El Popular 145 Pdf_todo

N 145 1 Julio/2011 3 poca - Uruguay

$25Edicin 20 pgs.

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Viernes 1 de Julio de 2011

Responsabilidades mayoresPor Jos Luis Perera La derecha de este pas pretende solucionar el tema de la minoridad infractora -un aspecto ms de la lucha de clases-, bajando la edad de imputabilidad. La iniciativa de Pedro Bordaberry busca bajarla a 16 aos, pero tiene competidores que no le van en zaga. Rodolfo Sienra Roosen, columnista de el diario caganchero El Pas, plante hace pocos das: Nos afiliamos a la solucin inglesa de bajar la edad de imputabilidad al mximo -10 o 12 1 aosaos ampliando as el margen a una decisin judicial que cuente con los asesoramientos tcnicos adecuados de criminlogos, siclogos, pediatras y dems especialistas. bargo, nuestro pas cuenta con un marco jurdico aceptable y que se puede equiparar a los estndares internacionales ms avanzados. La justicia recurre en la mayor parte de los casos a la privacin de libertad, depositando adolescentes en centros de internacin y no logrando su objetivo de rehabilitacin, y tal vez sea all en donde haya que trabajar ms, en el sentido de aplicar otras medidas correctivas. Se dice y se argumenta, tambin, que LA TOLERANCIA CERO HA FUNCIONADO: Se utiliza frecuentemente al derecho comparado y la experiencia internacional en temas de seguridad pblica para fundamentar la rebaja de la edad de inimputabilidad penal. Pero esto se hace sin tener en cuenta que se est comparando sociedades del primer mundo con sociedades en donde campea la inequidad social, con altos niveles de pobreza que afecta a casi la mitad de la poblacin, producto entre otras cosas de las polticas que han aplicado en el pasado muchos de los que hoy proponen estas soluciones Se dice tambin que LA GENTE RECLAMA SEGURIDAD: Es verdad, pero la gente tambin reclama trabajo, educacin, vivienda, o el fin de la impunidad para los violadores de los derechos humanos. Pero cuando fueron gobierno, los partidos de donde hoy parten estas medidas de seguridad, estuvieron muy lejos de dar respuesta a todos estos reclamos de la gente. Sin dudas, es infinitamente ms sencillo llenar las crceles que atender los problemas de fondo. Se dice que BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD MEJORARA LA SEGURIDAD: Creemos que es un engao, que recurrir al encierro de los menores solo posterga el problema, y que el mismo volver pero an ms complicado. Un nio, ciudadano en proceso de desarrollo, que es enviado al sistema penal tras cometer un delito y encerrado por el mayor tiempo posible, en algn momento deber ser liberado. Qu podemos esperar de un joven que fue aislado sin ms propuesta que ensear-

(2 parte)

Leyendas urbanasEs comn escuchar que los menores no van a la crcel, crcel y eso est muy lejos de ser cierto. Cuando un menor comete un delito, el mismo es privado de libertad. Naturalmente, no van a una crcel para mayores, sino que son internados en un complejo de centros de internacin dependientes del INAU, que por otra parte son tan crceles como las de los adultos con problemticas similares. Tambin se dice que las sanciones son muy corcortas, pero esto no es as, cuando lo vemos en relacin a la edad al momento de detencin y lo comparamos con un adulto en las mismas circunstancias. Si un adulto de 30 aos es detenido y va preso por 3 aos, se trata del 10% de los aos vividos por esa persona, en tanto un adolescente de 15 aos que va preso tambin por 3 aos, significa el 20% de su vida. Y por cierto que hay que tener en cuenta la importancia que tiene ese tiempo privado de libertad para un caso y para el otro, ya que el adolescente se est desarrollando en todo sentido. Si ese perodo de privacin de libertad se transformara en un simple castigo, estaramos profundizando su inadaptacin, mientras que lo que tenemos que desarrollar son experiencias socializadoras y educacin. Por eso es que el Cdigo de la Niez y Adolescencia establece la pena mxima en 5 aos, porque lo que est en juego es la edad en el momento de la internacin. No es cierto tampoco algo que se repite un da s y el otro tambin: la polica los detiene y los jueces los los largan. Hay que tener en cuenta que la Convencin Internacional de los derechos del Nio (ya hemos dicho para el caso de la ley de impunidad que las Convenciones internacionales hay que respetarlas) dispone que la retencin en centros de internacin debe ser la ltima alternativa, priorizando a las medidas socio-educativas no privativas de libertad. Por lo tanto, el tiempo que los menores estn recluidos luego de ser detenidos, depender de aspectos de carcter socio-econmico-cultural (pobreza, educacin, familia, etc.). En el caso de los delitos graves (para los cuales las penas son ms extensas) los adolescentes no pueden estar internados ms all de los 22 aos. Sin embargo frente a delitos menores se tiene en cuenta el fin educativo, y el tiempo de reclusin puede ser menor que el fijado. De manera que aspectos relativos a la persona (no al delito cometido) pueden extender la sancin, inclusive ms tiempo que el que le correspondera a un adulto. Podra decirse que nuestra legislacin est atrasada, sada y que nada puede hacerse con ella, y de hecho es otro de los mitos que se difunden. Sin em-

Yo me voy con Aparicio

Por El ingls

le a ser un buen preso en el marco de un sistema carcelario desbordado, de trato inhumano y donde ocurren delitos cotidianamente? Seguro que desde el encierro no se le preparar para el ejercicio de una ciudadana plena (educacin, formacin laboral, oficios, responsabilidad por la infraccin cometida, restitucin de vnculos familiares positivos, etc.). Al menos hoy el pas no cuenta con establecimientos que cumplan con el objetivo de rehabilitacin. De hecho operan como un gran depsito de indeseables, que en su inmensa mayora son pobres. Como sealamos al comienzo, gran parte del problema radica en las profundas desigualdades sociales del Uruguay de estos tiempos. No podemos convertir el sistema de justicia en un instrumento contra los pobres, lo que corresponde es implementar polticas sociales que otorguen posibilidades de inclusin social. En estas dos alternativas est comprometida la esencia democrtica: utilizar la represin para apartar a los peligrosos jvenes pobres o apostar a una sociedad con mayores niveles de equidad, y por tanto ms democrtica. En definitiva, y para terminar Qu implica la baja de edad de imputabilidad? Se va a responsabilizar a los adolescentes? Se los va castigar por sus infracciones? No. Los Adolescentes ya son responsables por sus delitos, lo son desde los 13 aos. Y ya son castigados con sanciones privativas de libertad. O quienes promueven esto ignoran que existen una decena de crceles para adolescentes? El nico cambio relevante podra radicar en el hecho de que iran presos a una crcel de adultos. Solo eso significa la rebaja de la edad de imputabilidad, llevar a adolescentes a convivir en crceles de adultos, en el Comcar, en Libertad, en Cabildo, etc... Los promotores del proyecto, han aclarado que iran a establecimientos especiales para menores, lo cual confunde an ms. Se baja la edad para hacer lo mismo pero en otros establecimientos? Est claro que en el fondo lo que se quiere es solo encerrar por ms tiempo, pensando que con ello se resolvera el problema de la delincuencia juvenil. Aunque es difcil saber como se lograra, ya que se habla mucho de los establecimiento especiales, pero ninguna palabra sobre los mecanismos necesarios para la integracin social. No se rehabilita profundizando la exclusin e inadaptacin, sino al contrario, se debe apuntar a que el joven se responsabilice por sus actos, garantizando sus derechos, y mantenindolo socialmente incluido. Esto por parte del Estado, pero tambin entran en juego la familia y la comunidad. No hay rehabilitacin posible sin polticas sociales que mitiguen la inequidad, si no hay polticas de empleo que habiliten la integracin social de los pobres y entre ellos de los jvenes pobres, cuestiones que hoy en da est llevando adelante el gobierno de nuestra fuerza poltica. El problema de la delincuencia juvenil no se puede reducir al facilismo los sacamos de las calles, los encerramos. Estamos hablando de ciudadanos, que tienen derechos, y que son parte de la generacin de recambio de nuestro pas. O trabajamos desde la perspectiva de Derechos para la promocin social o generamos mayores niveles de exclusin, y con ello seguramente cosechemos una sociedad ms violenta e insegura para nuestros hijos.

Ter ercera Ao IV Tercera poca Director Responsable esponsable: Editor Director Responsable Gabriel Mazzarovich Consejo Editor Lylin Firpo, Pablo Khalil. , Popular Redaccin Administracin: El Popular Redaccin y Administracin: Batov 2079 Tel. 29291191 Fax: 29247056 Correo electrnico: [email protected]. Impresin Microcosmos SA. Cuareim 2052. Tel.: 29247000 Telefax 29241220 Impresin presin: MEC. Permiso de MEC Exp. 218308Admitida la reproduccin total o parcial de los artculos indicando la fuente. Las notas firmadas pueden no ser compartidas por la lnea editorial y son responsabilidad de sus autores. Semanario de circulacin nacional.



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Golpe a la impunidadEl lunes se cumplieron 38 aos del Golpe de Estado que inici 11 aos de dictadura en nuestro pas; ese da, la impunidad, su continuidad jurdica, poltica y tica, recibi un golpe democrtico. El colectivo HIJOS present un escrito ante el Presidente de la Repblica, Jos Mujica, solicitndole que revocara todos los actos administrativos que ampararon casos de violaciones a los DDHH en la Ley de Caducidad. Ese mismo da, el Poder Ejecutivo anunci su decisin de emitir un decreto que revoca en un solo acto todas las resoluciones de Julio Mara Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle que impedan la investigacin de unos 80 casos de violaciones a los derechos humanos. Es un hecho trascendente en la lucha contra la impunidad. Es adems un primer paso en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman. Cabe recordar que entre muchas otras cosas, la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH establece que la Ley de Caducidad es violatoria de todos los convenios internacionales y carece de todo valor jurdico. Y por lo tanto, ordena al Estado uruguayo que la mencionada ley no constituya obstculo para las investigaciones. Sostiene que no pueden ser obstculo para las investigaciones ni la Ley de Caducidad ni ningn instituto jurdico anlogo como la prescripcin. Lo seala a texto expreso. El Poder Ejecutivo anunci adems que solicit al Ministerio de Defensa y a la Suprema Corte de Justicia que se abran los archivos para que los investigadores que trabajan en el marco de la Comisin de Seguimiento tengan acceso a ellos. Tambin que se avanzar en la conformacin de un Banco Gentico de familiares de desaparecidos. Por otra parte se resolvi fortalecer la Comisin de Seguimiento y continuar con las excavaciones en el Batalln 14 en busca de enterramientos clandestinos. Finalmente se conform una comisin integrada por el Secretario de la Presidencia, el Director de DDHH del Ministerio de Educacin y Cultura, la Cancillera y el Ministerio de Defensa, para estudiar y realizar todos los pasos necesarios para cumplir con la Ssntencia de la Corte Interamericana de DDHH. Esta decisin es un paso importante en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana por parte del Poder Ejecutivo y del presidente Jos Mujica. Hizo bien, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, en decir adems, que era un deber tico del gobierno del Frente Amplio. Sin duda lo es. En la toma de estas decisiones contribuyeron, a no dudar, la movilizacin y el reclamo popular, que tuvo en la multitudinaria marcha del 20 de mayo pasado su punto ms alto, el planteo de HIJOS y tambin la accin poltica de la Comisin Especial del FA y de su presidente Jorge Brovetto, que en estos ltimos das mantuvieron varios contactos, al ms alto nivel, con el Gobierno y fueron abriendo paso para esta resolucin.

