 81 del Decreto Ley N° 19990. 3 Artículo 7 de la Constitución Política del Perú, interpretado según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificada por Decreto Supremo N° 073-2007-RE.

Zona Tap

Inicio de Pago de Pensiones Devengadas de Prórroga de Orfandad por Discapacidad para el Trabajo Precedente administrativo

Uno de los motivos para otorgar la pensión de orfandad para los huérfanos cuando son mayores de edad es que tengan discapacidad para el trabajo.

Había una persona que tenía pensión de orfandad mientras no cumplía los 18 años. Cuando llegó a esa edad, en el 2015, tuvieron que iniciar un proceso para la declaración de su interdicción, el cual concluyó en 2018, nombrándosele una persona que se encargaría de su cuidado (curadora). En ese momento, la curadora realizó la solicitud de prórroga de la huérfana, la cual fue otorgada.

Este hecho generó una controversia. Por tres años no había percibido pensión, y lo que tenía que dirimirse era desde cuándo se debían pagar las pensiones devengadas, es decir, cuál era la deuda generada por todos los meses en que no había recibido pensión.

La norma del SNP señala que se reconocen pensiones devengadas desde un año de la presentación de solicitudes2. Sin embargo, la curadora consideraba que debía otorgarse la pensión desde 2015, porque en este caso la persona ya tenía pensión y lo único que estaba en juego era la prórroga de su derecho.

El TAP tenía que analizar el caso considerando la eliminación de las barreras legales que impidiesen el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y que, por el contrario, garantizaran el pleno respeto de su dignidad, tal como lo estipula la normatividad constitucional3.

Resolución N° 844-2020-ONP/TAP del Decreto Ley N° 199901

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Zona Tap

Bajo esta perspectiva, el proceso judicial de nombramiento de una curadora impidió que la beneficiaria requiera su prórroga de manera oportuna. Debe tomarse en cuenta que en este caso la demora no se debió a una negligencia de la administrada, sino a causales no atribuibles a esta. Inclusive, administrativamente, había una imposibilidad fáctica de parte de la huérfana para presentar una solicitud hasta que no se le nombre un curador.

En la misma línea, la ley del SNP establece que no prescribe el pago de pensiones si existe una imposibilidad del beneficiario para cobrar por no encontrarse bajo el amparo de sus padres, de un tutor o un curador1.

Por lo señalado, el TAP concluyó que la prórroga de la pensión de orfandad es una medida protectora de la seguridad social que tiene como objeto resguardar a las personas que gozaron de una pensión de orfandad y que se encuentran en un estado de necesidad al no contar más con medios económicos para atender su subsistencia. Una interpretación de la legislación previsional a la luz de los mandatos constitucionales, y los requisitos administrativos exigidos para solicitar la prórroga de orfandad no deben afectar el derecho de una persona en situación de orfandad.

Por ello, en la prórroga de pensión de orfandad por discapacidad del caso en mención, le corresponderá a la huérfana, a través de su curadora, recibir el pago de devengados, no desde un año antes que la solicitó, sino desde que cumplió los dieciocho años.

1 Pregunta N° 9 (p. 6) https://bit.ly/3doeB4J Consultado el 10 de mayo de 2021. https://elperuano.pe/noticia/113158-menos-del-60-de-mayores-de-65-anos-reciben-pensiones. Consultado el 10 de mayo de 2021.

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Zona Estadística Afiliadas/os y Aseguradas/os

A continuación, presentamos los principales datos de las personas que se encuentran como potenciales beneficiarias/os de las prestaciones previsionales que otorga la ONP. En los siguientes números se observan cuántas personas están afiliadas al Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley 19990), al régimen pesquero (Ley 30003) y al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensión.

En el 2020, el número de afiliados de los tres regímenes activos aumentó en 3 %. Este aumento se debe principalmente al mayor número de afiliados al SCTR (61 % respecto al 2019).

Figura 1Número total de afiliados, 2020 - 2019

Figura 2Número de afiliados por régimen en 2020

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— César Abanto RevillaAbogado y Maestro en Derecho por la USMP. Profesor de Seguridad Social en las Maestrías de Derecho del Trabajo de la PUCP, UNMSM y USMP. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Vocal del Tribunal del Servicio Civil y socio del Estudio Rodríguez Angobaldo Abogados.

— Palabras claveLongevidad, vejez, jubilación, pensión, deslaboralización, Seguridad Social

Jubilación y Deslaboralización: En Busca de un Sistema de Pensiones Sostenible e Inclusivo en el Perú

— Resumen

A partir de una revisión del estado actual en el Perú y el mundo, sobre el problema de la longevidad y su impacto en los modelos tradicionales de jubilación (sean de reparto o capitalización individual), así como de una mirada a la regulación de dicha prestación en nuestro país, se plantea la necesidad de reformular el sistema previsional a partir de la deslaboralización del modelo.

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Las personas están envejeciendo, pero, lamentablemente, entre las muchas personas que se jubilan, muy pocas recibirán una pensión para enfrentar las vicisitudes propias de la tercera edad.

En el Perú, hemos transitado desde un modelo bismarckiano (régimen contributivo de seguro social) hacia un sistema complementado con la participación de la empresa privada (las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - AFPs, a partir del 6 de diciembre de 1992) y la posterior incorporación de mecanismos asistenciales —regímenes no contributivos— para la vejez (Pensión 65: 2011) e invalidez (Programa Contigo: 2015) a favor de las personas en situación de pobreza extrema.

Como anota Paitán, “tenemos un modelo sui géneris, condicionado por la evolución histórica del país, así como por sus normas constitucionales y legislativas” (2020, p. 8), pues la realidad es que la estructura actual de nuestro sistema de pensiones ha sido el producto de decisiones políticas y económicas —en ese orden—, antes que de un interés o prioridad de las necesidades sociales; por ello, hasta hoy, la nota característica sigue siendo la vinculación de los afiliados o asegurados a la existencia de una relación laboral, a pesar de que la informalidad supera el 75 %. Mientras que este aspecto no tenga un quiebre y sea modificado, seguirá siendo un modelo fragmentado y excluyente.

Pocos peruanos recibirán una pensión para enfrentar las vicisitudes propias de la tercera edad."

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I. — Notas Introductorias

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El Instituto Nacional de Estadística e Informáticas (INEI), en el documento “Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población Nacional, 1950-2070”, del Boletín Análisis Demográfico N° 38”1, elaborado sobre la base de los resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017 (XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas), de los registros administrativos de nacimientos, defunciones, entradas y salidas de peruanos y extranjeros, así como de las principales investigaciones estadísticas realizadas periódicamente, informó que hacia finales del 2021 tendremos una población de aproximadamente 33 035 304 habitantes.

Esta publicación precisa que, en el siglo XXI, la población peruana registrará un proceso acelerado de envejecimiento. Las poblaciones que experimentarán mayor crecimiento serán las de 60 y más años (adultos mayores) y de 80 y más años (cuarta edad). En el caso de las personas de 60 y más años, su participación se elevará de un 12.7 % (4’140,000) en el año 2020, a un 30.1 % (11’877,000) en el año 2070.

En paralelo a ello, la tasa de crecimiento de la población disminuirá, al pasar de un 2.6 % (quinquenio 1950-1955) a un 1.7 % (2015-2020), debido a la reducción del promedio de hijos por mujer.

Cabe recordar, que si bien la esperanza de vida al nacer en el Perú —para el quinquenio 2020-2025— es de 79.8 (mujer) y 74.5 años (hombre), en las nuevas

Tablas de Mortalidad aplicables al Sistema Privado de Pensiones (SPP)2, se estima que una persona sana, que hoy (2021) cuenta con 65 años, podría vivir hasta los 90.8 años si es mujer, y 87.5 años si es hombre. Considerando el avance y prolongación de la longevidad en la actualidad, es probable que estas variables aumenten cada cinco años.

Esta realidad, sin embargo, contrasta con la exclusión del sistema previsional de la mayoría de adultos mayores. En efecto, en recientes declaraciones brindadas en una presentación ante el Congreso de la República3, el ministro de Economía y Finanzas reconoció que:

En el Perú, menos del 60 % de las personas mayores de 65 años reciben pensiones (…) nuestro régimen de pensiones es un poco enredado y con varios esquemas que no se juntan entre sí. Adolece de los mismos problemas que la mayoría de los países del mundo, solo que nuestro caso es más complejo y grave. La cobertura es baja, menos de la tercera parte de la población económicamente activa (PEA) aporta efectivamente y los que reciben rentas son insuficientes.

Esta problemática, según un informe de la Defensoría del Pueblo (2019, p. 15), en base a la data del INEI al 2017, es mayor desde una perspectiva de género:

1 Pregunta N° 9 (p. 6) https://bit.ly/3doeB4J Consultado el 10 de mayo de 2021.2 https://elperuano.pe/noticia/113158-menos-del-60-de-mayores-de-65-anos-reciben-pensiones. Consultado el 10 de mayo de 2021.3 Frente al sistema 2, que es lento, deliberativo y lógico.

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El 73.90 % de las mujeres adultas mayores y el 51.82 % de los adultos mayores no están afiliados a ningún sistema de pensiones. En el caso de las mujeres, la marginación a su derecho a la pensión alcanza a 74 de cada 100, cifra significativamente alta, más aún si se considera el impacto que genera en sus condiciones de vida y las limitaciones al ejercicio de sus derechos por no tener acceso a la seguridad social.

La ENAHO 2017 también evidencia que el 45.87 % de los adultos mayores y el 56.08 % de las adultas mayores no recibe pensión de jubilación/cesantía, de viudez, orfandad, sobrevivencia, ni accede al Programa Nacional de Asistencia Solidaria (Pensión 65). Esto significa que la mitad de la población, cifra superior en el caso de las mujeres, no cuenta con ningún ingreso proveniente del Estado.

El envejecimiento progresivo de nuestra población, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad, acompañada con el descenso en el número de aportantes jóvenes, la elevada tasa de informalidad laboral, del autoempleo y los bajos niveles de empleo afectan de manera inmediata la estructura demográfica, así como la organización del gasto de los sistemas de pensiones, en el presente y en el futuro.

De acuerdo al citado informe del INEI (2019), del total de la población adulta mayor, solo el 37.9 % se encuentra afiliado a un sistema de pensiones. Si bien la afiliación al SPP (AFP) era de apenas 9.8 %, hay que reconocer que, desde mediados del 2016, en virtud a las leyes N° 30425 y N° 30478, que autorizaron los primeros retiros (95.5 % y 25 %, respectivamente), viene en aumento.

En el Perú, menos del 60 % de las personas mayores de 65 años reciben pensiones."

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Figura 1Población adulta mayor que tiene sistema de pensión, trimestre de abril a junio 2019

1/ Comprende: Caja de Pensiones del Pescador, Caja de Pensiones Militar Policial, entre otros. Fuente: INEI

Total

37.9 %

19.6 %

9.8 %

4.9 %

3.6 %

ONP AFP CédulaViva

Otro

A ello hay que sumar el hecho de que el 18.8% de la población adulta mayor es beneficiaria del programa social Pensión 65.

Si analizamos la evolución proyectada de la pirámide de la población desde el 2010 hasta el 2050, se advierte que existe un proceso de envejecimiento que se agudizará a partir del año 2020, en que los menores de 15 años representarán el 24.9 % de la población total y los adultos mayores el 12.7 %, lo cual se va a mantener en forma sostenida durante los siguientes años hasta ser igual la proporción de estos grupos hacia el 2040 (19.9 % cada uno), para luego pasar en el 2050 a una etapa en la cual los adultos mayores superarían a los jóvenes.

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Figura 2Distribución de la población total 2010-2050

Nota. Boletín de Análisis Demográfico N° 38. INEI. 2019.

En ese sentido, la población peruana como la de otros países de la región se encuentra en proceso de envejecimiento “moderado”, pero con miras a ser “acelerado”, en comparación a otros países de la región, lo que en el presente y futuro mediato será un problema a resolver desde la seguridad social, tanto desde lo inclusivo (mayor cobertura) y lo financiero (sostenibilidad).

Sumado a ello, recordemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) revisó en junio de 2018 la undécima edición de su “Clasificación Internacional de Enfermedades”, incluyendo en el listado —bajo el Código MG2A— a la “vejez”, por primera vez en su historia, lo que ha sido duramente cuestionado. A la par, se activó una pregunta inmediata: ¿si es una enfermedad, puede tener cura?

Para la OMS (desde la biología), la vejez es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente, la muerte; sin embargo, ello no implica que todos los adultos mayores sufran enfermedades, sean frágiles y/o dependientes, pues esos cambios no son lineales ni uniformes y su vínculo con la edad es más bien relativo.

20100.0 9.0 12.7

16.119.9

24.1

17.6

19.922.924.930.2

60.8 62.4 61.0 60.2 58.2

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0Porcentaje

2020

0 - 14 15 - 59 60 y más

2030 2040 2050

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Pero esta hipótesis no es nueva. En el 2013 fue creada por Google, en Estados Unidos de Norteamérica, la startup “California Life Company” (Calico), para el estudio del proceso de envejecimiento (www.calicolabs.com). En este equipo cuentan, entre otros especialistas, con la reconocida bióloga molecular Cynthia Kenyon, que a principios de los noventa lideró un equipo de investigadores que realizó experimentos con el gusano transparente caenorhabditis elegans, y al generar mutaciones en su gen daf-2, lograron duplicar su tiempo de vida.

Años más atrás, en 1939, un equipo de la Universidad de Cornell (Ithaca, Nueva York), liderado por Clive Mc Cay, consiguió prolongar la vida de ratas al reducir las calorías de su dieta: llegaron a vivir un 33 % más que los roedores promedio. En 1999, el biomédico inglés Aubrey de Grey publicó su “Teoría de los Radicales Libres Mitocondriales del Envejecimiento”, en la cual postulaba que se podía extender la vida humana previniendo el daño del ADN mitocondrial.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró en 1982 la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. En dicha asamblea se trató de buscar un consenso sobre el avance de este problema: una transformación demográfica de

gran magnitud tendría profundas repercusiones en todos los aspectos de la vida de las personas y las comunidades. Dos décadas después, en el 2002, se ha logrado suscribir el “Plan de Acción de Madrid”, centrado en tres ámbitos: (i) las personas de edad y el desarrollo; (ii) el fomento de la salud y el bienestar en la vejez; y (iii) la creación de un entorno propicio y favorable. Esta es la primera vez que los gobiernos han aceptado vincular las cuestiones del envejecimiento a otros marcos del desarrollo social y económico, y de los derechos humanos.

Más allá de los eventuales ajustes (para arriba o para abajo) que sufran estas dinámicas demográficas, el envejecimiento de la población continuará en el Perú y el mundo, lo cual generará implicancias para el entorno económico que incidirán en el empleo y en la seguridad social; por ello, resulta necesario y urgente replantearse los mecanismos vinculantes a la jubilación, con miras a implementar una reforma sostenible financieramente en el tiempo, e inclusiva en lo social (género) y geográfico.

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En la medida que envejezcamos, trabajemos, produzcamos y ganemos menos, necesitaremos una fuente de ingresos segura para sobrevivir en la tercera edad.

El envejecimiento es un hecho natural que genera consecuencias jurídicas. En efecto, se supone que al llegar a una edad avanzada (vejez), las facultades físicas y mentales del trabajador irán disminuyendo; por tanto, sería injusto obligarlos a continuar con sus labores. Este criterio es el que inspiró la creación de la pensión de jubilación.

Para Grzetich (2006, pp. 19-20), además del problema demográfico (senectud), existen otros factores que también afectan la base de los sistemas jubilatorios, tales como el descenso de la tasa de natalidad, el impacto tecnológico (automatización) y la informalidad laboral, lo cual ha originado una drástica disminución de los trabajadores en actividad que sostenían la pirámide del modelo de reparto de cambio intergeneracional (pay as you go), en proporción inversa al incremento de la cantidad de pensionistas.

El término jubilación proviene del latín iubilaeus y del hebreo yobel (júbilo), que según Fajardo (1997, p. 209) alude a una antigua fiesta que solían celebrar cada 50 años —según una Ley de Moisés— los esclavos libertos o manumitidos en la era romana, en la cual se liberaban a los esclavos y retornaban las propiedades vendidas a los antiguos dueños. Es decir, que de ser la liberación de la esclavitud, pasó a ser el fin del ciclo de una larga vida dedicada a una actividad laboral.

En palabras de Romero (1993, p. 10):

La vejez o tercera edad (…) es la última etapa de la vida del hombre a la que debiera llegar tras un largo recorrido dedicado al trabajo (…), la jubilación deviene en un derecho ganado, que posibilita un descanso gozando de una renta suficiente para seguir viviendo con dignidad.

Nuestro sistema de pensiones de jubilación responde a un modelo contributivo y obligatorio, de corte dual o paralelo, pues habilita la coexistencia de dos mecanismos: uno de reparto (regímenes públicos) y otro de capitalización individual (sistema privado).

II. —Jubilación en el Perú: Luces y Sombras

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En principio, todo trabajador (público o privado) que inicie su actividad laboral de manera dependiente deberá elegir entre pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o al SPP (AFP), a menos que sean miembros de las Fuerzas Armadas o Policiales o del servicio diplomático, en cuyo caso aportarán a dichos regímenes especiales públicos de reparto, pero solo para acceder a una pensión de cesantía (por años de servicios), mas no de jubilación (por edad).

La edad no solo constituye un requisito para acceder a una pensión jubilatoria, sino que la determinación de la edad mínima tiene un enorme impacto en el costo financiero no solo del sistema, sino de la economía misma. Al respecto, surge una pregunta: ¿cuál debería ser la edad de jubilación?

En cuanto a la edad mínima jubilatoria, cabe remitirse a las recomendaciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expreso en los Convenios N°102 (Normas Mínimas sobre Seguridad Social4, artículo 26), y N° 128 (Normas sobre prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes5, artículo 15), en los cuales se precisa que la vejez es una contingencia cubierta a partir de la edad prescrita por la legislación de cada país, la misma que no debería exceder de los 65 años. En ambos convenios existe una cláusula de flexibilidad

que permite fijar una edad superior a los 65 años, cuando existan motivos particulares. En los citados artículos se prevé que la autoridad competente podrá fijar una edad más elevada "teniendo en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país de que se trate" (Convenio N° 102), o "habida cuenta de criterios demográficos, económicos y sociales apropiados, justificados por datos estadísticos" (Convenio N° 128).

Para Rendón (2008, p. 286), la determinación de la edad mínima para jubilarse debería resultar de la confluencia de los siguientes factores:

• La capacidad real de la persona para continuar trabajando

• El costo de las pensiones• La necesidad de emplear a los desocupados (y a

los jóvenes)• Los efectos sicológicos derivados del retiro del

trabajo

En la legislación peruana, la edad de jubilación mínima regular en el SNP6 y el SPP es de 65 años, tanto para el hombre como para la mujer. Sin embargo, existen supuestos de jubilación adelantada (SNP) o anticipada (SPP) que, por un tema de espacio, no podremos desarrollar.

4 Aprobado el 28 de junio de 1952, fue ratificado parcialmente por el Perú el 23 de agosto de 1961.5 Aprobado el 29 de junio de 1967, aún no ha sido ratificado por el Perú. 6 Para jubilarse en el SNP, además de la edad, el asegurado debe acreditar una cantidad mínima de años de aportación.

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La jubilación puede ser voluntaria u obligatoria7. En este comentario, nos referiremos a la primera (voluntaria); es decir, al supuesto en el cual el trabajador decide concluir sus actividades laborales para iniciar su trámite ante la ONP o la AFP, dependiendo del régimen al cual pertenezca.

En este punto del ensayo, cabe señalar que si bien hasta hace algunos años la jurisprudencia era reconocida como una fuente secundaria del Derecho (en general), y era tomada como una base de consulta para efectos referenciales, pues no constituía precedente de observancia obligatoria para la judicatura8. En materia de Derecho Previsional, esto no es así, pues desde mediados de los noventa, los fallos reiterados del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema se han convertido en la fuente principal para la delimitación de los criterios tanto de interpretación como de aplicación de las normas sobre pensiones, al punto que algunas leyes han sido emitidas sobre la base de dichos precedentes o se ha variado posturas administrativas aplicadas desde antaño9.

En tal sentido, resulta pertinente mencionar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 07873-2006-PA/TC10, estableció que los ancianos se convierten en sujetos de la política

estatal, en salvaguarda a los más desprotegidos, de ahí la necesidad de realizar una protección particular y diferenciada de las personas que están en la etapa de la senectud. Esta salvedad la brindó al habilitar el acceso al amparo previsional de personas mayores de 90 años, aún en el supuesto que su reclamo no forme parte del contenido esencial del derecho a pensión.

Por otro lado, el mismo Tribunal, en los fundamentos 144 a 146 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00050-2004-AI/TC, enumera los argumentos por los cuales estaría justificada la existencia de requisitos diferenciados entre los hombres y las mujeres para acceder a la pensión de viudez en el régimen del Decreto Ley N° 20530, al precisar los siguientes:

1. La diferencia de trato que usualmente los regímenes pensionarios dispensan a los hombres y a las mujeres no debe ser enfocada desde la perspectiva formal del derecho a la igualdad en la ley, sino que debe ser abordada bajo la directriz material que informa al derecho a la igualdad, según la cual el Estado está obligado a adoptar medidas (legislativas) para compensar jurídicamente a grupos marginados económica, social o culturalmente, a través de mecanismos como la “acción positiva” o “discriminación inversa” (fundamento 144).

7 De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Supremo N° 003-97-TR), la jubilación es obligatoria y automática cuando el trabajador cumpla los 70 años de edad.8 Recién en 1993, al entrar en vigencia el Código Procesal Civil, se establecen los precedentes de carácter obligatorio derivados de los plenos casatorios (artículo 400). En sentido similar, el artículo VII del Título Preliminar de la Ley N° 28237 del Código Procesal Constitucional dispuso que los jueces y tribunales interpretarían y aplicarían las normas de acuerdo a los criterios dictados por el supremo intérprete de la Constitución.9 Ejemplo de ello es la Ley N° 27561, que dispuso una revisión administrativa de oficio a todos los casos en los cuales se hubiera aplicado indebidamente el Decreto Ley N° 25967, según las pautas fijadas en el Expediente N° 00007-96-I/TC, o la Ley N° 28407, que habilitó la revisión de los casos en los que se hubiera declarado la pérdida de validez de las aportaciones al SNP, por la aplicación de las Leyes N° 8433 y N° 13640, o el Decreto Supremo N° 150-2008-EF, que ordena el allanamiento en los reclamos de la Ley N° 23908, conforme a los criterios del Expediente N° 05189-2005-PA/TC.10 Proceso de Acción de Cumplimiento seguido por Juan Tueros del Risco contra la ONP; fallo publicado en su página institucional el 20 de agosto de 2007.

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2. Para analizar la razonabilidad de las reglas de acción positiva, se debe recurrir a la presunción de exclusión social contra determinados colectivos, que por su historia de subyugación y minusvaloración social a la que han sido sometidos, no pertenecen al grupo dominante que participa en el debate y crea las normas jurídicas. Existe así un amplio margen de presunción de constitucionalidad en las medidas a favor de los colectivos minoritarios y socialmente postergados, que pueden considerarse dentro de estos criterios específicos. Por ejemplo, las mujeres, determinados grupos étnicos, religiosos, etc. (fundamento 145).

3. Si bien en años recientes ha existido un importante grado de incorporación de la mujer en tareas de orden social en las que nunca debió estar relegada (acceso a puestos laborales, participación política, etc.), no puede considerarse que en la realidad peruana dicha tarea se encuentre consolidada. Las medidas que exigen menos años de edad o de aportaciones a la mujer para acceder a una pensión se encuentran estrictamente orientadas —a través de disposiciones ponderadas— a favorecer al colectivo femenino, en el entendido que la realidad social aún impone concederles un mayor apoyo a efectos de asegurarles una vida acorde al principio

de dignidad. Estamos ante una auténtica “acción positiva” en favor de las mujeres.

pensión se encuentran estrictamente orientadas —a través de disposiciones ponderadas— a favorecer al colectivo femenino, en el entendido que la realidad social aún impone concederles un mayor apoyo a efectos de asegurarles una vida acorde al principio de dignidad. Estamos ante una auténtica “acción positiva” en favor de las mujeres.

El trato diferencial por razón de género posiblemente tenga por sustento el hecho de que al dictarse las normas pensionarias del régimen público a inicios de los años setenta —durante el Gobierno Militar— el acceso de la mujer al mercado laboral era restringido, por la tendencia machista entonces imperante. En la actualidad, este trato diferenciado no tendría justificación y debería —a nuestro entender— ser suprimido, en aplicación del principio de igualdad, máxime si la mujer suele vivir más que el hombre; por ello, considero que en toda norma de pensiones deben figurar requisitos idénticos para ambos sexos.

En ese sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente N° 00617-2017-PA/TC11, sobre pensión de viudez del

11 Proceso de Acción de Amparo seguido por Marco Antonio Bocanegra Ruiz contra la ONP; fallo publicado en su página institucional el 5 de agosto de 2020.

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hombre en el SNP, al señalar en el fundamento 42 lo siguiente:

Habiéndose identificado en el presente caso una diferenciación legislativa injustificada por razón de sexo respecto a los requisitos y condiciones para obtener pensión de viudez (…), corresponde que el Poder Legislativo adopte las medidas necesarias para corregir dicho estado en el plazo de un año (…), de modo tal que los viudos de las aseguradas tengan el derecho a la pensión de viudez en las mismas condiciones que las viudas (…).

Cabe precisar que, como ha destacado la Defensoría del Pueblo (2019, pp. 26-28), la exclusión previsional no solo es una cuestión de género, sino también de cobertura, ya sea en el ámbito urbano y rural, pues la penetración en la sierra y la selva es extremadamente limitada.

Según el Informe Final de la Comisión de Protección Social (2017, pp. 9-15), en el sistema de pensiones del Perú se ha identificado deficiencias y problemas, como los que se detallan a continuación:

1. Un modelo pensionario altamente fragmentado y carente de visión integral, conformado por dos regímenes contributivos (SNP y SPP) y en constante competencia;

2. Un nivel de cobertura bajo y deficiente, producto de un sistema enfocado fundamentalmente en el mercado formal (de trabajadores asalariados), pues solo un 28 % de la fuerza laboral está afiliada al sistema contributivo de pensiones;

3. La existencia de pensiones insuficientes e inequitativas

4. El desaprovechamiento de economías de escala y el mercado oligopólico de AFP;

5. Una gestión de portafolios cortoplacista por parte de la AFP; la existencia en el SPP de dificultades para acceder a esquemas de retiro simples que aseguren la estabilidad de los ingresos en la jubilación a costos razonables, frente a un incremento persistente en la esperanza de vida; y,

6. La ausencia de información y asesoría financiera adecuada, activa, independiente, simple y de fácil acceso para el afiliado.

III. — Deslaboralización de las Pensiones

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iv) La inexistencia de políticas sociales (a mediano y largo plazo) por las cuales se implementen reformas paramétricas y estructurales enfocadas en resolver los problemas de cobertura, desempeño de fondos de reservas, gestión del gobierno y costos fiscales.

Esta “laboralización” del sistema pensionario del Perú no solo implica excluir a la mayoría de la población (principalmente, producto de la informalidad), sino a la vez, como dos caras de la misma moneda, un problema irresoluto hasta hoy respecto al financiamiento (sostenibilidad financiera).

Para Almansa (1989, pp. 64-65), estamos ante un sistema de pensiones con carácter “laboralizado” cuando se presentan los siguientes factores:

a) En orden a los sujetos protegidos, los sistemas de previsión social consideran como tales a los trabajadores, reconociéndoles un derecho a la protección en la medida en que, con su actividad laboral, han aportado un esfuerzo útil a la sociedad; el derecho a la seguridad social es entonces un derecho derivado del trabajo y de las relaciones laborales.

Esto es precisamente el resultado de las reformas —en su mayoría legislativas— efectuadas al sistema previsional, sin atender de manera estructural a una búsqueda de soluciones reales y concretas para brindar mejores prestaciones a la mayor cantidad de personas, sino más bien enfocadas básicamente a mejorar un modelo destinado a la minoritaria clase trabajadora dependiente y formal.

A ello, obviamente se suman otros problemas, tales como:

i) La evasión y mora en el pago de las aportaciones;

ii) La constante y sostenida disminución de los aportes de los cotizantes, debido a la utilización de mecanismos de jubilación adelantada, la alta tasa de desempleo e informalidad, empleos precarios, el incremento de la expectativa de vida de los asegurados y el creciente mercado de plataformas (p.ej. Uber, Beat, Rappi, Glovo, etc.);

iii) La inexistencia de estudios actuariales que permitan determinar el nivel de recaudación necesario para cubrir con las obligaciones pensionarias; y

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b) En orden a la protección (contingencias), los sistemas de previsión social persiguen con ella garantizar el salario de los trabajadores, previendo la posibilidad de que por diversos riesgos aquel pueda perderse; las prestaciones entonces se conciben como remuneración indirecta del trabajo, “salario diferido” o, en su caso, sobresalario familiar.

c) En orden a la financiación, los sistemas de previsión social la hacen gravitar principalmente sobre cotizaciones de empresarios y trabajadores, como reducida solidaridad profesional y en conexión con los salarios; solo se da derecho a la prestación; en consecuencia, sí se ha cotizado en cuantía y durante tiempo suficiente como para capitalizar un fondo con el que sufragar las prestaciones; la cotización entonces se entiende como un salario de seguridad, conexo con la actividad profesional, de la cual ha de depender la prestación.

d) En orden a la gestión, por último, la propia técnica de los sistemas de previsión social, heredada de los seguros privados, permite la pluralidad de entes, tanto como riesgos, y sus relaciones asegurativas con los asegurados; la gestión entonces queda organizada como empresa de seguros con los propios principios de estos.

No se puede pensar en seguir reformando el modelo actual; lo que se necesita es cambiar de paradigma para incluir a los independientes (e informales), a los campesinos, a la población en estado de pobreza

limitada (para evitar que se sumen a Pensión 65), incluso evaluar mecanismos para incluir a los migrantes extranjeros, lo que implica deslaboralizar el sistema, reafirmando su autonomía frente al derecho del trabajo.

La seguridad social es una disciplina enfocada en el sistema de protección social que cubre las diferentes contingencias por las que pueden transitar todas las personas, desde su nacimiento hasta su muerte, sin tener en consideración su vinculación (o no) a un contrato de trabajo.

En la reinvención de nuestro modelo previsional se deberá superar la idea de que las personas protegidas son solo las que cuentan con un vínculo laboral formal, que las prestaciones solo pueden calcularse en base a la remuneración, o que el financiamiento solo se logra con la aportación del trabajador. Si seguimos el camino trazado por Beveridge, la seguridad social debe proteger a todos.

El Perú de hoy es muy distinto al de los años ochenta y noventa; por ello, deben buscarse soluciones diferentes, frente a continuar con un modelo que condiciona las prestaciones a una cotización con

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origen laboral.

Para Orszag y Stiglitz (1999, p. 20), la desvinculación de lo laboral y previsional es clara: “Estamos fundamentalmente interesados en el bienestar social, no en la oferta de trabajo. Es posible diseñar estructuras que acentúan los incentivos del mercado laboral pero que reducen el bienestar social. Hacer eso, sería confundir los medios con los fines”.

En este proceso de reconstrucción del nuevo Derecho de la Seguridad Social, que no debe reducirse a una simple definición conceptual, será indispensable la implementación de la “cultura previsional o de la seguridad social” por parte del Estado. Esto sería con el apoyo de la propia sociedad, a través de programas sociales y educativos que generen conciencia sobre la gran importancia de la seguridad social, en su doble ámbito de derecho y deber. No solo debe reclamarse el otorgamiento de prestaciones (públicas o privadas), sino que el individuo (trabajador dependiente o informal) debe formar parte del sistema y aportar a su financiamiento, como consecuencia de ser parte de una sociedad, con la finalidad de no solo construir sostenibilidad económica al modelo, sino también para proteger a sus dependientes.

Como precisa Barr (2002, p. 17), en tono crítico respecto al carácter secundario de las diferencias entre los sistemas de reparto y capitalización:

Puede haber diferencias importantes por razones de economía política según el país y la coyuntura histórica. Se dice, por ejemplo, que los problemas políticos que surgen al elevar la edad de jubilación pueden resolverse más fácilmente con un plan privado. En cambio, hay quienes dicen que un plan estatal que combine el alivio de la pobreza y la distribución uniforme del consumo, será más sustentable porque contará con el apoyo de los electores de la clase media. Cualesquiera sean los argumentos políticos, las ganancias en términos de bienestar económico de uno u otro plan jubilatorio son equivocas, lo que no es de sorprender porque los sistemas de reparto y de capitalización son simplemente diferentes mecanismos financieros para organizar derechos sobre el producto futuro.

No tiene sentido insistir sobre estos modelos, en tanto sean formatos laboralizados.

Nuestra apreciación es que la propuesta contenida en el informe final (Proyecto de Ley N° 7042/2020-CR) de la Comisión Especial Multipartidaria encargada

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de Evaluar, Diseñar y Proponer la Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano —presentada al Pleno del Congreso de la República el 3 de febrero de 2021—, podría ser el punto de partida para replantear un esquema que nos desvincule de una vez, y para siempre, de la tóxica e ineficiente laboralización. La propuesta plantea el cambio de paradigma del modelo que varía hacia el sistema multipilar, e incluye un componente de capitalización colectiva y, a la vez, individual (Pilar N° 2); a esto se suman las propuestas dirigidas a incentivar la afiliación de los independientes (e informales), tales como los aportes mediante el consumo, el plan copago, el capital semilla, entre otros (artículo 32).