Lo que sigueQu sigue ahora? La Sentencia de la Corte Interamericana, como ya hemos dicho, obliga a los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo empez a dar pasos de cumplimiento. Quedan otros, como hacer un reconocimiento pblico, poner en la sede del CALEN una placa con los nombres de todos los secuestrados polticos que pasaron por all y comprometerse a fondo con la investigacin. Le compete adems publicar un resumen de la sentencia en el diario oficial y notificarla a los otros poderes del Estado. En lo concreto de estos 80 casos, el Poder Ejecutivo revoc los decretos de Julio Mara Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle; esto ser comunicado a la Suprema Corte de Justicia la cual debe enviarlo a los jueces que archivaron las causas para que acten. Pero el cumplimento de la sentencia de la Corte Interamericana y la decisin de terminar con la impunidad implica otros compromisos para el Poder Judicial. La investigacin, determinacin de los responsables y su castigo, no se limita a estos 80 casos. Hay muchas causas ms y habr otras, como las denuncias que se preparan por torturas en la Operacin Morgan y en otros centros de tormento. La sentencia de la Corte Interamericana dice que se deben aplicar los instrumentos adecuados para juzgar esos delitos. Se refiere claramente a que se deben tipificar como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Es cierto que el Poder Judicial es independiente pero no puede hacer lo que quiera. Hay que evitar y polemizar para que concepciones conservadoras y ajenas a la jurisprudencia internacional, obstaculicen la verdad y la justicia. Hay que dotar a jueces y fiscales de los recursos humanos, logsticos y legales para que acten. El Poder Legislativo tambin debe actuar. Est en debate el alcance y la pertinencia de lo que debe aprobarse, pero el Poder Legislativo debe darse por enterado de la sentencia y actuar en consecuencia, ms all de los debates y posicionamientos partidarios. Exigir y velar por el cabal cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, en

todos los estamentos del Estado y la sociedad, es hoy el eje central que debera articular los esfuerzos para terminar con la impunidad. No slo porque es una obligacin del Estado uruguayo. Porque es un imperativo poltico y tico para un gobierno del Frente Amplio pues la impunidad es incompatible con un proyecto de cambios.

La dimensin poltica, la postura de la derechaDesde la derecha poltica y meditica, desde los centros de militares retirados, desde los abogados defensores de los violadores de DDHH, se anuncian, como siempre, catstrofes de todo tipo, peligros, amenazas y recursos contra el decreto.Es lgico. La derecha es la creadora y la sostenedora de la impunidad. Es parte de su concepcin de sociedad y de su estrategia de poder. Reivindican derechos adquiridos, defienden la seguridad jurdica e instalan la novedosa tesis de que tampoco se pueden revocar decretos anteriores. En el terreno jurdico la jurisprudencia nacional e internacional afirma sin sombra de duda que no existe la cosa juzgada en el plano administrativo. Por supuesto que tampoco es sustentable esa tesis en el terreno penal cuando los delitos son de lesa humanidad. No puede hacerse jugar el tiempo a favor de los violadores de DDHH; eso es jurdica y ticamente inaceptable. Hay que decirlo sin eufemismos. Pero tambin hay que dar la discusin en el plano poltico e ideolgico. Los 80 decretos que se acaban de revocar no son annimos, los firmaron los tres presidentes de derecha que tuvo el Uruguay, tras la recuperacin democrtica: Sanguinetti, Lacalle y Batlle. Adems la derecha que quiere aparecer light, twitera y renovada, se rasga las vestiduras y los defiende a capa y espada. Se caen los velos, las operaciones de marketing muestran que siguen siendo lo mismo, derecha pura y dura, defensores de los impunes. La izquierda, el Frente Amplio, su gobierno, las organizaciones sociales, las organizaciones defensoras de los DDHH, los familiares de las vctimas, siguen buscando verdad y justicia. No hay que tener miedo a mostrar la diferencia; es esencial, bsica, trascendente. La lucha contra la impunidad, es una batalla central, no slo por la plena vigencia de los derechos humanos, sino por la consolidacin y profundizacin de la democracia en tanto tal. Es un asunto de libertad, ni ms ni menos. Esta lucha de larga data, tiene varias dimensiones; la jurdica es una de ellas, slo una; tiene tambin alcance poltico, tico y cultural. Es un elemento central para definir la calidad, la clase de sociedad y democracia en que los uruguayos queremos vivir. Es incompatible el renunciamiento a la justicia con una sociedad sana. La impunidad es un veneno que envileci toda la estructura social y que corroe an cosas bsicas como la igualdad ante la ley. Terminar con la impunidad es en su esencia un imperativo democrtico y ciudadano.Es una lucha larga y no tiene momentos mgicos donde se termine.

Los tres chiflados

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El presidente Mujica revocar 80 decretos de Sanguinetti, Lacalle y BatlleLo hace en cumplimiento del fallo de la CIDH y recogiendo planteos del PITCNT, de la organizacin HIJOS y la Comisin Especial del Frente AmplioPor Walter Cruz y Gabriel Mazzarovich Con la firma del presidente de la Repblica, Jos Mujica y de todos los ministros, el gobierno emiti ayer una resolucin por la que revoca todos los decretos de Julio Mara Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, que ampararon 88 casos de violaciones a los DDHH en la Ley de Caducidad. La resolucin, contundente en lo jurdico y en lo poltico, hace suyas las definiciones fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y afirma que la Ley de Caducidad carece de efectos jurdicos por violar todos los convenios internacionales y la jurisprudencia internacional sobre DDHH. Tambin que no se pueden aplicar otros instrumentos legales como la prescripciones para evitar la investigacin (ver nota aparte). Pese al fracaso de la Ley Interpretativa en el Parlamento y despus de la masiva marcha del 20 de mayo, desde el PIT-CNT, desde la Comisin Especial del Frente Amplio y desde la organizacin HIJOS Uruguay se continu la pelea y se estudiaron los caminos para dejar sin efecto la inmoral Ley de Caducidad. En las conversaciones con el gobierno, se planteo como elemento central, el acatamiento y cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) en el caso Gelman. Este lunes el presidente de la Repblica, Jos Mujica y el gobierno del Frente Amplio todo, por acuerdo en el Consejo de Ministros, resolvi revocar alrededor de 80 decretos con los que los gobiernos de Julio Mara Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, haban amparado otros tantos casos de violaciones a los DDHH en la Ley de Caducidad y por lo tanto impedido por ms de 20 aos su investigacin en la Justicia. Como es habitual inmediatamente se hicieron or las temerosas voces del Centro Militar y de otras organizaciones sociales de jubilados de las Fuerzas Armadas. La pregunta del caso sera, seores si ustedes no tuvieron nada que ver con los crmenes, por que le tienen miedo a la Justicia? Alberto Breccia Secretario de la Presidencia de la Repblica en conferencia de prensa fue el encargado de hacer el anuncio. Anunci que en la rbita de la Secretara de la Presidencia de la Repblica se conform una comisin, integrada por la Direccin de Derechos Humanos del Ministerio de Educacin Cultura y la Cancillera, la cual trabaja en el anlisis exhaustivo de la sentencia dictada por la CIDH a los efectos de su cumplimiento. En ese mbito se incrementarn las competencias de la Comisin de Seguigaciones. Hay varios elementos ms a resolver. Estos 80 casos no son las nicas causas por violaciones a los DDHH durante la dictadura. Hay varios casos ms que hoy se sustancian en la Justicia y se espera en los prximos das la presentacin de varias denuncias colectivas por tortura, como en el caso de la Operacin Morgan. All se integra tambin la polmica sobre la prescripcin o no de los casos el prximo 1 de noviembre. La sentencia de la CIDH, cuyo cumplimiento es obligatorio tambin para el Poder Judicial, establece que no slo la Ley de Caducidad no debe ser obstculo para la justicia, tampoco ningn instrumento anlogo como la prescripcin. La sentencia tambin ordena al Estado uruguayo que los casos sean abordados con los instrumentos adecuados es decir que se tipifiquen, como indica toda la jurisprudencia internacional en la materia, los delitos como delitos de lesa humanidad. Esta concepcin implica que los delitos son imprescriptibles. Sin embargo si la Suprema Corte de Justicia mantiene la posicin que expuso ante el reciente escrito planteado por la fiscal Mirta Guianze la situacin sera otra. All hay varias posiciones. Chargonia plantea que hay que defender el criterio de la CIDH y que por lo tanto los crmenes no prescriben. Errandonea plantea la necesidad de que el Parlamento apruebe una ley que extienda la prescripcin a todo el perodo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad. Otras posiciones sostienen que el mismo acto del Poder Ejecutivo al revocar los decretos extiende las prescripciones durante todo el periodo que estos estuvieron vigentes, en esta posicin se alinearon ex presidentes de la Suprema Corte de Justicia y el secretario de DDHH del MEC, Javier Miranda. De primar algunas de estas posturas, el Poder Legislativo debera votar una ley que extienda el plazo de prescripcin. Adems de esto, en el terreno estricto de la investigacin, al notificar oficialmente la sentencia de la CIDH al Fiscal de Corte, este debera transmitirla a los fiscales y estos impulsar de oficio todas las investigaciones pendientes. Este extremo fue analizado en una reunin entre el PIT-CNT y el propio Fiscal de Corte. Finalmente en el mbito del Poder Ejecutivo, adems de las iniciativas ya sealadas, existe la propuesta de la conformacin de una Comisin de Verdad.

miento (ex Comisin para la Paz) y se apostar a la conformacin de una comisin interministerial en la materia. Cabe recordar que la Sentencia de la CIDH implica tambin la publicacin de esta en el Diario Oficial, un acto pblico del Estado de reconocimiento de responsabilidad, la colocacin de una placa en el CALEN con el nombre de todos los secuestrados polticos que pasaron por all y una reparacin econmica. Breccia tambin anunci que el gobierno solicit al Ministerio de Defensa y a la Suprema Corte de Justicia la apertura de los archivos que contienen las fichas clnicas y judiciales de ambos organismos, durante la dictadura militar. El objetivo es habilitar el acceso a los datos por parte de historiadores que integran el equipo de investigacin de la Comisin de Seguimiento que funciona en la rbita de la Presidencia de la Repblica. Agreg que se espera completar, en breve, el Banco de Datos Genticos. Esta inquietud se sustenta en que existe un nmero importante de familiares de vctimas de desaparicin forzada que no fueron contactados para obtener muestras genticas para su comparacin ante eventuales hallazgos. El secretario de la Presidencia record tambin que por orden judicial, en paralelo, continan las excavaciones en el Batalln N 14 tal como se venan realizando.

La posicin primaria del Poder Ejecutivo, esperar que los familiares se presentaran para revocar los decretos caso por caso, fue variando hasta la posicin actual: revocar todos los decretos en un solo acto administrativo. La Comisin Especial del FA, creada por el Plenario Nacional, que sostena esta tesis, al igual que abogados como Pablo Chargonia, Juan Errandonea, Alberto Prez Prez y Liliana Tojo y Ariela Peralta; oper en este sentido. Se mantuvieron varios contactos entre el FA, particularmente su presidente Jorge Brovetto y los ms altos representantes del gobierno. All se acord que ese deba ser el criterio y que se deban dar todos los pasos necesarios para cumplir la sentencia y definiendo adems el tema como un deber tico. En otro plano, el PIT-CNT ha venido realizando una serie de contactos para impulsar el mismo criterio: que se cumpla en todos sus trminos la sentencia de la CIDH. Una delegacin de la central obrera sostuvo reuniones con Familiares de Desaparecidos, el Poder Ejecutivo, el Fiscal de Corte, el canciller Luis Almagro y lo har con la Suprema Corte y el Frente Amplio. En este sentido tambin se inscribe la presentacin, anunciada por EL POPULAR, del escrito de HIJOS Uruguay (ver nota aparte).

Los pasos que restanLa decisin del Poder Ejecutivo, adems de significar una seal poltica importante, implica, al ser comunicada a la Suprema Corte de Justicia que esta informe a los jueces que tienen estos 80 casos y ellos decidirn su desarchivo y como retoman las investi-

Las conversacionesLa visin del cumplimiento de la sentencia de la CIDH como elemento vertebrador de las acciones a tomar en torno a la impunidad parece irse abriendo paso en diversos mbitos.


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Texto completo de la resolucinVisto: La ley N 15848 de 22 de diciembre de 1986; Resultando : 1) Que la Ley N 15.848 de 22 de diciembre de 1986, de la Caducidad de la Pretensin Punitiva del Estado, en su artculo 1 establece: Reconcese, que como consecuencia de lgica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos polticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transicin hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensin punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensin Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatiblidad con la Convencin Americana y la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigacin y eventual sancin de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstculo para la investigacin de los hechos materia de autos y para la identificacin y, si procede, sancin de los responsables de los mimos, de conformidad con los prrafos 253 y 254 de la Sentencia; 2) que el prrafo 254 dice En consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna otra norma anloga, como prescripcin, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstruccin del proceso investigativo; 3) que la Repblica Oriental del Uruguay ha ratificado la Convencin Americana de Derechos Humanos por medio de la Ley N 15.737 de 8 de marzo de 1985, y que por el artculo 16 de dicha ley se reconoce la competencia de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretacin o aplicacin de esta Convencin, bajo condicin de reciprocidad; 4) que tal como lo expresa el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin perjuicio de que la Ley de Caducidad de la Pretensin Punitiva del Estado ha sido aprobada en un rgimen democrtico y ratificada por la ciudadana en dos oportunidades, ello no ha legitimado el proceder de la Repblica Oriental del Uruguay ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 5) que el prrafo 244 del fallo citado dice: La Corte Interamericana concluye que el Estado viol los derechos a las garantas judiciales y a la proteccin judicial, previstos en los artculos 8.1 y 25.1 de la Convencin Americana, en relacin a los artculos 1.1 y 2 de la misma y los artculos 1.b y IV de la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Personas y en el prrafo 246 expresa: En particular, debido a la interpretacin y a la aplicacin que se ha dado a la Ley de Caducidad, la cual carece de efectos jurdicos respecto de graves violaciones de derechos humanos en los trminos antes indicados ha incumplido su obligacin de adecuar su derecho interno a la Convencin, contenida en el artculo 2 de la misma, en relacin con los artculos 8.1, 25 y 1.1 del mismo tratado de los artculos 1.b, III, IV y V

Valentn Enseat: Investigar todo, ms all de los 80 casosPor WC El lunes Valentina Chves Musco, Beatriz Lpez, Sandra Pela, Martina Callaba, Valentn Enseat, Ana Costa, Sandro Soba, Jacqueline Lpez Vernica Matto y Pablo Sobrino llegaron a la Torre Ejecutiva con un escrito donde solicitaban al presidente Mujica que revocara todos los actos administrativos del Poder Ejecutivo que ampararon casos en la Ley de Caducidad. Cuando estaban traspasando las puertas del edificio de la Plaza Independencia se enteraron que el Poder Ejecutivo iba a revocar de oficio todos los actos administrativos de los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle. La delegacin de HIJOS Uruguay valora como positiva esta resolucin del Poder Ejecutivo, pero entiende que hay que investigar todos los casos, ms all de los 80 y pico que se van a desarchivar. En tal sentido EL POPULAR consult a Valentn Enseat y esto es lo que nos dijo. Este decreto seal el joven lo evaluamos como positivo, en determinado contexto. Obviamente nosotros pedimos la revocacin retroactiva de todos los actos administrativos. Estamos especialmente interesados en que se abarque la totalidad de los casos. Estamos muy en desacuerdo con el planteo inicial del gobierno de que lo que se iba a desarchivar iba a ser en la medida que las familias lo fueran solicitando. En ese caso el Estado le estara rehuyendo su responsabilidad y trasladndosela a los familiares, cosa que no corresponde. Consultado Enseant sobre esta ltima afirmacin, seal que, si bien los familiares son interesados directos, el tema trasciende a los familiares. Si el Estado viol los derechos humanos de manera sistemtica, l mismo tiene la obligacin de resarcir esa situacin no slo por las familias sino por la sociedad en general. Entonces ese argumento que debieran ser las familias las que pidieran el desarchivo de las causas, la verdad es que nos pareca bastante inmoral. Entonces el pedido de HIJOS apela a eso: a la revocacin de la totalidad de los actos. En el momento que lo vamos a plantear, el gobierno anunci que lo iba a hacer. Nosotros entendimos igual que era correcto entregar nuestro petitorio. Que adems es la voluntad de un colectivo, en este caso de nosotros como hijos de desaparecidos. Valentn entiende que, esto es algo que tena que pasar luego de la malograda ley interpretativa de la Ley de Caducidad. Ahora esperamos que empiecen a suceder muchsimas ms cosas y es una suerte que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea una buena lnea para poder observar en todo lo que debe comprometerse el Estado. O sea a generar una buena poltica de derechos humanos en Uruguay. de la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Personas; 6) que asimismo el Estado uruguayo ha ratificado la Convencin contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con fecha 24 de octubre de 1986; y la Convencin sobre la imprescriptibilidad de los crmenes de guerra y de los crmenes de lesa humanidad, con fecha 21 de setiembre de 2001; 7) que en virtud de lo expuesto el Estado uruguayo ha sido objeto de sentencia condenatoria por responsabilidad internacional a travs de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes mencionada y por lo tanto est obligado a dar cumplimiento a lo que dicha sentencia prescribe; 8) que por otra parte la Administracin est obligada a revocar aquellos actos administrativos contrarios a derecho, de oficio o a peticin de parte, lo que constituye jurisprudencia constante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo siguiendo a Sayagus Laso; 9) que asimismo el Tribunal sostiene que los actos que adolecen de ilegalidad no pueden generar derechos subjetivos, ni intereses legtimos protegidos por el Derecho y cuando la revocacin es por razones de legitimidad los efectos de sta se proyectan hacia el pasado; El Presidente de la Repblica, actuando en Consejo de Ministros, resuelve: 1) Revocnse por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicacin del artculo 3 de la Ley N 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artculo 1 de la referida Ley y en su lugar declrese que dichos hechos no estaban comprendidos en la citada norma legal. 2) Comunquese a la Suprema Corte Justicia, publquese, etc. Siguen las firmas del Presidente de la Repblica y los 13 ministros.

y policiales, equiparados y asimilados por mviles polticos o en ocasin del cumplimiento de sus funciones y en ocasin de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el perodo de facto; 2) que el Artculo 3 de la mencionada Ley dice: A los efectos previstos en los artculos anteriores, el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerir al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio, de treinta das de recibida la comunicacin, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artculo 1 de la presente Ley. Si el Poder Ejecutivo as lo comunicare, el Juez dispondr la clausura y el archivo de los antecedentes. Si en cambio, no contestare o informare que se no se haya comprendido dispondr continuar la indagatoria. Desde la fecha de promulgacin de esta ley hasta que el Juez reciba la comunicacin del Poder Ejecutivo quedan suspendidas todas las diligencias presumarias en los procedimientos mencionados en el inciso primero de este artculo; CONSIDERANDO: 1) que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, dictada el 24 de febrero de 2011 dispone en su numeral 11 que