1. En el Perú, hemos transitado desde un modelo bismarckiano (régimen contributivo de seguro social) hacia un sistema complementado con la participación de la empresa privada y la posterior incorporación de mecanismos asistenciales —regímenes no contributivos— para la vejez (Pensión

65, 2011) e invalidez (Programa Contigo, 2015) a favor de las personas en situación de pobreza extrema.

2. En el siglo XXI, la población peruana registrará un proceso acelerado de envejecimiento. Las poblaciones que experimentarán mayor crecimiento serán las de 60 y más años (adultos mayores), y de 80 y más años (cuarta edad). En el caso de las personas de 60 y más años, su participación se elevará de un 12.7 % (4 140 000) en el año 2020, a un 30.1 % (11 877 000) en el año 2070.

3. El envejecimiento progresivo de nuestra población, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad, acompañada con el descenso en el número de aportantes jóvenes, la elevada tasa de informalidad laboral, del autoempleo, y los bajos niveles de empleo afectan de manera inmediata la estructura demográfica, así como la organización del gasto de los sistemas de pensiones, en el presente y en el futuro.

IV. — Conclusiones

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4. Nuestro sistema de pensiones de jubilación responde a un modelo contributivo y obligatorio, de corte dual o paralelo, pues habilita la coexistencia de dos mecanismos: uno de reparto (regímenes públicos) y otro de capitalización individual (sistema privado).

5. La edad no solo constituye un requisito para acceder a una pensión jubilatoria, sino que la determinación de la edad mínima tiene un enorme impacto en el costo financiero, no solo del sistema, sino de la economía misma.

6. Como ha destacado la Defensoría del Pueblo, la exclusión previsional no solo es una cuestión de género, sino también en el ámbito urbano y rural, pues la penetración de la cobertura en la sierra y la selva es extremadamente limitada.

7. No se puede pensar en seguir reformando el modelo actual; lo que se necesita es cambiar de paradigma para incluir a los independientes (e informales), a los campesinos, a la población en estado de pobreza limitada (para evitar que se sumen a Pensión 65), incluso evaluar mecanismos para incluir a los migrantes extranjeros, lo que implica deslaboralizar el sistema, reafirmando su autonomía frente al Derecho del Trabajo.

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Referencias:

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Contreras Cruz, C. (2020). Modelo deseable para un sistema de pensiones igualitario, justo y sostenible. Editorial CISS.

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Fajardo Cribillero, M. (1992). Teoría General de Seguridad Social. Luis Alfredo Ediciones.

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Mesa-Lago, C. (2004). Evaluación de un cuarto de siglo de reformas estructurales de pensiones en América Latina. Revista CEPAL (84), pp. 59-82.

Paitán Martínez, J. (2020). La reforma de las pensiones de jubilación en el Perú: Un nuevo modelo de protección para armar. (Tesis de la Maestría de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social) Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.

Plá Rodríguez, A. (1999). Estudios de la Seguridad Social. Editorial Fundación de Cultura Universitaria.

Rendón Vásquez, J. (2008). Derecho de la Seguridad Social. Editora Grijley.

Romero Montes, F. (1993). La jubilación en el Perú. IPSS – AFP – D. Ley N° 20530. Servidores Privados y Públicos. Servicios Gráficos José Antonio.

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1 https://onpvirtual.pe/assets/recursos/Resolucion_N_699-2019-ONPTAP.pdf

Zona Tap

El Paro Cardiorrespiratorio Como Accidente Común

Un asegurado en el SNP se disponía a salir a trabajar y sufrió repentinamente un paro cardiorrespiratorio. Falleció. Su viuda solicitó pensión. Para otorgársele, se debe analizar si la persona falleció como producto de un accidente común. En caso contrario, no le correspondería pensión de viudez.

Según la norma, un accidente común es todo evento producido directa y exclusivamente por causa externa, independiente de la voluntad del asegurado, que ocasione, en forma violenta o repentina, lesión que invalide u origine la muerte.

La pregunta que tenía que analizarse es si el paro cardiorrespiratorio podría ser considerado o no un accidente común.

La respuesta la pudo dar el TAP. Este paro, como motivo de muerte repentina, sí tiene que considerarse como ‘accidente común’ para otorgarse una pensión. El paro cardiorrespiratorio es un suceso imprevisto de manera violenta al normal comportamiento, tanto del corazón como de la respiración, producido directa y exclusivamente por causa externa, independiente de la voluntad del asegurado, lo que le ocasionó en forma violenta la muerte.

Al final, gracias a este pronunciamiento, a la viuda se le reconoció su derecho a una pensión y hoy en día puede cobrar mes a mes lo que le corresponde.


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Zona Estadística Cotizaciones

A continuación, presentamos los principales datos acerca de los aportes que realizan las personas afiliadas al Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley N° 19990) y al régimen pesquero (Ley 30003), así como los pagos de pólizas que realizan las/os empleadoras/es al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensión de sus trabajadoras/es.

El total de cotizantes, es decir, el número de afiliados que realizaron aportes, fue menor en diciembre 2020 respecto a lo presentado en diciembre 2019.

Figura 1Recaudación neta de aportes Figura 2

Número de cotizantes por régimen a diciembre 2020

La recaudación neta (1) de los regímenes activos disminuyó en 7.8 % respecto a lo obtenido en 2019.

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Zona Estadística Cotizaciones

Para el 2020, la recaudación disminuyó en 38 % respecto al año anterior. El aumento extraordinario observado en el 2018, es explicado por la incorporación del Aporte Social al Fondo Pesquero (2) (86 millones de soles).

La recaudación del SCTR se incrementó en 14 % respecto al año pasado. Esto responde al aumento de la demanda del seguro de accidentes de trabajo de riesgo durante la atención del COVID-19 en el sector salud.

Figura 3Recaudación del Sistema Nacional

de Pensiones, 2016-2020

Figura 4Recaudación del Regímen Especia

Pesquero, 2016 - 2020

Figura 5Recaudación del Seguro Complementario de

Trabajo de Riesgo, 2016-2020

Para el 2020, la recaudación disminuyó en 7.8 % respecto a 2019. A pesar que desde el 2016 se presenta un crecimiento constante, este cae en el 2020 llegando a niveles alcanzados en 2017.

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— Victorhugo Montoya ChávezAbogado, Máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca. Visiting scholar en Boston University. Profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Jefe de la Oficina de Normalización Previsional.

— Palabras claveIntervención pública, seguridad social, reformas pensionarias

Definición de una Intervención Pública Previsional

— Resumen

Este artículo trata sobre lo que significa la intervención pública en materia previsional. Parte de la justificación, el análisis de las condiciones que influyen en su estructura, en los objetivos que busca cumplir y, en base a ello, definir el mejor modelo previsional para el Estado, cuyo sistema sea adecuado, consistente y coherente, que brinde cobertura, suficiencia y sostenibilidad, y que relacione aspectos demográficos y económicos encaminados a definir políticas públicas.

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La comunidad puede valorar la experiencia y el conocimiento que a lo largo de los años ha aprendido cualquiera de sus miembros. En la sociedad inca, exenta de clases, sin el dinero como indicador de posición social, el parámetro organizacional era la edad biológica o natural dentro del ayllu. Dentro de las múltiples divisiones del tejido social andino, a los cincuenta años se reducían las labores a realizar de las personas y a los sesenta llegaba la hora de la jubilación. Así, los hombres se convertían en consejeros de los jefes de los ayllus o camareros, despenseros y lacayos de la casa de los caciques; y las mujeres, en comadronas, cuidadoras de los animales domésticos y ayas para la enseñanza y corrección de los niños.

En el mundo hebreo, por su parte, según las Sagradas Escrituras, el vocablo zaken equiparaba el concepto de “viejo” con el de “sabio” o “decano”, y así como Dios escogía a personas longevas para liderar al pueblo escogido, en los Diez Mandamientos se reclamaba honrar al padre y a la madre, y luego se reivindicaba ser compresivo con ellos mientras viviesen, aun cuando su inteligencia se debilitase (Ecl. 3, 12-13). Ya Cicerón destacaba que las cosas verdaderamente importantes no se realizan con fuerza, velocidad y aceleración de movimientos del cuerpo, sino con reflexión, autoridad y juicio, caracteres de los que este momento de la

I. — Cuestiones Iniciales

vida no carece, sino, por el contrario, las aumenta.

Frente a ello, en la actualidad, llegadas a cierta edad, lo que buscan las personas es descansar. También es cierto que, con los primeros asentamientos y comunidades organizadas, los individuos ya necesitaban protección contra las contingencias de la vida, como la falta de ingresos concluida la etapa productiva. Esta necesidad humana debía ser solventada y fue satisfecha, no desde el inicio de las civilizaciones, sino con el surgimiento de diversos mecanismos sociales comunitarios de carácter voluntario. En el siglo XII AC., Jehová le dijo a Moisés que, tras 49 años de servidumbre, su pueblo gozaría de uno “jubilar” para descansar, recuperar propiedades y comer “de los productos de la cosecha anterior” (Lev. 25). La idea fue perfeccionada en Roma. En el siglo I AC., el cónsul Cayo Mario viabilizó que personas sin propiedades se alistaran en el Ejército por 25 años, por lo que a los 45, dejando de servir, recibían pensión y una porción de tierras conquistadas. Derivado del hebreo yóbel, el latín jubilaeus, que representaba la fiesta judía, empezó a designar una época de júbilo, gozo, alegría.

Posteriormente, el modelo fue retomado con timidez por legislaciones nacionales del siglo XIX —incluso en nuestro país (Vid. la Ley de Goces, referente

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a la Ley de Cesantía, Jubilación y Montepío, del gobierno de Castilla, a mediados de siglo)—, concretizada por Bismark en la República de Weimar —cuando se institucionalizó la seguridad social— e internacionalizada a partir de la segunda postguerra. Quienes han cumplido con su etapa productiva (normalmente personas de no menos de 65 años) requieren de un beneficio económico para tener un nivel de consumo que les procure a ellas —y a sus familias— sobrevivencia, que las proteja ante situaciones riesgosas por causa de su jubilación. Los beneficiarios de estas prestaciones se denominan personas adultas mayores o personas de la tercera edad, pues el término de “anciano” se refiere peyorativamente a un discapacitado que espera morirse (Organización Panamericana de Salud e Instituto Merck para el Envejecimiento y la Salud, 2004).

Tras la Carta del Atlántico (1941), el Informe Beveridge (1942) y la Carta de Filadelfia (1944) se reconoció la seguridad social, y las pensiones de vejez. Actualmente, a nivel universal, se presentan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), línea seguida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Convenio OIT 102 —Norma

Mínima en Seguridad Social—; y la Recomendación OIT 67 —Seguridad de medios de vida— (1944). A nivel hemisférico, se presentan la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988). A nivel andino, se presenta el Convenio de Integración socio- laboral Simón Rodríguez (1973) y la Decisión 113 —Instrumento Andino de Seguridad Social— (1977). A partir de estos conceptos básicos es preciso desarrollar qué implica una intervención pública en materia pensionaria y qué estrategias puede utilizar quien haga las políticas públicas —policy maker— para lograr los objetivos previsionales.

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1. Concepto

Un sistema pensionario debe convertirse en un real programa de seguridad de ingresos para los adultos mayores o de sustitución de rentas. Sustitución, si se compara con el sueldo percibido mientras se trabaja. Está bosquejado como un esquema de ahorro de los trabajadores a fin de obtener los recursos suficientes para cuando dejen de laborar. Una visión optimista de los jubilados propicia el uso de conceptos como «personas adultas mayores» o de la tercera edad.

La pensión se encuentra reconocida constitucionalmente como un derecho independiente o como un elemento de la seguridad social. Sin embargo, no basta reconocer un derecho. El Estado debe diseñar una política que les garantice bienestar. La definición de la intervención pública previsional requiere una evolución deontológico-normativa. Esta invita al Estado a buscar una real inclusión social de quienes concluían su ciclo laboral; la preocupación por la situación de los pensionistas no se convirtió en parte de la agenda política sino hasta que la insostenibilidad financiera se convirtió en la característica intrínseca de los sistemas previsionales públicos. El Estado de bienestar —sustento de la seguridad social y de las pensiones (quizás el principal

II. — Intervención Pública Previsional

programa de transferencia de renta del sector público)— no ha sabido enfrentarse a los fuertes desafíos y presiones impuestas por el panorama actual de nuestras sociedades. Corresponde, entonces, redefinir las políticas públicas previsionales de los países iberoamericanos a través de un complemento instrumental de la racionalidad política, jurídica y económica que conlleve a la mejor decisión posible.

Un sistema pensionario debe convertirse en un real programa de seguridad de ingresos para los adultos mayores."

"

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En los últimos años, se han hecho esfuerzos de diferentes organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)1, o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)2, para brindar propuestas y recomendaciones referentes a la reforma de pensiones.

En esa línea, diversas intervenciones públicas en materia previsional han tenido que reformarse. Es una respuesta al incumplimiento de las expectativas de su creación, en especial por conseguir únicamente una baja tasa de reemplazo. En Europa (España —con graves problemas, pese al Pacto de Toledo—, Portugal o Francia (con la reforma propuesta por el presidente Macron —el nuevo sistema de pensiones busca unificar los 42 regímenes diferentes actualmente en vigor en Francia con la creación de un régimen universal—) o en Estados Unidos han pensado cómo mejorar su intervención pública. La región no se queda atrás. Chile o Uruguay son buenos ejemplos de ello, que ahora proponen equipos para reformas integrales de sus modelos.

Perú está, desde algunos años, pensando seriamente en una reforma. Trabajos como el de la Comisión de Protección Social3 o el del Consejo Evaluador de Pensiones4 son muestras de una búsqueda de reforma integral5, incluso recientemente se ha llevado a cabo una reforma paramétrica en el sistema público6.

1 OECD Review of Pension Systems: Peru. En https://bit.ly/3h3TeIr 2 Álvaro A ltamirano, Solange Berstein, Mariano Bosch, Gustavo Caballero, Manuel García-Huitrón, Lukas Keller, María Teresa Silva-Porto. Diagnóstico del sistema de pensiones peruano y avenidas de reforma. Banco Interamericano de Desarrollo. Octubre 2019 (Nota técnica del BID; 1776).3 Creada por Resolución Ministerial 017-2017-EF/10. Vid. https://bit.ly/3y49eQf 4 Creado por Ley n.° 30939. Vid. https://bit.ly/3qBaDvi 5 También se encuentra Proyecto de Ley n.° 7042/2020-CR, Ley Marco de Creación del Sistema Integrado Universal de Pensiones, planteada por la Comisión Especial Multipartidaria Encargada de Evaluar, Diseñar y Proponer el Proyecto de Ley para la reforma integral del sistema previsional peruano, comisión exclusivamente parlamentaria. Vid. https://bit.ly/3qxl1UL 6 Reglamento Unificado del Sistema Nacional de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 354-2020-EF. Vid. https://www.gob.pe/institucion/onp/informes-publicaciones/1368832-reglamento-unificado-del-sistema-nacional-de-pensiones.

Pero para crear un modelo viable y coherente con la realidad de cada país es relevante primero conocer qué sustenta la intervención pública en el ámbito previsional, señalar cómo podría plantearse el cambio y definir qué objetivos deberían priorizarse. La reforma no puede ser un mero maquillaje ante los problemas que aquejan al sistema, sino que debe ser perdurable en el tiempo, favorable a los pensionistas.

2. Justificación

Los sistemas de pensiones fueron creados por una práctica generalizada, regida por los instrumentos internacionales antes mencionados o por la lucha de las clases trabajadoras que reclamaban protección ulterior.

La existencia de una política pública previsional se puede explicar por la ausencia de planificación de su futuro por parte de individuos que no realizan comportamientos racionales al decidir a largo plazo y con incertidumbre. Desde la teoría económica se ha propuesto que el sustento de una intervención como la existente debe hacer frente a problemas de eficiencia (fallos del mercado), de equidad o por necesidad de regulación.

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Falla Forma de intervención

Externalidades Como la falta de ahorro de una persona daría lugar a su posterior estado de pobreza, el Estado habilita a la sociedad a transferirle dinero, con coste en términos de renta.

Información Asímetrica En vista de que la incertidumbre del futuro deviene en una planificación individual difícil y costosa, se eliminan costes de tiempo y dinero a través de un programa público.

Selección Adversa Para no hacer depender a las primas de la renta a sustituir en el futuro y de la probabilidad individual de sufrir la contingencia, se requiere establecer primas iguales para todos los ciudadanos con el mismo capital asegurado.

Reducción de Costos de Transacción A fin de reducir los costes de transacción para elegir la alternativa más idónea (como no existen seguros personalizados), se necesita un programa uniforme, acreditado solo si los costes de la diferenciación superan a los beneficios de esta.

Riesgo de Quiebra El Estado, por más gestión equívoca que realice, difícilmente puede quebrar -algo que está en entredicho en la actualidad, tomando en cuenta experiencias como la griega-, a diferencia del trabajador, a quien su mala gestión le podría hacer perder todo lo ahorrado.

Riesgos Sociales Las particulares solo cubren riesgos privados, pero el Estado también los riesgos sociales (afectación simultánea a la población por contingencias, como disminución del tipo real de interés) por disponer de recursos adicionales (impuestos o deuda) a las primas de los asegurados.

Pensiones diferenciadas Si todo depende del ahorro personal, algunos podrían recibir una pensión ínfima, por lo que debería desligarse el monto de las pensiones de la capacidad de renta de los individuos, uniformizándolas a través de la introducción de un elemento redistributivo.

Paternalismo Se interviene para mayor bienestar del individuo: evitar la extrema pobreza producto de una equívoca planificación personal con bajos recursos, baja tasa de sustitución intemporal y/o baja aversión al riesgo, que subestima sus necesidades de vejez.

Fuente: Apella 2007; Etxezarreta 2003; Moreno Moreno 1998

Hay justificaciones de eficiencia y de equidad que motivan la intervención pública en materia previsional. Lo importante de cada Estado es determinar qué peso le otorgan a cada una de ellas para así tener claro cómo realizar cada intervención.

Tabla 1Justificación de la intervención pública previsional

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3. Condiciones

Ahora deben analizarse las condiciones que influyen en la estructuración de la intervención pública en materia previsional. El policy marker debe observar, conocer y entender tales condiciones antes de realizar cualquier intervención.

Condición Conocimiento

Condiciones políticas Conocimiento de las políticas sobre seguridad social y sobre personas adultas mayores, personas con discapacidad, y niñas, niños y adolescentes, así como posibilidad de lograr consensos políticos, sociales y técnicos para definir la política previsional.

Condiciones demográficas Comportamiento de las tasas de fertilidad, o de mortalidad, de la esperanza de vida, de la pirámide generacional, el proceso de migración, la dicotomía rural-urbano, o de la distribución poblacional por sexo.

Condiciones macroeconómicas Comportamiento pasado, presente y futuro del producto interno bruto, de la inflación, de la deuda pública o del mercado de capitales.

Condiciones laborales Comportamiento de la población económicamente activa, la rigidez del mercado laboral, el nivel de trabajadoras/es no dependientes, o el nuevo mercado laboral de los millennials (generación Y) o de la generación Z.

Condiciones sociales Comportamiento de la dicotomía de riqueza-pobreza, del índice de Gini, del índice de desarrollo humano, o de la educación.

Condiciones tributarias Comportamiento de la presión tributaria, o del monto de los tributos que pagan las personas.

Condiciones jurídico constitucionales Comportamiento del ejercicio de derechos, del modelo de estado, del modelo de economía, de las finanzas públicas, o de toda regla en materia previsional, establecidas tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en el internacional.

Cada una de estas condiciones influyen en la toma de decisiones sobre cómo estructurar la intervención pública previsional. Si no se toma en cuenta alguna de ellas, es imposible tener una respuesta adecuada. Vale recordar que el modelo que se opte en cada país implicará un acuerdo para toda una sociedad, cuyos efectos podrían ser tangibles en unos treinta o cuarenta años.

Tabla 2Condiciones de la intervención pública previsional

Elaboración propia.

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Conocer cada condición implica una adecuada evaluación, y completa, de cada una de ellas (variables independientes) para poder medir el efecto que tendría sobre la intervención pública previsional (variable dependiente). Tal conocimiento implica ver su comportamiento pasado, ver la situación actual y su prospectiva en el corto, mediano y largo plazo.

A modo de ejemplo, centrémonos en el caso de la variable demográfica. El envejecimiento acelerado que experimenta en la actualidad la población en Latinoamérica se debe, principalmente, a dos hechos7: la disminución de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Esta transición demográfica generará un cambio de tipo estructural a consecuencia de que la población de adultos mayores aumentará no solo en número, sino también en su peso específico respecto de la población total.

La proyección de envejecimiento, de acuerdo con las cifras del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), para Latinoamérica indica que la población adulta mayor crecerá a un ritmo de 3.5 % en el periodo 2020–2050, tres veces más rápidamente que el índice de crecimiento de la población total8. Para Perú se estima que en el año 2050 el porcentaje de personas adultas mayores será de 22.8 %, cambio

demográfico que preocupa especialmente al Estado, debido al incremento de la demanda de servicios públicos, sobre todo en el ámbito de pensiones y salud.

La magnitud del fenómeno del envejecimiento poblacional exigirá a los países de la región, una creciente demanda por la satisfacción de necesidades de parte de la creciente población y con ello, cobra importancia las políticas sociales que han definido diferentes países para abordar las diferentes problemáticas. En tal contexto, merecen una especial atención las políticas previsionales que configuran los gobiernos para hacer frente a esta contingencia cada vez más relevante y urgente.

Así, se observa que la esperanza de vida ha aumentado en Iberoamérica, con el consecuente envejecimiento de la población. Es preocupante que en los próximos años el grupo de adultos mayores (65 años a más) aumente más que el grupo de la población que significa la fuerza laboral (15-64 años).

7 Vid. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://www.cepal.org/es/temas/envejecimiento.8 S. Huenchuan (ed.). Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Perspectiva regional y de derechos humanos, Libros de la CEPAL N154 (LC/PUB.2018/24-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018.

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Tabla 3Estructura de la población en América Latina y el Caribe por grupos de edad

Región2020 2050

15-64 años +65 años 15-64 años +65 años

América Latina 67.16 % 8.89 % 63.99 % 18.92 %

Caribe 65.43 % 10.63 % 63.14 % 18.83 %

Nota. CEPAL, 2021.

El elemento laboral no puede perderse de vista. El gobierno ha de ser consciente de que, cuando decidan los cambios previsionales, estos necesariamente tendrán impacto en otro tipo de políticas, por ejemplo, del mercado laboral. La reducción del desempleo, un incremento real de las ratios de actividad, la promoción de la ratio de actividad para la gente que voluntariamente desee trabajar, y una política de inmigración más abierta contribuirían a una mejora sustancial de la situación financiera de las pensiones (Etxezarreta, 2003, p. 26).

Adicionalmente, existe un problema de migración que afecta al mercado laboral. La fuerza laboral de la región empezó a irse a América del Norte, Europa y Oceanía, según el International Migration Report 2002 de las Naciones Unidas. Dentro de la región, hay migración a Chile y Argentina. Los migrantes son de dos tipos: altamente cualificados (alta gerencia o medios académicos) y de baja cualificación.

También puede realizarse un análisis de la intervención pública previsional desde el punto de vista social. Para instalar un sistema de pensiones debe observarse las grandes brechas de desigualdad que existen en Latinoamérica —además, ha existido cierto deterioro social y decaimiento de los índices de desarrollo humano (CCLA 2003)— y que son, en el caso peruano, bastante preocupantes.

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9 Donde mientras el puntaje es más cercano a cero, es más igualitario.

Como las pensiones son elementos de legitimación del Estado, a través de ellos este logra control social y el mantenimiento del orden público, por lo que ningún gobierno puede fallar en la provisión de las pensiones. Pero, por más que reduzca beneficios contributivos, la propuesta de pensiones no contributivas implica mayor gasto. El rediseño del fondo previsional es imprescindible, donde el gasto en pensiones es parte de una política más amplia en protección social. Esta parece ser la línea que había empezado a seguirse en la región, donde el gasto social ha comenzado a ser relevante. La pandemia ha generado incertidumbres sobre qué camino va a seguirse.

Tabla 4Coeficiente de Gini en Latinoamérica al 2019

País Puntaje9

Uruguay 0.39

Argentina 0.40

El Salvador 0.41

Perú 0.43

Bolivia 0.43

Rep. Dominicana 0.43

Ecuador 0.46

Nota. CEPAL, 2019.

México 0.46

Paraguay 0.47

Honduras 0.49

Costa Rica 0.50

Panamá 0.51

Colombia 0.53

Brasil 0.54

America Latina 0.46

País Puntaje

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Figura 1Variación del PBI y del gasto social en América Latina en 21 países

14.00 %

12.00 %

10.00 %

8.00 %

6.00 %

4.00 %

2.00 %

-2.00 %

-4.00 %

0.00 %

Nota. CEPAL, 2019.

En el ámbito de las condiciones jurídico-constitucionales, además de conocer los postulados de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), a través de sus convenios y recomendaciones, es preciso saber qué margen permite la configuración constitucional de la pensión.

En el caso nacional, sencillas fórmulas de reconocimiento de la pensión fueron el punto de partida:

• Primero, desde la Constitución de 1823, el término “pensión” estaba presente como una referencia en clave negativa, al nombrársele para negar cualquier reclamo a favor de los diputados en ejercicio de sus funciones (artículo 58), que prácticamente repetía el artículo 130 de la Constitución gaditana de 1812.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162 017 2018

VARIACIÓN DEL PBI VARIACIÓN DEL GASTO SOCIAL (2000-2018)

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• Segundo, se reconocían las hoy llamadas «pensiones de gracia», cuyo otorgamiento era facultad del Congreso de la República: en el artículo 60.19 se le permitía “Conceder premios a los beneméritos de la Patria, y decretar honores en su memoria”, línea seguida en las normas posteriores.

• Tercero, en las Constituciones de 1826, 1828 y 1834 se reconoció la facultad del presidente de la República de conceder pensiones y montepíos exclusivamente en materia militar (artículos 83.16, 90.17 y 85.18, respectivamente).

• Estos dispositivos gozaron de un desarrollo legal durante el mandato del mariscal Agustín Gamarra. Emitió la Ley del 6 de mayo de 1830, Reglamento Previsional de Retiros, de Inválidos y Premios para el Ejército y la Armada Nacional, que favorecía al personal que participó en la Guerra de Independencia. Otorgó pensiones de retiro en montos fijados en función al grado y tiempo de labores y de invalidez para los incapacitados durante servicio. Es el primer antecedente nacional de pensiones (Abanto Revilla, 2011) que demostró la preocupación existente por el personal militar y policial, por ser garantes del orden interno y la defensa nacional.

• Además, se mantuvo la regulación militar existente durante la época colonial. La primera iniciativa para crear un montepío militar había aparecido en 1755, de la mano del marqués de la Mina, quien se dirigió en una epístola al entonces secretario de Guerra, Sebastián de Eslava, para proponerle un “socorro de viudas y huérfanos”. Seis años después, por Real Cédula de 20 de abril de 1761, se creó oficialmente.

• Durante el primer ejercicio gubernamental de Ramón Castilla, se emitió la conocida como Ley de Montepío Militar, pero lo más importante se encontró con la dación de la ley del 22 de enero de 1850, la famosa Ley General de Goces, a través de la cual se reguló el régimen de las pensiones de los servidores públicos en general, germen directo del actual régimen del Decreto Ley 20530. Hoy coexisten el sistema público y el privado, además de haberse creado una fórmula de pensión no contributiva.

Hoy en día se establece constitucionalmente lo siguiente:

• Se ha establecido la existencia de un sistema previsional, competitivo entre entidades públicas y privadas (artículos 1 y 11, interpretados por STC 0050-2004-AI/TC y otros y STC 0014-2007-PI/TC), con una protección del ahorro previsional —intangibilidad de fondos— (artículo 12, interpretado por la STC 0016-2020-PI/TC) y de la pensión mínima (artículo 11, interpretado por STC 1417-2005-PA/TC), que tiene como principios la dignidad, igualdad, solidaridad, progresividad y equilibrio presupuestal.

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• Además, regula el derecho a la pensión, con un ámbito subjetivo y objetivo, y cuenta con la seguridad social como garantía institucional (artículos 10 y 11, interpretados por STC 0050-2004- AI/TC y otros y STC 1417-2005- PI/TC). La pensión es un derecho fundamental social de contenido económico, cuya finalidad es subvencionar las necesidades vitales de la persona y satisfacer los estándares de la “procura existencial” (STC 0050-2004-AI/TC y otros). La seguridad social es un complejo normativo estructurado al amparo de la “doctrina de la contingencia” y la calidad de vida, que se configura como un “sistema institucionalizado de prestaciones individualizadas, basado en la prevención del riesgo y en la redistribución de recursos, con el único propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad” (STC 0011-2002-AI/TC).

• Desarrolla el concepto de equilibrio presupuestal, según el cual, toda reforma (estructural o paramétrica) debe tener sostenibilidad financiera (artículos 11, 12, 79, inciso 17 del artículo 118 y las Primera y Segunda Disposición Final y Transitoria, interpretados por la STC 0016-2020-PI/TC).

Figura 2Marco constitucional de las pensiones en el Perú

Pensión como procuraexistencial (artículo 11 de

la Constitución)

Contenido esencial:Acceso al sistema, accesoa la pensión, pensiónmínima, no privación

FINA

NZA

S PÚBLICA

S(artículo 77, 1D

FyTy 2DFyT de la Constitución)

Principio deequilibrio

presupuestario

Viabilidad

financiera dereform

as

Intangibilidadde fondos

como garantíaPr

inci

pio

dedi

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(artículo 58 de la Constitución)ES

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Ámbitoobjetivo(Sistema)Ambito

subjetivo(derechoindividual)

Contenido no escencial:Nivelación previsional

Contenido adicional:Pensión de sobrevivencia

Produccción del ahorraprevisional (artículo 12)

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Hemos presentados dos ejemplos de condiciones que influyen en la intervención pública previsional. El análisis lógicamente es más complejo que el presentado, pero sin lugar a dudas es bueno tener una muestra de lo que deben hacer los policy maker para que los resultados estén bien justificados.

4. Objetivos

Cualquier intervención pública previsional debe orientarse a conseguir tres finalidades. En cualquiera de ellas, la intervención pública también ha de velar por cumplirlas. Se requiere para lograrlo una redefinición del rol del Estado, aunque muchas veces el desarrollo político, social y económico de la región ha sido poco propicio para su consolidación (Haggard y Kaufman, 2008).

Eso sí, el enfoque no puede ser meramente financiero.

En primera instancia el problema debe ser abordado como una cuestión de recursos, o sea, de trabajo y producción; si los incrementos de los flujos de recursos no son suficientes para dar seguridad a los jubilados, entonces sencillamente no hay reforma financiera que pueda garantizar pensiones

socialmente adecuadas; si, por otro lado, los recursos están disponibles mediante niveles más elevados de empleo y de actividad económica, entonces las valoraciones tan pesimistas que se han hecho del sistema actual no son aplicables (EE.EE, 2001, p. 13).

Por eso, es necesario fijarnos también en la cobertura y en la suficiencia de las prestaciones.

En primer lugar, debe analizarse el objetivo de la cobertura. Superando la propuesta bismarckiana, a mediados del siglo pasado, el informe Beveridge propuso una seguridad social universal. Pese al transcurso del tiempo, en Latinoamérica, el gran anhelo de una cobertura pensionaria a toda la población ha quedado sin cumplirse. Buena parte de la población de la región no se beneficia de los réditos del crecimiento económico. Son latentes los problemas de alcance (porcentaje de la población objetivo que percibe el beneficio en proporción con la Población Económicamente Activa-PEA). Tal como se muestra el siguiente cuadro, queda mucho por hacer.

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Tabla 5Índice de cobertura en América Latina y el Caribe al 2019

Nota. OIT con la base de información de las encuestas de hogares de los países. Los datos del promedio al III trimestre de 2020 pueden presentar problemas de comparabilidad con los datos respectivos de 2019, debido a ajustes en los procesos estadísticos que los Institutos de Estadística y Censo han implementado por la crisis sanitaria. Datos preliminares.

a/ Datos promedios al I semestre; b/ Los datos promedios del I trimestre del 2020 son con cobertura nacional y preliminares. Los datos del II y III trimestre del 2020 son con cobertura urbana; c/ Los datos de tasa de participación y desocupación incluyen la desocupación oculta; d/ El dato promedio del II trimestre del 2020 corresponde a los meses de mayo y junio; el del III trimestre del 2020 a septiembre; e/ Los datos promedios del II y III trimestre 2019 provienen de la ENOE, los del II trimestre 2020 provienen de la ETOE y los del III trimestre 2020 de la ENOE nueva edición; f/ Los datos del I, II y III trimestre del 2020 son preliminares; g/ Los datos promedios del I trimestre del 2020 provienen de la ECH los meses de enero y febrero; el mes de marzo proviene de la ECH-Telefónica. Los datos promedios del II trimestre 2020 corresponden a los meses de abril, mayo y junio ECH- Telefónica y los del III trimestre corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre ECH-telefónica; h/ Promedio del I y III trimestre; i/ Promedio del I trimestre; j/Promedio ponderado. Excluye la desocupación oculta de Colombia, Ecuador y Jamaica. La ponderación utilizada son la población en edad de trabajar y la fuerza de trabajo.

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La pobreza y la informalidad en el empleo impiden que muchos se inserten en los sistemas previsionales y que todos gocen de los beneficios. Por ejemplo, se critica al sistema privado que, bajo su lógica de mercado, no pueda cubrir a los grupos de más bajos ingresos o no insertados en el mercado laboral. El Estado del bienestar obliga a una política pública con una cobertura previsional más focalizada, interviniendo en espacios con potencial desestabilizador, como la pobreza.

Para los afiliados al sistema, también es importante definir si realmente van a aportar aquellos que pertenezcan a uno de los sistemas. Puede pasar que las personas se afilien, pero posteriormente no realicen aportes y realmente no estarán cubiertos por las prestaciones que el sistema prevea a su favor.

Ahora bien, también es preocupante el número de personas que, habiendo cumplido la contingencia que les impide trabajar (discapacidad para el trabajo o edad para personas adultas mayores), recibe alguna prestación previsional.

Otro objetivo de la intervención pública previsional es la búsqueda de la suficiencia de la pensión a pagarse. La suficiencia implica el nivel del beneficio con relación al salario de referencia durante el período de actividad o a algún índice de precios.

El hecho concreto es que la existencia de una extendida pobreza en muchos de los países de la región invita al Estado a buscar la solidaridad entre la población, sobre todo la equidad intrageneracional, como fue la propuesta original en el sistema público, a partir de la lógica de solidaridad en un Estado del bienestar. Así, se cuestiona que el sistema privado convierta en un bien la seguridad de los jubilados, dado que la intervención del Estado (con regulación o complementándolo) debe desmercantilizar las pensiones (Etxezarreta, 2003).

Ahora bien, en la actualidad, son los trabajadores los que subvencionan a los actuales pensionistas (equidad intergeneracional). Si bien hay argumentos para mantener esta redistribución horizontal, no parece ser lo ideal. Así se plantea una pregunta respecto a si es admisible que los trabajadores jóvenes paguen cotizaciones más altas para poder solventar los gastos de una población pensionista más grande. Al respecto, se señala que los actuales trabajadores gozan del nivel de vida que tienen gracias a que lo que las generaciones anteriores hicieron posible. Además, es imposible ignorar que si la riqueza es resultado de una actividad social y los propietarios del capital se benefician de su aumento, deben también contribuir a los gastos sociales.

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Los gobernantes deben buscar conectar equidad con sustentabilidad y a la vez favorecer la existencia de un mercado laboral sin sobrecostos, donde el pago de los jubilados de hoy signifique un gran desembolso por parte de quienes están laborando. Primero debe sanearse el sistema público y luego ampliar el grupo de trabajadores formales que puedan pagar para que los que más tienen colaboren con los más desfavorecidos, pero preferentemente como parte de una equidad intrageneracional y no tanto una intergeneracional.

Por último, está el objetivo de la sostenibilidad. Este es un objetivo que más se pone en entredicho con los sistemas públicos, aunque también en los privados cuando subvencionan parte de sus prestaciones (como pensiones mínimas o pensiones no contributivas). La sostenibilidad se refiere a la relación entre ingresos y gastos que determina la capacidad de mantener el sistema.

Esta es la gran preocupación de los gobernantes de hoy en día. Los aportes de los trabajadores activos no alcanzan para pagar las pensiones actuales de los jubilados. Los problemas en la pirámide de población son notorios. Tomando en cuenta la ratio de dependencia demográfica (los que no están en posibilidad de trabajar respecto de los que sí lo están)

y la ratio de dependencia económica (población fuera del mercado laboral frente a la que está dentro), se concluye que ha disminuido el número de trabajadores activos formales, lo cual ha degenerado en graves dificultades para el sistema pensionario. Debido a las nuevas características del mercado laboral. Al respecto, “¿es posible que los recursos de las sociedades se puedan compartir entre la generación trabajadora y la población que no trabaja, de forma que no se incrementen los inaceptables conflictos sociales e intergeneracionales?” (OCDE, 1988, p. 12). Como el fondo previsional se encuentra en déficit, tienen que encontrarse otras fuentes de ingresos que compensen las pérdidas, como impuestos o préstamos.

Para que un gobierno tenga más claridad sobre la situación en que está su país, es imprescindible prever cuánto tiempo más puede durar su sistema público de pensiones a fin de tomar las medidas necesarias para evitar el descalabro del fondo previsional. Al respecto, se propone el uso de la metodología de la generational accounting —analiza la optimización intertemporal realizada por un individuo representativo de una determinada generación en interacción con los de las demás generaciones— (Auerbach et al., 1991) para predecir los efectos del cambio demográfico sobre

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el ahorro previsional y sobre el presupuesto público, además de los efectos sobre el bienestar de las consiguientes políticas de reforma.

En esta línea, el Banco Mundial ha propuesto el modelo de Pension Reform Options Simulation Toolkit (PROST), que toma en cuenta las proyecciones poblacionales, la estructura demográfica, los flujos financieros y la reforma sistémica (World Bank, 2006) y que ha promocionado en los últimos años. Precisa, además, que “de los ocho países de América Latina con baja cobertura que introdujeron sistemas de múltiples pilares con ayuda del Banco Mundial, sólo Bolivia creó una red de seguridad general, el Bonosol, en paralelo con su reforma basada en múltiples pilares”.

Conjuntamente con este objetivo, es importante resaltar el rol que cumplen los fondos de pensiones, que pueden tener los sistemas públicos, y que lógicamente sostienen el actuar de los sistemas privados. Para ello, se suele manejar un portafolio diverso de activos financieros. Esto incluye caja y equivalentes en efectivo (inversión líquida de corto plazo); renta fija (inversiones a largo plazo, no líquidas, en valores que generan intereses y amortizaciones comprometidas según plazos, como bonos del gobierno, globales, del sistema financiero y del corporativo); renta variable

(inversiones a largo plazo, no líquidas, en acciones, como fondos mutuos en mercados locales, regionales y globales); e inversiones alternativas (inversiones a largo plazo, ilíquidas, calificadas como no tradicionales, como fondos de inversiones en sector infraestructura o inmobiliario). Sin embargo, todo ello está sujeto a la volatilidad del mercado financiero y de valores.

Para atacar estas fallas, cada país fija su sistema previsional con una disímil intervención pública, según su grado de liberalización y consistencia como Estado del bienestar o Estado liberal. Según Herce et al., 1996, también fija sus efectos en rentabilidad y sostenibilidad, la cuantía de la pensión a obtener, el déficit del sistema, y sus efectos sobre el ahorro, en estricto, sobre el incremento anual del PIB.

Hay varias decisiones que el policy maker tiene que definir. Entre ellas podemos encontrar las siguientes:

III. — Estrategias

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• Sobre el ahorro: - ¿Quiénes aportan? ¿Desde cuándo aportan? - ¿Cuánto es el monto que deben aportar? ¿Durante

cuánto tiempo? ¿Cuál debe ser la densidad de aportes?

- ¿Cuál es la base imponible para aportar?- ¿Qué mecanismos tienen para aportar? - ¿Hay fondo común o son individuales? ¿Hay cuenta

nocional? ¿Hay fondos diferenciados según riesgo? - ¿El empleador paga parte del aporte?

• Sobre las prestaciones: - ¿Qué condiciones habría para ser pensionista?

¿Cuál es la edad de jubilación? ¿Cuál sería la tasa de reemplazo esperada?

- ¿Beneficios definidos o contribuciones definidas? - ¿Hay ajuste de pensiones? ¿Bajo qué criterios? - ¿Se va a asegurar pensión mínima? ¿Bajo qué

consideraciones se otorgarían? ¿Hay pensiones por invalidez y por sobrevivencia?

- ¿Hay pensión no contributiva? ¿Bajo qué criterios? - ¿Cómo se conecta con salud?

• Sobre el ámbito institucional- ¿Cuál es el diseño institucional? - ¿Quién recauda? ¿Será centralizada? - ¿Cómo se reparte la recaudación? - ¿Quién asume el costo de la administración

(infraestructura, servicios, mantenimiento)? ¿Se cobran comisiones?

• Sobre las finanzas: - ¿Qué modelo de finanzas públicas en materia

previsional se ha adoptado? ¿Aportes pagan pensiones?

- ¿Qué reglas se establecen para las inversiones? ¿Qué portafolio puede tenerse?

- ¿Hay rentabilidad asegurada? - ¿Únicamente con aportes van a pagarse pensiones? - ¿Se prevé apoyo del Tesoro Público? - ¿Cuál debe ser el equilibrio actuarial?

De acuerdo con la situación particular de cada Estado, los avances ya realizados, y recogiendo las mejores prácticas internacionales, se debe tomar la decisión de cómo realizar una intervención pública previsional. Hay diversas estrategias que pueden utilizarse (no existe un modelo único y universal para la reforma estructural en la región latinoamericana [Mesa-Lago, 2010]).

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1. Modelos Puros

A continuación, se plantean algunas opciones, aunque podrían existir otras, tales como universalizar las pensiones, sostenidas a través de impuestos, o que el Estado se restringa a promover el ahorro previsional sin exigirlo.

Modelo Contributivo de Reparto. Nos referimos a un modelo de exclusividad de provisión pública directa. En su versión original, la pensión del sistema público (PAYG, Pay-as-you-go) surgiría de un fondo creado a partir de lo aportado, en su momento, por los propios trabajadores en activo; además, incluiría beneficios diversos, como pensiones de sobrevivencia, por ejemplo. Todos los trabajadores de una determinada generación aportan a un fondo común para que, cuando lleguen a la edad de jubilación, accedan a pensiones, donde los que aportan más colaboran con los que aportan menos.

En Prusia, todo se inició con la experiencia de Guillermo II. De un lado, la industrialización y las luchas de trabajadores, y de otro, la presión de la iglesia, los grupos políticos y sectores académicos, influyeron en el gobernante alemán para pronunciar el famoso

mensaje imperial del 17 de noviembre de 1821; fueel primer intento serio de institucionalizar las pensiones, al establecer diversas salvaguardas a los trabajadores en caso de que no tuviesen cómo sostenerse por enfermedad, accidente, invalidez y vejez.

Posteriormente, el canciller Otto von Bismarck creó en 1881, el primer sistema de pensiones, como parte de su Estado de bienestar, Welfare State, producto del requerimiento de solidaridad entre la población. Se postuló un sistema de reparto, basado en tres leyes sociales: un seguro contra enfermedad en 1883; otro contra accidentes de trabajo en 1884; y, especialmente, contra invalidez y vejez en 1889. Establecía una edad de jubilación alrededor de los 65 años, aun cuando la esperanza de vida del país era de 45 años.

Este modelo, basado en la profesionalidad, tuvo como particularidad su carácter contributivo. En un primer momento, se previó un esquema de aportaciones pensado para que, en el siglo XIX, miles de jóvenes trabajadores aportasen una parte de su sueldo para sustentar a unos pocos, básicamente, a los ancianos sobrevivientes o no llevados a América por sus hijos emigrantes. Se propuso una cotización en proporción de 2/3 partes por el trabajador y el restante por el

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empleador. Pero luego, se creyó que era la patronal la productora del riesgo y, por tanto, este debía hacer el aporte correspondiente, sin que tuvieran que hacerlo los trabajadores.

En general, se puede definir como un sistema de equidad intrageneracional, catalogado como un sistema de reparto, bajo un esquema de beneficios definidos (Söderström, 2008). A fin de superar el modelo de crecimiento propuesto por Solow y Swan en 1956, en función de Cobb-Douglas10, donde el ahorro de la sociedad presupone una población empleada que crece a una tasa constante determinada exógenamente —en la ecuación diferencial de acumulación de capital, la tasa de cambio del capital por trabajador es igual al remanente del ahorro bruto por trabajador respecto de la ampliación bruta de capital—, se plantea una explicación endógena a la elección intertemporal óptima de los consumidores, trabajadores que buscan encontrar una pensión tras concluir su vida laboral. Si bien la vida de cada individuo es finita (t=0,1), la economía es infinita al presuponer que en cada momento nacen nuevos miembros de la sociedad.

No obstante lo señalado, el diseño clásico del sistema no se tradujo en la realidad, y fue objeto de innumerables críticas. Se terminó caracterizándolo, entre otros, por la coexistencia de múltiples regímenes con baja o nula cobertura para los más pobres; descenso en la relación entre contribuyentes y beneficiarios; evasión y retraso en el pago de contribuciones; absorción de saldos y

reservas por los presupuestos; baja rentabilidad en las inversiones; débil relación entre las contribuciones y los beneficios; excesivos costos administrativos; y sistemas financieros procíclicos, y con cargas sociales sobre la nómina salarial que afectan la competitividad empresarial (OCDE, 1998, p. 79).

Tres son los grandes problemas, cuya consecuencia no ha sido otra que la insatisfacción de los usuarios del sistema. El aumento de las expectativas de la población amenaza la viabilidad del sistema público (Chaia et al., 2007, p. 148).

Comencemos con el problema laboral. El sistema público ha afectado las decisiones laborales de los individuos. Las cotizaciones a veces son presentadas como un “impuesto por trabajar”, que incrementa el coste laboral; es decir, se trata de “salarios aplazados” y forman parte del contrato de trabajo.

De otro lado, se crea el efecto de inducción a la jubilación, al aceptarse pensiones anticipadas, que depende de la percepción de los trabajadores sobre la relación entre cotización y prestaciones.

Conectado con el anterior, se encuentra el problema del desincentivo al ahorro. Racionalmente, un individuo debería ahorrar para su futuro, pero como va a recibir una pensión, no lo hace (efecto sustitución de la riqueza o efecto desplazamiento). Así lo explica el modelo del ciclo vital, que en su momento fuese

10 Para analizar la manufactura estadounidense, Charles Cobb y Paul Douglas habían propuesto en 1928 una función de producción, tal que los factores de producción cobran sus productos marginales.

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planteado como la justificación central de la existencia de un sistema previsional. Aún así, se cuestiona que este sea un problema del sistema público, por no existir evidencia empírica sobre este efecto.

Por último, y tal vez el problema más grave existente, es el presupuestario. Un sistema previsional, con fondos comunes, podría llegar a ocasionar una crisis estatal (World Bank, 1994). Adicionalmente a este problema, se enfrenta a la insostenibilidad del fondo público (planes de prestación sin proporción frente a las aportaciones efectivas y mala gestión pública, a la par de los impuestos a la población, la subvención por fuerza laboral en activo y el excesivo endeudamiento público); una falta de control sobre las variables macroeconómicas (como el comportamiento del empleo, la inflación o el crecimiento de los salarios y productividad que definen las cotizaciones); y, una grave complicación demográfica (con el progresivo envejecimiento de la población).

Por la desproporción entre las pensiones pagadas y lo cotizado, y la mala gestión pública (incluso, malversación de fondos), se han creado más impuestos que buscan ser subvencionados por fuerza laboral en activo —desdiciéndose con el modelo original—.

El tema presupuestario fue considerado tan grave que trajo consigo la aparición de un nuevo tipo de sistema pensionario, el privado, a ser explicado más adelante. La crisis fue gravísima en la región, sobre todo en el Perú.

Frente a los problemas planteados, se han propuesto diversas medidas de reestructuración que tienen como denominador común superarlos. Para ello, no es admisible un Estado corrupto, burocrático e ineficiente, sino uno renovado, que no rehúse las funciones que le son inherentes, un Welfare State reconstruido. En fin, se espera un sistema sostenible y equitativo.

Por ello, desde la teoría se han ido proponiendo diversas medidas, que si bien pueden tener variadas formas de ser llevadas a cabo, deben tener como fin último el bienestar del pensionista. Por ejemplo, la proporcionalidad entre lo que se aporta y lo que se recibe puede permitir aplicar el principio de equivalencia financiera a fin de salvar las fallas en la equidad horizontal. Tal proporcionalidad se debe, entre otros factores, a los siguientes: (i) el cálculo de la base reguladora se hace únicamente con la cotización de los últimos años previos a la jubilación; (ii) como basta un número de años de contribuciones, cualquier tiempo de exceso no es un aporte real; (iii) la diferencia entre regímenes implica que personas con iguales ingresos reciban pensiones distintas; o, (iv) los que aportan para una pensión mínima reciben igual que aquellos que aportaron menos (Monasterio et al., 1996).

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Tabla 6Pros y contras de la reforma del sistema público de pensiones

Media Justificación Dificultades

Retraso en la edad de jubilación. - Mayores recursos por cotizaciones. - Reducción de gastos por disminución de pensionistas- Aumento de la pensión mediaadolescentes, así como

posibilidad de lograr consensos políticos, sociales y técnicos para definir la política previsional.

− Se imposibilitaría la incorporación de jóvenes al mercado laboral.

− Los mayores producen menos que los jóvenes.

− Hay un esquema flexible de jubilación parcial.

− Se muestra poco eficaz por la adversidad demográfica.

Aumento de las cotizaciones. - Mayores fondos.- Posibilidad de cobrar según productividad.

− Se desmotiva la contratación de nuevos trabajadores.

− Hay desmotivación en los trabajadores actuales.

Equiparación de regímenes especiales al general.

- Consecución de la misma presión contributiva.- Más proporcionalidad y equidad.

− Se afectan derechos adquiridos (problema legal).

Racionalización de las prestaciones. - Menor gasto público. − Los pensionistas pierden poder adquisitivo (medida impopular).

Mayor penalización por jubilación anticipada.

- Reducción del gasto.- Impedimento del goce de pensión mínima a quien no

haya aportado lo suficiente.

− Hay efectos poco significativos en la reducción del déficit.

Lucha contra el fraude por cotizaciones. - Mejora en la gestión.- Menor índice de morosidad.

Sinceramiento de la relación entre ratios de reposición y contribución.

- Aumento de años de cotización para calcular base reguladora. El cálculo de la pensión se realiza sobre la base de la cotización de los últimos años. En la actualidad, se busca optimizar rentas futuras reduciendo al máximo el importe de las bases de cotización fuera del periodo considerado, y aportando menores cotizaciones.

- Reducción del gasto en pensiones.- Rebaja de costes laborales.- Menor tasa de reposición resultante.- Posible reducción de base reguladora.- Reducción de la pensión inicial y de tasa de sustitución

de los ingresos en activo respecto de pasivos.

− Pasar de bases tarifarias diversas a estar a una en función a salarios.

− Se genera un problema social por disminuir las pensiones.

Cambios en la proporcionalidad de la escala (opciones: establecer una mayor proporcionalidad en la escala de cotización, aumentar el periodo máximo de cotización y reducir el porcentaje para el cálculo de la pensión máxima).

- Superación del problema de porcentajes asociados a distintos periodos de cotización.

- Reducción destacable del gasto, al implicar reducción de prestación media.

− Pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas (medida impopular).

Actualización de pensiones bajo el Índice de Precios al Consumidor (medida aplicable a todas las pensiones en todas sus modalidades, con exclusión de las mínimas; alternativa: congelar pensiones más altas y actualizar las más bajas por encima del IPC).

− Importante reducción del gasto (casi todos los países de la región introducen mecanismos automáticos de revaloración de pensiones en función del IPC.

− Los pensionistas pierden poder adquisitivo (medida impopular).

Nota. Moreno Moreno, 1998.

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Cada una de estas medidas, como puede verse, tiene efectos positivos y negativos ante los problemas que trate solucionarse. Por ello, es preferible plantearlas de forma combinada, y como se ha planteado esto, depende de las necesidades puntuales de cada país.

Modelo Contributivo de Capitalización Individual. Como la creación de programas de pensiones obligatorios es asimilable a cualquier tipo de seguros, se ha considerado justificado crear planes privados de pensiones, gestionados por Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).

Fue Chile, un país de la región, el pionero de este sistema, a través de una gran reforma pensionaria a inicios de la década de 1980 como una forma de salvar los problemas del sistema de reparto. Fue seguido, gracias al impulso del Banco Mundial (Informe Envejecimiento sin Crisis, 1994), por Argentina —luego desactivada—, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, además de nuestro país, lo cual fue entendible por los “esquemas de liberalización de los mercados” de la región (CCLA, 2003). Ecuador y Nicaragua contaron con leyes de privatización nunca implementadas.

En el plano del ser, podría salvar las grandes deficiencias del sistema público antes presentadas. Según Chaia et al., 2007, se evitaría el desequilibrio financiero, se fortalecerían los mercados de capitales y habría mayor transparencia en lo que respecta a los beneficios de los afiliados.

En el país se cuenta, dentro del sistema privado, con un aporte voluntario con fin previsional en una cuenta individual de capitalización que puede realizar el afiliado, dependiente o independiente, su empleador o terceros, que tiene la condición de inembargable y está sujeto a retiros al final de la etapa laboral activa del trabajador (artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF). Ello tiene correlación con la garantía y promoción del ahorro expresadas en la Constitución (artículo 87).

En su versión pura, en este sistema de capitalización privado, alternativo al de reparto, se inica con la formulación de un actor racional movido por un interés propio y dispuesto a asumir riesgos en pro del beneficio personal, presentándose las pensiones

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como expectativas instrumentales dentro de la lógica de mercado, con una capitalización a corto, mediano y largo plazo, donde las AFP están autorizadas a comercializar en bolsa los volúmenes de los fondos previsionales para una mayor rentabilidad. En este esquema, al Estado le corresponde cumplir un papel regulador y supervisor.

Individualmente, los beneficios (pensión de vejez normal y anticipada, de invalidez y sobrevivencia) provienen de una cuenta de capitalización individual, constituida por aportes obligatorios (porcentaje de la remuneración) y voluntarios —a veces se admite—, bono de reconocimiento y rentabilidad ganada. A su vez, el monto del beneficio depende de tres variables: (i) el salario durante el período de actividad (nivel de contribuciones realizadas); (ii) la rentabilidad lograda por la inversión de tales fondos; y (iii) el precio cobrado por la administradora. Las dos primeras dependen claramente del mercado.

Pero este sistema tampoco ha estado exento de críticas en su funcionamiento. Por su configuración, es plausible de presentar fallas. Estas se potencian por el contexto de su implementación: altos índices de desempleo y creciente informalidad.

Tabla 7Problemas que suelen asignarse al sistema privado

Problema Explicación

Fallo de competencia en el funcionamiento de las AFP

− Al inicio proliferan; luego se fusionan o desaparecen.− Derivan en oligopolio, con estrategia de segmentación de mercado según nivel de ingreso de los trabajadores.

La idea original prevé un gran número de administradoras en busca de la eficiencia económica, compitiendo vía precio y rentabilidad de los fondos. Ello debería permitir a los consumidores, enfrentados a servicios homogéneos, elegir la firma que maximizará su utilidad asociada e incrementará los ahorros acumulados.

Limitado efecto sobre los mercados de capitales y financieros

− No toma en cuenta el riesgo de los valores bursátiles.− Las pensiones del futuro pueden verse alteradas también por la inestabilidad macroeconómica, las variaciones en

la cotización de los valores y una cuestionable gestión. Incluso también se toman en cuenta los costes de rigurosa regulación para garantizar seguridad y solvencia o la disminución en la cobertura de la fuerza de trabajo, en términos de cotizantes efectivos.

Bajo rendimiento de inversiones de los afiliados

− Enorme diferencia en valor existente entre las transacciones reales y financieras, lo cual hace difícil afirmar que las transacciones del mercado de valores son la fuente financiera del crecimiento económico; parece que su función es más bien facilitar las operaciones de transferencia de propiedad.

− Dependerá del tipo de fondo escogido por el trabajador.− Aún existe evasión en el pago de cotizaciones, pese a tratarse de una cuenta individual− A veces no se toma en cuenta el riesgo inflacionario.

Comisiones muy altas por el manejo de los recursos

- Se cobra un buen nivel de comisión por el manejo de los recursos, volviéndose caro el servicio. Las permanentes variaciones económicas y bursátiles de la región impide obtener una alta rentabilidad con bajas comisiones.

− Se perjudica negativamente a los trabajadores con bajo salario.− Relativiza la alegada conducción idónea y eficiente del mercado como responsable del bienestar de los

pensionistas.

Asimetría de la información − Es más grave que la existente entre los pensionistas y el Estado. Los movimientos de afiliados entre AFP se encuentran en función directa de una estrategia de diferenciación horizontal de productos, basada en cantidad de sucursales y promotores. Contrariamente a lo esperado, la elección de la AFP no está en función de la rentabilidad de los fondos de jubilaciones y pensiones.

− Los afiliados tienen escasa información sobre sus derechos y obligaciones.

Falta de equidad en el pago de pensiones

− Se ven perjudicados los más pobres.− Bajos niveles de proyectos de beneficios.

Nota. Mesa-Lago, 2010; Etxezarreta, 2003; Apella, 2007.

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Aparte de las fallas de mercado presentadas, la provisión privada exclusiva también puede acarrear problemas presupuestarios para el Estado, lo cual es palpable cuando se produce el cambio de sistema (del público al privado) por los altos costos administrativos y la necesidad de pagos de bonos de reconocimiento.

A fin de superar las fallas, el Estado debe cumplir un nuevo rol. El Estado está habilitado para intervenir, con el fin de compatibilizar los intereses del mercado y las necesidades de los individuos. Es imposible que esta actuación pública sea rígida; por el contrario, las políticas a implementar deben ser discrecionales y consecuentes para superar los problemas que cada sistema posea. Lo contrario significaría costos de escape muy elevados.

La relación entre afiliados y administrados se plantea como un problema de principal y agente (los afiliados delegan a las AFP la administración de sus ahorros previsionales). Una relación de agencia surge entre dos o más partes cuando uno, designado como el agente, actúa en nombre de otro, designado como el principal, en un contexto particular de toma de decisiones.

Debe regularse la conducta del mercado, pues la divergencia entre los intereses de afiliados y firmas

(los primeros buscan conseguir fondos; las segundas, maximizar sus beneficios privados) da lugar a un clásico problema de agencia, como es la asimetría informativa. Esto limita el control del principal sobre el agente y genera dos restricciones: riesgo moral y selección adversa.

Por eso es importante que exista una superintendencia encargada de regular, controlar y fiscalizar a las AFP en materia financiera, actuarial, jurídica y administrativa; en el caso nacional, es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (artículo 87 de la Constitución). Su éxito depende de la posibilidad de monitoreo perfecto como ente regulador. Se asegura así el equilibrio del mercado, a través de:

• Lucha contra los oligopolios que podrían formarse.

• Respeto por la seguridad de los recursos acumulados en los fondos previsionales.

• Protección a los usuarios de la mencionada asimetría informativa. Corresponde realizar una amplia campaña de información por parte del Estado. Aparte, ¿es posible admitir la existencia de un consumidor racional en

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países como los nuestros? Como la respuesta puede llegar a ser negativa, la campaña por realizarse tiene que ser de gran envergadura. Vale recordar la experiencia de la región: para que los trabajadores se afiliaran, los encargados de conseguir afiliados les señalaban que iba a desaparecer el sistema público, o que las AFP iban a pagar más, sin explicarles la verdadera naturaleza del sistema.

• Control de cualquier pago excesivo de cotizaciones. La elección del mecanismo de pago surge de la necesidad de alinear los intereses entre AFP y afiliados. Se plantean hasta tres mecanismos de pagos alternativos: (i) la comisión sobre flujo, porcentaje del ingreso imponible o salario del trabajador; (ii) comisión sobre stock, porcentaje del fondo acumulado; y (iii) comisión sobre rentabilidad, porcentaje de la ganancia financiera obtenida por el agente durante el período inmediatamente anterior.

• Control de cualquier pago excesivo de comisiones. A cambio del servicio de administración de sus ahorros compulsivos en diferentes activos, las AFP reciben una comisión proporcional al salario, la cual no puede ser exorbitante.

Modelo no Contributivo. También se plantea un modelo de pensiones no contributivas. Este cubre solo a personas que nunca cotizaron al sistema previsional, que no tienen pensión alguna o que pertenezcan al grupo más pobre de la población.

Ejemplos de este tipo de pensión se encuentran en Brasil, con el Beneficio de prestación continuada para aquellas personas con renta menor a la cuarta parte del sueldo mínimo (Bilharinho, 2010), además de Argentina, Costa Rica, Chile (pensión básica solidaria) y Uruguay.

En el Perú, contamos también con un programa de pensión no contributiva, Pensión 65, que empezó a funcionar a finales de 2011, que toma como base al programa Gratitud; asimismo, el financiamiento del Programa Pensión 65 se realiza con cargo del presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29626, del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, y Decreto Supremo 001-2012-MIDIS). Hoy ha sido complementado con el Programa Contigo, para las personas con discapacidad para el trabajo.

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2. Modelos Combinados

A diferencia de las dos propuestas antes analizadas, también se ha formulado la coexistencia de ambos sistemas. Se han realizado diversos estudios sobre cómo compatibilizar las propuestas del modelo de capitalización y el de reparto. Algunos países han optado por uno u otro, ya sea manteniendo el sistema público con una reforma paramétrica (Brasil o Paraguay) o sustituyéndolo por uno privado (Chile). Otros han optado por hacerlos convivir, ya para mantenerlos de forma paralela (Colombia o Perú) o creando un modelo más complejo, mixto (Uruguay o Costa Rica).

Competencia. Una alternativa es que el sistema público se incorpore como “competidor testigo” —jugador testigo es el que participa del mercado formando las características del servicio ofrecido (precio, niveles de calidad, entre otros) resultantes de la maximización de la función social— del privado. Si bien cabe la posibilidad de que el Estado actúe como una AFP (actúa como mecanismo de asignación intertemporal de recursos de un individuo de su periodo activo al de la jubilación; busca la proporcionalidad entre beneficios a percibir, y la cuantía y perfil temporal de sus pagos), la forma más común es que el sistema público mantenga su característica de reparto y el privado, de capitalización.

Positivamente, la competencia permite otorgar a los trabajadores una alternativa adicional de elección, y generan presión sobre la función de beneficios de las administradoras, las que tendrán razón para incrementar el esfuerzo en la búsqueda de la eficiencia productiva y mejorar su oferta.

Frente a ello, cabe preguntarse si el traslado entre los diversos sistemas es libre (esta libertad tiene repercusión en la viabilidad de los sistemas por el coste administrativo que importa) o corresponde poner límites (temporales, como lo tuvo Argentina). La decisión de trasladarse es difícil porque el cálculo y percepción del beneficio esperado no es información de fácil interpretación, pues sus variables determinantes son de difícil proyección y de compleja comprensión. Por eso, es bueno conocer las principales diferencias entre dichos sistemas.

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Tabla 8Diferencias entre los sistemas de pensiones con aportes

Sistema Público Sistema Privado

¿De qué tipo es? Reparto Capitalización o ahorro individual

¿Qué rol cumple el Estado? Administrador Regulador y fiscalizador, además de subsidiario (financia pensiones y rentabilidad mínimas)

¿Es rígido el sistema? Totalmente (todo está establecido en la norma)

Libertad en elección y cambio de AFP, monto de cotización adicional y modalidad de jubilación

¿Coincide entre lo aportado y recibido?

No, porque los aportes forman parte de una bolsa común y se reparten con un mínimo y un máximo.

Sí, porque la pensión depende de lo aportado por el propio beneficiario.

¿De qué depende la rentabilidad?

Del crecimiento de la base de cotización (productividad y número de cotizantes)

Según tipo de interés aplicable (rendimiento explícito)

¿Vincula a otras generaciones? Los actuales aportantes tienen el compromiso de que luego ellos serán beneficiados.

No obliga, pues desaparecen riesgos de la coyuntura entre activos y pasivos, así como la distribución entre generaciones.

¿Protege ante la inflación? Sí, pues las contribuciones de los activos están iniciadas por ella.

No corrige su efecto, pues el rendimiento obtenido es el tipo de interés real y no nominal.

Nota. Apella, 2007; Moreno Moreno, 1998.

En el Perú, el sistema público (así denominado por la STC 0014-2007-PI/TC) incluye diversos regímenes, entre los que destacan tres: el general, denominado Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley 19990), uno especial para funcionarios públicos, ya cerrado (Decreto Ley N° 20530), y otro especial para militares y policías (antes, Decreto Ley N° 19846; hoy Decreto Legislativo N° 1133).

El Sistema Nacional de Pensiones es el clásico sistema de reparto obligatorio, que convive con el privado en una relación de competencia. Otorga pensiones de jubilación, discapacidad y sobrevivencia que se financian mediante las aportaciones de los trabajadores en actividad y los rendimientos del propio sistema, con un marcado efecto redistributivo, en tanto que el monto de las pensiones no depende de los montos aportados. Por la alta tasa de informalidad del país, se prevé que más del 60 % de los afiliados no acceda a una pensión, pues no cumplirá, al jubilarse, con el requisito de tener 20 años de aportes exigidos.

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El sistema privado, por su parte, se rige por la capitalización personal, y es manejado por empresas privadas (AFP) que concurren en el mercado en una relación de competencia. De esta manera, estas empresas privadas son consideradas garantes del derecho fundamental a la pensión, bajo esta lógica de la drittwirkung, eficacia frente a terceros de los derechos (STC 1776-2004-AA/TC). Los usuarios, por su parte, ahorran a través de una cuenta individual de capitalización.