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La tortura es un crimen que no prescribe2 Encuentro Latinoamericano de Memoria, Verdad y Justicia adopt el Compromiso de Montevideo.Se realiz en Uruguay el 2 Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia. En el Compromiso de Montevideo se calific a la tortura como crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. El denominado Compromiso de Montevideo fue divulgado en el Da Internacional contra la Tortura y en vsperas de los 38 aos del golpe de Estado sufrido en este pas en 1973. El 2 Encuentro fue la continuacin de una reunin celebrada en Buenos Aires en marzo ltimo, al cumplirse el 35 aniversario de su golpe de Estado. Tendr continuidad con un evento en Chile el 11 de setiembre prximo, cuando se conmemore la fecha del golpe de Estado en el pas trasandino. Luego se realizarn en Paraguay y Brasil. La actividad se realiz el viernes y el sbado pasado en la Facultad de Ciencias Sociales y fue convocada por las principales organizaciones de derechos humanos de nuestro pas: Familiares de Desaparecidos, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), HIJOS, Crysol, Casa Bertolt Brecht, Fundacin Zelmar Michelini, Fundacin Mario Benedetti y el Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (Cecso) y cont con el respaldo de Aebu. la aceptacin de distintos tipos de leyes de amnista, punto final o autoperdn. Nos comprometemos con los reclamos de las vctimas y sus familiares. Porque con la tortura se busc la cosificacin del ser humano, su deshumanizacin y su destruccin fsica y moral, para daar no slo el cuerpo de la carne y el hueso, torturado con el golpe, la picana, el tacho, la colgadura, el plantn o la violacin y llegar hasta a la perdida de embarazos, sino tambin al cuerpo social, cultural y tico de convivencia, entretejido por la comprensin y la solidaridad, para generar el miedo y la desproteccin de la sociedad, provocndole un dao transgeneracional con la interrupcin de la continuidad del relato no oficial de su propia historia. Nos comprometemos con la reparacin a quienes padecieron la tortura. Porque la tortura no es un tema del pasado, sino que su dao, secuelas fsicas o morales, se siguen viviendo en forma constante por quienes la sufrieron y su entorno, transformndola en un crimen permanente, porque es tan cruel el tormento como la posterior ausencia de polticas de reparacin social a sus vctimas, quienes deben convivir con los impunes victimarios, y porque tambin es necesario repensar, desde una mirada de gnero y otras pticas, las polticas de memoria, justicia y reparacin, ante las caractersticas que la violencia represiva tuvo sobre hombres y mujeres. Nos comprometemos con los juicios contra la tortura a nivel local e internacional. Porque las vctimas tienen el derecho de realizar las denuncias ante un sistema judicial independiente, que no debe estar sometido por el poder poltico, porque es un crimen imprescriptible que en cada pas impone la justicia universal establecida por los convenios y tratados acordados desde la Declaracin Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta las normas que lo tipifican en el tratado de Roma. Nos comprometemos a impulsar una cultura y una educacin que, basadas en los derechos humanos, sostengan la memoria. Porque es la cultura la que produce conceptos a partir de sus propias prcticas y herramientas, porque es la educacin la que forja el aprendizaje y el conocimiento, porque ambas trasmiten y construyen la memoria colectiva que permitir recordar y comprender lo ocurrido, para asegurar el nunca ms al terrorismo de Estado. Un Estado que deber ser vigilado por la sociedad, alerta en su conjunto, y a travs de rganos autnomos de contralor. Montevideo, 26 de junio de 2011.

Los talleresEn el marco del encuentro se realizaron varias mesas y talleres. La primera, sobre la tortura, fue moderada por el periodista Walter Pernas y participaron el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacin, Alvaro Rico, la profesora Clara Aldrighi; Mara Sodenbeguer, de Argentina y Mauro Tomasini de Serpaj. En el espacio de testimonios participaron por Crysol Chela Fontora, Baldemar Taroco e Ivonne Klingler; todos ex presos polticos e integrantes de la Comisin de Memoria. La mesa siguiente fue moderada por la periodista Iliana da Silva y cont con la participacin del doctor Miguel Scapuzio y Sara Waitman de la Asociacin de ex presos polticos de Crdo-

ba. El sbado se present el libro El secuestro de los dos uruguayos del periodista brasileo Luis Claudio Cunha y cont con la participacin de Lilin Celiberti, Universindo Rodrguez, periodista, y el tambin periodista e investigador brasileo Jair Krishcke. El libro documenta la investigacin periodstica de Luis Claudio Cunha sobre el secuestro de Celiberti y Rodrguez en Porto Alegre durante la dictadura. Celiberti y Rodrguez fueron secuestrados en Porto Alegre por militares uruguayos y brasileos y trados clandestinamente, junto con sus hijos, a nuestro pas. La denuncia de Claudio Cunha les salv la vida. Tambin el sbado se realiz una mesa donde se analiz la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH contra Uruguay por el caso Gelman y su impacto sobre nuestro pas. Fue moderada por Ariel Silva de la Fundacin Mario Benedetti y expusieron Pablo Chargonia (abogado y patrocinante de varias causas por violaciones a los derechos humanos), Liliana Tojo de Cejil, Jair Krischke y Walter Cortazzo de la Casa Bertolt Brecht. La mesa final abord el tema Educar en Memoria, fortalecer los Derechos,

fue moderada por la periodista Lourdes Rodrguez y participaron el maestro Mariano Soler, el psiclogo Enrico Irrazbal y Valentn Enseat de Hijos.

El Compromiso de MontevideoAl finalizar el encuentro se aprob por aclamacin el denominado Compromiso de Montevideo que transcribimos textualmente. Los participantes del 2 Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia, celebrado en la ciudad de Montevideo entre el 24 y 26 de junio de 2011, a 38 aos del golpe de Estado en Uruguay y en el Da Internacional contra la Tortura, coincidimos en que en nuestros pases se debe investigar, juzgar, penalizar, reparar y no olvidar los casos de tortura sufridos por nuestros pueblos, que indignan a nuestro sentimiento y condicin humana, y constituye un crimen de lesa humanidad, es decir, imprescriptible, no amnistiable y pasible de persecucin por la justicia internacional, cuando y donde fuera que se cometiere el delito, ya sea cuando las dictaduras del cono sur o por cualquier autoritarismo del presente. Nos comprometemos contra la impunidad. Porque los impunes y los impunidores, militares o civiles, no deben continuar sin castigo, ya que la aplicacin de la tortura en la regin implic un plan supranacional, practicado en forma sistemtica, con idntica metodologa y desde los mismos manuales, para imponer desde las dictaduras un modelo poltico y social, que requera la eliminacin de toda resistencia popular y la instauracin del terrorismo de Estado, con sus muertes y desapariciones, antes que el autoritarismo permitiera una reinstitucionalizacin condicionada por


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La sancin del Plenario del FA al PCUEl PCU asumi la responsabilidad de no haber votado la Ley de Educacin en 2008 y apoy la sancin que luego vot el FAEl Plenario Nacional del FA, reunido el sbado 25 de junio, tres aos despus de que los legisladores del PCU, por decisin partidaria no votaran la Ley de Educacin en el Parlamento, tom la siguiente resolucin: Considerando: 1) que el Partido Comunista del Uruguay asume la responsabilidad de haber mandatado a sus legisladores. 2) Lo que indica el Captulo III del Compromiso Poltico de febrero de 1972 Resuelve: sancionar al Partido Comunista del Uruguay con la prdida del derecho a voto en los organismos nacionales de direccin poltica por el lapso de 30 das. objetivos es que analizamos lo sucedido con la Ley de Educacin. En el ao 2008 el Poder Ejecutivo present un proyecto de Ley de Educacin que a nuestro entender no contemplaba su Programa ni las resoluciones del Congreso Nacional de Educacin Maestro Julio Castro. No repetiremos los argumentos y la polmica, no es el momento. Pero ante versiones de prensa que confunden las cosas y comparan actitudes que son incomparables, entendemos necesario recordar algunas circunstancias. La Ley de Educacin no fue discutida en el Plenario Nacional del FA. La Mesa Poltica, por mayora, mandat a la bancada parlamentaria. El PCU pidi libertad de accin, la que fue negada. Ante esta situacin dos compaeros legisladores, por decisin de los organismos de direccin del PCU, votaron en contra de la Ley en el Parlamento. Fue el propio PCU el que se present ante el Tribunal de Conducta Poltica del FA para pedir que se analizara su accionar en este tema. 3) Luego de tres aos, el sbado pasado el Plenario Nacional del FA analiz un informe que planteaba una sancin. Resulta paradjico que quienes defendemos las posturas histricas del FA y su programa tengamos que ser sancionados; an as ante la imposibilidad de conseguir los 4/5 de votos requeridos y buscando se respetara la idea de que hubiera sancin, fue el propio PCU el que propuso la mocin que fue aprobada, argument y vot por ella. Se propuso que la sancin fuera al PCU porque asumimos como colectivo la responsabilidad, no fueron compaeros actuando individualmente, fue una decisin partidaria. Lo hicimos como siempre, en el acierto o en el error, buscando salidas unitarias y coherentes con la historia del FA y con su programa, aunque impliquen costos, que nunca hemos rehuido asumir y no solo en el terreno de la poltica o lo electoral. 4) El PCU ratifica su compromiso de siempre con el FA, su fortalecimiento, su unidad, su accin en los gobiernos departamentales y nacional; y su necesario desarrollo para seguir siendo la herramienta de lucha y protagonismo popular en la construccin de los cambios hacia un Uruguay ms justo, ms libre y ms soberano.

Marsiglia: El valor del FA para el PCUEL POPULAR dialog con Daniel Marsiglia, secretario de Unidad Poltica del PCU, quien explic el desarrollo de la discusin en el Plenario. Marsiglia explic que en el Plenario se ley el informe del Tribunal de Conducta Poltica que sostiene que quienes incurrieron en falta fueron Eduardo Lorier y Alicia Pintos. El informe lo conocamos todos, baj a todos los organismos del FA, a los sectores y a las bases. Posteriormente, el presidente del FA, Jorge Brovetto, ley un acta que narra objetivamente cmo se sucedi el trmite interno en el FA. All se dice que el 3 de diciembre de 2008, el PCU se presenta y solicita que se analice su conducta en el Parlamento. El 4 de diciembre de 2008 se eleva el planteo del PCU al Tribunal. En febrero de 2009 el Tribunal cita al PCU y vamos una delegacin. Posteriormente en una discusin interna y aplicando el artculo 114 del Estatuto del FA, el Tribunal decide que se debe analizar la conducta de Lorier y Pintos, aunque siempre haba hablado con el PCU, agreg. La discusin se replante en el Plenario indic Marsiglia-; qued claro que haba sido el PCU el que asuma la responsabilidad y eso no estaba contemplado en el informe del Tribunal. Entonces se vot la resolucin que se vot que dice que el PCU asume la responsabilidad por la falta de no respetar un mandato de bancada y de la Mesa Poltica y nosotros votamos eso, porque efectivamente la asumimos. Segn Marsiglia luego vino el debate sobre la sancin a aplicar; haba compaeros que queran sancionar al PCU y a los legisladores, otros que no queran ninguna sancin y otros que queran volver a postergar el tema y analizar la sancin en otro Plenario. Consultado sobre las razones que llevaron al PCU a plantear una mocin con una propuesta de sancin a s mismo respondi: Planteamos que deba decidirse en ese momento. Lo que tene-

mos que discutir en el FA es programa de gobierno, distribucin de la riqueza, ley de PPP, AFE, los temas que discute la sociedad y que el gobierno aborda. No podemos seguir en esta discusin. Y menos aceptar que nos quisieran pegar a situaciones que nada tienen que ver y mezclarnos con Semproni y con Saravia. Como no haba votos para decidir una sancin, hicimos una intervencin en la que rescatamos la historia unitaria del PCU, recordamos la frase de Rodney Arismendi: `la unidad del FA hay que cuidarla como la nia de los ojos. En base a esa importancia que le damos al FA y a su unidad propusimos, para buscar una salida, que se nos sancionara con un mes de suspensin del voto en los organismos de direccin, inform. Interrogado sobre cmo fue la votacin de esa sancin indic: primero hubo una votacin en la que compaeros que no queran que se sancionara al PCU votaron en contra o se abstuvieron, de varios sectores y organismos de base, cosa que agradecemos. Hubo otros sectores que no votaron por otras consideraciones. Finalmente, luego de la primera votacin en la que se aprob, se pidi reconsideracin y vot casi todo el Plenario.