Sin embargo, tal como está estructurado, no existe conexión ni engranaje entre cada (sub) sistema. Se requiere que el sistema sea sostenible, viable y estructurado, no producto de decisiones inconexas por parte de los gobiernos de turno, y que otorgue prestaciones tomando en cuenta el nivel de ahorro del individuo. Teniendo en consideración los requerimientos de la población adulta mayor propia de cada país y su estructura económica-social, se elige el modelo para fomentar el ahorro de los trabajadores.

3. Complementariedad

Un modelo adicional de coexistencia entre ambos sistemas es que se integren en lugar de competir. Esta complementariedad se puede dar en un doble sentido.El modelo más desarrollado y en boga es sin lugar a dudas el multipilar, planteado por el Banco Mundial (2004) y desarrollado por diversos multilaterales. En este, existe un sistema previsional de distintos niveles, que mezcla los distintos modelos puros. Se basa en los siguientes niveles: uno asistencial, garantizado por ingresos públicos; otro contributivo, basado en el reparto y complementado con un subnivel de capitalización pública; y un último, el voluntario privado.

Además, puede presentarse, por ejemplo, un esquema fijo público, independiente de cotizaciones y con pensión mínima, y otro variable privado con cotizaciones. Así, se plantea el establecimiento de subsidios fiscales para incentivar la contratación de planes de previsión complementarios privados, tal como se presenta en España (Antón, 2008).

De otro lado, también se puede establecer el pago del Estado sin contribución. Acá se plantea un desembolso de dinero por parte del Estado para las personas de menos recursos, el cual complementa al sistema privado optativo u obligatorio. El pago desde las arcas públicas no se condice con una aportación realizada por el trabajador con anterioridad; por ello se le llama pensión no contributiva, pudiéndosele considerar como subsidio. Aparte de la pensión no contributiva, se establece también una pensión mínima.

Esta pensión implica establecer una renta básica universal para la pensión de cualquiera de los sistemas. La pensión mínima permite que el Estado cubra el déficit con sus propios recursos, en caso de que el trabajador no la alcanzara con sus aportes. En el Perú existe pensión mínima (Ley N° 30970 para las pensiones públicas). En Chile, dentro de un modelo de capitalización, dentro de la reforma de 2008, se estableció la “pensión con aporte previsional solidario”; esto es, si al momento de pensionarse, o estando pensionado, el afiliado no alcanza a cubrir con sus propios recursos la pensión mínima vigente, el Estado se compromete a financiar la parte restante.

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Llegar a la jubilación no tiene que significar tristeza, sino una etapa vital del ser humano en su proyecto de vida; es la culminación temporal de sucesos significativos que forman una trama con orientación construida a partir de articulación entre pasado, presente y futuro; es, al mismo tiempo, un hecho cultural, por ser la prolongación y la conclusión de un proceso, una realidad transhistórica, un destino vivido de manera distinta según el entorno social. Por ello, el Estado debe ser consciente y comprometido, mediante la promoción de un sistema adecuado, consistente y coherente, con objetivo previsional.

Es así como el tópico previsional es, dentro de la agenda de cualquier gobierno, uno de los de mayor relevancia y controversia. A través de las pensiones, el Estado y la comunidad protegen a sus miembros, les asegura condiciones de vida, salud y trabajo socialmente suficientes, a fin de lograr mejor productividad, más progreso y mayor bienestar.

IV. — Reflexiones Finales

Solo teniendo claro adónde queremos llegar y en qué situación está cada país, se deben realizar los cambios necesarios. La decisión de qué reforma implementarlos requiere el mayor diálogo social que se pueda, para elegir, de entre las alternativas presentadas, la mejor posible. El énfasis está en saber relacionar aspectos demográficos y económicos encaminados a conceptualizar de manera distinta la dependencia, y así definir políticas públicas.

El problema no se reduce simplemente a entenderlo en términos de pensiones privadas o públicas. Solo pueden hacerse proposiciones genéricas para que cada país, le dé un determinado peso ponderado a cada uno de los objetivos propuestos (cobertura, suficiencia y sostenibilidad), y que deben estar presentes, obligadamente, en las políticas que postule, así como también asignar un orden de preferencia, a fin de superar la falla del mercado bajo una lógica de eficiencia o de equidad.

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Zona Estadística Pensionistas

A continuación, presentamos los principales datos de las personas que ya perciben alguna prestación de la ONP, dentro los regímenes previsionales (Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley N° 19990); régimen pesquero (Ley N° 30003); se incluyen los que antes pertenecieron a la Caja del Pescador; régimen 20530 u otros regímenes transferidos) o seguros previsionales (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensión o régimen 18846).

Figura 1Número total de pensionistas, 2020 - 2019

Figura 2Pensionistas por régimen a diciembre 2020

En el 2020, el número de pensionistas de los más de 30 regímenes varió en 0.44 % respecto al 2019. A pesar de que el número de pensionistas aumentó el número de decesos también aumentó.

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Regímenes y seguros

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— Rolando Enrique Carrillo Quintanilla Economista. Especialización en Administración de Riesgos y Seguros. Ejecutivo de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de la Oficina de Normalización Previsional.

— Ihand Diether Durand LoaizaAbogado. Coordinador de Operaciones del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Miembro Alterno de la Comisión Técnica medica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

— Palabras claveBrechas, cobertura supletoria, trabajo de riesgo, seguro, SCTR

— Resumen

La Cobertura Supletoria dentro del modelo del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) ha registrado un incremento en las prestaciones económicas a cargo del Estado Peruano en los últimos tres años. Este tipo de prestaciones, que por naturaleza otorga el SCTR, se encuentra a cargo de la ONP, conforme a la normativa vigente. La principal causa de dicho incremento se debe a que las empresas que realizan actividades de alto riesgo no contratan este seguro para sus trabajadores a pesar de estar obligados por ley. Esto no solo perjudica a los empleados sino también al Estado que debe asumir el pago de prestaciones del trabajador ante un siniestro.

Brechas en el Modelo del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y su Efecto en la Activación de la Cobertura Supletoria

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La razón por la que los empleadores no contratan el SCTR se explica en las brechas existentes en su modelo de negocio, relacionado principalmente a su aplicación, acceso, restricción, dificultad en el otorgamiento en la prestación de la cobertura supletoria del SCTR, universalización de las actividades de alto riesgo, ausencia de un ente regulador, resoluciones del poder judicial que contravienen las reglas de negocio del modelo del SCTR. Todo lo anterior ocasiona la activación de la Cobertura Supletoria que se profundiza por las dificultades normativas para la determinación y cobranza de la deuda a los empleadores infractores.

El presente artículo analiza las brechas en el modelo de negocio del SCTR y su efecto en la activación de la Cobertura Supletoria. Asimismo, se proponen alternativas de solución, de modo que se garanticen los derechos de los trabajadores que realizan actividades de riesgo y a la vez se salvaguarden los intereses del Estado.

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1. Historia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en el Perú

En el Perú, a principio del siglo XX, se idean cuerpos normativos enfocados en la problemática de los accidentes de trabajo (Díaz Zavalaga, 2010). De este modo, en 1911, se promulga la Ley N° 1378, Ley de Accidentes de Trabajo, donde se establece la responsabilidad del empresario por los accidentes que ocurrieran a sus trabajadores; años después, en 1935, dentro del pago de indemnizaciones se incorpora a las enfermedades de trabajo1.

No es hasta 1971, que se establece a una entidad como administradora del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (SATEP). A pesar de que este seguro tuvo vigencia hasta el 18 de mayo de 1998, son beneficiarios de este sistema todos aquellos afiliados que acrediten algún accidente hasta esa fecha. La ONP es la encargada del pago de las prestaciones y ESSALUD, a la atención médica.

Posteriormente, mediante la Ley N° 26790 “Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud”, se reemplaza el SATEP por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), el cual está vigente en la actualidad. En esta ley se establece un nuevo modelo

I. —Establecimiento del SCTR en el Perú

1 Mediante Ley N° 7975 se incluye en la cobertura a las enfermedades profesionales.

de protección enfocado en la incorporación de los seguros privados y en la ampliación de la cobertura del seguro.

Entre los rasgos más resaltantes se observa la obligatoriedad de la contratación del seguro para todo trabajador que realice actividades de alto riesgo, siendo estas actividades determinadas en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA. Asimismo, el SCTR se divide en dos líneas: Salud y Pensión; esto permite que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), como las Compañías de Seguros, también puedan brindar estos servicios. De esta manera, las prestaciones del SCTR Salud pueden ser otorgadas por EsSalud o por una EPS, y en el caso del SCTR Pensión, pueden ser otorgadas por la ONP o empresas aseguradoras privadas.

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Del mismo modo, como complemento del nuevo modelo del SCTR, se incorpora el subsidio a cargo del Estado mediante la figura de la Cobertura Supletoria. Ejerciendo su rol tuitivo, el Estado asume la responsabilidad de cubrir las prestaciones derivadas de un accidente o enfermedad laboral, cuando la entidad empleadora no asegure a sus trabajadores2. En esta situación, EsSalud y la ONP son las entidades encargadas de brindar las prestaciones de salud y económicas, con la facultad de que posteriormente puedan replicar el costo de las prestaciones contra la entidad empleadora que incumplió la normativa.

2. Finalidad del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

La Constitución Política del Perú reconoce en su artículo 10º el derecho de toda persona a la Seguridad social; en el mismo refiere lo siguiente: “El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”. En tal sentido, la Seguridad Social forma parte del bloque de derechos protegidos constitucionalmente.

Según el Tribunal Constitucional3, la seguridad social es aquel sistema institucionalizado de prestaciones individualizadas, basado en la prevención del riesgo y la redistribución de recursos con el único propósito de mejorar el proyecto de vida de la comunidad. Es decir, podemos definir a la seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas

2 Establecido en el artículo 88° del Reglamento de la Ley N° 26790 modificado mediante artículo 2° del decreto Supremo N° 003-98-SA. 3 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2015) Política Nacional de Seguridad Social. Lima http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro lima/documents/publication/wcms_493813.pdf.

Al nuevo modelo del SCTR, se incorpora el subsidio a cargo del Estado mediante la figura de la Cobertura Supletoria."

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contra las privaciones económicas y sociales. Esto significa que, de no existir, ocasionarían una reducción o la desaparición de los ingresos por causa de enfermedad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, discapacidad, vejez; esto opera bajo los principios de solidaridad, universalidad obligatoriedad, legalidad, tuitividad entre otros.

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) emerge como un seguro complementario dentro del todo el sistema de seguridad social peruano. Su finalidad es brindar una cobertura adicional al régimen común para los trabajadores que enfrentan altos riesgos en sus actividades laborales, constituyéndose un régimen bajo el costo del empleador. De este modo, por ser

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1. Alcances del SCTR

Para entender la estructura del SCTR, primero es necesario identificar cuáles son los alcances del seguro, es decir, conocer cuáles son las actividades de riesgo, definir a qué llamamos “enfermedad profesional” y entender lo que se reconoce como “accidente de trabajo”.

Las actividades contempladas como actividades de riesgo, se encuentran especificadas en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA. Asimismo, se dispone su obligatoriedad para todas aquellas entidades empleadoras que realicen las actividades señaladas en dicho anexo4. Adicionalmente, por medio de cambios normativos, se añadió posteriormente a los inspectores, serenazgo, periodistas de campo y servicios de seguridad privada5.

En diciembre de 2016, se aprobó el Decreto Supremo 043-2016-SA, que actualizaba las actividades de riesgo

II. — Desarrollo del Modelo de Negocio del SCTR-Pensión

del Anexo 5 del DS N° 009-97-SA, que considera el CIIU revision 4, la misma que se derogó mediante DS N° 002-2017-SA en enero de 2017. Por lo que, en conjunto, las actividades de alto riesgo son:

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) emerge como un seguro complementario dentro del todo el sistema de seguridad social peruano. Su finalidad es brindar una cobertura adicional al régimen común para los trabajadores que enfrentan altos riesgos en sus actividades laborales, constituyéndose un régimen bajo el costo del empleador. De este modo, por ser parte de la estructura de la seguridad social, se puede concluir que el SCTR posee un carácter fundamental, obligatorio y universal, protegido constitucionalmente.

• Extracción de madera• Pesca• Explotación de minas de carbón• Producción de petróleo crudo y gas natural• Extracción de minerales metálicos• Extracción de otros materiales• Industria del tabaco• Fabricación de textiles• Industria del cuero, productos de cuero y

sucedáneos de cuero• Industria de la madera y productos de madera y

corcho• Fabricación de sustancias químicas Industriales• Fabricación de otros productos químicos• Refinerías de petróleo• Fabricación de productos derivados del petróleo y

del carbón

4 Artículo 5° del Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del SCTR.5 Ley N° 27866, Ley N°28806, Ley N° 28081, Decreto Legislativo N° 1213.

parte de la estructura de la seguridad social, se puede concluir que el SCTR posee un carácter fundamental, obligatorio y universal, protegido constitucionalmente.

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• Fabricación de productos plásticos• Fabricación de vidrios y productos de vidrio• Fabricación de otros productos minerales no

metálicos• Industria básica del hierro y acero• Industria básica de metales no ferrosos• Fabricación de productos metálicos• Construcción de maquinarias• Electricidad, gas y vapor• Construcción• Transporte aéreo• Servicios de saneamiento y similares• Servicios médicos y odontológicos, otros servicios

de sanidad veterinaria• Manipulación de la carga para el transporte por vía

acuática, Ley N° 27866• Inspectores auxiliares, inspectores de trabajo y

supervisores- inspectores de trabajo, Ley N°28806• Actividades de mantenimiento del orden público y

de seguridad (SERENAZGO), Ley Nº 30485• Actividades de periodistas de campo (actividades

de agencias de noticias), Ley N° 28081• Servicios de Seguridad Privada (actividades de

investigación y seguridad), DL N° 12136

Ahora bien, para que un trabajador pueda acceder a la prestación del SCTR, no solo debe realizar actividad de riesgo, también se debe considerar si el accidente

o enfermedad es producto del trabajo que realiza.Según el artículo 2 de las Normas Técnicas del SCTR7, se considera un accidente de trabajo:

toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debida al esfuerzo del mismo.

Sin embargo, a la par que se identifica lo que es un accidente de trabajo, también se lista una serie de situaciones en la que no corresponde esta denominación. Específicamente, en el Artículo 2.3, se detalla que no constituye un accidente de trabajo:

2.3 No constituye accidente de trabajo:

a) El que se produce en el trayecto de ida y retorno a centro de trabajo, aunque el transporte sea realizado por cuenta de la Entidad Empleadora en vehículos propios contratados para el efecto;

b) El provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas o peleas u otra acción ilegal;

6 Obtenido de la página oficial del SCTR-Pensión ONP. https://bit.ly/3w3akKN 7 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del SCTR.

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c) El que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleador;

d) El que se produzca con ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, aunque se produzcan dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo;

e) El que sobrevenga durante los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo;

f) Los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes por parte de EL ASEGURADO;

g) Los que se produzcan en caso de guerra civil o internacional, declarada o no, dentro o fuera del Perú; motín conmoción contra el orden público o terrorismo;

h) Los que se produzcan por efecto de terremoto, maremoto, erupción volcánica o cualquier otra convulsión de la naturaleza;

i) Los que se produzcan como consecuencia de fusión o fisión nuclear por efecto de la combustión de cualquier combustible nuclear, salvo cobertura especial expresa8.

Por último, según el artículo 3 de las Normas Técnicas del SCTR se define qué es una enfermedad profesional. De esta manera, se entiende como “todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o de medio en que se ha visto obligado a trabajar”9. Aquello que no se encuentra dentro de lo definido, se identificará como accidente común, y será tratado por medio del seguro de salud, sea EPS o ESSALUD.

2. Beneficios del SCTR

Al ocurrir una contingencia dentro de los alcances del SCTR, este puede derivar en distintos beneficios dependiendo del tipo de cobertura. Por un lado, tenemos las prestaciones de Salud atendidas por las EPS o Es Salud, que cubren la atención médica, farmacológica, hospitalaria, entre otros, hasta la rehabilitación total del trabajador en caso sufra

8 Artículo 2.3 del Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del SCTR. 9 Artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del SCTR.

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un accidente o enfermedad profesional. Mientras que, por otro lado, tenemos las prestaciones económicas brindadas por la ONP o las Compañías de Seguros (SCTR Pensión), las cuales protegen al trabajador o sus beneficiarios contra los riesgos de invalidez o muerte producida como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Las prestaciones económicas (SCTR-Pensión) brindan una serie de beneficios según lo establecido en el Art. 18° de las Normas técnicas del SCTR10, A continuación, se detallan las prestaciones establecidas en la referida norma:

Prestaciones de Pensión o Indemnización. Donde la ONP o la Compañía de Seguros otorgará al trabajador, en caso de discapacidad derivada de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, una pensión o indemnización que dependerá del grado de incapacidad para el trabajo. Asimismo, en caso de fallecimiento, se derivará una pensión a sus beneficiarios.

Figura 1Actores involucrados en el modelo del SCTR

10 Artículo 18, Riesgos Asegurados y Prestaciones Mínimas. La cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo protegerá obligatoriamente al ASEGURADO o sus beneficiarios contra los riesgos de invalidez o muerte producida como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional; otorga las siguientes prestaciones mínimas:a) Pensión de Sobrevivenciab) Pensiones de Invalidezc) Gastos de Sepelio

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En el siguiente cuadro, se puede observar que, dependiendo del nivel de menoscabo, se determinará el monto de la pensión. De este modo, en el caso más leve, con un menoscabo entre el 20 % y el 49 %, se realiza el pago de una indemnización equivalente al 70 % de 24 remuneraciones mensuales11. Por otro lado, en el caso de invalidez total (menoscabo del 100 %), se brinda una pensión por invalidez correspondiente a la remuneración mensual de referencia.

En caso de que el trabajador falleciera, se paga una prestación a su conyugue, a sus descendientes o a sus ascendientes, dependiendo el caso. Por ejemplo, si se trata de un cónyuge sin hijos, corresponderá una pensión vitalicia igual al 42 % de la remuneración mensual. Asimismo, en el caso de solo tener beneficiarios por ascendencia, es decir, padre o madre en dependencia económica o con invalidez, se abonaría máximo un 14 % de la remuneración. Para más detalle, en la Tabla 2 se puede observar todas las reglas para los beneficiarios.

Tabla 1Pensión de Invalidez

11 La remuneración mensual de referencia equivale al promedio de las 12 remuneraciones anteriores al mes del siniestro.

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Tabla 2Pensión de sobrevivencia

Gastos de sepelio. En caso de fallecimiento de un trabajador asegurado, se reembolsarán los gastos de sepelio a la persona natural o jurídica que los haya sufragado, previa presentación de los documentos originales que sustenten dichos gastos, hasta el monto máximo establecido por la SBS para el mes del fallecimiento.

Servicio de Cobertura Supletoria. En caso de que el trabajador sufra un accidente laborando en actividades de alto riesgo y no cuente con el SCTR Pensión activa, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) cubrirá los gastos derivados de prestaciones económicas. El trabajador tendrá derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia teniendo como referencia el nivel máximo de pensión que otorga el Sistema Nacional de Pensiones. Cabe resaltar que este servicio se encuentra exceptuado de la cobertura por Gastos de Sepelio. La ONP se encuentra facultada por el D.S. N° 003-98-SA, para repetir contra el empleador por el valor actualizado de los costos de las prestaciones cubiertas. De este modo, el Estado garantiza la protección de los trabajadores, y la empresa es quien deberá enfrentar las consecuencias sancionadoras y la deuda generada.

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Figura 2Activación de la Cobertura Supletoria

Nota. Tomado de “Cómo se genera la deuda por Cobertura Supletoria, explicación gráfica, por SCTR Pensión ONP”, 201712.

Gastos de sepelio. En caso de fallecimiento de un trabajador asegurado, se reembolsarán los gastos de sepelio a la persona natural o jurídica que los haya sufragado, previa presentación de los documentos originales que sustenten dichos gastos, hasta el monto máximo establecido por la SBS para el mes del fallecimiento.

Servicio de Cobertura Supletoria. En caso de que el trabajador sufra un accidente laborando en actividades de alto riesgo y no cuente con el SCTR Pensión activa, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) cubrirá los gastos derivados de prestaciones económicas. El trabajador tendrá derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia teniendo como referencia el nivel máximo de pensión que otorga el Sistema Nacional de Pensiones. Cabe resaltar que este servicio se encuentra exceptuado de la cobertura por Gastos de Sepelio. La ONP se encuentra facultada por el D.S. N° 003-98-SA, para repetir contra el empleador por el valor actualizado de los costos de las prestaciones cubiertas. De este modo, el Estado garantiza la protección de los trabajadores, y la empresa es quien deberá enfrentar las consecuencias sancionadoras y la deuda generada.

12 Para más información visitar https://www.onp.gob.pe/Servicios/estoy_aportando_snp/pensiones-por-invalidez/inf/sctr_invalidez

Situación en que se activa la cobertura supletoria de la ONP:

Empresa que realiza actividades de Alto Riesgo

Empresa inscrita en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

En los casos que corresponda, la ONP otorga pensión al trabajador (a) no coberturado (a).

Empresa INCUMPLE en contratar el SCTR-Pensión par su trabajador(a).

Trabajador(a) no coberturado sufre un siniestro.

La ONP cobra Valor Actualizado de las pensiones al empleador que incumplió.

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3. Dinámica en la Activación del SCTR Pensión

Al ocurrir una contingencia dentro de los alcances del SCTR, este puede derivar en distintos beneficios dependiendo del tipo de cobertura. Por un lado, tenemos las prestaciones de Salud atendidas por las EPS o Es Salud, que cubren la atención médica, farmacológica, hospitalaria, entre otros, hasta la rehabilitación total del trabajador en caso sufra

Figura 3Flujo del proceso de atención general ante activación del SCTR

Nota. Tomado de Análisis situacional del seguro complementario de trabajo de riesgo en lima metropolitana, hacia un seguro universal de enfermedades y accidentes ocupacionales, por Secretaría Técnica del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Lima Metropolitana, 2015.

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En caso de disconformidad o el reclamo del asegurado ante la aseguradora, se procede a remitir el expediente al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para que defina el grado de menoscabo; sin embargo, este proceso solo puede demorar hasta citar al asegurado para la evaluación correspondiente. En caso no sea suficiente, las partes se pueden dirigir hacia el CECONAR-Centro de Conciliación y Arbitraje, a cargo de SUSALUD.

En el Informe técnico “Análisis situacional del seguro complementario de trabajo de riesgo en Lima Metropolitana, hacia un seguro universal de enfermedades y accidentes ocupacionales”13, se citan algunos ejemplos de casos en el que se encuentra afectado el trabajador, producto de las brechas en el modelo de negocio del SCTR:

• El empleador realiza actividad de riesgo y desconoce la normativa del SCTR, y no afilia al trabajador, tampoco lo declara en planilla de la SUNAT.

• El empleador realiza actividad de riesgo y conoce la normativa del SCTR, no informa al trabajador y tampoco lo afilia.

• El empleador realiza actividad de riesgo y conoce la normativa del SCTR, informa al trabajador, lo afilia, pero no está al día en los pagos.

III. — Brechas en el Modelo de Negocio del SCTR

• El empleador suscribe el SCTR con una EPS, no brinda información adecuada al trabajador, y este se termina atendiendo en ESSALUD y no en la EPS.

A continuación, se ilustra, a mayor detalle, las brechas existentes en el modelo de negocio del SCTR.

1. Aplicación del SCTR

El Decreto Supremo N° 009-97-SA, en el Anexo 5, detalla las actividades de riesgo por la cual toda empresa que realiza dichas actividades estén obligadas en contratar el SCTR; sin embargo, existen empresas que no realizan actividades de riesgo, pero prestan servicios a terceros que sí las realizan, también empresas donde solo una parte de su proceso de producción calzaría con una actividad de riesgo. Este vacío de la norma es aprovechado por empresas que no contratan el SCTR, y dejan sin cobertura a sus trabajadores. Esta situación genera consecuencias económicas al Estado, y se materializa en el momento en que sucede el siniestro y se activa el pago de la prestación por Cobertura Supletoria.

2. Acceso al SCTR

Queda claro que todo trabajador que labora en actividades de alto riesgo, consideradas en el Anexo 5 del D.S. N° 009-97-SA, de acuerdo a la normativa vigente, debe contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo; en la actualidad, este seguro lo contrata el empleador y el trabajador no tiene acceso a una base de datos que le permita saber

13 Secretaría Técnica del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Lima Metropolitana (2015) “Análisis situacional del seguro complementario de trabajo de riesgo en lima metropolitana, hacia un seguro universal de enfermedades y accidentes ocupacionales”

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si su empleador ha contratado el SCTR y con qué aseguradora. Aunque muchas empresas adquieren el SCTR para sus trabajadores, existen casos en que, el empleador no informa a los trabajadores sobre la utilidad y activación del mismo (inadecuada información interna), por lo que el trabajador se atiende en Essalud, cuando probablemente le corresponde atenderse en una Entidad Prestadora de Salud (EPS), lo que genera un sobre costo al Estado.

En el supuesto de que el trabajador cuente con el SCTR Salud y Pensión con una EPS y aseguradora privada, y no tenga conocimiento de ello, hace que el Estado a través de EsSalud y la ONP, en su rol tuitivo, otorgue las prestaciones de salud y económicas por cobertura supletoria, respectivamente. Un sistema de comunicación eficiente permite conocer al trabajador con qué EPS o aseguradora tiene contratado el SCTR.

3. Restricción en la Contratación del SCTR

Las actividades de riesgo detalladas en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA se consideraron en base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, en adelante CIIU. A la promulgación de dicho Decreto Supremo, se encontraba vigente la versión 3 del CIIU (CIIU 3); sin embargo, en la actualidad, a nivel del país, se encuentra vigente el CIIU 4, con una lista de actividades más amplia y que muchas de ellas podrían ser catalogadas como actividades de riesgo, pero como no se encuentra en el Anexo 5, los empleadores, que realizan dicha actividad, no contratan el SCTR, lo que genera confusión respecto a las entidades obligadas a contar con dicho seguro.

La omisión de la contratación del SCTR, por parte del empleador, debido a la falta de actualización de las actividades de riesgo, desprotege al trabajador y limita su derecho a acceder a prestaciones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; esta situación también podría provocar la activación de la cobertura supletoria debido a la falta de claridad normativa, relacionada a la adecuada determinación de la actividad de riesgo que debe ser cubierta por el SCTR.

4. Dificultad en el Otorgamiento en la Prestación de la Cobertura Supletoria del SCTR

Desde otro ámbito de análisis, nos encontramos con serias deficiencias en los sistemas de afiliación, atención y prestaciones económicas del SCTR, debido a que los Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo que ofertan, tanto entidades públicas como privadas, incorporan en sus sistemas, requisitos y excesiva documentación (además de lo ya exigido por norma) que pueden dejar —en ocasiones— sin cobertura a los trabajadores. Esto no solo perjudica su economía y la de su familia, sino también perjudica a las empresas, recarga al Seguro Social de Salud, y a los sistemas administrativos laborales y de justicia, y genera conflictos sociales muchas veces innecesarios. A ello se le suma la no existencia de comisiones médicas (junta médica) especializadas del SCTR, que realicen las evaluaciones médicas, y que determinen el grado de menoscabo mediante los lineamientos de la Resolución Ministerial N° 069-2011/MINSA14.

14 Que aprueba el documento técnico "Evaluación y calificación de la invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.

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No contar con una comisión médica especializada que utilice los lineamientos establecidos para determinar el grado de menoscabo de los siniestros ocurridos dentro del ámbito del SCTR podría determinar un diagnóstico equívoco ante una enfermedad profesional. Podría no tener en consideración el nexo de causalidad, criterio que se requiere para considerar a la enfermedad como profesional; del mismo modo, podría inducir a un grado de menoscabo impreciso al no seguir los lineamientos de la Resolución Ministerial N° 069-2011/MINSA, y por consiguiente, otorgar la prestación a alguien que quizá no le corresponda.

5. Homologación de las Actividades de Alto Riesgo

Existen debilidades en la identificación y obligatoriedad de entidades con relación a lo que es trabajo de riesgo, que se relacionan con las clasificaciones de las actividades comprendidas en el listado de actividades obligatorias, ya que estas fueron elaboradas originalmente según el CIIU 2, y traducidas al CIIU 3. Para el año 2010 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), estableció oficialmente en el país la adopción del CIIU 4.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) ha incorporado, dentro de sus registros del RUC, la versión del CIIU 4. En la última versión, se incluyen actividades que podrían ser consideradas de alto riesgo y que no están señaladas en el Anexo 5; esto generaría una excusa para que

el empleador no contrate el SCTR. Sin embargo, al momento de que el trabajador solicita la prestación por la vía administrativa y esta es denegada por no encontrarse la actividad en dicho Anexo 5, recurre a la vía judicial, donde el juez —a su criterio— podría sentenciar a favor del trabajador y solicitar a la ONP el otorgamiento de la prestación económica.

Urge la actualización de las actividades de riesgo con el CIIU 4, a fin de tener un panorama claro respecto de aquellas entidades empleadoras obligadas a la contratación del SCTR, con lo que se evitará la confusión de parte de los empleadores al momento de contratar; asimismo, de no actualizarse el listado, solo mantendrá el incremento de la activación de la cobertura supletoria ante la ocurrencia de un siniestro.

6. Ausencia de un Ente que Regule y Supervise el SCTR

Ante el posible incumplimiento de los empleadores que desarrollen actividades de riesgo en la contratación de este Seguro Complementario, no existe un ente supervisor que vele por su cumplimiento. Cabe resaltar que, si bien existe la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), esta cumple la labor de vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales, acordes a las condiciones contractuales en el orden socio laboral. La falta de un ente supervisor y regulador del SCTR que brinde información sobre los registros de trabajadores que realizan actividad de riesgo que

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cuenten con el SCTR, así como de aquellos que no se encuentran asegurados, permite a los empleadores evadir la contratación del SCTR o contratar el seguro con sumas insuficientes, y declarar a las aseguradoras una planilla de sueldo de trabajadores por debajo de lo que vienen percibiendo.

Contar con un ente supervisor permitirá controlar y supervisar la contratación del SCTR, reducir los niveles de evasión en la contratación del SCTR y, por lo tanto, reducir los casos de incidencia de cobertura supletoria.

IV. — Efecto de las Brechas del Negocio del SCTR en el Incremento de las Prestaciones Otorgadas por Cobertura Supletoria

Las brechas de negocio desarrolladas dan a conocer los vacíos de la norma vigente; estas permiten cierta evasión en la contratación del SCTR, y hacen que existan trabajadores con actividades de riesgo sin SCTR. Ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional, el Estado deberá cumplir su rol subsidiario y ejecutar la Cobertura Supletoria.

La Segunda y Tercera Disposición Final de la Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 003-98-SA, señala la atribución que tiene la ONP en la cobranza de las acreencias derivadas de la Cobertura Supletoria, junto con el derecho de repetición contra la entidad empleadora en aplicación del Artículo 88 del Reglamento de la Ley N° 26790.

El Estado, en su rol subsidiario, a través de la ONP, paga las prestaciones económicas que se otorgan al amparo de la Cobertura Supletoria del SCTR, debido a que la tendencia en el pago de estas prestaciones, como consecuencia principalmente de sentencias judiciales, se viene incrementando en los últimos tres años, tal como se muestra en la Figura 4:

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Figura 4Evolución de prestaciones por Cobertura Supletoria en miles de soles

En los últimos tres años, el 94 % de las prestaciones pagadas han sido reconocidas por la vía judicial y arbitral. El 84 % de las pensiones pagadas por Cobertura Supletoria son abonadas a trabajadores mineros; y el 9 %, a trabajadores de la actividad de construcción.

Por cada caso de Cobertura Supletoria, la ONP dirige la cobranza contra la entidad empleadora que no contrató el SCTR-Pensión a favor del trabajador, y el monto a cobrar es el valor actualizado de la prestación económica. La deuda a valor actualizado está conformada por las prestaciones económicas pagadas al beneficiario, más la reserva matemática correspondiente; en ese sentido, la ONP ha pagado hasta el 2020 el importe acumulado de S/ 60.2 millones y, en reservas matemáticas, a diciembre de 2020, ha pagado la suma de S/ 107 millones.

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El recupero de la Cobertura Supletoria es del 5.1 % (S/ 4.8 millones) de la deuda, y esto se debe a: a. La gestión de cobranza administrativa, que se

obstaculiza por la acción de las empresas que, en uso de las facultades que pone a disposición la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, interponen recursos impugnatorios contra las resoluciones de cobranza que notifica la ONP, sin ningún sustento técnico legal, y dilatan en exceso el procedimiento administrativo de recupero, con el único fin de ganar tiempo para transferir los bienes muebles e inmuebles, y el dinero en cuentas bancarias, o en muchos casos, solicitar la liquidación de la entidad empleadora, o su cambio de razón social y RUC, con la finalidad de evadir su responsabilidad.

b. Conforme a lo dispuesto por el Tribunal

Constitucional, las solicitudes de prestación económica de este seguro no tienen periodo de prescripción; es decir, pueden solicitarse en cualquier momento. Tenemos casos de siniestros de cobertura supletoria configurados hace más de

22 años y, que al momento de solicitar el recupero de la prestación económica otorgada por la ONP, las empresas a las cuales se dirige el recupero ya no existen, se encuentran disueltas o en proceso de liquidación. Bajo esta condición se encuentra el 23 % de la cuenta por cobrar de la cobertura supletoria.

c. En relación con el recupero de las prestaciones a través de la vía coactiva, el porcentaje de casos infructuosos (16 % del total por cobrar) se explica por los empleadores que, a pesar de ser ubicables, no tienen bienes embargables, o presentan demandas contenciosas y de revisión judicial que suspenden el procedimiento coactivo de acuerdo a Ley.

Estos motivos representan la problemática en el proceso de contratación del SCTR y del recupero de la Cobertura Supletoria, lo que genera un gasto adicional para el Estado, constituido por los costos en trámites legales, pago de los servicios por cobranza coactiva, defensa en los procesos contenciosos y de revisión judicial, entre otros, que se adicionan a la carga presupuestaria de la institución.

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En los últimos cinco años, la Cobertura Supletoria, parte del modelo del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, ha registrado un incremento en el gasto por prestaciones económicas, el cual es cubierto por el Estado. Esta situación surge debido a las brechas del modelo del SCTR, lo que se materializa en el bajo cumplimiento en la contratación del seguro.

Se han identificado problemáticas que requieren de acciones, a fin de no generar un mayor gasto al Tesoro Público:

− Las entidades empleadoras, al momento de contratar el SCTR, declaran remuneraciones menores a las que realmente paga al trabajador; esto genera un infra seguro, situación que se presenta debido a que no existe un ente especializado que supervise adecuadamente a los empleadores que contratan el SCTR.

− Las entidades empleadoras no contratan el SCTR, situación que es detectada, cuando luego de ocurrido el siniestro, el trabajador solicita la prestación económica.

V. — Conclusiones y Recomendaciones

− No se cuenta con una base de datos de empleadores que realizan actividades de riesgo, que permita identificar quiénes son los que han contratado o no el SCTR, lo que no permite una supervisión efectiva en la contratación del SCTR.

− No existe un ente supervisor del SCTR que se encargue de establecer y controlar los lineamientos y realizar las gestiones de control del SCTR, ni que desarrolle un sistema informático que permita consolidar la base de datos de todos los actores involucrados. Tampoco existe un ente que identifique, comunique y sancione a los empleadores que realizan actividades de riesgo y que no han contratado el SCTR o han contratado coberturas insuficientes. Esto permitiría mitigar la evasión en la contratación del SCTR y, por lo tanto, la reducción de casos de cobertura supletoria.

− La normativa relacionada al recupero de las prestaciones otorgadas por la cobertura supletoria, obliga a recorrer un proceso laxo que permite a las entidades empleadoras evadir la responsabilidad establecida en la norma. Asimismo, no se cuenta con mecanismos normativos adecuados que permitan asegurar y realizar un recupero efectivo de las prestaciones otorgadas por cobertura supletoria.

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Estos factores no permiten un desarrollo adecuado del modelo de negocio, pues no ha habido a nivel país una evolución normativa ni procedimental, y tampoco tecnológica a nivel del mercado del seguro complementario de trabajo de riesgo, que permita un mejor desarrollo de las actividades del SCTR en general. Esta situación provoca un socavamiento de la fuente de financiamiento de las prestaciones que otorga la ONP, más aún del financiamiento de la Cobertura Supletoria; ello en gran medida debido a la cantidad de procesos judiciales entablados contra nuestra institución por las aseguradoras/reaseguradoras que en su momento asumieron el rol de administración del SCTR a cargo de la ONP.

A continuación, buscaremos dar respuesta a esta problemática y esbozar alternativas de solución, a fin de darle viabilidad a la figura de la Cobertura Supletoria, que garantiza los derechos de los trabajadores que realizan actividades de riesgo, así como salvaguardar los intereses del Estado peruano.

En virtud de lo expuesto, se requiere de una reforma integral, donde se detallen las acciones que reduzcan las incidencias en la evasión de la contratación del SCTR de parte de las empresas que realizan actividades de riesgo, con lo que se reducirán los casos nuevos

de Cobertura Supletoria; así también se mejorarán los niveles de recupero de la Cobertura Supletoria. En este punto, se hace necesario un replanteamiento del modelo que reduzcan las brechas encontradas. Para ello se propone lo siguiente:

− Mediante normativa con rango de Ley, se debe crear un ente supervisor del SCTR, que desarrolle actividades de supervisión de todo el sistema del SCTR a nivel país, de modo tal que permita su fortalecimiento y eficacia de manera general. Debe ser un ente distinto a las empresas aseguradoras, EPS y entidades públicas, que no superponga actividades desarrolladas por las empresas o entidades que otorgan la cobertura del SCTR.

− Que el ente supervisor desarrolle un sistema informático que permita articular con los sistemas de la SUNAT, SBS y ONP, a fin de obtener una base de datos que contenga la siguiente información de parte del empleador:

• Cruzar la información de las tres bases de datos, a fin de identificar a los empleadores que realizan actividades de riesgo y que no han contratado el SCTR o han contratado coberturas insuficientes. Esto permitiría

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mitigar la evasión en la contratación del SCTR y, por lo tanto, la reducción de casos de cobertura supletoria.

• Identificados los empleadores que no contrataron el SCTR, el ente supervisor debe comunicarlo a la SUNAFIL, a fin de que se apliquen las sanciones administrativas y/o económicas.

• Lo recaudado, producto de las sanciones económicas, será administrado por la ONP, a fin de que financie la totalidad o parte de los nuevos casos de Cobertura Supletoria.

Para ejecutar lo señalado se debe considerar:

a. Respecto del ente supervisor del SCTR creado con rango de Ley, debe contar con las siguientes facultades:

− Trasladar y remitir a la SUNAFIL los casos de incumplimiento de las entidades empleadoras que no contraten el SCTR-Pensión; a fin de que este organismo inicie el procedimiento de fiscalización de la contratación obligatoria del SCTR, y emita las sanciones administrativas y pecuniarias, de acuerdo al marco normativo vigente;

− Emitir sanciones económicas o administrativas a las compañías de seguros en los casos en que se nieguen a la contratación, encarezcan las primas sin ningún sustento técnico para evitar la contratación del SCTR, o realicen

selección de trabajadores, acciones que se encuentran prohibidas en la Norma Técnica del SCTR aprobada mediante D.S. N° 003-98-S; sin embargo, esta norma no se cumplen y genera riesgos para la cobertura supletoria; el que tenga que ser contratado a través de la ONP puede afectar los índices de siniestralidad;

− Considerar como última instancia administrativa al ente supervisor, quien revisará, evaluará y se pronunciará ante las reclamaciones de prestaciones económicas solicitadas por los administrados y no otorgadas por las aseguradoras privadas y la ONP. Con esta facultad se busca que necesariamente deba agotarse la vía administrativa, antes de acudir a la vía arbitral o judicial;

− Cautelar el cumplimiento de las aseguradoras privadas y ONP del otorgamiento y pago de las prestaciones económicas solicitadas por el asegurado o beneficiario, incluso de la Cobertura Supletoria, si correspondiese, mediante sanciones;

− Solicitar la activación de la Comisión Técnica Médica, a fin de establecer lineamientos relacionados con las evaluaciones de auditoria y evaluaciones médicas, para determinar el grado de menoscabo, y aquellas relacionadas con el ámbito de su competencia.

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b. El MINSA debe actualizar los CIIU de riesgo versión III, —que se encuentra en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 003-98-SA—, a la versión vigente, la versión IV. La correlación entre los códigos del Anexo 5 mencionado y la información del PLAME (Planilla Mensual de Pagos), es empleada por la SUNAT con el objetivo de detectar fácilmente a las empresas obligadas a contratar el SCTR-Pensión.

c. El MINSA debe nombrar comisiones con médicos especializados que realicen los estudios y valoraciones de la incapacidad laboral, para luego emitir un informe que permita, a las diferentes entidades e instancias, tomar la decisión de otorgar o rechazar una discapacidad, conforme a la metodología descrita en el Documento Técnico de Evaluación y Calificación de la Invalidez por accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, aprobado con Resolución Ministerial N° 069-2011/ MINSA. Los dictámenes médicos, historia clínica, exámenes auxiliares y los resultados deben figurar en una plataforma informática que permita a la ONP y a las aseguradoras obtener información para calificar los siniestros del SCTR y de Cobertura Supletoria de forma rápida y eficiente. Queda expreso el consentimiento de parte de los solicitantes de prestaciones económicas para el tratamiento de la referida información.

d. Una base de datos consolidada y actualizada de los empleadores que no han contratado el SCTR permitirá a la ONP realizar la evaluación y calificación de la Cobertura Supletoria; esto también permite otorgar el siniestro de forma rápida y eficiente, con lo que se minimiza el riesgo de otorgar la prestación económica indebida a trabajadores que tienen SCTR con una aseguradora privada y que, a diciembre del año 2020, representa el 21 % del total por recuperar de la Cobertura Supletoria.

e. Establecer el aporte de las aseguradoras que representarían un porcentaje de la prima neta emitida del SCTR por las Compañías de Seguros y EPS a fin de generar un fondo supletorio, creado mediante ley, que permita pagar las prestaciones de la Cobertura Supletoria; esto debido a que siempre existiría un margen de incumplimiento en la contratación del SCTR-Pensión por parte de las entidades empleadoras que realizan actividades de riesgo.

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Diaz Zavalaga, F.Y. (2010) A propósito del Deber de prevención, protección del trabajador frente a los accidentes derivados de actividades riesgosas. Garantías mínimas del SCTR a cargo de la EPS. [Tesis para optar el título de Segunda Especialidad, Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16025

Decreto Supremo N° 003-98-SA. (14 de abril de 1988). Normas legales, N° 158968. Diario oficial El Peruano, 14 de abril de 1988.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2015). Política Nacional de Seguridad Social.. https://bit.ly/3hHPPOH

Morales Corrales, P. G. (2012). La nueva Ley peruana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Análisis Laboral: Aspectos Discutibles. https://bit.ly/3AkPE47

Ospinosa Salinas, E. (2015) Una Mirada crítica al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Laboren: Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, (15), 175-192. https://www.spdtss.org.pe/sites/default/files/libros/archivos_14591846980.pdf

Secretaría Técnica del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Lima Metropolitana. (2015). Análisis situacional del seguro complementario de trabajo de riesgo en lima metropolitana, hacia un seguro universal de enfermedades y accidentes ocupacionales. https://bit.ly/2TrlImk

Toyama Miyagusuku, J. y Llerena K. A. (2004). Seguridad Social Peruana: Sistemas y perspectivas. Themis, Revista de Derecho 1(48),198. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110415.pdf.

Referencias:

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1 https://onpvirtual.pe/assets/recursos/Resolucion_N_769-2019-ONPTAP.pdf2 Artículo 106 del Código Penal.

Zona Tap

El Homicidio Como Accidente Común

En el SNP también se protege a la familia de los asegurados, incluso antes que estos sean pensionistas. O sea, si uno está afiliado y regularmente aporta, ya está protegiendo a su esposa, esposo, pareja de hecho, hijas, hijos, incluso padre o madre, en caso uno falleciese.

Para solicitarse cualquier pensión de sobrevivencia (así se llaman las prestaciones para los asegurados), aparte de comprobarse el vínculo que ata al familiar con el asegurado fallecido, se tiene que verificar que haya estado aportando al SNP y que el fallecimiento se haya producido a causa de un riesgo por accidente común o de trabajo, o enfermedad profesional.

El caso de un asegurado del SNP ha servido para que se reflexione más sobre esta última condición. Un día salió de su hogar y no regresó. Esta situación generó gran aflicción en su familia. Reportaron a las autoridades su desaparición. Pasados unos días sin poderlo encontrar, los peores augurios se comprobaron. Un día muy triste para el hogar significó conocer la partida del padre de familia. La viuda y sus hijos lloraron su muerte. Había sido encontrado sin vida al interior de su vehículo. Su deceso se había debido a un traumatismo craneoencefálico, causado por un proyectil de arma de fuego. No cabía duda: había sucedido un homicidio2.

La familia no solo sufría la pérdida de su ser querido, sino también había preocupación por cómo cubrir sus necesidades. Ahora todo dependía si la ONP consideraba o no que la pensión de viudez y orfandad podía concedérseles, pues desconocían si el homicidio era una causa válida para su otorgamiento.

Al analizar el caso y las normas existentes, el TAP determinó que el homicidio sí podía considerarse un accidente común. Era un evento externo, realizado por un tercero, que de manera intencional logra el deceso de una persona, y se produce en un momento determinado y único. La consumación en el homicidio se alcanza con la muerte, que es generada por una causa externa no imputable a la propia persona.

A partir de este razonamiento resolutivo, se logró proteger a una viuda y a unos hijos de una víctima que estaba asegurada en el SNP. Se les otorgó las pensiones que les permitiría afrontar con algo más de tranquilidad el futuro que les esperara.


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Zona Estadística Planilla de Pensionistas

A continuación, presentamos los principales datos de los montos que paga la ONP por las prestaciones que se perciben dentro de los regímenes previsionales (Sistema Nacional de Pensiones [Decreto Ley N° 19990]); régimen pesquero (Ley N° 30003), incluso los que antes pertenecieron a la Caja del Pescador; régimen 20530 u otros regímenes transferidos o seguros previsionales (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo [SCTR] Pensión o régimen 18846).

Para el 2020, el gasto en planilla aumentó en 11.1 % respecto al año 2019. Si comparamos este gráfico con el de la recaudación de puede ver una brecha financiera del 37 % en el año 2020, lo cual es mucho mayor que el 24 % presentado en el 2019.

Figura 1Gasto en planilla de pensiones, 2020-2019

Figura 2Pago de planilla del Sistema Nacional de

Pensiones, 2016-2020

En el 2020, el gasto total en planilla de pensiones ascendió a 6.5 millones, es decir, aumentó en 10.6 % respecto al año anterior. Dado que el pago de planillas es mayor que la recaudación esta brecha se financia por medio de los recursos del Fondo Consolidado de Reservas y de Transferencias del Tesoro Público.

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Figura 3Pago de planilla Régimen Especial

Pesquero, 2016-2020

Figura 4Pago de planilla de Seguro Complementario

de Trabajo de Riesgo, 2016-2020

Para el 2020, el gasto en planilla aumentó en 39 % respecto al 2019. Este aumento constante en la planilla se debe principalmente a los gastos en cobertura supletoria y cobertura de pensionistas cuyos casos se encuentran en arbitraje.

Para el 2020, el gasto en planilla de pensiones disminuyó en 3.5 % comparado al 2019. Esto se debe al menor número de pensionistas presentado en el 2020. En cuanto a los años anteriores, la planilla ha mostrado una variación de 2 millones en promedio.

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Figura 5Gasto en planilla del DL 18846 y otros

regímenes, 2016-2020

La ONP tiene a cargo la calificación y/o el pago de pensiones de regímenes inactivos, así como el pago de prestación de entidades liquidadas.

En el 2020, el monto total del pago de planilla por el DL 18846 (Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo) ascendió a 199 millones. Mientras que el total de los regímenes encargados ascendió a 318 millones de soles.

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Inversiones

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— Carlos Garay SánchezMagíster en Finanzas. Ejecutivo de Inversiones Financieras-Oficina de Normalización Previsional.

— Jonathan Gutiérrez EscuderoMagíster en Economía. Especialista de Renta Variable-Oficina de Normalización Previsional

— Palabras claveInversiones, megatendencias, previsional, rendimiento

— Resumen

Este artículo trata sobre megatendencias y cómo estas transformaciones tecnológicas han impactado en temas sociales, ambientales, tecnológicos y económicos. Y cómo en el tiempo también han tenido cabida en las inversiones. Estas megatendencias han creado nuevos instrumentos financieros: Instrumentos de Inversión de Megatendencias: Exchange Trade Fuds (ETF) y los fondos mutuos, los cuales forman parte de los actuales portafolios de inversión de los Fondos Previsionales.

Inversiones Previsionales en Megatendencias Perú

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Las rentabilidades en las inversiones son de suma importancia para mejorar las perspectivas de las pensiones por las que velan los sistemas previsionales en todo el mundo; esto conlleva a que los Fondos de Pensiones evalúen nuevas tendencias para invertir de manera constante e incrementar la rentabilidad

En este contexto, lo que buscan los Fondos de Pensiones son inversiones que soporten mayores rendimientos con menores riesgos y que permitan cubrir, en el futuro, mayores beneficios para sus asegurados. Es por esta razón que en este artículo analizamos el efecto de las megatendencias en las inversiones.

Producto de la pandemia generada por la Covid-19, iniciada en el mes de marzo de 2020, poblaciones enteras fueron puestas en cuarentenas estrictas; empresas en distintos sectores cerraron y la actividad económica se desplomó. En los mercados financieros, el pánico llegó a uno de sus niveles más altos en la historia, reflejado en la caída de los precios de las acciones globales por más de 30 % en unas pocas semanas, mientras que, Gobiernos y Bancos Centrales anunciaron la implementación de programas de rescate sin precedentes.

El impacto de la pandemia transformó casi toda nuestra forma de vivir, a excepción de algunos aspectos, como por ejemplo las megatendencias, las cuales generalmente no son afectadas por choques temporales, inclusive si fueran tan significativos como

Las megatendencias pueden estar relacionadas con temas sociales, ambientales, tecnológicos y económicos, o la combinación de estos, generando que nos adaptemos y evolucionemos con ellas."

"I. — Introducción

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una pandemia o un desastre natural. En específico, las megatendencias representan fuerzas de largo plazo o estructurales que enmarcan la forma de vivir de una sociedad y tienen un impacto significativo en las estrategias corporativas de las empresas, así como en las políticas gubernamentales.

La identificación de las mismas es clave en la construcción de portafolios de inversión, debido a que permite tomar exposición en las mejores compañías que se benefician de la megatendencia. Estas compañías se caracterizan por un crecimiento de ganancias resiliente a las distintas fases del ciclo económico, y sostenible en el largo plazo.

Las megatendencias pueden estar relacionadas con temas sociales, ambientales, tecnológicos y económicos, o la combinación de estos, y genera que nos adaptemos y evolucionemos con ellas. Por ejemplo, la implementación de robots e inteligencia artificial en la producción industrial, las compras en línea y la infraestructura que soporta la conectividad, la transición hacia una red global de energía más limpia, la mayor preocupación en la agricultura por los gases de efecto invernadero que produce, la creciente demanda de agua frente a una oferta que es fija, el envejecimiento de la población y los valores de los millenials y la generación Z, entre otros.

En la actualidad, existen múltiples publicaciones por parte de los principales bancos de inversión globales como BlackRock, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Robeco, Pictet, entre otros, en relación a las megatendencias que enmarcan nuestro futuro. Estas pueden ser agrupadas en tres: la transformación tecnológica, el cambio climático y los cambios sociodemográficos. Estos han demostrado ser resilientes al impacto de la pandemia, además de acelerar su implementación en tiempos de crisis.

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1. Transformación Tecnológica

La megatendencia de la transformación tecnológica es considerada como la cuarta revolución industrial. El contexto global de este sector constituye un reto para toda la humanidad, en tanto la oferta esté en constante evolución para hacer frente a una demanda que crece rápidamente.

La nueva normalidad generada por la pandemia de la Covid-19 aceleró esta transformación: familias y empresas adoptaron en muy corto tiempo nuevas tecnologías. Desde el lado de las familias, la mayor demanda se relaciona con el comercio electrónico, telemedicina, video conferencias y educación en línea. Desde el lado de las empresas, el trabajo remoto desplazó la infraestructura física de tecnologías de información hacia una infraestructura en la nube y softwares especializados.

Sin embargo, la tecnología ha transformado prácticamente todos los sectores tradicionales, y ha expandido su alcance a través de la nube y trasformación digital, la robótica y automatización, el internet de las cosas y la infraestructura 5G.

Figura 1Lo que pasa en un minuto en internet

Nota. Tomado de Visualcapitalist, 2019.

II. — Megatendencias

694,444hours watched266,000

Snapchat

2.1 msnaps

created2.4 m

3.8 m Googlesearch queries3.7 m

USD 966,956spent onlineUDSD 862,823

1.4 mswipes

Tinder

1.141.6 mmessages sent

Whatsapp

38 mFacebook

1 m logins973,000

2019 2018

Youtube4.5 mvideos viewed4.3 m

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El mayor número de dispositivos conectados a internet y el creciente flujo de datos entre ellos viene consolidando una tendencia hacia la digitalización. Las empresas de tecnología de información más grandes del mundo como Google, Amazon y Microsoft invierten billones de USD en infraestructura de gran escala, en la nube, para gestionar todos los datos creados por sus usuarios.

Por otro lado, el desarrollo de infraestructura de edge computing, computación local cerca de la periferia de una red, complementa la computación central de la nube y permite extraer más valor de los datos generados por sus usuarios. Según McKinsey y Company (2018), el edge computing podría crear más de USD 200 billones en infraestructura relacionada en los próximos cinco años, debido a su aplicación en distintas actividades económicas.

La robótica y la automatización han transformado los procesos productivos empresariales y mejorado sus resultados, debido a que los robots son capaces de realizar más tareas. De acuerdo con el informe de la Federación Internacional de Robótica (2020), existen más de 2,40 millones de robots industriales que operan en fábricas de todo el mundo.

Entre sus aplicaciones resalta la utilización de drones, inteligencia artificial, realidad virtual y realidad

aumentada, gemelos digitales y tecnología de la salud.Los drones han dejado de ser un juguete y representan una herramienta clave en los negocios. Drone Industry Insights (2019) espera que el mercado de drones crezca a una tasa anual de 20,60 %, hasta alcanzar el valor de USD 43,00 billones el año 2024.

La inteligencia artificial (IA) ha crecido de manera significativa en los últimos años, con múltiples aplicaciones en el mundo real. Según Markets y Markets (2020), la IA en el área de ciberseguridad crecerá desde USD 8,80 billones en 2019 a USD 38,20 billones en 2026. A nivel agregado, Credit Suisse (2020) estima que el gasto en sistemas de IA crecerá desde USD 38,00 billones en 2018 a USD 98,00 billones en 2023.

La realidad virtual (RV) continúa mejorando sus dispositivos aplicados a la electrónica de consumo, y se espera una mayor utilización en industrias como la manufactura, atención sanitaria y entretenimiento. Estas nuevas tecnologías, incluidas la RV, la realidad aumentada (RA) y la IA, no deben valorarse por su impacto de corto plazo, sino por el cambio estructural que producen. PwC (2019) estima que la RV y la RA tienen el potencial de impulsar la economía global en USD 1,50 trillones para el año 2030, en comparación con la contribución actual (2019) estimada en USD 46,40 billones.

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Los digital twins son representaciones virtuales de activos y procesos que se utilizan para optimizar su rendimiento y eficacia. Las empresas recurren cada vez más a los digital twins para lograr eficiencias operacionales, mejoras del tiempo de comercialización y del diseño de los productos. De acuerdo con Markets y Markets (2019), se espera que este mercado crezca de USD 3,80 billones en el 2019, a USD35,80 billones en el 2025.

La tecnología relacionada al mercado de la salud consiste en el desarrollo de tecnologías que mejoran la ejecución de diagnóstico, secuenciación terapéutica, prestación de cuidados y desarrollo de dispositivos médicos. Según Fortune Business Insights (2019), el mercado global de dispositivos médicos portátiles podría crecer desde USD 24,60 billones en el 2018, hasta USD 139,40 billones en el 2026.

El área de tecnología de la salud más interesante parece ser la de diagnóstico y de terapia genética, donde la utilización de robots, de big data y de la IA generan múltiples oportunidades de negocio. Los principales beneficiarios son las empresas de biotecnología y las grandes empresas de atención sanitaria. Asimismo, es probable que la pandemia de la Covid.19 sea un catalizador para el desarrollo de servicios de telemedicina a medida que los reguladores y las empresas de seguros respalden mucho más esas soluciones.

El internet de las cosas consiste en la interconexión entre los objetos de uso cotidiano y los dispositivos electrónicos. Estos dispositivos almacenan y comparten información sobre las preferencias del consumidor para mejorar su experiencia, como por ejemplo, automatizar tareas relacionadas a las compras del supermercado o útiles de oficina.

Actualmente, existen billones de dispositivos del internet de las cosas conectados alrededor del mundo y, conforme la conectividad a internet se convierta en una característica estándar de la vida de las personas, el número de dispositivos continuará aumentando. El internet de las cosas está fuertemente integrado al consumo de dispositivos electrónicos con aplicaciones para el uso personal y/o para el hogar. Sin embargo, el alcance de sus aplicaciones es mucho más amplio, con aplicaciones relacionadas al ordenamiento urbano (ciudades inteligentes), al sector industrial (robótica), al sector salud (sensores inteligentes de monitoreo remoto), al sector transporte (vehículos autónomos), sector de seguridad (video vigilancia y ciberseguridad), y otros más.

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Figura 2Internet de las cosas en el consumo de dispositivos

Nota. Tomado de Polar Capital.

La denominación de 5G refiere a la quinta generación de redes móviles, cuya implementación global deja en el pasado a las redes 4G o de banda ancha (reproducción de vídeos en tiempo real y/o realidad aumentada), 3G (conexión a Internet), 2G (mensajes de texto) y 1G (solo llamadas).

La infraestructura 5G es clave como soporte del avance tecnológico en sus distintas aristas. Entre sus principales bondades resalta una mayor velocidad de navegación y una menor latencia, lo cual permite la conectividad de un mayor número de dispositivos electrónicos en tiempo real. El desarrollo de vehículos

Wearables

HomeAutomation

Today Future

Industrial Internet Healthcare AugmentedReality

AutonomousVehicles

Smart Security Robotics Driver Assistance Smart Cities

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autónomos, robots del hogar y/o industriales, ciudades inteligentes, aplicaciones de blockchain, video vigilancia y ciberseguridad, entre otras aplicaciones, se benefician de la infraestructura 5G.

Según ZDNet (2018), las redes de telecomunicaciones actuales son insuficientes para soportar la creciente demanda de mayor conectividad global. Asimismo, el gasto global en infraestructura 5G podría crecer hasta 26,00 billones de dólares en el 2022 desde 11,92 billones de dólares en el 2018.

La megatendencia de la transformación tecnológica enmarca nuestro futuro, y desde una perspectiva financiera, es clave incorporar un posicionamiento estratégico, en la misma, a través de algún producto financiero.

2. Cambio Climático

El calentamiento global ha generado un gran impacto en el medio ambiente y las condiciones climáticas extremas son ahora más frecuentes. La Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas (2019) estima que, si mantenemos nuestros patrones actuales de consumo y producción a nivel global, las temperaturas globales podrían subir entre 3,00 y 5,00 grados centígrados hacia el año 2100. Ante ello, los gobiernos de todo el mundo han implementado múltiples programas para luchar contra el cambio climático, donde resalta la transición de la matriz energética.

Las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre, el dióxido de carbono (CO2) y el metano son la fuente principal del calentamiento global. Credit Suisse (2020) estima incrementos en la ocurrencia de inundaciones, sequías, incendios y tormentas cuanto mayor sea el calentamiento. Al respecto, con 2,00 grados centígrados de calentamiento por encima de los niveles preindustriales, el 37.00 % de la población mundial podría enfrentarse al menos a una ola de calor cada cinco años, en lugar de 14.00 %, si el calentamiento se limita a 1,50 grados centígrados. Según CarbonBrief (2020), la paralización de la actividad económica, producto de las medidas de confinamiento de los gobiernos para enfrentar la pandemia de la Covid-19, redujo significativamente las emisiones de CO2 en distintas regiones; esto es un referente de lo que se podría alcanzar en el futuro. En el marco del Acuerdo de París de 2015, los gobiernos acordaron que las emisiones debían alcanzar un máximo lo antes posible, y continuarán reduciéndolas para lograr la neutralidad del carbono (balance entre las emisiones y la absorción), entre los años 2050 y 2100. Sin embargo, la Asociación Internacional de Energía (2017) estima que las emisiones de CO2 tendrían que reducirse en aproximadamente 50.00 % para alcanzar este objetivo. Las reducciones más significativas se generarían con una transición desde los combustibles fósiles hacia fuentes de energía renovable para la producción de electricidad, actividad industrial y transporte, así como la utilización de tecnología menos

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intensiva en carbono y, una agricultura y producción de alimentos menos intensiva en gases de efecto invernadero. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2019), las emisiones de metano de fuentes agrícolas como el ganado o las aves de corral, así como de la perforación de petróleo y gas, son más nocivas que el CO2, pero con una concentración y duración en el aire inferior que la del CO2.

Los países desarrollados lideran los compromisos de reducir los niveles de emisión de CO2. La Unión Europea anunció el año 2019 la implementación de un “Nuevo Acuerdo Verde” con el objetivo de convertirse en la primera región carbono neutral en el año 2050. Para ello, el acuerdo resalta el suministro de energía limpia, la movilización de la industria hacia una economía limpia y circular, el transporte sostenible, así como el diseño de un sistema alimentario respetuoso del medio ambiente.

En EEUU, no obstante, la exclusión voluntaria del país al Acuerdo de París por parte del gobierno de Donald Trump, muchos estados mantienen la iniciativa de la utilización de energía renovable. Por ejemplo, el estado de California tiene como objetivo que la producción de energía libre de emisiones de CO2 sea el 60.00 % de la producción total de energía en el año 2030 y 100.00 % en el año 2045.

En mercados emergentes, el balance entre el crecimiento económico y la descarbonización representan un gran desafío. Según el Proyecto Global de Carbono (2019), el acelerado crecimiento económico de China en las últimas décadas lo ha convertido en el mayor emisor de CO2 del mundo, debido a la utilización del carbón como principal fuente de energía. Al respecto, el presidente de China, Xi Jinping, durante la Asamblea Anual de las Naciones Unidas del año 2020 anunció la implementación de un plan estratégico ascendente a 9,00 trillones de dólares con el objetivo de alcanzar la neutralidad del carbono en su economía, en el año 2060. En India el panorama es similar, con una producción de energía basada, principalmente, en combustibles fósiles, pero con un enfoque de largo plazo sostenible a través de la utilización de energía solar.

La Asociación Internacional de Energía (2018) estima que la demanda global de energía crecerá a una tasa anual de 2.00 % desde 25,50 mil teravatios-hora, el año 2017, hasta más de 40,00 mil teravatios-hora en el año 2040. La mayor parte del crecimiento de la demanda estaría explicada por mercados emergentes, mientras que la demanda de mercados desarrollados estaría limitada por una utilización más eficiente de la electricidad. Asimismo, es probable que la energía solar y eólica se conviertan en las fuentes de electricidad más baratas, debido a una tendencia

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decreciente esperada de su costo de producción en las próximas décadas. La Asociación Internacional de Energía (2018) proyecta que ambas fuentes de energía representen más del 40.00 % del total de electricidad en el año 2040, frente al 6.00 % que representaban el año 2017; así como un crecimiento en la generación de energía nuclear como fuente alternativa. Al mismo tiempo, la Asociación Internacional de Energía (2019) proyecta que la utilización del carbón en la generación de energía a nivel global descenderá desde 39.00 % en el año 2017 hasta 5.50 % en el año 2040. A raíz de ello, las distintas compañías de generación y almacenamiento de energía renovable se beneficiarán de esta transición.

De acuerdo con Credit Suisse (2020), aproximadamente, el 23.00 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía son generadas por la industria del transporte. Una forma de reducir dichas emisiones es a través de la electrificación de motores, así como con el uso de combustibles y fuentes de energía más sostenibles como el gas natural, los biocombustibles y el hidrógeno. Las mejores alternativas van más allá de los vehículos eléctricos e incluyen el transporte aéreo electrificado y el transporte marítimo de carga más limpio. De acuerdo con Good-Fuels (2019), las compañías de transporte aéreo y marítimo que migran del uso de combustibles fósiles a biocombustibles podrían reducir sus emisiones de CO2 hasta 90.00 %. Asimismo, la Asociación Internacional

de Energía (2019) resalta la contribución del hidrógeno para descarbonizar el transporte de larga distancia, la producción química, así como la producción de acero y de hierro. Sin embargo, se requiere de inversiones significativas en infraestructura y cambios normativos regulatorios para una mayor expansión de esta fuente alternativa.

Las compañías orientadas a brindar soluciones de bajas emisiones y energía renovable, principalmente para la industria del transporte, se verán beneficiadas de los avances en el proceso de transición energética.

No obstante, la presión que existe sobre el sector de energía y la demanda de combustibles fósiles probablemente se mantenga elevada durante la transición energética de las próximas décadas. De acuerdo con Credit Suisse (2020), la cantidad de petróleo y gas que demandarán los países dependerá de la velocidad con la que sus gobiernos apliquen políticas ambientales para reducir las emisiones de CO2.

Ante esta situación, las principales compañías petroleras del mundo se han comprometido en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y completan su producción tradicional de petróleo con inversiones en generación de energía renovable, producción de combustibles de transporte más limpios, así como inversiones en el secuestro de carbono.