Declaracin del PCUTranscribimos textualmente la resolucin del Comit Ejecutivo del PCU sobre la decisin del FA. Ante la resolucin del Plenario Nacional del Frente Amplio de sancionar al

PCU con treinta das de suspensin del voto en los organismos de conduccin nacional por la votacin en contra del senador Eduardo Lorier y la diputada Alicia Pintos a la Ley de Educacin, el Comit Ejecutivo Nacional declara: 1) El PCU tiene una conducta histrica de compromiso con la unidad de la izquierda y de cumplimiento de los acuerdos polticos. Esa conducta se remonta a las primeras expresiones unitarias en el movimiento obrero y popular, a los sucesivos procesos de unidad sindical, a la fundacin de la central nica de trabajadores y al FIDEL como un antecedente poltico de unidad de la izquierda. Ese compromiso unitario ha sido constante en el caso del Frente Amplio desde hace 40 aos. Los comunistas uruguayos somos frenteamplistas, es parte de nuestra identidad poltica. La defensa del FA, en tanto herramienta fundamental para las transformaciones que nuestro pueblo necesita; su unidad, su historia y su programa, son irrenunciables para los comunistas. El general Lber Seregni dijo: Quiero rescatar, de la manera ms formal y ms terminante, el apoyo que el Partido Comunista, como entidad poltica, le dio a la presidencia del Frente Amplio durante los 25 aos en que yo ejerc dicha presidencia. Sin ese apoyo, fundamental y protagnico, no hubiera sido posible, mantener la accin que mantuvimos durante ese tiempo. No nos creemos ni nos sentimos ms que nadie pero estamos orgullosos de esa trayectoria y de su continuidad en el presente. 2) Desde esa perspectiva y con esos

Actividades del PCUSbado 2 16 y 30 Entrega de carns Agrupacin Pan de Azcar del PCU en Maldonado Participa Marcelo Abdala Sbado 9 de julio 16 Hs. Homenaje a Ramn Per Plazoleta de Rivera y Tiburcio Gmez Secc. Flix Ortiz Entrega de carns en las agrupaciones Gels Bonilla de la ciudad de Maldonado y de la agrupacin Miguel Gmez de San Carlos

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Turiansky: el programa comn y la unidad fueron los aportes de nuestra generacinPIT-CNT homenaje a Ramn Per y a la Huelga GeneralEl lunes 27 de junio al cumplirse 38 aos del Golpe de Estado y de la Huelga General en su contra, el PIT-CNT realiz un homenaje a Ramn Per, primer asesinado de la dictadura (ver nota aparte) y un acto en su sede central. En el acto en nombre de los fundadores de la CNT, hizo uso de la palabra, Wladimir Turiansky, dirigente de los trabajadores de UTE, vicepresidente de la CNT, diputado del PCU y el FA y preso poltico. Turiansky particip en el Comando que dirigi la Huelga General. EL POPULAR trasncribe los pasajes fundamentales de su intervencin. aos, ante el desarrollo de la unidad del pueblo, opt por enfrentarla mediante el golpe de estado, el asalto a las instituciones democrticas, y el terrorismo de estado. Un da como hoy, un 27 de junio de 1973, all estuvimos ocupando los lugares de trabajo y comenzando la huelga general que por 15 das mantuvo en jaque a la dictadura, dando inicio a la batalla democrtica y a la resistencia popular. Resistencia que tuvo mil expresiones, la ms relevante quiz por ser inmediata a la finalizacin de la huelga general, la clara y contundente respuesta de reafiliacin a nuestros sindicatos con que enfrentamos los planes de divisin del movimiento sindical impulsados por el rgimen, y que continuara a lo largo de los aos con los actos del 1 de Mayo, con nuestros boletines, con nuestras consignas en los muros de las ciudades, y con la batalla solidaria de nuestros compaeros en el exterior. As se fueron generando las condiciones para la ofensiva popular que aos despus terminara por barrer la dictadura y restablecer las libertades democrticas. Y en esta ofensiva popular que se inicia con la derrota del rgimen en el plebiscito de 1980, los trabajadores volvieron a ponerse a la cabeza del pueblo, en memorables jornadas, en cuyo transcurso una nueva generacin de militantes sindicales levant nuevamente aquellas consignas de Unidad, Solidaridad y Lucha con las que se identific desde el origen a la CNT, y dio nuevas formas, con el PIT, a la unidad orgnica de los trabajadores en una sola y nica central, que luego pasara a llamarse PITCNT. (...)

Tiempos de forjaEste 45 Aniversario de la fundacin de la CNT nos encuentra en circunstancias excepcionales, en el Uruguay, en la regin y en el mundo, bien distintas por cierto de lo que todos nosotros, los militantes sindicales de los 60 conocimos y debimos afrontar. (...) Se acuerdan compaeros? Eran tiempos de desocupacin y bajos salarios, tiempos de inflacin galopante, de tres dgitos, que se llevaba al otro da aumentos salariales arrancados a las patronales tras duras luchas. Tiempos de autoritarismo y represin, de suspensin de los derechos democrticos y las garantas individuales por el procedimiento de las medidas de seguridad, las que, de excepcionales se fueron transformando durante el pachecato en un rgimen casi permanente de gobierno. Tiempos de queridos compaeros, obreros y jvenes estudiantes muertos en las calles por la accin de balas policiales. (...)

Nuestro caminoPero en ese marco econmico y social, en ese contexto mundial, en medio de esas luchas, con victorias y derrotas, fuimos madurando, se fue desarrollando nuestra conciencia social, adquirimos experiencia, fuimos aprendiendo. Aprendimos que lo que se trataba era de construir, entre todos, un camino que fuera el nuestro. Recogiendo por supuesto la experiencia ajena, valorando el cuadro internacional en cuanto pudiera contribuir a la ruptura de nuestra condicin de pas dependiente ubicado en el patio trasero del imperialismo, pero construir nuestro camino, el que surgiera del estudio de nuestras realidades, de nuestra historia, de nuestra cultura. Y aprendimos algo ms. Aprendimos

que tambin era verdad que se haca camino al andar, y que por tanto una vez trazada la ruta haba que echarse al camino y comprobar en la vida la certeza del rumbo elegido. Y para echarse al camino se precisaba algo ms que buenas intenciones. Se precisaba, como tantas veces afirmamos entonces, unir al pueblo en la lucha. Unirlo en todas las facetas del movimiento popular. Y en primer lugar, por el rol fundamental que jugaba, y juega en la vida social, unir a la clase trabajadora organizada sindicalmente. Y nos pusimos a la tarea. Provenamos de las ms diversas vertientes del pensamiento poltico y social. Muchos de nosotros ya ubicados en las corrientes ideolgicas internacionales de la clase obrera, socialistas, anarquistas, comunistas. Pero muchos de nosotros tambin formbamos parte de los partidos tradicionales, o integrbamos organizaciones social-cristianas. Qu tenamos en comn? Tenamos en comn nuestra condicin de asalariados, obreros, empleados, maestros, profesores, funcionarios pblicos. Qu nos una? Nos una el convencimiento de que estbamos en el buen camino, que nuestras diferencias polticas o ideolgicas no eran obstculo insalvable y que la unidad era no slo necesaria sino tambin posible.

Hacia la unidadY fuimos haciendo camino al andar. Paso a paso, mesas por la unidad, plenarios intersindicales, asambleas de sindicatos, acciones solidarias de respaldo a gremios en lucha. Fueron aos de experiencias conjuntas, de aprender a conocernos y sentirnos compaeros ms all de nuestras diferencias, hasta dar un paso importantsimo en 1964 con la constitucin de un organismo coordinador permanente al que llamamos Convencin Nacional de Trabajadores, CNT. En el camino nos encontramos con el

movimiento universitario, con los estudiantes, cuya lucha por la ley orgnica de la Universidad, con sus principios de autonoma y cogobierno, se fundi con las luchas de los trabajadores por salarios y conquistas importantes en la legislacin social. As se fueron forjando alianzas que incorporaron a las capas medias, a los intelectuales y tambin a movimientos de pequeos productores, cooperativas y pequeos comerciantes. Con todos ellos pudimos realizar en 1965 el Congreso del Pueblo y elaborar en ese mbito, entre todos, un programa comn, el Programa de Soluciones a la Crisis. Mientras tanto seguimos avanzando hacia la central nica de los trabajadores uruguayos, y en ese camino, buscando incansablemente el consenso, elaboramos el proyecto de Estatuto, y finalmente llegamos al Congreso de Unificacin Sindical, a fines de setiembre de 1966, en cuyo transcurso aprobamos el programa, asumiendo como tal el del Congreso del Pueblo, aprobamos el estatuto y la Declaracin Programtica, y finalmente, el 1 de octubre, hace 45 aos, aprobamos la constitucin de la CNT, ahora como central nica, y elegimos la primera Mesa Representativa y su primer Presidente, al que desde entonces consideramos nuestro presidente para siempre, el comp. Jos Pepe DEla. Construir un programa capaz de reflejar los intereses y las aspiraciones de las grandes mayoras nacionales y unir en torno a l al movimiento popular en todas sus vertientes, forjar la unidad de la clase obrera en una sola central. Ese fue el aporte de nuestra generacin. No fue poca cosa, y bien podemos sentirnos orgullosos de la obra realizada.