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De acuerdo con Credit Suisse (2020), las emisiones netas cero de CO2 se han convertido en el nuevo criterio climático para los gobiernos de todo el mundo. El concepto de emisiones netas cero de CO2 consiste en que todas las emisiones producidas deben ser compensadas a través de actividades equivalentes de reducción de CO2 que generen emisiones negativas, de forma tal que el saldo neto sea igual a cero. Por ejemplo, Repsol tiene como objetivo estratégico alcanzar emisiones netas cero de CO2 en el año 2050. Las compañías relacionadas al cumplimiento de este objetivo y que mantengan rentabilidades por dividendos atractivos para los accionistas estarán entre las ganadoras del proceso de transición energética.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2018), 1,00 kg de carne de vaca genera una emisión equivalente a 46,20 kg de CO2, mientras que 1,00 kg de carne de pollo genera una emisión equivalente a 5,40 kg de CO2. Asimismo, el sector agrícola es el mayor consumidor de agua, donde gran parte de ella se utiliza para la irrigación de los cultivos. Aproximadamente, el 10 % del agua global se utiliza en el consumo doméstico, 20 % en la producción industrial y 70 % en el sector agrícola. Water Resources Group (2009) sostiene que la actividad agrícola extrajo, aproximadamente,

3,10 mil km3 de agua en el año 2009, y estima que se incremente a 4,50 mil km3 en el año 2030, que es un nivel mayor a todas las fuentes de captación de agua actuales. Los alimentos son intensivos en el uso de agua como insumo en la producción. Según Water Footprints Organization (2014), se requiere de, aproximadamente, 15,40 mil litros de agua para producir 1,00 Kg carne de res. Por lo tanto, a mayor cantidad de carne en la alimentación, mayor es el requerimiento de agua asociada.

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Figura 3Litro de agua por kilogramo de alimento

15,400

Beef

8,763

Sheep / Goat

5,988

Pork

2,500

Rice

1,600

Bread (Wheat)

Nota. Tomado de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

El contexto global del agua está enmarcado en una demanda que crece rápidamente. De acuerdo con EAWAG Water Research (1997), las reservas de agua son limitadas y alcanzan niveles anuales de precipitación global entre 90,00 mil km3-120,00 mil km3; de los cuales, aproximadamente dos tercios regresa directamente a la atmósfera a través de la evaporación. Del restante, un tercio o dos tercios van a la naturaleza, y solo un tercio, entre 9,00 mil km3-12,00 mil km3, al consumo humano (bebidas, agricultura y producción industrial). Asimismo, la contaminación del agua limita la disponibilidad de agua limpia, exacerbando así su escasez.

Por ello, las compañías que lideren la transición hacia una agricultura más sostenible se beneficiarán de la creciente demanda global de alimentos, así como de las nuevas tendencias alimentarias más saludables. Asimismo, desde una perspectiva financiera, es clave incorporar un posicionamiento estratégico en la megatendencia de cambio climático a través de algún producto financiero.

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3. Cambio Sociodemográfico

Los cambios sociales y demográficos a nivel global enmarcan el futuro de las familias, empresas y gobiernos. Entre ellos está el envejecimiento de la población en las economías desarrolladas y las distintas prioridades de las generaciones más jóvenes (millenials y generación Z). Estos cambios se producirán independientemente de la situación de la economía global o de acontecimientos políticos.

La Organización de las Naciones Unidas (2019) estima que para el año 2050 la población mundial de personas mayores se duplicará y alcanzará un nivel superior a 2,00 mil millones de personas, donde más de dos tercios de dicha población se ubicará en países emergentes. No obstante, en la actualidad, este cambio se viene produciendo rápidamente en Europa y Asia. Alemania e Italia registran la mediana de edad poblacional más alta en su región con niveles de 47,90 y 46,60 años, respectivamente. En Europa occidental, una de cada cinco personas es mayor de 65 años y se espera que esta relación aumente hasta una de cada cuatro personas en la siguiente década. En Asia, en Japón, la mediana de edad poblacional es 48,20 años, la más alta del mundo, y, aproximadamente, la tercera parte de su población es mayor de 65 años.

El envejecimiento de la población genera un impacto significativo sobre el sector salud, debido al incremento en la frecuencia de enfermedades crónicas. Por lo tanto, el crecimiento de la población de edad avanzada también genera un incremento en los gastos de atención sanitaria. Credit Suisse (2020) estima que en las siguientes décadas, los costos de atención sanitaria presentarán una tasa de crecimiento superior a la del producto bruto interno, lo cual plantea un reto de política para frenar el incremento de costos. Al respecto, la transformación tecnológica jugará un papel fundamental en las soluciones, a través de nuevos tratamientos y vacunas, así como con eficiencias operativas de liderazgo en costos.

Asimismo, el envejecimiento poblacional genera presiones de financiamiento para gastos de subsistencia y salud de las personas. El Banco de la Reserva Federal de St. Louis (2018) estima que el 35 % de los hogares de EE.UU. no participa de un plan de pensiones. Un comportamiento similar podría esperarse para los seguros privados de salud, los cuales presentarían una baja penetración debido a sus altos costos. El problema para economías emergentes sería incluso más grave, explicado por los bajos niveles de formalidad laboral y preferencias de ahorro.

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No obstante, las personas mayores disponen de un mayor tiempo de ocio y de distintos grados de poder adquisitivo, producto de acumulación de riqueza a lo largo de sus vidas, lo cual brinda oportunidades al sector de turismo global, una vez controlada la pandemia de la Covid-19.

Las generaciones más jóvenes, millenials y generación Z, están creciendo con patrones de consumo muy distintos a los de sus padres y abuelos. Esto se refleja en sus preferencias de alimentación más saludable, afición por servicios de streamming y video juegos, ahorro en servicios compartidos y de bajo costo, e inversión en sostenibilidad.

Según The Lancet (2019) “Los alimentos son la palanca más fuerte para optimizar la salud humana y la sostenibilidad ambiental en la Tierra”. Los consumidores de esta generación tienen una mayor preocupación por la sostenibilidad ambiental y buscan reducir su huella ambiental a través de sus compras y del reciclaje.

Las compañías han encontrado soluciones innovadoras, pero todavía en una escala limitada. Al respecto, resalta la de producción de calzado deportivo y envases hechos con residuos plásticos, así como las

plataformas de reventa y alquiler de prendas de vestir y accesorios que prolongan su vida útil. Estos cambios generarán una economía circular más grande, donde cada compañía desarrollará productos pensando en que pueda ser reciclado o reutilizado. Entre los principales hábitos de los millennials y de la generación Z están escuchar música, ver vídeos por streaming y jugar video juegos. La mayoría de estas actividades se realizan mediante suscripción, lo cual refleja un cambio a largo plazo en el comportamiento de los consumidores hacia productos y servicios por suscripción.

Al respecto, el internet de las cosas y la inteligencia artificial podrían incrementar más la conexión entre los modelos de suscripción y las plataformas digitales y crear una economía circular para las aplicaciones de servicios. Y, desde una perspectiva financiera, es clave incorporar un posicionamiento estratégico en la megatendencia de cambio sociodemográfico a través de algún producto financiero.

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Las Megatendencias son tan importantes, que se han creado tipos de instrumentos financieros que invierten en ellas, los cuales son denominados Instrumentos de Inversión de Megatendencias.

La tesis de inversión de estos instrumentos es el cambio en los hábitos de consumo de la sociedad producto de su evolución. Estos cambios traen consigo consecuencias irreversibles que afectan múltiples aspectos de nuestra forma de vida. Por ende, estos tipos de instrumentos buscan identificar las mejores compañías que forman parte de la cadena productiva de alguna megatendencia en el mercado global.

Entre los productos financieros más conocidos existen los Exchange Trade Funds (ETF) y los fondos mutuos. Los ETF se caracterizan, principalmente, por replicar el rendimiento generado por un índice de referencia, es decir, aplican una estrategia de inversión pasiva; mientras que los fondos mutuos se caracterizan, principalmente, por alcanzar rendimientos superiores al índice de referencia, a través de una estrategia de inversión activa, quel es retribuido con un costo de administración mayor. A continuación, mostramos el comportamiento de las Megatendencias, y tomamos como referencia al mercado de acciones globales con el índice MSCI ACWI (All Country World Index), el cual está compuesto por las compañías más importantes de cada sector a nivel global.

III. — Desempeño de las Inversiones en Megatendencias

1.Transformación Tecnológica

El índice de referencia más conocido para el sector tecnológico es el MSCI ACWI Technology, conformado por las compañías más importantes de este sector a nivel global. Existen múltiples ETF y fondos mutuos que permiten tomar exposición específica en estos índices; entre los ETF y fondos mutuos resaltan los gestionados por el Gestor Global de Inversiones BlackRock.

La siguiente figura detalla la evolución de USD 100 invertidos en los últimos trece años, marzo 2008-marzo 2021 (máxima data disponible), en los ETF de BlackRock, conocidos como Ishares, (Ishares MSCI ACWI, línea naranja y Ishares Global Technology, línea morada), así como en el fondo mutuo de tecnología de BlackRock (línea verde).

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Figura 3Evolución de 100 USD invertidos en Ishares y fondos mutuos

de BlackRock, marzo 2008 a marzo 2021

Fuente: Reuters (23 de abril de 2021).

Como se puede apreciar en la figura anterior, la inversión de USD 100 en el fondo mutuo relacionado a la transformación tecnológica generó un valor de USD 708,45, equivalente a un rendimiento acumulado de 608.45 %; la inversión en el ETF del sector tecnología generó un valor de USD 544,06, equivalente a un rendimiento acumulado de 444.06 %; y la inversión en el ETF de acciones globales de todos los sectores generó un valor de USD 192,92, equivalente a un rendimiento acumulado de 92.92 %.

El rendimiento de la inversión generado por el fondo mutuo relacionado a la transformación tecnológica superó significativamente el crecimiento de todos los sectores en su conjunto a nivel global y esta diferencia se aceleró el año 2020, producto de la nueva normalidad. Se espera que la megatendencia de la trasformación tecnológica sostenga esta diferencia en el futuro, con su crecimiento constante, con las perspectivas de crecimiento de la Tecnología en el mundo.

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2. Cambio Climático

Existen múltiples ETF y fondos mutuos que permiten tomar exposición específica en compañías de sectores productivos que aportan positivamente al cambio climático. Entre ellos sobresalen los fondos mutuos gestionados por el Gestor de Inversiones Pictet.

La siguiente figura detalla la evolución de USD 100 invertidos en los últimos diez años, marzo 2011-marzo 2021 (máxima data disponible), en los fondos mutuos de cambio climático global y de agua, conocidos como Pictet-Global Enviromental Opportunies (línea morada) y Pictet-Water (línea verde), respectivamente. Asimismo, se presenta el ETF de acciones globales de BlackRock (Ishares MSCI ACWI, línea naranja) como referencia de comparación.

Figura 4Evolución de 100 USD invertidos en los fondos mutuos de Pictet-Global

Enviromental Opportunies y Pictet-Water, marzo 2011 a marzo 2021

Nota. Tomado de Reuters (23 de abril de 2021).

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Como se puede apreciar en la figura anterior, la inversión de USD 100 en el fondo mutuo relacionado al cambio climático global generó un valor de USD 253,49, equivalente a un rendimiento acumulado de 153.49 %; la inversión en el fondo mutuo relacionado al agua generó un valor de USD 252,78, equivalente a un rendimiento acumulado de 152.78 %; y la inversión en el ETF de acciones globales de todos los sectores generó un valor de USD 196,75, equivalente a un rendimiento acumulado de 96.75 %.

El rendimiento de la inversión generado por los fondos mutuos relacionados al cambio climático global y agua superó significativamente el crecimiento de todos los sectores en su conjunto a nivel global; esta diferencia se aceleró el año 2020, producto de la nueva normalidad. Así también, existió un mayor compromiso de los gobiernos hacia una economía global más sostenible en el largo plazo. Se espera que la megatendencia del cambio climático sostenga esta diferencia en el futuro.

3. Cambio Sociodemográfico

Existen múltiples ETF y fondos mutuos que permiten tomar exposición específica en compañías de sectores productivos que generan valor a esta megatendencia. En este caso, tomamos como referencia los fondos mutuos gestionados por el Gestor de Inversiones Robeco, para realizar el análisis comparativo.

La siguiente figura detalla la evolución de USD 100 invertidos en los últimos ocho años, junio 2013-marzo 2021 (máxima data disponible), en el fondo mutuo de cambios sociodemográficos, conocido como Robeco -Global Consumer Trends (línea verde). Asimismo, se presenta el ETF de acciones globales de BlackRock (Ishares MSCI ACWI, línea naranja) como referencia de comparación.

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Figura 5Evolución de 100 USD invertidos en el fondo mutuo Robeco - Global Consumer

Trends y ETF de acciones globales de BlackRock, junio 2013 a marzo 2021


La inversión de USD 100 en el fondo mutuo relacionado a los cambios sociodemográficos generó un valor de USD 343,03, equivalente a un rendimiento acumulado de 243.03 %; mientras que la inversión en el ETF de acciones globales de todos los sectores generó un valor de USD 191,50, equivalente a un rendimiento acumulado de 91.50 %.

En la siguiente tabla, se muestra el desempeño comparativo entre las megatendencias descritas y el índice global (ACWI).

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Tabla 1Comparativos entre Megatendencia e indice global (ACWI)


El rendimiento de los instrumentos de inversión en megatendencias ha superado significativamente el desempeño del índice global. mantiene un nivel de riesgo similar, con un mejor Sharpe en todos los activos relacionados con Megatendencias. Estos mayores rendimientos se aceleraron en el año 2020 producto de la nueva normalidad.

Finalmente, las Megatendencias se mantendrán en el futuro a la espera de nuevas necesidades de la población mundial, sobre el cual, los inversionistas debemos de estar atentos al surgimiento de ellas para su implementación dentro de los portafolios de inversión.

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Carbon Brief (9 de abril de 2020). Analysis: Coronavirus set to cause largest ever annual fall in CO2 emissions. https://bit.ly/2UfbZQ6 Credit Suisse (mayo de 2020). Supertrends. Impulsando el cambio. De las tendencias sociales a las inversiones efectivas (Credit Suisse). https://bit.ly/3huxxQH

Drone Industry Insights (2019). The Drone Industry Barometer 2019. https://bit.ly/2UgR0wg

Federal Reserve Bank of St. Louis (8 de marzo de 2018). Many americans still lack retirement savings. https://bit.ly/3hewxB6

Fortune Business Insights (2019). Medical Devices Market Research Report.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2018). Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS). Combining agricultural biodiversity, resilient ecosystems, traditional farming practices and cultural identity. https://bit.ly/2UkQAVy

Global Carbon Project (2019). Global Carbon Budget 2019. https://bit.ly/3hx6MuO

GoodFuels (2019). GoodFuels and Nederlands Loodswezen develop more sustainable biofuels.Intergovernmental Panel on Climate Change (2019). Climate Change and Land. https://www.ipcc.ch/srccl/

International Energy Association (2017). World Energy Outlook 2017. https://bit.ly/3h9S2mP

International Energy Association (2018). World Energy Outlook 2018. https://bit.ly/369aOEy International Energy Association (2019). World Energy Outlook 2019. https://bit.ly/3AiiKRT

International Federation of Robotics (2020). More robots deployed than ever. http://reparti.free.fr/robotics2000.pdf

McKinsey & Company (2018). What edge computing means for hardware companies. https://mck.co/3qLDmh0

Referencias:

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Markets and Markets (2020). Cybersecurity Market by Solution (IAM, Encryption, UTM, Antivirus/Antimalware, Firewall, IDS/IPS, Disaster Recovery, and DDOS Mitigation), Service, Security Type, Deployment Mode, Organization Size, Industry Vertical, and Region - Global Forecast. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cyber-security-market-505.html?gclid=CjwKCAjwlYCHBhAQEiwA4K21m7v2r9cjyGof5beFO_nPFkvBOKF8tl1E-JrK0-q__QbTTiNZoJagRxoCFs0QAvD_BwE

PwC (2019). Seeing is believing. https://www.pwc.com/seeingisbelieving

United Nations (2020). Special Report on Climate Change and Land. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10211

United Nations (2019). World Population Prospects 2019. https://population.un.org/wpp/

Water Footprints Organization (2014). Water footprint scenarios for 2050: A global analysis. Journal of Environmental International 2014. https://bit.ly/3wcHB6h

Zehnder, A.J.B.; Schertenleib, R.; Jaeger, C. Herausforderung Wasser. EAWAG Jahresbericht 1997. https://bit.ly/36cK8mp

ZDNet (27 de abril de 2021). What is 5G? Your guide to the current generation of wireless communications. https://zd.net/2SGOKOm

2030 Water Resource Group (2009). Annual Report 2009.

Referencias:

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1 Link: https://onpvirtual.pe/assets/recursos/Resolucion_N_2495-2017-ONPTAP.pdf 2 Artículo 13 de la Constitución Política del Perú3 Artículo 10 de la Constitución Política del Perú

Zona Tap

Promedio Ponderado Aprobatorio Considerado como Estudios Satisfactorios

Una persona huérfana que llega a la mayoría de edad sí puede seguir recibiendo pensión de orfandad. Una de las condiciones para percibirla es que esté estudiando, y que lo haga de forma satisfactoria.

Hubo un caso en que un huérfano universitario, que cumplía los 18 años, solicitó la prórroga de la pensión de orfandad. Pero ¿cómo había sido como estudiante? Había desaprobado un curso dentro del semestre académico, sin embargo, la nota del promedio ponderado era mayor a la nota mínima aprobatoria que exige la universidad.

Es así que la ONP estaba en una disyuntiva de cómo interpretar el concepto de ‘forma satisfactoria’.

El TAP, para analizar tal cuestión, combinó la finalidad de la educación desde una perspectiva constitucional, como es el desarrollo integral de la persona humana2, y el objeto de la seguridad social que es la elevación de la calidad de vida3. En la medida de que no exista un parámetro concreto para evaluar cuándo se siguen estudios satisfactorios, para determinar el éxito de los estudios se debe utilizar un criterio de razonabilidad que armonice dichos fines constitucionales.

Es así como se consideró que un beneficiario de pensión de orfandad está cursando ‘estudios en forma satisfactoria’, si el promedio ponderado de las notas obtenidas en el semestre o ciclo de estudios es mayor a la nota mínima aprobatoria que exige la universidad. Este considera un parámetro adecuado del desarrollo académico del alumno.

Por ello, se consideró que el solicitante sí debía recibir la prórroga de la pensión de orfandad.


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Zona Estadística Inversiones Previsionales

A continuación, presentamos los principales indicadores del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, cuya secretaría técnica recae en la ONP.

En el 2020, el valor de los fondos creció en 6 % respecto al año 2019.

Los fondos más grandes que componen esta cartera son el DL 19990, Entel y el Fondo Pesquero. En contraste, el fondo Lusa se agotó a mediados del 2020 y el fondo RTP es el más cercano a sufrir el mismo destino.

Figura 1Distribución de los activos del FCR

Figura 2Valor de los fondos del FCR

El valor a mercado del portafolio consolidado asciende a: 26,163 millones de soles. Donde 5,662 millones responden a las acciones de Electroperú y el resto de los fondos del FCR.

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— Actuarial

Auto

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— Javier Vásquez PonceEconomista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ejecutivo de Estudios Económicos en ONP.

— Palabras claveDensidad de contribución, pensiones, sistema de reparto

— Resumen

En el Perú, el Sistema Nacional de Pensiones, opera bajo la lógica de un sistema de reparto, donde la jubilación se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales destaca el cumplimiento del requisito mínimo de años de aportes acumulados. Ante tal contexto, la densidad de contribución tiene un papel determinante en el acceso a la jubilación, motivo por el cual merece ser estudiado. En el presente documento, haciendo uso de la data administrativa del Sistema Nacional de Pensiones, se estima la dinámica de la densidad de contribución. Los resultados muestran que la densidad de contribución sigue la tendencia del ciclo de vida laboral, esto es, la frecuencia de aportes es baja en edades jóvenes, aumenta en la adultez y se reduce ligeramente al acercarse a la edad de jubilación. También se evidencia la polarización existente de la densidad de contribución, en donde el decil con mayor densidad observada presenta valores cercanos al 100 %, en tanto que los 5 deciles de contribuciones más bajas tienen una densidad observada cercana a 0 %. Esto último, como consecuencia de la estructura del mercado laboral fragmentado entre la formalidad e informalidad.

1 Sobre el tema del artículo, este representa una agenda en constante desarrollo; por tanto, la investigación puede ser perfeccionada con los comentarios o sugerencias al presente artículo, los mismos que pueden ser remitidos al correo [email protected].

Apuntes de Densidad de Contribución en el Sistema Nacional de Pensiones1

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En el Sistema Nacional de Pensiones, el otorgamiento de pensiones a los afiliados es condicional al cumplimiento del mínimo de 20 años de aportación. La acumulación de estos aportes previsionales depende básicamente del desempeño de los individuos en el mercado laboral peruano, marcado estructuralmente por la informalidad. Existen individuos con una trayectoria laboral asociada a la formalidad, pero también muchos otros cuya actividad laboral está ligada a la informalidad y/o el subempleo. Esta situación impacta en los periodos de aportes de los individuos al sistema previsional.

En este contexto, los afiliados con mejores expectativas de acceso a empleos formales acumularán años de aportes y por tanto mejorarán su posibilidad de acceder a la pensión de jubilación. En consecuencia, la condición de pensionista es el resultado del esfuerzo en las contribuciones (aportes) hechas al sistema previsional por el individuo en la etapa activa.

Este documento tiene como finalidad presentar un análisis sobre la dinámica de los aportes acumulados por los asegurados y su impacto en la obtención de pensión de jubilación. A partir del presente análisis, se conoce que la distribución de la densidad de contribución es bimodal en los extremos,

I. — Introducción

adicionalmente se tiene que menos del 20 % de los actuales afiliados cotiza más de la mitad del tiempo de su vida laboral. En la otra cara de la moneda, poco más de la mitad de los afiliados realiza aportaciones en promedio una vez cada seis meses, lo cual refleja la baja frecuencia de sus aportes. Esto refleja la complejidad del acceso y permanencia en el mercado laboral formal, que permite la cotización de aportes en el sistema previsional

La estructura del documento comprende siete secciones: la segunda sección, posterior a la introducción, inicia con los antecedentes encontrados respecto a la densidad de contribución, la tercera sección presenta el marco conceptual de la densidad de contribución y el Sistema Nacional de Pensiones, la sección cuatro describe el proceso de obtención de datos y su tratamiento, la quinta sección detalla la metodología empleada, en la sexta parte se presentan los resultados y, finalmente, en la sección siete se abordan las conclusiones y recomendaciones del estudio.

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La densidad de contribución de un individuo al sistema previsional, ha sido estudiada en varios países de Latinoamérica. En Chile, resalta las contribuciones de Bernstein et al. (2005 y 2006), quienes realizan estimaciones paramétricas con modelos de datos de panel. En Uruguay, Bucheli et al. (2006) y Forteza et al (2009) aplican modelos de duración y hacen uso de la distribución estadística binomial. Para el caso argentino, Forteza et al. (2009) realizan también estimaciones mediante modelos de duración. Estos estudios presentan patrones comunes: (1) los hombres, en promedio, tienen mayor densidad de contribución que las mujeres, excepto en Uruguay, donde ocurre lo opuesto; (2) existe una relación positiva entre el nivel de ingreso y la densidad de contribución, de manera que a mayor nivel de ingreso mayor es la densidad de contribución.

En el Perú, los estudios sobre la densidad de contribución han sido limitados, de manera que a la fecha no existen investigaciones puntuales al respecto. Sin embargo, existen estudios previsionales en los que se detallan algunas páginas respecto a la densidad de contribución. Un primer documento de este tipo ha sido el de Olivera (2009) que, grosso modo, asume una densidad de contribución de 50 % para

II. — Antecedentes

todos los casos, sin mayor sustento metodológico. Posteriormente, el mismo Olivera (2016) realizó una estimación de la densidad de contribución por género y decil de ingreso, pero con la limitación que se trabajó con la información de un solo mes SNP (diciembre de 2013), por lo cual no se tomó en consideración el comportamiento temporal de la densidad de contribución en los individuos.

Así, se puede precisar que en el caso peruano, no se han realizado estudios con información de la historia laboral de los asegurados de varios años, lo cual tiene fuertes implicancias al calcular estimadores insesgadas de la densidad de contribución, más aún cuando la densidad de contribución no es constante en el tiempo, sino que experimenta variaciones a través del tiempo, principalmente por condiciones del mercado laboral.

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1. Sistema Nacional de Pensiones3

El SNP es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y contiene 4.8 millones de afiliados activos y más de medio millón de pensionistas y beneficiarios.

El SNP opera bajo el modelo de sistema de reparto, y como tal, se fundamenta en la redistribución de los aportes de los actuales afiliados para hacer frente al pago de las pensiones de los actuales pensionistas4.

Un resumen de las reglas de negocio del SNP puede leerse seguidamente:

• La pensión de jubilación del SNP es una renta vitalicia. Además, se otorga pensión de invalidez a quien resulte inválido para la actividad física o mental.

• Existe pensión mínima que equivale a S/ 500 mensuales, condicional a tener al menos 20 años de aporte acumulado.

• Existe pensión máxima que equivale a S/ 893 al mes.

• A cada jubilado se le otorga 14 pagos al año.

III. — Marco Conceptual

3 La versión original de la investigación en que se basa el presente artículo se remonta al año 2017, sin embargo, en el presente apartado se procede a actualizar las reglas de juego del Sistema Nacional de Pensiones, a fin de visibilizar las actuales reglas pensionarias del sistema. 4 En adición al Decreto Ley Nº 19990, existen hasta 16 regímenes especiales administrados por la ONP, que por sus particularidades y menor representación, no serán abordados en el presente documento.

El SNP es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y contiene 4.8 millones de afiliados activos y más de medio millón de pensionistas y beneficiarios."

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• Cada afiliado activo puede realizar 12 aportes al año.

• La tasa de reemplazo5 es un parámetro exógeno y conocido antes de la jubilación: para los que se jubilen en el 2017 con 65 años, será de 45 % por los primeros 20 años y 2 % por cada año adicional a los 20 años de aportes. Las reglas vigentes contemplan que en el largo plazo esta tasa por los primeros 20 años será de 30 % y de 2 %6 por año de aporte adicional.

• Los afiliados con ingresos más bajos que logran cumplir con los años de aporte, reciben tasas de reemplazo más altas respecto a los de ingresos más altos.

• El aporte obligatorio del empleado es equivalente al 13 % de los ingresos.

2. Densidad de Contribución

La densidad de contribución corresponde a la cantidad de meses que un individuo ha realizado aportes (cotizado) sobre el total de meses que potencialmente pudo hacerlo. Matemáticamente, se calcula como la ratio entre el número de meses con aportes y el número de meses potenciales de aportación. Así, la densidad de contribución de un individuo que en un año realizó tres aportes será de 25 %7.

5 Beneficio esperado a ser recibido durante la etapa de jubilación como porcentaje del ingreso obtenido durante la etapa de trabajo.6 La regla considera tasas de reemplazo que dependen de la edad, y se dividen en cinco rangos. El rango más alto está dirigido para aquellos de más alta edad, en cuyo caso la tasa de reemplazo por los primeros 20 años es de 50 % y de 4 % por cada año adicional de aporte superior a los 20 años (Guía Técnica de Cálculo de Reservas Actuariales). Estos rangos corresponden a un mercado de transición, por lo que en el largo plazo, la única tasa de reemplazo sería la de 30 %.7 Se calcula como 25 % = 3/12.

La densidad de contribución es un indicador de la frecuencia con que los individuos realizan aportes previsionales. Esta frecuencia de aportes está condicionada básicamente a la condición de contar con un empleo formal, el cual genera la obligación de dicha contribución. Si el mercado laboral fuese principalmente formal, la densidad de contribución sería alta.

Sin embargo, en el país, dos terceras partes de empleo es informal, consecuente con ello, la densidad de contribución en el SNP no supera el 50 %.

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Tabla 1Afiliados SNP a julio 2017

La información utilizada a fin de analizar la densidad de aportes en el SNP corresponde a los registros administrativos de la ONP. Para dicho propósito, se utilizó información de 4.5 millones de afiliados del periodo enero 2000 a julio 2017, sin embargo, para términos de la modelación de la densidad de aportes, se empleó información hasta el cierre de 2016. Esta base de datos contiene información histórica mensual de los aportes realizados por estos afiliados, la cual ha sido recolectada por SUNAT. Cabe precisar que se considera que el individuo ha realizado aportes siempre que exista el registro del monto del aporte realizado.

Además de los montos aportados y el periodo en que se realizan los mismos, la base de datos almacena información de la fecha de nacimiento y el sexo del afiliado. La información es representativa de los asegurados al SNP, sin embargo, se filtra del análisis a los menores de 18 años de edad.

1. Distribución de los Afiliados

Posteriormente, se selecciona una muestra aleatoria superior al 1.36 % de la cantidad total de afiliados, que equivale a 61 220 personas; esta cantidad resulta superior al tamaño de muestra requerido por fórmula8, lo cual garantiza su representatividad. La composición de los datos de esta población se muestra en el

IV. — Datos

La mayoría de afiliados al SNP tienen de 25 a 40 años, 29 años es la edad más recurrente, y 41 años es el promedio, tanto para hombres como para mujeres. Solo el 7 % de los actuales afiliados tiene 65 o más años de edad.

8 Se utilizó la fórmula para el tamaño de muestra para una proporción, dado que la variable de interés es la densidad de contribución, la cual toma valores entre cero y uno, y corresponde a una proporción. Para el cálculo del tamaño de muestra, se seleccionó un nivel de confianza de 99 % y un límite aceptable de error de 0.52 %, bajo un escenario conservador. Con ello, el tamaño de muestra resultó en 61 220 casos.

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Los varones en general poseen una menor densidad de aportación en comparación con su par del sexo opuesto. Asimismo, según la Figura 2, se visualiza que la densidad de contribución sigue la tendencia del ciclo de vida laboral, esto es, la frecuencia de aportes es baja en edades jóvenes, aumenta en la adultez a partir de los 35 años de edad, y se reduce ligeramente a partir de los 55 años de edad.

2. Densidad de Contribución

Respecto al historial de aportes, se cuenta con información individualizada del periodo 2000-2016, la misma que contiene un periodo de aportación potencial de 204 meses. En promedio, la densidad de contribución observada es de 21 % (véase Tabla 2), lo cual implica un promedio de 3.6 años de aporte (42 meses) sobre el potencial de 17 años (2000-2016).

Figura 1Distribución de afiliados según su edad

actual, julio 2017

Tabla 2Densidad de contribución por cuartiles

Figura 2Densidad de contribución por sexo y edad

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La presencia de heterogeneidad en la densidad de contribución de los afiliados es una característica fundamental de esta población. Así, el 10 % de afiliados con menor frecuencia de contribución registra una frecuencia de prácticamente 0 % (primer segmento de la Figura 3), en tanto que el 10 % de afiliados con mayor contribución (segmento 10 de la figura 3) realiza aportes entre 70 % y 100 %. Ello implica una polaridad en la frecuencia de aportes: lo cual se traduce en que individuos con bajo nivel de aportes no obtendrán acceso a pensión.

La heterogeneidad en la frecuencia de aportes se evidencia en la cantidad de aportes acumulados por los afiliados en su etapa activa. En el periodo 2000-2016, se muestra dicha acumulación de años de aporte sobre un máximo de 17 años (ver Figura 4). La mayoría de afiliados acumula menos de 5 años de aporte, lo que influye en la acumulación de los años requeridos para obtener una pensión de jubilación.

Gráfico 3Densidad de contribución según

decil de aportes

Figura 4Distribución de años de aporte

acumulados en el periodo 2000-2016

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3. Evolución de la Densidad de Contribución y de los Aportes

En el periodo 2000-2016, la densidad de contribución se ha reducido ligeramente cada año, de 26 % a 22 % en el caso de las mujeres y de 23 % a 21 % para los hombres. La brecha en la densidad de contribución entre hombres y mujeres, a su vez, se ha reducido de 3 % a 1 %; sin embargo, en todo el periodo, las mujeres han contribuido con mayor frecuencia que los hombres, en promedio.

Contraria a la evolución de la densidad de contribución, los montos de aporte de los afiliados al SNP se han incrementado en el periodo 2000-2016 (Figura 6), a una tasa de crecimiento promedio de 4 % anual. Este crecimiento del salario ha estado relacionado al aumento sostenido de la remuneración mínima vital (RMV) de S/ 345 a S/ 850, ocurrida en el mismo periodo, dado que el aporte del afiliado equivale al 13 % de su remuneración.

Figura 5Evolución de la densidad de contribución

Figura 6Evolución del monto de aporte

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Este capítulo presenta el método9 seguido para la cuantificación de la cantidad de meses de aportes que acumularán los individuos durante su vida laboral. Para ello, se estiman los aportes que los individuos habrían acumulado en los periodos no observados con la información de SUNAT (anteriores al año 2000 y posteriores al año 2016), y se le agrega la información de aportes reportada por SUNAT en el periodo 2000 a 2016.

En el caso de la historia observada, se contabiliza la cantidad de aportes que el individuo realizó en el periodo enero 2000 a diciembre 2016. En tanto que, para la estimación de los aportes en el tramo no observado, la literatura muestra dos alternativas: paramétrica y no paramétrica. En este caso, se opta por la vía paramétrica, dado que permite modelar la densidad de contribución en función a la propia información de los individuos (sexo, edad, entre otros factores).

La estimación paramétrica de la densidad de contribución sigue el método utilizado por Bernstein et al. (2006), quienes en una primera etapa realizaron la estimación de la ecuación de salarios mediante datos de panel con efectos aleatorios. Como resultado, se estima el efecto aleatorio de dicha ecuación, el mismo que permite capturar las características no observables de los afiliados que tienen influencia en el

V. — Metodología

salario. En una segunda etapa, este efecto es utilizado, junto a otras variables, para modelar la densidad de contribución.