Tiempos distintosVivimos tiempos distintos, no mejores ni peores, sino distintos. Tiempos distintos tambin aqu, en nuestro pas. El proceso de construccin de la unidad de los aos 60 termin por incluir asimismo la unidad de las fuerzas polticas de izquierda y el surgimiento del FA en 1971, con bases programticas inspiradas en el programa del Congreso del Pueblo, programa que a su vez la CNT ya haba asumido como propio en el momento de su fundacin. Hoy esa fuerza es gobierno. Lo es desde hace 6 aos, y algunas cosas importantes han comenzado a cambiar en el pas. El movimiento sindical de hoy ha reafirmado su histrica independencia de clase, reivindicando sus propios objetivos programticos. Esa independencia no le puede impedir, sin embargo, valorar en los cambios producidos el logro de reivindicaciones sustanciales del movimiento sindical, tales como el restablecimiento pleno de las libertades sindicales, el funcionamiento de los Consejos de Salarios y su extensin a sectores excluidos, como los asalariados rurales

La huelga general y la resistenciaLa vida nos impuso nuevos desafos. La oligarqua dominante por aquellos

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Homenaje a Per y a la Huelga GeneralJuan Castillo destac el valor de la unidad y homenaje a la generacin Cuesta-DuarteEl lunes a las 17 horas cientos de personas colocaron una flor a Ramn Per, primer asesinado de la dictadura, en la escalinata de la Universidad, convocados por el PIT-CNT. Posteriormente se realiz un acto en la sede de la central sindical en homenaje a la Huelga General con la que se enfrent el Golpe de Estado hace 38 aos. En l hablaron Juan Castillo, del secretariado del PIT-CNT; Wladimir Turiansky, ex dirigente de la CNT y cantaron Cristina Fernndez y Washington Carrasco. Juan Castillo comenz destacando el homenaje a Ramn Per clido y sentido, abrazando a su compaera y a sus hijos. Destac la decisin del gobierno de revocar los actos administrativos que ampararon casos de violaciones de DDHH en la Ley de Caducidad. Con la misma franqueza que no dudamos en decir que el 19 de mayo se nos peg un golpe en lo anmico y en lo poltico, cuando miles creamos que estaban dadas las condiciones para en el mismo mbito donde se haba aprobado la Ley de Caducidad anularla; el movimiento sindical dice que es una noticia que importa, indic. Ahora parece que est de moda echarle la culpa de todo al movimiento sindical y a los sectores populares y se olvidan que es desde este movimiento sindical que se sentaron las bases que permitieron que hoy Uruguay est cambiando su rumbo poltico, manifest Tenemos una deuda con los constructores de la unidad. Con esa generacin que hemos dado en llamar la generacin Cuesta-Duarte, para simbolizar en dos grandes apellidos de nuestra clase, que al igual que el de nuestro entraable Jos DElia, y miles que han pasado por estos locales y por estas luchas, han dado lo mejor que tenan en defensa de los intereses de los trabajadores y de la sociedad, dijo Castillo. El dirigente sindical enfatiz que hubo mucha lucha, mucho sacrificio, mucha entrega para construir la unidad. No es para tener placas o nombres de calles por lo que centenares de compaeros dieron la vida. Estaban convencidos que la construccin de la felicidad pblica pasa por unir la voluntad poltica y la voluntad de clase, y construir una herramienta para ponerla en manos de los trabajadores. Esos hombres y mujeres agreg- pusieron antes que su ideologa poltica o su expresa militancia partidaria los intereses de su clase y construyeron la CNT, una organizacin de lucha, de fraternidad, de internacionalismo, de lucha por las libertades, por los derechos de los trabajadores y de toda la sociedad. Eso es la unidad, eso fue la huelga general y si no la recordramos, nada hubiramos aprendido. A nuestros queridos viejos, a nuestros queridos compaeros y compaeras: estn seguros que no solo construyeron una trenza como smbolo o una sigla, construyeron una herramienta que ha demostrado ser eficaz, para la lucha por las reivindicaciones, para la lucha econmica, pero tambin, como lo demostramos hace 38 aos, para defender la libertad y las instituciones. No los homenajeamos con palabras sino luchando todos los das para fortalecer esa unidad y ser fieles a ese legado, finaliz diciendo Castillo.

y el servicio domstico, la reactivacin econmica y productiva del pas con la creacin de cientos de miles de puestos de trabajo, la mejora del salario real y del ingreso de los hogares, una poltica social que prioriza el combate a la indigencia y la pobreza extrema, la consolidacin de la democracia, entre otros aspectos sustanciales. Todo esto ratifica una afirmacin que parte de nuestros principios originarios, de que al movimiento sindical no puede serle indiferente la composicin social de los partidos polticos, y por ende de sus gobiernos, en la misma medida que no puede serle indiferente la suerte de un proyecto transformador de izquierda, cuya consolidacin y profundizacin le interesa en tanto se aproxime a su secular lucha por la liberacin nacional. . El dilema a resolver es que, como lo ha sealado reiteradamente el movimiento sindical, los trabajadores aspiramos a ms. (...) Aspiramos a una ms equitativa distribucin de la riqueza generada por el trabajo. Aspiramos a mejorar la condicin de vida de nuestro pueblo y acabar con la indigencia y la pobreza extrema. Ahora bien. La vida nos ense que quien aspira a ms no desdea lo menos, y que cada paso hacia adelante debe apoyarse necesariamente en la consolidacin y si es posible la ampliacin de la unidad que hizo posible llegar al punto desde el cual nos proponemos seguir avanzando.

Unidad es la palabra de ordenPor eso como nunca la palabra de orden es UNIDAD. Unidad del pueblo, porque el pueblo unido jams ser vencido. Unidad de pueblos y gobiernos, en primer lugar de nuestra Amrica, en defensa de la paz, del progreso social, y de la soberana de las naciones y la autodeterminacin de los pueblos. (...) Para nosotros, para nuestro movimiento sindical, el dilema de reforzar y ampliar la unidad en tanto procuramos profundizar el proceso de cambios implica inevitablemente la capacidad de buscar puntos de encuentro, implica la capacidad de encontrar en todo momento el punto de equilibrio entre el fortalecimiento del bloque de las grandes mayoras nacionales y la profundizacin programtica a la que aspiramos. Cuales pudieran ser esos posibles puntos de encuentro? Se nos ocurre pensar que el documento elaborado por el PIT-CNT y sobre el que gir su mensaje el 1 de Mayo da ideas al respecto. En primer lugar profundizar el combate a la

desigualdad social, la reduccin de la tremenda brecha an existente entre quienes acumulan la riqueza que la sociedad con su trabajo genera, y quienes slo acumulan pobreza y carencias de todo tipo. Y eso a pesar, y es justo reconocerlo, del gran esfuerzo realizado a partir del 1 de Marzo de 2005 por la puesta en prctica de la poltica de atencin a la emergencia social del gobierno electo en aquella oportunidad, as como el compromiso del actual de acabar con la indigencia y reducir radicalmente la pobreza. En ese marco el PIT-CNT impulsa una poltica que acente el rol activo del Estado en pro de una redistribucin ms equitativa de la riqueza generada por el trabajo, que apunte a universalizar el acceso a bienes como la educacin, la salud, la vivienda, la seguridad social, y la cultura. Y eso aun concientes que la desigualdad social es inherente al capitalismo como sistema, y que solo su superacin, en un mundo sin explotados ni explotadores, habr de resolverla. Y en segundo lugar, un plan de desarrollo nacional con el acento en el desarrollo industrial, la incorporacin del mximo valor agregado a nuestras exportaciones y el desarrollo de tecnologas innovadoras, que garantice trabajo de calidad para toda nuestra poblacin activa, particularmente los jvenes y las mujeres, y termine con nuestra condicin de pas subdesarrollado y econmicamente dependiente. Y bien, en estos dos puntos, y junto a ellos la defensa, extensin y profundizacin de la democracia, el desarrollo de sus formas participativas sin perjuicio de su contenido representativo, el fortalecimiento del rol del Estado en las reas estratgicas de la economa, as como de la produccin y distribucin de la riqueza, creemos que sea posible el consenso poltico y social de esas grandes mayoras nacionales a las que apunta el proyecto transformador de la izquierda. Si empujamos todos en estas direcciones, todos, el PIT-CNT, la Universidad, las organizaciones sociales, el FA y su gobierno, as como otros sectores sociales y polticos que pudieran coincidir en tales objetivos, es decir, una vez ms, si unimos al pueblo en la lucha, sin duda podremos estar ms seguros de la victoria.

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/Ignacio Martnez Ignacio

Cuando no se rinde cuentas ante la genteComo expresa el ttulo, cuando no se rinde cuentas a la gente, cuando los compromisos con los votantes se reduce a discursos ms o menos floridos cada cinco aos, cuando el cargo, el personalismo, la carrera poltica valen ms que los Programas asumidos, las promesas realizadas y los acuerdos hechos ante la fuerza poltica y el sector que lo ha llevado al Senado, no resulta extrao que la agrupacin Patria Grande (ex Participacin Masoller), del senador Jorge Saravia, se declare independiente del Frente Amplio y de cualquier otro lema. No es cierto que Los acuerdos programticos que alcanzamos en 2004 se desvirtuaron, el Frente arri la bandera de la participacin popular con los intentos de violar la expresin soberana del pueblo, como dijo Saravia. El Frente intent e intenta buscar salidas para eliminar la inmoral Ley de Impunidad, que s es uno de los acuerdos alcanzados en el Congreso del FA, el cual el seor Saravia desconoce, como tambin desconoce la voluntad de su sector, el Espacio 609. Esta situacin nos debe hacer reflexionar sobre los acuerdos electorales, que muchas veces no son ms que repartijas de cargos a cambio de caudales de votos (este no es el caso) o de prestigios personales (este tampoco es el caso) u otros beneficios que en este caso nunca supimos ni pudimos entender. Ahora a llorar al cuartito. Yo tambin creo, como el compaero Ernesto Agazzi, que Saravia debe entregar su cargo de senador, pero la verdad es que si quiere seguir en l no hay nada que se lo impida, como tampoco se pudo hacer que respetara el criterio de aportar a las arcas partidarias un determinado porcentaje de su voluminoso sueldo de parlamentario. Pero hay ms. Saravia acaba de declarar que Tenemos diferencias polticas en materia de educacin, seguridad, poltica de defensa, presupuesto y adems, todo lo que pas con la ley de Caducidad. Cmo? Nadie se dio cuenta de esas diferencias en temas tan estratgicos? La coexistencia entre posiciones tan opuestas tiene patas cortas. Luca Topolansky ya lo haba advertido cuando, al confeccionar las listas del MPP y del Espacio 609 en el ao 2009, ella cuestion el lugar que finalmente obtuvo Saravia. Luca perdi, pero algo percibi en el horizonte, como tambin percibe hoy la imperiosa necesidad de tener medios de prensa propios, tal como lo acaba de manifestar en el Comit de Base A Redoblar, de La Comercial, el jueves 23 de junio. Creo que tenemos que apoyar decididamente esta propuesta y trabajar en serio para eso. Peor no quiero irme del tema. Las cartas estn sobre la mesa. Saravia va a volver, sin dudas, al Partido Nacional. No va a entregar su banca, entre otras cosas porque es uno de sus intereses principales el hecho de conservarla; nica manera de ser visible un poco ms, hasta el final del perodo, en el 2014. La gente ni ah. Lo que hubo fue un asado entre un puado de amigos que decidieron por las decenas de miles que lo votaron, si se iba o se quedaba, y decidieron que se iba y se fue. l, que se preocup de no violar la expresin soberana del pueblo, ahora manda una carta, se va de la fuerza poltica que lo puso donde est y asunto liquidado. Los votos que colocaron los 6 senadores del Espacio 609 parece que no cuentan. De quin son los cargos? Esto tambin deber ser considerado para el futuro y asegurar procedimientos cristalinos y democrticos que tengan siempre en primer lugar a la gente, a nosotros, los que estamos en la llanura y militamos a diario por los cambios que se deben realizar en todos los mbitos de la sociedad, inclusive los legislativos, en cuanto a procedimientos, actitudes y rendiciones de cuenta ante el pueblo soberano. A veces pienso que si los cargos parlamentarios contaran slo con gastos de viticos y fueran ocupados por servidores pblicos honorarios o con salarios equivalentes a los de los trabajadores especializados, tal vez muchos nombres no estaran donde estn.

Congreso del SUNCA con masiva participacinMs de 1.300 delegados de todo el pas. En actividades previas participaron Mujica y AstoriPor: Alexei Caballero El Sunca est debatiendo en su 14 Congreso del que participan ms de 1.300 delegados de todo el pas. El Congreso fue precedido por decenas de talleres de debate en todo el territorio nacional y por un seminario con presencia de sindicatos de la regin y el presidente de la Repblica, Jos Mujica. En la apertura oficial del Congreso fue desbordado el Cine Plaza y particip el vicepresidente de la Repblica, Danilo Astori. El congreso, segn explic el secretario general del Sunca Oscar Andrade a EL POPULAR, busca recuperar la memoria histrica del gremio homenajeando a quienes lucharon para mantener la bandera en alto en los momentos ms difciles vividos en nuestro pas. Incluso algunos de ellos dejaron la vida en esa tarea, en un compromiso que este sindicato ha tenido a lo largo de su historia en busca de una sociedad distinta a la que imponen las clases dominantes. Por eso el homenaje a Horacio Gels Bonilla, Omar Paita, Arpino Vega, Modesto Quiones y a otros tantos y tantos trabajadores que lucharon. Un Congreso del Sunca que est analizando las reivindicaciones inmediatas y a mediano plazo para el sindicato, pero tambin para la vida de la industria y el pas.

y para cerrar la actividad, el Presidente de la Republica, Jos Mujica.

Martes en el PlazaEl martes 28 de junio en el Cine Plaza se lanz oficialmente el 14 Congreso del SUNCA Nuestros Mrtires. El lugar fue colmado por la asistencia de trabajadores y trabajadoras del gremio. En el pblico se encontraban presentes Integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, representantes de las Cmaras Empresariales, el senador Eduardo Lorier (PCUFA), los diputados Gustavo Bernini (PS-FA) y Oscar Groba (609-FA), el inspector General de Trabajo, Juan Andrs Roballo, el intendente del Departamento de Maldonado, Oscar de los Santos, el representante de los trabajadores en el Directorio del BPS Ariel Ferrari, el embajador itinerante Julio Baraibar y el integrante del Tribunal de Cuentas Len Lev, entre otros. La moderadora de la actividad fue Mara Ins Obalda. Hizo uso de la palabra el vicepresidente de la Repblica, Danilo Astori y posteriormente present su informe Oscar Andrade. Tambin se proyect un cortometraje protagonizado por dirigentes de la vieja guardia del gremio y para el final se brind un espectculo artstico con la banda de Ed Pitufo Lombardo.(Al cierre de nuestra edicin continuaban los debates del 14 Congreso del Sunca de cuyas resoluciones informaremos en el prximo nmero)

Lunes en la IMMEl lunes 27 de junio el SUNCA realiz una actividad preparatoria de su 14 Congreso. En el marco de un seminario internacional realizado en el Saln Dorado de la IMM se debati la negociacin colectiva, las relaciones laborales, seguridad e higiene y salud laboral y el relacionamiento de los sindicatos con los gobiernos. Se promovi un anlisis comparativo de las distintas experiencias de cambios polticos y sociales de la regin. En la actividad participaron delegaciones de dirigentes sindicales de la regin, de la Cmara de la Construccin, de la Secretaria de Seguridad e Higiene del PIT-CNT. Tambin la senadora Lucia Topolansky (MPPFA), el Intendente del Departamento de Maldonado Oscar de los Santos (ex militante y dirigente del Sunca)


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La semana econmicaPor Pablo Da Rocha y Bruno Giometti

PelotazosPor Martn Rodrguez

Presiones que presionanEn los ltimos das, el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT public su informe de coyuntura trimestral, donde se analizan las principales tendencias de la economa en los ltimos tres meses. A continuacin transcribimos la introduccin del mismo. En un contexto internacional de lenta recuperacin econmica y mayor inestabilidad en los mercados financieros, la economa uruguaya aceler su ritmo de expansin en el primer trimestre de 2011. Esto se explica por el importante crecimiento de la demanda, tanto a nivel externo por el aumento de las exportaciones como a nivel interno por la pujante demanda de consumo e inversin privada. El mercado de trabajo recibi el impacto positivo de la actividad y la tasa de empleo creci fuertemente, reflejando la creacin de aproximadamente 42.000 puestos de trabajo en el primer cuatrimestre del ao. Las mejoras de los indicadores laborales se concentraron en mayor medida en los grupos ms vulnerables del mercado de trabajo: los jvenes y las mujeres; aunque las brechas entre estos grupos y las tasas medias son an elevadas. La poltica de incremento de los salarios ms sumergidos al igual que el importante aumento registrado en el salario mnimo nacional, son avances relevantes para reducir la pobreza y afectar positivamente el ingreso de los hogares ms pobres. No obstante, es necesario redoblar esfuerzos en mejorar la calidad del empleo, particularmente aumentar el nmero de ocupados registrados a la seguridad social, problemtica que actualmente afecta a casi uno de cada tres ocupados, y que se concentra fundamentalmente en los hogares de menores ingresos. La inflacin, que continu aumentando en los ltimos meses, sigue siendo el principal problema de la coyuntura y las presiones inflacionarias, asociadas a la pujante demanda tanto externa como interna, no estaran dando seales de ceder. Esto se traduce en expectativas de inflacin que se encuentran significativamente por encima del techo del rango meta oficial, que a partir de junio se ubica en 6%. Sin embargo, el debate de la coyuntura en materia econmica en las ltimas semanas no se centra en el crecimiento de los precios sino en temas como la tributacin del sector agropecuario y la vinculacin que la misma tiene con caractersticas ms estructurales de la economa uruguaya como son la concentracin y la fuerte desigualdad que existe en la distribucin de un recurso tan esencial y estratgico como es la tierra.

Martes de mircolesNunca jugu al ftbol ms que en la calle y con amigos, pero me imagino pocas cosas ms jodidas que afrontar una jornada de nominaciones. A Tabrez no le qued otra que tomar el toro por las guampas y, seis das antes del debut en la Copa Amrica, dijo que el defensa Jorge Fucile, el volante Gastn Ramrez y el delantero Sebastin Fernndez quedaron afuera del plantel. Algunas impresiones personales, mientras me calzo uno de los tres millones de buzos de DT que tena a mano. 1) El que menos sorprendi fue el corte de Fernndez. El Seba fue el quinto delantero durante el Mundial y, a su trmino, se vio postergado por la irrupcin de la principal y ms prometedora novedad de esta etapa: Abel Hernndez. 2) La eliminacin de Fucile tiene un certificado mdico adjunto. El lateral sale de un importante perodo de recuperacin causado por una lesin de clavcula. Si recupera el rodaje, cuando tras la Copa comiencen las Eliminatorias, tendr revancha. 3) Me sorprend con la salida de Ramrez. En una mitad de la cancha que se encamina a repetir el binomio Ruso Prez-Arvalo Ros, en algn momento fue candidato a ocupar la tercera plaza. Nicols Lodeiro le quit el lugar en los ltimos amistosos, pero las oportunidades que el tcnico le dio en partidos anteriores hacan pensar que estara a la mano. Pareca que, como antes de la Copa del Mundo, el Cebolla Rodrguez quedara afuera. Sin embargo, si la pulseada existi, la gan este ltimo. De todos modos, la edad, su rpida insercin en el medio europeo y la pertenencia al proceso de selecciones juveniles auguran futuras citaciones.

AlquileresLa tendencia de los ltimos aos en relacin a la evolucin de los alquileres por encima del promedio del nivel general de precios parece mantenerse y profundizarse. De acuerdo con el informe sobre ndices de Actividad Inmobiliaria, publicado por el Instituto Nacional de Estadstica, los alquileres fijados en los contratos firmados en el trimestre que va de enero a marzo del ao en curso, son en promedio un 19% mayor a los contratos anteriormente vigentes. En marzo de 2011, en Montevideo el precio promedio del alquiler es de $5.860. En otras localidades del pas, como Ciudad de la Costa y Maldonado, el promedio es incluso mayor. En la capital, existen diferencias importantes entre barrios. Pocitos es el que registra los alquileres ms elevados en promedio ($9.014) y en el otro extremo Manga, el que registra el promedio ms bajo ($3.439). Otro dato interesante es que la evolucin de los alquileres en promedio viene siendo superior a la de los ingresos de los hogares tambin tomados en promedio, lo cual provoca una tendencia al aumento de la participacin del gasto en alquileres en el total de gasto de los hogares. Esa relacin era 18% en enero de 2006 y pas a ser ms del 20% en marzo de 2011. Es decir que actualmente los hogares en promedio gastan ms de la quinta parte de sus ingresos en el pago de alquiler.

con un crecimiento a precios corrientes de 14,3%), mientras que el incremento real observado en la recaudacin fue de un 6,3% (correspondiente a un crecimiento a precios corrientes de 13,5%). Estos resultados segn advierte el informe- estn indicando un rezago de la evolucin de la recaudacin respecto de la del PBI; sin embargo, debe tenerse en cuenta que durante el ao analizado operaron diversas modificaciones en la legislacin tributaria que, consideradas globalmente, implicaron una prdida de recaudacin. No obstante, el boletn destaca que en perodos de crecimiento econmico es habitual observar que el nivel de evasin de impuesto voluntario de las personas se reduce, lo cual repercute en un crecimiento de la recaudacin ms acelerado que el del producto. El informe termina indicando que las fuentes principales del crecimiento de la recaudacin impositiva durante el perodo analizado fueron: el crecimiento de la actividad econmica, el mayor cumplimiento voluntario y el aumento de la eficiencia recaudatoria de la DGI.