1. Modelo en dos Etapas

En concreto, para la primera etapa, que corresponde a la estimación de la ecuación de salario, se incluyen las siguientes variables: la edad del afiliado, el cuadrado de la edad, la experiencia laboral en el periodo observado10, el cuadrado de la experiencia laboral, y la cohorte que representa el primer año de aporte del individuo en el periodo 2000-2016. La ecuación a estimar es la siguiente:

La Tabla 3 muestra los resultados de la ecuación de salarios. Las variables independientes incluidas son significativas al 99 % y su relación con la variable dependiente (salario) es la adecuada. Por ejemplo, la experiencia del individuo está relacionada positivamente11 con el salario, es decir, una mayor experiencia implica un mayor salario. De modo similar, una mayor edad implica un mayor salario.

9 Tal como se indica en la literatura referida que sustenta la metodología, existen varios enfoques para la modelación de la densidad de aportes. En este artículo, se presenta un enfoque particular, el cual es perfectible y está sujeto a constante actualización y mejoras. 10 La experiencia laboral ha sido medida por la cantidad de aportes que ha realizado el individuo en el periodo observado, dado que el aporte se realiza sobre la base de una remuneración, por lo cual, la cantidad de aportes aproxima los meses de experiencia del individuo en el periodo observado. 11 El signo positivo del coeficiente asociado a la experiencia (+0.01170) muestra la relación positiva entre esta variable y el salario.

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En este modelo de datos de panel, el valor rho=0.632742 indica que el 63.3 % del error compuesto del modelo proviene de los efectos individuales. Es decir, que la variación en el Ln Y (Logaritmo natural del salario) está relacionada a las diferencias inobservables en los afiliados, por ello, la relevancia del efecto aleatorio estimado en este modelo12. De hecho, la teoría econométrica advierte que ante la presencia de variables omitidas es recomendable emplear modelos de datos de panel o modelos que incluyan variables instrumentales, dado que los estimadores por mínimos cuadrados no serían consistentes.

12 De considerarse efectos fijos en la ecuación de salarios, ello conduciría a la imposibilidad de estimar parámetros para variables invariantes en el tiempo. 13 Se refiere a la cantidad de aportes efectivos que ha realizado el individuo en el periodo observado. 14 Cabe precisar que estos autores realizaron la segmentación por percentiles de ingreso. En el presente documento, se ha realizado la segmentación por percentiles de frecuencia de aportes, que considera una correlación positiva entre ingresos y frecuencia de aportes, pero además que en el Sistema Nacional de Pensiones los ingresos mensuales son relativamente homogéneos.

Tabla 3Ecuación del salario

El efecto aleatorio estimado en la primera etapa captura las características inobservables de los afiliados, la misma es incluida como variable independiente al momento de estimar la densidad de contribución; esta se modela mediante un logit que considera, adicionalmente a la variable ya mencionada, como variables independientes al sexo, edad, edad al cuadrado, sueldo inicial, aportes13 y aportes al cuadrado. Así, la especificación general del modelo es la siguiente:

En este punto, la estimación se diferencia de la realizada por Bernstein et al. (2006) en el sentido de que, a diferencia de estos autores, se estima el modelo de la densidad de contribución por deciles del nivel de aportes del individuo. Para ello, se construyen diez modelos, uno para cada decil, según lo sugerido por Forteza et al. (2009) y Buchelli et al. (2006)14. Los resultados de estos modelos se muestran a continuación. En todos los casos, las variables consideradas son significativas al 99 % de nivel de confianza.

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Tabla 4Modelo de la densidad de contribución

Figura 7Densidad de contribución por edad

estimada*, según sexo

*Estimación dentro del periodo 2000-2016.

La Tabla 4 muestra los resultados de los modelos por cada decil de la frecuencia de aportes. Las variables independientes incluidas son significativas al 99 % y su relación con la variable dependiente (salario) es la adecuada. Por ejemplo, el signo positivo del coeficiente asociado a la edad implica una relación positiva con la densidad de contribución, en tanto que el signo

1. Dinámica de la Densidad de Aportes

La modelación seguida en el apartado anterior permite graficar la probabilidad de aporte del afiliado promedio según edad y sexo. Las probabilidades de aportar por la edad reflejan el ciclo de vida laboral de los individuos.

VI. — Resultados

negativo del cuadrado de la edad implica la existencia de una concavidad respecto a la edad; asimismo, se comprueba la relevancia del efecto aleatorio debido a su alto nivel de significancia dentro de la estimación. A partir de estos modelos, se obtienen las estimaciones de la densidad de contribución, las cuales consideran las características de los afiliados.

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Figura 8Distribución de la cantidad de años de

aporte acumulados a los 65 años de edad

De acuerdo con el gráfico anterior, las mujeres tendrían un mejor desempeño en la acumulación de aportes respecto a los varones, resultado que asemeja lo evidenciado en Uruguay15. En adición, la probabilidad de aportar es reducida en la juventud y aumenta en la adultez, con un declive después de los 55 años de edad. Estas estimaciones son consistentes con el comportamiento observado en la densidad de contribución para el periodo 2000-2016 (ver Figura 2).

2. Años de Aporte Acumulados Estimados a la Edad Legal de Jubilación16

En base a las estimaciones a nivel de cada afiliado en cada una de sus edades, se obtiene la suma de los años de aporte que estos acumularían a la edad de jubilación; se considera el comportamiento del ciclo de vida (concavidad respecto a la edad) y también las diferencias individuales de cada afiliado. Se debe aclarar que estas son estimaciones calculadas en base a la historia pasada, que no necesariamente se replicará en el futuro, pero puede aproximar a la misma.

En base a los resultados obtenidos, se evidencia una polarización de los aportes que acumularán los individuos a la edad de jubilación, tal cual se observa en la Figura 8. Las condiciones del mercado laboral

15 Para mayor detalle véase Forteza et al. (2009)16 La edad legal de jubilación es 65 años.17 Los afiliados con cero años de aporte contemplan a aquellos individuos que han realizado menos de 12 meses de contribuciones.

La distribución de los años de aporte acumulados es bimodal, y abarca el rango desde los cero17 años hasta los 46 años de contribuciones, siendo la mediana de 13 años de aporte y el promedio de 17.

(informalidad y subempleo) determinan principalmente la dinámica observada de la densidad de contribución, y por ende, condicionan la posibilidad de acumular más años de aporte a lo largo de la vida laboral.

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En la presente investigación, se hizo uso de datos administrativos del SNP para el periodo 2000-2016, data que fue empleada para estimar la dinámica de la densidad de contribución, a fin de evaluar sus implicancias en el nivel de acceso a la jubilación.

La estrategia seguida para la cuantificación de la densidad de contribución consistió en una estimación con dos etapas. En la primera etapa, se estimó una ecuación de salarios mediante datos de panel con efectos aleatorios, para en la siguiente, estimar la densidad de contribución mediante un modelo logístico con la inclusión del efecto aleatorio estimado en el paso anterior, con lo que se capturaron, en adición a las demás covariables, características no observables de los afiliados que tengan influencia relevante.

Sobre los resultados, similar a otros países de Latinoamérica, se evidenció la diferencia a favor de las mujeres respecto a los hombres en la densidad de aportes o probabilidad de aportar. Asimismo, se observó, además, que la dinámica de la densidad de contribución sigue la tendencia del ciclo de vida laboral, con una mayor densidad para las edades comprendidas entre 45 y 55 años.

VII. — Conclusiones y Recomendaciones

Adicionalmente, es necesario mencionar, la evidente polarización existente de la densidad de contribución, en donde el decil con mayor densidad observada presenta valores cercanos al 100 %, en tanto que el decil de contribuciones más bajas tiene una densidad observada cercana a 0 %. Este fenómeno se refleja a su vez, en la alta variabilidad existente en la distribución de años de aporte acumulados de los afiliados.

Por último, se recomienda actualizar la estimación realizada con información más reciente, a fin de verificar la consistencia de los resultados, o bien revisar la metodología utilizada y contrastarla con otras, según la revisión de literatura reciente.

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Arenas De Mesa, A., Behrman, J. y Bravo, D. (2004) Characteristics of and Determinants of the Density of Contributions in a Private Social Security System. University of Michigan.

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Bernstein, S., Larraín, G. y Pino, F. (2005). Cobertura, densidad y pensiones en Chile: Proyecciones a 20 años plazo. Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.

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Bucheli, M., Ferreira-Coimbra, N., Forteza, A. y Rossi, I. (2006). El acceso a la jubilación o pensión en Uruguay: ¿Cuántos y quiénes lo lograrían? CEPAL.

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Valdés-Prieto, S. (2008). A Theory of Contribution Density and Implications for Pension Design. Banco Mundial.

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1 Link: https://onpvirtual.pe/assets/recursos/Resolucion_3591-2018-ONPTAP.pdf

Zona Tap

Monto de Pensión de Orfandad Compatible con Pensión de Viudez de Distintos Núcleos Familiares

Un profesor jubilado percibía su pensión de S/ 1130. Fallecido este, le correspondía pensión de viudez a su esposa y también una pensión de orfandad a un hijo que tuvo en otro compromiso.

Interpretando de manera restrictiva la normatividad existente, la Unidad de Gestión Educativa Local, encargada del pago de las pensiones del Régimen 20530, optó por otorgar a la viuda una pensión de S/ 850.00, equivalente a una remuneración mínima vital a la fecha de fallecimiento de su esposo. Lo restante se lo entregó al hijo.

El caso llegó al TAP. Lo primero que se anotó fue que el tratamiento de un huérfano que no pertenecía al mismo núcleo familiar de la viuda no podía ser igual al de un huérfano que vive con su madre ¿Qué motivó a que señalara esto? A su juicio, la viuda no destina parte de la pensión que percibe para el sustento económico de este huérfano.

A partir de este razonamiento jurídico, la pensión de sobrevivientes debe ser repartido equitativamente. Es decir, el 100 % de la pensión que percibía el padre y esposo fallecido le debe de corresponder el 50 % para la viuda y el otro 50 % para el huérfano del otro núcleo familiar.


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Misceláneo

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— Karina Liliana Mendoza AriasMagíster en Gerencia Social. Ejecutiva de Responsabilidad Social de la ONP.

— Annel Rojas MarimonMaestría en Políticas Públicas y Sociales. Analista de Producción de la Dirección de Prestaciones de la ONP.

— Palabras claveAcompañamiento, adultos mayores, envejecimiento saludable, Yuyaq

— Resumen

En los últimos años, la población adulta mayor viene presentando un acelerado incremento a nivel mundial, lo cual evidencia la importancia del desarrollo de políticas y programas que favorezcan un envejecimiento saludable para este grupo poblacional. Si bien diversos estados vienen realizando programas en la materia, lamentablemente los prejuicios y estereotipos erróneos sobre los adultos mayores considerados económicamente improductivos y dependientes han imposibilitado un mayor desarrollo de políticas de integración social y cultural.

Yuyaq: Acompañando y Fomentando el Envejecimiento Saludable y Activo de las Personas Adultas

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Tras la propagación de la Covid-19, los Estados tomaron medidas estrictas frente a la crisis sanitaria, tal como el confinamiento de la población con alto riesgo, como los adultos mayores. Esta situación ha interrumpido las actividades cotidianas de este grupo poblacional, lo que ha generado efectos sobre la salud mental de los mismos.

Frente a este contexto, el programa Yuyaq, Casa del Pensionista de acompañamiento a las y los pensionistas y beneficiarias/os de la ONP, que venía desarrollando actividades presenciales, tuvo que cerrar sus sedes físicas. Yuyaq tuvo que rediseñar sus estrategias a fin de llegar a los adultos mayores a través de otros medios virtuales y seguir contribuyendo con talleres y charlas que favorezcan el envejecimiento activo y saludable.

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En el 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la población mundial con más de 60 años de edad se incrementará rápidamente entre 2015 y 2050, donde pasará de 900 millones hasta 2 000 millones, lo cual representaría un aumento del 12 % al 22 % (OMS, 2017). Esto se explicaría por los grandes cambios demográficos y tecnológicos acontecidos en las últimas décadas en el mundo, lo que ha ocasionado que la población experimente una esperanza de vida cada vez mayor, reinvirtiendo la pirámide poblacional y que da lugar a un aumento progresivo y acelerado de personas adultas mayores.

A lo largo de los años, esta población adulta mayor ha sido invisible para los Estados, debido a estereotipos, prejuicios y generalizaciones erróneas referidas a que son económicamente improductivas y dependientes, lo cual desestimaba los intentos por el desarrollo de políticas públicas orientados a ellos (Gorman, 2016) (Officer, Schneider y Nash, 2016); inclusive, considerándolos una carga para el gasto público y el crecimiento económico. Sin embargo, en la última década, diversos Estados han girado la mirada e interés al notar el incremento de la proporción de la población adulta en sus respectivos países, así como la limitada capacidad de los servicios de salud mínimos para ellos.

I. — Introducción

Por lo que, como punto de partida, ha sido importante identificar cuáles son las necesidades de este grupo poblacional. Mucho se comenta sobre propiciar un envejecimiento saludable. Sin embargo, la adecuación de los sistemas de salud a las necesidades de las personas adultas mayores, si bien es esencial, no lo es todo.

El envejecimiento saludable involucra, en primer lugar, un cambio en la percepción y forma de ver el envejecimiento y a las personas mayores, es decir, combatir los prejuicios y estereotipos. Segundo, la creación de entornos adaptados a las personas mayores, lo cual propicie la movilización para realizar sus actividades de forma autónoma. Por último, la creación de sistemas de cuidados a largo plazo, supone brindar atención y apoyo a través de familiares, voluntarios, entre otros agentes, para aquellos adultos mayores que presentan la pérdida de alguna capacidad, lo cual limita la realización de sus tareas básicas (OMS, 2015).

En ese sentido, diversos países de América Latina han establecido un marco normativo para garantizar el ejercicio de los derechos de la población adulta mayor, lo que permite mejorar la calidad de vida e integrarlos al desarrollo social. Actualmente, se

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evidencia un avance en varios países que vienen implementando programas orientados con este fin, en particular relacionados a brindar espacios de ocio y tiempo libre, tales como talleres, excursiones y actividades que permitan compartir e integrarse con otros adultos mayores.

Sin embargo, en el 2020, el brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) se extendió por todo el mundo, y obligó a distintos Estados tomar medidas estrictas con el propósito de evitar su propagación (ICIM, 2020). De este modo, se decretan los estados de emergencia, y con ello, periodos de cuarentena y aislamiento para aquellas personas que se encuentran expuestas a una enfermedad, pero no presentan síntomas. Así también, se estableció el confinamiento para personas de alto riesgo como los adultos mayores.

Sin duda el aislamiento ha traído efectos como la ansiedad, pánico y depresión sobre la salud mental de una parte importante de la población. No obstante, en el caso de los adultos mayores, estos al verse constantemente expuestos a la severidad y fatalidad de contraer el virus, se ven sometidos a un estrés constante, además de verse impedidos de reunirse con sus entornos familiares (Gutiérrez Babativa, 2020).

En ese contexto, los diversos programas orientados a los adultos mayores que solían ser presenciales, han tenido que ingeniárselas para continuar brindando servicios de tiempo libre y apoyo psicológico a este grupo de la población de otras maneras. Por lo tanto, el presente documento tiene como objetivo, mostrar cómo el Programa Yuyaq: Casa del Pensionista beneficia a las y los pensionistas y beneficiarias/os, y favorece un envejecimiento saludable pese a las restricciones durante la pandemia.

La estructura del documento está compuesta por seis partes: i) la introducción, donde se presenta la importancia del desarrollo de políticas orientadas a los adultos mayores; ii) marco teórico, donde se presenta el programa Yuyaq y programas similares en otros países; iii) explicación del problema, donde se desarrolla cómo la pandemia ha afectado las actividades del programa Yuyaq y la estrategia implementada para continuar brindando los servicios, iv) resultados, donde se describe la valoración de las estrategias implementadas; v) discusión, donde se describe el alcance que ha permitido la implementación de esta estrategia y finalmente, y vi) conclusiones y recomendaciones.

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1. Política Nacional para Adultos Mayores

En el año 2016, se aprueba la Ley Nº 30490, Ley del Adulto Mayor en el Perú con el objetivo de definir un marco normativo que garantice el respeto de los derechos de la persona adulta mayor, lo que permite una mejora en su calidad de vida y su integración al desarrollo social, económico, político y cultural (Ley Nº 30490, 2016). La Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM)1 se define como el ente rector sobre la promoción y protección de los derechos de los adultos mayores.

Asimismo, se define a los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) como espacios creados por los gobiernos locales, con el propósito de promover el autocuidado de los adultos mayores y propiciar la participación e integración de los mismos. Diversas municipalidades y provinciales en el Perú ofrecen servicios y actividades dirigidas al buen trato del adulto mayor, a través de talleres, cursos, excursiones, entre otros espacios, que promueven la autonomía, independencia y participación en sus jurisdicciones (DIPAM, 2019).

A partir de esta experiencia y base normativa, este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030 (aprobado por Decreto Supremo N° 006-2021-MIMP), donde se hace énfasis en el acompañamiento que las personas adultas mayores requieren de la sociedad y del Estado.

II. — Marco Teórico (Antecedentes)

1 Dependiente de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.2 Inició su atención el 16 de junio de 2011, con una sede en el distrito de Independencia.

Yuyaq: Tiene como objetivo brindar servicios de acompañamiento de calidad a las personas adultas mayores a nivel nacional, en particular pensionistas y beneficiarias/o dando oportunidades para su desarrollo y realización personal (ONP, 2021)."

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2. Programa Yuyaq: Casa del Pensionista

La Casa del Pensionista, hoy relanzada con el nombre de Yuyaq2, es un programa de acompañamiento a las y los pensionistas y beneficiarias/os de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)3, alineado a la Política Institucional y el Reglamento Unificado de las Normas Legales que regulan el Sistema Nacional de Pensiones (SNP)4. Tiene como objetivo brindar servicios de acompañamiento de calidad a las personas adultas mayores a nivel nacional, en particular pensionistas y beneficiarias/os, y que da oportunidades para su desarrollo y realización personal (ONP, 2021).

Hasta marzo de 2020, Yuyaq contaban con tres sedes físicas en la ciudad de Lima: Los Olivos, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores, donde ofrecía sus servicios a través de talleres y/o charlas de estimulación cognitiva, actividad física, desarrollo personal y actividades socio recreativas, enfocadas al bienestar emocional y físico de las y los pensionistas y beneficiarias/os que asistían a las casas. Estos servicios eran ofrecidos por personal altamente calificado y con perfiles gerontológicos que favorecían un mejor trato y entendimiento con las y los pensionistas y beneficiarias/os.

3 Pensionistas son aquellas/os aseguradas/os que, por derecho propio, reciben las prestaciones previsionales que brinda el SNP, mientras que las/os beneficiarias/os, son aquellas/os aseguradas/osque reciben las prestaciones previsionales que brinda el SNP por derecho derivado. 4 Mediante el Decreto Supremo Nº 354-2020-EF, que aprueba Reglamento Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de Pensiones, se instituye Yuyaq como las casas de las/los pensionistas. 5 Fue creado a través de la Ley Nº 19.828, el 17 de septiembre de 2002. Comenzó sus funciones en enero de 2003. Se encuentra sometido al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.6 Su configuración se realizó en la década de 1990; depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social.

3. Experiencias Internacionales

A nivel internacional, la mayoría de países han establecido marcos normativos orientados a los adultos mayores; sin embargo, son pocos aún, aquellos que han implementado programas efectivos de integración social, económica y cultural para este grupo de la población. En su mayoría, se han concentrado en programas que fomentan espacios de tiempo libre y entretenimiento.

En Chile, el gobierno central creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)5, el cual tiene como objetivo promover y contribuir a un envejecimiento positivo, a través del desarrollo de programas y alianzas público-privadas, se encuentra descentralizado y está dirigido a todas las personas, hombres y mujeres, mayores de 60 años (SENAMA, s.f.).

SENAMA cuenta con programas orientados a diversos ámbitos de apoyo para los adultos mayores. En particular, el Programa Envejecimiento Activo está orientado a aquellos adultos mayores en situación de vulnerabilidad, a quienes se les proporciona conocimientos y oportunidades a través de talleres, encuentros, jornadas que permiten fortalecer habilidades en la vejez, el acceso a la cultura y recreación, que aporte a la calidad de vida y retrase los niveles de dependencia (SENAMA, s.f.).

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Otro ejemplo es el caso argentino, a través de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM)6, el cual cumple con la función rectora de las políticas públicas para adultos mayores, orientado a desarrollar programas de participación, protección y cuidados para ellos. También coordina con las provincias junto a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) (Oliveri, 2020).

Los programas de DINAPAM están orientados a las siguientes líneas de acción: los cuidadores domiciliarios, promoción del buen trato a los adultos mayores, voluntariado social y la experiencia cuenta (iniciativa que facilita la trasmisión de saberes desde los adultos mayores hacia las personas jóvenes) (Ministerio de Desarrollo Social).

Por otro lado, en el caso español, desde el gobierno autónomo, la Comunidad de Madrid cuenta con un programa de envejecimiento activo y saludable con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 60 años; brinda espacios para que puedan disfrutar del ocio y tiempo libre a través de actividades culturales, turismo, participación y voluntariado (Comunidad de Madrid, 2021).

En el Perú existen más de 4 millones de personas de 60 años a más, que representan el 12.7 % de la población total al año 2020. De esta cifra, el 52.4 % son mujeres (2 168 000) y el 47.6 % son hombres (1 973 000) (INEI, 2020). Tras la propagación de la Covid-19, es este grupo quien se ha visto limitado de movilizarse libremente por las restricciones gubernamentales, puesto que está expuesto a un alto riesgo de contraer el virus.

Esta situación ha conllevado a que se vean afectadas sus actividades que solían ser cotidianas, como salir a la calle, al mercado, dar la vuelta al parque para conversar con amistades, recibir las visitas de sus familiares, entre otras. Por ejemplo, las/os pensionistas y beneficiarias/os ya no pueden asistir a las clases de baile, talleres de tejido ni de actividad física que se ofrecían en las Casas del Pensionista. Por lo que la forma de actuar y relacionarnos con los demás, ha tenido que cambiar y migrar a la virtualidad y a los medios tecnológicos.

Sin embargo, los adultos mayores presentan un problema de brecha digital generacional, puesto que carecen de habilidades y conocimiento para el manejo de computadoras y celulares inteligentes (smartphones). En Perú, la edad es una variable que afecta el uso de la internet, por lo que se convierte en un problema relevante para este grupo catalogado como inmigrantes digitales.

III. — Explicación del Problema

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Frente a esta coyuntura, el aislamiento social de las personas adultas mayores, la ausencia de relaciones sociales y un nivel bajo de participación en la vida comunitaria ha suscitado sentimientos de soledad y miedo para este grupo. Asimismo, hasta ahora no se había percibido la necesidad de incluir a las personas adultas mayores en programas de soporte de bienestar emocional y físico, y de alfabetización digital.

En ese sentido, se reconoció que las personas adultas mayores iban a necesitar más acompañamiento que nunca y que sería imperiosa la necesidad de fortalecer iniciativas como Yuyaq: Casa del Pensionista, que contribuyen con el envejecimiento activo, el bienestar de la salud emocional y física, y la inclusión del adulto mayor en la era digital.

1. Yuyaq: Estrategias Frente a la Nueva Normalidad

El programa Yuyaq: Casa del Pensionista, inicialmente ofrecía sus talleres y actividades de manera presencial; sin embargo, tras la declaratoria del Estado de Emergencia se interrumpen sus actividades y se procede al cierre de las sedes de Yuyaq: Casa del Pensionista a partir del 16 de marzo de 20207.

Frente a esta nueva normalidad, Yuyaq desarrolló tres nuevas estrategias para llegar a sus pensionistas y beneficiarias/os de la ONP, a través de las cuales

incorpora la intervención de talleres, charlas y actividades virtuales y gratuitas, basadas en las necesidades e intereses de las personas adultas mayores. De esta manera, se promueve la motivación de las personas adultas mayores para participar desde la comodidad de su casa y sin poner en riesgo su salud, fomenta así estilos de vida saludables y un envejecimiento activo y digno.

Acompañamiento virtual. Tiene como objetivo continuar brindando los servicios de talleres, charlas y actividades que promueven el envejecimiento activo, el bienestar emocional y la alfabetización digital que antes de la emergencia sanitaria se desarrollaban de manera presencial en las sedes físicas. También, se pretende ampliar el alcance de nuestra cobertura a nivel nacional, sin limitaciones de aforo, puesto que ahora es de forma virtual.

El fanpage Yuyaq Casa del Pensionista, se crea el 22 de abril de 2020, a través del cual se desarrollan talleres especializados en vivo con profesoras/es capacitadas/os. Mensualmente, se actualiza el horario virtual de los talleres a dictar, la oferta de servicios es diaria y semanal, por la que las personas adultas mayores pueden encontrar un taller en vivo en cualquier momento del día.

7 Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA del 11 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria.

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Tabla Nº 1Horario de clases virtuales

Las clases en vivo son espacios de aprendizaje y de entrenamiento físico, pero también de socialización virtual. Esto ocurre a través de la interacción que se genera entre las/os profesoras/es, las personas usuarias y el equipo técnico, además del fomento del uso de plataformas de comunicación como Facebook, Messenger, WhatsApp, Spotify, entre las más resaltantes.

Nota. Tomado de fanpage Yuyaq Casa del Pensionista.

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Las clases en vivo son espacios de aprendizaje y de entrenamiento físico, pero también de socialización virtual. Esto ocurre a través de la interacción que se genera entre las/os profesoras/es, las personas usuarias y el equipo técnico, además del fomento del uso de plataformas de comunicación como Facebook, Messenger, WhatsApp, Spotify, entre las más resaltantes.

Los talleres en vivo son especializados y diseñados por el equipo gerontológico. La oferta de talleres abarca la estimulación cognitiva, actividad física, taichí, yoga restaurativo, danza, charlas de autocuidado de la salud física y de la salud mental, así como talleres de informática y uso de celular inteligente. Las transmisiones convocan en promedio a 150 personas adultas mayores conectadas en tiempo real. El nivel de interacción y el nivel de satisfacción es alto, puesto que todos los comentarios y mensajes son respondidos. También se identifican los casos que requieren de mayor ayuda y se les brinda asistencia personalizada, para lo cual son derivados a la estrategia de acompañamiento telefónico.

En cuanto a las clases virtuales de informática y celular inteligente, el número de espectadores ha sido de 3 605 personas, en su mayoría adultas mayores, que han participado activamente en las transmisiones en vivo. Para ello, se han desarrollado módulos de capacitación virtual de enseñanza de computación básica y de uso del celular inteligente; además, se ha producido una saga de 28 videos tutoriales educativos de apoyo para la enseñanza virtual.

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Tabla Nº 2Lista de tutoriales educativos

Adicionalmente, el fanpage publica actividades extracurriculares y eventos como los videos de revalorización de las personas adultas mayores, donde ellas mismas participan, como los videos testimoniales “A Nuestra Edad” (disponible en el fanpage y Canal YouTube de Yuyaq Casa del Pensionista). También se publica videos educativos para enseñar a usar las tecnologías, como los videos “Emprende un Negocio Online” (disponible en el fanpage y Canal YouTube de Yuyaq Casa del Pensionista).

Acompañamiento Telefónico. Tiene por objetivo identificar a pensionistas y beneficiarias/os que presenten problemas emocionales, para hacerles seguimiento de soporte emocional y motivacional, a través de recomendaciones y sugerencias gerontológicas. Esta estrategia se inició con las llamadas telefónicas a pensionistas y beneficiarias/os inscritas e inscritos en las sedes físicas de Yuyaq Casa del Pensionista, con quienes ya se tenía contacto y asistían con regularidad; y en una segunda etapa, se incluyó a pensionistas y beneficiarias/os residentes en los Centros de Atención Residencial para las Personas Adultas Mayores (CARPAM), quienes por lo general viven con mayor menoscabo físico y en situación de olvido por parte de sus familiares.

Nota. Tomado de fanpage Yuyaq Casa del Pensionista.

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Figura 2Categorización de problema y tipo

de acompañamiento

Previo a la etapa de realización de las llamadas, se desarrollaron dos Protocolos de Intervención, diseñados por el equipo especializado de Yuyaq Casa del Pensionista. El primer protocolo está diseñado para las personas adultas mayores en general, y se orienta al autocuidado. Mientras que el segundo, se diseñó para las/os residentes de los CARPAM y se orienta al cuidado por el personal técnico de los CARPAM.

Nota. Tomado de Protocolo de Acompañamiento Telefónico.

Estos protocolos contienen recomendaciones específicas para las personas adultas mayores: ¿Cómo deben cuidarse de la Covid-19? ¿Cómo deben cuidar su bienestar emocional y mental durante el aislamiento obligatorio? ¿Qué ejercicios pueden hacer para calmar el estrés y la ansiedad? ¿Cómo brindar soporte cuando se encuentra en proceso de duelo? ¿Cómo abordar los pensamientos y conductas negativas? ¿Qué hacer en caso de robo o estafa por internet? ¿Cómo hablar con quien no oye bien? y ¿Qué hacer cuando no quiere recibir el acompañamiento telefónico?

Cabe precisar que se identificaron casos de descuido de su salud física y emocional como soledad, sedentarismo, depresión y otros problemas. Por ello, el acompañamiento telefónico incorporó cuatro puntos adicionales a la intervención:

a. Invitar a las y los pensionistas y beneficiarias/os a suscribirse y participar en las diversas actividades digitales de Yuyaq Casa del Pensionista en el fanpage de Facebook. Además, brindar información sobre los canales virtuales de atención de la ONP. En muchos casos, enseñar a usar las redes sociales.

b. Monitorear el estado de salud emocional de las y los pensionistas y beneficiarias/os de la ONP y brindarles soporte emocional y motivacional a través de llamadas telefónicas sistemáticas.

c. Brindar información para prevenir la Covid-19, tips para afrontar el estado de emergencia sanitaria y los números de atención ante una emergencia.

d. Entregar kit con artículos de aseo personal a las y los pensionistas y beneficiarias/os de los CARPAM.

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Por otro lado, para las y los residentes pensionistas y beneficiarias/os de los CARPAM, se contempló un quinto punto: “Identificar a pensionistas y beneficiarias/os de la ONP que residen en los CARPAM y conocer cuál es su estado de salud emocional”.

Acompañamiento presencial. Las sedes físicas de Yuyaq Casa del Pensionista son espacios físicos que tienen aulas tecnológicas para enseñar informática y el uso del celular inteligente, también disponen de áreas sociales para realizar talleres de estimulación cognitiva, actividad física, yoga restaurativo, danza, taichí, charlas y celebraciones significativas que contribuyen con un envejecimiento activo, saludable y digno.

A nivel nacional, existen pocos espacios físicos altamente implementados y con personal especializado en la temática del adulto mayor, donde se promueva el envejecimiento activo con enfoque gerontológico. Pese a que los servicios presenciales permanecen suspendidos por el Estado de Emergencia Sanitaria, este periodo ha servido para replantear el modelo de atención presencial y ampliar la cobertura a nivel nacional con trece sedes físicas.

El funcionamiento de estas sedes físicas está contemplado en el Plan de Trabajo del Programa Yuyaq Casa del Pensionista 2021-2023 y el Modelo Implementación de Sedes Físicas. Dentro de ello se establece que son ambientes físicos ubicados dentro de los Centros de Atención de la ONP y equipados para promover la salud física, emocional y social, así como también el desarrollo y fortalecimiento de capacidades mediante la participación en actividades culturales, educativas, deportivas y socio recreativas, entre otras acciones.

Las estrategias de intervención son de gran relevancia, porque el Programa Yuyaq Casa del Pensionista brinda un servicio integral especializado en la temática gerontológica. Promueve un envejecimiento activo, saludable y digno de todas las personas adultas mayores, sin restricción de tiempo, espacio físico o ámbito nacional, y llega a todos los lugares donde haya acceso a internet, además de brindar soporte socioemocional a través del acompañamiento telefónico.

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De las estrategias descritas en la sección anterior, se realizaron unas encuestas a las/os pensionistas y beneficiarias/os participantes de los diversos programas que ofrece Yuyaq Casa del Pensionista, a fin de recoger su percepción y valoración sobre las nuevas estrategias desarrolladas e identificar oportunidades de mejora.

1. Resultados del Acompañamiento Presencial

En una encuesta realizada los días 18 y 19 de marzo de este año, las personas adultas mayores asiduas al fanpage aseguraron que valoran sobre todo el buen trato que reciben (87 %), la calidad de los talleres y charlas (67.9 %), el hecho de encontrar siempre un taller o una charla que les interesa (53.1 %), la interacción con las profesoras y los profesores (33.3 %) y la buena acogida y respuesta a sus comentarios (35.8 %). Las encuestadas y los encuestados también respondieron que las transmisiones en vivo donde más participan son los talleres de gimnasia cerebral (estimulación cognitiva) y de informática, y uso de celular inteligente. Esta misma encuesta también nos reveló que el 48.3 % de ellos ingresan al fanpage con una frecuencia de dos a tres veces a la semana y el 41.1 % ingresa cuatro o más veces a la semana. Por lo dicho, aseguramos el alto impacto del acompañamiento virtual en las personas adultas mayores.

En otra encuesta aplicada los días 23 y 24 de marzo de este año a las personas asiduas a los talleres de informática y uso de celular inteligente, el 100 % encuentran satisfacción en los talleres, el 87.5 % usa el celular inteligente casi todos los días a partir de los talleres, el 55.7 % ya no tiene miedo a usar la computadora, el 42 % usa la computadora dos o más veces a la semana y al 100 % los videos tutoriales les han servido para aprender.