Trabajo domsticoLa Conferencia de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) que se desarroll hace algunas semanas en Ginebra, Suiza, ratific por votacin una norma de carcter histrico referente a los derechos laborales de las trabajadoras domsticas. Las trabajadoras de este sector, histricamente discriminado a nivel universal, con altsimos niveles de informalidad, condiciones de trabajo muchas veces lamentables y salarios muy bajos (todas estas caractersticas potenciadas en los pases dependientes), tienen mucho para celebrar tras esta histrica resolucin, en conjunto con el movimiento sindical internacional todo. Entre otros elementos, la resolucin establece el derecho a un salario mnimo, la cobertura de la seguridad social y condiciones laborales mnimas como el da de descanso semanal. La delegacin uruguaya que particip de la Convencin estuvo integrada, entre otros compaeros de la direccin del PIT-CNT, por dos compaeras del Sindicato Unico de Trabajadoras Domsticas (SUTD) que viajaron especialmente para participar en las instancias definitorias sobre este tema. Esta resolucin se enmarca en los importantes avances conseguidos a nivel nacional por las trabajadoras domsticas organizadas, a nivel de los Consejos de Salarios de la rama, donde se lograron significativos aumentos salariales as como un conjunto de beneficios que podramos caracterizar como histricos, entre los que se encuentra la paga por nocturnidad.

UzbekistnLa sub 17 uruguaya derrot a Congo por los octavos de final del Mundial de Mxico y clasific a cuartos, donde este domingo jugar ante Uzbekistn. Los celestes ganaron 2-1 de atrs y casi en la hora, pero merecidamente. Uruguay parece no ser la excepcin a la regla que indica que a tan temprana edad los jugadores son irregulares, que aun estn lejos de completar su formacin. Pero, de a ratos y en partidos normalmente movidos y abiertos, los celestes demuestran facilidad para generar situaciones. Si clasifican, jugarn la semifinal ante el ganador del cruce Brasil-Japn.

Caja grandeEl pasado viernes la Direccin General Impositiva (DGI) public su habitual boletn estadstico. En este caso el correspondiente al ao 2010, elaborado anualmente brinda informacin estadstica diversa sobre recaudacin. De acuerdo con el informe, se da cuenta que desde el ao 2002 la recaudacin evoluciona en forma sostenida por encima del PBI. La recaudacin total bruta de la DGI en 2010 aument 6,3% en trminos reales respecto de 2009, esto es, descontando el efecto inflacionario. Para saber si este crecimiento de la recaudacin estuvo acorde con el nivel de desempeo de las actividades econmicas que configuran las hiptesis de generacin de los distintos impuestos administrados por la DGI, es necesario comparar el resultado recin comentado con algunos indicadores de la evolucin de estas actividades. La produccin de bienes y servicios se vincula, ya sea directa o indirectamente, con los hechos generadores de todos los impuestos administrados por la DGI; el crecimiento real del PIB fue de 8,5% en 2010 (que se corresponde

Ao nuevo, vida nuevaMarcelo Gallardo se transform en el nuevo tcnico de Nacional. La movida es arriesgada: el argentino se retir de la prctica del ftbol con la camiseta tricolor, tras la reciente consagracin en el Campeonato Uruguayo. Su rpida transformacin de jugador a DT del mismo equipo, lo vuelven un ejemplo paradigmtico. La inteligencia que se le reconoce y la brillante carrera que desarroll dentro de la cancha, lo hacen merecedor de respeto. Adems de padecer la inexperiencia de todo debutante, carga con el desconocimiento de un medio en el que jug poco. Por eso, al cierre de esta edicin el club procuraba integrar un entrenador uruguayo a su equipo de trabajo.

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Vaillant: La ignorancia hizo que AFE no fuera una prioridadGastamos ms de 500 millones de dlares en 22 aos para que no existiera el ferrocarrilPor Javier Zeballos Victor Vaillant fue uno de los panelistas en el seminario organizado por la Unin Ferroviaria. Por su experiencia como presidente de AFE entre 19951998 y ex senador del FA, el lder del sector Claveles Rojos de Espacio 609 realiz una muy interesante exposicin sobre las posibilidades reales del desarrollo del ferrocarril en el Uruguay. En el nmero anterior adelantamos un fragmento de una extensa entrevista que EL POPULAR le realiz. Hoy publicamos la segunda parte en la que profundiza su visin sobre las posibilidades del ente y las vas para transformar el ferrocarril. -Cundo se dej de invertir estratgicamente en AFE? -Uruguay no hace inversiones importantes en el sistema ferroviario desde hace muchas dcadas. Me atrevo a decir que desde que Gestido fue presidente, pero no del gobierno sino de AFE. -No falta quien dice que la dicinvir y, tadura in vir ti y, como se deca de Mussolini, los trenes salan en hora. -No solo no salan en hora sino que en lo que invirti fue en una va a la nada, en una va muerta que no se utiliz. Es el ramal que va desde Florida, pasando por Sarand del Yi y Blanquillo, hasta el Km 329 en Durazno que termina en la nada frente al Ro Negro. Un ramal que adems tiene muy cerca el que ya exista hasta Melo. -Una va casi surrealista -Ah tienen la inversin de la dictadura. Pero esa ausencia prolongada de inversiones provoc el deterioro de la infraestructura y la calidad del servicio y fue disminuyendo la rentabilidad y despus aumentando las prdidas. Si con locomotoras con buenos motores solo podes andar a 20 kph de velocidad, porque si no descarrilas, o corres el riesgo, seguro vas a perder plata. En 1989 se cerr el ferrocarril de pasajeros con la idea de invertir en el de cargas, pero en realidad no se invirti tampoco en eso. AFE logr disminuir sus subsidios de 40 a 25 millones de dlares anuales, pero el Estado ha estado gastando esos 25 millones cada ao, cuando a mediados de los 90 bastaba poner 100 millones de una vez para tener una infraestructura en condiciones que hubiera permitido funcionar como una empresa rentable. En cambio, subsidiamos por ms de 22 aos con ms de 500 millones de dlares para que no existiera casi el ferrocarril.

AFE se merece una oportunidad-Por qu no se hace? -Porque hay un empecinamiento en discutir la participacin pblico-privada referida a la propiedad de la empresa. Creo que es un error. Yo no me opongo dogmticamente a ello pero me parece fuera de tiempo. Hay temas en que la sociedad uruguaya est de acuerdo y sin diferencias entre los partidos. Nadie puede negar hoy la necesidad del ferrocarril, nadie discute que debemos recuperarlo en una primera etapa a travs de las cargas, nadie puede negar la necesidad urgente de sacar 4 millones de toneladas de las carreteras y subirlas a las vas, y todos coincidimos que para lograrlo hay que invertir 400 millones de dlares en infraestructura ferroviaria y material rodante. Todo eso est fuera de discusin, estudiado y recontra estudiado. Sin embargo, habiendo acuerdo, y sabiendo que lo tienen que invertir el Estado, pasamos 5 aos discutiendo la modalidad de la propiedad de AFE y ahora seguimos metidos en una discusin similar. Creo que debemos romper ese crculo vicioso que hace 50 aos rodea la gestin de AFE. Porque adems hay que hablar claro. En el Uruguay, fuera de AFE, nadie sabe nada de ferrocarriles. Y si no est en AFE, es jubilado de AFE. Porque aqu no hay carreras universitarias especializadas ni experiencia privada. Y no se puede pensar en un desarrollo sin recurrir a los que saben. Hay quienes piensan en la participacin privada por lneas. Pero hay lneas, como tambin pasa en otros transportes, ms rentables que otras. Lo mismo que las cargas. Si dejas libre una empresa de transporte que solo se dedique a las lneas o frecuencias ms rentables podes imaginarte lo que pasar con las otras. Y si separas eso y entregas las rentables, ya no se pueden compensar unas con otras. Resultado, el Estado dar prdidas para prestar algn servicio imprescindible y algunos harn negocio en sus ramales. Y si encima el Estado banca la infraestructura sera de locos. Insisto, si un da se comprueba que hay que darle a un privado porque no se puede hacer de otra forma, yo tengo cabeza abierta para estudiar. En lo que soy absolutamente inflexible es en que Uruguay tiene y puede tener un ferrocarril eficiente. Y creo adems que AFE hoy es una empresa estatal en condiciones de hacerlo, y que la empresa y sus trabajadores se merecen la oportunidad de contar con una infraestructura como la gente para llevarlo adelante y demostrarlo.

qu se puede hacer? -Hay que separar de manera contable la infraestructura de la explotacin del servicio. Pero lo primero que habra que debatir, para mi ese debate est laudado, es si los uruguayos queremos o no queremos tener el ferrocarril. Si se considera que en el marco de una correcta poltica de transporte est llamado a cumplir un papel importante. Creo que se demuestra que es necesario. Aparte de las ventajas que enumeraba (NdeR: se refiere a las ventajas comparativas analizadas en la nota que publicamos en el nmero anterior) adems est el rol que podemos jugar en la regin como puerta de entrada y salida. Eso implica dinamizar rutas y puertos, y un puerto de aguas profundas implica vas conectndolo. El puerto de Montevideo no trabaja solo con mercaderas que entran y salen del Uruguay sino que van y vienen en la regin. Nosotros tenemos en eso tambin algunas ventajas. Hay que saber que en Amrica Latina los ferrocarriles fueron, por una cuestin militar, construidos intencionalmente con vas de trochas distintas entre los diferentes pases. Eso gener dificultades pero la tecnologa las supera fcilmente. Tanto por el sistema multitrocha pues los bogies (la base con ruedas de los vagones) se adaptan al ancho de cada pas al llegar a las fronteras. Pero con Argentina no tenemos ese problema porque los trenes del litoral argentino tienen la misma trocha que los nuestros y llega a la frontera con Paraguay. Antes iba hasta Asuncin pero lo cort el lago de la represa. All hay un enorme mercado regional de cargas. Esto habla de la necesidad de tener un ferrocarril. -La cuestin es cmo hacerlo

ahora? -En primer lugar, hacer la inversin en la infraestructura. Y eso tiene una sola posibilidad de hacerse, con recursos del Estado. Financiamiento, el que quieras, pero a costo del Estado. Adems, separar a AFE en dos estructuras contables distintas. No estoy hablando de dos empresas, ni siquiera de dos empresas estatales sino de una divisin administrativa. Una que se encargue de la vialidad, infraestructura y mantenimiento y hasta el control del trfico y otra con todo lo que compete a la prestacin de los servicios y, esta s, que debe ser autofinanciable. -Y eso es posible? -Claro que s. Como expliqu, por sus ventajas comparativas es rentable. Claro, si adems se la administra con eficiencia. Hay que separar esa contabilidad para que los uruguayos sepamos cunto invertimos en infraestructura y cun eficiente somos prestando el servicio. Y ah, si se diera el caso de no rentabilidad, deberamos buscar las alternativas. Ah s podramos discutir qu forma jurdica sera capaz de lograrla. Pero Quin dice que AFE no puede ser eficiente en la explotacin del servicio cuando nunca tuvo condiciones para demostrarlo? Si la ineficiencia es responsabil

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