2. Resultados del Acompañamiento Telefónico

En el último año, se realizaron aproximadamente 115 llamadas diarias a pensionistas y beneficiarias/os y al personal de salud asistencial de los CARPAM, para el seguimiento correspondiente. De esta manera, se detectó y acompañó a las y los pensionistas y beneficiarias/os que presentaron problemas familiares, de soledad, duelo no tratado, ansiedad, problemas de salud y falta de atención por no saber cómo acceder a la atención virtual de diversas instituciones.

Al mes de mayo de 2021, se han realizado 32 000 llamadas de acompañamiento a 2 300 pensionistas y beneficiarias/os; el nivel de satisfacción ha sido alto. En una encuesta aplicada los días 22 al 24 de marzo, el 100 % de las personas encuestadas aseguraron estar satisfechas con el servicio recibido, sobre la valoración

IV. — Resultados de las Estrategias Implementadas

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de las llamadas el 69.5 % asegura que las llamadas sí les han ayudado a sentirse mejor, el 66.1 % valora el buen trato que reciben y el 16.9 % valora positivamente la consejería . El 100 % asegura que recibir las llamadas ha sido muy importante para su vida.

3. Resultados del Acompañamiento Presencial

En referencia a esta estrategia, de acuerdo a las encuestas tomadas antes de la pandemia, se evidenció una buena acogida en las tres sedes de Yuyaq Casa del Pensionista; por ello, se evaluó la ampliación de las sedes a nivel nacional a través de los centros de atención como plataformas multiservicios, donde también se dicten los talleres y cursos de Yuyaq para las/os pensionistas y beneficiarias/os. Se continuará con la reapertura de los centros de atención, para cuando se levante el Estado de Emergencia.

V. — Discusión

El programa Yuyaq Casa del Pensionista asumió un reto importante durante el año 2020, puesto que tuvo que replantear sus estrategias con el propósito de seguir ofreciendo a las y los pensionistas y beneficiarias/os de la ONP talleres y actividades que beneficien vivir un envejecimiento activo y digno. Frente a la situación de incertidumbre sobre la enfermedad de la Covid-19, fue más evidente la necesidad de acompañamiento y soporte emocional para los adultos mayores, ya que con las medidas de confinamiento se vieron obligados a permanecer en sus hogares por muchos meses, al ser considerados grupo de alto riesgo de exposición. Estas estrategias implementadas en el programa Yuyaq han mostrado mejores resultados de lo esperado.

En primer lugar, la estrategia de acompañamiento virtual permitió que diversos talleres y cursos migrarán a las redes sociales y canales virtuales, a la par se realizó una campaña de difusión a fin de que las y los pensionistas y beneficiarias/os de la ONP puedan encontrar los servicios de Yuyaq a su disposición. Progresivamente, el alcance del programa ha ido extendiéndose como lo han evidenciado los resultados del punto III, es así que ha permitido ahora llegar a otros adultos mayores, no necesariamente aseguradas/os de

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la ONP, que no conocían acerca de Yuyaq. Así, desde Yuyaq se ha contribuido también al envejecimiento activo de muchas y muchos más adultos mayores a nivel nacional.

En segundo lugar, la estrategia de acompañamiento telefónico de Yuyaq es particular, puesto que este servicio de acompañamiento a las y los pensionistas y/o beneficiarias/os de la ONP se ofrece directamente con profesionales especializados en carreras de gerontología, trabajo social y psicología, lo que garantiza un soporte adecuado, pues se conocen las necesidades y características de este grupo poblacional de manera profesional. A diferencia de países como Argentina y España, ellos ofrecen este servicio con voluntarios de distintas fundaciones guiados por profesionales (CEPRAM, 2005) (Comunidad de Madrid, 2020); Chile realizó un convenio con la Universidad de La Frontera (UFRO), con estudiantes de último ciclo de carreras de trabajo social y psicología, guiados por profesionales para brindar este acompañamiento (SENAMA, 2020).

En la actualidad, se viene ejecutando el Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la Covid-198 en el Perú. A partir de marzo de 2021, se inició la vacunación de personas adultas mayores, en forma simultánea a los trabajadores que se encuentran en primera línea, habiendo concluido a la fecha con la vacunación de adultos mayores de ochenta (80) años a más y,

desarrollándose la inmunización a nivel nacional al grupo etario de la tercera edad de setenta (70) años a setenta y nueve (79) años. Se ha evidenciado un avance rápido en la vacunación por lo que se espera que las vacunas continúen llegando de acuerdo a los contratos suscritos con los laboratorios. Se espera que pueda retomarse en el mediano plazo la estrategia de acompañamiento presencial para las y los pensionistas y beneficiarias/os de la ONP.

Por último, es preciso indicar que todas estas estrategias desarrolladas por Yuyaq Casa del Pensionista contribuyen con un envejecimiento activo y saludable para las y los pensionistas y beneficiarias/os de la ONP, y brindan espacios de tiempo libre y educación digital. Existen aún espacios de mejora, para desarrollar más programas que cubran uno de los puntos del envejecimiento saludable como el cambio en la percepción del cómo vemos al envejecimiento y a las personas mayores.

Por ejemplo, iniciativas que reconozcan y valoren la experiencia de los adultos mayores, que permitan la transmisión de conocimientos y oficios hacia personas jóvenes y de mediana edad. De esta forma, la población adulta mayor recupera un rol social, y con ello también su autoestima se ve favorecida frente a sus entornos cercanos y la sociedad. En países como Chile y Argentina, ya se viene desarrollando este tipo de programas.

8 Aprobado por Resolución Ministerial Nº 488-2021-MINSA, con fecha 15 de abril de 2021.

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La OMS ha señalado un incremento acelerado de la población adulta mayor hacia el 2050, esto generará que se reinvierta la pirámide poblacional por los cambios tecnológicos. Ante ello, ha surgido la inquietud de conocer si las necesidades de los adultos mayores se vienen satisfaciendo. De acuerdo al marco normativo de varios estados, se han establecido lineamientos que permiten mejorar la calidad de vida de este grupo de personas mayores de 60 años, con la finalidad de fomentar un envejecimiento saludable y activo, y la integración social, económica y cultural.

No obstante, los programas y proyectos que venían desarrollándose orientados a ofrecer talleres, charlas, espacios de tiempo libre para la población adulta mayor, se vieron interrumpidos por la propagación de la Covid-19 a nivel mundial, en el 2020, puesto que, al ser considerados un grupo de alto riesgo, se estableció el confinamiento impidiendo que realicen tanto sus actividades cotidianas como frecuentar a sus entornos familiares y/o cercanos.

Dado lo anterior, Yuyaq Casa del Pensionista, programa de acompañamiento a las y los pensionistas y beneficiarias/os de la ONP, tuvo que suspender sus actividades presenciales en las sedes donde los adultos mayores solían asistir frecuentemente a sus clases y talleres relacionados al desarrollo y realización personal, y espacios de tiempo libre, hasta antes de la pandemia. Esto obligó a desarrollar otras estrategias que permitieran llegar y brindar sus servicios de acompañamiento a la población adulta.

En consecuencia, Yuyaq planteó tres estrategias: primero, el acompañamiento virtual, se trasladó todos los talleres y clases a la plataforma virtual del fanpage Yuyaq Casa del Pensionista, donde se transmiten en vivo diversas actividades en concordancia con una programación mensual. Ha permitido ampliar el alcance del público objetivo, y brindar servicios a otros adultos mayores que no conocían de Yuyaq.

Segundo, el acompañamiento telefónico, la situación de confinamiento ha provocado cuadros de estrés, ansiedad y depresión en particular sobre los adultos mayores, por ello se definió ofrecer servicios de contención emocional a las y los pensionistas y beneficiarias/os de la ONP, a través de profesionales especializados en gerontología. Ello ha logrado obtener como resultado que los usuarios se sientan acompañados y con mejor ánimo frente a esta situación de soledad e incertidumbre por la pandemia.

En tercer lugar, mediante el acompañamiento presencial, se ha definido la ampliación a 13 sedes físicas de Yuyaq a nivel nacional; se espera cuando finalice el Estado de Emergencia que se reanuden las actividades relacionadas a promover la salud física, emocional y social de las y los pensionistas y beneficiarias/os de la ONP, a través de la participación en actividades culturales, educativas, deportivas, entre otras.

Es preciso señalar, que la implementación de todas estas estrategias sobre todo las virtuales han sido un reto para Yuyaq, puesto que la población adulta mayor en el Perú carece de habilidades y conocimientos sobre las computadoras y celulares inteligentes,

VI. — Conclusiones y Recomendaciones

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es decir, presenta un problema de brecha digital generacional. Sin embargo, se ha logrado ampliar el alcance de los servicios a los adultos mayores para favorecer un envejecimiento saludable y activo.

Si bien la ONP tiene como función administrar las pensiones de las/los aseguradas/os del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), la creación de Yuyaq Casa del Pensionista ha sido una iniciativa importante, pues contribuye al envejecimiento activo, saludable y digno para los adultos mayores que pertenecen a la ONP. Lo que diferencia a Yuyaq Casa del Pensionista de otros programas orientados a los adultos mayores es que cuenta con un equipo especializado y comprometido que fomenta la práctica de hábitos saludables, impulsa la alfabetización digital y brinda oportunidades de revaloración para las personas adultas mayores.

Por último, un punto importante del envejecimiento saludable es cambiar la forma en cómo se ve a la población adulta mayor, por lo que para cambiar la percepción de ellos, y no verlos como una población improductiva, se requiere de integrarlos con un rol social activo.

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1 Link: https://onpvirtual.pe/assets/recursos/Resolucion_N_839-2018-ONPTAP.pdf2 Artículo 45 del Decreto Ley N° 19990, modificado por Ley N° 28678. 3 Inciso 10 del artículo 58 del Reglamento Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 354-2020-EF.

Zona Tap

Percepción Simultánea de Pensiones y Dietas de Directorio

Cuando una persona deja de laborar, cumple la edad exigida y ha aportado lo que la ley exige, pasa a ser un pensionista de jubilación. Decide que es momento de descansar del trabajo y se puede dedicar a cosas que quizás antes no tenía tiempo de hacer.

Sin embargo, a veces, pasa que la persona quiere volver a trabajar. La ley es restrictiva2. Tiene que escoger entre seguir recibiendo su pensión o percibir su nueva remuneración si es dependiente, o sus ingresos, si es independiente. Solo hay una excepción: podrá recibir ambos (pensión y remuneración) si es que sumados no superan el 50 % de una UIT.

Al TAP le tocó decidir qué pasa cuando la nueva actividad laboral de un pensionista es la de ser integrante de un directorio. Esta actividad no puede ser considerada en estricto un trabajo dependiente (no hay subordinación ni permanencia), sino que rige por las reglas especiales para las empresas (Vid. Ley General de Sociedades). Es más, la nueva regulación del SNP va en la misma línea, al haber señalado que las dietas por participación en directorios, órganos colegiados o similares, dicha retribución no tiene naturaleza remunerativa3.

Tomando en cuenta este marco normativo, el TAP fue enfático en señalar que las empresas no mantienen relación laboral con los miembros de su directorio, y las retribuciones que estos perciben por el desempeño de las funciones propias a su cargo, no tienen naturaleza remunerativa.

Es por ello que, en adelante, un pensionista de jubilación no tiene que suspender el pago de su pensión, cuando designado como miembro de un directorio perciba una retribución económica.


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El ABC de las pensiones

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— Javier Vásquez Ponce1 Economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ejecutivo de Estudios Económicos en ONP.

— David Cóndor Ricaldi2

Ingeniero Economista de la Universidad Nacional deIngeniería. Asistente de Estudios Económicos.

— Palabras claveTabla de mortalidad, longevidad, esperanza de vida, pensiones, sistema de reparto

— Resumen

Las tablas de mortalidad son instrumento de múltiples aplicaciones en la evaluación de los sistemas de pensiones. Sus usos van desde la aplicación de políticas públicas en esquemas previsionales de reparto (Sistema Nacional de Pensiones) hasta la estimación de los montos de pensión en los esquemas de capitalización individual (Sistema Privado de Pensiones). Si bien los fundamentos de esta herramienta (tabla de mortalidad) requieren de conocimiento matemático y actuarial especializado, las conclusiones y hechos estilizados que surgen a partir de la misma sobre los sistemas de pensiones es de amplio entendimiento. El presente artículo pretende mostrar algunos de estos hechos y conclusiones de forma didáctica puesto que su publicación no es frecuente, al menos, en el Perú.

1 Comentarios y/o sugerencias al artículo pueden ser remitidos al correo [email protected] Preparado por Javier Vásquez Ponce y David Cóndor Ricaldi. Este artículo fue beneficiado por las contribuciones de Daniel Hernández Leguía.

Tablas de Mortalidad y Pensiones

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¿Cuál es la importancia de una tabla de mortalidad? Para dar respuesta a esta interrogante partimos de un hecho trivial que toda persona afronta: el fallecimiento. Si bien todos moriremos, no sabemos exactamente el día, mes ni año en que lo haremos. Este desconocimiento no afecta significativamente nuestras decisiones individuales, las cuales se basan principalmente en el periodo corriente (presente). Sin embargo, las entidades que administran los sistemas de pensiones sí requieren de instrumentos matemáticos-estadísticos fiables que permitan

En el análisis de los sistemas de pensiones, la tabla de mortalidad es una herramienta que permite sintetizar de manera fiable una característica de la población que es aleatoria: la fecha de fallecimiento, pues después de todo, no sabemos la edad en la que falleceremos. En la primera sección de este artículo, se define de manera sencilla esta herramienta y algunas de sus características más relevantes. En la segunda sección, se vincula el uso de la tabla de mortalidad en el contexto del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Finalmente, en la tercera sección, se presenta la aplicación de la tabla de mortalidad a un sistema de capitalización individual

La tabla de mortalidad es una herramienta que permite sintetizar de manera fiable una característica de la población que es aleatoria."

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I. — Tabla de Mortalidad3

3 El objetivo de esta sección es presentar la relevancia de la tabla de mortalidad en la administración de los sistemas de pensiones, y resaltar algunas de sus aplicaciones más básicas y primarias. En ese sentido, se precisa que no es parte de la presente sección profundizar sobre la metodología detrás de la elaboración de la tabla de mortalidad y/o la validación de este instrumento, por cuanto esto requiere conocimientos avanzados de estadística y técnicas actuariales.

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sintetizar el comportamiento de la mortalidad de una población, a fin de evaluar adecuadamente los montos de pensiones a otorgar (así como sus características y condiciones) o el pasivo de largo plazo que implica el pago de las pensiones. Para este fin, se constituyen las tablas de mortalidad, las cuales se estiman a partir de la información histórica reciente del colectivo de gente perteneciente al sistema de pensiones. En concreto, las tablas de mortalidad presentan la probabilidad de fallecimiento esperada (es decir, promedio) por cada edad de un colectivo poblacional propio del sistema de pensiones.

Frecuentemente, las tablas de mortalidad, presentan dichas probabilidades de fallecimiento desagregadas por características observables de los individuos, como son el sexo (hombre o mujer), la condición de salud (sano o inválido), condición de fumador (fuma o no fuma), entre otras4. Esto debido a que en general se tienen diferencias significativas al realizar esta segmentación. Ejemplo de esto es la diferencia de esperanza de vida5 entre hombres y mujeres en favor de estas últimas6, lo cual es interiorizada por la tabla de mortalidad segmentada por sexo para dar cuenta de este hecho.

En general, las tablas de mortalidad incluyen estas probabilidades hasta edades superiores mayores a 100 años (110 años7 o incluso 120 años8). En el Perú este umbral se limita a los 110 años de edad9.

Con fines didácticos, en la Tabla 1 se presenta un extracto10 de la tabla de mortalidad11 que se utiliza oficialmente en la Oficina de Normalización Previsional (ONP). En dicha tabla se observa que la probabilidad de fallecimiento para una mujer sana de 65 años es 0.00652 (es decir, de cada 10 000 personas, morirán 65 en el lapso de un año). A partir de los datos del referido Cuadro, se tiene las siguientes conclusiones generales: (i) la probabilidad de fallecimiento es mayor para los hombres respecto a las mujeres; (ii) la probabilidad de muerte es mayor mientras mayor es la edad de la persona12, en virtud del envejecimiento biológico de la persona.

4 En el Perú, las tablas de mortalidad se segmentan por sexo y por condición de salud. 5 La esperanza de vida se refiere a la cantidad de años que viviremos desde una determinada edad. En estricto, cuando la esperanza de vida se mide para un individuo a los 0 años, a esta se le denomina esperanza de vida al nacer. En tanto que, si la esperanza de vida se mide a una edad distinta a 0 años, entonces a esta se le denomina esperanza de vida residual; por ejemplo, a la esperanza de vida de un individuo de 65 años de edad se le denomina esperanza de vida residual.6 Este es un fenómeno transversal a la nacionalidad. Para muestra véase el documento “Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014”. 7 Por ejemplo: Perú, Chile, México. (Véase https://mort.soa.org/)8 Por ejemplo: Brasil, Japón, Reino Unido. (Véase https://mort.soa.org/)9 Más adelante en el artículo, se discute la pertinencia del umbral de 110 años de edad.10 En específico se muestran las probabilidades de muerte para las edades comprendidas de 65 a 70 años, por sexo, y por condición del individuo.11 Se muestra la tabla de mortalidad para la población sana denominada SP-2005., la cual ha sido aprobada mediante Resolución Ministerial N° 757-2006-EF/15, y modificada mediante Resolución Ministerial N° 146-2007-EF/15.12 Excepto en las edades menores a 10 años.

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Ahora bien, otro indicador relevante de la Tabla 1 es la tasa (o probabilidad) de sobrevivencia, que representa la otra cara de la moneda. Este indicador da cuenta de la probabilidad que tiene una persona con determinadas características de llegar con vida hasta su siguiente cumpleaños. Tomando nuevamente el ejemplo para una mujer sana de 65 años, se tiene que su probabilidad de sobrevivir hasta los 66 años es de 0.99348 (1-0.00652). Las conclusiones sobre la sobrevivencia de las personas son las siguientes: las mujeres viven, en promedio, más que los hombres, además, la probabilidad de sobrevivencia es menor mientras mayor es la persona, en virtud al envejecimiento de la persona.

Ahora bien, en la Figura 1 se muestran las probabilidades de fallecimiento en la Tabla 1, pero para todas las edades, desde 0 hasta 110 años; dichas probabilidades son presentadas en escala logarítmica por edades para hombres y mujeres. Tal cual se observa, los hombres tienen mayores tasas de mortalidad. También se aprecia que, a mayor edad de la persona, mayor es la probabilidad de fallecer en el año, excepto para las edades menores a los 10 años13.

Tabla 1Muestra de Tabla de Mortalidad* utilizada

en la ONP

Nota. Tabla de mortalidad para población sana, denominada SP-2005.

13 Este fenómeno está asociado al patrón propio de la mortalidad infantil, que generalmente es mayor a la mortalidad de personas jóvenes y adultas, pero menor a la mortalidad de personas adultas mayores. Esto también se evidencia en la Figura 1.

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Figura 1Probabilidades de fallecimiento por edad (por quinquenios)

Nota. Las probabilidades de fallecimiento en cada edad son muy pequeñas (menores a 0.01), motivo por el cual se presentan dichas probabilidades en logaritmo natural, que tienen la virtud de mantener la forma de las curvas, a la vez que permite visibilizar cifras relativamente pequeñas.

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A partir de las premisas de los párrafos anteriores, la probabilidad de que un recién nacido alcance la edad de 100 años (1 %) es menor a la probabilidad de alcanzar los 90 años (18 %), 80 años (52 %), 70 años (78 %) o 65 años (85 %) de edad, para el caso de los hombres14. Se da cuenta de esto en la Figura 2, en el cual se observa las probabilidades de sobrevivir hasta cada edad (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etc.), según sexo. Estas cifras han sido calculadas a partir de las tablas de mortalidad utilizadas oficialmente por la ONP.

14 El cálculo de la probabilidad de que un recién nacido sobreviva hasta la edad X, sigue la siguiente fórmula: Pr(sobrevivir hasta los X años) = Esta fórmula es la extensión del concepto básico donde qx es la probabilidad de que un individuo de ‘x’ años sobreviva hasta los ‘x+1’ años. Para mayores detalles, véase “Actuarial Mathematics for Social Security Plans”.

Figura 2Probabilidades de sobrevivencia hasta la edad X, al nacer (por quinquenios)

En base a las tablas de mortalidad, también se puede establecer la esperanza de vida de la población15. Estas esperanzas de vida pueden ser evaluadas al nacer o a una edad determinada; en este último caso, se les denomina esperanza de vida residual.

15 El cálculo de la esperanza de vida sigue la siguiente fórmula: w es el infinito actuarial (110 años), y ex es la esperanza de vida a los ‘x’ años de edad.

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Figura 3Esperanza de vida residual a los X años de edad (por quinquenios)

A partir de los datos de la tabla de mortalidad oficial de la ONP, se calcula que la esperanza de vida al nacer de las personas (Figura 3). Para una mujer sana, dicha esperanza es 85 años, ocho años más que un hombre sano, es decir, en promedio se espera que, desde su nacimiento, una mujer sana viva hasta los 85 años y un hombre sano hasta los 77 años.

Ahora bien, si la esperanza de vida se evalúa a una edad determinada (por ejemplo, a los 65 años), se tendrá la denominada esperanza de vida residual a dicha edad. En la Figura 3 se presenta la esperanza de vida residual para distintas edades, por sexo. Un dato trivial es que la esperanza de vida al nacer equivale a la esperanza de vida residual a los 0 años de edad.

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Hasta el momento se han descrito algunos usos primarios de la tabla de mortalidad, y si bien existen otros más complejos, por ejemplo, su relevancia en la evaluación actuarial que permite calcular las pensiones en un régimen de capitalización individual, o estimar el pasivo de largo plazo en un esquema de reparto, estos temas no son desarrollados en el presente artículo, dado que requieren de un mayor grado de complejidad y profundización técnica. Sin embargo, este artículo sí permite aclarar conceptos técnicos que no son relativamente mediáticos, tal como el referido a que la tabla de mortalidad incluye en su composición edades hasta los 110 años.

La tabla de mortalidad, efectivamente, incluye probabilidades de muerte hasta los 110 años en el Perú; sin embargo, a esta altura de la lectura, seguramente el lector intuirá que ello no implica que las personas, en promedio, vivirán hasta dicha edad, pues como ya se ha mencionado, la esperanza de vida al nacer para hombres y mujeres, calculadas a partir de las propias tablas de mortalidad, es de 77 y 85 años, respectivamente, lo cual es casi 33 y 25 años menos que los 110 años. Es más, la esperanza de vida residual a los 65 años de edad (edad legal de jubilación) es de 17 años para un hombre y de 24 años para la mujer, con lo que se espera que un individuo de 65 años alcance los 82 años si es hombre, y los 89 años si es mujer.

Ahora bien, la razón de tener valores en la tabla de mortalidad de edades hasta los 110 años es que en la realidad hay personas que sí viven hasta dicha edad, y ese hecho es reflejado en las tablas de mortalidad.

Si estas probabilidades de fallecimiento de edades avanzadas no se incluyeran en la tabla de mortalidad, por ejemplo, se truncará la tabla hasta los 90 años, entonces la esperanza de vida estimada se reduciría y se agravaría el riesgo de longevidad16, es decir, el riesgo de que la persona viva hasta edades muy avanzadas (en este caso, superiores a los 90 años), dado que este escenario no se consideraría en la evaluación.

En adición se precisa que no todas las personas llegan al umbral de los 110 años de edad, sino solo una cantidad menor, y esto también es reflejado en las tablas de mortalidad; de hecho, en la Figura 2, se tiene que la probabilidad de un recién nacido de alcanzar los 110 años de edad es de prácticamente 0 % para hombres y mujeres. Además, como se puede observar en la figura en mención, se tiene que, en general, alcanzar edades superiores a los 100 años tiene una probabilidad que no supera el 3 % en los hombres y el 1 % en las mujeres.

Por último, se enfatiza que las tablas de mortalidad se construyen en virtud a la información de una población delimitada, en este caso a los asegurados del sistema de pensiones, en un periodo determinado, por lo cual, las estadísticas presentadas corresponden a las del sistema público de pensiones del Perú, y no necesariamente representan los patrones de mortalidad de la población en su conjunto, ni de otro sistema de pensiones de Perú, así como tampoco a los patrones de otros países.

16 Situación en la que una población sobrevive por sobre lo esperado, y motivo de ello, el capital acumulado sea insuficiente para cumplir con la obligación de pago de la pensión calculada.

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Los párrafos anteriores brindan una pista de la importancia del uso de las tablas de mortalidad en las entidades administradoras de los sistemas de pensiones. En lo sucesivo, profundizamos en la utilidad de esta herramienta en el análisis previsional, en particular en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) administrado por la ONP.

Al respecto, se deben tener algunas nociones básicas de las características del SNP. Este es un sistema de reparto en que la planilla de pensiones es financiada principalmente con la recaudación de aportes de los actuales trabajadores afiliados al SNP, que cotizan sobre un porcentaje de su remuneración (13 %), y en menor medida, con recursos del Tesoro Público (Transferencias del Estado). El acceso a la pensión de jubilación normal se logra a partir de los 65 años de edad y con un mínimo de 20 años de aporte, tanto para hombres como mujeres. En adición al fallecimiento del pensionista de jubilación, y en caso este tuviera cónyuge vivo/a, se le otorga a este/a último/a pensión de viudez. Las pensiones en este esquema son vitalicias (es decir, de por vida) y se otorgan a razón de 14 pagos17 al año. El monto de las pensiones se encuentra

II. — Tabla de Mortalidad y Pensiones en el SNP

acotado en un rango de S/ 500 (pensión mínima) a S/ 893 mensuales (pensión máxima), que en términos anualizados18 equivalen a S/ 583 y S/ 1 042 mensuales, respectivamente.

Tal cual se mencionó en el párrafo anterior, la pensión de jubilación se otorga al cumplimiento de los 65 años de edad y con un mínimo de 20 años de aporte. Estos requisitos encuentran sentido en la contraparte, es decir, en los años que se espera un individuo de 65 años de edad reciba la pensión. Para ello, se recurre al indicador de la esperanza de vida residual. Tal cual se observa en la Figura 3, se tiene que la vida residual a los 65 años de edad para un hombre es 17 años, y para una mujer es 24 años, tiempo promedio en el cual se le otorgará pensiones. Así, la exigencia de un mínimo de años de aporte durante la etapa activa de una persona tiene su contraparte en la obligación del sistema en el pago de pensiones por un tiempo similar (caso de los hombres) o incluso superior (caso de las mujeres) a los 20 años; dicha obligación podría incluso ser mayor si al fallecimiento de el/la titular, este/a tuviera cónyuge viva/o, a la cual también se le otorgaría una pensión de viudez.

17 Corresponde a los 12 pagos mensuales más dos pagos adicionales (uno en julio y otro en diciembre).18 Corresponde a la multiplicación de la pensión mensual multiplicada por el factor (14/12), para fines comparativos con el Sistema Privado de Pensiones, dado que dicho sistema otorga doce pagos de pensión al año.

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En un sistema de capitalización individual20, las tablas de mortalidad juegan un papel relevante en la determinación de los beneficios pensionarios. A fin de entender el porqué, es preciso resaltar las principales características de este tipo de esquema previsional.

En un sistema de capitalización individual, los individuos cotizan sobre un porcentaje de sus remuneraciones (10 % en el Perú) durante su vida laboral. Este sistema invierte las cotizaciones de los/as afiliados/as mediante fondos de pensiones, y tanto las cotizaciones como su rentabilidad son acumuladas en la cuenta de capitalización individual de cada persona, hasta que se jubila, a partir de los 65 años de edad21. En este esquema, la pensión de jubilación se calcula en base al monto de dinero acumulado en la cuenta de capitalización individual de la persona a su edad de jubilación. Este esquema tiene dos modalidades generales22 de

III. — Tabla de mortalidad19 y pensiones en un sistema de capitalización individual

pensión: (i) renta vitalicia23 y (ii) retiro programado24. En el caso de la renta vitalicia (pensión para toda la vida), para el cálculo de la pensión se hace uso de las tablas de mortalidad como instrumento matemático que permite mesurar el horizonte de vida esperado de la persona, y con ello estimar el monto mensual que la persona recibiría en virtud al monto acumulado en su cuenta de capitalización individual.

Como seguramente puede intuirse a priori, mientras más tiempo se espera viva la persona, su monto de pensión mensual tendrá que ser menor para que el monto acumulado en su cuenta de capitalización individual pueda financiarlo. Esto es corroborado en la Figura 4, donde se muestra que mientras más elevada sea la edad de jubilación del individuo, mayor será su pensión, en virtud a que la vida residual se reduce.

19 Cabe precisar que en esta sección se utiliza la tabla de mortalidad del SPP-S-2017, propia del Sistema Privado de Pensiones, la cual fue aprobada mediante Resolución SBS N° 886-2018.20 El sistema de capitalización individual fue creado en Chile durante la década de 1980, y en la década de los 90 comenzó a ser replicado en otros países, incluido el Perú.21 Aunque existen modalidades anticipadas de acceso a jubilación a edades menores a los 65 años.22 Aunque se debe precisar que existen modalidades intermedias o mixtas de estas dos modalidades.23 Esta modalidad asegura una pensión mensual para toda la vida del jubilado. 24 El retiro programado consiste en el pago de pensiones a la persona por un periodo de tiempo programado decidido por el/la propio/a afiliado/a a la fecha de su solicitud de pensión.

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Figura 4Nivel de pensión mensual según edad de jubilación

Nota. Se asume un monto de S/ 300 mil acumulados en la cuenta de capitalización individual a la edad de jubilación. También se considera jubilación de renta vitalicia. Asimismo, se aplica la tabla de mortalidad SPP-S-2017 tomando el 2021 como año de cálculo.

En adición, en la Figura 5, se muestra que mientras mayor sea el fondo acumulado por la persona a su edad de jubilación, mayor será la pensión que recibirá. Esto último da cuenta de lo importante que es para el individuo la realización de aportes, con el fin de incrementar el monto acumulado en su cuenta individual, más aún, considerando que en este esquema (en el Perú) no existe un mínimo de años de aporte exigido, pero tampoco una pensión mínima.

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Figura 5Nivel de pensión mensual según monto acumulado en la cuenta de

capitalización individual a la edad legal de jubilación

Nota. La edad legal de jubilación es los 65 años. También se considera jubilación de renta vitalicia. Se aplica la tabla de mortalidad SPP-S-2017 y se toma el 2021 como año de cálculo.

Finalmente, cabe precisar que las simulaciones presentadas a continuación constituyen escenarios simplificados del cálculo de las pensiones en un esquema de capitalización individual; por ejemplo, no se consideran gastos administrativos, ni los márgenes propios de las compañías aseguradoras. Además, existen ciertos supuestos25 utilizados para los cálculos que no necesariamente corresponden a los de las Administradoras de los Fondos de Pensiones del Perú. Por estas razones, es pertinente mencionar que los montos de pensiones calculados en este artículo no pretenden ser estimaciones precisas de las pensiones que deberían brindarse en las Administradoras de los Fondos de Pensiones del Perú, sino que estas se han realizado con fines didácticos para dar a conocer hechos estilizados relevantes de este sistema, para lo cual se ha recurrido a una gran simplificación de los supuestos detrás del cálculo, y sin considerar otras métricas del sistema, sin pérdida de generalidad en las conclusiones.

25 Tasa técnica de descuento, cantidad de pensiones al año, consideración de indexación, entre otros.

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Organización mundial de la salud. (2015). Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014. Organización Mundial de la Salud.

Resolución Ministerial N° 757-2006-EF/15, de 27 diciembre, aprueban Tabla de Mortalidad SP 2005. (2006). https://bit.ly/3hyThL4

Resolución Ministerial N° 146-2007-EF/15, 23 marzo, aprueban la Tabla de Mortalidad

Resolución SBS N° 886-2018, de 7 marzo, uso obligatorio de tablas de mortalidad para el cálculo de las reservas matemáticas de las pensiones en las modalidades de renta vitalicia familiar y renta vitalicia diferida, así como de aplicación gradual y obligatoria para el cálculo anual de la modalidad de retiro programado en el SPP y otros. (2018). https://bit.ly/3ykcLKe

Sistema Previsional - SP 2005. (2007). https://bit.ly/3jIeqFt

Society of actuaries. (s/f.). Tablas de tasas de mortalidad y otras. https://mort.soa.org/

Subramaniam, I. (1999). Actuarial Mathematics of Social Security Plans. Organización Internacional del Trabajo.Superintendencia de banca, seguros y AFP. (2018).

Referencias:

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Créditos

La coordinación de la presente edición estuvo a cargo de:

- Citlalli Pérez Flores Maestría en Gestión de Riesgos Financieros de la

Universidad Panamericana de México. Actuaría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Consultora de la ONP.

- Sthefany Quintana Morales Licenciada en comunicaciones de la Pontificia

Universidad Católica del Perú con especialización en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. Coordinadora del Ecosistema Digital de la ONP.

- Estefany Siccha Lazaro Licenciada en Economía por la Pontificia

Universidad Católica del Perú. Consultora en temas de análisis de datos de la ONP.

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Revista Peruana de Pensiones